La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba difundió los resultados de la Canasta Básica Alimentaria para Personas con Diabetes (CBA Diabetes), un relevamiento que permite dimensionar el costo adicional que deben afrontar quienes conviven con esta enfermedad. Se trata de la primera canasta del país diseñada bajo criterios científicos y basada en la prevalencia de la diabetes en la población argentina.

Según el estudio, una persona con diabetes necesitó en octubre de 2025 un total de $245.526 para adquirir los alimentos indispensables para una dieta saludable acorde a su condición. La cifra representa un 44,5% más que los $169.875 requeridos por una persona sin esta enfermedad, lo que implica un gasto extra mensual de $75.651.

En el caso de una familia tipo de cuatro integrantes —donde el varón adulto presenta diabetes— el costo de la CBA Diabetes ascendió a $600.564, un 14,4% más que la canasta común, estimada en $524.913. El rubro “Harinas y Legumbres” es el de mayor peso en la canasta (34,8%) y concentra la mayoría de los productos que deben modificarse o reemplazarse. El informe señala que alimentos como panes y galletas integrales pueden costar entre 145% y 200% más que los tradicionales.

Para complementar el análisis, la Defensoría realizó en octubre una encuesta provincial entre personas con diabetes. El relevamiento arrojó que el 60% compra siempre o con frecuencia productos reducidos o sin azúcar, y que el 43% sigue una alimentación especial basada en integrales o productos sin azúcar. Además, el 91% consideró que la dieta para personas con diabetes es más costosa que la de una persona sin esa condición, reflejando una percepción generalizada sobre la desigualdad económica en el acceso a alimentos saludables.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (INDEC, 2018), el 12,70% de la población adulta argentina presenta diabetes o glucemia elevada. Esta enfermedad, de naturaleza metabólica, requiere un abordaje integral que incluya medicación, controles periódicos, actividad física y una alimentación planificada. La Defensoría insistió en que este último componente es clave, ya que influye de forma directa en el control glucémico, el peso y la prevención de complicaciones cardiovasculares y renales.

La Defensoría del Pueblo de la Nación (DPNA) expresó este jueves su preocupación por los últimos aumentos que han impuesto de manera coordinada las empresas de medicina prepaga y advirtió que "este panorama pone en riesgo el acceso a la atención médica", especialmente a los jubilados.El organismo puso como ejemplo la situación de las personas adultas mayores, quienes, "con una jubilación insuficiente y sin posibilidad de elegir otra alternativa prestacional, están siendo indirectamente obligados a salir del sistema". 

"Es en ese estadio de la vida cuando más atención requieren del mismo pues, por lo general, todos requerimos ese auxilio en el nacimiento/niñez y en la última etapa de la vida; o sea, durante la mayor parte de la vida el sistema es poco requerido y consecuentemente no le ocasiona gastos al prestador, tan solo los administrativos para percibir la mensualidad que debe hacerse indefectiblemente", subrayó la Defensoría.Seguidamente, advirtió que "si cuando generalmente se requieren los servicios médicos en esa adultez se aumenta el valor de la cuota por la sola voluntad unilateral del prestador y ante un público cautivo o por ingresar el usuario en aquella franja etaria, cabe concluir que los anteriores pagos sin requerir servicio alguno o mínimos -efectuados además sobre el mayor período de su vida- serían pagos sin causa".

Las principales empresas del sector anunciaron aumentos muy elevados y coordinados aumentos en enero y febrero y algunos de sus directivos llegaron a admitir que están dispuestos a perder afiliados en caso de que no puedan las cuotas. 

Lo hicieron a pesar de las múltiples quejas de sus afiliados por las demoras en las concesiones de los turnos para atender diferentes problemas de salud y de las públicas demandas de los profesionales de la medicina por los bajos honorarios que perciben por sus prestaciones.

Frente a esta situación, la dependencia nacional planteó la posibilidad de instrumentar "una posible solución con el solo fin de evitar perjuicios a la población que fuere afectada o pudiera serlo en lo sucesivo"."Este panorama pone en riesgo el acceso a la atención médica, un derecho fundamental que debería garantizarse a todos los habitantes, especialmente a aquellos quienes han contratado este tipo de seguros", manifestó la Defensoría en un comunicado.El organismo recordó los "numerosos pronunciamientos de la Justicia Federal, de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y de esta institución nacional de Derechos Humanos donde se ha dicho que los incrementos de cuota en razón de la edad son arbitrarios y que, en razón de ello, debían dejarse sin efecto con reintegro a los usuarios de los importes abonados". 

Por último, y "para evitar estos perjuicios", la Defensoría esbozó "una suerte de compatibilización entre las necesidades de la población afectada y cautiva, y la autonomía de la voluntad para contratar".Sugirió "mantener el régimen vigente -antes de los últimos aumentos aplicados por las empresas- con aprobación de la SSS para los sectores ya inscriptos en el subsistema o el de los adultos mayores; y el de la plena libertad de contratación para los nuevos afiliados quienes tendrán más libertad para aceptar, rechazar o requerir modificaciones al contrato"."Sólo en este supuesto podrá haber competencia ya que los adultos mayores se encuentran en una situación de total indefensión ante los requerimientos del prestador por tratarse de un público cautivo desde que ninguna otra prestadora los absorbe como ha acontecido hasta la actualidad", consideró la Defensoría.