Como se ha difundido en todos los medios de comunicación de la provincia y el país, el gobernador Martín Llaryora preadjudicó las obras para la ejecución de los casi 63 kilómetros que faltan para completar la Autopista de la ruta 19. En el acto, el mandatario provincial disparó contra el gobierno nacional por la falta de la firma del decreto que establezca el traspaso de la carretera a la órbita provincial y así recomenzar los trabajos para que la autopista, una obra crucial para la región, se termine de una vez. 

Todos los habitantes del este y noreste de Córdoba conocen el sentimiento de postergación y abandono que se manifiesta cuando deben transitar por una ruta en pésimo estado en los tramos de mano única y con claros vicios de construcción en determinados sitios de los sectores donde ya está habilitada la autopista. Recorrer los 200 kilómetros hasta Córdoba son una aventura indeseable.  Todo ello, pese a que desde hace por lo menos tres décadas se proclama que es una prioridad la finalización de la autopista.

La construcción de los tramos entre San Francisco y la cañada de Jeanmaire, en cercanías de La Francia y el que unirá Arroyito con Santiago Temple requerirá una inversión de casi 200 millones de pesos. El gobernador ya había adelantado que se hará con fondos de la provincia, pero descargó una fuerte crítica a la administración de Milei: “Ya tendríamos que ver las máquinas en marcha, salvando vidas y construyendo progreso. No podemos esperar más al gobierno nacional, si no quieren hacer la obra la hacemos nosotros, solo necesitamos la firma de un decreto, que nos transfieran la ruta para poder entrar con las máquinas”, subrayó Llaryora.

En enero pasado, esta columna se hizo eco del inicio del proceso de licitación para la construcción de los citados tramos de la ruta. Era un paso trascendente que consolidaba el acuerdo firmado con la Nación en 2024, por el cual se traspasaba a la provincia la jurisdicción, paso fundamental para que Córdoba se hiciese cargo de los trabajos necesarios para completar la doble mano en todo el trayecto entre San Francisco y la capital provincial. Desde aquel 11 de junio del año pasado, la expectativa en nuestra región fue creciendo al mismo ritmo que la posibilidad de reactivar la obra y terminar, definitivamente, una obra imprescindible para el desarrollo regional. 

Así se llegó al acto del pasado miércoles. Allí, el gobernador de la provincia cargó contra la Nación porque no se firmó todavía el decreto de traspaso, pese a que ha transcurrido más de un año del acuerdo alcanzado. Un trámite administrativo y legal que parce simple todavía no se ha formalizado. Y, con ello, los trabajos no pueden comenzar. Otra circunstancia negativa dentro de un proceso que ha tenido innumerables y exasperantes idas y vueltas.

Es hora de que se terminen las dilaciones. No es posible admitir que la desidia y la indiferencia de todos los gobiernos nacionales de los últimos tiempos signifique más atraso y postergación para toda la región. El reclamo debe escucharse. No se pide nada extraordinario. Solo que se firme un decreto.   

El Gobierno vetó hoy una ley para crear un fondo especial de ayuda para Bahía Blanca y Coronel Rosales para apoyar la reconstrucción de esas ciudades bonaerenses, con fuertes críticas a los diputados y senadores ya que sostuvo que asistió en abril  con doscientos mil millones de pesos a los damnificados por la inundaciones.

El vocero presidencial, Manuel Adorni aseveró que “casi tres meses después (sí, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso, el presidente Javier Milei vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta”.

La Cámara de Diputados convirtió en ley el pasado 4 de junio un proyecto que declaraba la emergencia en las ciudades de Bahía Blanca y Coronel Rosales, para crear un fondo por 200 mil millones pesos, para ayudar a los ciudadanos de esas zonas tras las inundaciones ocurridas el 7 de marzo.

Adorni precisó que el veto a esa ley se debe a que el “1° de abril, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno Nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados”

Señaló que también “brindó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al municipio, lanzó tres líneas de financiamiento desde el Banco Nación, completó nueve vuelos cargados de insumos y medicamentos, envió ambulancias y un hospital móvil y desplegó los recursos de las fuerzas federales para rescatar a 716 personas”.

A través del decreto 424/2025 el Gobierno veto la ley 27.790, que declaraba la emergencia en los municipios bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales, que creaba un fondo especial de $200.000 millones para asistir a los damnificados, con el argumento que ya envió los fondos para la reconstrucción de esas ciudades.

También justificó que en esa ley no se indica “la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, que dispone que las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán”.

El Senado votó el pasado 7 de mayo un proyecto de los senadores k Juliana Di Tullio y Eduardo Wado de Pedro y del radical Maximiliano Abad con el respaldo de 68 senadores, con lo cual superó ampliamente los dos tercios por si el Congreso decide insistir con su sanción original.

Esa iniciativa fue aprobada en diputados el 4 de junio por 153 votos contra 32 negativos de la LLA, con lo cual también superó ampliamente los dos tercios.

El pasado viernes 28 de marzo el gobierno de Italia que dirige la premier Giorgia Meloni emitió un decreto que regula el otorgamiento de la ciudadanía italiana a personas de cualquier rincón del mundo que intente conseguirla. 

“Ya no se podrá pedir la ciudadanía con las viejas reglas, sino sólo si se tienen hasta a abuelos italianos”, explicó el vicepremier y canciller, Antonio Tajani, impulsor de la reforma, que limita el alcance del derecho por sangre (ius sanguinis) y solo permite a nietos o hijos de ciudadanos italianos a solicitar la ciudadanía. Es decir, a dos generaciones descendientes de nativos italianos.

Tajani también destacó que se establecerán límites más estrictos para evitar los abusos y la “comercialización” de los pasaportes italianos. En este sentido, aseguró que “la nacionalidad debe ser una cosa seria”. También planteó que en un futuro se endurezcan aún más las condiciones, sugiriendo la posibilidad de exigir que los solicitantes ejerzan “los derechos y los deberes de los ciudadanos al menos una vez cada 25 años”. Además, se habló de la posibilidad de imponer requisitos adicionales, como el conocimiento del idioma italiano y vínculos más concretos con la cultura y el territorio.

El decreto, que ya tiene vigencia, deberá pasar por el Parlamento en el plazo de 60 días desde su sanción, para ver si se aprueba o no tal cuál como fue expedido o si se aprueba a o no, con modificaciones. 

En el mientras tanto, miles de argentinos y decenas de sanfrancisqueños quedaron a la intemperie de la incertidumbre de lo que pueda pasar con turnos perdidos en el consulado, con sus carpetas con los papeles solicitados completas y ahora inútiles o con el dinero invertido en gestores y pasajes que ahora, desde hace una semana, muchos consideran plata perdida. 

Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, entre 2023 y 2024 se le otorgó la ciudadanía via ius sanguinis a 50.000 argentinos. El ritmo se venía manteniendo en 2025, la diáspora argentina en Italia seguía ganando integrantes de varias generaciones que viajaban para terminar los trámites en suelo italiano y volver, o las que iban a terminar la ciudadanía y se quedaban en suelo europeo.  Hasta el viernes.

La safrancisqueña Julieta Alejos (33) es una de esas caras detrás de la decisión del gobierno italiano “El plan era hacer la ciudadanía italiana y establecerme en Italia. Estudié italiano, hice la carpeta, hablé con traductoras… tengo el viaje programado en dos semanas. Vendí cosas, renuncié a mi trabajo de 10 años, invertí muchísimo dinero y todo iba bien hasta el viernes pasado. Ahora, voy a viajar en una incertidumbre total”, expresó Julieta a LA VOZ DE SAN JUSTO.  

“Hace tres años que vengo con esto, y hay un montón de gente en la misma. Dos parejas de amigos llegaron este mes, fijaron residencia, pero no han llegado a presentar la carpeta así que quedarían fuera también. Han dejado sus trabajos, vendieron autos… no es que vas, haces el trámite y volves, sino que realmente tenés que dejar tu vida y programarla de cero en otro lugar, con todo lo que sabemos que implica”.   

“En mi caso, yo tengo familiares vivos allá. Soy tercera generación, yo soy bisnieta y este decreto llega hasta la segunda generación, o sea, mi madre sí podría ir y estaría legal y estaría todo bien. Si este decreto sale, yo no podría tramitar la ciudadanía, y estaría ilegal. Uno no quiere eso, para eso me hubiese quedado acá”, explica Alejos ante la situación que hizo temblar una decisión de vida que está sujeta no solo a tener los papeles, un pasaporte de la Unión Europea, sino a una intención tan profunda como las raíces entre Italia y Argentina, a dos pueblos que se han hermanado gracias a la inmigración “Al principio sentí una tristeza absoluta, por la conexión con mis abuelos y su familia. Y porque no puedo entender que lo hagan de esta forma. Me pareció muy fuerte más con un país como Argentina donde llegaron cientos de miles escapando de las guerras, buscando un futuro mejor para sus familias, y que nos cierren todo de un portazo, es feo”. 

Julieta tiene esperanzas que el Parlamento italiano revoqué el decreto. Así como ella, miles.

“Yo espero que esto se modifique para que los familiares vía sangre seamos reconocidos, hasta los tataranietos como venía siendo. O que al menos las personas que ya entraron en este proceso, que ya tienen fijada la residencia en Italia, mínimamente, a esa gente se le respete porque ya se trata de respeto también”, subrayó.

Ayer, el Consulado de Italia en la Argentina emitió un comunicado donde sostiene que los turnos, que estaban suspendidos desde el viernes pasado, se reanudarán a partir del 7 de abril. Así se confirmaron los turnos originalmente previstos a partir del día 8 de abril en adelante y los usuarios que tenían turnos inicialmente programados en los días sujetos a la suspensión, es decir, del 31 de marzo al 7 de abril, recibirán una comunicación por correo electrónico informándoles de la reprogramación de sus turnos para una fecha posterior al 13 de abril, pero más allá de que se reanuden los turnos, quienes pueden adquirir la ciudadanía italiana son los que se enmarcan dentro del nuevo decreto ley (hasta nietos de nativos italianos) ya que la Ley de ciudadanía anterior no está en vigencia.

El cordobés Mario Borghese, senador de la República Italiana para América Latina, explicó que “No podíamos seguir ampliando indefinidamente las generaciones, traía problemas en la red consular y también había un comercio detrás de la ciudadanía, sobre todo a través de juicios. Pero no era una crisis, simplemente había que ordenar el sistema. Estamos hablando con todas las fuerzas políticas de oposición y minoría para hacerlo lo más flexible posible y que involucre a la mayor cantidad de generaciones. Queremos mejorar el texto para que esas personas que quedaron afuera puedan cumplir su sueño”.

El Gobierno de Javier Milei fijó los lineamientos para la importación y exportación de residuos no peligrosos que hayan sido sometidos a una operación de valorización.

Con el Decreto 1/2025, el presidente Javier Milei autorizó la comercialización definitiva o temporaria de chatarra y residuos metálicos, los cuales podrán ser utilizados como “insumo para un proceso productivo determinado o un producto de uso directo” en el Territorio Nacional, el Área Aduanera Especial y las Zonas Francas, incluidos sus espacios aéreos y marítimos.

La liberación de la exportación de chatarra, que podría tener precios de entre 250 y 300 dólares por tonelada, no cayó bien entre las principales siderúrgicas, como Techint y Acindar y también genera dudas entre unas 300 pymes metalúrgicas, que emplean a 6.000 personas.

Los principales países compradores de la chatarra argentina serían China y Turquía.

La exportación de chatarra funciona como la de carne con la cuota Hilton: al mundo se irán los mejores "residuos" (que en la industria prefieren llamar "insumos") y en el país quedarán los de menor calidad, que no pueden ser procesados en los hornos de las pymes siderúrgicas.

Los principales costos que tiene la industria siderúrgica son el hierro, que se importa desde Brasil; el carbón, con importaciones desde Australia; la energía eléctrica, que es muy competitiva en Argentina, aunque el año pasado crecieron más de 30% las tarifas por encima de la inflación; los salarios, que vienen aumentando en dólares por el atraso cambiario; y los impuestos, que los industriales señalan que son altos.

Para producir acero, Techint podrá recurrir a importaciones de hierro y carbón -un acero con mayores emisiones de dióxido de carbono- para reemplazar la chatarra -que, dada la calidad de sus hornos, puede utilizar una de menor calidad que las fundiciones pymes-, pero para eso necesitará que el Banco Central le preste dólares. Por eso la industria sostiene que la chatarra es un "insumo estratégico".

En el artículo 1° de la medida, se explica que "no estará permitida la importación de aquellos residuos no peligrosos que, habiendo sido sometidos a una operación de valorización, pretendan tener como objetivo la valorización energética y/o su disposición final".

También dispone que "la exportación de residuos no peligrosos valorizados e insumos industriales valorizados no estará sujeta a prohibiciones y debe ajustarse al cumplimiento del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación".

Otro de los requisitos que exige la normativa es la presentación de una “Declaración Jurada” que asegure que dichos materiales no son peligrosos, según la normativa nacional e internacional. 

Los exportadores también deberán demostrar que su carga cumple con las regulaciones internacionales, principalmente el Convenio de Basilea, para asegurar que los residuos a exportar sean apropiados y no representen riesgos para el medio ambiente…

El Gobierno clasificó los diferentes tipos de residuos que formarán parte de la comercialización:

Residuo: toda materia, sustancia u objeto producido en cualquier actividad y a cuya eliminación, reciclado, recuperación y/o disposición final se proceda, se proponga proceder o se esté obligado a proceder.

Residuo no peligroso valorizado: aquel que, no estando encuadrado en los alcances de la normativa nacional en materia de residuos peligrosos, haya sido sometido a una operación de valorización o de eliminación de su carácter de peligrosidad.

Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, mediante el reciclaje en sus formas física, química, mecánica o biológica, y la reutilización.

El Gobierno Nacional redefinió el funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional a través del decreto 1112/2024 que busca “modernizar” y ampliar las “capacidades” de las Fuerzas Armadas para responder a amenazas contemporáneas y proteger los intereses vitales del país.

El decreto actual deroga el Decreto 727/2006, que limitaba la intervención de las Fuerzas Armadas a agresiones externas perpetradas exclusivamente por fuerzas armadas de otros Estados. Esta regulación había sido criticada por restringir la capacidad de respuesta frente a amenazas no tradicionales como el terrorismo transnacional o los ciberataques.

Con el nuevo decreto, el Gobierno amplía el alcance de las competencias militares, incorporando escenarios modernos como el ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio exterior, y reconoce nuevas formas de agresión provenientes de organizaciones no estatales, como grupos terroristas y paramilitares.

El Decreto 1112/2024 introduce un concepto más amplio de amenaza, que incluye cualquier acción o intención que pueda dañar los intereses vitales de la Nación, incluso si no se materializa en un ataque directo. Además, redefine las agresiones externas para incluir no solo a otros Estados, sino también a actores no estatales con capacidad transnacional.

El uso de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, la robótica y los sistemas no tripulados, para reforzar la vigilancia y defensa en distintos ámbitos serán nuevas opciones en el trabajo militar. 

En el artículo 17 del decreto se destaca que, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, que “la Defensa Nacional coadyuva al sistema de vigilancia y control de fronteras. Para ello, en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas podrán complementar el accionar de las Fuerzas de Seguridad en las zonas de seguridad de fronteras, definidas en el Decreto N° 253/18. En esos despliegues podrán llevar a cabo actividades de adiestramiento operacional, brindar apoyo logístico al sistema de seguridad interior, realizar acciones de apoyo a la comunidad y prestar asistencia ante catástrofes naturales o emergencias”.

A diferencia del decreto anterior, que separaba estrictamente las funciones de Defensa Nacional y Seguridad Interior, la nueva normativa promueve una coordinación estratégica entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad en áreas clave como las fronteras. Esta integración permitirá una respuesta más eficaz ante actividades ilícitas como el narcotráfico o el uso del espacio aéreo con fines terroristas.

El decreto también refuerza la importancia de las zonas de seguridad de fronteras, creadas en 1944, y las adapta a las necesidades actuales. Las Fuerzas Armadas podrán complementar las tareas de vigilancia y control, especialmente en áreas críticas o de difícil acceso, contribuyendo al resguardo de la soberanía nacional.

El plan contempla un nuevo Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional, que prioriza la modernización de los recursos y establece directivas claras para la actuación conjunta de las Fuerzas Armadas. Además, se busca mejorar la interoperabilidad con países de la región y del ámbito internacional, fortaleciendo las capacidades operativas en escenarios multilaterales.

Las zonas interiores se determinarán a través del planeamiento estratégico militar cuando identifiquen los objetivos de valor estratégico a proteger y los criterios incluyen riesgos potenciales asociados a estas áreas.

Aunque no hay una lista pública detallada por razones de seguridad, históricamente estas zonas incluyen instalaciones militares como bases del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea e infraestructura crítica, como represas hidroeléctricas, centrales nucleares o hubs de telecomunicaciones. 

El presidente Javier Milei firmará un decreto para que la empresa Aerolíneas Argentinas pueda ser privatizada. Así anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien planteó que el decreto declarará a la empresa estatal "sujeta a privatización".       

La decisión llegó luego de las negociaciones con compañías de países limítrofes con el objetivo de concesionar los vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas.  Según precisaron fuentes presidenciales, se dictará un decreto en el que se declarará sujeta a privatización a la empresa, emparados por el artículo 9° de la Ley N° 23.696, deReforma del Estado.

De esta forma, una vez publicado el decreto en el Boletín Oficial, deberá pasar por el Congreso de la Nación para que lo trate, y se esperan que lo haga en el corto plazo.

“La medida se funda en la política adoptada por el Gobierno Nacional, a partir de su asunción el 10 de diciembre pasado, a fin de alcanzar el equilibrio fiscal y cortar de raíz las causas de la inflación”, precisaron al respecto. 

Asimismo, el Poder Ejecutivo estableció a través del Decreto N° 70/23 que las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista “no gozarán de ninguna prerrogativa, ventaja, prioridad ni beneficio”. “Las empresas tienen que funcionar en condiciones de mercado”, insisten.

Amparados en el “déficit crónico” de la compañía, el Gobierno trabaja en la transferencia de la aerolínea al sector privado, un deseo que persiguen desde el inicio de la gestión.

“Desde su reestatización en 2008, los aportes del Estado Nacional para cubrir el déficit de la compañía superan los 8.000 millones de dólares”, justificó el funcionario, y agregó: “El Estado argentino adeuda el pago de más de 340 millones de dólares correspondiente a la sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial, a causa del litigio iniciado por el grupo Marsans”.

El vocero presidencial planteó además que Aerolíneas Argentinas cuenta con “una dotación de 1.204 Pilotos de Línea para 81 aviones activos, es decir hay casi 15 pilotos por cada avión operativo, un número absolutamente excesivo comparado con los de la industria”.

"Si comparamos la cantidad de empleados por avión de Aerolíneas Argentinas con otras compañías de la región, podemos verificar su sobredimensionamiento. Aerolíneas Argentinas S.A. cuenta con un promedio de 125 empleados por aeronave, mientras que GOL con tiene 97 por avión y Copa 70", desarrolló. 

Para la administración libertaria, la medida “pretende que Aerolíneas Argentinas opere bajo criterios de eficiencia comercial y generar un ámbito de competencia en igualdad de condiciones, profundizando la libertad de los mercados, sin que esto implique la pérdida de soberanía nacional”.

“La privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirá una mejor prestación de servicio, el cuidado de las arcas públicas y principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”, concluyó Adorni.

El gobierno nacional modificó el Decreto N° 41.223, referido a la reglamentación de propiedad intelectual y derechos de autor. Entre los principales cambios aparece la figura de ‘internet’ como un nuevo “espacio público” en el que se necesitará la autorización de los creadores de la(s) obra(s) para poder reproducirla(s) y, por ende, se les deberá pagar por su difusión. 

El nuevo decreto 765/2024 hace hincapié en los medios tecnológicos y digitales (como las diversas plataformas de streaming, por ejemplo) que son parte del uso cotidiano en gran parte de la población y que son, relativamente, de fácil acceso. 

“Se entiende por representación o ejecución pública aquella que se efectúe, cualquiera que fueren los fines de la misma, en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas”, informa el texto publicado en el Boletín Oficial. 

Asimismo, aclara que quedan exentos de esta norma, cualquier evento que se desarrolle “en un ámbito privado, sea este de ocupación permanente o temporal”, por lo que, los salones de fiestas, por ejemplo, no deberán abonarle ningún porcentaje a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) como sucedía hasta ahora.

El decreto, además, indica que los autores tienen derecho a recibir una remuneración equitativa “de cualquier persona que, en forma ocasional o permanente, obtenga un beneficio económico directo o indirecto con la utilización pública de una obra” o bien realice un evento con ella. 

También, explica que no será necesario pagar por su uso en tanto la reproducción tenga “carácter didáctico" o sean "conmemoraciones patrióticas en establecimientos educacionales oficiales o autorizados por el Estado”.

Por el momento, quedan algunas cuestiones que no están especificadas en el decreto, relacionadas a cómo será el pago para los autores y de qué forma se determina cuáles serán las publicaciones en internet que se abonan y las que no, ya que el ciberespacio es una ‘zona liberada’ dado que, aún, no está reglamentada en su totalidad.

El conflicto salarial en el sector docente de Córdoba continúa, luego de que el Gobierno provincial decidiera liquidar los sueldos con un aumento retroactivo a junio. Se trata de una decisión que generó el rechazo de la Unión de Educadores de la Provincia (Uepc), cuyos referentes expresaron su descontento y ratificaron el paro previsto para el lunes 5 y martes 6 de agosto.

LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con la secretaria general de Uepc en el departamento San Justo, Rafaela Ludueña. “Nos enteramos por los medios de comunicación el martes por la noche. Para nosotros, esto agudiza más el conflicto. La docencia de Córdoba no estaba esperando un aumento por decreto, esperábamos una propuesta superadora la cual no fue presentada, la propuesta del día lunes fue en retroceso frente a nuestras demandas”, manifestó Ludueña.

Con respecto al paro, para el gremio no hay ningún cambio, sigue vigente. “Ratificamos el paro para el lunes 5 y el martes 6 de agosto, ahora estamos dentro de una conciliación obligatoria que el viernes terminaría y es cuando tenemos la audiencia. Todavía no tenemos información oficial de este pago por decreto, por ende, no sabemos qué es lo que quiere pagar el gobernador por decreto. En vez de traer tranquilidad a los compañeros docentes, trae más malestar. El único responsable de este conflicto es el gobernador de la provincia de Córdoba”, dijo la dirigente gremial. 

“En su momento, fue unánime el rechazo de la propuesta de la Provincia ya que significaba un retroceso a lo que originariamente teníamos, no fue una propuesta superadora como había dicho el gobernador en su momento, sino todo lo contrario. Es una propuesta que deja de lado diferentes aspectos que se venían logrando. En la propuesta no se encontraba la jerarquización de los cargos directivos, ni el complemento salarial para las docentes hospitalarias, entre otras cosas”, manifestó Ludueña.

A su vez, desde la Uepc sostienen que la propuesta presentada no abarca las necesidades de todos los docentes, incluidos los jubilados. "Es algo que sigue lastimando a nuestros compañeros jubilados, es una propuesta que retrocede en el contener al colectivo docente, solamente levanta un piso específico y achata al escalafón, como por ejemplo a los compañeros que tienen más antigüedad. Como delegación San Justo, también decidimos rechazar la propuesta”.

Ante la consulta de este medio sobre la actualidad de los educadores, Ludueña fue tajante y remarcó: “El año de los docentes viene siendo muy complicado, nos pidieron que hagamos un esfuerzo, lo hicimos. El gobernador se había comprometido a que íbamos a cobrar el 100% del IPC y que íbamos a recuperar lo perdido. El Gobierno ha hecho oídos sordos presentando una propuesta que no contiene nuestras demandas”.

La Secretaría General de la Gobernación informó que, por instrucción del gobernador Martin Llaryora, el Gobierno provincial decidió liquidar los salarios docentes del mes de julio con un incremento que contempla cláusula gatillo e incluye también el retroactivo correspondiente del mes de junio y proporcional de aguinaldo.

En un comunicado, el Gobierno provincial explicó que "entiende que los docentes no son responsables del rechazo por parte del gremio de la Uepc a la propuesta salarial ofrecida, situación que los afecta de manera directa por no poder percibir los aumentos que acompañan a la inflación y que sí reciben el resto de los trabajadores de la Administración Pública Provincial".

De esta manera, los docentes recibirán un 2,5% de incremento remunerativo y una suma fija de 25 mil pesos, mientras que en julio el aumento será de un 2% remunerativo y una suma fija de 25 mil pesos, con la inflación de junio establecida en el 3,7%. Los docentes de jornada simple (20 horas semanales) tendrán un salario mínimo de 600 mil pesos. 

Aún no está confirmado el cronograma de pago, pero se espera que los salarios actualizados se depositen en las cuentas de los docentes entre la noche del viernes y la mañana del sábado.

Luego del rechazo de la última oferta salarial realizada por el Gobierno provincial a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), el gobernador Martín Llaryora decidió, este martes por la noche, abonar –por decreto– el aumento propuesto para los meses de junio y julio a los docentes provinciales. Los educadores recibirán este viernes los salarios de julio, con el aumento correspondiente a este mes y el retroactivo del aumento ofrecido para junio.

Desde Londres, donde se encuentra en una gira oficial, Llaryora instruyó al secretario General de la Gobernación, David Consalvi, a incluir en los salarios de julio el aumento de este mes y el retroactivo de junio. Según un comunicado oficial del Centro Cívico, el Gobierno provincial reconoce que los docentes no son responsables del rechazo de la oferta por parte del gremio, situación que ha afectado directamente a los educadores al no percibir los aumentos que sí han recibido otros trabajadores de la Administración Pública Provincial.

Además, la administración provincial reafirmó su compromiso de seguir dialogando con la Uepc para lograr un acuerdo que evite la pérdida de días de clases para los estudiantes cordobeses.

A pesar del aumento decretado, el gremio ha convocado a un paro de 48 horas para el lunes y martes próximos, con movilización el segundo día. La respuesta del gremio a la medida tomada por el gobernador aún no está clara, pero es probable que se mantenga la medida de fuerza.

En cuanto a los detalles del aumento, en junio los docentes recibirán un 2,5% de incremento remunerativo y una suma fija de 25 mil pesos, mientras que en julio el aumento será de un 2% remunerativo y una suma fija de 25 mil pesos, con la inflación de junio establecida en el 3,7%. El Gobierno provincial garantizó que los docentes de jornada simple (20 horas semanales) tendrán un salario mínimo de 600 mil pesos. Aún no está confirmado el cronograma de pago, pero se espera que los salarios actualizados se depositen en las cuentas de los docentes entre la noche del viernes y la mañana del sábado.