La Corte Suprema de Justicia planteó una reforma para la selección de candidatos a jueves federales y nacionales para que sea analizado por el Consejo de la Magistratura.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto normativo para la selección de jueces cuenta únicamente con la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El texto no incluye la del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Los cambios que se establecen tienen la intención de fijar un límite al margen de acción política en el criterio de selección y reducir el impacto de la coyuntura política sobre los procesos de selección.

La reforma impulsada busca acotar el margen de arbitrariedad política en las ternas para magistrados, justo cuando el Consejo de la Magistratura atraviesa una reconfiguración de fuerzas con un protagonismo creciente de La Libertad Avanza.

Bajo este nuevo esquema, la clave de la selección se trasladará a la elaboración de los exámenes, la rigurosidad de los puntajes y la administración técnica de los concursos.

Los jueves elevaron este reglamento al Plenario del Consejo de la Magistratura para para su análisis y ya se notificó de la iniciativa a las Cámaras nacionales y federales de todo el territorio, así como a las Cortes Supremas provinciales.

No obstante, para que el nuevo reglamento entre en vigencia, el cuerpo deberá alcanzar mayorías agravadas durante la votación definitiva.

La Corte Suprema de Justicia dictó desde 2004 al 17 de marzo de 2026 un total de 1907 sentencias en causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo un rol decisivo en la recuperación de la memoria y la justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Entre sus fallos más relevantes se destaca el caso “Simón” del 14 de junio de 2005, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final (23.492) y Obediencia Debida (23.521), lo que habilitó la reanudación de los juicios por delitos de lesa humanidad iniciados tras el golpe del 24 de marzo de 1976, del que el próximo martes se cumplirán 50 años.

Previamente, en 2004 la Corte dictó el fallo “Arancibia Clavel”, que estableció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad; y en 2007, en la causa “Mazzeo”, declaró la inconstitucionalidad de los indultos otorgados a militares.

Según registros de la Secretaría de Jurisprudencia, de la Secretaría Penal y de la Secretaría Penal Especial, el total de 1.907 fallos se corresponde con el período comprendido entre 2004 y el 17 de marzo de 2026.

De acuerdo con datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde la reapertura de los juicios en 2006 se dictaron 361 sentencias, con 1.231 personas condenadas y 250 absueltas. Además, hay 12 juicios en curso y 282 causas en etapa de investigación preliminar.

El año pasado la Corte Suprema homenajeó a los jueces del Juicio a las Juntas de 1985, que en la llamada “Causa 13” condenaron a los principales responsables del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. En esa oportunidad, el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, subrayó la realización de un “auténtico juicio justo” en un contexto “complejo”; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz lo definió como una respuesta “jurídicamente impecable a crímenes atroces”; y el juez Ricardo Lorenzetti afirmó que la política de memoria y justicia forma parte del contrato social de los argentinos.

La judicialización de la reforma laboral que impulsará el sindicalismo, una vez que se logre su aprobación en el Congreso, podría terminar llegando al final del proceso en la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos para resolver.

Incluso, el máximo tribunal hasta tiene la posibilidad de recurrir a un artículo del Código Procesal Civil y Comercial que la habilita a no tomar una decisión, dejando firme la sentencia de la instancia anterior.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el constitucionalista Carlos Lombardi explicó que la judicilaización de la reforma laboral iniciará su camino en la Cámara del fuero laboral.

“Primero habrá que ver cuál es la estrategia de los abogados que asesoran a la CGT. Se puede atacar la ley toda en general alegando la inconstitucionalidad porque lesiona los principios que protegen los derechos laborales o se puede atacar por artículos”, detalló el letrado.

Lombardi señaló que luego el Gobierno apelará en la instancia superior a la Cámara, mientras que las centrales obreras seguramente recurrirán a los tribunales internacionales.

“Así seguirá escalando instancias y está la opción de la Corte, que es la última. En general, casi nunca es rápida la llegada a la Corte”, remarcó.

En ese momento, el máximo tribunal puede acceder a resolver la cuestión con el voto de cada uno de sus jueces, o bien puede decidir, como lo hizo en casos anteriores, recurrir al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.__IP__

“El artículo 280 para decirlo fácilmente siginifica un ´no te juzgo y te rechazo el recurso que sea´, dejando firme lo que había decidido la instancia anterior. La Corte es muy política, si le parece bien lo que está firme hasta esa instancia puede recurrir a este movimiento y listo”, planteó Lombardi.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza asestó un golpe financiero a la empresa Refres Now S.A., fabricante de la gaseosa Manaos, al confirmar una condena por despido que obliga a la firma a desembolsar más de 800 millones de pesos a un exdistribuidor. 

Si bien el máximo tribunal provincial admitió parcialmente un recurso extraordinario y recalculó a la baja la cifra inicial, que rondaba los 1.500 millones, ratificó la existencia de una relación de dependencia no debidamente registrada y la responsabilidad de la compañía en el distracto laboral.

La controversia legal tuvo su origen en la ciudad de San Rafael, donde la Cámara Segunda del Trabajo determinó que el demandante, quien se desempeñó como distribuidor en las provincias de Mendoza, San Juan y La Pampa, mantuvo un vínculo laboral con la empresa entre los años 2013 y 2022. 

Según consta en el expediente, el trabajador logró acreditar irregularidades en la registración de su contrato durante gran parte del período analizado. La sentencia original consideró probada la existencia de un "vínculo de dependencia no debidamente registrado", lo que derivó en una condena inicial de alto impacto para el sector empresario.

Al revisar las actuaciones, los ministros de la Corte, Omar Palermo, Mario Adaro y Norma Llaster, decidieron reformular la sentencia dictada en la causa "Refres Now SA p/ Despido". Con la nueva resolución, el tribunal dispuso que la empresa deberá abonar al trabajador la suma de $223.419.076,66 en concepto de capital y $584.257.217,06 por intereses calculados al 11 de abril de 2025. El fallo aclara que el monto total de $807.676.293,72 se establece "sin perjuicio de los intereses que continúen devengándose hasta el efectivo pago".

A pesar de confirmar la condena principal, el máximo tribunal introdujo modificaciones técnicas en los rubros indemnizatorios. En particular, la Corte rechazó parcialmente la demanda en lo referido a la indemnización prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), vinculada a la entrega de certificados laborales. 

Este rubro, que ascendía a $34.796.852,75, fue desestimado por los magistrados al evaluar la correcta aplicación del derecho. Asimismo, el fallo determinó que los intereses para los ítems rechazados se calculen conforme a la tasa prevista en la Ley 9041.

La resolución judicial adquiere relevancia no solo por la envergadura de la empresa -productora también de las marcas Villa Manaos, Placer, Bichi y Fernandito- sino por la magnitud de la cifra en un contexto de debate sobre la reforma laboral. __IP__

La Corte evitó reabrir la discusión sobre los hechos ya probados en la instancia anterior y se centró en la estructura económica de la liquidación. Al respecto, el tribunal sostuvo la metodología de cálculo para la obligación principal, subrayando que la responsabilidad de la firma por el despido incausado se mantiene firme a pesar de los ajustes realizados en la cuantificación final.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó el rechazo a la inscripción gremial del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA), una organización creada en el Centro Universitario de la cárcel de Devoto con el objetivo de defender los derechos laborales de los internos que trabajan durante el cumplimiento de sus condenas.

El tribunal dejó firme una sentencia de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había desestimado la demanda del SUTPLA al considerar que los reclusos no pueden ser considerados “trabajadores” en los términos del decreto 467/88, por lo que no les corresponde el derecho a formar una asociación sindical en el marco de la ley 23.551.

La iniciativa gremial se había presentado en 2016 ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para solicitar la inscripción de su personería, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La entidad argumentó que representaba a todos los internos que realizan tareas o servicios en establecimientos penitenciarios federales o provinciales, de acuerdo con la ley 24.660 y el Reglamento General para Procesados, y acompañó la solicitud con su estatuto y un listado de afiliados.

El Ministerio de Trabajo rechazó la inscripción al sostener que los internos “no revestían la condición de trabajadores” y la organización apeló la decisión.

En 2023, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el criterio ministerial. En su fallo, los jueces señalaron que, “aunque el ingreso a una prisión no despoja al hombre de la protección de las leyes y de la Constitución Nacional”, quienes se encuentren privados de su libertad verán “mermada su capacidad de derecho”.

Los camaristas también destacaron que, si bien el trabajo penitenciario debe ser remunerado según la ley 24.660, esa retribución “no le corresponde al recluso” de manera directa, sino que se distribuye conforme a la normativa vigente.

“Los internos no son equiparables a los trabajadores libres, ya que estos últimos ejercen su oficio voluntariamente y pueden disponer libremente de su salario, mientras que los reclusos lo hacen bajo subordinación y obediencia al Estado, que no actúa como empleador”, señalaron.

Finalmente, los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazaron por inadmisible el recurso presentado por el SUTPLA, dejando firme la decisión judicial que negó su inscripción como sindicato.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio luz verde al avance de la causa “Cuadernos”, al rechazar más de veinte recursos interpuestos por la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido y diversos empresarios, quienes cuestionaban la validez de las actuaciones en el expediente que investiga una presunta asociación ilícita en la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015, conocido también como “la Camarita”.

En paralelo, el máximo tribunal también resolvió hacer lugar a un recurso presentado por la Procuración General de la Nación y revocó el sobreseimiento que beneficiaba a Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, en una causa conexa por lavado de dinero. El fallo original, dictado por el juez Luis Rodríguez en 2015, había sido revertido ahora tras la intervención del Ministerio Público y la Unidad de Información Financiera, que pidieron la continuidad de la investigación.

En su voto, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron con los fundamentos del Procurador General y ordenaron dictar un nuevo pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Pochetti, quien declaró como arrepentida que pagó una coima al juez Rodríguez para cerrar el caso.

Por su parte, la decisión de la Corte habilita el avance del juicio oral que comenzará el 6 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal 7. En el banquillo estarán sentados la expresidenta, varios de sus ex funcionarios y decenas de empresarios, acusados de cobrar o pagar sobornos por contratos con el Estado.

La causa Cuadernos se inició a partir de los registros del ex chofer Oscar Centeno, quien detalló viajes de recaudación vinculados al ex subsecretario Roberto Baratta. Las declaraciones de imputados-colaboradores como Carlos Wagner, José López y el financista Ernesto Clarens derivaron en la apertura de una megacausa que incluyó la cartelización de obra pública y flujos ilegales de dinero hacia el exterior.

Los magistrados de la Corte también rechazaron recursos de otros imputados relevantes como Cristóbal López, Mario Rovella, Aldo Roggio y Juan Carlos De Goycoechea, todos ellos cuestionando nulidades procesales, indagatorias o declaraciones de arrepentidos.

En su fallo sobre Pochetti, los jueces establecieron que el sobreseimiento previo solo abarcaba el hecho del transporte de dinero y no las maniobras de blanqueo, por lo que corresponde continuar con la investigación de las operaciones financieras realizadas por la viuda de Muñoz y su entorno.

La resolución consolida el camino hacia uno de los juicios más esperados de los últimos años en la Argentina, que tiene como protagonistas a una expresidenta y a la cúpula empresarial que dominó el escenario de la obra pública en las últimas décadas.

La defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la negativa a retirarle la tobillera electrónica en su arresto domiciliario.

El abogado Carlos Beraldi presentó un recurso extraordinario que ahora la Cámara Federal de Casación tendrá que resolver si concede, informaron fuentes judiciales. En caso de que no se lo conceda, a la defensa solo le quedará el recurso de queja directa ante el máximo tribunal del país.

Cristina Kirchner está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad y se le concedió arresto domiciliario con tobillera electrónica en su domicilio de San José 1111 en el barrio porteño de Constitución.

La ex presidenta cuestiona la necesidad de uso de tobillera, pero tanto el Tribunal Oral Federal 2 que ejecuta la condena como Casación confirmó el uso del dispositivo electrónico de vigilancia.

Ante ello ahora recurre a la Corte a la que también reclama contra los límites que se impusieron a sus visitas en el arresto domiciliario.

“Para persuadir, hay que hablar. Para hablar, hay que dialogar. Y a través del diálogo se llega a los consensos”. Con esta frase, el exjuez de la Corte Suprema, el cordobés Juan Carlos Maqueda, sintetizó lo que, desde hace mucho tiempo, parece haberse extraviado en el vértigo de la vida política nacional: la voluntad de encontrar puntos en común que permitan superar las vicisitudes de la coyuntura.  Maqueda evocó a Platón, recordando que el diálogo era, para el filósofo griego, “el arte de los hombres libres”. No fue una cita casual, sino una advertencia dirigida, con claridad, al presidente. Pero también a una amplia porción de la dirigencia. 

Es un hecho constatable que la recuperación del sentido profundo del diálogo no se halla entre las prioridades. Mucho menos a las puertas de elecciones decisivas para el futuro inmediato del país. Así, los compartimentos estancos y la resistencia a aceptar disidencias se transforman en rasgos persistentes de la actividad política. 

Para Platón, el diálogo no era negociación ni cálculo, sino el procedimiento más noble para alcanzar la verdad. El intercambio de ideas no era una competencia entre partes sino una aventura intelectual: un riesgo de exposición, una apuesta por poner en duda certezas propias en aras de una comprensión más profunda. Dialogar, decía, es atreverse a cambiar de opinión. Por eso el diálogo solo es posible entre personas libres: libres del miedo a escuchar, del impulso de imponer, de la necesidad de vencer al otro. Quienes han profundizado en el estudio del pensamiento de uno de los filósofos más trascendentes de la historia afirman que, en sus Diálogos, Platón no fingía conversaciones: las construía, como si cada voz importara realmente.  El contraste entre esa mirada filosófica con la realidad es evidente: no hay escucha ni vocación de alcanzar coincidencias. El cálculo predomina sobre la deliberación sensata. El monólogo, sobre el intercambio. 

Las fracturas internas en el oficialismo ya se asemejan más a lógicas irreconciliables que a diferencias estratégicas. Milei, en sintonía con el ministro Caputo, ha definido una hoja de ruta que no contempla consensos. Respalda la férrea y dogmática postura de su hermana Karina quien, junto a los Menem, concentra el armado electoral sin permitir interferencias ni cesión de espacios, mientras Santiago Caputo va quedando relegado. Francos, el jefe de Gabinete, enfrenta una misión casi imposible: alcanzar acuerdos con sectores dialoguistas, pero bajo una conducción que desconfía de cualquier matiz. 

En este marco, cierra hoy el plazo para la conformación de listas de candidatos en la decisiva elección provincial bonaerense.  La prensa porteña identifica con claridad los sectores en pugna: el mileísmo duro que cooptó parte del PRO; un peronismo en crisis interna y con su líder en prisión, unido por el espanto, por el terror a perder su último bastión y un variopinto tercer grupo que pretende transitar la siempre esquiva y resbaladiza avenida del medio. Largos cabildeos, negociaciones difíciles, cálculos electoralistas… con el diálogo verdadero en el banco de suplentes. 

Las tensiones con las provincias completan el mapa de la clausura dialogística. Algunos mandatarios solo exigen más recursos sin vocación de hacer esfuerzos por acordar alguna estrategia que permita que sus cuentas cierren. Otros, en cambio, en el fondo demandan ser escuchados por la Nación. La ausencia puentes sólidos potencia la “talibanización” de los gobernadores. En este marco, mientras en el gobierno predominan los oídos sordos, algunos funcionarios intentan reabrir canales de negociación. Tras los reveses legislativos, estos últimos entienden que el poder del veto presidencial está hoy seriamente amenazado, aunque todo indica que la batalla que pretenden dar se hará cuesta arriba.

En pleno clima preelectoral, la política se abroquela en parcelas impenetrables. La plática que construye se esfuma. Prevalecen cálculos y fidelidades efímeras. Y el diálogo auténtico, ese que Platón llamó el arte de los hombres libres, queda relegado por la sorda lógica del aislamiento y la imposición.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado retomó hoy el debate con expositores de los proyectos que proponen la ampliación de la Corte Suprema con perspectiva de género, tras dos semanas de parálisis en la actividad legislativa del cuerpo.

El encuentro inició pasadas las 11 con las disertaciones de María Esther Cafure de Battistelli, delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), a quien le siguieron Andrés Gil Domínguez; el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, y Liliana Piccinini, jueza del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

Cafure de Battistelli hizo énfasis en la paridad de género en todos los órganos de la Justicia y consideró necesario discutir “la implementación de un cupo femenino en la Corte Suprema de Justicia”, al plantear que eso “refleja la persistencia de desigualdades estructurales en el sistema judicial”.

En tanto, Gil Domínguez pidió por un debate más profundo de la Corte Suprema con el objetivo de “restructurar el tribunal” y sostuvo que modificar solo su composición “no va generar una reorganización eficaz”.

“La integración de la Corte Suprema en cuanto a número y cualidades de sus miembros es un aspecto muy importante, pero debe englobarse en un debate más amplio que se vincula con la necesidad de tener una nueva ley orgánica que se dirija a restructurar el funcionamiento integral de la Corte”, expresó.

Para el reconocido constitucionalista, si el tema de la ampliación del tribunal “se trata de forma aislada, que es muy importante, será un pequeño paso, pero no va a generar una reorganización eficaz de la Corte”.

En cuanto al número, dijo que “hay una referencia histórica importante. En 1853 se estableció que el numero era de 9. En 1860 se reformó y que el numero estuviese librado a la voluntad del poder legislativa. No hay un número preciso, pero sí me parece que el numero debería ser de 9, 11 o 13 integrantes”, acotó.

A su turno, Gil Lavedra se manifestó en contra de modificar el número de integrantes de la Corte Suprema al argumentar que la Argentina “padece baja institucionalidad” y la ciudadanía no “confía” en la Justicia.

“Yo veo sumamente inconveniente en estos momentos modificar el número de miembros de la Corte Suprema y a la vez estoy plenamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho respecto al género y respecto también a la perspectiva federal”, apuntó.

Para Gil Lavedra, “la Argentina padece de una muy baja institucionalidad y respecto de la justicia. Esto tiene otro factor importantísimo que es la crisis de confianza que hay en la población respecto a la Justicia”, dijo y afirmó que lo primero que se debería hacer “es tratar de estabilizar la institución”.

Tanto Gil Domínguez como Gil Lavedra coincidieron en que la dirigencia política debe conseguir acuerdos para encarar nuevas reformas en la Corte Suprema.

“Yo sé que no es fácil conseguir dos tercios de votos, es difícil, ahora yo los invito a reflexionar de que generalmente se piensa el consenso de reparto, de loteos, de acuerdos en ‘Vos tenés tanto, yo tanto’. Esto es común en la política. Lo que hay que tratar de bregar es por un consenso por la no objeción, que cuanto más intachable sean los candidatas/os más fácil es conseguir los acuerdos”, subrayó Gil Lavedra.

Sobre el final, Piccinini, que se centró en la cuestión de género, aseguró que “la paridad no debe entenderse como una concesión, sino como un derecho que consolida la calidad democrática”.

Además, llamó a fortalecer una “agenda de justicia con enfoque de género”, tanto en la designación de jueces como en las políticas internas de los tribunales.

La convocatoria al panel había sido motorizada por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo, y se trató del segundo encuentro sobre el tema.

Se espera la convocatoria a una próxima reunión informativa, y el cronograma podría extenderse hasta después del receso de julio, por lo que un eventual dictamen podría llegar entre agosto y septiembre.

Si bien hay diversos proyectos, se destacan los del senador Juan Carlos Romero, que aspira elevar al número de miembros de cinco a nueve, y el de la senadora Mónica Silva, que busca llevar la integración a nueve, mientras el kirchnerismo reflotó un proyecto para que la composición del máximo tribunal ascienda a 15.

No obstante, días atrás, el senador y titular de la bancada peronista, José Mayans, sostuvo que en el PJ estarían dispuestos a acompañar la ampliación de la Corte Suprema a siete miembros, lo que coincidiría con la iniciativa de Romero.

En una jornada cargada de fervor político, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se dirigió a la militancia que se congregó en la Plaza de Mayo y en las inmediaciones de su domicilio en el barrio porteño de Constitución, en una movilización que rechazó la reciente ratificación de su condena por parte de la Corte Suprema. 

Impedida por la Justicia de salir al balcón para saludar a sus seguidores, Cristina no dudó en calificar la medida como “una cachivachada” y, a través de un mensaje grabado, reavivó la pasión peronista con un discurso que combinó nostalgia, crítica al presente y una promesa de futuro: “Vamos a volver”.

“Gracias de corazón”, comenzó la ex mandataria, visiblemente emocionada, al agradecer a los miles de militantes que, bajo el sol de otoño, entonaron consignas, la marcha peronista y el himno nacional. 

Pero fue la canción “Vamos a volver” la que, según confesó, le arrancó una sonrisa. “No la escuchaba hace mucho. Me gusta porque revela una voluntad”, aseguró, evocando un país que, según ella, no es una utopía inalcanzable, sino una realidad vivida durante los 12 años y medio de los gobiernos kirchneristas. 

“Un país donde los laburantes llegaban a fin de mes, los jubilados tenían remedios y dejamos a las familias, las empresas y al país desendeudados”, rememoró.

El mensaje, transmitido desde su “balcón virtual” debido a la prohibición judicial, no escatimó en críticas al actual gobierno de Javier Milei. Con su característica ironía, Cristina comparó el modelo económico actual con un “yogur” que tiene fecha de vencimiento.

“Este modelo, que ahora encarna Milei, no es diferente a los de otrora. Se cae, no solo porque es injusto, sino porque es insostenible desde lo económico”, sentenció, reforzando su narrativa de resistencia frente a lo que calificó como un sistema condenado al fracaso.

La movilización, que reune a organizaciones sociales, gremios y militantes del peronismo, fue un reflejo del poder de convocatoria que Cristina aún conserva, a pesar de los reveses judiciales. 

La Plaza de Mayo, escenario histórico de tantas batallas políticas, vibró con cánticos que recordaron los años de bonanza kirchnerista y con la esperanza de un retorno al poder. “Los he escuchado cantar, los he sentido cerca”, expresó la ex presidenta, quien no dudó en burlarse de la medida judicial que le impidió asomarse al balcón: “Dios, qué cachivaches que son”.

El Tribunal que debe resolver dónde quedará detenida Cristina Kirchner pidió a la Dirección Nacional de Migraciones que refuerce los controles para evitar que los condenados en la causa Vialidad, entre ellos la ex presidenta, puedan eventualmente salir de Argentina rumbo a algún país sin tratado de extradición, como Cuba.

Además, el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, rechazó el pedido de la defensa de la ex mandataria para suspender la ejecución de la condena hasta que se resuelva su pedido de prisión domiciliaria, si no se decide antes del fin del plazo de cinco días hábiles que se dio a los nueve condenados para presentarse "sin excepción" en Comodoro Py, informaron fuentes judiciales.

Sobre el tema viajes al exterior, el Tribunal libró oficio a Migraciones para que se refuercen controles, ya que, en otras causas judiciales hay antecedentes de imputados, como Fabián "Pepín" Rodríguez Simón que se radicó en Uruguay y pidió ser considerado perseguido político y no ser indagado en una causa que llevaba la jueza federal María Servini por un supuesto plan para presionar al grupo Indalo.

También está el precedente de Florencia Kirchner, quien viajó a Cuba -país sin tratado de extradición- cuando aún estaba imputada en la causa Hotesur, en la que luego fue sobreseída.

Gorini ratificó el plazo de cinco días para presentarse sin excepción y rechazó el pedido de Cristina Kirchner de dejarla permanecer en el departamento de Constitución donde vive con su hija hasta que se resuelva el planteo de prisión domiciliaria.

En ese aspecto, ya se dispuso un informe socio ambiental sobre la ex presidenta y el domicilio de San José 1111 y se dio vista de tres días al fiscal federal Diego Luciani para que opine.

Hasta el momento pidieron arresto domiciliario Cristina Kirchner, de 72 años, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti de 80 años, Lázaro Báez, quien ya está preso en cárcel común por la "ruta del dinero K", el ex secretario de Obra Pública José López y el ex funcionario de Vialidad Raúl Pavesi, por patologías médicas.

El Partido Justicialista defendió hoy a la ex presidenta y actual titular del partido, Cristina Kirchner, frente a la condena ratificada por la Corte Suprema a 6 años de prisión por la Causa Vialidad, y advirtió que se trata de un “acto político antidemocrático”.

A través de un comunicado, el PJ manifestó que es “un hecho de gravedad institucional”.

“Reviste un nivel inédito de gravedad institucional. No estamos frente a un fallo judicial, sino frente a un acto político de carácter antidemocrático. La democracia que hemos sabido construir en estos cuarenta años está sostenida en el firme principio del derecho ciudadano a ejercer libremente la soberanía popular”, expresó el partido.

A su vez, la fuerza presidida por Cristina Kirchner sostuvo que se trata de “ponerle voto al cepo popular”.

“Va contra los preceptos sobre los que fundamos nuestro país y nuestra Constitución”, expuso y añadió que es un hecho que “daña profundamente la credibilidad de las instituciones argentinas” y que “debe despertar” el repudio del resto de los partidos políticos.

Al respecto, agregó. “Nuestro partido conoce de proscripciones, detenciones ilegales, fusilamientos, bombardeos y desaparecidos. No será la primera vez que el poder económico de la Argentina intente resolver de manera ilegal, irregular y anticonstitucionalista su problema principal: el peronismo”.

Desde el partido indicaron que el peronismo se plantea ante los argentinos como “una alternativa a su modelo excluyente y fracasado”.

Por último, el PJ llamó a todos sus militantes  a “pelear” por “dejar atrás la Argentina de la proscripción”, al afirmar: “Convocamos a quienes creen que hay una alternativa a este modelo económico  y a todos los argentinos y argentinas que creen que en el derecho de nuestro pueblo a elegir sus representantes”.

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner quiere cumplir su condena a seis años de prisión en el departamento donde vive con su hija Florencia, con su custodia de siempre y sin tobillera electrónica, mientras que la fiscalía insiste en su inmediata detención.

En un escrito de 13 carillas que presentaron poco después de conocerse el fallo de la Corte Suprema los abogados de la actual presidenta del Partido Justicialista, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que evite el paso de Cristina por una alcaidía y disponga de manera directa el arresto domiciliario en San José 1111, donde vive ahora, informaron fuentes judiciales

El juez de ese Tribunal, Jorge Gorini, dio cinco días hábiles de plazo a todos los condenados para ir en persona a Comodoro Py y entregarse para quedar detenidos mientras que requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que busque lugares adecuados para el alojamiento hasta que se decidan los planteos de las partes.

Por su lado, los fiscales ante el Tribunal Diego Luciani y Sergio Mola firmaron un pedido de "inmediata detención" de la ex vicepresidenta porque consideran excesivo el plazo que se le dio para presentarse, teniendo en cuenta que hay un fin de semana y un feriado nacional en el medio.

Poco después ingresó el pedido de prisión domiciliaria de la defensa donde se alude a la edad de Cristina Kirchner, quien tiene 72 años, además de riesgos para su seguridad en base al atentado que sufrió en septiembre de 2022 y su condición de ex presidenta.

"En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria", sostuvieron sus abogados.

Dejarla presa en una cárcel común " de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, agregaron los letrados.

El eventual traslado a una cárcel de una ex vicepresidenta derivaría por necesidad de seguridad en un "régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal".

Por ello se pidió el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, considerando que tiene custodia las 24 horas y  es "completamente innecesario", aunque el uso de este dispositivo electrónico está previsto en la Ley de Ejecución Penal.

La expresidenta Cristina Kirchner atribuyó este martes el fallo en su contra por parte de la Corte Suprema a un “cepo al voto popular” y llamó a los sectores populares a organizarse para presentar una “alternativa” al gobierno de Javier Milei.

La exmandataria se dirigió a la militancia que se había reunido en las puertas del PJ para aguardar el fallo del máximo tribunal, que ratificó la condena a seis años de prisión en su contra por la "Causa Vialidad".

“Esta Argentina que estamos viviendo no deja de sorprendernos”, expresó Fernández de Kirchner, al apuntar que “al cepo del salario que ha puesto el Gobierno, el partido judicial le agrega el cepo al voto popular”.

También definió a la Corte Suprema como un “triunvirato de impresentables" y calificó a los jueces como "tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos, que nadie se confunda”.

Y sostuvo que en el peronismo están “los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se destrone”, en referencia al modelo económico de Milei.

“Esta tranquilidad de un dólar pisado y de miles de millones de dólares que siguen tomando prestados y que algún día habrá que devolver anuncia la crónica de una muerte final. Esto no tiene final feliz”, dijo desde el PJ.

“Me pueden meter presa, pero la gente pierde el trabajo y tiene salarios de miseria, y las jubilaciones van a seguir sin alcanzar”, advirtió, y atribuyó la condena en su contra a méritos de su gestión como haber logrado “la redistribución del ingreso más equitativa, porque eso es lo que nunca nos vana perdonar a los peronistas”.

Luego de que se conociera el fallo, sostuvo que iría “a su casa”, al advertir que en “no nos profugamos”, porque “eso hace la derecha mafiosa”.

“Los peronistas nos quedamos acá”, dijo y cuestionó así a periodistas que habían señalado que estaba “atrincherada” en el PJ, a quienes trató de “ensobrados de la derecha”, en un guiño a Milei, de quien señaló que “en algunas cosas tiene razón”, como sus cuestionamientos a cierto sector del periodismo.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión para la expresidenta, al rechazar por unanimidad los recursos presentados por la defensa de la exmandataria en la causa por irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien deberá cumplir la pena en prisión, probablemente domiciliaria.

El máximo tribunal de Justicia se reunió este martes a las 16 y resolvió por unanimidad el rechazo a la apelación presentada por la expresidenta en la causa vialidad. 

Es un proceso judicial que investigó irregularidades en la asignación de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Este caso, que culminó con la condena de la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ha sido uno de los más resonantes en la historia política reciente del país.

La “causa Vialidad”, como se popularizó, se centra en el direccionamiento de contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de empresas del empresario Lázaro Báez, amigo cercano de la familia Kirchner y propietario de Austral Construcciones.

Según la investigación, se adjudicaron de manera irregular 51 obras viales por más de 46 mil millones de pesos, con licitaciones manipuladas, sobreprecios, falta de controles y pagos por trabajos inconclusos o no realizados. La acusación sostiene que se montó una organización criminal desde el Poder Ejecutivo Nacional, liderada por Cristina Fernández, para desviar fondos públicos en beneficio de Báez.

El caso comenzó con una denuncia de Elisa Carrió en 2008, pero tomó impulso en 2016 tras una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) bajo la gestión de Javier Iguacel, que reveló irregularidades en la asignación de obras en Santa Cruz. La investigación determinó que el 80% de las obras viales en la provincia fueron adjudicadas a empresas de Báez, particularmente Austral Construcciones, en condiciones preferenciales.

En desarrollo.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, convocó a Ricardo Lorenzetti y a Carlos Rosenkrantz a una reunión a las 16, en el Palacio de Tribunales, con el objetivo de adoptar una decisión en el caso Vialidad, que tiene entre los condenados a Cristina Fernández de Kirchner.

Fuentes judiciales anticiparon al medio Infobae que Rosatti, en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el artículo 84 del Reglamento para la Justicia Nacional, convocó a sus pares con el objetivo de abordar el caso que tiene en vilo a la política argentina.

Esta decisión acelera los tiempos sobe una definición inmediata del caso, algo que en el plenario de esta mañana estaba en duda.

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión en el caso que investigó las obras viales concedidas al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. El fallo fue confirmado por la Cámara de Casación y ahora el máximo tribunal del país debe entender en las apelaciones presentadas por las partes.

Hasta ahora se especula con que la Corte finalmente rechazará los recursos y confirmará lo decidido por instancias inferiores.

Anoche, Cristina Kirchner encabezó un acto en el Partido Justicialista donde anticipó: “Estar presa es un certificado de dignidad”. Este martes, CFK volvió a la sede del PJ -que preside- para reunirse con legisladores de Unión por la Patria. En el acceso al histórico edificio, hay una gran cantidad de militantes esperando novedades de la Justicia.

Con la convocatoria del presidente de Rosatti a sus colegas para la reunión de hoy a las 16, el tribunal está en condiciones de confirmar la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos dictada contra la ex presidenta en la causa Vialidad. Aunque aún no se sabe el resultado de la reunión, todo indica que se confirmaría la sentencia.

En el plenario de esta mañana, la Corte trató el informe elaborado por el secretario penal de ese tribunal, Diego Seitún, donde recomienda rechazar los recursos de queja de todos los que apelaron el fallo de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad.

Dirigentes sindicales de distintos sectores advirtieron este domingo sobre la posibilidad de concretar un paro nacional en caso de que la Corte Suprema de Justicia ratifique el fallo a 6 años de prisión contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, al advertir sobre un supuesto "atentado contra la democracia".

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, sostuvo que no se desestima "ninguna medida de fuerza desde el movimiento obrero por estas intenciones de la Justicia, que hoy sigue profundizando la persecución política sobre Cristina".

Furlán consideró "grave lo que está sucediendo con el intento de la persecución política" porque, dijo, la Justicia está "atentando contra la democracia".

"Estamos convocados para este lunes en el PJ a las 15 para tratar de hacer un análisis pormenorizado del estado de situación. Vamos a movilizar a los compañeros para tratar de estar advertidos de una situación que es gravísima. Está en riesgo la democracia y aquellos compañeros que bajo las convicciones están liderando la representación de las masas populares”, afirmó en declaraciones radiales.

Por su parte, el secretario adjunto de Smata, Mario “Paco” Manrique, afirmó que "parece que hay gente que quiere acelerar los tiempos y lo que no pueden sostener en las urnas lo va a querer traccionar desde la Justicia".

“Eso nos tiene que poner en alerta a todos los argentinos y argentinas que se sientan identificados con Cristina y con el modelo que ella representa", afirmó el también diputado en declaraciones radiales, al advertir "no podemos dejar que la voluntad popular se proscriba por una Justicia totalmente cuestionada y que no puede fundamentar sus decisiones en cuestiones lógicas y jurídicamente sostenibles".

EL PJ ingresará este lunes en una semana clave ante la expectiva por un posible fallo de la Corte Suprema que ratifique la condena contra la ex presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

El ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, aseguró que existe una versión que indica que uno de los integrantes del máximo tribunal tiene dudas sobre fallar esta semana contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

En momentos en que se aguarda el martes con expectativa por una posible decisión de la Corte, Zaffaroni subrayó: "Hay una versión, también es radio pasillo, que uno de los miembros del triunvirato está en esa (dudar), que sería lo lógico, abrir la causa, revisarla".

"Creo que no es descartable el rumor de que uno de los tres... en fin, (Carlos) Rosenkrantz sería, que ha votado muy bien en otros temas nacionales", resaltó.

Señaló que cuando integraba el máximo tribunal y se "escapaba una información", lo que se hacía era "no confirmarla" y posponer el fallo para más adelante.

"Si se escapó una información, lo que siempre hacíamos era no confirmarla, la tirábamos para adelante, no creo que sea el martes (el fallo)", sostuvo Zaffaroni.

En declaraciones a Radio 10, señaló que cree que "sí la van a inhabilitar" a la ex mandataria y, si va presa, "la tendrán unos días, le darán domiciliaria y, si la quieren humillar un poco más, le pondrán una tobillera".

A su entender, la Corte debería revisar la causa Vialidad porque "no se trata de privilegio de la ex presidenta, se trata de que es una irregularidad que cualquier ciudadano argentino sea condenado en estas circunstancias".

"No creo que esto beneficie al régimen, alguno tendrá un poco de lucidez y dirá ´Déjenla competir y en una de esas le ganamos´. En la Casa de Gobierno puede haber alguien que en algún momento le funcionen dos neuronas, porque yo no creo que esto beneficie al gobierno", evaluó.

En tanto, aseguró que "la situación de la Corte es un escándalo, es el único en triunvirato en el mundo, es un disparate".

"No cuidan la imagen del tribunal y lo hacen públicamente, cosa que nunca ha sucedido", se quejó Zaffaroni.

El Consejo de la Magistratura de la Nación implementa una reforma trascendental en el sistema judicial federal con la incorporación de videos y transcripciones de audiencias orales en los expedientes digitales del sistema de gestión judicial LEX 100. Esta medida busca complementar la progresiva adopción del nuevo sistema acusatorio en Argentina.

La nueva funcionalidad permitirá que los usuarios visualicen los registros audiovisuales de las audiencias directamente desde los expedientes, sin la necesidad de descargar archivos o emplear aplicaciones externas. Esta innovación representa un avance significativo en el proceso de modernización del Poder Judicial de la Nación.

El área de Desarrollo del Consejo, bajo la dirección de Francisco Perrone, y la Dirección General de Tecnología, liderada por Hernán Rondinella, se encargaron del desarrollo técnico de esta herramienta. Esta misma área fue responsable del lanzamiento de un asistente virtual basado en inteligencia artificial y actualmente trabaja en otros proyectos con esta tecnología, orientados a operadores judiciales y litigantes.

El sistema acusatorio federal, que inició su implementación en 2019 en Salta y Jujuy, y se reactivó en 2024 en jurisdicciones como Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia, tiene prevista su próxima puesta en marcha en la Ciudad de Buenos Aires a partir del 11 de agosto. En este modelo, la oralidad desempeña un papel central, por lo que la posibilidad de registrar y consultar las audiencias en formato de video adquiere una importancia particular.

Las modificaciones en el LEX 100, que se espera que entren en vigencia en agosto, también contemplan una futura etapa que incorporará herramientas de inteligencia artificial para generar transcripciones automáticas de los videos.

La iniciativa encuadra en el plan de modernización que incluye la digitalización de procesos, el fortalecimiento de la infraestructura y la mejora de los recursos informáticos del sistema judicial. Dicho plan se nutre de los lineamientos y proyecto tomados por el presidente de la Corte y el Consejo, Horacio Rosatti, y miembros del organismo: los jueces Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetevaña, Alejandra Provítola, Alberto Lugones; los abogados Jimena De la Torre, María Fernanda Vazquez, Alberto Maques y Cesar Grau; los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit; los legisladores Luis Juez, Álvaro González, Roxana Reyes, Eduardo Vischi, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara; y el representante del Poder Ejecutivo Sebastián Amerio.

Fuentes judiciales resaltaron que la digitalización de las audiencias es un progreso fundamental para lograr un sistema de justicia más accesible, transparente y eficiente.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó in limine por unanimidad la recusación presentada por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el juez Ricardo Lorenzetti, en el marco de la causa CFP 5048/2016 sobre incidente de recurso extraordinario. El máximo tribunal, con el voto de sus tres miembros -Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y el propio Lorenzetti-, consideró que el planteo fue presentado fuera de los plazos procesales y carece de fundamentos jurídicos suficientes.

La recusación había sido promovida el pasado 5 de mayo, invocando como causal una supuesta falta de imparcialidad del magistrado, basada en notas periodísticas, disidencias en fallos del tribunal, declaraciones televisivas del juez y una denuncia realizada en el Senado por la senadora Anabel Fernández Sagasti. Según los abogados defensores, el comportamiento de Lorenzetti vulneraría los principios de imparcialidad judicial establecidos en los Principios de Bangalore y en precedentes jurisprudenciales como el caso “Llerena”.

Sin embargo, la Corte evaluó que la mayoría de los hechos alegados ya eran conocidos con anterioridad a la presentación del recurso extraordinario del 13 de febrero, y por tanto debieron haberse planteado en ese momento. En cuanto a las declaraciones posteriores —como una entrevista dada por Lorenzetti el 1° de mayo, donde afirmó que la Corte debía resolver con prontitud antes de las elecciones—, el tribunal concluyó que no constituían una causal objetiva ni comprobable de recusación.

“El planteo no fue realizado en tiempo oportuno y no cumple con la fundamentación exigida por la ley”, subrayó la Corte, que también remarcó que la defensa no ofreció pruebas para sostener las acusaciones ni invocó causal específica prevista por el Código Procesal Penal.

Finalmente, el fallo enfatiza que las recusaciones contra miembros de la Corte deben interpretarse de forma restrictiva, ya que su aceptación podría afectar la garantía del juez natural y el normal funcionamiento del máximo tribunal del país.