A pesar de la disminución en el valor de los automóviles en el mercado, el precio de las pólizas de seguro no deja de aumentar, una situación que generó incertidumbre en los conductores. Así lo aseguró el director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), Daniel Salazar, quien explicó que el costo del seguro no solo depende del valor del vehículo, sino también de otros factores que se encarecieron notablemente.

Salazar mencionó tres factores principales que impulsaron el aumento de las primas: el incremento de los robos, que obligan a las aseguradoras a cubrir más siniestros; el aumento de la litigiosidad y el monto de las indemnizaciones en casos de responsabilidad civil; y la dificultad para conseguir repuestos, cuyos precios subieron más que los de los autos 0km. “Con la prima, con el precio del seguro, lo que se hace es un fondo para pagar siniestros”, detalló Salazar en diálogo con Radio Rivadavia. 

Y agregó: “Si a mí me roban un auto de 1 millón de pesos, voy a pagar un millón de pesos como asegurador. Si roban un auto de 10 millones, pagaré 10 millones y así sucesivamente. Ahora, en los casos de responsabilidad civil, cuanto más aumenta la litigiosidad y cuanto más aumentan las sentencias de los casos de responsabilidad civil, tengo que aumentar el seguro”.

En medio de esta situación, el sector de seguros se enfrentó a un panorama complejo. El director ejecutivo de la ADEAA confirmó que dos compañías importantes, Orbis y La Nueva, atraviesan por una situación crítica. Mientras la primera se encuentra en "etapa de autoliquidación", la segunda está "en la situación de inhibición y prohibición de emitir pólizas". El especialista aclaró que esta crisis particular está ligada a un mercado en retroceso, como el de los taxis y los remises, y no a una crisis generalizada en todo el sector.

Por último, para hacer frente al aumento de las primas, entre el 50% y 60% de los asegurados optó por contratar coberturas más económicas para reducir costos. Al respecto, Salazar expresó que es "notable la baja de la gente que tenía seguros más altos" y que ahora eligen pólizas más limitadas.

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La crisis desatada a partir del desfasaje producido por el alza indiscriminada de los costos de mantenimiento y el escaso ingreso que se genera en la aplicación del mecanismo establecido entre las obras sociales, mutuales y prepagas y las clínicas y sanatorios ha puesto en jaque a todo el sistema de salud y amenaza con extenderse hacia otros servicios como son las empresas de emergencias médicas y ambulancias.

En este caso, al igual que lo que ya ocurre en clínicas y sanatorios, las emergencias médicas están a punto de sumarse a aquellos sectores de la salud que están solicitando el pago de una suma extra a sus afiliados para la prestación de algunos de sus servicios. El motivo que los llevó a tomar esta decisión sería por la demora de los pagos de las obras sociales y las prepagas.

Entre otros, este pedido estaría dirigido a las prestaciones de consulta médica en las bases y el denominado código verde. En este grupo se engloban los cuadros clínicos sin necesidad de rapidez en su acción. No forma parte de la atención específica del servicio de emergencia, es el tercer nivel de prioridad de despacho y no está cubierta por la ART.

En los últimos días, los miembros de la Cámara de Empresas de Emergencias del Interior de la provincia de Córdoba (Ceeicba) se reunieron en la sede del Centro Médico de San Francisco para analizar la problemática por la que están atravesando, así como también la posible adopción de medidas destinadas a paliar la crisis del sector.

Esta cámara está integrada por empresas dedicadas a brindar servicios de emergencia prehospitalaria en la provincia de Córdoba. Está integrada por más de 30 empresas de emergencias médicas que cuentan con bases operativas distribuidas en todo el interior de la provincia de Córdoba. En conjunto brindan cobertura a más de 170.000 habitantes, emplean más de 1200 personas entre profesionales de la salud, médicos, paramédicos, administrativos, entre otros.

El presidente de la Ceeicba, Diego Lahournere, en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO confirmó la delicada realidad de las empresas de servicios de emergencias médicas, entre lo cual reconoció que “estamos atravesando por la misma situación que enfrenta la salud en general” luego de lo cual calificó de “terrorífico” el desfinanciamiento del sector, a partir de lo cual “los pacientes son quienes terminan soportando todos los aumentos”.

“Hoy el financiamiento de la salud está totalmente desfasado porque los aumentos que se aplican en el servicio no llegan a cubrir los costos que se generan”, destacó para lo cual, a partir de esta situación “los afiliados están sufriendo aumentos permanentes en sus cuotas de manera directa y a su vez las distintas obras sociales y prepagas no trasladan los aumentos a los servicios de emergencia lo cual genera el desfasaje por el que estamos atravesando”.

El entrevistado luego resaltó que por efecto de la inflación “los costos se triplican mes a mes” lo que lleva a que “nos encontramos en una situación crítica”.

Para intentar salir de este panorama de crisis, Lahournere consideró necesario que “el sector pueda empezar a posicionarse dentro de las políticas de salud de los gobiernos. Hoy el prehospitalario no está incluido en esa preocupación al igual que el resto de los distintos componentes del sistema de salud”.

Ante esto dijo que “en algún momento” las empresas de servicios de emergencias médicas “vamos a tener que aplicar un coseguro a algunas prestaciones” porque “es imposible soportar los aumentos y el permanente incremento en el costo de vida, sobre todo en lo que se refiere al costo en salud”. 

“Se está evaluando” la aplicación de coseguros “en los códigos verdes y la consultas a través de los servicios de emergencias”, sobre todo en “todo el interior de la provincia de Córdoba”.

Luego expresó que “la idea apunta a aplicar el coseguro a los afiliados porque, al haber coseguros en el resto de los servicios de salud, se traslada la consulta a los servicios de emergencia aumentando las prestaciones y los costos. En algún momento vamos a tener que trasladar coseguros a las prestaciones de consultas médicas, tanto en las bases como en los domicilios”.

"Hoy el financiamiento de la salud está totalmente desfasado porque los aumentos que se aplican en el servicio no llegan a cubrir los costos que se generan”.

Si bien aún no se ha evaluado cuál sería el monto del coseguro a aplicar, dijo que “de todas maneras ya se está pensando en su aplicación”.

“Normalmente la Superintendencia de Salud aplica coseguros que se pueden cobrar en el prehospitalario. Nos acomodaremos a eso para estar dentro de las normativas vigentes” explicó para luego indicar que “esto se va a aplicar en todo el interior de la provincia de Córdoba” como el sector “más perjudicado” porque “tiene convenios a través de gerenciadoras donde la proyección de los aumentos no es la ideal y esto hace que se encuentre atravesando por una profunda crisis”.

Atento a la situación por la que atraviesan las empresas, Lahourneré afirmó que “habrá traslado de coseguros a las atenciones de consultas médicas en los servicios de emergencias a pesar de que muchos son afiliados individuales mientras que otros lo son por convenio”.

En este contexto agregó que las empresas que prestan estos servicios “estamos soportando un costo muy importante que lleva a terminar como las clínicas y sanatorios donde se están produciendo cierres en el interior provincial. Si esto no se acomoda, indudablemente traerá aparejado el cierre del prehospitalario como primer eslabón de la atención médica”.

El conflicto en el sistema de la medicina privada se aceleró a partir de que más de 30 sociedades médicas decidieron empezar a cobrar unilateralmente un bono a sus pacientes para que el total de la prestación que brindan llegue a los 6 mil pesos.

Es decir que, en función de lo que la prepaga o la obra social les pague hoy a los profesionales en concepto de honorarios, variará el monto del copago que deba pagar el afiliado. Conocida la medida, hubo un llamativo silencio inicial de las partes involucradas.

La decisión ocurrió en plena crisis de financiamiento del sector, desde donde argumentan que el gobierno les pisó el arancel que les cobran a los afiliados mientras que los costos que enfrentan, producto de la suba del dólar y la inflación, son cada vez mayores.

Ni desde la principal cámara que aglutina a la mayoría de las prepagas del país, ni desde el gobierno a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, habían dicho hasta ahora alguna palabra oficial al respecto. Algunas fuentes sólo se habían limitado a hablar informalmente y ninguno quiso arriesgar más que eso.

Se puede reclamar ante la obra social o prepaga para conseguir el reintegro del dinero abonado y en otra instancia, recurrir a la justicia si el afiliado no recibe una respuesta favorable. 

En medio de este conflicto que envuelve a entidades médicas por un lado y clínicas y sanatorios por otro se encuentran los usuarios de los servicios de prepagas y obras sociales que deben enfrentar esta nueva realidad que marca una creciente incertidumbre acerca del presente de la atención médica.

Dentro de esta situación cabe determinar qué rol ejerce la Justicia en torno a este conflicto y, dentro del mismo, qué alternativas tienen los usuarios de prepagas y obras sociales para hacer valer sus derechos ante el avance de clínicas y sanatorios por el cobro de copagos adicionales a los tradicionales aportes mensuales.

En este contexto, LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con el defensor público federal de San Francisco, Esteban Lozada, quien brindó un detallado panorama acerca de las alternativas a seguir.

¿En qué situación están paradas las prepagas o mutuales y las clínicas en torno a este conflicto que hoy envuelve al sistema de salud?

Los copagos y extras pueden existir, siempre y cuando sean legales, estén blanqueados y en este caso, para las obras sociales formen parte de un convenio y en el caso de las prepagas, del contrato que el afiliado suscribe con la empresa.

¿Esto quiere decir que al momento de adherirse a una obra social o prepaga el afiliado si no es informado acerca de la posibilidad de la inclusión de algún copago o suma adicional al aporte mensual está exento del pago del mismo?

Claro, porque están cobrando algo que no corresponde. De todas maneras, puede ocurrir algún replanteo de convenio o un nuevo contrato que tendría efectos en afiliados. En ese caso, a partir de una determinada fecha se le informa acerca de que en determinado momento se tiene que empezar a pagar un extra. Esta suma debe entenderse como parte de la cuota. Ahora bien, esto no sucede porque el sistema está muy frágil y quizá deberían tomarse otras resoluciones y al no hacerlo, se apela a esta medida más sencilla, de ir a cobrarle al afiliado/paciente y solucionan el cobro de un extra para alivianar el rojo de las cajas.

¿Cuál sería la solución para este problema?

La verdadera solución es que los honorarios se renegocien y ordenen de acuerdo a la situación económica. Sin embargo, se apela a la alternativa que el sector tiene más a mano que es rápidamente decirles a las secretarias de los distintos prestadores que empiecen a cobrar un ‘extra’ para equilibrar la desvalorización de la suma pactada originalmente. Lamentablemente, dentro de este conflicto el que ocupa el lugar más débil de la relación es el paciente afiliado ya que si se niega a abonar esa suma adicional, se arriesga a quedarse sin la prestación médica.

¿El hecho de que un médico haya firmado oportunamente un convenio que lo convierte en prestador de su servicio a afiliados de las empresas prepagas no obliga a ese profesional a atender a los pacientes, más allá del efecto que la inflación causa en sus ingresos?

Sí. Lo que sucede es que a veces la situación se rompe por el costado más débil. En este caso, no hay una relación bilateral entre médico y paciente, sino que estamos hablando de algo más complejo que además de médicos y pacientes involucra a clínicas y sanatorios, entidades profesionales, etc. En este contexto, el médico a veces es un empleado que no percibe en forma directa ese honorario que el afiliado le reclama que le cobre. Frente a esto, el verdadero prestador que le obliga al empleado a dar el servicio es la clínica o sanatorio que convino con la obra social o prepaga brindar un servicio. Y la relación más débil la tiene primero el afiliado paciente y quizá el siguiente es el propio médico que no se sienta a pactar con obras sociales y prepagas los valores y modalidades.

¿Dentro del sistema legal existe algún mecanismo al que pueda acudir una persona que se sienta afectada por el cobro de una suma adicional para recibir una prestación médica?

Como Defensoría Pública nos preocupan aquellos afiliados o pacientes más débiles, que no tienen otra salida y necesitan que ese médico, único al que pueden recurrir porque su obra social o prepaga le ofrece, los pueda atender. En este caso, vemos dos alternativas que podrían aplicarse. Una de ellas es abonar el copago y solicitar un comprobante o recibo legal para llevarlo a la obra social o prepaga y solicitar su reintegro argumentando que por el cobro de un extra que no corresponde la prepaga u obra social deberá cubrir dicho gasto. Si la obra social no acepta efectuar ese reintegro, se puede judicializar. Como segunda opción se puede acudir previamente a la Justicia y solicitar un amparo intentando obligar a la obra social o prepaga brindar esa prestación que uno no pudo obtener. 

Frente a este escenario, el funcionario judicial plantó “dos alternativas: abonar el copago y solicitar un comprobante o recibo legal para reclamar el reintegro y si la obra social no acepta devolverlo, se puede judicializar el caso. Otra opción es acudir previamente a la Justicia y solicitar un amparo intentando obligar a la obra social o prepaga brindar esa prestación que uno no pudo obtener”. 

¿Comenzaron a generarse algunos pedidos de amparo buscando protegerse de la aplicación del cobro de plus?

Hasta el momento yo no he recibido ninguno. Creo que la necesidad de la urgencia de una atención médica a veces juega en contra de la solicitud de estos amparos. Pese a ello, debo afirmar que estos procedimientos son muy rápidos de ejecutar. En realidad, todo depende del monto del coseguro a cobrar ya que cuando se trata de sumas accesibles la gente tiende a pagarlos, pero cuando quieren un comprobante, a veces no lo consiguen y no quieren tomarse el trabajo de reclamarlo o denunciarlo pese a que podrían hacerlo.

¿Qué puede sugerir usted ante todo esto?

Que la persona que no puede afrontar ese coseguro se dirija a reclamar a su obra social o prepaga. Si la urgencia no le deja otras opciones, que pida el recibo o factura para respaldar que tuvo que pagar esa suma solicitada y con eso solicite el recupero en la obra social o prepaga. Si no logra ese reintegro, es aconsejable que acuda a la Justicia para solicitar el recupero del dinero abonado. Esto se hace por medio de un procedimiento conocido como repetición, es decir, una acción rápida en la que uno prueba que bajo ciertas circunstancias tuvo que salir a proveerse de un servicio que su obra social o prepaga no le quiso brindar por alguna razón y por eso pide un reembolso para acreditar que eso debía haberlo cubierto el que no lo pagó.

¿Cómo deben actuar aquellas personas que, habiendo realizado los distintos pasos para evitar la solicitud del cobro del coseguro y no obtuvieron respuesta?

Deben acudir a la Defensoría Pública Federal, en este caso ubicada en calle Cabrera 2182 en nuestra ciudad, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30. Pueden hacerlo de manera presencial o bien telefónicamente llamando al 03564-420100/498999, por Whatsapp al 3564-306058 y ante alguna urgencia pueden comunicarse a mi teléfono personal 3564-657366.