Una familia cordobesa tipo (matrimonio con dos hijos en edad escolar) necesitó en diciembre de 2025 un total de $ 578.296,34 para acceder a la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

El aumento interanual fue del 35,70%: en diciembre de 2024 la misma canasta había demandado $ 426.173,24, lo que en números absolutos representa un incremento de $ 152.123,10.

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), que incluye bienes y servicios no alimentarios, sumó en el último mes de 2025 un total de $ 1.283.817,87, con un incremento anual del 32,12%.

Los datos surgen del informe elaborado por el Área de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de Córdoba sobre “Canasta Básica Alimentaria” y “Canasta Básica Total”.

En 2025, las “Carnes” implicaron el mayor gasto en alimentación para una familia, representando el 49,06% de la canasta. Este rubro registró el mayor aumento interanual, con un alza del 87,07%, incremento que se concentró principalmente en la segunda mitad del año.

El rubro “Harinas y Legumbres” tuvo una variación positiva anual del 18,68%; seguida por “Huevos y Lácteos”, con el 12,00%; y “Almacén”, con un 9,38%. Por el contrario, las “Frutas y Verduras” bajaron de precio a lo largo del año, un 7,81%.

“Aunque en un nivel menor al de 2024, a lo largo de 2025 los alimentos y bebidas registraron incrementos de precios importantes que impactaron de lleno en el poder adquisitivo de la población, sobre todo en aquellos hogares de menores recursos”, expresó Carlos Galoppo Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba.

Durante la Campaña de Tejido Solidario, que comenzó en marzo de este año,  se confeccionaron 1200 cuadraditos tejidos de 20x20 cm. El pasado jueves 5 de junio se realizó el tradicional “Encuentro de Tejido Solidario" que este año cumple su novena edición.

Esta iniciativa busca impulsar la solidaridad social a través de espacios que fomentan actividades intergeneracionales. En este marco, voluntarias y voluntarios, estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas, hogares de personas mayores, merenderos, familias y vecinos de distintos puntos de la provincia, participaron de la tradicional Campaña de la Defensoría. 

Carlos Galoppo, el defensor del Pueblo Adjunto afirmó: “Campañas como estas, fortalecen los vínculos comunitarios, y la solidaridad se pone en práctica para confeccionar mantas que abrigarán a familias que necesitan de la ayuda de todos”.

Por su parte, Claudia Filippi, coordinadora del Espacio de Buenas Prácticas Institucionales, se mostró conmovida por la gran concurrencia de la jornada: “Nos emociona ver cómo esta iniciativa fue creciendo con el compromiso de tantas personas. Gracias al trabajo y la solidaridad de jóvenes, adultos mayores y familias enteras, hoy superamos los 1.200 cuadraditos, que conformarán aproximadamente 70 mantas que abrigarán a quienes más lo necesitan. Nos llena de orgullo saber que desde este espacio promovemos valores que trascienden generaciones y devuelven esperanza”.

Este año, la iniciativa no solo cumplió con objetivos solidarios y sociales, sino también ambientales, ya que se recibieron lanas usadas que fueron reutilizadas para confeccionar mantas, dando una nueva vida a materiales en desuso. Esta acción buscó reducir los residuos textiles, otorgándoles un nuevo propósito.

El próximo y último paso de la Edición de la Campaña Tejido Solidario de este año, es la entrega de mantas a comedores comunitarios y organizaciones sociales que acompañan a familias en situación de vulnerabilidad social. Participan también las Delegaciones de la Defensoría de Villa María, Cruz del Eje y Marcos Juárez. 

Cabe destacar, que la Campaña continúa recibiendo donaciones de lanas, agujas de tejer y/o cuadraditos de 20 x 20 cm durante todo el año, en la sede de la institución, sita en Deán Funes 352, Córdoba capital.

La actual crisis económica viene impactando de manera directa sobre los adultos mayores, limitando la posibilidad de acceso a sus derechos más básicos y elementales.

Advertida de ello, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba viene reforzando este año sus servicios y canales de atención para esta población especialmente necesitada de acompañamiento y asesoramiento profesional.

“Los adultos mayores están atravesando situaciones críticas, con severos problemas económicos y dificultades para acceder a determinados beneficios. Es por eso que estamos poniendo especial atención en atender sus consultas y reclamos como se merecen”, expresó Carlos Galoppo, Defensor del Pueblo Adjunto.

En ese sentido, destacó la atención personalizada a jubilados y pensionados que brinda la Defensoría, en tiempos en que la mayoría de los organismos públicos y privados han concentrado sus canales de atención en modalidades virtuales.

“Persiste todavía una brecha tecnológica muy importante frente a la cual los adultos mayores siguen necesitando del asesoramiento personal, cara a cara. Ese es nuestro diferencial y seguimos profundizando nuestros esfuerzos”, afirmó Galoppo.

Precisamente, los pedidos de ayuda para superar estas barreras tecnológicas es una de las mayores demandas de atención por parte de los adultos mayores en la Defensoría del Pueblo.

Por ejemplo, muchos jubilados y pensionados se acercan para resolver problemas con su clave de Ciudadano Digital (CiDi), incluyendo el acceso a Nivel 2 de dicha plataforma del Gobierno de Córdoba, fundamental para la realización de diversos trámites.

Asimismo, solicitan ayuda para abrir sus propios correos electrónicos con los cuales después pueden solicitar beneficios sociales y económicos ante la Municipalidad, la Provincia y la Nación.

De hecho, en 2024 muchos adultos mayores pudieron completar a través de la atención presencial y las gestiones digitales el trámite de recategorización para mantener los subsidios en los servicios públicos, mientras que este año están haciendo lo propio para conservar la cobertura al 100% de sus medicamentos a través del Pami.

En ambos casos, dichas gestiones deben ser realizadas a través de Internet por lo que el acompañamiento personalizado que reciben por parte de la Defensoría del Pueblo es clave.

El mismo asesoramiento se viene brindando para la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y para acceder al Boleto para Adultos Mayores (BAM) previsto por el Gobierno de la Provincia para el servicio de transporte.

También en esa línea, desde diversas áreas se están desarrollando acciones específicas para capacitar a la población mayor en conocimientos básicos para ingresar al mundo digital, incluyendo la posibilidad de realizar trámites vía celular.

Por otra parte, el Área de Salud de la Defensoría del Pueblo interviene de manera directa en reclamos específicos que necesitan tramitar los adultos mayores ante Pami o Apross, ya sea para el acceso a medicamentos como a coberturas de prótesis e intervenciones quirúrgicas.

También desde este sector se les brinda ayuda para la tramitación de turnos médicos en los hospitales públicos, y en la gestión de prestaciones especiales para casos de personas con discapacidad.

Además,  la Defensoría del Pueblo les ofrece a los jubilados y pensionados una atención sanitaria directa, a través de la realización de chequeos médicos de rutina, controles de tensión y de niveles de glucemia, y la aplicación de vacunas incluidas en el calendario nacional.

Estos servicios están disponibles tanto en la sede central de la Defensoría del Pueblo, como en los diversos operativos itinerantes que se llevan a cabo en distintos barrios de la ciudad de Córdoba y en localidades del interior provincial.

Asimismo, son cada vez más los adultos mayores que se acercan a la Defensoría solicitando ayuda para la resolución de conflictos con sus vecinos, área en la que intervienen profesionales del Centro Público de Mediación Comunitaria.

A través de este espacio se asesora y acompaña a las personas mayores para que puedan solucionar diversos problemas derivados de la convivencia vecinal, como humedades entre viviendas, ruidos y olores molestos, conflictos de medianería, responsabilidad por animales domésticos y arboledas, entre otros.

El Centro de Mediación también ofrece su intervención frente a consultas en materia de contratos de alquiler, desocupación de inmuebles y desalojos que lamentablemente tienen como protagonistas a muchos adultos mayores.

La idea, en todos los casos, es proponer alternativas pacíficas de resolución de conflictos a través del diálogo comunitario, sin necesidad de tener que acudir a instancias judiciales.

Los adultos mayores pueden acceder a los servicios de la Defensoría del Pueblo acudiendo personalmente a Deán Funes 352, de la ciudad de Córdoba, de lunes a viernes, de 8 a 18. O llamando a la línea gratuita 0800-777-0337. También pueden participar de los operativos que se realizan en distintos barrios de Córdoba Capital y del interior provincial.

En 2024, los organismos provinciales Defensoría del Pueblo, el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) y la Dirección General de Defensa del Consumidor conformaron una mesa de trabajo interinstitucional con el objetivo de gestionar reclamos ciudadanos y llevar adelante acciones conjuntas que optimicen la atención y brinden respuestas más eficaces a las necesidades de las y los cordobeses.

Este esfuerzo conjunto se materializó en una reunión celebrada recientemente entre el defensor del Pueblo Adjunto, Carlos Galoppo, y el presidente del ERSEP, José Luis Scarlatto, acompañado por el director general de Defensa del Consumidor, Diego Puente Rosa, entre otros funcionarios. El encuentro tuvo como propósito continuar con el trabajo iniciado en 2024 y proponer nuevas medidas para mejorar la atención a los ciudadanos.

Galoppo, quien encabeza la Defensoría del Pueblo en su rol adjunto, destacó la importancia de este espacio colaborativo: “Celebro esta reunión porque, a pesar de que ya veníamos realizando tareas en conjunto, teníamos que sistematizar e institucionalizar un sistema de trabajo interno entre la Defensoría, Defensa al Consumidor y el ERSEP”. Además, manifestó su preocupación por el contexto social y económico que atraviesa Córdoba, agregando: “Lamentablemente, las necesidades de los vecinos y vecinas van a aumentar, porque no hay perspectivas de que puedan mejorar las condiciones de vida de muchos cordobeses”.

Un aspecto clave del trabajo conjunto es la gestión mancomunada de los reclamos ciudadanos. En este sentido, los tres organismos han implementado una nueva modalidad para la recepción y resolución de quejas, a través de la plataforma Ciudadano Digital (CIDI) del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Este sistema tiene como objetivo agilizar los trámites y evitar que los ciudadanos deban recurrir a diferentes entidades por desconocimiento o derivaciones erróneas.

Cuando un reclamo es recibido por la Defensoría del Pueblo y corresponde a Defensa del Consumidor o al ERSEP, la Defensoría orienta al ciudadano para que inicie el trámite de manera digital, notificando a los organismos involucrados sobre el inicio del expediente. Este procedimiento busca simplificar y agilizar el proceso de resolución de los reclamos.

Para consultas o dudas, los ciudadanos pueden dirigirse a la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en Deán Funes 352, en el centro de la ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 8 a 18.

La Defensoría del Pueblo y la municipalidad de Córdoba han intensificado su colaboración en el abordaje de la problemática de las personas en situación de calle, un fenómeno que, si bien ha sido históricamente atendido por ambas instituciones, ha adquirido nuevas dimensiones debido a factores sociales y económicos complejos, como la inflación, el desempleo y la creciente violencia urbana.

En un reciente informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba sobre las problemáticas sociales que aquejan a los cordobeses, se destaca que la inseguridad, la falta de empleo y la violencia social son las principales preocupaciones de la ciudadanía. A esta situación se suman los crecientes problemas de salud mental, el avance de las adicciones y el desmejoramiento de las condiciones sociales, que en muchos casos se traducen en la expulsión del sistema y la inserción de estas personas en la situación de calle.

Galoppo, al respecto, manifestó: “En la Defensoría del Pueblo llevamos varios años relevando personas en situación de calle con la intención de hacerlos visibles socialmente y contribuir a la tarea que se realiza desde el Estado. El primer paso para cualquier gestión, y para la búsqueda de cualquier solución, es reconocerlos personas portadoras de derechos, ciudadanos y ciudadanas en situación de vulnerabilidad de sus derechos a las que debe escuchar y ayudar un Estado presente y una sociedad humanizada”.

Uno de los momentos clave de esta colaboración fue la reciente consulta de un grupo de 20 personas que se presentaron en la sede de la Defensoría del Pueblo. Fueron recibidos por profesionales del área de Inclusión Social, quienes les ofrecieron atención personalizada. Ante esta solicitud, Galoppo coordinó una reunión con el Secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, Raúl La Cava, para profundizar en la problemática.

Durante la reunión, ambos equipos técnicos indagaron sobre el estado de los casos en cuestión y atendieron específicamente los casos de las personas que se habían presentado en la Defensoría, quienes habían sido desalojadas de la Terminal de Ómnibus de Córdoba y manifestaban estar en situación de calle. Como resultado de esta reunión, la Secretaría Municipal avanzó con las gestiones necesarias para evaluar y dar respuesta a las necesidades de estas personas, tanto a las que ya estaban bajo su radar como a aquellas nuevas que no habían sido identificadas previamente por el Estado.

En muchos de los casos atendidos, los ciudadanos solicitaron asistencia en alojamiento, la gestión de documentación personal y atención en salud, ya que la mayoría de ellos cubría su alimentación en espacios sostenidos por el Estado.

Una familia cordobesa compuesta por un matrimonio con dos hijos en edad escolar necesitó en febrero $ 1.016.675 para acceder a la Canasta Básica Total (CBT), que incluye el costo en alimentos y otros gastos no alimentarios.

De esa forma, un hogar tipo con ingresos mensuales menores a esa cifra se encontró en situación de pobreza.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó el mes anterior un 2,34%, para llegar a $ 445.910. En términos absolutos, el hogar de referencia necesitó gastar $ 10 mil más que el mes anterior para realizar la misma compra.

En los dos primeros meses del año la CBA acumula un alza del 4,63%, con un incremento interanual del 61,75%.

Los datos surgen del último informe elaborado por el Área de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de Córdoba sobre “Canasta Básica Alimentaria” y “Canasta Básica Total”.

“Aunque la inflación viene en baja en los últimos meses, no deja de ser preocupante que la CBT haya superado en febrero el millón de pesos, lo que demanda un nivel de ingresos que no todas las familias tienen”, señaló Carlos Galoppo, defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba.

“De hecho, todavía hay muchos hogares que ni siquiera acceden a la CBA, lo que los ubica en una condición de virtual indigencia”, sumó Galoppo.

En febrero de 2025, las Carnes registraron el mayor incremento de precios de la CBA, con un alza promedio del 4,46%, pero con algunos cortes vacunos que superaron el 6% y el 7%, como la paleta o la falda. 

En el rubro Huevos y Lácteos, la docena de huevos blancos registró una suba mayor a la media, del 4,33%; mientras que el sachet de leche entera mostró un incremento del 1,07% en el mes. 

En tanto, por tercer mes consecutivo el rubro Frutas y Verduras mostró una reducción de precios (-0,62%), con las verduras de mayor consumo, como la papa, el tomate y la cebolla, encabezando las bajas.

En base a los precios de los alimentos, la Defensoría del Pueblo calculó el costo de elaboración de cuatro menús diarios para un hogar tipo, incluyendo desayuno, almuerzo, merienda y cena. 

Así, una familia necesitó en febrero de 2025 entre $ 16.186 y $ 17.835 por día para preparar las comidas de cada jornada, lo que arroja un gasto mensual superior a los $ 500.000.

El menú diario más caro comprende: desayuno; revuelto de papas, huevos y arvejas como almuerzo; merienda; y guiso de lentejas, porotos y carne molida como cena.

Respecto de febrero del año anterior, los menús analizados registraron un incremento de entre el 36% y el 53%. 

La gestión del Defensor del Pueblo provincial terminó este martes 2 de julio. El sanfrancisqueño Carlos Galoppo fue designado como Defensor del Pueblo adjunto y queda a cargo de la institución, que seguirá con el curso normal de sus actividades.

Antes de finalizar su mandato, Mario Decara subsanó una virtual acefalía total de autoridades en la Defensoría del Pueblo y nombró Defensor Adjunto a quien es un colaborador de su gestión y está al corriente del quehacer institucional y los programas y actividades que se implementan.

El flamante Adjunto quedará a cargo de la Defensoría a partir de este 3 de julio. Galoppo, de origen radical, es un perfil técnico con experiencia en el asesoramiento político, estratégico y periodístico.

Su ficha de afiliación a la Unión Cívica Radical (UCR) data de 1983. Ha transitado por diversos cargos como autoridad de ese partido a nivel departamental y provincial. En su trayectoria política se destaca su paso como asesor de la presidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba (1992-1995) y del Senado de la Nación (2011-2015)

Además de ser parte del equipo de Decara desde sus primeros días al frente de la Defensoría, ha trabajado con municipios, instituciones, legisladores y candidatos.

La designación generó sorpresa en ciertos sectores del radicalismo que esperaban que Julio Ochoa, tribuno en la Municipalidad de Córdoba y ex vocal en el Tribunal de Cuentas provincial, fuera el elegido. Sin embargo, finalmente se optó por Galoppo para "evitar un vacío en la dirección".

En diálogo con Cadena 3, Galoppo sostuvo que "es importante porque le da una continuidad a la importante gestión que hizo Mario (Decara) y la Defensoría del Pueblo es un intermediario entre el Estado y la sociedad y los vecinos tratando de mediar en las irregularidades o problemas que tiene la gente con el Estado".