El Partido Justicialista comparó hoy la situación de la ex presidenta Cristina Kirchner con la proscripción de Juan Domingo Perón y convocó a su militancia a “luchar y construir las condiciones políticas necesarias” para lograr su libertad.

En un comunicado por el Día de la Lealtad, el PJ recordó el 17 de octubre de 1945, cuando miles de trabajadores marcharon a Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Perón, y sostuvo que “ese día nació el peronismo”.

El texto partidario afirmó que “hoy la historia vuelve a interpelarnos” y planteó que Cristina Fernández de Kirchner se encuentra “detenida en San José 1111”, con un régimen de visitas restringido.

Además, el PJ cuestionó la condena contra la ex mandataria, a la que definió como “sin pruebas”, y sostuvo que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos es “el verdadero objetivo de la persecución”.

“No se trata de justicia: se trata de proscripción”, señaló el comunicado, que acusó al poder de buscar impedir que el pueblo vuelva a elegir “a la dirigente política más importante de la oposición”.

En ese marco, el Partido Justicialista llamó a su militancia, sus organizaciones, los trabajadores y “todos los sectores democráticos del país” a asumir una “responsabilidad histórica” para reclamar la libertad de Cristina Kirchner y el fin de su proscripción.

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) resolvió separar los expedientes de Los Sauces y Hotesur, que habían sido unificados para llegar a la instancia de juicio oral, y estableció fechas diferentes para los debates contra Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez y otros acusados.

El juicio por Los Sauces comenzará el 23 de octubre de 2026, mientras que el correspondiente a Hotesur está previsto para el 19 de marzo de 2027, según la decisión del tribunal.

La resolución se tomó después de que el TOF 5 recibiera los listados de testigos para el debate y considerara que separar los expedientes permitiría evitar una prolongación innecesaria del proceso. Las causas habían tramitado por separado durante la etapa de instrucción, pero fueron unificadas al llegar a juicio porque el tribunal entendió que compartían el objeto procesal y al menos 16 imputados.

El primer debate estará concentrado en los hechos investigados alrededor de Los Sauces SA, la inmobiliaria de la familia Kirchner.

Según la acusación, la empresa tuvo entre sus principales clientes a sociedades vinculadas con Lázaro Báez y Cristóbal López. La investigación busca determinar si los alquileres de inmuebles constituyeron una vía para canalizar fondos de origen ilícito hacia empresas de la familia Kirchner.

En este expediente, Máximo Kirchner se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados. Está acusado, al igual que su madre, por presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.

La acusación sostiene que los alquileres realizados por empresas de Báez y López a sociedades de la familia Kirchner pudieron funcionar como una pantalla para transferir dinero proveniente de negocios vinculados con el Estado. Se trata de una hipótesis que deberá ser discutida y probada durante el juicio oral.

El segundo debate estará enfocado en Hotesur SA, la sociedad vinculada a la explotación del hotel Alto Calafate.

En este tramo de la investigación se analizan presuntas maniobras de lavado de activos a través de operaciones vinculadas con el establecimiento hotelero y pagos realizados por empresas relacionadas con Lázaro Báez.

La acusación deberá demostrar durante el debate si esos movimientos tuvieron el propósito que sostiene la investigación. Las defensas, por su parte, podrán cuestionar la hipótesis y la prueba presentada.

Los expedientes Hotesur y Los Sauces habían sido elevados a juicio hace varios años. Durante 2021, el TOF 5, con otra integración, había sobreseído a los acusados sin realizar el debate oral. Esa decisión fue posteriormente revocada y el proceso continuó hacia la instancia de juicio.

La preparación del debate incluyó nuevas pericias contables destinadas, entre otros puntos, a analizar los movimientos de dinero de las empresas involucradas y los alquileres investigados. El tribunal había reclamado a los peritos que informaran el avance y la fecha de finalización de sus trabajos antes de definir el cronograma definitivo.

El TOF 5 está integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, quien interviene como subrogante. El tribunal estableció que las audiencias serán presenciales y se realizarán tres veces por semana.

Si surgieran dificultades de agenda que impidieran cumplir con el cronograma durante los días hábiles, los jueces contemplaron la posibilidad de habilitar jornadas durante los fines de semana y la feria judicial de verano.

De esta manera, después de años de trámite judicial, las dos causas que habían llegado unificadas a la instancia oral tendrán finalmente dos debates separados, con Los Sauces como el primero en comenzar y Hotesur previsto para marzo de 2027.

La defensa de Cristina Kirchner con su nuevos abogados Rafael Valim y Javier Borrego y su histórico defensor Carlos Beraldi anunciará este miércoles novedades en el expediente que iniciaron ante el Comite de Derechos Humanos de la ONU para intentar anular la condena de la ex presidenta.

Pese al esfuerzo de sus abogados, lo cierto es que el organismo de la ONU no se contempla como “una cuarta instancia de apelación”, según fuentes judiciales. La palabra final en el país la tiene la Corte Suprema que ya ratificó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

La defensa de Cristina presentó el 29 de julio pasado un reclamo por su situación procesal ante la ONU. Entre sus principales argumentos volvió a reiterar que la causa Vialidad, donde está condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, responde a una “persecución política". Su nueva defensa busca que la ex presidenta pueda ser candidata a pesar de la condena que la inhabilita.

Cristina argumenta que la pena busca su “proscripción perpetua” para ‘excluirla de la vida política y limitar la oferta electoral, siendo esta la ‘pena principal’ e impidiéndole al pueblo elegir libremente”.

La presentación realizada por la defensa se realizó un año después desde que la Corte Suprema confirmó el fallo de Vialidad. Por delante le quedan aún cinco años para cumplir la totalidad de la pena.

¿Puede la expresidenta revertir su situación procesal yendo ante la ONU? La jurisprudencia -indicó una alta fuente judicial- refiere al fallo Fontevecchia: “la Corte Suprema es la última palabra en la Argentina sobre la Constitución Nacional’.

Una fuente judicial brindó un ejemplo concreto: “En la dictadura, por ejemplo, lo que decía el Comité de la ONU tenía un valor real y jurídico, porque no había Estado de derecho”.

Otra mirada se suma al análisis de la situación: “La situación de Cristina Kirchner pasó por todas las instancias; pasaron casi 20 jueces por este expediente”.

Efectivamente, en el caso Vialidad intervinieron en diversas instancias más de 16 funcionarios judiciales que coincidieron en avalar la existencia de la maniobra delictiva que se construyó a través de las 51 licitaciones viales adjudicadas a Lázaro Báez (ex socio comercial de Cristina Kirchner).

Cristina descree del proceso jurídico. En su presentación ante la ONU insiste en que fue víctima de una “violación de garantías judiciales e instrumentalización del Sistema Penal (Lawfare)”. Cuando el TOF 2 dictó sentencia, desarmó la tesis del lawfare y explicó que a lo largo del juicio se expusieron los elementos de pruebas que daban sustento a la acusación de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Sobre ese argumento sobre el cual elaboró a lo largo del proceso judicial su defensa, un juez de Comodoro Py señaló: “Entre primera instancia, Cámara de Apelaciones, Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia, intervinieron 17 jueces, camaristas, ministros y fiscales, es difícil pensar una conspiración de tantos”.

Un magistrado con larga trayectoria en los Tribunales de Retiro brindó a Clarín su mirada sobre la estrategia de la ex Presidenta de acudir ante la ONU con su reclamo. “Los dictámenes de tribunales internacionales no son vinculantes para el ordenamiento interno. Lo dijo la Corte Suprema nacional en reiteradas oportunidades, en el caso Fontevecchia entre otros. Muy excepcionalmente tuvo alguna entidad, cuando la violación a la garantía constitucional era palmaria”.

Con este león de fondo, los abogados de Cristina Kirchner señalaron que tienen “información relevante” sobre la presentación interpuesta hace un mes en el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el órgano de expertos independientes que “supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por parte de los Estados que lo han ratificado”.

A diferencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (que es un cuerpo político integrado por representantes de Gobiernos), el Comité “está formado por 18 expertos de reconocido prestigio en materia de derechos humanos que actúan a título personal y no en representación de sus países”.

Entre las principales funciones del Comité se encuentran las comunicaciones o denuncias individuales, como realizó Cristina Kirchner. En tal caso, el Consejo evalúa denuncias en las que se reclaman supuestas violaciones a sus derechos civiles y políticos: como el debido proceso, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley o los derechos políticos, a manos de un Estado.”

Las decisiones del Comité sobre casos individuales “no son dictámenes o sentencias ejecutables de forma directa como las de un tribunal penal local o una corte internacional (como la Corte Interamericana de Derechos Humanos)”, que en tal caso, remarca otro magistrado “tampoco son vinculantes para el sistema jurídico de la Argentina”, coinciden en Comodoro Py.

La Corte Suprema de Justicia rechazó hoy por inadmisible el pedido de la expresidenta Cristina Kirchner, como querellante, para investigar a Federico Sturzenegger por supuestas irregularidades en el manejo de contratos de dólar futuro.

El planteo apuntaba contra el ex presidente del Banco Central y actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado por la ejecución de los contratos de compra de dólares a futuro al inicio del gobierno del entonces presidente Mauricio Macri.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró inadmisible el recurso por aplicación del artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación.

La denuncia contra Sturzenegger había sido impulsada por un grupo de legisladores kirchneristas cuando Cristina Kirchner fue llamada a declaración indagatoria en 2016 por el entonces juez Claudio Bonadio en la causa conocida como “dólar futuro”.

En ese expediente, Cristina Kirchner, el entonces ministro de Economía y actual gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli fueron sobreseídos, en una decisión que la Corte Suprema dejó firme.

En la denuncia, el kirchnerismo acusó a Sturzenegger por “defraudación a la administración pública” por haber pagado los contratos de dólar futuro con los precios de la devaluación y a Bonadio por haber favorecido la comisión de ese presunto delito y citado a declaración indagatoria a la expresidenta.

Según el planteo, las medidas habrían “modificado las condiciones en que éstos habían sido celebrados, en perjuicio de los intereses estatales y en favor de particulares”.

El entonces juez federal Sergio Torres dispuso el sobreseimiento de Sturzenegger al sostener que su actividad respecto de la ejecución de los contratos a futuro “se vio acotada al cumplimiento de cuanto habían formalizado las autoridades que lo [precedieron], tanto en su cargo, como en el directorio de aquella sede crediticia”.

Para el magistrado, continuar con la investigación implicaría un control de los tribunales sobre decisiones políticas, “sin que se haya advertido un exceso en el ejercicio de la competencia que le es propia y que sí tornaría judiciable la cuestión”.

Cristina Kirchner, aceptada como querellante por la Cámara Federal, apeló esa decisión bajo el argumento de que el juez no había investigado debidamente, pero la Sala I de ese tribunal confirmó el sobreseimiento.

La querella volvió a recurrir, aunque la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la presentación del abogado Carlos Beraldi, tras lo cual la expresidenta acudió en queja ante la Corte Suprema.

Finalmente, el máximo tribunal rechazó hoy ese recurso por inadmisible y dejó sin curso el planteo de la querella contra Sturzenegger.

La Anses restituyó de forma provisoria el pago de la pensión que percibe Cristina Kirchner por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Cámara Federal de la Seguridad Social.

El organismo confirmó que en la liquidación correspondiente a agosto de 2026 abonó un haber bruto de $16.090.877,01, sobre el que se aplicaron los descuentos legales, entre ellos los vinculados a obra social e Impuesto a las Ganancias.

La reactivación del beneficio responde a una resolución de la Sala III de la Cámara, integrada por los jueces Juan Fantini y Sebastián Russo, que ordenó restablecer temporalmente una de las prestaciones especiales que habían sido suspendidas por decisión administrativa a fines de 2024.

La suspensión había sido dispuesta luego de que quedara firme la condena contra la expresidenta en la causa Vialidad. Tras esa decisión, Cristina Kirchner inició una demanda para recuperar el cobro de la prestación mientras se resuelve el expediente de fondo en la Justicia.

Según informó la ANSES en una respuesta oficial citada por La Nación, el organismo rehabilitó el beneficio correspondiente al período de agosto de 2026 y liquidó el monto previsto con las retenciones establecidas por la normativa vigente.

El organismo previsional, sin embargo, mantiene su postura de cuestionar la cautelar y presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para intentar dejar sin efecto la decisión que permitió restablecer el pago.

La prestación corresponde a la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner. Una vez aplicados los descuentos, el monto neto ronda los $12 millones.

Además, la liquidación incluyó una retención del 20% del haber mensual, aplicada en concepto de recupero de sumas consideradas percibidas indebidamente, de acuerdo con la Resolución 343/2025.

La ANSES también resolvió no incorporar el adicional por zona austral que anteriormente percibía la exmandataria por su domicilio declarado en Santa Cruz y aclaró que las futuras actualizaciones del haber dependerán de las variaciones salariales previstas para este régimen especial.

La cautelar había revertido un fallo de primera instancia de la jueza Karina Alonso Candis, que había rechazado el planteo de la expresidenta. Para la Cámara, la restitución provisoria del beneficio se justificó por el carácter alimentario de la prestación, sin ingresar en el análisis de los efectos que la condena penal pudiera tener sobre el derecho a cobrarla.

Tras el rechazo del recurso extraordinario por parte de la propia Cámara, tanto la ANSES como el Ministerio Público Fiscal acudieron en queja ante la Corte Suprema, que deberá resolver si mantiene o revoca la medida cautelar.

Mientras tanto, el Estado sostiene su reclamo para recuperar $660.052.338,87 correspondientes a períodos anteriores y continúa en trámite otro expediente impulsado por Graciela Ocaña, que cuestiona la compatibilidad del cobro simultáneo de dos beneficios encuadrados en la Ley 24.018.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que tiene a su cargo la ejecución de la condena por la denominada 'Causa Vialidad', dispuso nuevos embargos preventivos y medidas cautelares sobre inmuebles, entre ellos el del departamento de San José 1111 en el que la ex presidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

El inmueble pertenece a la firma Los Sauces S.A., sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner, y forma parte de los activos societarios y benes de los condenados por los que el fallo ordenó cubrir los 685.000 millones de pesos fijados como monto a decomisar.

La medida abre además el interrogante sobre si Cristina Kirchner deberá eventualmente evaluar otro domicilio para continuar cumpliendo su condena, aunque el tribunal aclaró que los nuevos embargos no implican una subasta o realización inmediata de los bienes ni modifican por ahora su titularidad registral.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso explicaron que las cautelares tienen como objetivo garantizar la indisponibilidad jurídica de los activos mientras continúa el trámite destinado a determinar el decomiso definitivo, con intervención de las partes.

La resolución forma parte de una segunda etapa de ejecución patrimonial. La primera había incluido 111 propiedades solicitadas por el fiscal Diego Luciani y posteriormente aprobadas por el TOF 2 para su decomiso.

De ese conjunto, en noviembre el tribunal había dispuesto avanzar sobre 20 inmuebles vinculados a la familia Kirchner, 85 pertenecientes a Lázaro Báez y sus empresas y otros seis bienes correspondientes a los restantes condenados.

En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el criterio adoptado por el TOF 2 respecto de esos bienes y ordenó avanzar con el decomiso. Cristina Kirchner y Báez recurrieron esa decisión, por lo que la definición final sobre ese primer grupo de propiedades quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Mientras el máximo tribunal analiza esos planteos, el TOF 2 comenzó a avanzar sobre un segundo conjunto de activos, que comprende 144 bienes entre inmuebles y vehículos, además de participaciones accionarias en distintas sociedades.

En esta nueva etapa también fueron incluidos cinco millones de dólares que Florencia Kirchner tenía depositados en una caja de seguridad del Banco Galicia.

Los jueces fundamentaron la extensión de las medidas sobre bienes de Máximo y Florencia Kirchner a partir de las conclusiones de la sentencia condenatoria, que determinó que la maniobra fraudulenta vinculada con la obra pública produjo beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner.

Según el tribunal, durante el período investigado, entre 2003 y 2015, existió una conexión económica y comercial comprobada entre las empresas de Báez y los negocios de la familia Kirchner.

En ese marco, las compañías del empresario patagónico alquilaron, explotaron turísticamente y realizaron construcciones en hoteles y propiedades pertenecientes a los Kirchner, tanto en forma personal como a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.

Para el TOF 2, esa operatoria permitió que parte del dinero proveniente del delito circulara y quedara asentado en activos de esas sociedades.

A partir de ese criterio, el tribunal sostuvo que pueden ser alcanzados por el decomiso los bienes que los nueve condenados incorporaron a sus patrimonios entre 2003 y 2015, y consideró necesario adoptar medidas cautelares sobre los activos comprendidos en esta segunda etapa para evitar su disposición mientras se define su situación jurídica.

La resolución también invocó el artículo 23 del Código Penal, que permite alcanzar a personas jurídicas o sociedades que se hayan beneficiado con el producto o provecho de un delito y contempla, además, la posibilidad de avanzar sobre bienes o participaciones que hayan sido cedidos o transmitidos gratuitamente a terceros.

De esta manera, el TOF 2 mantiene abierto el proceso de ejecución patrimonial de la condena de la Causa Vialidad mientras la Corte Suprema debe resolver los recursos pendientes sobre el primer grupo de bienes.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme el monto de $684.990.350.139,86 para ejecutar el decomiso sobre los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros condenados en la causa conocida como “Vialidad”, al rechazar por inadmisibles los recursos presentados por las defensas.

La decisión fue adoptada este jueves por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el planteo de la defensa de Cristina Kirchner contra la forma de actualización del monto originalmente fijado en concepto de decomiso. También rechazaron el recurso de la defensa de Lázaro Báez, que cuestionaba la competencia del Tribunal Oral Federal 2 para llevar adelante esa etapa del proceso.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Tribunal Oral Federal N° 2 había fijado en la sentencia condenatoria un decomiso de $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado al Estado, con la disposición de que esa suma fuera ajustada cuando el fallo adquiriera firmeza.

El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz y la absolvió por el delito de asociación ilícita. También fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y otros ex funcionarios, mientras que la ex mandataria recibió además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia el 13 de noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios contra las condenas, que quedaron firmes.

Tras esa decisión, el Tribunal Oral ordenó la detención de los condenados y dispuso la actualización del monto del decomiso. En ese trámite intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con peritos de las defensas y del Ministerio Público, y la cifra fue actualizada a $684.990.350.139,86 sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.

La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que el monto inicial era provisorio y cuestionó la utilización del IPC para su actualización. Por su parte, la defensa de Lázaro Báez planteó que el decomiso debía tramitar ante el Tribunal Oral Federal 4, debido a la condena que pesa sobre el empresario en la causa conocida como “la ruta del dinero”.

Con la resolución de este jueves, la Corte Suprema dejó firmes los fallos de las instancias anteriores y quedó confirmado el monto actualizado del decomiso que deberán afrontar solidariamente los condenados en la causa Vialidad.

La causa Cuadernos sumó este martes nuevos testimonios y peritajes que confirmarían los pagos de sobornos en doláres en efectivo por parte de empresas contratistas, vinculadas a la obra pública, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Las declaraciones que se llevaron a cabo en el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF7) incorporaron nuevos datos que fueron clave, debido a que sustentan la operatoria que se investiga sobre el pago de coimas relacionada con funcionarios públicos.

Inspectores y contadores de la ex AFIP, actual Agencia de Recaudación de Control Aduanero (ARCA), atestiguaron que se detectaron extracciones sospechosas realizadas en las cajas de los bancos, que superaban los $300.000 dólares por operación.

De acuerdo a lo que consideró fiscalía, dichos retiros en efectivo son con los que se habrían pagado sobornos a ex funcionarios del gobierno kirchnerista.

También se realizaron auditorías y se cruzaron los movimientos bancarios de las empresas constructoras con el relato del financista y arrepentido Ernesto Clarens. Asimismo, testigos técnicos detallaron cómo operaban estas firmas para sacar el dinero y por qué la circulación en efectivo dificultaba la trazabilidad final de los fondos.

En las audiencias anteriores, declararon importantes ex funcionarios como el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien ratificó la existencia de sobreprecios del 20% en obra pública durante su gestión, y otras personas vinculadas a los involucrados en la red de coimas.

La Justicia, a través de la Cámara Federal de la Seguridad Social, intimó legalmente a la Anses para que efectivice, en un plazo de 10 días, la restitución de la pensión por viudez para Cristina Kirchner.

El documento, publicado este miércoles, está firmado por la jueza federal Karina Alonso Candis y establece la fecha para el reintegro de los haberes previsionales “bajo apercibimiento de ejecución”.

La orden aplica únicamente a la pensión por fallecimiento del ex presidente fallecido Néstor Kirchner; el tribunal diferenció esta prestación de la asignación vitalicia como ex jefa de Estado, la cual continúa suspendida administrativamente debido a su condena en la causa Vialidad.

El pasado 11 de junio, Anses le había solicitado a la Justicia una caución real o personal como condición ineludible, antes de realizar la devolución de la pensión de privilegio a la ex presidenta.

Este pedido de garantía pretendió “proteger” los fondos públicos del Estado en caso de que la Corte Suprema revocara la medida cautelar que pidió la restitución del beneficio; el planteo judicial llevado adelante por los representantes legales de Anses, avalado por que el artículo 5 de la Ley 26.854, exigió que el solicitante otorgue un seguro por “los eventuales daños y perjuicios” antes de que la orden se efectúe.

Las estimaciones oficiales de la asignación mensual vitalicia reclamada por la actual titular del Partido Justicialista, como viuda del ex presidente Néstor Kirchner, serían de 38 haberes mínimos, lo que representa unos $15,3 millones mensuales.

Con esta petición, el organismo quiso contar con un respaldo económico que asegurara que el Estado Nacional pudiera recuperar el dinero liquidado, si el fallo de fondo resultara adverso para Cristina Kirchner.

Las declaraciones de la denominada Causa Cuadernos se retomaron este jueves y, en esta oportunidad, atestiguaron otros pilotos y tripulantes que pertenecieron a la flota presidencial, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7 (TOF7).

Para esta jornada, fueron convocados ocho nuevos testigos que participaron, tanto en la operatoria como en la logística, de los vuelos oficiales: Ángel Heit, Carlos Micolucci, Claudio Trerotola, Gabriel Falaschi, Roberto Muller, Mariano Lesa, Gustavo Lyall y Héctor Molina.

Ninguno de los declarantes pudo constatar que las valijas trasladadas a la provincia de Santa Cruz hayan sido sometidas a los controles que se le hace habitualmente a los equipajes que se transportan en los aviones oficiales.

Por su parte, Muller, quien había sido piloto del Tango 01, afirmó que "jamás vio revisar un equipaje de nadie" y que si eso había sucedido "lo desconocía": “A veces los funcionarios bajaban del helicóptero y subían las valijas directamente al avión”, agregó.

En la misma línea, el ex tripulante del Tango 10, Micolucci, señaló que el escáner móvil "sólo se acercaba de manera ocasional" y manifestó que al ex presidente de la Nación "no le gustó mucho" cuando se le solicitó pasar por el escáner bolsas con regalos, en un viaje en la ciudad de Rosario.

Asimismo, Falaschi remarcó que todo el equipaje era cargado por personal de Ceremonial de la Presidencia e informó que las pertenencias de la tripulación, que sí pasaban por controles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se almacenaban en la bodega trasera de la avión.

En cuanto a la declaración de Trerotola, afirmó que nunca estuvo enterado sobre si había control de las valijas durante los vuelos presidenciales en el avión Tango 10, donde él trabajaba. Además, detalló que llevó periódicos y síntesis de medios de comunicación hacia El Calafate y se los entregaban a una persona que los esperaba en la plataforma.

Hasta el momento, ninguno de los pilotos que declaró en la causa pudo confirmar que el equipaje, que se trasladaba hacia el sur del país, pasara por los controles y escáners por los que suele atravesar cualquier tipo de bulto que viaja en un avión.

Se espera que la semana próxima, más precisamente el martes 23, se retomen las declaraciones de los testigos vinculados al caso.

La Justicia podría revocar la prisión domiciliaria de la ex presidenta y actual titular del PJ, Cristina Kirchner, por las manifestaciones la puerta de su casa situada en el barrio porteño de Constitución, en San José 1111.

El juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó formalmente a la ex mandataria a cumplir estrictamente las reglas de su detención y le advirtió que dejaría sin efecto el tipo de arresto que lleva a cabo actualmente, si continúan las conductas que alteran el orden público.

Esta medida judicial surgió en respuesta a los incidentes ocurridos el pasado domingo, frente al edificio donde vive la ex Presidenta, donde se realizó un "banderazo" con cortes en las calles aledañas y aglomeramiento de personas

La Justicia fundamenta su advertencia en que la ex mandataria participó activamente en la convocatoria al colgar una bandera de grandes dimensiones, que cruzaba la calle y estaba sostenida por cables entre su balcón y el edificio de enfrente.

Respecto a la alteración del orden, consideran que la convivencia con los vecinos del barrio se fe afectada, debido a las reiteradas manifestaciones y la instalación de estructuras que interrumpen la vida cotidiana del barrio y viola la normativa de comportamiento pacífico impuesta para mantener la detención domiciliaria.

Asimismo, se indicó que, para este tipo de intervenciones en la vía pública, se requiere autorizaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que estos sucesos se podrían encuadrar en una contravención.

Para finalizar, la resolución judicial a la que se refiere Giménez Uriburu  invoca el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, en la que esta norma le otorga al magistrado la potestad de enviar a Cristina Kirchner a una cárcel común en caso de nuevos incumplimientos injustificados.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se sumó este viernes a las numerosas despedidas que generó la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari y publicó un breve mensaje en sus redes sociales con una frase emblemática asociada a la obra del artista: “Vivir solo cuesta vida”.

La publicación apareció en su cuenta oficial de X. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mensaje fue acompañado por miles de reacciones y rápidamente se viralizó entre seguidores del músico y militantes políticos.

Vivir solo cuesta vida. pic.twitter.com/X4cwqCa5r2

La frase elegida por la exmandataria remite a uno de los versos más recordados del repertorio del Indio Solari y es considerada por muchos fanáticos como una síntesis de la profundidad poética que caracterizó gran parte de sus composiciones.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de la defensa de Cristina Kirchner y dejó firme la medida que ordenó decomisar sus bienes en el marco de su condena por la causa Vialidad.

De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y seguirá adelante con los trámites para que la ex mandataria devuelva al Estado Nacional 111 bienes de su familia y del empresario Lázaro Báez.

En relación a los hijos de la expresidenta, son 19 las propiedades las que recibieron por herencia o que fueron recibidas por Máximo y Florencia en cesión.

Además, la resolución que tomó Casación también llega a los bienes de Lázaro Báez. La decisión busca dar cumplimiento al decomiso de $684.990.350.139,86 y forma parte de la condena de prisión a seis años que cumple en su domicilio Cristina Kirchner por administración fraudulenta.

Los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky fueron quienes llegaron a la resolución y, el último magistrado fue quien votó, en minoría, a favor de otorgar los recursos extraordinarios a ciertos bienes tanto de Máximo como de Florencia Kirchner, más algunas empresas de Báez.

A su vez, por mayoría quedaron desestimaron la totalidad de los recursos. Sobre esto, Hornos con su voto dijo que “el decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”. Además, agregó que se trata de un “ilícito comprobado” el cual tiene condena firme. Y señaló que los delitos durante la etapa kirchnerista con la obra pública vial nacional crearon “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.

Respecto de los bienes de los hijos de la expresidenta el Juez Hornos finalizó diciendo que ya había habido una “respuesta extensa, fundada y razonada” en la instancia de la sentencia previa, sumando que el criterio adoptado sobre el alcance de la medida fue lo que objetaron.

Además, sentó en rechazo a la argumentación de que el decomiso de los bienes heredados o recibidos de forma gratuita vulneraría los principales de la constitución como la legalidad, inocencia, culpabilidad o propiedad. Y agregó que tales objeciones ya fueron tratadas.

Otro de los puntos que marcó al respecto es que si bien Máximo y Florencia no fueron están en la causa penal, lo propio no impide el decomiso de los bienes porque “una vinculación razonable entre los bienes y el provecho económico derivado del delito”. Y explicó que “la transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si éstos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso”.

Por su parte, el Juez Borinsky, dijo que es inadmisible el recurso de la expresidenta Cristina Kirchner y, a la vez marcó que sí correspondía habilitar, de forma parcial, la instancia extraordinaria sobre algunos de los bienes emparentados a Máximo y Florencia Kirchner, así como también a ciertas empresas de Lázaro Báez.

“El decomiso de los bienes indicados se dispuso sin debido sustento normativo, en tanto se apartó de los propios parámetros temporales fijados por el tribunal de juicio para evaluar la incorporación de bienes pasibles de decomiso, sin que la sentencia aquí cuestionada -en su conformación de mayoría- brindara tratamiento a esa circunstancia objetiva oportunamente introducida por las partes”, finalizó diciendo Borinsky sobre los inmuebles que fueron adquiridos previamente al 23 de abril de 2004, correspondiente a la fecha que el tribunal fijó para la ejecución de la condena como el punto inicio para la evaluación de los bienes alcanzados.

En total son diez departamentos en Río Gallegos, Santa Cruz, más cinco lotes del complejo hotelero Los Sauces ubicado en Lago Argentino. Ahora, sobre los de Lázaro Báez, corresponden a inmuebles de dos empresas que compró, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.

Julio Silva, el encargado del edificio donde vivía Cristina Kirchner en el barrio de Recoleta, rectificó la última versión de su declaración ante la Justicia y aseguró no haber visto ingresar gente con bolsos de dinero al departamento de la ex presidenta.

Estas declaraciones se realizaron en la indagatoria que se realizó este jueves a la mañana en el Tribunal Oral Federal Nro. 7, donde se lleva adelante la investigación por la Causa Cuadernos sobre una presunta red de corrupción en contratos de obra pública que involucra a empresarios y ex funcionarios de las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner.

El encargado tuvo que releer su primer testimonio del año 2018, donde aseguraba que, entre los años 2007 y 2010, había visto en el edificio "movimientos de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de 15 días".

En esa declaración, Silva hablaba del ex secretario Daniel Muñoz, a quien supuestamente habia visto entrar con bolsos de dinero al departamento de Cristina Kirchner, y aseguró que el hombre recibía el equipaje que los funcionarios del Ministerio de Planificación dejaban en la entrada.

Al finalizar la lectura del documento, el testigo reconoció haber cometido un delito al afirmar hechos que nunca ocurrieron y desmintió formalmente toda su declaración anterior.

Para finalizar, denunció presiones y amenazas y contó que, cuando fue a testificar ante el juzgado del ya fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, las autoridades judiciales le hablaron de sus hijas: aseguró que se sintió coaccionado para validar la hipótesis con la que se presentó la primera vez a la citación.

Ahora, Silva quedó expuesto a una posible causa por falso testimonio, luego de haber admitido que mintió en una declaración judicial previa; tanto el tribunal como los fiscales del juicio pueden extraer testimonios para que se lo investigue penalmente por también por obstrucción a la Justicia.

Su defensa alegará que actuó bajo una fuerte coacción legal externa. 

El fiscal Juan Carlos Paulucci presentó un recurso de queja contra la decisión de jueces previsionalistas de negar elevar a la Corte Suprema el conflicto sobre el pago de la “pensión de privilegio” de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Paulucci exigió que el tribunal supremo considere efectivamente el expediente y declare “la inadmisibilidad de la medida cautelar” que ordenó a la Anses reponer, de manera provisoria, el pago de la pensión de privilegio a la expresidenta.

La presentación fue hecha por Paulucci en su calidad de fiscal general subrogante de la Fiscalía General N.º 1 ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, en representación del Ministerio Público Fiscal.

Este miércoles, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado oficial, informando al mismo tiempo la interposición de un recurso de queja ante la Corte Suprema.

“El Ministerio de Capital Humano informa que, en el día de la fecha, a través de la ANSES, ha interpuesto un recurso de queja ante la CSJN a fin de que el máximo tribunal revoque la medida cautelar dictada por la Sala III de la Cámara Federal de Seguridad Social, que ordenó a ANSES restablecer el pago de la pensión de privilegio a Cristina Fernández de Kirchner”, comienza el comunicado del ministerio a cargo de Sandra Pettovello.

“Capital Humano, a través de ANSES, agotará todas las instancias judiciales para impedir que la Sra. Cristina Fernández de Kirchner perciba dichas asignaciones por tratarse de una persona condenada en sede penal por delitos contra la administración pública”, concluye el escrito.

La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó este miércoles un recurso extraordinario federal presentado por la ANSES y dejó firme la medida cautelar que obliga a restituir la pensión por viudez a Cristina Kirchner.

Tras conocerse el fallo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que el Estado nacional recurrirá en queja ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la decisión.

La polémica comenzó a fines de 2024, cuando la ANSES dio de baja, mediante la Resolución 1092, la jubilación presidencial y la pensión como viuda de Néstor Kirchner que percibía la ex mandataria.

La administración nacional tomó esta determinación tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad.

Sin embargo, los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo consideraron que el organismo previsional no podía eliminar el beneficio de pensión por “cuestiones de honor”.

El tribunal estableció una distinción técnica entre ambas prestaciones: mientras avaló la suspensión de la jubilación correspondiente al cargo de presidenta debido a la condena judicial, ordenó que la pensión por viudez debe ser restituida al considerar inadmisible su baja por vía administrativa.

Desde el Ministerio de Capital Humano cuestionaron la reciente decisión judicial al sostener que “afecta el principio de legalidad” y que no contempla la “prohibición expresa del derecho al cobro” derivada de la condena e inhabilitación de la exmandataria. 

En un fallo clave para la causa conocida como "Vialidad", la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó iniciar la ejecución de bienes pertenecientes a Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez.

La medida busca comenzar a cubrir el perjuicio económico generado por el fraude al Estado, el cual ha sido calculado por la justicia en una cifra de 685.000 millones de pesos.

Los magistrados tomaron esta decisión tras rechazar los planteos y objeciones presentados por las defensas de la exmandataria y el contratista de obra pública, ratificando el avance sobre sus patrimonios.

La resolución judicial determina el decomiso de un total de ciento once bienes que se encuentran involucrados en la trama de corrupción investigada en la provincia de Santa Cruz.

En esta primera etapa del proceso, se ha dispuesto que a Cristina Kirchner y a sus empresas se les retiren veinte inmuebles para responder ante la deuda con el Estado.

Por otro lado, el impacto patrimonial más extenso recae sobre Lázaro Báez, a quien se le ejecutarán aproximadamente ochenta propiedades en cumplimiento de la sentencia.

El objetivo central de la Sala IV es garantizar que se cubra la cifra del fraude, estimada en 685.000 millones de pesos, considerada como el daño directo al erario público.

La ejecución de estos bienes representa un hito en la recuperación de activos derivados de causas de corrupción, dada la magnitud de la cifra y la relevancia de los protagonistas involucrados.

Con el rechazo a las objeciones de los condenados, el tribunal deja firme el camino para que los activos pasen a disposición del Estado Nacional de manera efectiva.

Los camaristas del máximo tribunal penal del país fueron determinantes al denegar los recursos de la defensa que buscaban frenar el avance sobre las propiedades y cuentas de los implicados.

Esta decisión judicial se produce en el marco de la revisión de la condena por administración fraudulenta, centrando el foco en la reparación económica del daño causado por la maniobra delictiva.

Se espera que en los próximos días se inicien los procedimientos administrativos para el registro y toma de posesión de las propiedades mencionadas en el expediente de la causa.

La expresidenta Cristina Kirchner calificó como “mafiosa” el proceso de investigación en la Causa Cuadernos y apuntó directamente contra el exjuez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. 

“La causa vialidad es emblemática en materia de persecución judicial. Hay un estadio superior en orden a la ideología. Ahora estamos inmersos en prácticas mafiosas de jueces y fiscales”, dijo la exmandataria ante el TOF 7.

Para la ex jefa de Estado, Bonadio y Stornelli “tuvieron una manejo criminal de la figura del arrepentido” y siguió: “Hay jueces que responden a directivas políticas y económicas”.

“Estamos ante un estadio superior porque fraguan las pruebas que son no lo son para detener una persona. Uno ya fallecido, Bonadio, pero Stornelli sigue siendo fiscal en este edificio”, continuó.  

La citación de la ex mandataria se activó luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

Particularmente, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.__IP__

Aunque el tribunal confirmó el inicio del cronograma con Cristina Kirchner, también están citados para esta fase del proceso otros imputados de alto perfil, como De Vido y otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.

Al mismo tiempo, y desde las 7, militantes y seguidores de Cristina Kirchner estarán concentrados en la puerta de su casa, en San José 1111. Sostienen que el presidente Javier Milei utiliza su condena con prisión domiciliaria “para tapar el desastre” de su gestión.

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) rechazó, este martes, los planteos las defensas que pidieron la nulidad a lo largo de las 13 audiencias en la causa Cuadernos, que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Kirchner, señalada de ser la supuesta jefa de una asociación ilícita.

Las indagatorias comenzarán el próximo martes de manera presencial en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002, tribunales de Retiro. La primera será Cristina Kirchner y luego seguirá el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

El pedido de nulidad partió desde la defensa de la exmandataria y de otros imputados, como es el caso de De Vido, que argumenta irregularidades en la instrucción y cuestionó la veracidad de los testimonios de los "arrepentidos".

Para el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, los cuadernos fueron manipulados, por lo que no deberían formar parte de las pruebas en el caso. Además, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión. 

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

La fiscal Fabiana León fue quien intervino para responder a los planteos de las 68 personas imputadas que buscaron cuestionar el proceso. 

La Cámara Federal de la Seguridad Social dejó sin efecto este jueves la resolución que había dado de baja la pensión no contributiva de la ex presidenta Cristina Kirchner por el fallecimiento del ex mandatario Néstor Kirchner, por lo que la ex vicepresidenta volverá a cobrar esa pensión.

La Cámara resolvió “declarar formalmente admisible el recurso” presentado por Cristina Kirchner y, en consecuencia, “suspender los efectos” de la resolución de la ANSES que había dado de baja la pensión por la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010.

Hasta hace dos años, cuando fue suspendida, la pensión rondaba los 8 millones de pesos mensuales.

De todos modos, el Ministerio de Capital Humano interpondrá a través del ANSES un recurso extraordinario federal contra la sentencia dictada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

La decisión de la Cámara llegó después de una apelación que la defensa de la ex mandataria había presentado en noviembre del año pasado, después de que la jueza del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, Karina Alonso Candis, hubiera rechazado una medida cautelar que buscaba frenar la quita del beneficio.

El abogado Gregorio Dalbón, que representa a la ex mandataria en causas civiles, dijo que “se hizo justicia” porque el propio tribunal “fue claro” al consignar que "en esta etapa inicial, el acto administrativo no exhibe un ‘nexo causal claro y suficiente’ entre los motivos invocados y la baja del beneficio.

“En términos simples, el Estado no puede quitar un derecho previsional de naturaleza alimentaria sin una fundamentación sólida, proporcional y jurídicamente consistente”, dijo desde sus redes sociales.

También señaló que es “relevante que la Cámara haya precisado que esta decisión no interfiere con la ejecución penal. Son planos distintos. El derecho previsional no se convierte automáticamente en pena accesoria por voluntad administrativa”, subrayó.