Los pasillos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) estaban atravesados por el bullicio típico de los días previos a una elección universitaria. Afiches pegados en las paredes, estudiantes entrando y saliendo de las aulas, banderas colgadas en los balcones y grupos repartiendo volantes componían una escena cargada de militancia y debate político. En medio de ese movimiento, Germán Lamberti caminaba saludando a docentes, alumnos y no docentes como quien vuelve a un lugar que siente propio.

A sus 31 años, el sanfrancisqueño e ingeniero en Computación egresado de la UNC es candidato a consejero graduado por el Claustro de Graduados dentro de la lista Impulsar + Épica + Renovación Profesional, que acompaña a Pedro Pérez en el espacio “Vamos”, de cara a las elecciones universitarias de los días 20 y 21 de mayo.

En 2025 fue seleccionado para representar a Córdoba en el Seminario País Federal, una iniciativa vinculada a la formación de líderes y a la actividad universitaria y profesional, donde compartió experiencias y debates con jóvenes de distintos espacios políticos y sociales del país.

Además de su actividad política y académica, Lamberti es CTO y cofundador de la startup TrustHub y presidente de la Fundación La Casa Universitaria de Córdoba. Este año también fue docente del ingreso universitario en Matemática y Física Química.

“He caminado muchos años estos pasillos de la Facultad y venimos hace años conviviendo entre la educación, la formación, la tecnología y también la militancia universitaria”, expresó durante la entrevista con Posta/LA VOZ DE SAN JUSTO.

En medio de la caminata apareció una escena que resumió parte del reconocimiento que construyó dentro de la facultad. “¡Qué jugador!”, se escuchó. El saludo vino del decano de la FCEFyN y candidato a rector de la UNC, Pedro Pérez, quien lo saludó con una palmada en el hombro. La escena ocurrió en pasillos cargados de ruido, reuniones y conversaciones cruzadas. La adrenalina electoral se respiraba en cada rincón de la universidad.

La participación política de Lamberti comenzó antes de llegar a la UNC. Según recordó, en el secundario ya había integrado el centro de estudiantes del Instituto Pablo VI. “Creo que ahí arranca un poco esta vocación de servicio. Yo siempre lo pongo como que uno trabaja por el resto, en el sentido de devolverle a la sociedad lo que la sociedad le dio”, contó.

Sin embargo, aclaró que en sus primeros años universitarios no militó. “Me sumo bastante después por una cuestión de sentirme interpelado. Decir: yo vengo acá, es una universidad pública, tengo la posibilidad de estudiar porque es gratuita y de calidad. Y siempre me gustó la idea de poder ayudar a mejorar la facultad y la universidad”, explicó.

Esa búsqueda lo llevó a participar en Compromiso Estudiantil Universitario y luego en el centro de estudiantes. “Configuré mi formación académica y profesional con mi formación política y mi participación ciudadana en el marco de la universidad pública”, afirmó.

En un contexto donde muchos jóvenes manifiestan desencanto con la política, Lamberti defiende la participación y cuestiona el prejuicio instalado en algunos sectores respecto de que a la universidad “solo se va a estudiar, no a hacer política”. “Me ha tocado convivir mucho con esa frase, sobre todo en el espectro de las ciencias duras. Cuando uno se forma en ciencias duras se encuentra mucho más con esta opinión que si uno se forma en ciencias blandas”, señaló.

“La ingeniería tiene que estar pensando o discutiendo el modelo de país que queremos. Si queremos un país de servicios o si queremos un país de servicios e industria”

Para el ingeniero, la formación técnica no puede separarse de los problemas sociales y productivos del país. “Hay que repensar cómo se vincula el profesionalismo de ciencias duras con la sociedad. Uno no se puede vincular solamente desde lo material, desde lo tecnológico o desde lo productivo. Ese desarrollo tiene que estar enfocado en mejorar la vida de la gente”, sostuvo.

Y profundizó: “La ingeniería tiene que estar pensando o discutiendo el modelo de país que queremos. Si queremos un país de servicios o si queremos un país de servicios e industria”.

En esa línea, consideró que los profesionales de las ciencias duras también deben involucrarse en las discusiones de fondo sobre desarrollo nacional. “Es muy importante que el perfil profesional y tecnológico también se plantee estas discusiones porque es el primer afectado cuando aparecen políticas de desindustrialización”, advirtió.

Durante la entrevista también habló sobre la emigración de científicos e ingenieros argentinos. “Hoy me toca presenciar cómo muchos compañeros ingenieros y científicos se van del país porque no encuentran la posibilidad de trabajar de sus profesiones”, lamentó.

Lejos de separar tecnología y política, planteó que ambas dimensiones deben convivir: “Amo la tecnología, amo la computación, pero también me parece que tenemos que involucrarnos en la sociedad, cada uno desde el lugar que pueda”.

Lamberti participó además de la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei. Sobre esa movilización dijo: “Celebro que haya sido la marcha con mayor convocatoria hasta el momento. Es una forma de expresar que la situación es límite”.

Luego describió la situación salarial de muchos docentes universitarios. “Hoy los docentes asistentes de dedicación simple están cobrando alrededor de 250 mil pesos. Para llegar a ser docente universitario tenés que tener un título de grado y muchos años de formación académica”, cuestionó.

“Estamos de acuerdo en que la universidad tiene que ser más transparente. Ahora también pasemos a lo importante: los docentes no pueden estar trabajando medio día de docentes y a la noche haciendo Uber”

En varios momentos de la charla insistió en una idea que atraviesa a distintos sectores políticos y sociales. “La universidad pública es un valor de todos. Es transversal”, expresó. Y agregó: “Hay unidad en el reclamo, a la universidad hay que sostenerla y defenderla entre todos”.

Para Lamberti, todavía existe un desafío pendiente para explicar socialmente la importancia del financiamiento universitario. “Todos los argentinos sostenemos la universidad pública. Los que estudiamos y los que no estudian”, indicó.

Al mismo tiempo, consideró que las universidades deben profundizar las políticas de transparencia: “Nosotros desde la militancia estudiantil siempre pregonamos por la transparencia y por hacer pública la información del uso de fondos”.

Sin embargo, remarcó que el eje central no puede perderse. “Estamos de acuerdo en que la universidad tiene que ser más transparente. Ahora también pasemos a lo importante: los docentes no pueden estar trabajando medio día de docentes y a la noche haciendo Uber”, sostuvo.

Lamberti defendió además el papel de la educación pública como “herramienta de movilidad social ascendente. La universidad pública y gratuita permite que muchos hijos de trabajadores podamos venir a estudiar, formarnos y desarrollarnos”, afirmó.

En ese sentido recordó el esfuerzo de muchas familias argentinas. “Somos muchos los profesionales que nunca nos podríamos haber egresado si Argentina no tuviera este esquema de educación pública”, agregó.

Sobre el debate en torno a los estudiantes extranjeros en las universidades públicas argentinas, Germán planteó una mirada vinculada al concepto de “soft power” y al intercambio cultural que genera la educación superior.

“Hay opiniones cómodas que dicen: ‘a nosotros nos cobran y al resto hay que cobrarle’. Pero después hay una reflexión más profunda que tiene que ver con algo que se llama soft power”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que la llegada de estudiantes de otros países también representa una forma de proyección cultural y económica para Argentina: “Al recibir extranjeros les transmitimos nuestra cultura, nuestros valores de sociedad y de país. Y eso hace que después, cuando vuelven a su tierra, hablen de Argentina y probablemente le compren productos, servicios o cultura”.

Además, remarcó que quienes vienen a estudiar al país también "pagan impuestos inmobiliarios, pagan IVA, pagan todos los impuestos que pagamos los argentinos día a día”.

“Es importante generar relaciones con ciudadanos de otros países que eligen a Argentina como su segundo hogar y generan puentes culturales que nos permiten también crecer hacia afuera”, agregó.

Lamberti también habló sobre el impacto de la inteligencia artificial y los cambios tecnológicos en la educación superior. Consideró que las universidades deberán adaptar permanentemente sus programas y métodos de enseñanza frente a una revolución tecnológica que avanza a gran velocidad.

“Hoy los estudiantes pueden preguntarle a la inteligencia artificial cómo resolver ejercicios y eso cambia la forma de estudiar y de vincularse”, dijo. Aun así, remarcó la importancia de sostener el pensamiento crítico y las relaciones humanas dentro de la universidad. “Nos formamos para tener pensamiento crítico y tenemos que sostenerlo a pesar de las bondades que ofrecen estas tecnologías”, señaló.

Sobre el futuro laboral, sostuvo que la formación profesional deberá combinar conocimientos técnicos con liderazgo y capacidad de gestión. “Los puestos laborales que no van a ser reemplazados son los de toma de decisión”, aseguró.

Por eso, al dirigirse a los estudiantes que recién comienzan la universidad, insistió en la necesidad de participar: “Participar en los espacios de debate te forma para toda la vida”. 

También dejó un mensaje para quienes observan la militancia universitaria con desconfianza. “No es necesario pensarse como político para participar. Uno puede pensarse como un futuro gerente, un profesional o un líder que necesita herramientas para tomar decisiones”, manifestó.

Hacia el final de la entrevista volvió sobre la defensa de la educación pública y el reclamo presupuestario que atraviesa a las universidades nacionales. “Al presidente Milei le diría que muchos jóvenes lo acompañaron y creyeron en él, pero esos jóvenes siguen creyendo en la educación pública. Desfinanciar la universidad no es el camino”, concluyó.

El debate por el uso de celulares en las escuelas volvió a instalarse en Córdoba tras el proyecto presentado por el legislador Gerardo Grosso (Encuentro Vecinal) para prohibirlos en todos los establecimientos. Mientras la discusión avanza en el plano político, en la Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás Avellaneda” la experiencia ya lleva casi un año de aplicación y se apoya en una definición institucional clara: regular dentro del aula, sostener acuerdos y evitar tanto la prohibición absoluta como el uso irrestricto.

 La medida comenzó a implementarse a mediados del año pasado, con la compra de cofres de madera móviles para guardar los teléfonos durante las horas de clase, y fue ratificada al inicio del ciclo lectivo 2026 para el nivel secundario. El eje de la política está puesto en los Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC), que establecen que el celular no puede utilizarse dentro del aula mientras se desarrolla la clase, aunque sí está permitido durante los recreos.

 “Nosotros ya venimos trabajando desde hace un tiempo con respecto a eso, porque hemos observado una dificultad en la atención y en algunas transgresiones a los acuerdos escolares de convivencia”, explicó el director Norberto Palancar en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO. Y añadió: “El foco está allí, en los acuerdos escolares de convivencia. Esa es la estructura normativa que nos avala respecto a lo que nosotros venimos llevando adelante con el celular”.

Según detalló Palancar, los AEC contemplan faltas leves, moderadas y graves. “Con respecto al celular, hay faltas moderadas, en el caso del uso con fines no pedagógicos y sin supervisión docente, y faltas graves, que tienen que ver con alguna publicación en redes sociales, alguna fotografía, algún video ofensivo o comentarios difamatorios”, precisó.

 Para ordenar la dinámica cotidiana, la institución adquirió cofres con 40 compartimentos individuales. “Lo que hicimos fue regularlo a través de unos muebles o cofres que hemos comprado el año pasado, a mediados de año”, indicó. Cada docente decide si lo lleva o no al aula. “Una vez que lo lleva, lo deja en el escritorio e invita a los estudiantes a dejar su celular allí. Son como celdas donde va cada teléfono mientras no se utilice de manera pedagógica”, describió.

“Esto no tiene que ver con demonizar el celular, sino con hacer un uso responsable de esta tecnología (…) El celular está entre nosotros, ya es indispensable. No podemos ir contra eso”

“El celular no se esconde, queda allí a la vista de todos”, remarcó. A la vez, aclaró que “hay docentes que dicen ‘yo lo necesito de manera pedagógica’, por lo tanto el celular sigue en poder de los estudiantes”. En esos casos, el uso está supervisado y vinculado a actividades específicas.

 “Si uno recorre la escuela en este momento, va a encontrar aulas donde está el cofre con los celulares allí, aulas donde no hay cofre y los estudiantes están trabajando con el celular, y aulas donde hay algunos celulares guardados y otros en poder de los alumnos”, sostuvo. Y agregó: “Esto no es una ciencia exacta, son acuerdos institucionales que hay que sostener”.

 A casi doce meses de la implementación, el director reconoció que el proyecto se encuentra en evaluación permanente. “No hemos cumplido todavía un año respecto a lo que es este análisis del celular, tenemos cosas para cambiar y modificar, pero vamos por buen camino”, afirmó.

Uno de los motivos centrales para regular el uso fue la aparición de conflictos asociados a redes sociales y publicaciones sin autorización. “El celular llega a tener tanta incidencia en nuestra conducta cotidiana que en la escuela tenemos que regularlo para ayudar y acompañar trayectorias que tienen que ver con esa desconcentración o con posibles conflictos”, señaló Palancar.

 El director enumeró situaciones vinculadas al “ciberacoso, casos de bullying, fotos hacia compañeros o profesores, filmaciones y viralizaciones sin autorización”. Y fue enfático: “No se puede publicar sin autorización, menos filmar y viralizar, porque ya estamos cometiendo una transgresión a los acuerdos escolares”.

 “Muchas veces los problemas de burlas, exposición o conflictos entre compañeros se potencian cuando el celular está en el centro de la escena –siguió-. Hemos tenido algunos estudiantes que han pasado por esas faltas, tanto moderadas como graves”, reconoció. Frente a estas situaciones, la respuesta institucional es gradual: “Primero hay un apercibimiento oral, luego un apercibimiento escrito que va al legajo, y después acciones reparadoras que tienen que estar consensuadas por la institución, por los estudiantes y por las familias”.

 Esas acciones pueden ir “desde clases dadas a distintas divisiones de la escuela hasta acciones de disculpas en base a la causa generada”. Para Palancar, el objetivo es que el límite tenga un sentido pedagógico. “Esto no tiene que ver con demonizar el celular, sino con hacer un uso responsable de esta tecnología”, insistió.

 Consultado sobre el impacto en el rendimiento académico, respondió: “Los seres humanos somos todos diferentes. Hay estudiantes a los que el celular los ayuda, pero si por una desconcentración ingresan a redes sociales o miran videos que no tienen que ver con la escuela, ahí sí es un problema para el desempeño del estudiante”. Y agregó: “Cada docente y cada estudiante sabe lo que significa transgredir un acuerdo”.

 Palancar aclaró que “los profesores y directivos pueden tener el celular, pero esa es una cuestión ética. Los acuerdos escolares son para todos”. En ese sentido, explicó que puede ocurrir que un docente dicte su clase guiándose por el teléfono. “El docente puede tener un apunte, puede tener alguna aplicación, puede tener alguna presentación que va guiando su dictado, su estructura, su planificación sobre lo que está en el celular. Eso es correcto, porque no está usando el celular con fines de ocio, sino que lo está usando con fines pedagógicos”, reiteró.

 Un aspecto central de la experiencia fue la respuesta de las familias. “Se trata de una regulación consensuada, acordada con la familia, con los estudiantes y con la escuela. Tenemos que hacer un contrato social donde se estipula qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer”, expresó el director.

 “No hemos tenido ninguna queja, ningún reclamo de ninguna familia”, aseguró. La institución mantiene vías de comunicación abiertas y, en casos específicos, autoriza el uso del celular por razones médicas u otras situaciones justificadas. “Si algún estudiante lo necesita por alguna situación que lo amerite, nosotros lo sabemos y lo autorizamos, pero eso no significa que pueda utilizarlo con fines no pedagógicos”, aclaró.

“No podemos mirar el uso del celular solo desde la sanción o la prohibición. Hay que entender que para muchos chicos el teléfono es una herramienta de socialización, de validación y de pertenencia”

 Palancar recordó además que entre el 95 y el 100% de los estudiantes asiste con teléfono. “El celular está entre nosotros desde hace varios años, ya es indispensable. No podemos ir contra eso”, afirmó. Por eso, la regulación se limita a las horas de clase y no a los recreos. “Los cambios no tienen que ser bruscos. Si ya regulamos el celular en el aula y avanzamos hacia sacarlo durante cuatro o cinco horas, puede generar un efecto contraproducente”, consideró.

También hizo hincapié en un aspecto que atraviesa especialmente a la adolescencia: la necesidad de pertenecer a un grupo. “No podemos mirar el uso del celular solo desde la sanción o la prohibición. Hay que entender que para muchos chicos el teléfono es una herramienta de socialización, de validación y de pertenencia”, señaló Palancar. Y subrayó que la iniciativa no busca aislar a los estudiantes ni desconocer sus dinámicas sociales: “En los recreos los chicos pueden usar el celular”.

Sobre este punto, agregó que en el nivel primario la realidad es diferente: “Allí el teléfono no cumple el mismo rol que en la secundaria y, por eso, el enfoque debe ser más cuidadoso y acorde a la edad”.

“Hay una diferencia muy clara entre limitar el uso en clase y prohibirlo de manera absoluta –continuó el docente-. No se trata de negar la tecnología, sino de ponerla en un marco que favorezca el aprendizaje”.

 El balance general, insistió, es “altamente positivo”. Sin embargo, aclaró que el proceso es dinámico y se revisa en el Consejo Escolar de Convivencia. “Siempre hay que sostenerlo y monitorearlo. Esto está en movimiento, lo que hoy tenemos puede cambiar de acá a dos meses”, concluyó.

A casi un año del inicio, la experiencia de la Escuela Normal muestra una política que combina regulación, diálogo y seguimiento de casos concretos. En medio del debate provincial, la institución sostiene que el camino no es la prohibición total, sino la construcción de acuerdos que involucren a estudiantes, docentes y familias en el uso responsable de una tecnología que, como reconoce su director, “forma parte de la vida cotidiana y no podemos desconocer”.

Varias frases utilizadas en las crónicas periodísticas para explicar situaciones que se producen en las contiendas deportivas están cargadas de significados oportunos para aplicar a la palpitante y convulsa política nacional. Mucho más en una semana agitada, en la que el gobierno volvió a enredarse solo, cometió errores de principiante y dejó la pelota picando en la puerta del arco… De su propio arco.

En este juego de analogías, resulta inevitable evocar aquel entretiempo del Mundial de 1990, cuando, tras haber sufrido un verdadero baile ante Brasil, el entonces director técnico de la selección nacional se limitó a advertirles a sus jugadores que “si se la siguen dando a los de amarillo vamos a perder”. Si bien en la simbología política argentina el amarillo se identifica con lo que queda del PRO, aliado del gobierno, la lógica de aquella frase de Carlos Bilardo, personaje al que públicamente el presidente le expresa admiración, también aplica a lo ocurrido.

El gobierno se vio contra las cuerdas cuando advirtió que el artículo referido a las licencias por enfermedad incluido en el proyecto de reforma laboral había caído muy mal, incluso en muchos de sus propios votantes. El episodio expuso, una vez más, una seguidilla de errores no forzados. Nadie se hizo cargo de la inclusión de ese texto, aprobado a ciegas por senadores que dieron muestras de amateurismo parlamentario, y las explicaciones posteriores del ministro Federico Sturzenegger definitivamente embarraron la cancha. El intento de “arreglarlo” luego vía decreto reglamentario fue percibido como una jugada antirreglamentaria. La intención de cambiar las reglas de juego cuando el partido se estaba jugando evocó de inmediato las argucias de la actual dirigencia de la AFA. Finalmente, algo de cordura apareció y el artículo 44 fue eliminado del proyecto que, no sin sobresaltos, aprobó Diputados y remitió nuevamente al Senado.

Gracias a los desajustes tácticos y estratégicos del gobierno, la CGT, que venía perdiendo todos los rounds, se despabiló. Encontró argumentos, clima y oportunidad para llamar a un paro general. Cuando todo indicaba que estaba por tirar la toalla, la oposición más dura se paró de nuevo en el centro del ring. La votación favorable en Diputados aminoró el fallido que casi provoca el despiste del oficialismo y recordó aquella memorable asistencia de Maradona para que Caniggia definiera el cotejo en el que le daban todas las pelotas a los de amarillo y sellara el pase a la siguiente ronda.

La aprobación de la reforma sin el texto más resistido y la expectativa de su pronta sanción definitiva atenuaron el barquinazo. Pero el partido, claramente, no ha terminado. El cierre de Fate fue un golpe seco, de esos que hacen tambalear incluso al que va ganando. Se da en un contexto económico que empieza a mostrar efectos sociales evidentes. Tanto que hasta el Fondo Monetario Internacional habló de “mitigar los costos de transición”. Es un banderín en alto que advierte sobre la necesidad de encontrar recetas para no caer en “offside” frente a una problemática muy sensible.  

Sin embargo, pese a que la actuación de su equipo tiene aspectos que desconciertan,  Milei sigue conservando un importante nivel de aceptación. La explicación vuelve a estar en la política: no aparecen alternativas sólidas, ni liderazgos que disputen el dominio del juego. Escenas como la de una diputada desconectando micrófonos y lanzando insultos en plena sesión funcionan como muestras del desenchufe de una oposición que no logra conectar en la cancha.

Todo indica que el oficialismo buscará exhibir la sanción definitiva de la reforma laboral como trofeo en la próxima apertura de sesiones del Congreso. En verdad, sería una victoria relevante para un gobierno no peronista. Pero el juego sigue. Y varios funcionarios parecen haberse acostumbrado a meter dentro de su propio arco las pelotas que van afuera. Por eso, frente a lo acontecido en los últimos días y aunque el tablero marque ventaja, prevalece la cautela.

Tras la agitada semana que se vivió, si esto fuera un tuit, el jefe de Gabinete escribiría “fin”. Pero en la política argentina, como en el fútbol, el alargue y los penales siempre traen sorpresas.¿Fin?

En la prensa cordobesa se difundió una noticia que llamó la atención por su rareza. Una madre denunció que un joven, a quien identificó como un “therian”, mordió a su hija adolescente en una calle de Jesús María. La chica, de 14 años, le contó a su familia lo que pasó tras ver en redes sociales el fenómeno que rápidamente se extiende en Argentina y entendió qué le habría ocurrido tiempo atrás, a la salida del colegio.Según el relato de la madre, luego de lo que habría sido un encuentro de  “jóvenes therians” , se acercaron a su hija y “la empezaron a olfatear y a corretear un poco, y ella se reía, pensaba que era broma, pero después le mordieron el tobillo. Ahí se dio cuenta que no estaban bromeando y ella atinó a querer meterle una patada y se fue corriendo. Eran una bandita de tres o cuatro, más o menos con máscaras de perro”,  explicó la mujer.El episodio no sería más que una anécdota si no fuese porque la viralización de los grupos “therian” hace suponer -por cierto erróneamente- que se trata de un movimiento masivo. Más aún, existe la sensación de que una mal entendida corrección política impide críticas hacia esta práctica. Los “therians” (abreviatura de therianthrope) son personas que aseguran identificarse de modo profundo y persistente con un animal. Algunos hablan de un componente psicológico; otros, de una dimensión espiritual o simbólica. Frente a esta definición, la polémica está servida. En este punto, determinados análisis aparecen temerosos de ser acusados de actitudes que lleven a la discriminación; algunas pocas voces manifiestan incomodidad porque este fenómeno podría deslegitimar las luchas por los derechos sexuales y de género. El “therianismo” se expande principalmente en ecosistemas digitales juveniles, donde la visibilidad y el reconocimiento tienen fuerte efecto simbólico. Esto sugiere que se trata de una performance amplificada por las redes sociales, cuyo contenido lúdico hasta podría ser aceptable. Pero no podría asimilarse a una identidad biológica ni a una condición psicológica reconocida como para ubicarlo en categorías jurídicas o políticas. Además, la centralidad mediática de este fenómeno marginal genera una agenda pública desproporcionada respecto de su impacto social real.El clima normativo de este tiempo consolidó la idea de que cuestionar públicamente prácticas como ésta ubica al crítico en la puerta de la discriminación. Entonces, surge el temor a la sanción y a la cancelación. Esto es aprovechado por el “therianismo” que se protege comparándose con luchas históricas por derechos civiles que no tienen relación conceptual ni política con este fenómeno. Advertir sobre posibles perjuicios que acarrearía este fenómeno podría ser tomado como un cuestionamiento a derechos conquistados a lo largo de los años. Sin embargo, el ejercicio del pensamiento crítico es, en este tema, imprescindible. Más allá de que la experiencia demuestra que este tipo de grupos tienen corta existencia, no puede asumirse sin más que lo extravagante o ridículo quede blindado contra las críticas solo por inseguridad conceptual, circunstancias externas o corrección política. Cuestionar la pretensión de reconocimiento social del “therianismo” no significa negar derechos ni atacar identidades. Implica, simplemente, aplicar el sentido común.

La semana que pasó estuvo marcada por el triunfo oficialista en el Senado. Por primera vez desde el retorno democrático, un gobierno no peronista logró avanzar sobre un terreno que había resultado inaccesible para Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. La reacción presidencial no se tiñó de sus habituales estridencias: hubo celebración medida, quizás como resultado de que la media sanción fue posible a fuerza de pragmatismo y una dosis de realismo político.

De todos modos, el gobierno alcanzó una victoria política relevante que rompe con el estigma del fracaso recurrente de los gobiernos no peronistas en materia laboral. Es verdad que debió negociar con estructuras como el sindicalismo y los gobernadores y resignar parte del contenido original del proyecto. No obstante, la media sanción alcanzó para quebrar una inercia histórica. Por primera vez, el statu quo sindical y la resistencia combinada de algunos sectores gremiales y políticos no lograron bloquear por completo una reforma laboral. No se demolió el viejo modelo, pero sí se lo fisuró.

El proyecto que salió del Senado rumbo a Diputados sufrió más de 50 modificaciones respecto del dictamen original. Una victoria de los gremios fue conservar la facultad de cobrar compulsivamente los llamados “aportes solidarios”, con un tope del 2%. Como gesto de equilibrio, se mantuvieron también los aportes obligatorios de las cámaras empresarias, limitados al 0,5%. Asimismo, el gobierno dio marcha atrás en la reducción de la carga patronal destinada a las obras sociales sindicales.

Los gobernadores lograron la eliminación del artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias del 35% al 31%. No hubo reforma tributaria y tampoco alivio fiscal para el sector productivo. En ese terreno, el cambio quedó postergado. Asimismo, el Fondo de Asistencia Laboral fue aprobado sin sobresaltos. En materia de servicios esenciales, educación y cuidado de menores deberán garantizar un 50% de prestación durante medidas de fuerza. También, se avanzó en el traspaso del fuero laboral federal a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, aspectos como el régimen de licencias por enfermedad, las vacaciones y los bancos de horas podrían ser factibles de modificaciones, pese a la intención oficial de que en Diputados el proyecto se apruebe tal como llegó del Senado.

Así, resulta evidente que el proyecto aprobado no constituye una solución integral a los problemas del mercado laboral. Pero tampoco lo habría sido una norma más ambiciosa o ideológicamente más “pura”. Son muchos los aspectos de la vida política y económica que deben transformarse en el país, y por eso es un error suponer que una sola ley pueda revertir décadas de decadencia.

Los sindicalistas, beneficiarios directos de una legislación obsoleta, no lograron articular una respuesta contundente. No hubo paro general porque no había adhesión. La CGT marchó, pero se marchó tan pronto como comenzaron los incidentes. Sus líderes mostraron un silencio casi satisfecho. Salvaron la caja, conservaron algo de su poder y evitaron una confrontación frontal. Los gremios combativos quedaron fuera de la discusión real. Y la izquierda extrema volvió a refugiarse en la violencia, las bombas molotov, los piedrazos y su retórica agarrotada. Habría que sugerirle que proyecte alguna reforma en este aspecto porque sus métodos generan amplísimo rechazo.

La modernización laboral, si se convierte en ley, fungirá como una señal del debilitamiento del peronismo y del sindicalismo tradicional. Fragmentación, falta de liderazgo y ausencia de una alternativa creíble explican el desenlace distinto. Para peor, el kirchnerismo sigue ofreciendo las mismas recetas, con la promesa de repetirlas con mayor fervor ideológico.

En su libro “Gracias por llegar tarde”, el prestigioso periodista estadounidense Thomas Friedman advierte que el mundo del trabajo cambió de manera irreversible. Sostiene que pretender sostener estructuras del siglo XX en una economía del siglo XXI conduce a más informalidad, menos empleo registrado y un sistema previsional al borde del colapso, variables verificables en la Argentina de hoy.

Frente a esta realidad, la reforma laboral que ahora tratará la Cámara de Diputados no destruye el viejo modelo, pero tampoco lo eterniza. Quizás no sea la que el oficialismo soñó. Pero es la primera vez que se está a punto de atravesar un muro que durante décadas fue inexpugnable.

 “El enemigo aparecía a mis pies seguramente a no más de cien yardas. Su bandera flameaba alegremente, sus tambores y pitos tocaban marcha redoblada, cuando en un instante y a toda brida los dos escuadrones desembocaron por atrás del convento y flanqueando al enemigo por las dos alas, comenzaron con sus lucientes sables la matanza, que fue instantánea y espantosa. Las tropas de San Martín recibieron una descarga solamente, pero desatinada, del enemigo; porque, cerca de él, como estaba la caballería, sólo cinco hombres cayeron en la embestida contra los marinos. Todo lo demás fue derrota, estrago y espanto entre aquel desdichado cuerpo. La persecución y el triunfo siguieron al asalto de las tropas de Buenos Aires. La suerte de la batalla, aun para un ojo inexperto como el mío, no estuvo indecisa tres minutos”.

El relato del combate de San Lorenzo, del que se cumplieron esta semana 213 años, pertenece al comerciante inglés  G. P. Robertson, quien fue espectador de la batalla al encontrarse de modo fortuito en cercanías del convento donde los granaderos de San Martín aguardaban a los españoles. Esta porción de la crónica que hizo de esta refriega clave en la lucha por la independencia nacional cobra pertinencia como introducción de una polémica que recobró inusitada vigencia y que tiene como protagonista al sable corvo del Padre de la Patria.

Desafortunadamente, el arma que acompañó a San Martín durante su genial trayectoria militar se convirtió, en las últimas décadas, en presa de la lucha ideológica que agrietó a la Argentina. Los descendientes del general donaron el arma a la Nación. Durante mucho tiempo fue expuesto en el Museo Histórico Nacional. Pero en la década de los años 60, grupos de la Juventud Peronista pretendieron apropiárselo y lo tomaron como un símbolo político de la resistencia. Lo robaron en dos ocasiones y luego lo devolvieron. Luego de estos episodios, se decretó que su custodia pase al Regimiento de Granaderos a Caballo en 1967. En 2015, el sable corvo fue depositado otra vez en una vitrina del Museo. Se trató de un acto en el que el kirchnerismo buscó recrear la épica sesentista y devolverle el peso simbólico que la JP le había conferido en aquellos años tumultuosos.  Ahora, el gobierno nacional lo devuelve a los granaderos en lo que se presenta como un gesto de restitución y hasta de desagravio a la formación creada por el propio San Martín.

Como era de esperar, la polémica se expandió con rapidez. Los que defienden la decisión del Ejecutivo sostienen que se trata de una reparación histórica, puesto que el sable corvo perteneció al creador del Regimiento de Granaderos a Caballo y, por lo tanto, debía estar bajo su custodia. También se argumentó que el regimiento cuenta con protocolos de seguridad adecuados y que el gesto refuerza valores de tradición, identidad nacional y respeto por las instituciones militares. Por el contrario, algunos historiadores, dirigentes políticos opositores y organizaciones culturales cuestionaron la decisión por considerar que el sable es patrimonio de toda la sociedad. Señalaron que los museos garantizan conservación profesional y acceso ciudadano y también hubo posturas que reafirmaron su rechazo a cualquier reivindicación de nuestras Fuerzas Armadas. También hubo críticas al carácter unilateral de la medida y a la falta de consulta a organismos especializados.

Salvo los extremos, ambas posturas tienen argumentos razonables que podrían converger en una solución que a todos satisfaga. Sin embargo,  triste resulta constatar que, a esta altura de los tiempos, nos encontremos otra vez tironeando el sable del Libertador, un objeto fundacional de la Nación que fue propiedad de quien tuvo siempre como prioridad evitar las divisiones y los enfrentamientos que todavía hoy contaminan el ambiente político nacional. Es hora de entender que ninguna facción y ningún gobernante puede disponer arbitrariamente de los símbolos que siempre estarán por encima de las disputas y las mezquindades de las luchas ideológicas.

“La  confianza (de una sociedad en sus gobernantes) solo es posible en un estado medio entre saber y no saber. Confianza significa: a pesar del no saber en relación con el otro, construir una relación positiva con él. La confianza hace posibles acciones a pesar de la falta de saber. Si lo sé todo de antemano, sobra la confianza. La transparencia es un estado en el que se elimina todo no saber. La exigencia de transparencia se hace oír precisamente cuando ya no hay ninguna confianza”.

El filósofo coreano Byung Chul Han, en su libro “La sociedad de la transparencia”, escribe que confianza y transparencia son caras opuestas de una misma moneda. Cuando se rompe la confianza, asoma la necesidad de la transparencia. Por extensión, cuando los indicadores que marcan la vida de la sociedad no son confiables, el reclamo porque lo sean se torna imperativo y la necesidad de explicaciones cristalinas aparece con nitidez.

La renuncia del economista Marco Lavagna a la titularidad del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos abrió el escenario de sensaciones descripto más arriba. Recobró vigor la histórica desconfianza en los guarismos que se difunden sobre la inflación, aumentada a niveles estratosféricos luego del estropicio cometido por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno entre 2007 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas cuando se alteraron de manera escandalosa los números. En la semana han vuelto a escucharse reclamos de transparencia. Algo atenuados por cierto desde quienes intentan minimizar aquella destrucción del prestigio del Indec. En estos casos, según Pablo Mendelevich, se simula “una  equiparación de pecados, por llamarlos de alguna manera, con eventuales debilidades de sus adversarios y así licuar culpas”. El mensaje sería, “vieron, hacen lo mismo que Moreno”, aunque sin cuestionar lo que hizo este singular personaje.

No sorprende, por cierto, que el gobierno de Milei haya vuelto a dejar la pelota en la red al cometer un nuevo error no forzado. La susceptibilidad sobre las mediciones del Indec se había atenuado en los últimos dos años. Más allá de su filiación política, el funcionario renunciante había continuado trabajando luego de la asunción de este gobierno y su figura fue elogiada por las más altas autoridades. Se había transformado en un ejemplo simbólico de la primacía de las instituciones por sobre los intereses partidarios. Tras el portazo, hoy es vilipendiado por las usinas mileístas en las redes sociales. Asumir actitudes similares al kirchnerismo no figuraba entre las promesas de los actuales gobernantes.

Lo cierto es que la salida de Marco Lavagna reavivó la desconfianza en las estadísticas oficiales. El Indec no es hoy el espacio militante y falaz de la época de Moreno ni atraviesa hoy una crisis comparable a la de otros períodos. Sin embargo, la renuncia de su titular -motivada porque el Ejecutivo rechazó el cambio de metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor- generó preocupación en la ciudadanía. Y también en los organismos internacionales, los potenciales inversores y actores económicos que toman decisiones a partir de los datos oficiales.

Al mismo tiempo, el ruido sobre la estratégica económica se intensificó. La desaceleración inflacionaria es uno de los activos políticos más significativos del gobierno. ¿Lo sigue siendo luego de un episodio en el que se refuerza la idea de oportunismo en el manejo de las estadísticas? El carácter retórico del interrogante impide advertir que se ha erosionado la narrativa oficial que había recuperado el prestigio del Indec y, con ello, se debilitó la credibilidad de sus mediciones aun cuando los datos puedan seguir siendo técnicamente correctos.

En ese contexto, reabrir el debate sobre el Indec se transformó en un ruido innecesario. Porque la sensación que se filtra es que el gobierno volvió a subestimar el costo político de determinadas decisiones, confiando en que los números bastan para clausurar cualquier discusión.

Así, otra vez el eje se ha cambiado. Ya no se habla de “cuánto” subieron los precios. Sino “cómo se mide” la inflación. El debilitamiento del mensaje gubernamental es evidente consecuencia del despropósito que significa anunciar un nuevo método y frenar su implementación de modo imprevisto, generando otra crisis innecesaria y con escasos recursos para brindar explicaciones claras.

“La exigencia de transparencia se hace oír precisamente cuando no hay confianza”, dice Chul Han.

El verano político argentino transcurre con episodios que marcan el clima de época. Mientras la rosca se mueve entre sombras, algunas playas bonaerenses, teatros marplatenses y festivales cordobeses son escenario propicio para la aparición de gobernantes con la intención de “bañarse” de aplausos y vítores. Negociaciones arduas para sumar adhesiones a la reforma laboral y un suspenso que mantiene en vilo a los actores de la política nacional.

En este marco, el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso prevé ajustadas expectativas. Todo parece indicar que el Senado aprobará el proyecto de reforma laboral, aunque deberá ceder en algunos aspectos puntuales, especialmente referidos a disposiciones tributarias que son resistidas por varios gobernadores. Llamativo es este aspecto: sobre una ley que reformula o moderniza las condiciones de trabajo de los argentinos se discuten las aún no resueltas cuestiones impositivas y fiscales entre Nación y provincias.

Esta situación, además, expone los límites reales del poder. Y coloca a la ley laboral en el sitial que ocupan las pruebas de gobernabilidad. El debate exigirá la acción de equilibristas políticos que, pragmatismo mediante, asuman con realismo hasta dónde se puede tensar la cuerda ante un respaldo que existe, pero que exhibe condicionamientos.

La negociación encarnada en las giras por el interior del ministro Santilli no constituye un dato sorprendente. Sí lo es la ausencia de un conflicto mayor. Puede ser que el verano haya amainado los reclamos. Sin embargo, ante la inminencia del debate y pese a las amenazas de algunos gremios combativos, la conducción de la CGT solo expresa su oposición de modo verbal. La resistencia históricamente explosiva a los anteriores intentos de reformas laborales aún no se manifiesta. Es muy posible que esta circunstancia exprese la incapacidad de buena parte de la dirigencia política para leer el presente político y sus disrupciones nacionales e internacionales.

Sin haber demostrado todavía que se aprendieron las lecciones de los fracasos legislativos del año pasado, el gobierno confía en que la reforma laboral saldrá del Senado. Es así como Milei mantiene su protagonismo oscilando entre anuncios de racionalidad (tendremos leyes de “países normales”, dijo) y su habitual histrionismo especialmente cuando se encuentra con los militantes más fervorosos. Sus apariciones públicas, sus números musicales en festivales folklóricos cordobeses y el teatro marplatense le sirvieron para captar la existencia de un clima que mantendría las expectativas expresadas en las urnas en septiembre pasado. Es su estilo confrontador y polémico. Pero también una manera de ocupar el espacio que otros han dejado vacante.

El discurso que pronunció Milei en la Cumbre de Davos no hizo ruido como el del año pasado, cuando arremetió sin miramientos contra la cultura “woke”. Sin embargo, los conceptos allí expuestos permiten entender la controversia abierta a partir de la decisión oficial de adjudicar a una empresa extranjera -con una oferta más competitiva- una licitación millonaria para la provisión de caños destinados a un oleoducto en Vaca Muerta. La disputa expresa la mirada tajante que descarta la intervención del Estado para beneficiar a actores locales, en nombre de un “capitalismo justo”. Y, al mismo tiempo, ratifica el intento de producir un quiebre de las prácticas económicas y empresariales del pasado, al exponer a un poderoso grupo industrial de origen nacional como símbolo de discrecionalidad y búsqueda de beneficios.

Tanto es así, que no hesitó en colocarle el apodo de “Dr. Chatarrín” a uno de los empresarios más poderosos del país, quien se quejó porque una empresa de la India obtuvo la referida licitación. De este modo, repuso en la escena nacional la discusión tan añeja como no resuelta, que enfrenta a las posturas aperturistas con las proteccionistas que, por imperio de las disrupciones de Donald Trump, hoy también envuelve al mundo.

Lejos del estilo didascálico de Davos y aun considerando las enormes diferencias entre los auditorios, su discurso en el evento “Derecha Fest” renovó su faceta más ácida y provocadora. “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, sostuvo en clara alusión a las críticas que hizo el líder del grupo Techint. Y afirmó que “siempre existen piedras en el camino”, en referencia directa al apellido Rocca. 

Así, entre ironías, excesos, “Rock del gato”, “Amores salvajes”, viajes a las provincias del ministro del Interior, poroteos en el Senado, reclamos provinciales ante la posible merma de recursos que pueda generar la reforma laboral, incertidumbre de dirigentes opositores y gremiales que no aciertan en su lectura del presente y  el sonoro choque con un peso pesado del empresariado,  transcurre un verano argentino en el que afloran las mismas controversias no saldadas de siempre -coparticipación, importaciones versus producción nacional, por caso. Para no perder la costumbre, el estío nos encuentra -otra vez- hasta los caños.

La Legislatura de Córdoba avanzará este viernes en el tratamiento de un proyecto que busca prohibir la actividad de los cuidacoches (naranjitas) y los limpiavidrios en todo el territorio provincial, en el marco de una reforma del Código de Convivencia. La iniciativa comenzará a discutirse en la Comisión de Seguridad, con la intención de que el debate derive en una pronta definición parlamentaria.

El proyecto apunta a otorgar un marco normativo específico para la actuación de la Policía, frente a prácticas que el Ejecutivo provincial considera coercitivas y vinculadas al orden público. “El orden público no se negocia y es lo que la gente nos está pidiendo, control sobre este tipo de actividad coercitiva”, afirmó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, en declaraciones a La Voz del Interior.

En relación a los cuidacoches, el funcionario aclaró que la propuesta contempla excepciones en los casos en los que existan acuerdos formales entre municipios y cooperativas para la explotación de determinados espacios. “Esto no es criminalizar la pobreza”, remarcó Quinteros, al defender el enfoque de la iniciativa.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la prohibición de la actividad de los limpiavidrios, que, según indicó el ministro, representa también un problema de seguridad vial. “En el caso de los limpiavidrios se trata hasta de una cuestión de seguridad vial”, sostuvo.

La reforma del Código de Convivencia que se analizará en comisión contempla tres ejes principales: poner fin a los cuidacoches ilegales, prohibir la actividad de los limpiavidrios y aplicar multas a las familias que no cumplan con el calendario de vacunación obligatoria. Desde el Gobierno provincial señalaron que la iniciativa busca fortalecer la convivencia, la paz social y el orden público en un contexto socioeconómico complejo.

Quinteros también adelantó que se incluirá un apartado vinculado a las fiestas clandestinas, con sanciones más severas. “Además del decomiso de los bienes queremos que se avance sobre el titular registral de la vivienda y que sufra una sanción ejemplar”, explicó.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Reforma del Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba:<br><br>Mañana la Comisión de Seguridad de la Legislatura tratará la reforma del Código de Convivencia con tres ejes claros: <br><br>✔️ Fin a los naranjitas ilegales.<br>✔️ Prohibición de limpiavidrios.<br>✔️ Multas a familias que no…</p>&mdash; Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) <a href="https://twitter.com/QuinterosJP/status/2004371643603308565?ref_src=twsrc%5Etfw">December 26, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

En ese marco, el ministro planteó la necesidad de actualizar el Código contravencional para dotar al Estado de herramientas más eficaces. “El orden público requiere que los tres poderes del Estado converjan en una misma y única estrategia: prevenir y combatir el delito, protegiendo la vida y los bienes de los cordobeses”, expresó.

En ciudades del interior, como San Francisco, este tipo de situaciones ya fue abordado mediante controles realizados durante el año, en el marco de operativos locales orientados a regular estas prácticas en el espacio público. La discusión provincial busca ahora establecer un criterio uniforme para toda Córdoba.

Las reformas que se debatirán fueron difundidas por el propio Quinteros a través de una publicación en su cuenta de la red social X, donde instó a los legisladores de todos los bloques a dar una discusión “seria”, priorizando la tranquilidad de los ciudadanos.

En enero de 1963, San Francisco vivía uno de esos veranos bochornosos. La ciudad parecía detener su marcha frente al embate de la temperatura. Pocas noticias locales confirmaban esta especie de parálisis. Entre ellas, se destacaba la venta del arquero de Sportivo Belgrano, Raúl “Indio” Navarro, a Huracán. Pero la frialdad noticiosa de la mayoría de los veranos se vio alterada por una polémica que protagonizaron dos jóvenes sanfrancisqueños en las páginas de LA VOZ DE SAN JUSTO. 

En aquel enero, el país atravesaba otra etapa de tensiones políticas. El gobierno de José María Guido había convocado a elecciones para julio, que finalmente llevarían a Arturo Illia a la presidencia. La Argentina vivía, como tantas veces, debates encendidos sobre su pasado y su presente, con divisiones marcadas, bastante similares a las de la actualidad.

En ese marco, un editorial de este diario (16 de enero)  llamó a defender “nuestra tradición histórica liberal y democrática”, aludiendo críticamente a los “impulsos de revisionismo histórico”. Mientras no negaba “la posibilidad de una discrepancia ni consideremos a los que discrepan como réprobos”, afirmaba que “el precio de la libertad es una eterna vigilancia”.

Pocos días después, otra nota editorial criticó a la realización de un curso de perfeccionamiento docente y criticaba el sesgo “rosista” de un curso docente, postura respaldada el 1 de febrero por una solicitada firmada por vecinos. Ese clima abrió la puerta a un cruce de ideas en las páginas de LA VOZ DE SAN JUSTO.

Dos jóvenes sanfrancisqueños, ambos luego con importante participación en la política, la economía y la diplomacia, protagonizaron un intercambio de opiniones áspero, pero respetuoso. Ajeno a las formas degradantes del presente. Desde posturas contrapuestas sobre los estudios históricos, mantuvieron una discusión a través de las páginas de este diario que, creemos, merece ser rescatada del archivo, aunque más no sea para cotejar su contenido profundo -no exento de polémica y conceptos ásperos- con las bravatas actuales del fuego cruzado de las redes sociales que agigantan la polarización y destierran la verdad.

El 8 de febrero de 1963, Jorge Alberto Vázquez, de 20 años y estudiante de Ciencias Políticas, publicó un artículo titulado “Señores, la verdad no teme”. Allí cuestionó la posición de este diario y de los vecinos firmantes, defendiendo el derecho “de beber en las fuentes de la investigación histórica a la luz de nuevos documentos (…) que abren un nuevo panorama para las generaciones presentes que desean saber de dónde vienen para así avizorar el futuro”.

Escribió además: “En nuestra patria, que agoniza por falta de comprensión y amor, nos enseñan desde los primeros años a decir: ‘El grande Sarmiento, el sinvergüenza Rosas’ y reducimos nuestra historia a una polémica que gira sobre estos personajes”.

Tras afirmar que ambos protagonistas de nuestra historia tuvieron aciertos y errores, concluyó: “La historia no es un Dios y, por lo tanto, es tocable y discutible, no se hace con fanatismos, no se hace con mitos. Y si la historia oficial es la verdad, ¿qué problema tendrán sus defensores al ver que la critican? Porque, señores, la verdad no teme”.

La respuesta llegó el 14 de febrero. Domingo Felipe Cavallo, con 16 años y egresado del secundario, publicó la nota “Defendamos la verdad”. Allí afirmó: “Lo que teje la historia es el hecho memorable. Sin hecho trascendental no hay acontecimiento. Y la historia es, precisamente, la urdimbre científica de estos acontecimientos que deben perpetuarse”.

Tras criticar duramente la época de Rosas, sostuvo que “con estos hechos puede hacerse crónica de una época desgraciada, pero no historia”. En tono crítico, calificó el artículo de Vázquez de “pedante”, acusándolo de hablar de historia “con jactanciosa suficiencia y desaprensión”, y de pretender representar a la juventud. Finalmente expresó su indignación frente a un texto que –según dijo– “pretende ridiculizar la actitud de un grupo de ciudadanos de conocida personalidad y patriotismo”.

La discusión prosiguió el 16 de febrero, cuando Vázquez respondió a Cavallo a través de una nota titulada “Señor, la historia no excluye la educación”. Afirmó allí que “en ningún momento he dicho que represento a nadie”. Tras aludir a las críticas de Cavallo a Rosas, escribió: “Muy bien dije yo que el Restaurador de las Leyes tiene sus errores y sus aciertos. Pero si usted quiere atacarlo, tiene libertad de hacerlo, lo que no significa que tenga la verdad”. Tras defender el revisionismo histórico y señalar que “el hombre tiene que ir hacia la verdad y no esperar que se la traigan”, invitó a Cavallo a un debate en el Centro Cultural, bajo “las condiciones que dispondremos en una entrevista previa”.

 En la edición del 19 de febrero de 1963, Domingo Cavallo declinó la invitación al debate público. Pero rebatió la acusación de Vázquez de que le adjudicaba la intención de representar a toda la juventud, señalando que “yo no he dicho “representa” sino que “pretende representar” a los jóvenes. “Usted no hizo una mera exposición de opiniones: ha atacado a personas por el solo hecho de no opinar como usted”, señaló.

Se pronunció a favor de “que se revise la historia en general. Pero me refiero a un revisionismo sano, movido -como usted dice en su última solicitada- por las ansias de la verdad”.  Dijo que no debatiría públicamente pues “nunca lograremos ponernos de acuerdo, puesto que, si no han logrado convencerlo los historiadores, mal puedo convencerlo yo”. Y “si la invitación es para determinar quién conoce más historia, le manifiesto humildemente que no me avergonzaría saber menos que usted, pues en mi condición de perito mercantil no pretendo saber más que un “universitario”. Finalmente, sostuvo estar orgulloso de “los principios que me enseñaron a sostener en el Colegio Nacional San Martín”.

Compartiendo su condición de sanfrancisqueños, los caminos ideológicos y políticos de Vázquez y Cavallo trazaron rumbos distintos. No obstante, ambos desempeñaron roles importantes durante el gobierno de Carlos Menem.  Vázquez fue diplomático y representante argentino ante la ONU, mientras Cavallo se convirtió en ministro de Economía y autor del plan de convertibilidad durante el gobierno de Carlos Menem.

En 1992 sus diferencias volvieron a quedar expuestas: Vázquez renunció a su cargo en la ONU por no compartir los lineamientos del programa económico de Cavallo, criticando el proceso de privatizaciones.

Pero más allá de las discrepancias, aquel debate en las páginas de este diario, hace ya 62 años, revela la convicción de dos jóvenes y su claridad conceptual para defender sus posturas. A diferencia de la agresividad de este tiempo y a pesar de sus profundas diferencias, defendieron sus convicciones con altura y respeto.

Jorge Alberto Vázquez nació en 1943. Se graduó en 1965 como licenciado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Católica de Córdoba. En 1967 ingresó al Servicio Exterior argentino. Se desempeñó como subsecretario de Relaciones Exteriores en 1973. Detenido por la dictadura militar, fue liberado en 1978. Fue fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y embajador en República Dominicana durante el gobierno de Alfonsin. A partir de 1989, se desempeñó representante de la Argentina en las Naciones Unidas y también en Chile. En 1995 fue candidato a vicegobernador de Buenos Aires por el Frepaso. Casado con Elisabet Amsler, tuvo cuatro hijos, entre ellos la modelo María Vázquez, esposa del polista Adolfo Cambiaso. Falleció el 16 de marzo de 2007.

Domingo Felipe Cavallo nació en1946. Contador público y doctor en Economía. Su protagonismo en la vida pública de nuestro país estuvo marcado principalmente por su rol como ministro de Economía de la Nación entre 1991 y 1996 y también entre marzo y diciembre de 2001. Ocupó cargos directivos en el Banco de la Provincia de Córdoba, fue presidente del Banco Central, diputado nacional, ministro de Relaciones Exteriores entre 1989 y 1991 y candidato a la presidencia de la Nación.  Más allá de las vicisitudes de su accionar como funcionario público, sus análisis económicos siguen siendo insumos importantes para los mercados y las decisiones políticas.  Casado con Sonia Abrazian, tiene tres hijos.

El país vivió esta última semana una serie de episodios que podrían conformar escenas de una película cuya estructura se asemeje a la que promovió un debate de intensidad inusitada. El estreno de Homo Argentum, en la que Guillermo Francella encarna -con mirada “porteñocéntrica”- personajes que intentan retratar al argentino promedio, disparó reacciones encontradas y controvertidas.

De modo semejante, lo ocurrido durante la semana pareció organizarse en episodios donde el hilo conductor discurrió por la campaña electoral, la polarización ideológica, la violencia y la persistencia de un clima incierto.  

Que una película divida aguas no es novedad. Tampoco la distancia entre los gustos de la crítica y del público. Pero es todo un síntoma que la grieta haya determinado el significado de Homo Argentum: para algunos, una obra maestra que refleja el perfil de un argentino medio; para otros un bodrio que denigra al ser nacional. Un debate de cinéfilos se transformó en una disputa ideológica. La lógica binaria eliminó los matices.

El cierre de listas para las elecciones legislativas dejó en evidencia la disgregación del frágil sistema nacido luego de la crisis de 2001.  La construcción política mantiene su eje de rotación en torno a liderazgos personales antes que a proyectos colectivos. La polarización se consolida. Pero importantes referentes del sistema fueron desplazados o absorbidos. La sumisión del PRO es claro ejemplo. La fragmentación también roza a un peronismo “unido” solo para la ocasión y a los libertarios, enfrascados en disputas que no cesan.

Las autoridades económicas parecen tener como único objetivo hasta las elecciones mantener al dólar quieto. Un recurso usado y gastado por gobiernos anteriores. La elevación de las tasas de interés a niveles que desalientan la producción y profundizan la recesión es un dato preocupante. Paradoja: lo que se gana en estabilidad cambiaria se pierde en dinamismo productivo. Como en una escenografía repetida, el crecimiento se posterga por la búsqueda de votos.

Al menos hasta octubre, el guion de la política “argenta” tiene como escenario al Congreso. En Diputados, el oficialismo evitó un nuevo revés absoluto, pero lo hizo a costa de un empate poco digno. El rechazo al veto sobre la ley de discapacidad exhibió la obcecación con la que el gobierno manejó un tema que debió resolverse con anticipación. Además, desnudó la falta de reflejos de funcionarios que no calibraron con certeza el humor social sobre esta sensible cuestión. La ratificación del veto a la ley que aumenta jubilaciones permitió maquillar una débil estrategia parlamentaria. La goleada que recibió el gobierno en el Senado desnudó esas mismas limitaciones, varias producto de errores no forzados del oficialismo. No obstante, también las bancadas opositoras tienen dificultades para presentarse como alternativas apetecibles. En especial si el papel central lo asume esa rara especie de Homo Argentum que personifica el senador Mayans.

La difusión de los audios del expulsado ex interventor del Instituto Nacional de Discapacidad colocó a media asta la bandera anticorrupción del gobierno. El episodio reactivó sospechas sobre maniobras de inteligencia y volvió a situar a la hermana del presidente en supuestas operaciones oscuras, como ya ocurrió con criptomonedas y candidaturas “pagadas”.  Así, la narrativa libertaria de transparencia pierde vigor y arrastra uno de sus argumentos centrales en su lucha contra la casta. La respuesta: “silenzio stampa”. El que calla, otorga. El jefe de Gabinete ya admite que no pone las manos en el fuego por nadie. Este capítulo promete nuevas revelaciones.

La violencia en el estadio de Independiente es muestra de un deterioro moral y social que excede al fútbol. La pasividad e inacción policial y el descontrol de los grupos violentos configuran un cuadro que recuerda que, en materia de seguridad y convivencia, la Argentina enfrenta un problema al que la política no brinda respuestas. A la reacción electoralista de funcionarios nacionales y bonaerenses se suma a la de cierta dirigencia del fútbol. Hipocresía y gatopardismo como líneas argumentales.

La ruptura de una pareja de actores derivó en un debate mediático que rozó aquella lógica binaria. El ingenio popular no faltó a la cita: a la infidelidad masculina que se asocia en el imaginario colectivo con “Icardi”, ahora se le suma la femenina con “Accardi”. Los opinadores mediáticos, de fiesta. Hasta el espacio de la intimidad pareció encuadrarse en la dinámica polarizada de la vida pública.

Como en Homo Argentum, las escenas de la semana compusieron una radiografía fragmentada del presente. Los allanamientos de ayer, originados en las escuchas del ex titular del Instituto Nacional de la Discapacidad que han desatado un escándalo de derivaciones imprevisibles, son la secuencia que le faltaba a un guión de suspenso para la película de un país en suspenso. 

Unos 150 estudiantes de nivel medio participaron este fin de semana de la segunda edición de San Francisco Debate, un espacio impulsado por el municipio que promueve la reflexión crítica, la expresión oral y la participación ciudadana entre los jóvenes de la región.El evento, desarrollado en la ciudad de San Francisco, contó además con la presencia de instituciones educativas de Frontera, Josefina y Morteros, ampliando así su alcance regional. La propuesta busca generar instancias de diálogo donde los adolescentes puedan debatir temas de actualidad, ejercitar el respeto por las ideas ajenas y cultivar habilidades argumentativas.“Necesitamos jóvenes con espíritu crítico, que se formen y que cultiven el respeto por las opiniones distintas”, sostuvo el intendente Damián Bernarte durante el acto inaugural, donde felicitó a los participantes y al Área de Juventud por la organización.Bernarte remarcó la importancia de que el encuentro se realice en un día no lectivo: “Es destacable que, en un día de descanso, tantos jóvenes hayan elegido involucrarse en una actividad extracurricular. Eso habla de compromiso y también de una voluntad real de participar”.

Al dirigirse a los estudiantes, el mandatario local alentó a involucrarse activamente en la vida comunitaria: “Si entendemos que hay cosas que no están bien, no se van a arreglar si las miramos desde afuera. Necesitamos que se comprometan con la realidad, porque ustedes son el presente y el futuro de la ciudad”.En su discurso, Bernarte también dejó una definición filosófica que marcó el tono de la jornada: “La realidad tiene tantas posturas como ojos la analizan. No hay una verdad absoluta. Si aprendemos a convivir con quienes piensan distinto, la sociedad que ustedes van a construir será mejor que la que nosotros hicimos hasta ahora”.San Francisco Debate se consolida así como un espacio fundamental para la formación ciudadana juvenil. Más allá de los discursos, lo que quedó en evidencia fue una necesidad compartida: que los jóvenes ocupen espacios de opinión y decisión. Y que, como expresó uno de los docentes presentes, “el debate no sea sólo un evento, sino una práctica cotidiana que transforme realidades”.

Hay situaciones que generan un malestar compartido. En ciertos entornos sociales, por ejemplo, se percibe cuando alguien dice o hace algo que puede desagradar al resto: una broma fuera de lugar o una conducta inapropiada en un espacio público. Somos capaces de manifestar rubor o incomodidad cuando presenciamos actitudes que consideramos desubicadas.

En la discusión de los asuntos de interés público, más allá de las posiciones ideológicas, con frecuencia aparece esa misma sensación de incomodidad frente a circunstancias que desdibujan los principios del debate político, los valores republicanos, la institucionalidad y la responsabilidad pública. En todos los casos, esa incomodidad tiene nombre: vergüenza ajena.

Ricardo Darín habló del precio de las empanadas. El comentario, sencillo en apariencia, derivó en una controversia que ocupó espacio en medios y redes sociales. Al ministro de Economía, Luis Caputo, esas palabras le dieron “vergüencita ajena” porque, según dijo, “se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez”. No se sabe si tuvo una reacción similar cuando, sin lectura contextual de esas expresiones, las usinas digitales libertarias se encargaron de defenestrar al actor más prestigioso del país. 

Por suerte, al debate no se sumaron los “pastelitos a dos lucas” de los que se quejó Cristina Kirchner. Sin embargo, otro pasaje de su última intervención pública pudo haber generado “vergüencita” en sus fieles seguidores: al reflexionar sobre la eficacia de la metáfora de la “motosierra” utilizada por Javier Milei, sostuvo que muchas personas se identificaban con esa imagen tras haber sido desatendidas en oficinas públicas o centros de salud. Fue una autocrítica implícita, difícil de ignorar, sobre las falencias del Estado durante los años en que ella ejerció funciones de máxima responsabilidad. 

Fueron precisamente esas administraciones las que terminaron vaciando de contenido aquello del “Estado presente”. Un Estado al que Cristina quiere convertir en eficiente. Al parecer, ahora tomó nota de que no lo es. Y, para evitar que los votos del Conurbano, antes cautivos, sigan huyendo en masa del peronismo, informalmente, le habría recomendado al gobernador de Buenos Aires que contrate meteorólogos y no encuestadores para anticipar el resultado de las elecciones provinciales de septiembre próximo. La insinuación es clara: si llueve en los días previos a los comicios, podrían acentuarse las consecuencias de décadas de desinversión en infraestructura, dejando otra vez en evidencia la histórica deficiente gestión del peronismo en distritos bonaerenses, considerados como sus bastiones electorales.

Por cierto, a los principales referentes del gobierno nacional no los conmueve lo que Cristina dice sobre la “nueva estatalidad”. La reducción de los índices inflacionarios y la estabilidad cambiaria luego de la salida parcial del cepo son evidencias de que avanza la nueva estatalidad que promueve la libertad de mercado y económica. Pero no manifiestan “vergüencitas” cuando menosprecian las libertades políticas y de expresión. Según ha trascendido, el “paka paka libertario” poco tendría que envidiar al kirchnerista. También ha generado inquietud en diversos sectores la difusión del contenido del Plan Nacional de Inteligencia. Tal como informó el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, uno de los apartados del plan establece la posibilidad de “recabar información” sobre quienes puedan “erosionar” la confianza pública en los funcionarios encargados de la seguridad nacional. Según la información difundida, el texto no aclara si se refiere a agentes extranjeros, periodistas, especialistas o ciudadanos. La ambigüedad de la redacción abre la puerta a interpretaciones preocupantes, especialmente si se la vincula con prácticas de vigilancia o estigmatización de la historia reciente. A propósito, la descarga fanática y las amenazas contra el periodista replican prácticas lamentables y ya conocidas.

Por último, un Estado verdaderamente eficiente jamás habría avalado el ascenso de la jueza que convirtió el juicio por la muerte de Diego Maradona en un espectáculo de la denominada telerrealidad. La búsqueda deliberada de visibilidad mediática exhibida por la magistrada constituyó una muestra de narcisismo exacerbado. Todo lo contrario a lo que, en teoría, debe encarnar la figura de un juez, en especial en un caso de alta sensibilidad social y emocional. Le sobró descaro. Ni siquiera consideró que debía exhibir sobriedad, rigor y respeto por las partes involucradas. El juicio por la muerte del ídolo que proclamó que “la pelota no se mancha” volvió a foja cero. Con su insólito intento de autopromoción, la jueza Makintach le cargó una mancha más a la Justicia. Pero esta es de las que no se borran con facilidad.

 “Altro que vergüenza ajena”, diría el nono.