La Justicia de San Francisco condenó a dos de los acusados por el crimen de Diego Alejandro Cavalo, el hombre de 32 años asesinado en junio de 2024 en la ciudad de Arroyito, tras una madrugada marcada por amenazas, peleas y disparos en distintos sectores de esa localidad.

El juicio se desarrolló en la Cámara del Crimen de Tribunales de San Francisco y culminó con penas de 22 años de prisión para Daniel Alberto Almada y de 19 años para Jessica Reta, ambos encontrados responsables del homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Además, Sabrina Marlene Ruiz Díaz fue condenada a una pena de ejecución condicional por falso testimonio.

De acuerdo con la acusación, el episodio fatal ocurrió durante la madrugada del 23 de junio de 2024. Cavalo circulaba en un Chevrolet Corsa acompañado por otras personas cuando se produjo un cruce con los ahora condenados, quienes se movilizaban en una camioneta Amarok y una motocicleta.

La investigación sostuvo que previamente se habían registrado amenazas, intimidaciones y enfrentamientos en distintos puntos de Arroyito, entre ellos un boliche y la terminal de ómnibus. Según testigos, la camioneta cruzó un semáforo en rojo e impactó contra el automóvil de la víctima, lo que derivó en una discusión.

En ese contexto, Almada descendió armado con una pistola calibre 9 milímetros y efectuó varios disparos. Uno de ellos impactó en Cavalo y le provocó graves lesiones internas que terminaron causándole la muerte. La autopsia determinó que el disparo fue realizado a corta distancia.

Durante el juicio, tanto Almada como Reta reconocieron haber participado en los hechos. Él admitió haber portado un arma durante la noche, mientras que ella declaró que pensó que los disparos habían sido efectuados al aire y negó haber tenido intención homicida.

Sin embargo, las pericias psicológicas incorporadas a la causa concluyeron que ambos actuaron con plena capacidad de comprensión y con una conducta “impulsiva y premeditada”. Los informes también señalaron que no existían alteraciones psicopatológicas y que la agresión fue ejecutada con intención de matar.

La fiscalía sostuvo que la secuencia de violencia quedó registrada en cámaras de seguridad y que los hechos se extendieron durante varias horas hasta culminar con el asesinato de Cavalo, quien alcanzó a conducir herido hasta llegar a La Tordilla, donde finalmente murió.

El impacto fue inmediato. La noticia de un joven que mató a otro dentro de una escuela secundaria en San Cristóbal generó conmoción, preguntas y temor en toda la comunidad educativa. Pero, como advierten los especialistas, el verdadero desafío no está en el hecho en sí, sino en lo que viene después: cómo se interpreta, cómo se aborda y, sobre todo, cómo se previene.

“Estos episodios no ocurren de un día para el otro. Están determinados por múltiples factores que no fueron detectados ni abordados a tiempo”, explicó la licenciada en Psicopedagogía Eliana Filippa (MP: P-12-3269).

Con más de una década de trabajo en consultorio y una sólida experiencia en instituciones educativas de Brinkmann y Devoto, Filippa aportó una mirada que combina lo clínico con lo territorial. Y desde ese lugar, fue contundente: el foco debe estar en la prevención.

Desde esa perspectiva, la clave está en cambiar el enfoque: dejar de lado el morbo o la búsqueda de culpables para poner el foco en la prevención y el acompañamiento.

Uno de los primeros puntos que la especialista planteó fue la necesidad de entender a la escuela como parte de un “entramado mayor”. “Cuando hablamos de escuela, hablamos de comunidad educativa: familia, Estado y docentes. No se puede pensar que la responsabilidad recae solo en el docente”, señaló.

En ese sentido, remarcó la importancia de contar con equipos de orientación escolar en todas las instituciones, no como acciones aisladas o superficiales, sino como políticas sostenidas en el tiempo. “No alcanza con un taller ocasional. Se necesitan planes de acción reales, con presencia profesional constante”, sostuvo.

La escuela, entonces, es un espacio privilegiado para detectar señales, pero necesita de una red que acompañe y sostenga esas intervenciones.

Uno de los aportes centrales de la entrevista tiene que ver con la detección temprana de señales de alerta. La licenciada fue clara: no se trata de alarmarse, sino de estar atentos.

“Cambios bruscos en la conducta, aislamiento, alteraciones en el sueño o el apetito, falta de motivación o rechazo a la escuela son indicadores que deben observarse”, explicó.

Sin embargo, hizo una aclaración clave: “No hablamos de un mal día. Son conductas que se sostienen en el tiempo y que nos están diciendo que algo pasa”.

En ese sentido, los adolescentes muchas veces no expresan lo que sienten de manera directa, pero su comportamiento funciona como una forma de comunicación. El silencio, incluso, también puede ser un mensaje.

Frente a estas señales, el rol de la familia es fundamental. Pero no desde la presión o el interrogatorio, sino desde la disponibilidad.

“Lo importante es escuchar sin juzgar, no ir al reto inmediato. Si el adolescente siente que va a ser juzgado, se va a cerrar”, explicó la profesional.

Generar espacios de diálogo, respetar los tiempos y habilitar momentos cotidianos —como una caminata o una actividad compartida— puede facilitar la apertura.

“Quizás no es en ese momento donde va a hablar, pero es clave que sepa que el adulto está disponible”, agregó.

Otro aspecto central es el trabajo articulado entre familia, escuela y profesionales. Filippa advirtió sobre un error frecuente: delegar completamente la situación en un especialista.

“El trabajo tiene que ser en red. Cuando un actor responsabiliza al otro, el que pierde es el adolescente, porque se debilita la capacidad de intervención”, sostuvo.

La consulta profesional es necesaria cuando las señales se sostienen en el tiempo y afectan la vida cotidiana, pero siempre debe estar acompañada por el compromiso del entorno.

En contextos como el actual, donde la información circula rápidamente y muchas veces de forma fragmentada, surge otra pregunta: ¿hay que hablar de estos temas con los chicos?

La respuesta es sí, pero con cuidado. “No se trata de repetir los detalles del hecho como si fuera un noticiero, sino de generar espacios de reflexión”, explicó Filippa.

En ese sentido, recomendó trabajar desde lo que se conoce como “primeros auxilios psicológicos”: acompañar, escuchar, contener y orientar.

“La presencia de un adulto que transmite calma ya es una forma de contención”, afirmó.

También es importante evitar discursos que legitimen la violencia como respuesta. “Nunca se justifica lo que ocurrió, pero sí hay que comprender que había un malestar que no fue leído a tiempo”, señaló.

Lejos de instalar miedo, la especialista insistió en un mensaje claro: la prevención es posible. “No todo cambio implica algo grave, pero sí nos da la oportunidad de intervenir”, explicó.

Ese es, quizás, el principal aprendizaje que deja este tipo de hechos. Que detrás de cada situación extrema hubo señales, contextos y oportunidades que no se supieron leer a tiempo.

Y que, frente a eso, la respuesta no puede ser el silencio ni el señalamiento, sino la construcción de una red que acompañe, escuche y actúe.

Porque prevenir no es anticipar lo peor, sino estar presentes antes de que sea tarde.

A Fernanda Gallegos el tiempo no le hace mella. A casi seis años del crimen de su hermano, Leonardo, los días siguen pasando, pero ella permanece anclada en la misma escena. Hay mañanas en las que se levanta, hace su rutina, sale, trabaja, se ocupa de sus hijos y de sus nietos. Y, sin embargo, todo vuelve siempre al mismo punto. “Yo estoy ahí todavía y no puedo salir”, destacó en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO. Ahí, en ese día de 2020 que partió su vida en dos y dejó a su familia rota para siempre.

Habla con mucha tristeza y cada palabra pesa. No necesita buscar frases: el dolor está incorporado a su forma de vivir desde ese día. Para Fernanda, no hubo un después que ordenara el caos ni un tiempo que acomodara las cosas. Hubo, apenas, una manera de aprender a convivir con la falta.

Ese jueves empezó como tantos otros. En plena pandemia, Fernanda había ido por la mañana a la casa de sus padres. Tomaron mate juntos. Estaban Leo, su mamá, su papá y ella. Una escena mínima, cotidiana, que hoy recuerda con una nitidez dolorosa. Horas más tarde, ya en su casa, el teléfono sonó. Del otro lado, la voz de su madre le dijo que a su hermano le habían disparado. “No me alcanzaba el tiempo para llegar”, recordó. Cuando lo hizo, la casa estaba rodeada de gente y Leo yacía herido en el suelo, una imagen que hoy en día la persigue y que no puede borrar de su cabeza.

Leo Gallegos fue trasladado primero al Hospital Iturraspe y luego derivado a Córdoba, debido a la gravedad de su estado. Falleció cuatro días después. Tenía 48 años y Dj. Dos disparos —uno en el tórax y otro en la boca— terminaron con la vida de un hombre al que los testigos definieron como respetuoso, ajeno a los conflictos y muy querido en Frontera.

El ataque ocurrió la noche del 23 de abril de 2020, cuando un agresor llegó hasta la vivienda familiar, golpeó la ventana, preguntó por Leo y, cuando salió, le disparó. El atacante huyó en una motocicleta conducida por un cómplice. Por el crimen fue condenado en 2023 Claudio “Tatín” Gudiño, quien recibió una pena de 25 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La familia de la víctima continúa reclamando que la Justicia identifique y detenga al segundo involucrado, que nunca fue encontrado.

“Hasta el día de hoy me pregunto por qué, no hay un momento del día en el que no lo piense”, manifestó Fernanda. Leo era su único hermano. “No se lo merecía, para nada. Lo voy a decir toda mi vida”, afirmó, convencida de que no hubo explicación posible para tanta violencia.

Durante los días de internación hay una imagen que la acompaña desde entonces. “Él lloraba e intentaba decirme algo, pero nunca supe qué. Nunca supe qué me quiso decir”, recuerda. Ese gesto inconcluso, esas palabras que no llegaron, quedaron suspendidas para siempre y forman parte de un duelo atravesado por silencios imposibles de llenar.

El juicio fue otro proceso doloroso. Durante dos semanas, Fernanda viajó todos los días a Rafaela. “Jamás lo miré. Lo tenía al costado y nunca lo miré”, dice sobre el condenado. La sentencia le trajo un alivio breve. “Ese día sentí tranquilidad, pero no te sana en nada. Nadie me devuelve a mi hermano”, explicó, marcando la distancia entre la respuesta judicial y el vacío emocional.

El impacto del crimen fue devastador para toda la familia. “Quedamos destruidos”, resume. Poco tiempo después, Fernanda perdió a su padre, quien murió de “tristeza”, según ella contó. “Mi viejo dejó de hablar, de hacer cosas. Vos lo mirabas y estaba como en una nube”, agregó. La muerte de Leo no fue un hecho aislado: fue el inicio de una cadena de pérdidas que terminó de quebrar a su núcleo más cercano.

Su madre, cuenta, sigue adelante como puede, cargando duelos superpuestos. Entre ellas, el tema se volvió difícil de abordar. “Yo no lo hablo con ella”, admite Fernanda. Hay dolores que se comparten y otros que se guardan, incluso dentro de la misma familia, como una forma de protegerse.

Leo tenía un vínculo muy fuerte con sus sobrinos. Era el padrino de Stefanía, la hija de Fernanda, y estaba presente de manera constante en la vida familiar. “Nos veíamos todos los días. A veces dos veces en el día”, recuerda. Almuerzos compartidos, mates por la tarde, viajes cortos en la camioneta: escenas simples que hoy se transformaron en ausencia.Ese lazo cotidiano explica por qué el recuerdo no se diluye. “No hay un solo día que no me acuerde de él”, dice. Aunque trabaja y mantiene su rutina, el pensamiento vuelve siempre al mismo lugar. El dolor, con los años, no desapareció: se volvió parte de su identidad.

El cementerio es un límite que no puede cruzar. Fue una sola vez, el día que terminó el juicio. “Tuve la necesidad de ir, pero me ahogaba, me faltaba el aire en ese lugar, ver la foto de mi hermano en una tumba es una sensación horrible”, explicó. Volvió sola, sin avisarle a nadie, como si fuera una necesidad íntima e inexplicable. Desde entonces, no regresó.También siente que, con el paso del tiempo, el caso fue perdiendo visibilidad pública. “Yo pienso que sí, que se olvidó, pero no culpo a nadie, el tiempo avanza”, dice. No lo expresa como reproche, sino como una constatación dolorosa de cómo las tragedias, aun las más profundas, se van corriendo del centro de la escena.

Fernanda intentó hacer terapia, pero no encontró alivio. “No creo que sane nunca, puedo pasar momentos lindos, pero nos destruyeron la vida”, agregó. Aprendió a seguir, pero no a cerrar. El duelo, en su caso, no tuvo etapas ni final.En ese recorrido encontró contención en su prima Rosa Gallegos, madre de Cristian Robledo, asesinado en 2019 tras una brutal golpiza en una cancha de fútbol. Rosa, que conmovió al país al perdonar públicamente a los asesinos de su hijo, falleció en 2025. “Hablábamos todos los días. Ella sabía exactamente lo que se sentía”, recuerda Fernanda, marcando la importancia de ese acompañamiento entre personas atravesadas por pérdidas similares.

Ese gesto de perdón nunca fue una opción para ella. “Yo no podría perdonar jamás al asesino de mi hermano”, afirmó. No hay juicio moral en su mirada, solo una diferencia profunda en la manera de enfrentar el dolor.Si pudiera tener cinco minutos con Leo, Fernanda no duda. “Que no se vaya nunca. Que se quede acá conmigo”, destacó. No siente necesidad de explicarle cuánto lo extraña. “Él lo sabe. Es todos los días”, añadió. En su casa, una foto grande de su hermano recibe a quienes entran, como una presencia permanente.

Cuando la gente se acerca y habla bien de Leo, el dolor se mezcla con orgullo. “Me dicen cosas tan lindas… no me gustaría que fuera de esta forma, pero sí, me hablan muy lindo de él”, concluyó.

A casi seis años del crimen, para Fernanda Gallegos el tiempo no cura. Apenas enseña a convivir con una ausencia que sigue doliendo como el primer día.

Al cumplirse seis años del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa, sus padres, Graciela Sosa y Silvino Báez, encabezaron este domingo una emotiva misa en la parroquia Santísimo Redentor del barrio porteño de Recoleta. 

Rodeados de familiares, amigos y ciudadanos que se acercaron a brindar su apoyo, la ceremonia se se llevó a cabo en medio de una fuerte emotividad. 

Fernando, que tenía 18 años al momento del ataque, fue asesinado a golpes a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, el 18 de enero de 2020. 

El caso, que conmocionó al país y marcó un antes y un después en el debate sobre la violencia juvenil y el rol de los grupos de rugbiers, continúa siendo una herida abierta para la sociedad argentina.

La misa, celebrada en una parroquia colmada, mantuvo un clima de profundo respeto. Graciela y Silvino, quienes se han convertido en símbolos de resiliencia, agradecieron el acompañamiento constante de la gente.

Aunque la justicia ya dictó sentencias para los ocho culpables, la familia insiste en que el recuerdo de Fernando sirva para que "ningún otro joven pase por lo mismo".

Vecinos de Recoleta y jóvenes de la misma edad que tendría Fernando hoy se sumaron a la oración, portando carteles con el rostro de la víctima.

A seis años del crimen, la situación procesal de los condenados se encuentra en una etapa de revisión de recursos, tras las sentencias de prisión perpetua para cinco de ellos y de 15 años para los tres restantes.

Al finalizar la ceremonia religiosa, los presentes realizaron un minuto de silencio en las escalinatas de la parroquia. 

Graciela Sosa, visiblemente emocionada, cerró el acto con unas breves palabras: "Fernando era un chico con sueños y nos lo arrebataron. Solo pedimos que no lo olviden". 

El homenaje concluyó con el encendido de velas y la colocación de flores blancas en memoria del joven.

El crimen de Camila Merlo, la joven hallada descuartizada en el barrio General Urquiza de la ciudad de Córdoba en noviembre de 2025, tuvo en las últimas horas un avance clave con la detención de un sospechoso. Lo confirmó este viernes por la mañana el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

Según confirmaron fuentes policiales, el arresto se concretó tras "largas horas de pesquisas investigativas" en la zona noroeste de la capital provincial. Por el momento, no se informó la identidad del detenido ni el rol específico que habría tenido en el homicidio.

La causa es investigada por la fiscal Eugenia Pérez Moreno, quien continúa reuniendo pruebas para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, los restos de la víctima, de 26 años, fueron encontrados en dos momentos distintos. El primer hallazgo ocurrió en Andalucía al 3.000 cuando un perro llevó hasta una vivienda una bolsa que contenía un muslo humano. 

Posteriormente, aparecieron nuevas bolsas con restos en un zanjón cercano, lo que permitió confirmar la identidad de la joven y la gravedad del crimen. La investigación permanece en curso y no se descartan nuevas detenciones.

Quinteros ofreció una conferencia de prensa en el lugar. Afirmó que "en la primera parte de la investigación el acusado estaría vinculado" y que será la fiscal Pérez Moreno quien determine la participación exacta de este detenido en el caso. 

La conmoción que generó el hallazgo de los restos de Camila el 16 de noviembre del año pasado llevó a su familia a exigir justicia y la identificación de los responsables.

El ministro subrayó el trabajo exhaustivo de la fiscal y del equipo de investigación criminal. Agregó que "hay que ser muy prudente y tener mucha paciencia" respecto a la investigación. "Se detuvo una persona, pero no sabemos si lo hizo sola", indicó Quinteros.

 Un hombre de 68 años fue detenido, acusado de asesinar a un vecino porque sus hijos arrojaron fuegos artificiales durante los festejos de Navidad en la ciudad de La Plata.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en el barrio Aeropuerto, ubicado en la zona sur de la capital bonaerense, donde el presunto agresor, cuyo nombre es Juan Carlos Magen, se quejó por el uso de la pirotecnia.

En este sentido, el implicado efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento, en 609 y 4, y causó la muerte de Daniel Néstor Rubén Ramírez (45), quien se encontraba en el descanso de la escalera y sufrió heridas en el cuello y el hombro izquierdo.

En forma de protesta por el crimen, los vecinos prendieron fuego un Peugeot 504 que pertenecía al supuesto atacante.

Los oficiales del Comando de Patrulla y personal del GTO secuestraron una escopeta especial reforzada calibre 20 con una munición en la recámara, un arma de fuego marca Bersa Thunder calibre 40, un rifle de aire comprimido, una funda de pistola y varias municiones.

Magen quedó detenido por el delito de “homicidio” y en la causa intervino la Unidad Fiscal de Instrucción de La Plata.

El cuerpo fue trasladado a la morguera y la escena quedó preservada para el trabajo de peritos de la Policía Científica.

En la jornada de este miércoles 17 de diciembre se conoció el deceso de Alejandro D’Angelo, de 66 años, quien hace poco más de treinta años, en noviembre de 1995, fue condenado por el homicidio y violación de Mónica Parolini. 

La adolescente, de 14 años, había desaparecido de su hogar el 5 de agosto de 1994, y fue hallada muerta en un descampado el 27 del mismo mes. Ello generó una conmoción social de alto impacto, involucrando a la ciudadanía en marchas de silencio que se extendieron semanalmente y durante más de un año hasta la sentencia del mismo D’Angelo, junto con los primos José Pacheco, Julio y Cristian Ruiz.

El caso, evocado hoy como el primer “femicidio mediático” y comparado con el de María Soledad Morales (1990, Catamarca), había sido nuevamente abordado en 2024 por LA VOZ DE SAN JUSTO en la miniserie “Un enigma llamado Valeria”, con motivo de cumplirse el trigésimo aniversario del crimen. Se desarrolló una investigación sin precedentes para recuperar las voces de todos sus protagonistas, aportando nuevos elementos y reabriendo las dudas que persisten hasta hoy sobre la resolución oficial.

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En dicha oportunidad, al ser entrevistado personalmente, D’Angelo volvió a insistir sobre su inocencia, apelando a las contradicciones de la testigo principal, Valeria Ferreyra, tía de Mónica y quien aportó la versión con la que se resolvió el juicio en 1995 (siendo menor de edad y cumpliendo por alrededor de un año con un polémico resguardo en la comisaría), pero que desde poco tiempo después, hasta la fecha, sostiene que fue obligada a mentir.

El brutal homicidio de Mónica Parolini sigue siendo uno de los más recordados de la ciudad, por sus características y por haber sido uno de los primeros en donde tomó relevancia la vulnerabilidad de las niñas y mujeres, y la necesidad de incorporar herramientas de mayor prevención y protección de víctimas de violencia y abuso.

Ariel Gorosito, de 34 años, acusado de haber causado la muerte de Javier “Patán” Ortiz, de 53, fue liberado en las últimas horas por orden de la Justicia de Rafaela. El hombre permanecía detenido bajo prisión preventiva desde hacía pocos días, imputado por homicidio simple por exceso en la legítima defensa.

 La medida había sido dispuesta originalmente por el juez Gustavo Bumaguin, pero una nueva resolución judicial dejó sin efecto la prisión preventiva y permitió que Gorosito continúe el proceso en libertad.

 El hecho que derivó en la muerte de Ortiz ocurrió el 15 de septiembre pasado en la ciudad de Frontera. De acuerdo con la investigación del fiscal Pedro Ignacio Machado, la víctima habría esperado a Gorosito en su camioneta y lo atacó con una barra de hierro de unos 60 centímetros. Durante el forcejeo, Gorosito respondió con un golpe que terminó provocándole una grave herida. Ortiz murió tres días después en el Hospital “J. B. Iturraspe” de San Francisco.

 La defensora pública Georgina Alassia argumentó que su defendido actuó en legítima defensa. “Fue Ortiz quien buscó el enfrentamiento y llegó armado al lugar”, sostuvo.

 Pese a la liberación, la causa sigue su curso judicial bajo la misma imputación y continúa a cargo del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe, que prevé nuevas medidas probatorias en los próximos días para definir la situación procesal de Gorosito.

Una mujer fue detenida en las últimas horas acusada de haber matado de un disparo en la cabeza a su exsuegro, en el marco de un brutal ataque armado ocurrido el pasado 5 de octubre a la noche en barrio Ameghino Norte, de la ciudad de Córdoba.

Aquella noche, una persona abrió fuego contra una vivienda desde la calle y uno de los impactos atravesó un postigo de una ventana y dio en la sien de la víctima que se encontraba en su dormitorio.

Sergio Eduardo Núñez, de 55 años, estaba sentado en la cama cuando recibió el impacto.

El hombre alcanzaría a ser trasladado luego a un hospital, pero murió finalmente pese al intenso trabajo del cuerpo médico.

En las últimas horas, efectivos del Departamento Homicidios de la Policía cordobesa detuvieron a la acusada.

Laura Yohana Gallo fue detenida y será trasladada a la Cárcel de Mujeres. Está acusada como presunta autora del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 Turno 1.

La causa lejos está de haber quedado cerrada y se esperan más detenciones.

Todo sucedió en la noche del domingo 5 de octubre pasado en una vivienda de calle Graham Bell al 1771 del barrio Ameghino Norte. Sergio Eduardo Muñoz estaba en su dormitorio manipulando un celular.

Su esposa, Concepción, relataría que ella se estaba preparando para irse a bañar cuando se escucharon disparos desde la calle. Fueron al menos cuatro impactos efectuados con una pistola automática,

Uno de los plomos atravesó una ventana y dio en la sien de Núñez. En medio de la desesperación, su esposa alertó a un vecino que llamó a la Policía.

Momentos después arribaron uniformados que solicitaron una ambulancia. Al cabo de unos momentos llegó una unidad sanitaria que trasladó al herido al Hospital de Urgencias, donde quedó internado en gravísimo estado.

En la noche del lunes siguiente, el hombre finalmente murió.

Desde un principio, la esposa de la víctima apuntó contra una mujer que formaba parte de la familia.

En ese sentido, remarcó que esa acusada ya no formaba parte más del grupo y le atribuyó conductas violentas en los últimos tiempos.

El caso recayó en el Departamento Homicidios, de la Dirección General de Investigaciones Criminales, que se puso a trabajar bajo directivas de la fiscalía de turno.

Los pesquisas comenzaron a tomar testimonios, analizar pruebas, buscar testigos y cámaras de filmación, entre otras pruebas tecnológicas.

“Una cosa es recibir una acusación puntual de alguien contra alguien. Pero hay que conseguir pruebas y testimonios que precisamente ubiquen a un o una sospechosa en el lugar del crimen. Y eso lleva tiempo”, expresó una fuente de la causa.

Tras diversas tareas investigativas y diligencias judiciales, personal de Homicidios procedió a la aprehensión de la exnuera de la víctima.

La causa, lejos está de haber concluido. Se espera ahora que la acusada sea indagada en los próximos días en la fiscalía para que brinde su posición exculpatoria.

 La investigación por el homicidio ocurrido el miércoles pasado en Frontera avanza con el foco puesto en el posible móvil económico del ataque. La víctima fatal fue identificada como Federico Bazán, de 32 años, oriundo de la localidad de La Puerta, quien recibió dos impactos de arma de fuego en el pecho y murió en el ingreso a una vivienda ubicada en calle 108 al 200. Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia ordenada por el fiscal responsable del caso, Pedro Machado.

El hecho se produjo cerca de las 20.15 y dejó también como saldo a un hombre herido: Ángel Darío Aciar, de 43 años según distintas fuentes, con domicilio en la provincia de Mendoza, quien fue trasladado al Hospital Iturraspe de San Francisco con lesiones de arma de fuego en el abdomen y glúteo. Permanecía internado.

De acuerdo con los primeros datos recabados por la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, ambos habían llegado al lugar a bordo de un Fiat Cronos sin patente colocada. El testimonio aportado por la pareja de Aciar resultó clave para orientar los primeros pasos de la pesquisa. Según relató, su pareja se dedica a la compra y venta de soja y habían ido hasta la vivienda para retirar dólares correspondientes a una transacción previa.

Siempre según su declaración, Bazán descendió primero del vehículo y fue inmediatamente abordado por dos hombres, quienes le exigieron el dinero. La situación derivó en una fuerte discusión y luego en los disparos. Los agresores escaparon en una motocicleta de gran cilindrada y hasta el momento no hay detenidos.

Durante la inspección del rodado, los investigadores secuestraron una suma importante de dinero: 20 mil dólares, 1.094.000 pesos, un teléfono Samsung, prendas de vestir y municiones. Todo permanece bajo análisis pericial. También se relevan cámaras de seguridad y se continúan tomando declaraciones para identificar a los autores.

Las hipótesis que se barajan giran en torno a un “negocio que salió mal” o una posible “mejicaneada” vinculada a movimientos de dinero en transacciones informales.  Tampoco se descarta que el hecho esté vinculado al narcotráfico. El fiscal Machado dirige la causa caratulada como homicidio calificado por el uso de arma de fuego y lesiones leves, y dispuso una serie de medidas con el objetivo de esclarecer el trasfondo del ataque, determinar responsabilidades y localizar a los prófugos.

Mientras tanto, familiares de Bazán confirmaron que sus restos serán velados en La Puerta, mientras la comunidad de Frontera vuelve a enfrentar un episodio de extrema violencia que mantiene en alerta a ambas ciudades del límite provincial.

Un nuevo hecho de violencia conmueve a la ciudad de Frontera. En la noche del miércoles, un tiroteo registrado en una vivienda de Calle 108 al 200 dejó un saldo trágico: un hombre murió y otro, con domicilio en Mendoza, fue hospitalizado con heridas de bala. En tanto, otra persona también habría resultado herida. 

La investigación avanza sobre distintas hipótesis, entre ellas la de un “negocio que salió mal” o una “mejicaneada” vinculada a actividades ilícitas. De acuerdo con fuentes judiciales, la víctima fatal —identificada con el nombre de Federico Alberto Bazán (32) , oriundo de La Puerta— habría acudido al lugar para participar en una presunta operación comercial. El domicilio donde ocurrió el hecho se encontraba deshabitado y, según los investigadores, en su interior había otras personas aún no identificadas que habrían realizado los disparos.

El herido, identificado como Ángel Darío Aciar Torres, de 43 años y oriundo de Mendoza, recibió dos impactos de bala en el abdomen y otro en la cadera. Fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe de San Francisco, donde fue intervenido quirúrgicamente para extraer uno de los proyectiles alojado en el hígado. También sufrió lesiones en el rostro y el hombro. Tras la operación, permanece internado fuera de peligro y en condición estable.

Según los datos preliminares de la investigación, Aciar Torres habría llegado a Frontera acompañado por la víctima fatal. Ambos fueron vistos juntos en cámaras de seguridad de la Terminal de Ómnibus de San Francisco, alrededor de las 19, poco antes del ataque.

Testimonios recogidos en el lugar apuntan a que el encuentro habría sido pactado para una transacción, aunque las autoridades aún no precisaron de qué tipo. “Podría tratarse de un negocio que salió mal o de una mejicaneada”, señalaron fuentes cercanas a la investigación, que no descartan que el hecho esté vinculado al narcotráfico.

El cuerpo del hombre fallecido, que presentaba al menos dos heridas de arma de fuego en el pecho y una en el abdomen, fue trasladado a la morgue judicial de Rafaela para la realización de la autopsia.

La causa está a cargo del fiscal Pedro Machado, quien ordenó distintas diligencias para esclarecer el móvil del crimen, identificar a los autores y determinar las circunstancias precisas del tiroteo. Mientras tanto, Frontera vuelve a quedar marcada por un episodio de violencia que reaviva la preocupación por la inseguridad en la zona limítrofe con San Francisco. 

El Gobierno de Santa Fe actualizó la lista de los delincuentes más buscados e incorporó a Héctor Argentino Gallardo, un hombre de 54 años oriundo de Frontera, sobre quien pesa una acusación por homicidio agravado y vínculos con el narcotráfico. La recompensa de 25 millones de pesos se ofrece a quien aporte información certera sobre su paradero.

 Gallardo está sindicado como el presunto autor del crimen de Miguel Ángel Cabrera, ocurrido la noche del 23 de abril de 2022 en una vivienda de calle 74 de Frontera.

 Según la investigación, Cabrera, de 42 años, se encontraba en su domicilio junto a su esposa cuando un hombre armado tocó la puerta. Tras una breve discusión, el atacante le disparó a corta distancia. La víctima recibió un impacto de bala en la cabeza y fue trasladada al Hospital Iturraspe de San Francisco, donde finalmente falleció.

 Las pesquisas apuntan a que el crimen estaría vinculado a disputas relacionadas con el narcotráfico local, y Gallardo figura como el principal sospechoso.

 El prófugo cuenta con antecedentes judiciales: en diciembre de 2017, fue condenado a 14 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba, acusado de organizar y financiar el transporte de estupefacientes. Sin embargo, en 2019 obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria, tras lo cual regresó a Frontera. Desde entonces, no volvió a presentarse ante la Justicia.

Las autoridades recordaron que quienes puedan aportar información sobre el paradero de Héctor Gallardo pueden hacerlo de forma anónima y segura a través de los siguientes canales oficiales:

 Línea de emergencia: 911

 Correo electrónico: recompensas@mpa.santafe.gov.ar

 Fiscalías Regionales:

 Santa Fe: Av. General E. López 3302

 Rosario: Sarmiento 2850

 Venado Tuerto: Alvear 675

 Reconquista: Iriondo 553

 Rafaela: Necochea 44

Un niño de 8 años, identificado como Emir Barboza, fue asesinado en medio de un enfrentamiento a tiros entre bandas en el barrio Valle Grande, en la provincia de San Juan. Pese a encontrarse alejado del conflicto, una bala impactó en su tórax, provocando su muerte.

 El menor fue trasladado de manera inmediata al Hospital Marcial Quiroga, donde los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales. La médica Ana Bruna informó que la víctima presentaba una lesión de entrada de 1x1 centímetro en el pecho, sin orificio de salida, lo que indica que la bala quedó alojada en el cuerpo.

Tras el hecho, personal de la Comisaría 38°, Criminalística y la UFI Delitos Especiales realizaron un operativo que concluyó con siete detenciones, entre ellas la de un menor. Además, se incautaron dos armas de fuego, que serán peritadas para determinar si alguna fue la utilizada en el crimen de Barboza.

 Familiares y conocidos del niño expresaron su dolor a través de redes sociales, mientras la comunidad local se encuentra consternada por el episodio.

 El caso de Emir Barboza recuerda al asesinato de Zamir Torres, el niño de 4 años que fue asesinado a balazos el 9 de julio en la ciudad de Frontera. Zamir viajaba junto a su madre y padrastro cuando desde otro vehículo un grupo armado disparó contra el auto. El niño recibió un impacto fatal, su padrastro quedó gravemente herido y en silla de ruedas, mientras que la madre salió ilesa.

En relación al caso de Zamir, recientemente la Justicia de Rafaela ordenó la liberación de Valentín Escovedo, de 23 años, al considerar que no existen elementos probatorios suficientes que lo vinculen directamente con el crimen. Pese a su libertad, Escovedo continúa ligado a la causa, que sigue abierta. Permanecen detenidos Matías Escovedo (29) y Thiago Nicolás Medrano (20), acusados de homicidio calificado y tentativa de homicidio.  

 El asesinato de Emir reaviva la preocupación por la violencia vinculada a enfrentamientos entre bandas y el impacto que estos hechos tienen sobre los más vulnerables, mientras las autoridades continúan investigando para esclarecer el suceso y detener a los responsables.

La justicia de Córdoba lanzó una alerta de búsqueda internacional para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodriguez Laurta, un niño de 5 años que fue sustraído de su domicilio en el barrio Villa Serrana (Villa Rivera Indarte) este sábado, luego del brutal asesinato de su madre y su abuela. Las víctimas fatales fueron identificadas como Luna Giardina y Mariel Zamudio.

La desaparición del menor está directamente vinculada a una investigación por Homicidio Doblemente Calificado ocurrido en la misma fecha y lugar. La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º Turno, a cargo de la causa, ya activó la Alerta Sofía y los pedidos de captura a Interpol.

El presunto responsable de los crímenes y del secuestro del niño es Pablo Laurta, padre del menor y de nacionalidad uruguaya. Según los informes policiales, Laurta habría ingresado a la casa de su expareja en la calle San Pedro de Toyos el sábado por la mañana y mató a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio, utilizando un arma de fuego. Se sospecha que el agresor intenta huir hacia Uruguay.

La tragedia se inscribe en un contexto de antecedentes de violencia de género. Luna Giardina había escapado de Uruguay con su hijo Pedro hacía casi tres años, luego de que Pablo Laurta intentara ahorcarla en una ocasión anterior.

A pesar de las denuncias existentes contra Laurta, y de que la víctima contaba con un botón antipánico, Giardina no llegó a activarlo en el momento del ataque. Además, el presunto autor de los crímenes es señalado como el creador de una cuenta en redes sociales denominada "Varones Unidos".

La Justicia confirmó el cierre de la etapa de instrucción en la causa por el crimen de la niña de 8 años Aralí Vivas, ocurrido en Brinkmann en 2024. El fiscal de Instrucción Francisco Payges resolvió elevar el caso a juicio con tres personas imputadas.

Matías Ezequiel Simeone y Cristian Hernán Varela están acusados de abuso sexual agravado con acceso carnal y reiteración de hechos, homicidio criminis causa y, en uno de los casos, incendio intencional de la vivienda. También está imputada Rocío Milagros Rauch, la madre de la víctima, señalada por homicidio calificado por el vínculo, bajo la figura de omisión de deber de cuidado.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Morteros y derivó en un amplio despliegue judicial y social en la región.

Ariel Gorosito (34) fue imputado por el homicidio de Javier “Patán” Ortiz (53), el mecánico y expresidente del Aero Club de San Francisco que falleció tras una violenta pelea ocurrida el 15 de septiembre en Frontera. La resolución judicial se conoció este lunes en los tribunales de Rafaela, donde el juez Gustavo Bumaguin dispuso su prisión preventiva por 45 días.

 De acuerdo a lo informado por Rafaela Noticias, durante la audiencia, el fiscal Pedro Ignacio Machado reconstruyó el hecho: relató que Ortiz aguardó en su camioneta a Gorosito y lo atacó con una barra de hierro de 60 centímetros y dos kilos de peso. Según explicó, lo persiguió hasta un lavadero donde le asestó un golpe en la cabeza, lo que provocó que el joven huyera ensangrentado hacia la casa de un vecino. Testigos aseguraron que Ortiz continuaba con “amenazas de muerte y golpes” mientras intentaba ingresar al domicilio.

 Ya en la vereda, la confrontación se reanudó. Cuando Ortiz levantó los brazos para tomar impulso con el hierro, Gorosito lo golpeó con un palo en el costado izquierdo. Ortiz quedó gravemente herido y tres días después murió en el Hospital Iturraspe de San Francisco a causa de un shock hipovolémico derivado de una hemorragia interna.

 La defensa, encabezada por la defensora pública Georgina Alassia, planteó que se trató de un caso de legítima defensa: “Fue Ortiz quien buscó el enfrentamiento, llegó armado con el hierro y meses atrás ya había intentado atropellarlo con la camioneta”, argumentó. Según su postura, que Gorosito se refugiara y tomara un palo para repeler el ataque “fue un acto justificado ante la inminente irrupción en la vivienda”.

 El fiscal, en cambio, sostuvo que si bien existió una primera reacción legítima, “ese escenario cesó una vez que Gorosito estaba resguardado dentro de la casa”. Para Machado, salir nuevamente a la vereda y confrontar a Ortiz configuró un “exceso” en la defensa.

 El juez coincidió con esa interpretación. Bumaguin señaló en la resolución que “Ortiz no hubiera podido atravesar la puerta de hierro” y que Gorosito “tenía alternativas menos riesgosas, como llamar a la Policía”. Por ello, resolvió dictar prisión preventiva por 45 días, bajo la calificación de homicidio simple por exceso en la legítima defensa, delito que prevé penas de entre 2 y 14 años de prisión.

 En las próximas semanas, el Ministerio Público de la Acusación continuará con la recolección de pruebas y testimonios que permitirán definir la calificación legal del hecho.

San Francisco y Frontera viven horas de conmoción por el crimen de Javier "Patán" Ortiz, de 53 años, reconocido por su trayectoria como expresidente del Aeroclub San Francisco. Ortiz murió este miércoles en el Hospital “José B. Iturraspe”, donde permanecía internado en terapia intensiva desde el lunes, luego de ser víctima de una violenta agresión, aparentemente, por cuestiones personales.

Según las primeras averiguaciones a las que accedió LA VOZ DE SAN JUSTO, el ataque ocurrió el pasado domingo en una vivienda de Calle 3 al 300 de la ciudad de Frontera. De acuerdo con fuentes de la investigación, el presunto agresor ya fue detenido, trasladado a Rafaela e imputado por homicidio. Sería de apellido Gorosito (47). Habría irrumpido en el domicilio, provocando destrozos en la camioneta Amarok de Ortiz que estaba estacionada afuera.

Cuando Ortiz salió de la casa para enfrentar la situación, se produjo una riña entre ambos hombres. En ese momento, el atacante le habría asestado un golpe con un elemento contundente (sería un palo de madera) a la altura del estómago, provocándole una grave lesión en el bazo. Ortiz fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe y sometido a una cirugía para extirparle el órgano, pero pese a los esfuerzos médicos falleció 48 horas después a causa de una hemorragia interna que derivó en un shock hipovolémico.

El caso quedó en manos del fiscal de Frontera, Pedro Ignacio Machado, y de la Policía de Investigaciones (PDI), que luego de identificar y detener al supuesto agresor, continúan las diligencias como análisis de cámaras para esclarecer con precisión las circunstancias del hecho.

"Patán" Ortiz tenía un taller mecánico en calle Colón y era padre de dos hijas.

“El niño de 4 que murió baleado horas atrás en medio de una emboscada contra su padrastro es una víctima más de, la irracionalidad y la brutalidad con la que los mercaderes de la muerte dirimen sus conflictos. Todos síntomas de una degradación sociocultural y económica que no encuentra piso”, se expresó en nuestra editorial hace pocas semanas. 

El asesinato de Zamir Gael Torres reunió todos los rasgos característicos de los territorios donde el narcotráfico ha echado raíces. Aunque se avanzó en la investigación y se detuvo a los presuntos autores materiales, la Justicia tiene el imperativo de esclarecer por completo este crimen atroz y juzgar a todos los responsables.

Pocas dudas caben sobre el trasfondo del hecho: otro episodio -uno más- enmarcado en la sórdida trama vinculada comercio ilegal de estupefacientes. Autores intelectuales, sicarios, armas pesadas, balaceras interminables, emboscadas, ajustes de cuentas son variables omnipresentes en todos los crímenes ligados al narcotráfico.

Tampoco es la primera vez que un niño se convierte en víctima de esta violencia que, desde hace tiempo, siembra sangre y horror. Pero, al menos en nuestra región, las balas que impactaron en el cuerpo de Zamir marcaron un límite, colmaron el vaso, atizaron la indignación ciudadana. Si al sinsentido de su muerte se le puede hallar un sentido, éste es el de constituir una bisagra definitiva. Un punto de inflexión para abandonar la desidia, las palabras floreadas pero vacías, las complicidades -corrupción incluida- y se abrace, con convicción, el único camino posible: el de la acción firme y contundente de las fuerzas de seguridad, la Justicia y todos los resortes del Estado.

Apenas unas horas después del crimen, se desplegaron importantes operativos en San Francisco, Frontera y Josefina. Móviles patrullando, allanamientos, detenciones, acciones de saturación: el movimiento fue visible y constante durante algunos días. Era lo esperable frente a una tragedia de esta magnitud. También es esperable -y necesario- que ese despliegue no sea efímero. Nada cambiará si estas acciones constituyen apenas una respuesta espasmódica para calmar el estupor de la opinión pública. 

A un mes del crimen, se suma otro hecho que hace de este caso un punto de inflexión: después de años de dilaciones, Santa Fe y Córdoba firmaron un acuerdo para crear la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad. Un organismo que compromete a ambas provincias a implementar políticas públicas conjuntas, compartir recursos, coordinar operativos y generar inteligencia criminal de manera integrada. En otras palabras, a superar de una buena vez los límites jurisdiccionales que impiden dar respuesta a delitos graves, en particular los vinculados con el narcotráfico, que desde hace tiempo se asentó en esta “triple frontera”.

Este acuerdo responde a un reclamo largamente sostenido por este medio, especialmente desde la creación de la Región Centro, hace casi 30 años. Sin embargo, hasta hoy, las iniciativas interprovinciales no pasaron de buenas intenciones plasmadas en actas o declaraciones. Es de esperar que esta vez la voluntad política se traduzca en resultados concretos: trabajo coordinado, superación de trabas burocráticas, investigaciones profundas, clausura efectiva de todos los puntos de venta de drogas y encarcelamiento de quienes integran estas organizaciones criminales, que incluso después de un crimen tan brutal, siguen amenazando, sembrando terror y disfrutando de una impunidad grosera y provocadora.

Desde una pared en barrio Acapulco, la figura de Zamir nos observa, nos vigila, nos interpela. Su muerte debe ser una bisagra. 

El asesinato del niño, ocurrido el 9 de julio en Frontera, sigue generando repercusiones políticas, judiciales y sociales. La Justicia avanza en la causa con detenciones, pericias y nuevas pistas.

Zamir tenía apenas 4 años. Murió tras recibir disparos cuando viajaba en auto con su madre y su padrastro por una calle de Frontera. El ataque también dejó gravemente herido a Braian “Peladito” Martínez (31). La brutalidad del hecho y su contexto obligaron a Córdoba y Santa Fe a sellar un acuerdo de cooperación inédito para enfrentar la violencia armada y el narcotráfico en la frontera interprovincial.

La Justicia sostiene que no fue un hecho aislado. La fiscal Fabiana Bertero , al frente de la causa junto a la Fiscalía Regional a cargo de Carlos María Vottero y la Policía de Investigaciones (PDI), investiga una emboscada premeditada vinculada a una disputa entre bandas. La familia del padrastro de Zamir ya había sido blanco de amenazas: en enero, su hermano Horacio “Totín” Martínez fue baleado y murió meses después. Desde entonces, eran vigilados y seguidos.

El 9 de julio, esas amenazas se concretaron con una emboscada que terminó en tragedia. La violencia venía escalando, y el asesinato fue su punto más brutal.

Hasta el momento hay tres personas detenidas por el ataque: Valentín Escobedo (23), Thiago Nicolás Medrano (20) y Matías Escobedo (29). Se busca a una cuarta persona, una mujer que habría participado activamente del tiroteo.

También fue detenido un joven de 26 años, A.T., conductor de un Volkswagen Vento blanco, que podría haber colaborado con la fuga de los atacantes. Se investiga si el vehículo, secuestrado para pericias, fue utilizado para trasladar al grupo armado tras el crimen. 

Rocío Funes, la mamá de Zamir, estaba en el asiento delantero al momento del ataque. Según su abogado, Federico Scarinci, les gritó a los atacantes que había un niño y pidió que no dispararan. No la escucharon. Su declaración fue fundamental para imputar a los sospechosos. “No fue un impulso. Sabían quiénes iban en el auto y aun así dispararon”, aseguró el abogado.

Las cámaras de vigilancia confirmaron el seguimiento previo del auto, y el vehículo de los agresores apareció incendiado cerca de Josefina.

El autor intelectual sería un interno de la cárcel de Cruz del Eje, apodado “Nano”, preso por narcomenudeo. “Pertenece a una familia conocida en el mundo del narcotráfico” de San Francisco, apuntó Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, y solicitó su traslado a una cárcel federal, ante el riesgo de que continúe operando desde prisión.

San Francisco, Frontera y Josefina forman un corredor urbano con fronteras legales difusas y creciente actividad delictiva. Zonas liberadas, búnkeres, amenazas y ataques son parte del día a día. Según el fiscal Vottero, “la violencia está íntimamente ligada al tráfico y consumo de drogas”, aunque aún se investigan los vínculos directos con el caso.

Tras el crimen, se firmó un convenio interprovincial que compromete a Córdoba y Santa Fe a trabajar juntos en seguridad. Una de las medidas más concretas es la designación de un fiscal para Frontera, cargo vacante desde 2022. “Queremos que viva en la ciudad, que conozca el territorio y sus problemáticas”, remarcó Vottero. Los pliegos ya fueron aprobados en la Legislatura, en tanto, la Corte Suprema debe tomar juramento en los próximos días. 

En el barrio Acapulco de Josefina, un mural recuerda a Zamir. La obra fue realizada por el artista Ramón “Monchito” Cortez, conocido por retratar historias de dolor y memoria en murales. Lleva la frase: “Zamir, un ángel que vino a enseñarnos el amor más puro y ahora nos cuida desde el cielo”.

Un joven de 26 años fue detenido este lunes por la mañana en barrio Jardín, en San Francisco, mientras circulaba en un automóvil que tenía pedido de secuestro en el marco de la investigación por el crimen de Zamir, el niño de 4 años asesinado a balazos en Frontera el pasado 9 de julio y que además dejó herido de gravedad a Braian Martinez.

El operativo fue realizado por personal del Comando de Acción Preventiva (CAP), que realizaba patrullajes preventivos en la zona cuando detectó la presencia de un Volkswagen Vento blanco, vehículo sobre el cual pesaba una solicitud judicial de secuestro emitida tras el homicidio que conmocionó a la región.

Los oficiales procedieron a detener la marcha del rodado, identificaron al conductor y confirmaron la vinculación del auto con la causa. En consecuencia, se concretó la detención del joven y el secuestro del vehículo.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía de turno, que continuará con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa por el asesinato del niño, un hecho que generó una profunda conmoción social en San Francisco y Frontera.

Cabe recordar que hasta el momento, ya hay tres personas detenidas e imputadas por homicidio calificado y tentativa de homicidio en el caso Zamir.

En los tribunales de Rafaela se realizó la primera audiencia imputativa por el asesinato de Zamir Torres, el niño de 4 años baleado en Frontera. Tres hombres fueron señalados como presuntos autores del ataque que también dejó gravemente herido al padrastro de la víctima.

Durante la audiencia, presidida por el juez Nicolás Stegmayer y con la fiscal Fabiana Bertero en representación del Ministerio Público de la Acusación, se conocieron las identidades de los acusados: Valentín Escobedo (23), Thiago Nicolás Medrano (20) y Matías Escobedo (29). Los tres fueron imputados como presuntos autores de “homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego”, además de “homicidio doloso calificado en grado de tentativa” por las lesiones sufridas por Braian Martínez, padrastro del niño.

Según detalló la fiscal, el ataque ocurri

do el pasado 9 de julio cerca de las 18, se dio cuando Martínez circulaba con su pareja Rocío Funes y Zamir en un Ford Fiesta por calle 7 de Frontera. Al llegar a calle 86, fueron interceptados por un Fiat Cronos con los tres imputados y una mujer aún no identificada. Desde ese vehículo dispararon varias veces y luego descendieron para efectuar al menos diez disparos más. Zamir recibió cuatro impactos de bala y llegó sin vida al Hospital Iturraspe San Francisco. Martínez permanece internado en Santa Fe.

La fiscal presentó más de 70 elementos probatorios y buscará que los acusados queden detenidos con prisión preventiva en la audiencia de medidas cautelares prevista para el lunes. Dos de los imputados estuvieron presentes en la sala, mientras que el tercero participó por Zoom. Ninguno declaró durante la audiencia.