Por tercer mes consecutivo, un informe de una reconocida consultora registra caída en la evaluación positiva de la situación del país, en tanto que el desempleo se convierte en la principal preocupación de los argentinos y baja la tolerancia al ajuste del Gobierno, inclusive entre los votantes de Javier Milei.

Así lo revela la nueva edición de QMonitor, el sistema de monitoreo estratégico de QSocial Big Data.

Con un enfoque metodológico bimodal que combina encuestas probabilísticas y etnografía digital, el informe correspondiente a abril de 2026 arroja un marcado deterioro del humor social, una creciente pérdida de confianza en el gobierno y un fuerte retroceso de las expectativas económicas de la población. 

El estudio advierte que, por tercera vez consecutiva, desciende la evaluación positiva de la situación actual del país, alcanzando el valor más bajo desde el inicio de la serie histórica de QMonitor. 

Este dato se inscribe en un contexto de malestar creciente que atraviesa múltiples dimensiones del ánimo social. 

En ese marco, el desempleo se transforma en el principal problema del país, desplazando a la inflación que, luego de cinco meses, regresa al segundo lugar entre las preocupaciones de los argentinos. 

Este cambio en el ranking de prioridades refleja el impacto directo de la crisis en la vida cotidiana de las familias. 

El apoyo al gobierno cae por tercera vez consecutiva, ubicándose en uno de los valores más bajos registrados por la serie. 

Esta disminución se explica especialmente por un retroceso en el respaldo de aquellos identificados con el PRO y de los votantes independientes, dos segmentos que hasta hace poco funcionaban como un sostén clave para la administración nacional. 

Paralelamente, la percepción de corrupción del gobierno crece cuatro puntos y alcanza el valor más alto de todas las mediciones realizadas por QMonitor, un dato que impacta directamente en la confianza institucional y en la legitimidad de la gestión. 

Uno de los indicadores más sensibles que releva el informe es el índice de vínculo afectivo hacia el Presidente, que cae y toca uno de los valores más bajos de toda la serie. 

Dentro de este índice, los subíndices que más se resienten son el de empatía —que evalúa la capacidad del presidente para generar simpatía y ser percibido como un líder cercano y empático— y el de confianza —que cuantifica el grado de creencia de los ciudadanos en la honestidad y la capacidad del mandatario para tomar decisiones correctas para el país—.

La tolerancia al ajuste y la paciencia social también se ven fuertemente afectadas. Este indicador pasa del 42% al 35%, registrando una caída que se manifiesta incluso dentro del segmento mileísta, tradicionalmente más afín a las políticas de ajuste. 

Se trata de una señal de alerta clave para el oficialismo, ya que sugiere que el desgaste comienza a erosionar incluso a sus propias bases. 

Sin embargo, la oposición no logra capitalizar este impacto negativo que sufre el gobierno. Según el relevamiento de QMonitor, Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la principal líder de la oposición, sin que el arco opositor en su conjunto consiga traducir el mal humor social en una alternativa política clara y competitiva. 

En cuanto a la imagen presidencial, el informe muestra que la imagen positiva del Presidente baja cinco puntos y se ubica en 36%, mientras que su diferencial de imagen se consolida claramente en terreno negativo. 

El capítulo más crítico del informe es el vinculado a los indicadores económicos, que tocan o se acercan a picos negativos. La evaluación negativa de la economía nacional sube doce puntos y se ubica en 48%, un salto significativo que refleja el malestar profundo de la ciudadanía. Al mismo tiempo, se resienten fuertemente las expectativas y crece el escepticismo a futuro: pasa del 36% al 52%.

En paralelo, crece la demanda social para que el gobierno priorice la recuperación de los salarios y la generación de empleo, por encima de otras metas de política económica. 

Este reclamo se enmarca en un fuerte deterioro de la situación económica personal de los argentinos: aumenta el endeudamiento, crece la percepción de aumento de precios y se extiende la idea de que los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

Un dato particularmente elocuente es que siete de cada diez argentinos tienen que recurrir a algún mecanismo para financiar sus gastos cotidianos, ya sea a través de ahorros, préstamos informales, tarjetas de crédito o ayuda familiar. 

Además, más del sesenta por ciento de la población registró algún despido en su círculo cercano en los últimos tres meses, lo que evidencia la magnitud del impacto laboral de la crisis.

El exsecretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Mathov, quedó detenido este jueves en los tribunales federales de Retiro, en Buenos Aires, al estar firme la condena por la represión y las muertes que tuvieron lugar en diciembre de 2001. Lo hizo ante el Tribunal Oral Federal 6.

El citado tribunal es el que resolverá el lugar donde quedará alojado hasta que se resuelva si se le concede o no el arresto domiciliario que pidió su defensa.

El Tribunal Oral Federal 6 condenó a Mathov por la represión de 2001 y lo había citado para este jueves a fin de quedar detenido luego que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la pena impuesta contra el exfuncionario.

La jueza Adriana Pallioti resolvió que "habiendo adquirido firmeza la sentencia de cuatro años y tres meses de prisión dictada en autos, y encontrándose aquella ejecutable, cítese a Enrique José Mathov -a través de su defensa- para que se presente en el Tribunal el jueves 19 de septiembre del corriente año a las 09:30 horas, a finde estar a derecho y hacer efectiva la detención", según la resolución a la que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas.

La defensa del exfuncionario había pedido el arresto domiciliario en razón de que Mathov tiene más de 70 años, algo que tendrá que resolver el tribunal.

En cuanto al otro condenado, el exjefe de la Policía Federal Rubén Santos, está de viaje en España con permiso judicial, por lo que se lo intimó a regresar al país en las próximas 72 horas para quedar detenido. En su caso, la condena es a 3 años y seis meses de prisión.

Mathov fue condenado el 18 de mayo de 2021 por tres homicidios culposos y las heridas que sufrieron decenas de manifestantes en la zona de Plaza de Mayo durante la represión que precedió a la renuncia del fallecido expresidente Fernando de la Rúa, quien resultó sobreseído en el caso.

El exfuncionario estuvo preso por esta causa 6 meses y 25 días, desde el 1 de enero de 2002 hasta el 26 de julio de 2002, cuando se lo excarceló, por lo tanto, según el cómputo de pena que hizo el tribunal, su condena se dará por cumplida el 22 de mayo de 2028.

En el caso de Santos, estuvo detenido 5 meses y 19 días en 2002, por lo cual su condena se dará por cumplida el 28 de septiembre de 2027.

El Tribunal citó a ambos luego que ayer la Corte Suprema de Justicia dejara firmes las condenas y rechazara por "inadmisibles" los recursos extraordinarios que presentaron las defensas. Santos y Mathov fueron condenados en un juicio oral en 2016 por el Tribunal Oral Federal 6.

El veredicto de ese juicio oral fue apelado, lo revisó Casación y ordenó modificar las penas, que fueron reducidas, y a las que ahora la Corte dejó firmes al rechazar los recursos.

Mathov y Santos quedaron condenados por la muerte de tres de los manifestantes, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, y por las heridas que la Policía causó a otros 20 durante las protestas en Plaza de Mayo, en medio del estado de sitio que había decretado el gobierno de Fernando de la Rúa.

En la homilía que pronunció durante el tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral metropolitana, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, advirtió que el país “sufre las cadenas de diversas esclavitudes”. Y sostuvo que su mensaje estaba dirigido a la reflexión de todos los actores de la sociedad argentina, convencido de que “entre todos construimos la patria, más allá de saber que luego puedan querer ser tomadas frases aisladas para querer alimentar la fragmentación”.

Llamó el prelado a abrevar en el ejemplo de los congresales de Tucumán, que supieron dejar a un lado sus discrepancias para declarar la independencia. Por eso, invitó a “construir la fraternidad, mirarnos a los ojos y descubrirnos hermanos, insistir una y mil veces en forjar la unidad entre los argentinos, más allá de nuestras diferencias, porque para la cultura del encuentro no hay límites, nadie es prescindible, nadie es descartable”.

En cierta medida, el arzobispo porteño retomó la postura que viene manteniendo el mensaje de la Iglesia en los últimos años. Son permanentes los llamados al diálogo, a la unidad, a atenuar la grieta y a generar acuerdos. Así resonaron las palabras de García Cuerva en el último tedeum: “Necesitamos aprender a reencontrarnos y reconocer que somos una comunidad; dejar de lado personalismos y generar consensos y acuerdos que permitan, a la creatividad y audacia, abrir nuevos caminos; es urgente entender que nos necesitamos, que somos hermanos, hijos de la misma patria”.

Al reclamo por ese diálogo que no se hace presente, se sumó la insistencia en atender las necesidades de los más vulnerables en la Argentina de hoy: “Tantos hermanos paralizados hace años en su esperanza, tantos atravesados por el hambre, la soledad y una justicia largamente esperada”. Y prosiguió: “Tantos argentinos tendidos sobre una manta en el frío de las veredas de las grandes ciudades del país, postrados como consecuencia de la falta de solidaridad y el egoísmo”.

Durante años los llamados al diálogo, la búsqueda de consensos y a favorecer la atención de los más necesitados han caído en saco roto. Las disputas, los desencuentros, los enfrentamientos, los insultos, el desapego con la realidad, la falta de “termómetro social” –en palabras del referido obispo, han sido una constante en sectores de la vida política nacional. El llamado a terminar con la intransigencia, la inoperancia y el sectarismo tiene repercusión cuando se hace desde un púlpito. Pero desde muchos ámbitos de la vida social se reclama, casi con desesperación, lo mismo. 

El presidente de la Nación afirmó que el denominado Pacto de Mayo inaugura un nuevo tiempo. El deseo es que así suceda. Aunque podrá ser nuevo y distinto solo si dejan de existir aquellas conductas y posiciones que nos han traído hasta la triste realidad que vive el país. Este nuevo tiempo podría comenzar con la necesaria reflexión acerca de las implicancias que adquiere la convocatoria a la unidad, al consenso y a la solidaridad con los que más sufren, formulada en el tedeum del 9 de Julio. 

El presidente de la Nación, Javier Milei, participó del Tedéum que se realiza todos los años por el 9 de Julio, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y la vicejefa porteña, Clara Muzzio. 

De los ministros que conforman el gabinete nacional estuvieron presentes: Mario Russo (Salud), Diana Mondino (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado) y  Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

Quien llevó adelante el Tedéum fue el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva, que comenzó su discurso haciendo referencia a los “hermanos paralizados hace años en su esperanza” y los que están “atravesados por el hambre la soledad”.

“Una justicia largamente esperada tantos argentinos tendidos, sobre una manta en el frío de las veredas de las grandes ciudades del país, postrados a consecuencia de la falta de solidaridad y el egoísmo. En definitiva, tenemos una Argentina que nos duele hace mucho, que se dice independiente hace 208 años pero que aún hoy sufre las cadenas de diversas esclavitudes, que no nos dejan caminar como pueblo hacia un desarrollo pleno y una mejor calidad de vida para todos”, sostuvo.

Asimismo, se refirió al “gran objetivo” que debemos tener como sociedad que debe abogar a que  “Argentina se cure", “que se ponga de pie” y que “se independice de las camillas que la tienen postrada, paralizada y enferma”; además, haciendo alusión al Papa Francisco, señaló que “no hay tiempo para la indiferencia” y que nadie se puede “lavar las manos” ante la situación social que estamos viviendo como país.

“O somos hermanos o se viene todo abajo. Por eso invito a todos los aquí presentes y también a quienes nos siguen por los medios de comunicación y por las redes sociales a rezar juntos”, concluyó. 

La segunda actividad de la jornada será el desfile militar que tendrá lugar a las 11 por la Avenida Del Libertador. Milei retornará a pie a Rosada donde compartirá un desayuno junto a sus ministros y secretarios.

Después, partirán al punto de encuentro para el despliegue militar que iniciará en el cruce de la Avenida del Libertador y Agüero, en la zona del Museo de Bellas Artes, y se extenderá por toda la avenida hasta Olleros, en las inmediaciones de la estación de trenes Lisandro de la Torre.

El evento tendrá unas dos horas de duración y van a desfilar veteranos, las fuerzas armadas y de seguridad.

"Trae tu bandera y festejemos todos juntos nuestra libertad", escribió el ministro de Defensa, Luis Petri, al convocar a la actividad a través de su cuenta oficial de X.

En Córdoba, la inflación de mayo fue del 4,8%, la más baja en los últimos 27 meses en la provincia. Así lo informó el Centro de Almaceneros de Córdoba, recordando que no se evidenciaba una retracción tan evidente del índice de precios al consumidor desde febrero de 2022. En aquel mes, el costo de vida en la provincia alcanzó el 4,07%.

El dato seguramente será corroborado por las estadísticas oficiales tanto del Indec como de los distintos entes provinciales. Quedará reflejada así la merma continua del índice inflacionario que se ha venido registrando a lo largo de este año. El recorte drástico del gasto estatal ha sido, no hay dudas, determinante, a la hora de reflejar estos guarismos. 

No obstante, el dato positivo del alivio en los porcentajes de incrementos de precios ha venido acompañado de una preocupante parálisis productiva y de consumo. La recesión económica es de una magnitud que registra antecedentes históricos solo en los períodos de mayor crisis socioeconómica de la Argentina. Este fenómeno hace mella en los ingresos de las familias y hace aflorar el drama del alza del desempleo, con las consecuencias dramáticas que ambas variables tienen para la vida de nuestros compatriotas, en especial quienes sufren condiciones de vulnerabilidad social.

El mismo Centro de Almaceneros de Córdoba ha graficado con sus estadísticas este grave problema. Los índices hablan por sí solos. Según el relevamiento hecho por la citada entidad, el 10% de los hogares manifestó que algún integrante sólo comió una vez al día o dejó de comer todo un día durante mayo pasado. Además, el 88,5% de los grupos familiares financió alimentos en ese mes. Siempre teniendo en cuenta el mismo período, el 57,8% de los hogares no pudo acceder a la totalidad de los alimentos que conforman la Canasta Básica Alimentaria y de aquellos hogares que sí pudieron acceder de manera total a esa canasta, sólo el 24,8% pudo hacerlo con recursos propios, mientras que el 75,2% restante debió ser asistido con algún tipo de ayuda estatal (mayoritariamente con AUH/Tarjeta Alimentar) para lograr ese objetivo). Lo más grave: durante mayo, por falta de recursos, el 27% de las familias encuestadas expresaron que alguno de sus integrantes sintió hambre.

Las respuestas a la encuesta muestran lo grave de la situación actual: la inflación está disminuyendo, pero la recesión persiste y está causando dificultades significativas. Aunque es alentador que el costo de vida esté bajando, el efecto negativo de la recesión es preocupante, especialmente cuando una familia necesita casi un millón de pesos para cubrir necesidades básicas. Es crucial centrarse en esta contradicción si queremos restaurar normalidad y estabilidad económica en nuestro país.

Algunos sucesos políticos acaecidos en el país durante las últimas semanas dan cuenta de la histeria que sacude la vida de los argentinos. Lo hace desde hace varias décadas. En especial, en las de este siglo XXI. Vivir en ascuas es una costumbre que se ha enraizado. Los argentinos, habituados a los sobresaltos, hemos desarrollado una especie de anestesia que nos permite sobrellevar la madeja intrincada de desatinos, gritos, malas praxis políticas, operaciones y escándalos difíciles de procesar y comprender.

En una suerte de telenovela por capítulos se convirtió la salida del gobierno del anterior jefe de gabinete de ministros de la Nación. Mientras se ventilaban en los medios de comunicación posibles nuevos turbios manejos en el siempre oscuro y sospechoso ámbito de los espías de este país, la discusión pasaba por si el presidente de la Nación saludaba a su antiguo amigo, devenido en funcionario primero y caído en desgracia luego, a la salida del Tedeum o si otros ministros exhibían actitudes de destrato hacia él. Finalmente, ocurrió lo que venía anticipándose: Nicolás Posse renunció, aunque las especulaciones sobre los motivos reales de su dimisión se perderán en las múltiples enlodadas nebulosas de la vida política nacional. 

De inmediato, mientras aparecían pruebas de los manejos extorsivos y corruptos de determinados dirigentes de organizaciones que se auto denominan “sociales”, se denunciaba la existencia de cientos de toneladas de alimentos a punto de vencer, amarrocados por el Estado y arrumbados en galpones. La discusión mediática y política combinó acusaciones y desmentidas en un mar de opiniones mezcladas con acusaciones que, intentaban justificar actitudes en lugar de buscar algo de claridad. La primera explicación oficial, brindada por el vocero presidencial, tenía algo de lógica: se trataba de mercadería que el Estado guarda en previsión de alguna catástrofe, como un terremoto, por ejemplo, que pueda producirse en nuestro territorio.

Pero duró poco la verosimilitud de esta afirmación. El terremoto sobrevino. Primero con decisiones judiciales tomadas con presteza por algún magistrado que no siempre actúa con esta premura, con la renuncia obligada de funcionarios del área social del gobierno nacional por su impericia a la hora de administrar los recursos del Estado y la decisión de distribuir aquellos alimentos a pocos días de haber negado enfáticamente que así se haría. 

Estos vendavales se daban en medio de la discusión de una ley fundamental en el Senado de la Nación y de bizarras situaciones en las que se anunciaba por las redes que se había logrado el dictamen en comisiones, sin antes advertir que faltaba alguna firma para ello. Recién al día siguiente pudo confirmarse lo del dictamen porque quien faltaba suscribirlo había partido raudamente la noche anterior a presenciar un partido de fútbol.

Mientras tanto, el presidente de la Nación se encargó durante la semana de enseñar capitalismo en la Universidad de Stanford, sin reparar quizás que de esta prestigiosa casa de altos estudios egresaron tres ex presidentes de los Estados Unidos, veintiséis premios Nobel y miles de empresarios y CEOS de las más grandes firmas del mundo entero, incluyendo las de la floreciente industria del conocimiento. Convencido de que es “el máximo exponente de la libertad a nivel mundial” y persuadido, como él mismo lo ha señalado, de que genera un terremoto donde va, sostiene que “juega en otra liga”.

En verdad, la experiencia de las últimas dos décadas permite inferir que la Argentina juega, también, en otra liga. Una liga en la que los argentinos “no ligamos”, pues sobran “terremotos” fútiles y evitables, miserias desparramadas, corrupción, oportunidades perdidas y sentido común desperdiciado. 

Con el recrudecimiento de la crisis económica, el avance de la recesión y el incremento constante de precios se genera un profundo impacto en distintas actividades de la vida diaria que se encuentran virtualmente paralizadas. 

En nuestra ciudad ese fenómeno se advierte, entre otras cosas, en la actividad de remises y taxis, un servicio de transporte otrora esencial pero que en este momento está atravesando por una crisis terminal producto, precisamente, de la profunda recesión y paralización de la actividad económica.

Lo que en otros tiempos fue un sostén económico para cientos de familias de nuestra ciudad, hoy se ha convertido en un puñado de vehículos que resisten un inexorable destino de escasa actividad.

En este momento, San Francisco cuenta con dos agencias de remises y un puñado cada vez más reducido de taxis que tienen su parada principal en la Estación Terminal de Ómnibus de San Francisco. Actualmente el servicio de remises en nuestra ciudad tiene un costo unificado entre las dos empresas existentes. En ambos casos la bajada de bandera cuesta $ 650 mientras que cada 100 metros recorridos se cobra 50 pesos.

Por su parte, para los taxis la tarifa comprende $ 1.000 por la bajada de bandera y $ 50 por cada cuadra recorrida.

En todos los casos, con diferentes matices, los remiseros y taxistas reflejan una angustiante preocupación por el panorama por el que les toca atravesar marcado por una peligrosa combinación de gastos fijos cada vez más altos y una pronunciada caída en la actividad. Como resultado de esa desigual combinación se profundiza mes a mes la crisis en el sector.

Marcelo Marino es el propietario de la agencia de remises ‘Los + Rápidos’, dijo que “en los últimos tres meses la actividad cayó un 50 %”.

Esto se tradujo además en una notoria disminución en la cantidad de móviles disponibles. De hecho, antes de la pandemia de Covid 2019, la empresa disponía de 128 unidades mientras que actualmente esa cifra apenas se ubica en 88 vehículos, es decir, sufrió una disminución del orden del 31%.

Marino rescató que en este momento “la mayoría de nuestros clientes son jubilados que no pueden esperar el colectivo y chicos que van a la escuela” aunque en este último caso advirtió que “la cantidad va cayendo día tras día”.

Hasta el año pasado a esta altura, a poco de iniciar el ciclo lectivo 2024 “ya teníamos muchas consultas” de parte de familias que buscaban el servicio de remises para llevar y traer a los chicos de casa a la escuela mientras que este año “no nos está llamando nadie, no tuvimos una consulta”.

En este caso, cada familia que decida contratar el servicio de transporte de un niño desde la casa a la escuela y viceversa debe pensar en un promedio de $ 1.700 por viaje para cubrir un trayecto de 20 cuadras, lo que implica que por día el costo asciende a $ 3.400. Si ese número se traslada a una semana son $ 17.000 mientras que por mes es un promedio de $ 68.000 sólo en remises.

Igualmente, Marino explicó que “se cayeron los viajes a otras localidades”, debido a que antes de esta situación “solían salir viajes a la zona, sobre todos los fines de semana cuando se reunían entre dos o tres personas, pero ahora eso no se hace más”.

Otro elemento que cambió en la rutina de la actividad diaria de los remises es que las unidades ya no circulan por la ciudad buscando ocasionales pasajeros. “Los coches están estacionados, generalmente frente a la central, a la espera de algún llamado porque no pueden afrontar el costo que implica el combustible y ni que hablar de la reposición de las cubiertas que tienen un costo mínimo de 150 mil pesos cada una mientras que un cambio de aceite y filtros cuesta entre 60 y 70 mil pesos”.

Según explicó Pablo, propietario de un vehículo al servicio de Remises ‘El Obrero’, “todo está muy parado a raíz de cómo está el país en general” para luego agregar que los clientes que en su mayoría utilizan el servicio “son gente de menores recursos que ni siquiera cuentan con una bicicleta o una moto para desplazarse por la ciudad”.

En este caso reconoció que prestar el servicio para esta franja de población en la ciudad “es caro” porque “se trata de jubilados o vecinos que no tienen otra forma de llegar a una clínica o un banco para cobrar sus haberes y esto provocó una disminución muy notoria de la actividad”.

Igualmente comentó que “la actividad hoy no es rentable porque el costo que tenemos como remiseros para mantener las unidades son muy altos” lo que hizo caer en “alrededor de un 30 % la cantidad de móviles en la calle” y en caso de continuar por un tiempo más este nivel de inactividad económica “sin dudas se va a profundizar porque muchos remiseros se van a ver obligados a dejar de trabajar”.

Desde hace mucho tiempo, la Estación Terminal de Ómnibus es el lugar de trabajo para Carlos como también para otros 25 taxistas más que, como él, intentan encontrar en este medio de transporte una fuente de recursos que la realidad se encarga de mostrar que es cada vez más escasa.

De hecho, un viaje promedio en taxi tiene un costo estimado entre $ 1.800 y $ 2.000 aunque cada día que pasa se siente más el crecimiento de la inactividad. “El bajón laboral se siente mucho” explicó el taxista quien estimó que la caída de la actividad en los últimos meses “se ubicó en un 70 %”. A modo de ejemplo explicó que “si hacés cuatro viajes por día considerate afortunado”.

Con una mayoría de clientes que surge de los pasajeros que arriban a nuestra ciudad, aunque también es un servicio que utilizan vecinos de San Francisco, Carlos explicó que “antes había una diferencia marcada entre taxis y remises pero eso ahora no ocurre más”.

De hecho, una de las situaciones que emparenta a taxis y remises está vinculado con la misma crisis. “Hoy es muy difícil hacer un viaje largo con el taxi. Es muy común que pasemos varias horas con el coche parado mientras que los colectivos siguen llegando, pero eso no nos asegura más pasaje. La gente se va a pie o bien algunos los vienen a buscar para que se ahorren el viaje en taxi. Todos cuidan la moneda y eso no está mal”.

La CGT arremetió contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , y subrayó que "frente a la condición urgente del hambre no puede haber otra prioridad que una respuesta activa y una actitud de compasión elemental".

A través de un duro comunicado titulado “Chicos: ¿ustedes tienen hambre?”, la central obrera cruzó al Gobierno del presidente Javier Milei, quien se encuentra en medio de una gira internacional.

“Con esta frase arrogante, insensible y discriminatoria, la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, exhibió la actitud política del gobierno nacional ante los reclamos que organizaciones sociales, nucleadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), realizan tras el recorte de ayuda estatal en alimentos para los comedores comunitarios y las ollas populares”, señaló la Confederación General del Trabajo.

Y agregó: “El último eslabón de la dignidad humana se agota cuando no se puede cumplir la más básica necesidad que es la de alimentarse. Frente a la condición urgente del hambre no puede haber otra prioridad que una respuesta activa y una actitud de compasión elemental, anterior a cualquier posicionamiento ideológico”.

En ese sentido, la CGT advirtió que “es precisamente éso lo que hoy sí resulta realmente ´urgente y necesario´”.

“La situación de indigencia y pobreza estructural de millones de personas en extrema vulnerabilidad en nuestro país no puede esperar. Especialmente en lo que se refiere a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Constituyen un abanico doloroso de nuestro cuerpo social, castigado desde hace mucho tiempo por el flagelo de la inflación, con sus secuelas de miseria y deterioro, que gestiones gubernamentales desafortunadas o ineficientes no pudieron o no supieron encauzar para bienestar de la enorme mayoría de la población”, alertó.

Para la organización gremial, “esta ´fila del hambre´ muestra el rostro más cruel de los desafíos como dirigentes y también como habitantes naturales de una nación”.

“´Un plato de comida no se le niega a nadie´ es una vieja frase que representa nuestra más saludable tradición argentina. La Conferencia Episcopal Argentina va más allá y expresa que ´el pedido del pan de cada día es un clamor de justicia´”, manifestó la central obrera, en alusión a las recientes expresiones de la cúpula eclesiástica local.

A falta de pocos días para cumplirse el segundo mes de gestión de Milei al frente de la Casa Rosada, la CGT se quejó de que “las distintas variables económicas de estos últimos días muestran datos alarmantes que se expresan sobre todo en el descontrolado aumento de los alimentos, los medicamentos y los servicios en general, componiendo un panorama inusitadamente crítico de cara a los meses venideros”.

“El riesgo de una crisis alimentaria con imprevisibles consecuencias está a la vuelta de la esquina. Si lo que va a regir es la ´ley de la selva´, lo que sobrevendrá es un horizonte de mayor decadencia y desintegración”, planteó.

Y concluyó: “Es preciso prestar debida atención a estas alarmas y prevalecer en el esfuerzo para curar, cuidar y compartir con los más débiles o desprotegidos, que es lo que nos constituye como comunidad. Por eso es que advertimos: no es con la soberbia de cerrar las puertas a quienes reclaman, ni con la indiferencia de hacer oídos sordos a los que necesitan, como podremos encaminarnos en un marco de cordura y diálogo hacia las soluciones”.

La ciencia médica se encarga de delimitar los significados de dos conceptos que, muchas veces, se utilizan como sinónimos, aunque no lo sean. Una emergencia es una situación repentina y a menudo peligrosa que requiere una acción inmediata. Una urgencia es un episodio que requiere atención inmediata, pero no supone una amenaza inminente para la vida o la propiedad. 

La velocidad con la que transcurren estos meses no da respiro a los argentinos. El cambio de gobierno marcó una bisagra enorme. Casi un cambio de época en donde la dirección que se propone desde el gobierno está en las antípodas de las que pretendieron encaminar los funcionarios del gobierno anterior. Sin embargo, al menos en estos primeros dos meses de gestión, la desmesura priva sobre la racionalidad que debería exhibirse desde el poder. Las exageraciones, las imposiciones, las diatribas, las contradicciones y tantas otras conductas difíciles de comprender forman parte del acervo de la praxis política de todas las veredas. Porque, más allá del paso de una era a otra, es preciso reconocer que algunas virtudes siguen siendo inexistentes en la dirigencia política. Entre ellas, el raciocinio y la reflexión serena que buscan soluciones a través de los consensos.

En este contexto, las cuestiones urgentes continúan estando allí. Requieren atención inmediata, aunque no vaya la vida en ello. Pero, como no han sido eliminadas, han gestado severas emergencias. Por caso, la inflación, una urgencia cotidiana, deriva en una emergencia que ya es una desgracia: la pobreza y la marginalidad espantan. Otro ejemplo: la inoperancia en atender la cuestión urgente de la seguridad ha derivado en la cruel emergencia del auge del delito organizado. En verdad, todas las urgencias no resueltas en este país originaron u originarán emergencias de carácter grave. Consecuencias de “mirar siempre para otro lado”.

Algunos indicios muestran que los compartimentos estancos de la política nacional detentan ciertas filtraciones. Sería un indicio positivo si no se tratase de componendas de poder que permiten, por ejemplo, nombramientos en el gobierno de figuras acomodaticias y pertenecientes a la “casta” tan vapuleada desde el poder. Por estas cosas, la ciudadanía tiene la sensación de que las emergencias en la Argentina solo existen si en ellas “va la vida” de ciertos dirigentes o gobernantes. La metáfora podría resumir la gravedad del panorama que se vive. 

En medio del vértigo en el que está sumido el país, más allá de decretos denominados, paradójicamente “de necesidad y urgencia” o de leyes ómnibus despedazadas por desaciertos de redacción o variedad de intereses sectoriales, se hace necesario reclamar que gobierno y oposición hagan foco en las emergencias que están destrozando el tejido social y amenazando seriamente la vida y los bienes de los ciudadanos. Claro que para lograrlo será vital remediar las múltiples urgencias con las que se convive desde hace tiempo. 

El avance de la vulnerabilidad de los alumnos que asisten a las escuelas de gestión estatal queda expuesto en que ya uno de cada cuatro chicos recibe almuerzo gratuito en el comedor, un 21% más que en ocho años y en igual lapso se incrementó 21,3% la cantidad que desayunan.

Formosa es la provincia con mayor cantidad de almuerzos y desayunos en comedores escolares estatales, sorpresivamente seguida por Córdoba y CABA.

El informe del Observatorio de Argentinos por la Educación dedicado a “Programas de alimentación en escuelas de gestión estatal” da cuenta de que, en 2022, ese porcentaje de incremento en los almuerzos más que triplicó al aumento de la matrícula.

Se contabilizaron 1.860.000 estudiantes, 323.000 más que en 2014, los que acceden a una comida completa, en tanto que son 2.843.000 los que van al comedor a desayunar.

Los datos para establecer la cobertura del programa en cada provincia se desprenden del Relevamiento Anual del Ministerio de Educación Nacional y su incidencia por tipo de jornada escolar y por quintil de riqueza (sobre los datos de la encuesta MICS 2019-2020 llevado a cabo por Unicef). 

El trabajo fue realizado por Cecilia Adrogué (Universidad Austral y UdeSA-Conicet), Eugenia Orlicki y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación).

La asistencia a comedores escolares es mayor entre los estudiantes más vulnerables.

De los chicos de menor nivel socioeconómico, casi la mitad (45,1%) de los que tienen de 5 a 11 años asiste a un comedor escolar.

El porcentaje va bajando en forma inversamente proporcional al ascenso en la pirámide socioeconómica: a 40,6% para el quintil medio y a 16% para los del más rico.

Estas desigualdades también se registran entre los alumnos de 12 a 17 años, franja etaria en la que el 26,5% más vulnerable asiste a un comedor escolar, mientras que en los del medio el porcentaje oscila entre 10 y 13%. En el quintil más rico, desciende al 7,7%.

El 86% de los alumnos que concurren a jornada completa reciben almuerzo, contra el 22% de los que van a jornada simple.

En 2014, 1 de cada 5 alumnos (20%) recibía el almuerzo en las escuelas estatales; en 2022 la cifra aumentó a casi 1 de cada 4 (24%). 

También creció 5 puntos porcentuales la cantidad de alumnos que reciben el desayuno: pasó de 32% a 37% en esos años.

El informe explica que cada provincia es autónoma para decidir qué prestaciones brindar, cuánto gastar y qué calidad nutricional aportar en el comedor escolar.

Las jurisdicciones con mayor proporción de alumnos de escuelas de gestión estatal que reciben almuerzo son Formosa (45%), Córdoba (44%), CABA (37%), Entre Ríos (37%), Corrientes (36%) y Santa Fe (32%). 

En el otro extremo se encuentran Santa Cruz (0%), Neuquén (7%), Mendoza (7%), La Pampa (8%), San Luis (9%) y Misiones (10%).

Por otro lado, las provincias con mayor proporción de estudiantes que reciben desayuno son Formosa (62%), CABA (55%), Corrientes (49%), Jujuy (47%), Santa Cruz (45%) y Tucumán (45%).

Los porcentajes más bajos se encuentran en Mendoza (16%), Chaco (24%) y Córdoba (29%).

“Los comedores escolares en contextos socioeconómicos difíciles cumplen un rol fundamental. Tienen en sus manos la oportunidad de alimentar saludablemente a las nuevas generaciones de argentinos, quienes en muchos casos se ven privados de ello en sus hogares”, señala Cecilia Adrogue, coautora del informe.

La secretaria del GrupoTATETI, asociación civil de madrinas y padrinos de escuelas rurales, Sofía Moggi, destacó asimismo: “Muchas veces, las infancias que habitan estos entornos [rurales] se alimentan exclusivamente de las comidas que pueden ofrecer las instituciones educativas". 

Agrega que "en este sentido, los servicios de alimentación escolar son un facilitador para alcanzar una nutrición adecuada. Este es un aspecto más en el que las escuelas se encuentran invisibilizadas, y por el cual es necesario continuar trabajando para que las infancias accedan a su derecho”.

Desde Fundación Agrupar también consideran beneficioso que los alumnos reciban el desayuno o la merienda, según el turno en el que estén cursando. 

“Hemos observado que este refrigerio ha tenido un impacto positivo en los estudiantes, ya que es un factor importante en el desarrollo de los procesos cognitivos y en su rendimiento académico. Además, es una buena iniciativa para despertar en los jóvenes el interés por las prácticas de alimentación saludable, y en muchos casos, la generación o profundización de buenos hábitos”, explican en el equipo del programa de becas de esta organización con sede en Goya, Corrientes.

No hace falta ser un experto para tomar nota de que la Argentina vive una situación tan grave como frustrante. Un panorama plagado de necesidades que deben ser resueltas de manera urgente para evitar que la crisis se profundice y el estallido se patentice en hechos concretos. 

Existe, por lo tanto, la necesidad urgente de sortear numerosos frentes de tormenta que se abaten sobre la realidad en modo torbellino y convirtieron casi en invivible al país. Enumerar algunos de ellos supone, entendemos, un buen ejercicio para comprender que la Argentina se halla en un estado de necesidad y urgencia prácticamente terminal: inflación indetenible, pobreza que afecta a más de la mitad de la población, un Estado quebrado, corrupción estructural no solo en los ámbitos políticos, deterioro palpable de la educación y la salud públicas, inseguridad creciente, penetración angustiante del narcotráfico, desmembramiento del tejido social, virtual expulsión del país de cientos de miles de jóvenes que no encuentran futuro aquí. Un país saqueado, en definitiva. 

La percepción general parece coincidir en que la resolución de los severos problemas que se afrontan debe contener diálogos entre los protagonistas de la vida nacional en todos los ámbitos que, al menos, disipen las nubes para que se pueda observar el horizonte. Pero no sucede. Tal vez ocurra en mínimas proporciones y bajo condiciones de secretismo. Que no aportan y terminan generando sospechas. Salir del brete sin dialogar es una utopía.

Sin embargo, la conversación social es de sordos. Un gobierno recién asumido, que prometió una vuelta de campana absoluta, lanzó una multitud de medidas y reformas. Es cierto que recién se cumple un mes de su asunción y que algunos sectores de la vida nacional ya le están haciendo la vida imposible. Pero no es menos verdadero que las flamantes autoridades escogieron procedimientos muy discutibles desde lo constitucional y pretenden que aquellas reformas profundas se aprueben a libro cerrado. Ni siquiera reparan en que su representación parlamentaria es ínfima. Cuestionan, con razón, las posturas intransigentes de quienes gobernaron durante muchos años y son responsables del desquicio. Pero asumen posturas similares a las que ejercieron sus antecesores y se obstina en mantener el camino de la confrontación, mientras la realidad acucia con las necesidades y urgencias cotidianas de gran parte de los argentinos. 

En lo que va de este siglo se han formulado numerosas convocatorias al diálogo para encontrar puntos de consenso sobre los que pueda discurrir la vida nacional. Todas fracasaron. Fueron artilugios, pura pirotecnia de falsa corrección política que pretendieron imponer una mirada, establecer un sesgo y “quedar bien” ante la opinión pública. La pretensión de imponer condiciones para conversar con quien piensa distintos evidencia que hay cuotas de autoritarismo en vastos ámbitos de la realidad argentina.

El verdadero diálogo es interacción, no imposición. Exige escucha atenta y mentes abiertas. El objetivo no debería ser otro que el bienestar del país y de cada uno de los ciudadanos. Alcanzar el bien común, en definitiva. Un diálogo de estas características no ha podido nunca cristalizarse. Frente a la apremiante crisis que vive el país, y asumiendo que puede interpretarse como ingenua esta afirmación, casi es una obviedad señalar la necesidad y urgencia de que se produzca.

Tres noticias actuales pintan con elocuencia el panorama en el que se desenvuelve la vida de los argentinos a escasas horas del traspaso del poder. Reflejan el estado de deterioro de la calidad de vida, las dificultades que se deberán afrontar en el futuro cercano y la pesada hipoteca que heredarán las futuras generaciones. 

Por un lado, la última encuesta la Deuda Social Argentina realizada por la Universidad Católica Argentina para el tercer trimestre de 2023 arrojó que el 44,7% de la población vive en condiciones de pobreza. Además, un tercio de los trabajadores no recibe ingresos suficientes para cubrir la canasta básica total. Uno de cada cinco habitantes del país vive en situación de inseguridad alimentaria, el peor registro desde 2005. Así también, seis de cada 10 menores de 17 años viven bajo la línea de la pobreza. 

Por otra parte, siete de cada diez estudiantes de nuestro país no lograron el nivel mínimo de desempeño en matemática. En tanto, en lectura y ciencia, son cinco de cada diez alumnos los que no alcanzaron los niveles básicos, de acuerdo a los resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), que impulsa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Además, cámaras médicas y de otras profesiones vinculadas con la salud alertaron días atrás que se están agotando las reservas disponibles de insumos importados, sales y cloruros entre otros, indispensables para la preparación de los concentrados con los que se efectúan las sesiones de diálisis, como así también jeringas, catéteres, stents, líquidos peritoneales, etc. Los tratamientos de diálisis y algunas intervenciones cardiovasculares podrían verse interrumpidas en poco tiempo, con las dramáticas lógicas consecuencias que esto acarrearía para la vida de los pacientes. 

Las tres noticias grafican y le otorgan contenido humano a la seria crisis que se vive en prácticamente todos los ámbitos, azuzada por una inflación que ganó todas las batallas y un nivel de actividad que no crece desde hace más de una década. Pero también por la hipocresía y el cinismo de algunos miembros del gobierno, encabezados por las dos máximas autoridades del país, que no se hacen cargo del desconcierto que han generado con sus disputas internas, el loteo de las áreas de gestión, la eterna cuarentena, los largos meses de escuelas cerradas, los vacunatorios para privilegiados, los alienantes alineamientos de la política exterior, la fiesta clandestina de Olivos, los desvaríos ideológicos, el despilfarro de los recursos y las reservas con fines solo proselitistas, los intentos de colonización cultural y educativa, la inseguridad que abruma, los espionajes y la corrupción que siempre tiene adeptos, entre otras “virtudes” que se pueden enumerar para describir estos cuatro años en los que las justificaciones del desastre comenzaban siempre con una frase lamentable que terminó convirtiéndose en meme: “Ah, pero”. 

No sabemos qué le deparará al país la próxima gestión. Es mucha la incertidumbre. Pero una certeza existe: vinculando la actual triste realidad con aquella insólita referencia presidencial que “tomaba nota” de que los argentinos venimos de los barcos, el estrepitoso fracaso del gobierno saliente deja al país navegando a la deriva. Aquello de que habían vuelto “mejores” fue una farsa.

Un indicador de la difícil situación social y económica que atraviesa el país y de la que San Francisco no es ajena, es la inscripción de niños y jóvenes que asisten a establecimientos educativos en el Programa de Asistencia Integral de Córdoba (Paicor). 

El objetivo primordial de este programa social de la provincia es contribuir a la inclusión y permanencia en el sistema educativo formal y al adecuado crecimiento y desarrollo de la población en edad escolar en situación de vulnerabilidad, brindando asistencia alimentaria y promoviendo la mejora en los hábitos vinculados a una alimentación saludable.

Un relevamiento efectuado por LA VOZ DE SAN JUSTO arrojó una escena muy reveladora de lo que ocurre en distintas instituciones de la ciudad. Las escuelas desde hace varios años cumplen funciones mucho más amplias que sólo las pedagógicas, y la asistencia a los comedores es un indicador que demuestra que la alimentación se torna indispensable para el desarrollo integral de niños y adolescentes en edad escolar. 

En el Ipet N° 264 “Teodoro Asteggiano”, de barrio Parque, se constató que no sólo el porcentaje de estudiantes inscriptos en el Paicor es significativo – llegó al 57% en 2023- sino que incluso hay jóvenes que dejaron la escuela, por diversos motivos, y siguen yendo a comer.

“Hay chicos que han abandonado la escuela y que vienen igual al comedor. No entran al aula, pero vienen a comer”, reveló Sabrina Ríos, vicedirectora del Ipet 264. Las situaciones educativas y sociales son muy puntuales, hasta incluso hay estudiantes que tienen una intermitencia en la asistencia a clases y, sin embargo, al comedor “van siempre”. 

“Vos los ves comiendo y después no entran al aula”, agregó Ríos. 

Estas circunstancias, para el personal docente, se tornan un tanto problemáticas, sobre todo por cuestiones de cuidado. Los directivos, si divisan a algún estudiante que abandonó la escuela o que faltó a clases, inmediatamente llaman a sus respectivas familias para confirmar que están al tanto y los autorizan a retirarse o a alimentarse en el establecimiento. 

“No entran al aula, pero vienen a comer”, advierten directivos. Reciben asistencia alimentaria hasta tres veces al día.

La escuela, en este contexto, como espacio de enseñanza queda relegada a un segundo plano frente a cuidados y asistencias de primera necesidad. Ahora bien, lejos contemplar lo meramente educativo, el Paicor viene a suplir una necesidad básica como la alimentación y les brinda un espacio de contención a los jóvenes que, por diversas circunstancias, no pueden acceder a un plato de comida en su hogar. 

Cabe destacar que muchos de ellos a veces tienen horas libres y, en vez de retirarse antes de la escuela, prefieren quedarse y esperar al momento del almuerzo.

La zona que ocupa la Teodoro Asteggiano también es un espacio de contención para que jóvenes de localidades santafecinas. No es un dato menor que el Paicor, un programa de la provincia de Córdoba, le provee de comida a estudiantes que vienen de Frontera y Josefina. 

A la vuelta del Ipet 264, se encuentra la escuela primaria José María Paz, donde el número de alumnos inscriptos al Paicor llega al 90% y esto se refleja directamente en la asistencia a clases, que tiene un porcentaje similar. 

Tanto en este establecimiento como en los demás consultados, hubo una constante: si sobra comida, estudiantes que no estén inscriptos pueden acceder al comedor para alimentarse en la escuela. 

En la José María Paz también existen casos puntuales de alumnos que vienen de otras provincias, como Entre Ríos, Catamarca y, en breve, de Mendoza. Si bien, las familias llenaron las planillas para acceder al programa social, muchas quedaron observadas, pero si sobra comida, están invitados a comer. 

“No les podés negar un plato de comida a los chicos”, manifestó la directora Elizabeth Fernández, y resaltó que Paicor también les provee útiles. 

Otro establecimiento consultado es el Ipem N°96 “Prof. Pascual Bailón Sosa”, que tiene un 70% de estudiantes inscriptos en el programa de alimentación. Si se comparan los números del año pasado con los de 2023, hubo un incremento de 90 beneficiarios.

En este centro escolar, la vicedirectora Carina Stassi subrayó que una particularidad de estos últimos tres años es que la mayoría de los estudiantes que inician sus estudios secundarios ya vienen inscriptos desde el primario en el Paicor. 

Por su ubicación, la escuela Bailón Sosa posee una población estudiantil que viene de varios sectores de la ciudad. Los estudiantes recorren largas distancias para asistir a clases. Al igual que en la Teodoro Asteggiano, muchos de los jóvenes esperan al momento del almuerzo, incluso hasta si tienen horas libres y pueden retirarse antes. 

En los últimos años, los colegios de San Francisco se convirtieron en sitios de contención, esparcimiento y, también, en donde se brinda un plato de comida.

La crisis económica acrecienta las funciones que cumple el sistema educativo y la inscripción de familias en el Paicor así lo demuestra. Además de ser un programa que permite una alimentación saludable para estudiantes, es un gran alivio para las familias tanto por cuestiones económicas como de organización hogareña.  

La escuela, como institución que forma a las nuevas generaciones, se ve un tanto desdibujada en su labor pedagógica central ante la urgencia de suplir necesidades primordiales para niños y jóvenes.

La degradación constante que la Argentina ha venido padeciendo en las últimas décadas arroja consecuencias nefastas para la población. Se pueden constatar con una observación simple, pero detenida de los avatares cotidianos. Ocurren en todos los ámbitos de la vida, aunque adquieren mayor visibilidad quizás en las cuestiones vinculadas con la economía. Porque allí se siguen sumando interrogantes acerca de lo que vendrá y, en el mientras tanto, surgen dilemas difíciles de resolver.

La inestabilidad de las condiciones en las que se desenvuelven las actividades productivas y de servicios son el motivo de numerosas vicisitudes que complican el presente y no permiten abrigar esperanzas de algún optimismo –aunque sea moderado- en cuanto a las perspectivas para los próximos meses. La inflación indetenible, el delirio del mercado de cambios, la falta de divisas, la emisión descontrolada, la debacle de nuestra moneda y tantos otros problemas se suman a los desaguisados políticos y la desmesura de sus protagonistas en épocas preelectorales, para generar una realidad desconcertante para quien pretenda mantener en funcionamiento cualquier emprendimiento.

En este punto, la dinámica cotidiana del comercio vive horas muy agitadas. No hay rubro que escape a esta situación. Todo sucede a una velocidad inusitada y la necesidad de tomar decisiones agiganta la incertidumbre, ante la sensación de que, cualquiera sea el camino elegido, habrá derivaciones imprevistas y el resultado no satisfará las expectativas en la mayoría de los casos. 

El abastecimiento de productos ha dejado hace tiempo de ser normal. La mercadería llega a cuentagotas. O directamente no lo hace. Si la materia prima es importada, el suplicio se agiganta y crecen las sospechas de la existencia de “cajas” opacas en las que debe dejarse alguna contribución para que se libere lo adquirido en el exterior. Las listas de precios tienen cortísima vida útil. A todas estas limitaciones evidentes se suma el dilema de no saber si el precio al que se vende permitirá reponer las existencias sin perder en el intento, lo que determina, en muchos casos, la decisión de dejar de vender hasta que el panorama se aclare. El problema es que el horizonte sigue mostrando densos nubarrones. 

Así, la tradicional y necesaria relación entre vendedor y cliente se resiente más de la cuenta. La necesidad de fidelizar al comprador encuentra un obstáculo durísimo que coloca a la actividad prácticamente en un callejón sin salida. La confesión abrumada de personas que hace mucho tiempo desarrollan actividades comerciales se transforma en un signo de época: se hace muy complicado, si no imposible, programar, planificar e invertir en contextos en los que no hay precios de referencia ni tampoco garantías de que la estabilidad pueda alcanzarse en breve. 

Algo similar sufren los consumidores. Suman muchos ceros hoy, pero los pesos siguen siendo pocos frente al creciente costo de vida. Flacos bolsillos obligan a malabares inevitables e inefables. Las billeteras no cierran debido a la cantidad de billetes que albergan, pero su valor es cada día menor. Desprenderse de ellos se transforma casi en una obsesión. 

Es verdad que hay una “gimnasia” de años que permite enfrentar los sucesos que devienen de las olas inflacionarias que han sacudido y degradado al país. Nos hemos convertido todos en equilibristas que, sin red de contención ni política ni social, caminamos por una delgada línea que bordea el precipicio. Y en ese contexto aparecen dilemas importantes que deben ser resueltos. El límite, si no ha llegado, está muy cerca. El desbarranco es una posibilidad cierta en esta realidad abrumadora. 

Sacar de quicio a una puerta o una ventana significa separarla de las bisagras que le permiten el movimiento esencial para que cumplan con su función. Por extensión, se aplica a la situación en la que una persona o un grupo social se aparta de las conductas deseables, independientemente del motivo que produzca esta alteración. 

Desquiciado, entonces, es algo o alguien que sufre una descompostura, que está desencajado, exasperado, trastornado, desarreglado, dislocado, perturbado, desmembrado. Los participios pasados podrían continuar. Pero queda clara la idea de que el desquicio no forma parte de la normalidad, de lo que es esperable y lógico.

Sería quizás una exageración afirmar que la Argentina toda está desquiciada. Sin embargo, no es una desmesura sostener que la actividad política sí lo está. Y que varios de sus protagonistas se han salido de las bisagras en este convulsionado período preelectoral, en el que son evidentes las bravuconadas, las consignas fervorosas y las acusaciones permanentes, al tiempo que existen esfuerzos por dejar en la nebulosa las sospechas –de nitidez explicita en algún caso- de acuerdos y complicidades. 

La crisis socioeconómica y financiera es de una magnitud comparable a las peores que vivió el país en su historia reciente. Y la política, fuera de quicio, naufraga en la desorientación. La inflación indetenible es azuzada por la inundación de billetes con la supuesta intención de favorecer el bolsillo sufrido de las familias, decidida por el Ministerio de Economía. Sin embargo, el efecto búmeran es notorio: la gente se desprende rápidamente y hasta con desesperación de todos sus devaluados pesos. 

La corrida cambiaria y bancaria que la política económica fue capaz de generar es alimentada por los conceptos públicos de un candidato presidencial. Con mal gusto y prepotencia, tildó de “excremento” a los pesos y aconsejó a los ahorristas que no renueven los plazos fijos y se vayan al dólar. En verdad, cuando la incertidumbre reina como en estos meses, ésa es la práctica habitual que millones de argentinos ejercen para salvaguardar, al menos en parte, su capital. No descubrió nada nuevo Milei, pero hizo gala de una irresponsabilidad manifiesta.  Al mismo tiempo, los demás competidores de la contienda electoral también muestran signos de desquicio: gritos destemplados, silencios llamativos sobre casos escandalosos, negaciones varias y defensa de brutales acciones terroristas completan la escena. Acompañado todo esto de contradicciones tan visibles como groseras en ciertas ocasiones. 

Respecto de esto último, es muy posible que estemos asistiendo al florecimiento de lo que anticipó George Orwell, en su libro “1984”: la práctica del “doblepensar”. Es decir, “el poder, la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas a la vez en la mente”. Y agrega: “Decir mentiras a la vez que se cree sinceramente en ellas, olvidar todo hecho que no convenga recordar, y luego, cuando vuelva a ser necesario, sacarlo del olvido sólo por el tiempo que convenga, negar la existencia de la realidad objetiva sin dejar ni por un momento de saber que existe esa realidad que se niega... todo esto es indispensable”. 

Las elecciones están cerca. Ojalá sean el ancla para que la política “doblepensante” deje de bambolearse fuera de quicio.

La licuación de ingresos de la población que determina cada mes la acelerada inflación que padece el país ha determinado que otra vez los niveles de pobreza superen el 40%. Y que la indigencia, una situación de vida dramática en la que la dignidad humana se pierde, llegue a uno de cada diez compatriotas. 

En efecto, la Encuesta Permanente de Hogares del Indec informó que en el primer semestre del año la pobreza alcanzó al 40,1%, lo que implica un salto de casi un punto frente a la medición de fines de 2022 (39,2%) y de 3,6 puntos en relación con al mismo período del año pasado. Por su parte, la indigencia –los más pobres entre los pobres– tocó el 9,3% contra el 8,1% de diciembre del año pasado. 

Además, alarma que la situación más grave se registre entre la población con menos edad. Según los datos del Indec, entre los menores de 17 años el 57% es pobre y la peor cifra se registra entre los adolescentes (entre 12 y 17 años) el índice trepa al 59 por ciento, mientras que la indigencia llega al 16 por ciento. Jóvenes sin horizontes, destinados a no encontrar la salida a su apremiante situación socioeconómica, son la peor radiografía de una realidad que abruma. 

Es preciso aclarar que los índices corresponden a la primera mitad de este año. Es decir, no tienen en cuenta la profundización de los porcentajes de inflación y el impacto de la devaluación brusca y sin plan de contingencia que dispuso el ministro de Economía y candidato oficialista luego de las primarias de agosto. Tampoco contempla el despilfarro de recursos públicos con el que pretende congraciarse con el electorado, demostrando nula preocupación por los efectos negativos que estas decisiones tendrán en una economía que sufre un deterioro terminal. 

En este punto, un periodista porteño reflotó una anécdota de mediados de 1987. “El Plan Austral comenzaba a hacer agua y el riesgo ante una inflación que se podía disparar y descontrolar estaba latente, es más, muchos lo anticipaban si no se tomaban medidas drásticas. En ese momento se dio este diálogo: “Saúl, ¿usted no se da cuenta de que si en este contexto aumentamos los salarios nominales se va a espiralizar la inflación y van a caer los salarios reales?”, dijo el entonces ministro de Economía, Juan Sourrouille, al Secretario General de la CGT, Saúl Ubaldini, quien sin dudar le contestó: “Ministro, ¿y usted no se da cuenta de que si yo consigo un aumento del salario nominal es una victoria mía y si después se acelera la inflación es una derrota suya?”, escribió Daniel Santacruz. 

El relato resume las miradas sectarias que predominan en la política argentina. “Debo ganar yo y que el otro pierda, no importa cómo y con qué consecuencias”, es la consigna que desde hace décadas se maneja en la discusión política. ¿Y los consensos? ¿Y la vocación de diálogo que se declama? Más serio todavía: ¿Será prioridad la realidad acuciante de los más vulnerables?

El 40,1% de pobres y el 9,3% de indigentes son la respuesta. Negativa, por cierto. Frente al impacto de estos porcentajes, ya no es necesario preguntarse si son “pan para hoy y hambre para mañana” las decisiones electoralistas de reparto a diestra y siniestra de recursos públicos. Con estos escandalosos indicadores de pobreza no hace falta ser un experto en economía para comprender que hoy el pan escasea y el hambre es un flagelo que crece. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer este miércoles el índice de pobreza, que se ubico en 40,1% al ci

erre del primer semestre de 2023. En tanto, el nivel de indigencia se ubicó en 9,3%.

Hay más de 18,4 millones de personas en situación de pobreza y 4,3 millones de personas en situación de indigencia extrapolando los datos de los 31 aglomerados medidos  a la población general.

Al interior del número, cuando se comienza a observar por regiones, se destacan algunas ciudades y regiones que son más golpeadas que otras.

Entre las regiones en que se divide la medición en base a la distribución geográfica, la Región Noreste, resulta la que tiene el mayor nivel de pobreza, con un 42% y también la que ostenta el mayor porcentaje de indigencia, 10,6%.   Dentro de esta región, sobresale el indice de pobreza más alto del país, que es el de Gran resistencia en Chaco, con un  60,3% y el mayor porcentaje de indigencia del país también con 18,8%.

Al Noreste le sigue la Región Gran Buenos Aires

, con un 41,4% de pobreza y un 10,4% de indigencia.  Se da aqui el mayor contraste regional. Mientras la Ciudad Autonoma de Buenos Aires registra el menor indice de pobreza del país con 17,4%, del otro lado de la General Paz, el Gran Buenos Aires acumula uno de los mayores índices de pobreza, 47%. Más de dos veces y media el índice de CABA.

Al analizar los niveles de indigencia, el GBA tiene uno de los más altos índices con 11,6%, pero es uno de los más significativos por la densidad poblacional. Contiene a casi 1,5 millones de personas bajo la linea de la indigencia.

La región Noroeste se encuentra en tercer lugar, con un índice de 41% de pobreza y 7,8% de indigencia. Aquí se destaca negativamente el conglomerado de Santiago del Estero - La Banda con un porcentaje de pobreza del 46,6%.

La región de Cuyo, mostró un índice de 40,7% de pobreza, y 6,7% de indigencia, donde sobresale el conglomerado de Gran San Luis, con un nivel de pobreza de 47,3%, aunque en la indigencia, el que marcó el peor registro fue el Gran Mendoza, con el 8,7%.

La región pampeana se mostró por debajo del indice general, con un 36,8% de pobreza y un 8,2% de indigencia. Se destacó el dato de Concordia, que expuso un 58,3% de pobreza y 18,1% de indigencia. De los peores porcentajes de los conglomerados junto con Gran Resistencia.

La región patagónica es la que mejores estadísticas reveló al  exponer un 33,2% de pobreza y 5,5% de indigencia.

Fuente: NA

La clase media se achica cada vez más y ya representa apenas el 45% de la población porteña, mientras la indigencia llegó a un nivel récord en la Ciudad de Buenos Aires, según un informe oficial.

Además, un tercio de los pobres son menores de 17 años en el distrito porteño, el más rico de la Argentina.

Los hogares encabezados por mujeres son los más afectados por la pobreza, el 24,4%, mientras que si hay un varón al frente del hogar, el índice disminuye al 18%.

En medio de la disparada inflacionaria, los ingresos de la población caen en picada. El escenario se complica aún más si se tiene en cuenta que los datos corresponden al segundo trimestre, es decir, todavía no se vio reflejado el nivel récord del costo de vida alcanzado en agosto, del 12,4%, el más alto en 21 años.

Un dato curioso es que la pobreza aumenta a pesar de que el empleo en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó un nuevo récord, lo cual grafica que tener un trabajo estable ya no garantiza evitar caer entre los estratos más pobres, según especialistas.

De acuerdo con los datos de la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad, en un año la indigencia subió del 7,5% al 10,2% (315.000 personas), llevando la pobreza al 27% (830.000 personas) versus un 23,6% un año atrás. Es una cifra récord salvo durante la pandemia.

Por su parte, el 39,6% de los niños, niñas y adolescentes (de 0 a 17 años) residen en hogares en condición de pobreza (271.500 personas en ese grupo de edad). Un año atrás, era de 38,4%.

En la zona Sur de la Capital es donde se registran los mayores niveles de indigencia, pobreza, vulnerabilidad social y pobreza infantil.

Según el reporte, del conjunto de hogares y personas en situación de pobreza, los que están en situación extrema (indigencia) se incrementaron del 35% al 38%.

Una de las razones por las que mucha gente es pobre aunque tenga empleo, es que los aumentos nominales en los ingresos laborales y no laborales (como jubilaciones y ayudas sociales) quedaron por debajo de la suba de los precios, que ronda el 120% anual.

La pérdida de ingresos se detecta en todas las categorías ocupacionales, y se traduce en un empobrecimiento de los trabajadores con empleo, estén registrados o no.

Desde el inicio de la medición porteña, la pobreza pasó del 16,4% en el segundo trimestre de 2015 (bajo el gobierno de Cristina Kirchner a nivel nacional), al 22,1% en 2019 (Mauricio Macri) y al 27% en la actualidad (Alberto Fernández).

El costo de la canasta básica alimentaria (CBA) subió 17% en agosto, por lo que un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesitó percibir ingresos por $130.590 para no caer en la indigencia, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Por su parte, el costo de la canasta básica total (CBT), que además de alimentos mide precio de la indumentaria, transporte y servicios, marcó un incremento de 14,3% en agosto, por lo que el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $284.687 para no caer debajo de la línea de la pobreza. 

Esta información surge luego de que el jueves el Indec informara que la inflación de agosto fue de 12,4%.De esta forma, en los primeros ocho meses del año la canasta básica alimentaria acumuló un aumento 94,4%, mientras que la canasta básica total subió 86,7%, frente a una la inflación general de 80,2% en el mismo período.En tanto, en los últimos doce meses, el costo de la CBA se ubicó en 146,4 % y la CBT 137,7%, en tanto que en similar lapso la inflación fue de 124,4%.

En el 2024, la Argentina se convertirá en el país con mayor inflación, según un pronóstico difundido hoy por la consultora internacional Focus Economics.

La entidad publicó un informe centrado en diversas variables macroeconómicas de los países de América Latina, según el cual se espera que los precios aumenten 130% el próximo año, superando incluso a Venezuela (128%).

El informe anticipa que la inflación promediará un nivel más bajo este año en la mayoría de los países, gracias a la disminución de precios internacionales de materias primas, la normalización de las cadenas de suministro y una demanda interna más moderada.

Sin embargo, advierte que algunos países, incluyendo a Argentina, Colombia, Haití y Venezuela, experimentarán un aumento en la inflación en 2024.

Según Focus Economics, en 2024 la tendencia a la baja en la mayoría de los países continuará, con la notoria excepción de Argentina, donde la devaluación constante de su moneda seguirá impulsando el aumento de los precios.

Si estas estimaciones se confirman, la inflación en Argentina aumentaría del 116% en 2023 al 130% en 2024, mientras que en Venezuela disminuiría de 291% a 128%.

El informe advierte que la Argentina enfrentará desafíos económicos considerables en los próximos años, incluyendo controles de divisas, una inflación descontrolada, políticas económicas ineficaces, sequías y tasas de interés extremadamente altas.

Se aguarda una contracción del 0,3% en el PBI en 2024, después de una caída del 2,5% este año.

Por otro lado, se espera que el aumento del turismo y la mayor producción energética en Vaca Muerta brinden cierto respaldo a la economía a mediano plazo.

En cuanto al ámbito político, Focus Economics sugiere que las elecciones de octubre podrían marcar un cambio hacia una postura más liberal en la política económica si Javier Milei o Patricia Bullrich, dos de los tres candidatos mejor posicionados para la presidencia junto con Sergio Massa, llegan al Gobierno.

No obstante, se advierte que el país enfrenta la amenaza de un incumplimiento de pagos debido a la grave situación fiscal, las reservas internacionales menguantes y una economía en contracción.

El informe también menciona un cambio en el ciclo climático debido a "El Niño", que podría aliviar la devastadora sequía, aunque no está claro hasta qué punto.

A largo plazo, se espera que el aumento en la producción de hidrocarburos, litio y hidrógeno impulse la actividad económica.