El ex secretario de Obras Públicas José López dijo este jueves que nunca integró “una asociación ilícita” en su declaración ante Tribunal Oral Federal Nro. 7 por el juicio de la Causa Cuadernos.

A su vez, despegó a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex ministro de Planificación Julio De Vido de la misma figura: “No conozco que se haya formado una asociación ilícita ni tengo elemento alguno que indique haber integrado algo en ese contexto”.

"Nunca vi a Cristina Fernández de Kirchner como jefa u organizadora de una asociación ilícita, tampoco vi en ese sentido a Julio De Vido”, resaltó López en su declaración ante el tribunal.

López, quien fue funcionario en los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, es el acusado que más compromete a la ex presidenta Cristina Kirchner, debido a que es una pieza clave en el caso Cuadernos: actuó como imputado colaborador, comúnmente llamado “arrepentido”, confesó formar parte del sistema de recaudación ilegal de sobornos por parte de contratistas y afirmó haber estado vinculado con altos funcionarios que oficiaban de organizadores.

Su figura tomó estado público cuando fue detenido en el año 2016, mientras intentaba ocultar bolsos con millones de dólares en un convento.

Además de su declaración, están planificadas las indagatorias de los empresarios Marcelo Marcuzzi, cuya defensa solicitó una "reparación integral" para su sobreseimiento, el cual fue rechazado por la fiscal de juicio Fabiana León, y Juan José Luciano, un hombre vinculado al sector de la construcción y quien figura en el expediente como uno de los arrepentidos, que admitió ante la Justicia haber realizado pagos periódicos a ex funcionarios para mantener contratos de concesiones viales.

En esta etapa, que continuará en mayo, serán convocados para dar testimonio varios periodistas que participaron en la investigación inicial y exfuncionarios y allegados de los principales acusados, incluyendo a la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Por el momento, el tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli rechazó recientemente diversos pedidos de nulidad presentados por las defensas de los acusados para intentar detener el debate.

Las jubiladas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años, quienes le vendieron el año pasado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, se presentarán a declarar este miércoles en los tribunales de Comodoro Py. 

Las mujeres se lo vendieron en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares y, según precisó la escribana Adriana Nechevenko, quien participó de esta operación, las vendedoras le financiaron a Adorni 200.000 dólares, sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles en noviembre próximo.

Viegas y Sbabo iban a declarar la semana pasada, pero el abogado de Adorni, Matías Ledesma, pidió postergar la testimonial porque coincidía con el juicio de los cuadernos de las coimas, donde también interviene.

Las mismas le compraron el departamento al ex futbolista Hugo Morales, quien ya declaró en la causa penal y dijo que lo había vendido por 200.000 dólares.

La semana pasada declararon en los tribunales Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía y Victoria María José Cancio, su hija y contadora en la misma fuerza, quienes detallaron que fue la primera vez que participaban de un préstamo con garantía hipotecaria con Nechevenko, la escribana de Adorni.

Según indicaron, el funcionario les pagó 30.000 dólares y todavía les debe otros 70.000 y los intereses de la operación, lo cual deberá saldarlo en un plazo de siete meses. 

Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita espera las respuestas a varios pedidos que hizo la semana pasada a diferentes organismos públicos, después de que el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer, lo cual le permitirá conocer todas sus declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de sus cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio.

Guillermo Francos, ex Jefe de Gabinete de la Nación, se refirió por primera vez a la crisis que atraviesa el Gobierno por la situación de Manuel Adorni, remarcando que su sucesor “falló en las explicaciones”.

"Claramente ha sido un golpe para el Gobierno toda esta situación", admitió Francos, marcando una distancia evidente con el hermetismo que suele reinar en la Casa Rosada ante temas judiciales.

Para el ex jefe de ministros, la figura de Adorni quedó vulnerable ante lo que definió como un clima de hostilidad informativa. "Cuando el Gobierno genera algún espacio, hay una especie de acribillamiento mediático desde distintos lugares, no solamente de los periodistas, sino en las redes", señaló en una entrevista en La Nación+, sugiriendo que el entorno digital fue determinante para amplificar el desgaste de la imagen oficial.

Sin embargo, Francos fue tajante al evaluar el desempeño personal de Adorni frente al micrófono: "Yo creo que, por supuesto, el vocero falló en dar su explicación, tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso todavía convirtió en más negativo el tema".

A pesar de la autocrítica por la comunicación, Francos recordó que el vocero aún cuenta con el blindaje de la mesa chica de Balcarce 50. "Hay algún motivo por el cual el Presidente y la Secretaria General (Karina Milei) lo apoyan, supongo que ellos tienen mucha más información que la que tenemos nosotros", especuló.

Sobre los pasos a seguir, Francos subrayó que la continuidad de Adorni en el Gabinete quedará atada estrictamente a los expedientes: "Hay que esperar si él puede dar respuesta a los requerimientos de la Justicia", afirmó.

Decisión final: Francos concluyó que, una vez aclarado el panorama judicial, "el Presidente va a proceder como corresponde".

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, registró para su departamento de la avenida Asamblea al 1100 una operatoria similar a la que utilizó para la propiedad de la calle Miró al 500, con una hipoteca de carácter privado otorgada por dos mujeres, según surge de su declaración ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Esta hipoteca, de la que hasta ahora no se tenía conocimiento público, se registró el 15 de noviembre de 2024, cuando Adorni ya era vocero presidencial, la misma fecha en la que figura la compra por parte de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, de la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

En este caso, las otorgantes del préstamo hipotecario son Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría entregado al matrimonio Adorni-Angeletti 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio que les dio 15.000 dólares.

El funcionario informó en su presentación ante la OA correspondiente a 2024 una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio y una de 7.740.000 con Cancio. La declaración consigna que la deuda es en dólares.

Molina de Cancio, según publicó en diario La Nación, es comisaria retirada de la Policía Federal y se desempeñó como jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial hasta el año 2021.

Otro de los datos salientes de esta operación es que en ella intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko, la misma que certificó las compras de la casa de Indio Cua, en 2024, y del departamento de la calle Miró en 2025, y que tiene registradas al menos siete visitas a la Casa Rosada desde que Adorni es funcionario.

Nechevenko está citada a declarar mañana miércoles por el fiscal Gerardo Pollicita, que interviene en la causa en la que se investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, a partir de las compras de inmuebles no declarados y de sus viajes al exterior en avión privado.

Pollicita pidió que Nechevenko le entregue toda la documentación referida a las operaciones inmobiliarias del matrimonio Adorni-Angelletti para conocer los pagos realizados y las deudas asumidas y constatar su legalidad.

La hipoteca de carácter privado utilizada en el inmueble de la avenida Asamblea coincide con la operatoria con la que el jefe de Gabinete escrituró en 2025 el departamento de 200 metros cuadrados y una cochera en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

En ese caso la hipoteca le fue otorgada por las anteriores propietarias, Beatriz Viegas, de 72 años, y de Claudia Sbabo, de 64, quienes le prestaron 200.000 dólares, casi el 90% del precio de venta que figura en la escritura, muy inferior al valor de mercado según coinciden diferentes agentes inmobiliarios.

A poco más de dos años de su desembarco en la gestión pública, el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a quedar bajo la lupa.

 Según los registros de la propiedad inmueble, el funcionario nacional adquirió en noviembre pasado un departamento de amplias dimensiones en el barrio porteño de Caballito, mediante una modalidad de financiamiento que ya despierta interrogantes: una hipoteca no bancaria otorgada por las mismas vendedoras de la unidad.

El inmueble está ubicado sobre la calle Miró, una de las zonas más cotizadas del barrio. Se trata de una unidad de 199,97 metros cuadrados que incluye cochera. La operación se cerró por un monto total de USD 230.000, de los cuales la pareja —Adorni y su esposa, Bettina Angeletti— habría abonado una parte en efectivo, financiando el resto.

Lo llamativo del caso radica en el instrumento de pago. El matrimonio suscribió una hipoteca por US$ 200.000 con dos personas físicas. Estas particulares habían comprado el departamento apenas meses antes, en abril de 2025.

La compra se concretó en un momento político sensible para Adorni, apenas 14 días después de que fuera nombrado Jefe de Gabinete de la Nación. Esta adquisición se suma a otros movimientos inmobiliarios recientes de la familia, como la compra en noviembre de 2024 de una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Angeletti.

Actualmente, la Justicia Federal mantiene abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El foco está puesto en la evolución de los activos del vocero reconvertido en ministro coordinador.

Desde el entorno del integrante del Gabinete sostienen que no existe irregularidad alguna. El funcionario ha reiterado en diversas oportunidades que sus bienes son fruto de 25 años de actividad en el sector privado y que toda su documentación está en regla y a disposición de la Justicia. Y más allá de las versiones que lo dan fuera del Gobierno, en Balcarce 50 juran que el ex candidato a legislador está firme en el cargo.

“Adorni no se va, su situación ya no es tema. Está trabajando en la agenda parlamentaria”, expresó una fuente con acceso al despacho presidencial a la Agencia Noticias Argentinas. 

Nuestro país obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) elaborado todos los años por la ONG Transparencia Internacional. Este número es un punto menor a la registrada en 2024, por lo que la Argentina retrocedió cinco puestos en el ranking global, ubicándose en el puesto 104 entre 176 naciones.

El retroceso argentino en este índice supone la idea de que la ciudadanía percibe un país más corrupto que hace dos años. Pero también habilita la reflexión acerca de un tema que, en virtud de los vaivenes económicos y otras temáticas que afligen a la sociedad como la inseguridad, vuelve a instalarse en la agenda pública. La corrupción otra vez se instala como matriz de decadencia, debilitamiento de las instituciones y persistencia de prácticas que se contradicen con el discurso de los gobernantes.

No es sorprendente la ausencia de una conciencia colectiva y política frente a este fenómeno que erosiona las posibilidades de progreso, altera la convivencia y afecta a la democracia. Solo confirman lo que se sabe y se vivencia. Sin embargo, la experiencia indica que la gravedad del tema sigue acumulando frustraciones en un país que durante décadas romantizó y hasta alabó la “viveza” criolla, generando una suerte de cultura tolerante que relativizó la profunda significación moral que encierra la práctica de la corrupción, en todos los niveles sociales, pero especialmente en las altas esferas de la vida política. Es este el marco para que cobre vida una triste reflexión de la periodista y escritora española Nieves Concostrina: “Lo que para el común de los mortales es corrupción, para los corruptos es lo normal”.

La decadencia de la Argentina tiene en estas prácticas ilegales y en la falta de observación de las leyes que deberían regir la convivencia el germen de un mal endémico, cuyos actores siguen regodéandose ante la ineficiencia del actual gobierno en instalar disposiciones y políticas que cumplan con su promesa de modificar las estructuras y el funcionamiento de las prácticas que todos conocen, pocos denuncian y muchos protagonizan. Es más, las revelaciones sobre acciones oscuras en el seno de la actual administración acentúan la visión negativa que determinó el retroceso en el señalado índice.

Precisamente, Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, el capítulo local de Transparencia Internacional explicó que “las malas novedades para la Argentina en este índice están relacionadas con la ausencia total de interés por parte del Gobierno en impulsar políticas anticorrupción. Los casos de $LIBRA y de la Andis, no generaron una respuesta contundente por parte del Gobierno”.

Frente a esta realidad poco edificante, la mirada no puede ceñirse a ver la aguja en pajares de otros. Restablecer valores básicos y reflexionar comunitariamente sobre el tema es una responsabilidad que debería asumirse. La matriz perversa de la corrupción continúa gozando de buena salud. La única forma de empezar a sanar esta enfermedad es levantar la voz y erradicar la tolerancia frente a las prácticas corruptas.

Rushworth M. Kidder fue un pensador norteamericano dedicado a la ética aplicada en las sociedades contemporáneas. Fundó en 1990 el Instituto para la Ética Global y escribió un libro revelador titulado “Cómo las buenas personas toman decisiones difíciles”.

En esa obra ofrece herramientas prácticas para afrontar los complejos dilemas morales que deben enfrentarse en la vida cotidiana. El autor identifica situaciones en las que entran en conflicto valores considerados positivos tanto por las personas como por las sociedades. Uno de esos dilemas es el enfrentamiento entre la verdad y la lealtad.

La situación que atraviesa hoy el fútbol argentino -donde se superponen visiones ideológicas sobre la estructura institucional del deporte, intereses de las dirigencias de los clubes y revelaciones sobre presuntos manejos irregulares de carácter deportivo, económico y político que investiga la Justicia- ha colocado a varios de sus protagonistas frente a ese dilema: ajustarse a la verdad o sostener una lealtad exigida desde el poder.

A partir del campeonato “fantasma” que la dirigencia de la AFA entregó a Rosario Central, se ha desatado una ola de informaciones y sucesos que cada día generan más escándalo. La conducción de la entidad madre del fútbol, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y secundada por el hoy muy comprometido tesorero, Pablo Toviggino, ya no logra percibir el hastío que generan los reglamentos modificados sobre la marcha, los arbitrajes bajo sospecha y el crecimiento artificial de determinados clubes bajo el ala del poder. Y tampoco puede encontrar argumentos sólidos para defenderse del vendaval de acusaciones vinculadas al manejo y destino de fondos millonarios que esconden negocios nada transparentes,  vinculaciones con lo peor de la política, posibles maniobras relacionadas con el juego clandestino, operaciones judiciales encubiertas y la ostentación de lujosos bienes propia de quienes se creen impunes, entre otras “virtudes”.

Hasta hace poco tiempo, todas las críticas y acusaciones contra esta gestión en enmarcaban en la batalla contra las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Desde la AFA se promovió un escenario binario. Quien no apoyaba decididamente la postura de los máximos dirigentes del fútbol quedaba automáticamente asociado a la privatización de los clubes. El debate sobre la transparencia en el deporte quedaba de lado, aun cuando las situaciones opacas dentro y fuera de los estadios han dejado de ser meras sospechas para adquirir connotaciones públicas y judiciales.

En el marco de esa disputa ideológica, la dirigencia deportiva se vio obligada, a finales de 2023, a emitir manifiestos de apoyo con textos casi calcados que expresaban el rechazo a las SAD. Puede sostenerse, con fundamentos, que la existencia de los clubes como asociaciones civiles sigue siendo una convicción mayoritaria y legítima. Hasta allí, el problema era de visiones diferentes sobre el modelo deportivo, con los inevitables matices políticos.

Sin embargo, mientras se acumulan las denuncias y se activan los procesos judiciales contra los popes afistas, muchos dirigentes parecen haber caído en lo que podría denominarse la “trampa de la lealtad”. Varios clubes emitieron comunicados -también de similar tenor- en defensa de los dirigentes hoy investigados. Son declaraciones que huelen más a una "orden de arriba" que a una convicción genuina. La actitud del “secanucas” se repite. Es decir, figuras que asienten solo para sobrevivir en un sistema de premios y castigos, ignorando que esa misma estructura debilita la competitividad de sus clubes y erosiona su credibilidad.

Es verdad que muchas otras instituciones no se han expresado. Por prudencia o temor. Quizás también porque siguen las cavilaciones sobre cómo resolver el dilema entre la verdad de los hechos y la lealtad que se pretende imponer.  Esta vacilación solo es comprensible en un determinado momento. Al respecto, el referido Rushworth Kidder señala que “todos nos enfrentamos a situaciones difíciles. A veces las evadimos. A veces las confrontamos. Incluso cuando las confrontamos, sin embargo, no siempre decidimos resolverlas. A veces simplemente meditamos sin cesar sobre los posibles resultados o nos atormentamos buscando salidas alternativas. Incluso cuando si tratamos de resolverlas, no siempre lo hacemos por medio de una autorreflexión activa. A veces simplemente nos abrimos paso urgidos por las circunstancias o a fuerza de impaciencia y dogmatismo, como si resolver el problema fuera más importante que hacer lo correcto”.

Menudo dilema vive el fútbol argentino a las puertas de otro Mundial. Porque no se discute la nobleza de la lealtad como valor ético. Pero cuando se la utiliza para encubrir la arbitrariedad o la corrupción, se convierte en una trampa.

La saga de la candidatura de José Luis Espert llegó a su fin. El propio economista confirmó su renuncia a la postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. En su mensaje, Espert no solo oficializó su salida, sino que denunció una "operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas".

"Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla", inició Espert en su publicación, confirmando así el adelanto presidencial.

El comunicado de Espert, cargado de críticas hacia quienes lo vincularon con el empresario Fred Machado, calificó el escándalo como un "despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando".

El ex candidato libertario aseguró que no tiene "nada que ocultar" y prometió demostrar su inocencia "ante la Justicia, sin fueros ni privilegios". En un claro desafío, afirmó: "El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país".

Espert también dedicó un párrafo a los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza, pidiéndoles que "no se dejen psicopatear".

"Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro", instó.

Finalmente, el economista, que días atrás había llorado en una entrevista televisiva responsabilizando a Juan Grabois por la denuncia en su contra, cerró su mensaje con un agradecimiento y una frase de optimismo: "El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo. Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert".

El Tribunal que llevará adelante el juicio en la causa Cuadernos ratificó que la Unidad de Información Financiera (UIF) podrá actuar como querellante desde el próximo 6 de noviembre cuando comience el debate, al rechazar un planteo de un empresario acusado que pretendía desplazar de ese rol al organismo.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli rechazaron el pedido del procesado empresario Hugo Dragonetti para apartar a la UIF como querellante en el juicio que comenzará en menos de dos meses, según indica la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas y, de esta manera, el organismo podrá participar del debate y formular su alegato final.

La defensa del empresario pidió apartar a la UIF en base al decreto PEN 274/2025 que estableció que el organismo no participaría más como querella en causas judiciales, pero los jueces interpretaron que no se aclara si eso rige para investigaciones en las cuales la UIF ya estaba presentada con anterioridad y ante ello deben determinarse "los alcances que debe darse a dicha norma a la hora de determinar si la parte querellante puede continuar interviniendo en los presentes actuados".

En anteriores resoluciones el Tribunal sostuvo ya que "de la lectura del decreto no puede inferirse el efecto que pretende la defensa".

"Es que la norma en cuestión no hace alusión alguna al destino de aquellas causas en trámite en las que la UIF ya interviene como querellante, circunstancia que, como ocurre en este expediente, involucra procesos con años de trámite y etapas avanzadas", interpretaron los jueces.

Ante la "falta de previsión normativa expresa, corresponde, por vía de la interpretación, desentrañar su finalidad" y remarcar que la UIF manifestó su "voluntad" en continuar como querella en esta causa.

También recordaron que en 2020 otra de las querellas desde el inicio del caso en 2018, la Oficina Anticorrupción, "se presentó en esta propia causa a fin de desistir de la querella ya que existía una orden del titular del organismo de dejar de intervenir en esa calidad en los procesos penales pendientes".

"De modo que este antecedente revela con claridad que, cuando el organismo pretende abandonar la querella en causas en trámite, lo dice expresamente", concluyeron al denegar el pedido del empresario procesado.

Esta decisión se sumó a la incorporación para ser analizados durante el juicio de 25 legajos de imputados colaboradores en la causa, cuya validez probatoria será motivo de análisis durante el proceso.

El juicio tendrá como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner, procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y detenida con prisión domiciliaria con condena firme a seis años de prisión en la causa Vialidad.

El vienes próximo los jueces realizarán una audiencia para escuchar ofrecimientos de reparación integral que harán una treintena empresarios y ex funcionarios para intentar sentarse en el banquillo de los acusados.

Se trata de empresarios procesados por supuesto pago de sobornos para obtener obra pública en el kirchnerismo, entre ellos, Enrique Pescarmona, Gabriel Romero, Ángelo Calcaterra y el ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, informaron fuentes judiciales.

El Tribunal Oral Federal 7 convocó a la audiencia virtual el viernes 12 de septiembre desde las 9:30 para escuchar a sus defensas y conocer la postura de la fiscal de juicio Fabiana León y de la querella de la UIF sobre el acuerdo de "reparación integral" al que piden llegar los acusados para ser sobreseídos sin llegar a juicio y para la audiencia se utilizará la plataforma Zoom.

Eduardo Santiago Caeiro, el asesor letrado investigado por presuntas irregularidades en concursos del Poder Judicial de Córdoba, presentó su renuncia, la cual se hará efectiva a partir de octubre. La decisión fue puesta a disposición del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Poder Ejecutivo Provincial, quienes deberán determinar los próximos pasos.

Caeiro está imputado por el delito de violación de secretos, acusado de haber filtrado preguntas de exámenes a concursantes cercanos a él. Esta situación puso en el ojo de la tormenta la transparencia de los concursos públicos para el acceso a cargos en el Poder Judicial de Córdoba, una herramienta central en este proceso.

El caso se remonta a noviembre de 2024, cuando el gremio de empleados judiciales (AGEPJ) denunció supuestas maniobras fraudulentas en un concurso convocado para cubrir cargos de auxiliares colaboradores de la defensa pública. La sospecha principal recae en Caeiro, quien, en su rol de responsable, habría proporcionado las preguntas de los exámenes a postulantes específicos.

La denuncia activó tanto un sumario administrativo dentro del TSJ como una investigación penal. En abril de este año, el fiscal Enrique Gavier solicitó la imputación de Caeiro. Además del exfuncionario, están acusadas cuatro concursantes que presuntamente se habrían beneficiado de estas filtraciones: Mariana Lorenzatti, Paz María Sonzini Astudillo, Florencia Zuliani y Ana Martha Ruiz Tamagnini.

Desde el gremio AGEPJ, se destacó que la renuncia de Caeiro “no implica el cierre de la causa”. En un comunicado, señalaron: “Todas nuestras acciones fueron en defensa del sistema público de concursos, que debe garantizar igualdad y transparencia en el acceso a los cargos”. Asimismo, instaron a la Justicia a avanzar con la investigación penal para determinar todas las responsabilidades.

El expediente avanzó con la toma de declaraciones testimoniales y la presentación de planteos defensivos. En agosto, el Juzgado de Control rechazó los pedidos de atipicidad de las defensas de Caeiro y Sonzini Astudillo, argumentando que eran prematuros y debían resolverse en una etapa posterior del proceso. Esta decisión ratificó la continuidad de la investigación.

La situación generó un fuerte impacto institucional, al poner bajo la lupa la credibilidad de los concursos. Además, la investigación penal reveló sospechas sobre posibles irregularidades en otros concursos del Poder Judicial.

Testimonios recabados sugieren maniobras similares en diferentes procesos de selección, lo que encendió las alarmas en el ámbito judicial de la provincia.

Una donación autorizada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, conectó a una escuela de formación política del armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, con una fundación presidida por un empresario imputado en la megacausa conocida como la "Mafia de la Aduana".

Según supo Noticias Argentinas, en base a una investigación de la periodista Giselle Leclercq para la revista Perfil, la Fundación Darío Donolo registró en agosto de 2024 el dominio del sitio web de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), la usina de candidatos de Pareja. Seis meses después, en febrero de 2025, la misma fundación fue beneficiada por Karina Milei con una importante donación de mercadería incautada por la Aduana.

El dato central es que el presidente de la fundación, Darío Antonio Donolo, es uno de los 97 procesados en la causa de la "Mafia de la Aduana", que fue elevada a juicio en mayo de 2024. Donolo fue imputado por "asociación ilícita y contrabando agravado" y es considerado por los investigadores como un "actor clave" de la organización delictiva, llegando a ser descripto en el expediente como "la sombra" del fallecido cabecilla de la red.

La donación, firmada por la hermana del Presidente, se oficializó en el Boletín Oficial el 17 de febrero de 2025 y consistió en 26.243 unidades de artículos de primera necesidad y prendas de indumentaria, según información obtenida por la periodista a través de un pedido de acceso a la información pública.

La investigación periodística destaca que el motivo del vínculo entre la escuela de formación de un dirigente clave del oficialismo y la fundación de un empresario imputado por contrabando a gran escala sigue siendo un misterio.

El director de la consultora Opinaia, Juan Mayol, reveló que el presidente Javier Milei cayó tres puntos en la medición de su imagen tras la filtración de los audios de ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo, quien denunció pedido de coimas de parte de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. 

“Venía con cierto deterioro en la imagen por distintas cuestiones, pero después del caso Spagnuolo detectamos una baja adicional de tres puntos. Medimos inmediatamente después de la difusión de los audios y nos dio ese valor”, reveló Mayol en declaraciones a Radio Rivadavia.

En la misma línea, aclaró: “Lo que vemos es un principio de estabilización en esos valores. No siguió cayendo. Todavía el gobierno enfrenta octubre con fortaleza, no como meses atrás, pero con una posibilidad de mostrar un triunfo en octubre”.

“La gran pregunta es, ese triunfo, ¿cuántos diputados y senadores va a traer? ¿qué porcentajes va a mostrar? Veíamos a principios de año una posible proyección, también considerando alianzas más amplias y demás del Gobierno arriba de los 45 puntos, y hoy ese escenario hay que descartarlo”, alertó.

Por su parte, el consulto planteó que considera que La Libertad Avanza esté “entre 37 y 41 puntos de cara a las elecciones de octubre”, aunque anticipó un posible triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses de septiembre. 

Asimismo, contó que el contenido de los audios impactó en las proyecciones electorales de la porción de votantes de La Libertad Avanza, lo que posibilitó a la oposición acortar la ventaja. “Previo a la filtración de los audios, lo que teníamos era una elección muy, muy, muy, muy ajustada. En esa medición teníamos, en el consolidado del peronismo, tres puntos arriba, por sobre La Libertad de Avanza, en un contexto de alta indefinición, y con a priori una predisposición a votar relativamente baja”, describió.

“En ese escenario, lo que veíamos es un peronismo ganando con una distancia bastante holgada, alrededor de 10 puntos en la Tercera Sección electoral, pero de todas maneras, vemos que el peronismo también está bastante deteriorado en su base de apoyo”, planteó, y sumó: “En la Primera Sección electoral veíamos un escenario parejo con cierta ventaja muy leve para Diego Valenzuela por sobre (Gabriel) Katopodis, y una perspectiva muy favorable en el resto de las elecciones”.

Sin embargo, detectó que el interior de la provincia, los intendentes pueden “llegar a diluir la ventaja del gobierno”, debido a su arrastre territorial. “La gestión provincial de Kicillof da 44%. La gestión del gobierno de Milei en el total provincial da 42%, pero la de los intendentes es de 55%”, ejemplificó. 

En un escenario que proyectaba polarizado, Mayol sorprendió al sostener que el Frente de Izquierda Unidad cuenta con números elevados para su base de votantes. “En la Tercera Sección electoral se va a estar presentando Nicolás del Caño por la izquierda, y nos estaba dando nueve puntos porcentuales. Los números que tiene Myriam Bregman en Ciudad de Buenos Aires para octubre son bastante llamativos. Hay que ver si después se corroboran”, planteó.

Por último, el consultor analizó todos los escenarios viables para el oficialismo de cara a los comicios provinciales, y planteó que si La Libertad Avanza pierde por más de cinco puntos será "una derrota", pero que si se mantiene en los márgenes de entre 0 a 5 puntos, será un resultado aceptable. 

“Entre cinco y cero abajo del peronismo, es un buen resultado para el gobierno. Todo lo que sea por encima de la línea de flotación, de cero puntos para arriba, de ganar las elecciones, aunque sea por cien votos, por un voto, es un éxito total considerando el contexto", afirmó Mayol, y concluyó: “Más del umbral de cinco a diez puntos, no creo que suceda, sería una situación catastrófica”.

El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, conocido por su reciente fallo que prohibió la difusión de supuestos audios vinculados a Karina Milei, se encuentra bajo un intenso escrutinio al enfrentar nueve denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado.

Las acusaciones contra Maraniello, que le fueron notificadas la semana pasada, abarcan un amplio espectro de faltas, desde abuso de poder hasta uso indebido de recursos públicos, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y violaciones al reglamento judicial. El magistrado tiene un plazo legal de veinte días para presentar su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.

La gravedad de las acusaciones llevó a la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) a solicitar la presencia policial permanente dentro del Juzgado desde septiembre de 2024, con el fin de preservar la integridad física y psíquica de los empleados.

Entre los testimonios más graves, una de las denunciantes relató haber sido abordada por el juez a menos de una semana de iniciar sus tareas. Mencionó que, por temor a perder su empleo, asistió a un encuentro fuera del horario laboral donde fue sometida a tocamientos y besos no consentidos, e incluso se vio obligada a mantener relaciones sexuales sólo para terminar con la situación.

Otra empleada denunció haber recibido mensajes a través de redes sociales por parte de Maraniello, observaciones reiteradas sobre su vestimenta y maltrato laboral después de rechazar pedidos personales. Los episodios incluyeron acercamientos físicos no deseados y comentarios fuera de lugar. Esta víctima informó que necesitó medicación para soportar el entorno laboral, experimentó episodios de depresión y pensamientos suicidas, y formalizó su denuncia ante la Unidad de Bienestar Laboral.

La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem) intervino para tomar declaración en estos casos. Según la fiscal Mariana Labozzetta, los hechos podrían constituir delitos públicos debido a la condición de funcionario judicial de Maraniello, lo que llevó el expediente a la órbita de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.

Mientras tanto, la Comisión de Disciplina evalúa las pruebas y testimonios, considerando la aplicación de sanciones administrativas o, eventualmente, la derivación de los casos a la Comisión de Acusación, que podría solicitar la remoción del juez. El gremio judicial remarcó que las entrevistas con empleados actuales y exempleados revelaron “más y más casos”, algunos de ellos en situaciones de particular vulnerabilidad.

La situación de Maraniello adquiere una capa adicional de complejidad al coincidir con su intervención en el escándalo de los audios de Karina Milei, hermana del Presidente. El juez dispuso que cesara inmediatamente la difusión de estos audios, un fallo favorable a Karina Milei que busca evitar nuevas filtraciones, al considerar que podrían perjudicar intereses estatales sensibles.

Paralelamente, el Gobierno presentó una denuncia judicial por la difusión de audios grabados ilegalmente a Karina Milei en la Casa Rosada. Presentada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, la denuncia sostiene que se trató de una “operación de inteligencia no institucional” destinada a desestabilizar al Ejecutivo y afectar el proceso electoral, calificándola de “maniobra golpista” y aludiendo a la participación de sectores de la oposición. La acción judicial solicitó incluso el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron los materiales.

El Ejecutivo interpreta que la difusión de los audios en un “momento estratégico” de la campaña para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y antes de los comicios nacionales, forma parte de una campaña de desinformación para influir en el electorado.

Fuentes internas del Gobierno reconocen preocupación por el impacto de la crisis, el efecto en la militancia y el riesgo de una profundización de la crisis política si el oficialismo no obtiene resultados favorables en las próximas elecciones. Atribuyen la filtración a una campaña deliberada para dañar su imagen, señalando la coordinación de sectores opositores en un contexto de incertidumbre económica y descoordinación interna.

Los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación concluyeron hoy con la extracción de datos del celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en la causa que investiga si es verídico el audio en el que se lo escucha decir estar vinculado al supuesto pago de sobornos.

La DATIP logró la descarga de la información pese a que el ex funcionario no proporcionó la clave de acceso al celular cuando le fue secuestrado durante un procedimiento en su casa de un barrio privado en Pilar, informaron fuentes judiciales.

Ahora se avanzará con la extracción de datos de los móviles de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer, accionistas de la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios de Spagnuolo como el lugar de donde partirían los pedidos de sobornos a laboratorios.

También se analizará el dispositivo del ex funcionario de ANDIS Daniel Garbellini, único que entregó la clave de acceso y se aguardaba en Comodoro Py la presencia del padre de los Kovalivkrer, Eduardo, quien ya se retiró de la actividad profesional, pero figura como accionista.

Por otra parte, el juez federal Sebastián Casanello quedó en condiciones de definir la situación procesal del jefe de Seguridad del barrio privado Nordelta, quien ayer negó en declaración indagatoria haberle avisado de la llegada de la policía a uno de los Kovalivkrer, quien se retiró del lugar antes del ingreso de los móviles.

Ariel De Vicentis refirió que estaba de vacaciones, pero, pese a ello, ante lo que sucedía y por responsabilidad profesional se comunicó y pidió una copia de la orden de presentación y confirmar que se trataba de policías.

Además, dijo que es parte de sus tareas este tipo de control y negó haber advertido a ninguno de los Kovalivker -ambos hermanos residentes en Nordelta- de la presencia policial al ser indagado por supuesto "encubrimiento" y "obstrucción a la justicia".

Jonathan Kovalivkrer se presentó en la tarde del lunes en los tribunales de Retiro junto a un abogado, Martín Magram y entregó su celular al fiscal Franco Picardi aunque no proporcionó la clave de acceso.

En medio de la tensión política por el escándalo de los audios de presuntas coimas, el presidente Javier Milei protagonizó un llamativo acto fallido durante un acto con candidatos en la ciudad de Junín. Al criticar a la oposición, el mandatario afirmó que "están molestos porque le estamos afanando los choreos".

Según supo Noticias Argentinas, la frase completa del mandatario, que se viralizó rápidamente en redes sociales, fue: "Por eso, digamos, están molestos porque le estamos afanando los choreos. Bueno, que se sigan riendo entonces".

El evento, que sirvió para presentar candidatos de cara a las elecciones legislativas, se realizó en un clima enrarecido por las denuncias de corrupción que salpican a su gobierno. En su discurso, el Presidente redobló la confrontación con la oposición, al asegurar que "contra los kirchneristas no hay negociación posible".

Su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también tomó la palabra y, en sintonía con el mandatario, afirmó: "Kirchnerismo nunca más". Además, se solidarizó con la militancia juvenil y agradeció al Presidente por haber llevado adelante la "titánica tarea" de organizar el partido a nivel nacional. Durante el acto, el jefe de Estado también interrumpió su discurso para pedir un médico para una persona del público que solicitaba asistencia.

El "fallido" del Presidente se convirtió rápidamente en el momento más comentado del evento, generando una ola de críticas y burlas en las redes sociales en una semana marcada por las graves acusaciones de corrupción contra su entorno.

Crece la alarma en el Gobierno por el involucramiento directo de la cúpula libertaria en el caso de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que se disparó a partir del audio donde el titular del organismo, Diego Spagnuolo, abogado y amigo cercano de Javier Milei, señala connivencia entre funcionarios de segundo rango y la cima del poder. Por ahora, sin embargo, reina la cautela, y en la Casa Rosada se encuentran en estado de deliberación sobre la estrategia política y judicial a seguir.

Hay varios caminos bajo análisis, y todos están destinados a evitar que los altos mandos del Gobierno queden en jaque. Uno de ellos, revelaron a Infobae, es denunciar a Spagnuolo por no haber hecho una presentación judicial formal sobre el hecho delictivo que menciona en la conversación privada que se grabó y se hizo pública esta semana. Los Milei buscarán desacreditarlo, y sus principales asesores ya deslizan, por lo bajo, que es “un delirante”. Aunque, por ahora, está descartado el plan de desacreditar la verosimilitud del material con su voz.

Ayer hubo largas deliberaciones en la Casa Rosada, a donde Milei acudió temprano, al igual que Karina Milei, su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem -apuntado en los audios-, el asesor Santiago Caputo; y el vocero presidencial, Manuel Adorni. También intevino el Ministerio de Justicia. Por ahora sólo avanzaron con el despido de Spagnuolo con la acotación de que lo hacían hasta que se esclarecieran los hechos.

El Gobierno también demora para avanzar con una postura pública y/o con una acción en la Justicia porque aguarda a conocer los movimientos del juez a cargo de la investigación, Sebastián Casanello, y el devenir de las medidas del fiscal Franco Picardi. En especial porque una de las posibilidades es que llamen a indagatoria a Spagnuolo, lo cual podría complicarlos si es que ratifica sus declaraciones.

Mientras las conversaciones giran en torno al tema más acuciante, hacia afuera, en el Gobierno guardan mayormente el silencio o fingen demencia. El único habilitado para expedirse, muy por encima, fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que evitó dar precisiones pero deslizó ayer: “Si un funcionario está diciendo que otro está pidiendo coimas, el que lo dice debería haber hecho la denuncia en la Justicia”.

Mientras meditan y aguardan, el nerviosismo libertario se nota a la legua. El vocero Adorni, evitó dar conferencias de prensa, esta semana, y suspendió sin explicaciones su programa semanal de los viernes, “Fake,7,8″. Mientras que su segundo en el mando de la Secretaría de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, se limitó a tuitear sobre los controladores aéreos. En las huestes libertarias en redes, ninguno de los prolíficos tuiteros estrella salió a ironizar al respecto, ni siquiera para defender al Gobierno. La orden para toda la tropa fue mantenerse en silencio. “Estamos callados porque nadie sabe mucho qué pasó, Diego (Spagnuolo) no le responde a nadie", justificó un importante funcionario. En principio, otro alto mando dijo a Infobae que hay inquietud y reconoció que se trató de una semana “complicada”.

Dos fuentes coincidieron en señalar que el material que pone contra las cuerdas al oficialismo surge a partir de una “operación política”, pero por ahora se evitaba señalar autores. Los enfrentados sectores liderados por Santiago Caputo y los Menem sellaron una tregua desde que arrancó la campaña y procuraban mantenerla firme, también, en el abordaje del caso más comprometedor para el Presidente después del que se desató a partir de que difundió la criptomoneda $LIBRA.

Esto a pesar de que los principales apuntados son los riojanos Martín y Lule Menem (el segundo fue mencionado con nombre y apellido por Spagnuolo como recaudador de las coimas). “Si las Fuerzas del Cielo o el grupo de los Menem dicen algo ahora se va a leer en tono de interna. Preferimos que esto se trate como algo que afecta al gobierno entero, sin matices”, dijo un importante dirigente violeta.

Más allá de los bandos, en algunos despachos no ponían las manos en el fuego por nadie, ni siquiera los más altos funcionarios apuntados por Spagnuolo. “Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, se limitaban a sostener sostuvo sobre la investigación iniciada anteayer a partir de la denuncia del abogado Gregorio Dalbón -que representa a Cristina Kirchner- por los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de ética pública y una posible asociación ilícita.

La aparición de los audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que denunciaba presuntas maniobras irregulares y una recaudación ilegal en la compra y venta de medicamentos, derivaron en una mega investigación. En el blanco de las sospechas figuró la droguería Suizo Argentina S. A., acusada por el ex funcionario de “pedirle guita a los prestadores”.

Luego de que ex titular del organismo fuera apartado de su cargo el miércoles a la noche, el fiscal Franco Picardi solicitó al juez federal Sebastián Casanello abrir una causa, que incluyó la realización de un total de 15 allanamientos durante este viernes.

“A mí me están desfalcando la agencia”, fue la frase que pronunció el ex director de la ANDIS y que destapó un presunto caso de pago de coimas. En su relato, apuntó contra Suizo Argentina por supuestamente elevar los precios de los medicamentos y concentrar negocios, por medio de la firma de contratos con el Estado.

Según el audio difundido por Data Clave en el streaming de Carnaval, Spagnoulo acusó: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘Escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, vas a tener que poner el 8’, lo que cobran de medicamentos”.

En la maniobra descrita, el ex titular del organismo expuso un presunto vínculo que la droguería tendría con Eduardo “Lule” Menem. Sin embargo, en una denuncia formulada por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, de la Fundación Arcos, se había pedido investigar el origen de compras de casi 30 mil millones de pesos, que habrían sido otorgadas por el Estado sin haberse convocado a una licitación pública.

La acusación fue presentada en agosto de 2024 y, ya para ese entonces, el denunciante había puesto bajo la lupa otro supuesto nexo con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En el documento, indicaban que Farmaoline, propiedad de Suizo Argentina, comercializaba los suplementos deportivos de Gen Tech, la empresa creada por el riojano.

Aunque finalmente la investigación fue archivada, la droguería volvería a ser señalada por presuntamente haber obtenido varios contratos que le habrían permitido vender medicamentos e insumos por miles de millones de pesos al Estado. Concretamente, servicios que habrían sido abonados por el Ministerio de Salud, de Seguridad y Defensa.

Se estima que la cifra recibida por parte de estos acuerdos comerciales habrían superado los 100 mil millones de pesos. De hecho, a través del sitio COMPRA.AR se informó que estos contratos habrían comenzado a celebrar desde diciembre de 2023.

Según consta en la plataforma, el ministro de Salud, Mario Lugones, habría cerrado una compra de Asparaginasa Pegilada de 750 UI/ml (medicamento utilizado en tratamientos por leucemia y otros tipos de cáncer) por 1.034 millones de pesos.

El hecho de que las compras incluyeran productos oncológicos no sería azaroso, de acuerdo con la explicación que brindó el médico Claudio Zin en el programa de Eduardo Feinmann y Pablo Rossi por A24. "Por un lado, la droguería que vende medicamentos y, por otro lado, el Estado que tiene que comprarlos. Pero en la mitad hay un eslabón que explica todo, que es el programa Incluir Salud“, puntualizó.

Esta prestación tiene el objetivo de garantizar el acceso a los medicamentos a las personas que poseen pensiones no contributivas y que no cuentan con cobertura médica. “Por ejemplo, hay un niño del Chaco que tiene un problema oncológico serio y no tiene cobertura médica, el Incluir Salud lo cubre“, ilustró.

Para que el remedio pueda llegar a manos del paciente, Zin señaló que el Estado “tiene que pagar un producto oncológico que cuesta diez millones de pesos por cada dosis. Como es una emergencia, muchas veces hace la compra directa a droguería“.

Sin embargo, la denuncia del ex titular de la ANDIS por presuntos aumentos en los precios de los medicamentos por parte de Suizo Argentina fundamentó la apertura de la causa judicial. Con especial énfasis en requisar la sede de la ANDIS y las casas de Spagnoulo, Daniel Garbellini (ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS) y Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina.

Precisamente, el empresario fue atrapado en un intento de fugarse de su propiedad en Nordelta con varios sobres que contenían dólares. El dinero fue secuestrado inmediatamente por las autoridades, quienes constataron que Kovalivker tenía en su posesión 266 mil dólares y 7 millones de pesos. Aunque no se pidió su detención, confirmaron que su celular y su pasaporte quedaron retenidos.

En el entramado empresarial, Emmanuel Kovalivker desempeña el cargo de accionista minoritario de la droguería Suizo Argentina, con el 0,015% del capital social, aunque su participación se caracteriza por ser activa dentro de la gestión del negocio. La estructura accionaria da cuenta de un marcado predominio familiar, donde Eduardo Jorge Kovalivker, padre de Emmanuel, concentra el 64,5% de la compañía, mientras que su hermano Jonathan Simón Kovalivker detenta poco más del 21% y ejerce la presidencia.

Precisamente, el peso político de los Kovalivker en el escenario nacional se fortaleció por la amistad que la familia mantiene con Mauricio Macri. El vínculo más estrecho es el que tienen el expresidente y Jonathan, con quien incluso juega al pádel y almuerzan habitualmente en el restaurante Manso de Nordelta.

Del resto de procedimientos, las autoridades incautaron computadoras y documentación vinculada a la compra y licitaciones de medicamentos, que fueron encontradas en la sede del organismo. Mientras que Garbellini no fue encontrado en su domicilio, se detuvo Spagnuolo, a quien se le secuestró el celular. El dispositivo del ex director de ANDIS será peritado en los próximos días, apenas sea desbloqueado.

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) -la entidad más atacada por el presidente Javier Milei, que la llama “Cámara de la corrupción”- salió a manifestar hoy su “profunda preocupación” ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad, medida anunciada recientemente por decreto.

AQUÍ VIDEO DE UNA OPERADORA DEL CAOS.Desde que comencé mi carrera a la presidencia siempre se equivocó para el mismo lado, donde su error siempre estaba totalmente alineado con la opinión de la Cámara Arg. de la Construcción.El error sistemático no es error, es sesgo.CIAO! https://t.co/Mt5K7Wam7t

“La eliminación de este organismo técnico con casi un siglo de trayectoria en la obra pública afecta la capacidad del Estado para planificar, licitar y controlar proyectos viales de forma eficiente y transparente. Vialidad Nacional garantizó durante décadas una mirada federal sobre la infraestructura del país, con equipos profesionales formados para llevar adelante obras en todas las regiones”, advirtió la entidad, que engloba a las principales compañías del sector en el país.

La central empresarial alertó que “el traspaso de las funciones de Vialidad al Ministerio de Economía y a la Gendarmería Nacional genera una fuerte incertidumbre. Hay preocupación por la continuidad de obras estratégicas, el impacto en el empleo y la afectación de la articulación público-privada que durante décadas sostuvo el desarrollo de la infraestructura vial”.

“El mantenimiento de la red federal, particularmente de los más de 30 mil kilómetros que no se concesionarán al sector privado, constituye una seria preocupación por el importante impacto en la producción y logística y, sobre todo, en la vida cotidiana de miles de argentinos”, dijo la cámara.

Sostuvo que “la inversión en caminos y rutas no representa un gasto, sino una herramienta para crecer, generar trabajo y fortalecer el entramado productivo nacional. Por eso, pedimos a las autoridades abrir instancias de diálogo con una mirada estratégica”.

CAMARCO reafirmó, además, su “disposición a trabajar junto al Estado en el diseño de políticas que garanticen obras sostenidas en el tiempo, con reglas claras y una visión federal del desarrollo". 

Y advirtió que "el país necesita previsibilidad para seguir generando empleo, inversión y crecimiento en todo el territorio”.

El fiscal Guillermo González ordenó la aprehensión de Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, máxima autoridad de la Policía Caminera de Córdoba, en el marco de una megacausa judicial que investiga presuntos delitos graves cometidos desde el interior de la fuerza.

La medida fue dispuesta este viernes por la mañana y también alcanza a otros policías y civiles, quienes habrían participado de una estructura que operaba de manera coordinada con fines ilícitos. En la causa se investigan presuntos hechos de asociación ilícita, coacción, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia, entre otros.

Además de Ochoa Roldán, también se libraron órdenes de detención para el comisario Leonardo Javier Torres (a cargo de la Dirección de Asesoría Letrada de la Policía de Córdoba), Martín Darío Heredia (integrante de la Caminera), Jorge Gutiérrez (de la división Protección de Testigos), y Dante Gabriel Villalba, quien cumple funciones en el área de Transportes y Traslados dentro de la Jefatura.

Entre los señalados también figura Gabriel Bukhar, un civil, y Gastón Miguel Ochoa Roldán, hermano del jefe de la Caminera. Según trascendió, varios de los involucrados se habrían beneficiado con información reservada de las bases de datos de la Policía de Córdoba para realizar gestiones indebidas en distintas causas judiciales.

En el marco de la investigación, en las últimas horas se realizaron 11 allanamientos en La Calera, Cosquín y otras localidades del interior provincial, que habrían arrojado resultados positivos.

La causa continúa en curso bajo estricto hermetismo judicial, mientras se esperan definiciones sobre las imputaciones y las posibles medidas cautelares.

Este mañana, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, dará una conferencia de prensa.

La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó este martes la prisión domiciliaria del exlegislador cordobés Oscar González en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El tribunal, integrado por los jueces Abel Sánchez Torres, Eduardo Ávalos y Graciela Montesi, rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del dirigente, y ratificó la medida dispuesta por el juez federal N°3, Miguel Hugo Vaca Narvaja.

La prisión domiciliaria había sido solicitada por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian.

Los camaristas consideraron que persisten los riesgos procesales en el caso, en particular, la posibilidad de que González entorpezca la investigación o eluda a la Justicia. En ese marco, justificaron el mantenimiento de la medida de coerción y evaluaron que el avance de la causa todavía no permite descartar esas amenazas.

Además, la Cámara estableció por mayoría que la detención domiciliaria tendrá un plazo inicial de cuatro meses, contados desde el momento en que el juzgado reciba formalmente la causa. Esa duración podrá ser prorrogada si el magistrado interviniente lo autoriza.

En los fundamentos del fallo, el tribunal explicó que la decisión se basa en razones estrictas de legalidad, en línea con el principio de proporcionalidad y la evolución del expediente. Indicaron que el avance sustancial de la instrucción permite proyectar una reducción progresiva del riesgo procesal, aunque no su eliminación total por el momento.

Asimismo, los jueces remarcaron que el plazo impuesto responde a la necesidad de garantizar un juicio dentro de un tiempo razonable, tanto en resguardo de los derechos del imputado como en función de los intereses de las víctimas y de la sociedad.

“La justicia debe actuar con celeridad y sin dilaciones que conduzcan a la impunidad”, advirtieron.

González, exfuncionario de alto perfil en la política de Córdoba, ya se encuentra bajo arresto domiciliario desde hace varias semanas, tras ser imputado en una causa que investiga un presunto crecimiento patrimonial no justificado y maniobras de lavado de dinero.

Con esta decisión, la Cámara ratificó la gravedad del caso y la vigencia del proceso penal, que sigue su curso bajo reserva judicial.