La Justicia de Córdoba puso en marcha el Sistema Integral de Flagrancia (SIF), un nuevo modelo organizativo que busca agilizar la resolución de causas iniciadas cuando una persona es sorprendida cometiendo un delito o inmediatamente después. Durante el lanzamiento, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesin, afirmó que la iniciativa apunta a lograr “una Justicia más eficiente, pero también más humana”, capaz de ofrecer respuestas más rápidas a la sociedad.

El nuevo esquema, que comenzará a funcionar en la capital provincial, prevé la creación de Unidades Fiscales de Flagrancia. Allí se concentrarán los casos en los que la prueba inicial se encuentra disponible de manera inmediata, con el objetivo de favorecer audiencias tempranas y resoluciones procesales más ágiles.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, el fiscal de Instrucción del Tercer Turno de San Francisco, Emilio Drazile, analizó el alcance de la medida y sostuvo que se trata de una transformación que busca mejorar la capacidad de respuesta del sistema penal. Según explicó, la reforma es fruto de un trabajo conjunto entre el TSJ, el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública.

“Es un modelo organizativo que busca la mejor forma para que el sistema de justicia responda frente a estos delitos cometidos en situación de flagrancia”, señaló el funcionario, al tiempo que explicó que se trata de casos en los que una persona es sorprendida cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo hecho.

Drazile señaló que el nuevo esquema podría replicarse en el interior provincial. Además, indicó que la combinación entre el sistema de flagrancia y el enfoque territorial permitiría fortalecer la presencia de la justicia en las comunidades y mejorar la respuesta frente a los delitos más frecuentes.

—¿Qué cambia concretamente con la implementación del Sistema Integral de Flagrancia respecto del sistema actual?

 Es un proceso largo porque es bastante complejo llevar adelante este nuevo procedimiento. Yo lo veo como un modelo organizativo que busca la mejor forma para que el sistema de justicia responda frente a estos delitos cometidos en situación de flagrancia. Son casos en los que la prueba inicial está disponible de manera inmediata y eso permite que el sistema judicial pueda intervenir con mayor rapidez. La implementación de este sistema permite concentrar esos casos en unidades especializadas y favorecer audiencias tempranas y soluciones procesales más ágiles.

—¿Qué beneficios concretos tendrá para las víctimas de delitos?

De alguna manera también viene a responder una demanda que está muy presente en la ciudadanía, que es contar con una justicia capaz de intervenir de manera temprana frente a determinados conflictos penales. Córdoba históricamente se caracterizó por tener un sistema procesal penal de gran calidad técnica y este modelo representa un paso importante en su modernización, incorporando herramientas que permitan mejorar la capacidad de respuesta y acercar la justicia a la comunidad.

—¿Qué tipos de delitos serán abordados por estas Unidades Fiscales de Flagrancia?

La flagrancia no es un delito específico. Es una situación en la que se aprende a una persona cuando acaba de cometer un delito o cuando existen indicios claros de haberlo hecho. Generalmente ocurre cuando el sospechoso aún se encuentra en el lugar del hecho o con elementos vinculados al delito. Por eso el abanico es amplio: puede tratarse de un arrebato en la calle, un robo en un comercio o un asalto en el que el autor es sorprendido inmediatamente.

—¿Este sistema puede ayudar a evitar la acumulación de causas?

Ese es uno de los objetivos. Hoy existe un problema importante que es la reiterancia. Hay personas que delinquen continuamente y, como el sistema no logra dar una respuesta inmediata, se van acumulando causas. Lo que se busca con este sistema es tratar de atacar esa situación y brindar una respuesta más rápida, siempre respetando las garantías del proceso.

—¿Cómo impacta esta reforma en la relación entre la justicia y la comunidad?

La ciudadanía espera una justicia que funcione bien y en tiempos razonables. Este tipo de reformas apuntan justamente a mejorar la capacidad de respuesta del sistema. Además, se complementa con el concepto de territorialidad, que busca que los funcionarios tengan mayor conocimiento de las problemáticas de cada zona.

—¿Cómo se abordarán los casos en los que estén involucrados niños, niñas o adolescentes?

 En esos casos habrá un tratamiento diferencial para los supuestos que involucren a niños, niñas y adolescentes, mediante procesos de trabajo específicos y condiciones de actuación acordes a su especial situación de vulnerabilidad.

—¿Qué tipo de casos predominan hoy en su fiscalía?

Ampliamente violencia familiar y violencia de género. No son lo mismo, pero muchas veces van de la mano. En los últimos meses los números se han incrementado y eso también exige que el sistema tenga mayor capacidad de intervención.

—¿Cuál es su mirada respecto al nuevo Régimen Penal Juvenil que, entre otras cosas, reduce la edad de imputabilidad a los 14 años?

No quiero dar una opinión apresurada, porque todavía no tengo bien estudiado cómo quedó la ley. Tengo conocimiento de las propuestas que se venían haciendo, pero no sé si efectivamente esto va a traer más seguridad o bajar los índices de inseguridad de manera inmediata. No lo creo. Pero sí se corresponde con un reclamo que viene planteando la ciudadanía desde hace mucho tiempo. Entonces, si esto es una respuesta a ese reclamo, creo que tenemos que ver con buenos ojos la modificación.

La política de seguridad que se aplica en el departamento San Justo atraviesa una etapa de consolidación marcada por dos ejes centrales: la disminución de los índices delictivos y la incorporación de nuevo equipamiento policial de letalidad reducida. Así lo aseguró el comisario inspector Pablo Nieto, director de la Departamental San Justo de la Policía de Córdoba, en una entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, donde remarcó que los avances responden a una reacción coyuntural ante reclamos sociales, pero sobre todo a una planificación sostenida y de carácter integral.

 “La incorporación de estas nuevas herramientas, que son las armas de letalidad reducida o menos letales, es indispensable para el trabajo policial”, explicó Nieto. En ese sentido, detalló que estos dispositivos vienen a ubicarse “entre lo que tenía antiguamente la policía para trabajar, que era la propia humanidad, desde la mano del efectivo, y el arma de fuego”, la cual —subrayó— “siempre debe ser el último recurso”.

 Según el jefe policial, la implementación de este tipo de armamento se inscribe dentro del protocolo de uso legal, racional y progresivo de la fuerza pública. “Tiene que haber una racionalidad y una proporcionalidad de la fuerza empleada de acuerdo a la resistencia que ejerza la persona que tiene que ser controlada o puesta a disposición de la Justicia”, afirmó.

 Nieto sostuvo que actualmente la departamental a su cargo cuenta con una variedad de herramientas menos letales que amplían el margen de acción del personal policial. Entre ellas mencionó pistolas y carabinas lanzadoras Byrna, dispositivos Taser, gas pimienta, bastones rígidos y otros elementos de control.

 “Hemos incorporado pistolas lanzadoras Byrna y carabinas lanzadoras Byrna, que disparan proyectiles mediante aire comprimido para repeler una agresión ilegítima, siempre bajo los principios de racionalidad, proporcionalidad y legalidad”, indicó. Y enfatizó que estas herramientas permiten intervenir ante conductas agresivas que ponen en riesgo la integridad física del personal policial, de la propia persona o de terceros, sin tener que recurrir al arma de fuego.

 “Siempre tenemos que tener en cuenta que al momento de actuar en todo procedimiento policial el valor supremo es la vida”, remarcó. “La vida es lo que tenemos que proteger, y para eso vienen todas estas herramientas que están entre medio de la mano del policía y el arma de fuego”.

 En la misma línea, dijo que el uso de la fuerza es escalonado y gradual, y que la utilización de un arma letal solo se justifica cuando existe una resistencia potencialmente letal y un riesgo concreto para la vida.

 Consultado sobre los resultados de esta política, Nieto fue categórico. “Totalmente, hemos visto un cambio muy marcado y muy notable”, afirmó. Según detalló, hoy el personal policial prácticamente no utiliza armas de fuego en procedimientos cotidianos, algo que —contó— representa un cambio sustancial respecto de años anteriores.

 “Antes, ante una situación riesgosa, el policía tenía como única herramienta el arma de fuego para defenderse. Hoy, entre la mano y el arma de fuego hay distintas herramientas que puede optar por usar según la resistencia o la conducta del ciudadano”, explicó.

 En términos estadísticos, el comisario informó que los números acompañan esta transformación. “Tenemos un índice comparativo del 2024 al 2025 con una reducción del 20% en la comisión de delitos. Eso es sumamente positivo y alentador”, señaló, al destacar que se trata de una comparación interanual.

 Nieto vinculó parte de esa reducción a los operativos interfuerzas que se desarrollan de manera sostenida. Indicó que, desde la creación del Programa de Seguridad Nacional y el convenio con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba en el marco del plan 90/10, se fortaleció la presencia territorial.

 “Parte de esta disminución del delito tiene que ver con la participación de las fuerzas federales, con más compromiso e involucramiento en el territorio”, sostuvo.

En cuanto a la distribución geográfica del delito, precisó que se trabaja con un “mapa de calor” que permite identificar las zonas y los tipos de hechos más frecuentes. “Nos sigue marcando sectores cercanos al límite interprovincial con Santa Fe y el camino interprovincial como puntos sensibles”, indicó.

 Respecto al perfil del delito, aclaró que en San Francisco no se detecta crimen organizado. “Notamos que el delito está más violento, pero no tenemos bandas organizadas ni delitos tipo comando”, afirmó. Según detalló, los hechos más frecuentes son hurtos, robos al boleo e ingresos domiciliarios aprovechando la ausencia de moradores y la falta de medidas de seguridad.

Nieto puso especial énfasis en el trabajo conjunto con el municipio y los vecinos. Recordó que la política de seguridad en Córdoba se rige por la Ley de Seguridad Pública N° 10.954, reformada en 2020, que define un sistema integral con múltiples actores.

 Sostuvo que la seguridad ya no es solo responsabilidad de la policía, sino que involucra al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al Ministerio Público Fiscal, a los municipios, comunas, consejos barriales, fuerzas especiales, servicios penitenciarios y agencias privadas.

En ese marco, destacó el rol del Centro de Atención Ciudadana de San Francisco, al que calificó como “modelo” a nivel provincial. Señaló que allí confluyen el 911, el programa Ojos en Alerta, el sistema de videovigilancia, los botones antipánico y otros dispositivos, además de la incorporación de drones y nuevos sistemas de comunicación. “Todo este trabajo mancomunado nos permite tener más recursos para dar respuesta a la sociedad”, aseveró.

En el marco de la modernización del equipamiento policial, el pasado lunes el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de la Policía de Córdoba, Marcelo Marín, encabezaron la presentación de nuevos recursos destinados a la fuerza. En la ocasión se exhibieron 300 cascos balísticos RB3 para investigaciones criminales, además de escudos de última generación, municiones y kits de gas pimienta.

 Uno de los elementos que despertó mayor interés fue la prueba de concepto de guantes con descarga eléctrica, una herramienta que el Ministerio de Seguridad analiza incorporar. Según se informó, este dispositivo apunta a brindar una alternativa adicional para la reducción de personas en procedimientos regulados por el protocolo de uso escalonado de la fuerza pública.

 Se indicó que esta tecnología busca ampliar las opciones de intervención del personal policial en situaciones complejas, minimizando riesgos tanto para los efectivos como para la ciudadanía.

 Desde el Ministerio de Seguridad provincial se remarcó que la incorporación de tecnología es una prioridad. “Es fundamental invertir en herramientas que permitan a nuestros efectivos intervenir en situaciones de riesgo, desde la fuerza física hasta el armamento de baja letalidad, dejando el arma de fuego solo para casos de extrema necesidad”, se señaló oficialmente.

 En ese sentido, se destacó que la Policía de Córdoba cuenta actualmente con el 100% de su personal capacitado y equipado con armamento menos letal. Además, se subrayó que, desde el inicio de la actual gestión provincial, se realizó una inversión histórica en capacitación y tecnología, incluyendo la adquisición de 25 mil armas menos letales que posicionan a Córdoba como referente regional.

 Al cierre de la entrevista, Nieto dejó un mensaje dirigido a los vecinos. Les pidió que confíen en la policía y que denuncien los hechos delictivos. “Vamos a estar trabajando siempre para brindar la tranquilidad y la paz que necesitan para vivir”, afirmó.

 “Que confíen, que llamen al 911, que se sumen a los programas de alerta comunitaria. Vamos a estar en el territorio, trabajando mano a mano con el vecino, porque la seguridad es una construcción colectiva”, concluyó.

Con la baja de la edad de imputabilidad nuevamente en la agenda legislativa, La Libertad Avanza decidió reimpulsar en el Congreso un debate que había quedado inconcluso en 2025 por falta de consensos políticos. La iniciativa, enviada oportunamente por el gobierno de Javier Milei, había logrado dictamen de comisiones en mayo del año pasado, pero nunca llegó al recinto y caducó el 30 de noviembre con la renovación parlamentaria.

La decisión de incorporar la reforma del Régimen Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias de febrero fue tomada esta semana en una reunión de la denominada “mesa política” del Gobierno. El tema recobró impulso tras el crimen del adolescente Jeremías Monzón en Santa Fe y cuenta con el respaldo de la exministra de Seguridad y actual jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

El proyecto original proponía bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, aunque durante el tratamiento en comisiones el oficialismo aceptó modificar el texto y fijar el nuevo umbral en 14, ante la resistencia de bloques dialoguistas y de sectores como la Iglesia. Esa versión fue la que obtuvo dictamen el 6 de mayo, en un plenario encabezado por la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado.

“La baja de edad de imputabilidad es una ley que la ciudadanía pide a gritos. Vamos a trabajar en obtener los consensos necesarios”, afirmó Rodríguez Machado, quien volvió a quedar al frente del plenario de comisiones. La legisladora señaló que el objetivo es avanzar “cuanto antes” hacia una media sanción, aunque reconoció que el debate debe reiniciarse desde cero.

Actualmente, ya están conformadas las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda, mientras resta definir las autoridades de Familia, Niñez y Juventudes y de Justicia. Una vez completado ese paso, se establecerá un cronograma para emitir un nuevo dictamen.

En 2025, el proyecto había cosechado apoyos del PRO, la UCR e Innovación Federal, además de adhesiones con disidencias de otros bloques, mientras que Unión por la Patria y algunos diputados firmaron dictámenes alternativos para mantener la edad en 16 años, en línea con recomendaciones de organismos como Unicef.

 Uno de los puntos que generó mayores objeciones fue el costo fiscal de la iniciativa. El texto prevé que los menores sean alojados en institutos especializados y cuenten con supervisión específica, lo que implicaría mayores erogaciones para las provincias. Ese aspecto, que había quedado sin resolución clara, vuelve a ser uno de los principales desafíos del debate que el oficialismo busca reactivar en el inicio del año legislativo.

 El fiscal regional de la Circunscripción Judicial Nº 5 de Santa Fe, Carlos María Vottero, tiene bajo su mando a fiscales con competencia en varias localidades. Desde esa estructura dirige la investigación penal del crimen que conmovió a toda la región: el asesinato de Zamir Torres, el niño de 4 años acribillado en Frontera el pasado 9 de julio cuando viajaba en auto con su madre y su padrastro. El ataque también dejó gravemente herido a Braian “Peladito” Martínez, presunto blanco de los sicarios.

 La brutalidad del hecho obligó a los gobiernos de Córdoba y Santa Fe a firmar un acuerdo de cooperación inédito para enfrentar el narcotráfico y la violencia armada en la frontera interprovincial. Pero Vottero aclara: la única investigación la lleva adelante la fiscalía bajo su mando, y ninguna autoridad cordobesa intervino en el caso.

 En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, Vottero, uno de los que más conoce el paño judicial, se refirió a declaraciones de funcionarios de Córdoba, dejó en claro que aún no existe un autor intelectual individualizado por el crimen de Zamir y remarcó que mientras en los grandes centros urbanos de Santa Fe los homicidios descendieron, en el departamento Castellanos aumentaron. Aseguró que es prioridad en la agenda judicial la lucha contra el microtráfico de drogas en la llamada “la otra triple frontera” –San Francisco, barrio Acapulco (Josefina) y Frontera– que, según sus palabras, “son una sola cosa”.

—¿Cómo evalúa la situación actual del narcotráfico en Santa Fe y en particular en Frontera, donde la violencia impera?

 Frontera y Josefina tienen una problemática social delictiva muy particular vinculada al consumo y la comercialización de estupefacientes que genera violencias altamente lesivas, cometidas muchas veces con armas de fuego. A nivel provincial, desde hace más de un año tenemos competencia en materia de microtráfico. No investigamos macrotráfico, sino la venta y comercialización minorista. Desde 2014, cuando se reformó el Código de Procedimiento Penal en Santa Fe, venimos trabajando en Frontera. Lo hacían fiscales de Rafaela porque allí no había un fiscal designado de manera permanente. Ahora, con la llegada de nuevos fiscales, uno será asignado a la Fiscalía de Frontera. Eso nos permitirá mayor cercanía con el territorio.

 Ya se hicieron cuatro demoliciones de búnkeres de drogas y un tapialamiento en otra vivienda (de acuerdo a las facultades que otorga la Ley de Microtráfico promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro en el inicio de su gestión). Cada procedimiento arrojó resultados: secuestro de estupefacientes, balanzas de precisión, máquinas de contar dinero y personas detenidas, muchas de ellas con domicilio en San Francisco pero operando en Frontera. Por eso insisto: San Francisco, Frontera y Acapulco forman un mismo conglomerado, son una sola cosa.

-           ¿El microtráfico es un fenómeno en expansión o está estabilizado?

Va en aumento. Es una problemática mundial, muy instalada, que atraviesa otros delitos. Genera violencia altamente lesiva y homicidios. Según números del Ministerio de Seguridad de la Santa Fe, en los departamentos Rosario y La Capital los homicidios bajaron, pero en el departamento Castellanos aumentaron. Esa diferencia tiene que ver con la alta conflictividad derivada de la comercialización de estupefacientes.

-           ¿Qué cambios detectaron en las modalidades de las bandas? ¿El sicariato se volvió recurrente?

 El caso Zamir es un ejemplo. La mecánica indica que se trató de una emboscada planificada: cruzaron un auto para interceptar a otro y dispararon sin importar la presencia de un niño. Eso es sicariato. Todo confirma que es la forma en que se manejan estos delincuentes. Si bien estos hechos ocurren más en Frontera que en San Francisco, la realidad es que están involucradas personas de uno y otro lugar.

-           ¿Quiénes son las personas, en su mayoría jóvenes, que terminan integrando estas redes como sicarios?

 Son personas atravesadas por el consumo problemático. Las adicciones los empujan a ingresar en estas estructuras. En los primeros eslabones son usados como mano ejecutora por quienes ocupan lugares jerárquicos más altos.

“La mayoría de las detenciones ocurrieron en San Francisco, pero como resultado de investigaciones de esta Fiscalía Regional Nº 5 y de la PDI (…) La investigación siempre fue nuestra. Nunca intervino la Justicia de Córdoba, ni fiscales ni policías de San Francisco, salvo a requerimiento de esta fiscalía y con fines de colaboración en cuanto a las diligencias investigativas llevadas adelante por la policía de Santa Fe (…) Me parece grave y delicado que desde algunos sectores se intente desinformar”.

—¿Qué peso tiene la disputa territorial y qué peso el ajuste de cuentas?

 Ambos factores conviven. Muchas veces las disputas por territorio derivan en represalias y muertes, que generan nuevas respuestas. Casi indefectiblemente, la respuesta del otro lado va a venir. Es un círculo vicioso. Frente a esto, el abordaje represivo o punitivo es necesario pero no suficiente. Se requieren políticas preventivas en educación, salud y asistencia en adicciones que ataquen estructuralmente toda esta problemática. La prevención solamente con presencia policial, tampoco alcanza.

—Si crece el microtráfico, también crece el consumo…

 Exacto, y cada vez a más temprana edad. Vemos niños de 15 o 16 años, incluso más chicos, que ya consumen. Al ser inimputables, no ingresan en el sistema penal. Deben ser abordados desde las áreas sociales y de niñez. Si no, su futuro es terminar presos o muertos. El Estado debe abordarlos desde una mirada social también.

 —En la sociedad existe la percepción de que en algunos lugares hay “zonas liberadas” y cierta complicidad policial. ¿Con qué obstáculos concretos se encuentran los fiscales al investigar el microtráfico?

 Desde la Fiscalía Regional abordamos todas las investigaciones por igual. Si se advierten situaciones como las mencionadas, el personal policial no está exento de responsabilidad penal y se actúa en consecuencia. En 2014 imputamos, detuvimos y logramos condenas de policías de la Comisaría 6ª de Frontera por uso excesivo de la fuerza, apremios ilegales y torturas contra detenidos, entre otros cargos. El caso más mediático fue el del hombre “crucificado”. En causas complejas, trabajamos con la Policía de Investigaciones (PDI) y también con fuerzas federales como la Policía Federal y Gendarmería. Es importante la presencia de esas fuerzas puntualmente en este territorio.

–¿Por qué persiste la percepción social de que la Policía solo aparece cuando ocurre un hecho grave y luego se ausenta del territorio?

 Eso está ligado a la faz preventiva, es decir, la presencia policial para evitar que el delito ocurra. Esa decisión corresponde a la Policía y a los ministerios de Seguridad. El sistema judicial no puede solo, se requiere coordinación. Reitero, muchos hechos se dan cruzando el límite interprovincial: aunque ocurran en Frontera, varios de los delincuentes son de San Francisco. El abordaje en conjunto,  siempre pidiendo colaboración de una provincia a la otra, es importante y fundamental. Cruzan una calle, como es la 1, el camino interprovincial, y delinquen de un lado o del otro.

–¿Considera que existe una estigmatización delictiva asociada a Frontera? Aunque es una realidad el avance de la violencia armada en esa ciudad.

 En este punto hay un análisis lógico que hacer: San Francisco tiene mucha más población que Frontera y barrio Acapulco. Si seguimos esa lógica, incluso podría decir que hay más delincuentes o personas que cometen hechos delictivos en San Francisco que en Frontera, porque simplemente hay una mayor cantidad de habitantes. Quiero dejar en claro que estas cuestiones están íntimamente relacionadas entre ambas localidades y que los hechos no deben analizarse de manera aislada, ya que muchas veces lo que sucede en un lugar tiene vinculación directa con lo que ocurre en el otro.

–De hecho, los detenidos por el crimen de Zamir son de San Francisco.

 Es cierto que la mayoría de las detenciones ocurrieron en San Francisco, pero como resultado de investigaciones de esta Fiscalía Regional Nº 5 y de la PDI. Cuando la detención debe hacerse en Córdoba, pedimos colaboración a su policía, porque la de Santa Fe no tiene competencia territorial, pero la investigación siempre fue nuestra. En el caso Zamir actuó la fiscal Fabiana Bertero con la PDI. Quiero remarcarlo: nunca intervino la Justicia de Córdoba, ni fiscales ni policías de San Francisco; el personal policial de Córdoba efectivizó las detenciones por un tema de jurisdicción. El hecho ocurrió en Frontera y la competencia es de Santa Fe. Por eso me parece grave y delicado que desde algunos sectores se intente desinformar, instalando una idea falsa sobre quién investiga. Eso solo confunde a la sociedad en un caso de enorme repercusión.

– ¿Cómo está hoy la causa Zamir? ¿Hubo más avances en los últimos días?

Hasta el momento hay tres personas detenidas con prisión preventiva -Valentín Escobedo (23), Thiago Nicolás Medrano (20) y Matías Escobedo (29)-. Además, se busca a una cuarta persona, una mujer que habría participado activamente del tiroteo, y existen otros pedidos de captura en curso contra posibles implicados. Hubo un avance rápido en la primera etapa y ahora se continúa con esas capturas pendientes y con pericias fundamentales. Esperamos resultados que aporten información valiosa para definir nuevas líneas de investigación. Los tiempos periciales no dependen de la fiscalía, pero de esas pruebas surgirán elementos centrales para la causa.

“Hoy no hay ningún autor intelectual individualizado en la causa Zamir”.

–Los tres jóvenes imputados estuvieron a bordo del Fiat Cronos gris que emboscó y atacó a tiros al auto de Braian Martínez, pero ¿se investiga a un presunto autor intelectual? El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló a un integrante de una familia narcocriminal preso en Cruz del Eje, y hasta pidió su traslado a un penal federal…

 Desde esta fiscalía no ha salido esa información ni esa versión. En nuestra investigación, de la evidencia obtenida hasta ahora, no surge la autoría intelectual de nadie. Quienes hacen esas manifestaciones públicas, no sé a qué investigación se refieren, si son funcionarios de Córdoba, ciudadanos o si hablan de causas distintas. Lo cierto es que no aportaron nada a la fiscal a cargo del caso. Quiero dejar claro que la investigación es nuestra, de la Fiscalía Regional Nº 5 y del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. De esta diligencia investigativa podrán surgir autorías materiales o intelectuales, pero hoy no hay ningún autor intelectual individualizado en la causa Zamir.

-           ¿Qué mensaje le daría a la sociedad que percibe que la Justicia no alcanza a estas bandas?

Se trabaja mucho en esta Fiscalía Regional en el abordaje del microtráfico de droga y los delitos de derivan de éste, sobre todo, en la zona de Frontera y Josefina, y con muy buenos resultados y respuestas visibles, aunque parezca que es una gota dentro de un océano. Es un delito ya arraigado pero estamos dando la batalla que corresponde y forma parte de las prioridades de nuestra fiscalía. A la bravedad se designará un fiscal propio. El mensaje a la sociedad es que seguiremos trabajando en la misma línea, hay una firme decisión de seguir priorizando estas investigaciones.

Un operativo policial realizado este martes en barrio Sarmiento de San Francisco terminó con el secuestro de una camioneta vinculada a robos de vehículos en Buenos Aires, además de otros dos rodados con pedido de captura, motores adulterados y autopartes.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Mendoza. Fue encabezado por la División Investigaciones de la Policía de Córdoba, con colaboración de la DDI de Pergamino (Buenos Aires), en el marco de una causa por delitos contra la propiedad.

El objetivo principal del allanamiento era secuestrar una camioneta Volkswagen Amarok negra presuntamente utilizada para cometer robos en la provincia de Buenos Aires. Al llegar al lugar, que se encontraba aparentemente abandonado y que pertenecería a una familia vinculada al ambiente delictivo en San Francisco y Frontera, los efectivos encontraron además otros elementos de interés para la causa.

Entre ellos, se incautó otra VW Amarok, en este caso blanca, con pedido de secuestro vigente desde el 6 de septiembre de 2024 por un robo en San Agustín (Santa Fe), y un Renault Sandero rojo, con pedido activo desde el 28 de noviembre de 2018, requerido por autoridades judiciales de La Matanza, Buenos Aires.

Asimismo, los agentes hallaron un motor de Ford Focus y otro de Volkswagen con numeración adulterada, cuatro puertas de Focus con los números de cristales suprimidos, y varias autopartes más de un vehículo desarmado.Todo el material secuestrado quedó a disposición de la Justicia. La investigación continúa para determinar el alcance de la organización delictiva detrás de los elementos incautados.

“Los fiscales tienen que trabajar en el territorio, lo más cerca posible del lugar donde suceden los hechos”. Con esta definición, Emilio Drazile resume el espíritu con el que asumió en mayo como fiscal de instrucción del Tercer Turno en San Francisco. Desde su llegada, prioriza una justicia cercana, con presencia real en las calles.

Esta perspectiva, que coincide con el nuevo Plan de Gestión Territorial que lanzó el Gobierno de Córdoba en la capital provincial, no es nueva para San Francisco. “En localidades como esta, ya se viene trabajando de esa manera. La territorialidad no es un proyecto, es una realidad”, asegura Drazile. 

A su lado, el secretario de la Fiscalía, Oreste Gaido, con una larga trayectoria en Delitos Complejos, refuerza esta visión: “Trabajamos con conocimiento de campo, en contacto permanente con la Policía, y atentos a los patrones delictivos que se repiten. Eso permite no solo investigar, sino también prevenir”.

En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, ambos coinciden en que el mapa del delito en San Francisco se ha complejizado. “Hay muchos hechos de violencia familiar, delitos contra la propiedad, y casi siempre aparece el consumo problemático de drogas o alcohol detrás”, explica Drazile. “La droga atraviesa todos los delitos. Es una problemática generalizada en la provincia y el país”, agrega Gaido.

En los últimos meses, las denuncias por violencia familiar aumentaron de manera sostenida. “Sí, se incrementó mucho más –afirma Gaido–. Tiene que ver con la situación económica, familias que vuelven a convivir en un mismo espacio. Si bien no son todos casos de gravedad, sigue siendo violencia”.

Uno de los temas que más interpela al sistema judicial es la percepción ciudadana de que si no hay detenidos, no hay justicia. Sobre esto, Drazile aclara: “La mayoría de los hechos ingresan a la fiscalía con detenidos. Son casos de flagrancia, donde la Policía actúa en el momento o minutos después”. Y detalla: “En los casos de violencia familiar, evaluamos la gravedad para determinar si corresponde la detención. Otras causas, tras la investigación, también derivan en aprehensiones”.

Gaido añade: “Entendemos esa demanda social. Pero tenemos un Código de Procedimiento Penal que respetar. No es que liberamos a todos, pero si hay riesgo procesal, no dudamos en ordenar la detención”.

"Hay muchos hechos de violencia familiar, delitos contra la propiedad, y casi siempre aparece el consumo problemático de drogas o alcohol detrás”

Los fiscales también observaron un fenómeno que se repite: personas que delinquen en San Francisco y provienen de localidades vecinas. “Hay muchos casos que vienen del lado de Santa Fe”, confirman. Por eso, valoran la reciente conformación de la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad, impulsada por la Región Centro. 

“Todo lo que apunte a la prevención es bien recibido. Celebramos estos acuerdos, sobre todo en zonas donde las fronteras provinciales están tan cerca. Si Santa Fe y Córdoba actúan en conjunto, eso va a impactar en una baja de la delincuencia”, opina Drazile. Gaido coincide: “Estos comités sirven, pero hay que coordinar bien entre fuerzas. San Francisco tiene muchas y hay que saber dónde focalizar”.

En relación con los recursos disponibles, Drazile es claro: “Siempre es bueno tener más, pero San Francisco está bien dotado. El desafío es investigar todos los delitos, llegar a resoluciones, y eso se logra con esfuerzo, trabajo policial y coordinación”.

Destaca el trabajo articulado con las fuerzas de seguridad: “Mantengo reuniones constantes con todas ellas. Nuestra actuación tiene que ir de la mano”.

Además del trabajo en territorio, destacan el aporte de los sistemas de alerta temprana. “Funcionan muy bien herramientas como Ojos en Alerta, el 911 o los tótems de seguridad. No recibimos denuncias anónimas, pero sí muchos llamados ciudadanos”, cuenta Drazile.

El fiscal también valoró el sistema de cámaras de vigilancia: “Ayuda a prevenir y da fluidez a la intervención policial. La comunicación entre la gente y las fuerzas es más rápida”.

El reciente caso del médico Pablo Ghisoni, acusado y luego absuelto por abuso sexual, puso en foco la problemática de las denuncias falsas. Aunque en la Fiscalía del Tercer Turno no se registraron situaciones similares, los fiscales ofrecieron su mirada. “Nosotros no manejamos la psique de la persona denunciante. Lo que hacemos es investigar con rapidez para que no haya consecuencias negativas si se trata de una denuncia infundada”, aclaró Drazile.

Gaido agregó: “Hay recursos para proteger a quien denuncia, y también para investigar con seriedad. Si alguien asume el compromiso de aportar datos, tiene que saber que puede ser resguardado”.

Para ambos fiscales, el objetivo es claro. “Darle una respuesta concreta a quien acude a la justicia es el principal desafío de una fiscalía”, resume Drazile. Su apuesta, junto a Gaido, es por una fiscalía con los pies en el barrio, sensible a las necesidades sociales y firme ante los delitos.

Aunque fue presentado formalmente ayer, desde marzo, el Grupo de Saturación Móvil (GSM) se encuentra activo en San Francisco como parte de una estrategia conjunta entre el Ministerio de Seguridad de Córdoba y el municipio. Se trata de una unidad de intervención rápida diseñada para reforzar la presencia policial en sectores críticos de la ciudad.

La comisaria mayor Analía Ludueña, directora de la Departamental San Justo de Policía, explicó que el GSM “actúa sobre zonas identificadas mediante un mapa de calor, que se elabora en base a datos de conflictividad o hechos delictivos recientes”. Este método permite que los patrullajes sean dinámicos y se adapten día a día, priorizando los sectores más vulnerables.

Actualmente, el grupo en San Francisco está compuesto por 12 efectivos —oficiales y suboficiales— organizados en turnos rotativos, con dos móviles asignados y supervisión directa de un oficial en cada turno. “Se patrulla por bloques, en distintos horarios, y siempre en coordinación con la Guardia Local y la Dirección de Tránsito”, indicó Ludueña.

Además de tareas preventivas, el GSM realiza controles vehiculares y mantiene contacto directo con los vecinos para responder rápidamente ante emergencias o situaciones sospechosas. El objetivo es mejorar la percepción de seguridad y reforzar la presencia del Estado en los barrios.

Este equipo operativo nació como un proyecto conjunto para fortalecer la seguridad local. “La articulación entre Provincia y municipio es clave para que los vecinos se sientan más seguros”, señalaron desde el entorno de la intendencia. La presencia del GSM busca prevenir el delito con una respuesta rápida y eficaz, adaptada a las necesidades reales del territorio.

La semana pasada, las crónicas policiales de los medios de comunicación de la capital cordobesa volvieron a centrar su atención en el caso de un menor de 15 años que ya acumula más de veinte detenciones por delitos que incluyen asaltos callejeros, robo de automóviles y uso de armas de fuego.

El derrotero delictivo de este joven ha expuesto, como pocas veces, las graves deficiencias del marco legislativo y de algunos organismos estatales, tanto ejecutivos como judiciales, para enfrentar la delincuencia juvenil. La prevención parece fallar de manera sistemática, y los mecanismos de reinserción social resultan casi inexistentes. Mientras tanto, la llamada “puerta giratoria” mantiene su dinámica imparable. Las carencias son tan evidentes como preocupantes. Mientras, los años pasan, los debates se suceden y las respuestas concretas siguen brillando por su ausencia.

Hace tiempo que se discute la necesidad de reducir la edad de imputabilidad de los menores de edad. Pero las posiciones enfrentadas mantienen la misma lógica confrontativa que caracteriza a gran parte de la discusión pública en la Argentina. Prevalece el afán por refutar al adversario antes que el interés por construir soluciones. Las posturas extremas dominan el escenario e impiden la búsqueda de consensos. Falta profundidad en el análisis y serenidad en el debate. Sobran los gritos, las descalificaciones y las agresiones. En este contexto, cada hecho resonante reaviva las discusiones, pero las conclusiones nunca llegan y las decisiones se postergan indefinidamente.

 En este marco, es plausible que el ministro de Seguridad de Córdoba haya reclamado, días atrás, que la impostergable necesidad de que “de una vez por todas, los distintos sectores políticos se animen a un debate profundo y sin especulaciones”, sobre el régimen penal juvenil. Afirmó que esa legislación vigente “claramente no está a la altura de las circunstancias”. 

Señaló que tampoco lo están quienes “prefieren opinar ante micrófonos y con una luz encendida que en los micrófonos que tienen las bancas legislativas. Ése es el lugar para dar este y todos los debates pendientes en la Argentina”. Al mismo tiempo, expresó su convicción de que “el denodado accionar de nuestra policía nunca será suficiente si los tres poderes del Estado no se alinean en un mismo objetivo: trabajar sin mezquindades por la seguridad de los cordobeses y argentinos”.

Los vaivenes de la política nacional han oscilado tantas veces en torno a esta problemática que, incluso, han confundido a especialistas cuya voz termina disipándose entre el humo que se “vende” detrás del ruido generado por los discursos sesgados. Muchas veces, el objetivo parece ser negar los aspectos múltiples y complejos de una realidad que exige ser abordada con seriedad e integridad. Mientras el debate continúe contaminado por sectarismos y visiones alejadas de las experiencias cotidianas, será muy difícil alcanzar los consensos necesarios para implementar una política de seguridad racional y efectiva. Y eso, en definitiva, es lo que reclama una sociedad que sufre las consecuencias de la inacción.

El pasado viernes 31 de enero, San Francisco fue escenario de un gran despliegue policial que incluyó la presencia de fuerzas provinciales y federales, así como la utilización de un helicóptero de la Policía de Córdoba. El operativo se enmarcó en un trabajo coordinado para hacer frente a la creciente ola de violencia que afecta a la ciudad y a su zona limítrofe con Santa Fe, en las localidades de Frontera y el barrio de Acapulco de Josefina.

En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, el ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, brindó detalles sobre el procedimiento, sus resultados y el trabajo conjunto con Nación y la provincia de Santa Fe para combatir el narcotráfico. Además, abordó otros temas de seguridad que afectan a Córdoba y el país.

-Se llevó a cabo un gran despliegue policial, con helicóptero incluido. ¿Nos puede dar detalles?

Nosotros teníamos referencias de que en San Francisco en el Hospital Iturraspe se estaba atendiendo a mucha gente herida de bala que venía de Frontera y de Acapulco, que son probablemente los lugares más conflictivos que tenemos. Ante esa situación, más el llamado del intendente Damián Bernarte, y en comunicación con la policía departamental, advertimos que se habría incrementado la ola de violencia en esa zona y que repercutía en San Francisco. Decidimos primero implementar una mayor presencia policial, sobre todo en la ruta o el camino interprovincial. En contacto con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, decidimos llevar a cabo un operativo interfuerzas, como los que hicimos el año pasado en San Francisco, pero esta vez de manera mucho más intensa. Además de la Policía de Córdoba participó la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Gendarmería y Policía Federal, y probablemente tuvo la espectacularidad que siempre genera la presencia del helicóptero en la noche.

- ¿Qué balance hace del resultado?

Dio resultados positivos, con 14 personas detenidas con pedido de captura o paraderos; una numerosa cantidad de motovehículos y automóviles secuestrados y, por supuesto, con las fuerzas federales ya dentro del territorio santafesino interviniendo. También debo decir que me comuniqué con las autoridades de Santa Fe, con el ministro Pablo Cococcioni, para ponerlo al tanto de esta situación y estamos trabajando en conjunto.

- ¿Qué le responde a la gente que, a través de las redes sociales, se expresó indicando que era un operativo “para la tribuna”, para mostrar efectividad y después se olvidan?

Lo mismo dijeron cuando fui en febrero del año pasado a hacer ese operativo, y volvimos a mitad de año con el mismo. Los operativos interfuerzas son constantes. Probablemente ahora la diferencia es que hay un programa, que es el Programa 90/10, implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que habla de la reducción de homicidios y violencia vinculada al narcotráfico. Lo estamos implementando con la ministra Bullrich, con el Ministerio de Seguridad de Córdoba y con el Ministro de Seguridad de Santa Fe.Los operativos y los procedimientos jamás son para la tribuna. Probablemente, algunos tengan más espectacularidad que otros, pero no han cesado. Con estadísticas podemos mostrar que en San Francisco el número de heridos ha sido contenido.

- San Francisco, conformando el conglomerado urbano con Frontera y Josefina, es una zona “caliente” en materia delictiva. ¿La existencia de la frontera interprovincial dificulta la intervención coordinada de las fuerzas de seguridad?

No, al contrario. Nosotros, el primer convenio que hicimos con la Fuerza de Seguridad Nacional fue efectuado el año pasado. Fue el primer convenio que firmamos con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Hemos trabajado de manera coordinada en toda la provincia de Córdoba. La clave del éxito de una política de seguridad, de una política criminal que ataque al narcotráfico y ataque al crimen organizado, es trabajar en conjunto con la Nación y con las fuerzas federales, que es lo que venimos haciendo. Nuestra FPA y nuestra policía de la provincia de Córdoba viene trabajando desde hace mucho con las fuerzas federales. Con Santa Fe y Entre Ríos tenemos un corredor de la Región Centro, con Pablo Cococcioni y Ernesto Roncaglia, quienes son los ministros de seguridad de dichas provincias. Venimos trabajando de manera armónica, coordinada y esto empieza a dar resultados con la política de inteligencia criminal.

Es importante que la gente sepa que hemos dotado a nuestra policía con equipamiento y formación. Pusimos más de 2.500 armas nueve milímetros en poder de nuestra policía, 15.000 armas no letales, entre cortas y largas; 600 vehículos más 700 en proceso de compra; 600 motocicletas para nuestras unidades especiales. También hemos incorporado 720 policías suboficiales y 159 oficiales a la calle. En total, estamos hablando de más de 42 mil millones de pesos destinados a mejorar la seguridad en la provincia. Se hizo una inversión en 2024 histórica y en 2025 lo va a ser aún más. Todo esto es muy importante para la policía provincial y también para las guardias locales, donde la inversión es muchísima en vehículos, en capacitación, en chalecos y en armas no letales. 

- ¿Cómo sabemos que Córdoba no va camino a ser otro Rosario?

En 2024 tuvimos una tasa de homicidios de 2,9 cada 100 mil habitantes, muy por debajo de la media nacional de 3,8 y mucho más baja que la de Rosario. No estamos teniendo este tipo de eventos en Córdoba y trabajamos de manera permanente en las calles para evitarlo. No vamos a permitir que el narcotráfico nos gane la calle y el espacio público.

- ¿Cómo se trabaja para bajar la tasa de homicidios en la provincia?

La mayoría de los homicidios en la provincia están relacionados con conflictos interpersonales, violencia e intolerancia. Por este motivo, el abordaje debe ser integral, y nuestro objetivo es reducir esta tasa durante 2025. En enero cerramos con un registro de cinco homicidios, lo que indica que el trabajo está dando sus frutos. Para lograr una disminución sostenida, seguimos trabajando de manera coordinada con la ministra Bullrich, en el marco del Programa 90/10. La clave para reducir la tasa de homicidios es la acción conjunta, implementando una política criminal efectiva que ataque directamente al crimen organizado y al narcotráfico. De esta manera, los delitos irán en descenso.

- ¿Están de acuerdo con la propuesta de baja de la edad de imputabilidad del gobierno nacional?

En lo personal, estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto que presentaron la ministra Bullrich y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona para bajar a 13 años la edad de imputabilidad.  Es necesario preguntarnos por qué el Régimen Penal Juvenil no se debate desde hace 30 años. La respuesta, sin dudas, radica en la especulación y la mezquindad de muchos dirigentes políticos, que evitan tratar el tema en el Congreso por temor a asumir una postura que pueda generar polémica y repercusiones en sus provincias. El proyecto aborda un problema cada vez más preocupante: el aumento de delitos cometidos por jóvenes. Es una realidad que vivimos en Córdoba, en San Francisco y en muchas otras provincias del país.

-Los incendios fueron otro desafío para el gobierno de Córdoba, ¿qué medidas toman para prevenir?

Implementamos diversas estrategias de prevención, incorporando tecnología y reforzando los recursos destinados al combate del fuego. Hemos fortalecido el ETAG y dotado a los bomberos voluntarios de más equipamiento. Solo en 2024 invertimos más de 13 mil millones de pesos, trabajando de manera coordinada con diferentes organismos. Nuestros bomberos cuentan con una formación de alto nivel y, con frecuencia, son convocados para combatir incendios en distintas provincias, como ocurre actualmente en la Patagonia. Además, desarrollamos un programa en conjunto con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego y el Plan Provincial de Manejo del Fuego, con el objetivo de prevenir incendios y, en caso de que ocurran, minimizar su impacto.

La Convención sobre los Derechos del Niño, que Argentina ratificó en 1990 y que desde 1994 tiene carácter constitucional, implicó un cambio sustancial ya que considera a niñas y niños sujetos de derechos. En todo este tiempo, mucho se habló de deudas del Estado frente a la niñez.

El régimen penal juvenil vigente data de la última dictadura militar y es necesaria una reforma. Sin embargo, esta no puede limitarse a la baja de edad de punibilidad de 16 a 13 años, como propone el Gobierno, lo que impactará en las infancias más vulnerables, sino que “debe centrarse en políticas públicas destinadas al restablecimiento de derechos económicos y sociales vulnerados y en la prevención de delitos”, sostuvo Andrés Peretti, juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género y Penal Juvenil de los Tribunales de San Francisco, al analizar en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO el proyecto que establece un nuevo sistema para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal.

Además, consideró que bajar la edad de imputabilidad “no reducirá los niveles de inseguridad social”. Y aunque los ministerios de Seguridad y Justicia argumentaron que el delito juvenil está en aumento, el magistrado expuso estadísticas oficiales que lo desmienten: en nuestro país, menos del 4 % de los delitos son cometidos por niños, niñas y adolescentes. 

Entonces, “es fundamental desmitificar que el sistema punitivo y demás políticas llamadas de ‘mano dura’ traerá soluciones mágicas”, afirmó.  

-¿Cuáles cree que son los desafíos para el sistema judicial respecto a minoridad?

Debemos redoblar nuestros esfuerzos para juzgar con perspectiva de niñez y adolescencia, lenguaje claro y sencillo, espacios adaptados, entornos seguros y adecuados, trato diferenciado y especializado. Debemos tomar en cuenta la edad, las condiciones particulares, el grado de desarrollo y madurez para lograr una justicia accesible y apropiada para personas que atraviesan esta etapa de la vida y que por diversos motivos se encuentran inmersos en un proceso judicial donde se definen sus intereses. Es necesario priorizar los trámites orales, la celeridad, la eficiencia y eficacia de los procesos, la especialidad, la interdisciplinariedad y la capacitación permanente, no solo en conocimientos, sino también, en empatía. 

-Y romper con tabúes sobre la burocracia. Se viene insistiendo en una Justicia más cerca de las infancias, sobre todo en temas sensibles como la adopción. 

Sin perjuicio que toda intervención judicial siempre puede mejorar, y a eso aspiramos permanentemente, puede existir una percepción errónea sobre los procesos de adopción. La adopción es la última etapa de varias y solo procede con carácter excepcional cuando la familia de origen no puede brindar los cuidados para satisfacer las necesidades afectivas y materiales de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Sin embargo, existe un desfasaje entre los NNA que pueden ser adoptados y las intenciones o deseos de los pretensos adoptantes, lo que complica notablemente que encuentren familia. En Córdoba, tendencia que se replica en el resto del país, más del 90 % de las personas inscriptas en el Registro Único de Adopción quieren adoptar a niños o niñas de 0 a 3 años, sin complicaciones de salud y/o capacidades diferentes. Sin embargo, los NNA en condiciones de ser adoptados tienen más de 12 años. Por ese motivo, permanentemente se difunden convocatorias públicas para que NNA encuentren familia, es decir, un espacio de afecto y contención cuando no lo pueden hacer en su familia de origen. Esas convocatorias públicas son realizadas por los Juzgados de Niñez y Adolescencia cuando no existen postulantes inscriptos en el Registro de Adopción. 

- ¿Considera que es necesaria una reforma al actual régimen penal de la minoridad?

Sí, siempre y cuando los cambios no se restrinjan a la baja de edad de punibilidad. Frente a conductas transgresoras de NNA, en especial para aquellos que están por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal (16 años), deben disponerse medidas de carácter preventivo, protectorio y de apoyo a las familias, llamadas de “intervención temprana”. Así pues, considero que la reforma al actual régimen penal adolescente debe centrarse en políticas públicas destinadas al restablecimiento de derechos económicos y sociales vulnerados, prevención de delitos y en el caso de fracaso, avanzar con la reintegración social de los NNA en conflicto con la ley penal.

- ¿Cómo se está trabajando en San Francisco con los adolescentes que delinquen?

Cada caso es especial, pero la primera distinción sobre la forma de abordaje se distingue según la edad de NNA denunciados: menos de 16 años (no punibles) y más de 16 y hasta 18 años (punibles). En relación a la primera categoría, no puede ser sometido a juicio. De todas maneras, investigamos y dictamos sentencias donde analizamos si el hecho denunciado existió y, en caso afirmativo, si el joven tuvo intervención. Asimismo, determinamos estrategias restaurativas para evitar la reincidencia o la reiteración delictiva, lo que otorga certeza y seguridad jurídica tanto a víctima como a victimario.

Respecto de los adolescentes punibles, cuando el denunciado tiene entre 16 y 18 años y luego de la acusación de Fiscalía que investiga, realizamos el juicio correspondiente. Si luego de celebrado el debate llegamos a la conclusión que el hecho existió y que el joven denunciado participó, se lo declara responsable y se lo somete a un período de prueba por 1 año. Si transcurrido ese plazo, el denunciado cumple con las pautas impuestas por el Juzgado, demuestra que comprendió el daño que causó y reacomodó aquellos aspectos de su vida respetando derechos y libertades fundamentales de terceros, no se le impone pena. Caso contrario, se le aplica la pena que el Código Penal establece para el delito cometido, con la reducción establecida por la ley para la escala de la tentativa.

- ¿Qué reflejan las estadísticas sobre delito juvenil?

Durante los años 2022 y 2023, en nuestra provincia las causas que involucran a NNA representan el 3,3 % del total, mientras que los jóvenes privados de la libertad ascienden a 2,2 % -punibles de 16 a 18 años- y 0,2 % -no punibles, menos de 16 años- del total. Por otro lado, recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó un informe que exhibe un descenso del 8 % en la cantidad de causas penales iniciadas en la Justicia Nacional de Menores. Ello demuestra que la participación de NNA en delitos -tanto de leve, como mediana y alta entidad penal- es especialmente baja, con lo cual, la aprobación del anteproyecto que busca bajar la edad de punibilidad no tendrá un resultado significativo en términos de mayor seguridad a nivel global.

- Puntualmente, ¿qué opina del proyecto que envió el Gobierno nacional al Congreso para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años? Algunos magistrados sostienen que podría ser una medida regresiva en materia de derechos humanos.

Coincido. No solo es regresivo, sino que además incrementará el número de jóvenes dentro de un sistema que probablemente empeorará sus trayectorias de vida y no reducirá los niveles de inseguridad social. Por el contrario, los incrementará, ya que está probado cómo el sistema penal se convirtió en un reproductor amplificado de las violencias que busca erradicar.

- “Delito de adulto, pena de adulto”, es el lema del gobierno de Javier Milei. Pero por lo hablado hasta aquí, no basta con bajar la edad de imputabilidad.

Los NNA son diferentes a los adultos, por ser personas en desarrollo. Su falta de madurez bio-psico-social los coloca en una especial situación de vulnerabilidad y exposición al delito sin la adecuada reflexión, lo que justifica trato diferente al de los adultos. Por esa misma razón, y desde una perspectiva de niñez y adolescencia, es necesario que exista un régimen penal específico, a fin de garantizar su protección especial que contemple las particularidades de su desarrollo psicomadurativo que necesariamente influye en la responsabilidad por los hechos cometidos. Reconocer esta diferencia hace posible evitar un trato desigual y por ende discriminatorio. No hay peor injusticia que tratar igual a quienes no lo son. Por ello esta protección especial es una exigencia legal, convencional y constitucional.

- ¿No sería entonces una medida efectiva en el combate a la inseguridad?

No, de ninguna manera.  Los delitos son un flagelo multicausal que involucra lo social, lo económico, lo cultural y la salud (drogas), entre otros. En nuestro país, el 60 % de los NNA está por debajo de la línea de pobreza. En Córdoba, más de la mitad de los jóvenes en conflicto con la ley penal presenta consumo de sustancias psicoactivas, y dentro de ese grupo, el 23 % tiene consumo problemático, es decir, que la adicción a sustancias psicoactivas afecta el desarrollo de la rutina diaria de la persona que consume. Asimismo, la Evaluación Internacional de Estudiantes (Pisa) realizada en Argentina en 2022 muestra que el 54,4 % de los estudiantes está por debajo del nivel 2 de desempeño en Lengua, considerado el mínimo; solo 1 % alcanzó los niveles más altos (5 y 6) en comprensión lectora. Como puede apreciarse, los delitos no son un problema jurídico o del derecho penal.

A ello debe sumarse otra realidad: si menos del 4 % de los delitos son cometidos por NNA, el impacto de bajar la edad de punibilidad será mínimo y lejos estará de ser una medida efectiva en el combate contra la inseguridad. Tal como sucede con los adultos, a la inseguridad se la aborda con más políticas públicas de prevención y capacitación. Reforzar las políticas penales represivas deja expuesto el retroceso en políticas económicas y sociales.

La Dra. Beloff, experta que integra el Comité de los Derechos del Niño, sostiene que bajar la edad de punibilidad no solo no resuelve nada, sino que eleva la conflictividad social, ya que cada vez más NNA se involucran en delitos, más se institucionalizan, más comparten con adultos, más “aprenden” el delito, más reinciden, todo en contra de la seguridad que tanto buscamos. Por eso, es necesario adoptar obligaciones positivas de cuidado, garantizar derechos, trabajar para que los NNA no ingresen al sistema penal y reestablecer derechos vulnerados tales como salud (abordaje de adicción a las drogas), educación (inclusión educativa y social). Asimismo, si el delito se cometió, aplicar mecanismos de resolución alternativa de conflictos que involucren no sólo al joven acusado de cometer un delito, sino también a las víctimas, sus familias y la comunidad en general, históricos excluidos del conflicto penal.

- ¿La edad mínima de responsabilidad penal y la posibilidad de establecer un sistema de justicia con enfoque diferenciado para personas menores de edad son conceptos que deberían separarse en el debate?

Sí y no, porque la edad mínima de responsabilidad penal es la razón que justifica un sistema de justicia diferenciado, con proyectos socio educativos que incorporen la responsabilización de los NNA y que resguarden el cumplimiento de garantías procesales y constitucionales.

- Hay una percepción de la sociedad que la Justicia liberando a un chico de 14 años le está diciendo “andá a seguir matando o robando”. Pero, ¿qué se hace con esos menores que no son imputables penalmente? ¿Pueden funcionar métodos de justicia restaurativa?

Estamos al tanto de los reclamos sociales, pero la realidad es diferente. La intervención de la Justicia penal en jóvenes menores de edad existe, pero es diferente a los procesos penales de adultos. Es decir, los menores de 18 años responden de manera diferente a los adultos, propia de la edad que tienen, pero responden. Y dentro de ese abordaje diferencial y especializado, las prácticas restaurativas toman protagonismo. Las respuestas punitivas nos dejan tan víctimas como éramos antes: solos, sin reparación, ya sea porque es imposible o porque no surte el efecto que se espera, y sabiendoque va a haber nuevas víctimas. Por eso, es fundamental desmitificar que el sistema punitivo y demás políticas llamadas de “mano dura” traerá soluciones mágicas y será suficiente para sanar heridas y brindar recompensa a la víctima y la sociedad en general.

Si bien nuestro Juzgado aplica prácticas restaurativas hace muchos años, recientemente, el Poder Judicial de Córdoba lanzó una capacitación obligatoria con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de los operadores del fuero penal juvenil. El curso, que inicia el próximo 25 de septiembre y finalizará avanzado el 2025, contará con la presencia de los especialistas doctores Raúl Calvo Soler y Eric García López y forma parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Nuestra visión como abogados que aplicamos la ley es insuficiente para abordar la compleja, desafiante e interconectada sociedad que vivimos. Por ello, como operadores del Poder Judicial, necesitamos del trabajo interdisciplinario porque permite tener una visión completa”.

- Mientras tanto, ¿cómo se acompaña a las familias en el proceso de intervención judicial?

Sin perjuicio del acompañamiento y abordaje de las familias de los supuestos victimarios, también colaboramos con las familias de las víctimas. No existe un arquetipo de víctima; no todas las víctimas son iguales. Existen personas que son víctimas directas o indirectas de delitos graves (y no tanto) que abandonaron el odio y el rencor para dar paso a algo diferente, a algo que los hace mejores personas y nos hace mejores como sociedad.

Sabemos que más proceso penal no solo no ayuda a los niños, niños y adolescentes, sino que los perjudica más aún, en tanto aprenden -desde chiquitos- de los más grandes, adquieren habilidades delictivas y se vuelven expertos en el crimen como consecuencia del hacinamiento carcelario, la violencia propia de esas relaciones, falta o insuficiencia de recursos propios para la reinserción social y la exclusión social. Por ello, el 70 % de los adultos que ingresan al sistema penal alguna vez pasaron por alguna forma de abordaje de menores de edad en conflicto con la ley penal.

Además de ello, ¿más proceso penal ayuda a la víctima? ¿ayuda en algo para calmar el odio, rencor o necesidad de venganza? ¿permite “acomodar las cosas”, entender qué pasó, por qué a mí o a mis seres queridos? La respuesta suele ser negativa y por ello, apelamos a mecanismos de resolución alternativa de conflictos que involucren efectivamente a las víctimas para que sean protagonistas y meros espectadores.

- Algo más que agregar…

Agradecer infinitamente al equipo que se desempeña en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco que orgullosamente presido por su compromiso diario: doctores y doctoras Totaro Canavesio, Demaría, Ré, Buttignol, Armando, Barbero, Brumatti, Sticca, Panero, Toia, Goirán, Elkin Casermeiro, Rochetti y Andreggen.

En el primer semestre del año, 907 niños, niños y adolescentes tuvieron causas penales iniciadas en la Justicia Nacional de Menores, lo que representa un descenso del 8 % en comparación con igual período de 2023.

El dato surge del informe semestral que elabora la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que registra la información sobre el universo de personas menores de 18 años que transitan por alguna de las instancias judiciales previstas en el régimen penal de la minoridad (Decreto Ley 22.278), tanto en el ámbito del fuero nacional de menores como en el fuero federal.

El informe también revela que durante el período se iniciaron 920 causas sobre NNA en la Justicia Nacional de Menores, un 16,7 % menos que en igual período del año anterior.

El 90 % de los 907 NNA con causas penales en la Justicia Nacional de Menores son varones, y el 84 % de las causas corresponden a delitos contra la propiedad, principalmente distintos tipos de robos (8 de cada 10). Asimismo, de todos los delitos contra la propiedad registrados, un 38 % fueron en grado de tentativa.

En cuanto a la edad de los NNA involucrados, el 60,1 % tenía 16 o 17 años al momento del hecho; un 38 % entre 13 y 15, y un 1,9 % 12 años o menos. Comparado con el mismo período de 2023, se observa una reducción en la cantidad de menores de 16 años involucrados.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) se sumó a las voces críticas de la disminución de la edad de imputabilidad. Un texto elaborado por las subcomisiones de Humanidades y Derechos de la Niñez y Adolescencia de la SAP pone el acento en las condiciones de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los adolescentes sujetos a procesos judiciales.

“Son víctimas de numerosas y sistemáticas agresiones físicas y emocionales desde los primeros años de su vida. Sus expectativas de un futuro mejor son muy limitadas. En esta situación, su participación en hechos delictivos está organizada y programada, en su gran mayoría, por grupos de delincuentes adultos. En otras, su libre campo de autodeterminación se encuentra totalmente limitado por su realidad social, cultural, familiar, educativa o económica”, refiere el documento.

“Desde la SAP somos enfáticos en que bajar la edad de imputabilidad no resolverá el flagelo de la violencia y de la inseguridad (…)”, cita. El informe pregona que las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos y que las penas a niños, niñas y adolescentes no deberían ser homologables a las de los adultos.

“Bregamos por instituciones habilitadas para la contención de adolescentes en conflicto, orientadas a la rehabilitación, garantizando condiciones edilicias adecuadas y proveyendo programas de educación y de capacitación laboral, de manera de dotarlos de herramientas para facilitar su reinserción social”, recomendó la SAP y reclamó la presencia permanente del Estado para “promover el desarrollo personal, educativo y social del niño”.

Entre otras cosas, planteó que “el acceso de los adolescentes a las armas o el uso de estupefacientes está relacionado casi directamente con amparo de ‘capangas’ marginales y connivencia policial”. Y exhortó a fomentar lo que se ha dado en llamar "justicia restaurativa", que consiste en “evaluar la posibilidad de interactuar el autor del delito con la víctima -si esta así lo acepta- para reconocer humanidad e identidad a quien ha sufrido por causa de él y pueda sinceramente arrepentirse y comprometerse a enmendar las consecuencias de su conducta”.

En las últimas horas, la Policía informó tres robos ocurridos en distintos lugares de la ciudad de San Francisco. En este sentido, el primero de ellos ocurrió en los primeros minutos del domingo, en calle Mitre, barrio Palmares. Los efectivos fueron comisionados por el 911 al domicilio en donde entrevistaron a una mujer.

La vecina indicó que se había retirado de su casa y que cuando regresó notó habían ingresado a su habitación. Le robaron una notebook y una billetera con distintas tarjetas.

Por otra parte, el segundo hecho ocurrió en calle Mendoza cerca de las 6 de la mañana, en donde los agentes entrevistaron a un hombre de 54 años, quien señaló que había dejado en la vereda su motocicleta Trip 110cc de color gris. El rodado no tenía medidas de seguridad. Se realizó un patrullaje por la zona y no se encontró el vehículo. Se iniciaron las actuaciones de rigor correspondientes.

Por último, en calle Catamarca en barrio Jardín, un vecino de 46 años denunció que forzaron su vivienda para robar diferentes elementos. Autores ignorados se robaron un microondas, dinero y varias alhajas. El delito sucedió cerca de las 9 de la mañana de este domingo.

El municipio destacó que las recientes estadísticas aportadas por el Gobierno de Córdoba que ubican a San Justo entre los tres departamentos con menor tasa de delitos, tienen directa vinculación con el plan de seguridad instrumentado por la gestión del intendente Damián Bernarte en San Francisco, su ciudad cabecera. 

"Los municipios debemos involucrarnos de manera directa en materia de seguridad, complementando lo que hacen las fuerzas existentes", afirmó Bernarte, subrayando la importancia del rol activo de los jefes municipales en este ámbito.

El promedio provincial de delitos denunciados es de 493 por cada 100 mil habitantes. Tercero Arriba, con su principal ciudad en Río Tercero, reportó la tasa más baja con 104 delitos cada 100 mil habitantes. Marcos Juárez, que tiene a la ciudad homónima como cabecera, registró 163 delitos, mientras que San Justo, con San Francisco como principal localidad, anotó 277 delitos.

Desde la implementación de la nueva ley provincial, la municipalidad ha desarrollado un programa integral de seguridad que complementa la presencia de las distintas fuerzas, como la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia de Córdoba, entre otras divisiones especializadas.

Entre las iniciativas clave del plan de seguridad se destacan: 

Central de Monitoreo: ubicada en el ex Hotel Libertador es un centro compartido entre la Policía de Córdoba y el municipio, dedicado a la prevención e investigación de delitos, así como al control del Código de Faltas Municipal.

Domos de videovigilancia: San Francisco instaló 250 cámaras de última generación con un alcance de 400 metros y rotación de 360º, mejorando significativamente la capacidad de monitoreo de la ciudad.

Ojos en Alerta: mediante un convenio con el municipio de San Miguel (Buenos Aires), los vecinos de San Francisco ahora pueden utilizar esta herramienta para reportar actividades sospechosas de manera anónima a través de WhatsApp número (3564-666454), fomentando la colaboración comunitaria en la vigilancia.

Cuerpo de Prevención Urbana: este nuevo cuerpo preventivo, el primero en Córdoba en operar, patrulla la ciudad a pie, en bicicleta o en automóvil. Sus miembros han completado una Diplomatura en Políticas en Seguridad de la Universidad Nacional de Villa María.

Alarmas comunitarias: en los barrios con mayor índice delictivo, se han instalado torres de alarmas comunitarias con controles remotos que emiten alertas luminosas y sonoras, y notifican directamente a la Central de Monitoreo.

Iluminación Led: se ha reemplazado gradualmente la iluminación de vapor de sodio por luces Led, lo que no solo mejora la visibilidad en la ciudad, sino que también reduce el consumo de energía en un 50%.

Tótems de asistencia: se han instalado cinco tótems en puntos estratégicos de la ciudad, con sistemas de audio, balizas, cámaras y GPS. Estos permiten a los vecinos comunicarse con el Centro de Monitoreo a través de un botón de emergencia. Además, se encuentran en proceso de instalación nuevos tótems en otras áreas clave.

El intendente Bernarte se muestra optimista respecto a los resultados. “Las estadísticas reflejan en parte el impacto positivo del plan de seguridad que hemos implementado”, concluyó.

Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Tercero Arriba, Marcos Juárez y San Justo se destacan como los departamentos con menor incidencia de delitos en el primer semestre de 2024. Esta información se desprende del análisis de los delitos denunciados durante dicho período, mostrando una clara diferenciación en las tasas de criminalidad entre las diversas regiones de la provincia.

El promedio provincial de delitos denunciados es de 493 por cada 100 mil habitantes. Tercero Arriba, con su principal ciudad en Río Tercero, reportó la tasa más baja con 104 delitos cada 100 mil habitantes. Marcos Juárez, que tiene a la ciudad homónima como cabecera, registró 163 delitos, mientras que San Justo, con San Francisco como principal localidad, anotó 277 delitos.

En contraste, los departamentos con las tasas más altas de criminalidad en 2024 son Minas, Pocho y Punilla, con índices que oscilan entre 867 y 970 delitos por cada 100 mil habitantes.

La ciudad de Córdoba, que concentra el 39% de la población provincial, tiene una tasa de 624 delitos por cada 100 mil habitantes, significativamente superior al promedio provincial. Otros departamentos con tasas superiores a la media provincial incluyen Río Seco, Sobremonte, Cruz del Eje e Ischilín. Entre los departamentos más poblados del interior, Río Cuarto reportó una tasa de 368 delitos, Colón 381, General San Martín 355, Río Segundo 305, Unión 320 y Calamuchita 465.

El informe destaca que, en 2022, Tercero Arriba ya figuraba como el departamento con la menor tasa de delitos, mientras que Río Segundo tenía la mayor proporción de denuncias.

En el primer semestre de 2024, se denunciaron 115.646 delitos en toda la provincia, con 108.881 víctimas, lo que equivale a 635 delitos por día. Los robos y hurtos representan el 55% del total de delitos, seguidos por otros delitos contra la propiedad y daños, estafas y extorsiones. La ciudad de Córdoba lidera en cantidad de delitos debido a su alta densidad poblacional.

En la madrugada de este sábado, ocurrió un nuevo hecho de inseguridad en Frontera, en donde un panadero sufrió la rotura de la vidriera de su local. El negocio está ubicado en el camino interprovincial, en calle 1 al 600. LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con el propietario del lugar, quien se mostró muy indignado.

El dueño –que pidió resguardar su identidad- indicó que es la segunda vez en dos semanas que sufre un delito ya que también le robaron remeras de su regalería, la cual está al lado de la panadería. El daño no es tanto lo que sustraen los delincuentes sino por el costo que tiene que reponer el vidrio. “Trabajo de lunes a lunes y los feriados también para cubrir estos gastos,. En el robo pasado el vidrio que rompieron me salió 100.000 pesos, ahora voy a tener que pagar 100.000 pesos más. Estoy muy indignado”, expresó con bronca e impotencia. 

“Yo vivo atrás del negocio, escucho la explosión y cuando voy a ver qué pasó, me topo con el delincuente que sale corriendo. No logró robar nada. Me di cuenta que no me sacaron nada por la filmación de las cámaras. Estoy cansado como siempre, como todos los vecinos. Han agarrado esa zona y roban siempre por ahí, son siempre los mismos”, manifestó el damnificado. 

A su vez, el vecino denunció que en la zona no para de haber robos en todos los locales. “De nuevo me tocó a mí, hace dos días le robaron partes del auto a un vecino; hace cuatro días le robaron la bomba de agua al vecino de al lado. Todo el tiempo es robo; todo el tiempo rompen, todo el tiempo te sacan algo, es continuamente así, nunca cambia nada. Hice la denuncia como corresponde, la vez pasada también”, indicó. 

Con respecto a la identificación de los delincuentes, el dueño de la panadería comentó: “Me llegaron datos de quienes pueden ser esas personas, lo dejé asentado en la Policía, son siempre los mismos, son los que merodean la zona”.

Finalmente, pidió más acompañamiento por parte del municipio de Frontera y de la Policía de Santa Fe. “Lo único que me puede calmar es una respuesta por parte de la intendencia de Frontera. Como todos los vecinos y comercios estamos expuestos continuamente, la Policía hace su esfuerzo pero no es suficiente. Nadie se hace cargo, me da mucha bronca que no se acerquen a ver a los vecinos después de los robos. Desde que me robaron no puedo dormir y que no descanso”, concluyó.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, respaldó la necesidad de cambiar las normas de fondo y permitir que menores que delinquen sean juzgados como mayores. De acuerdo a lo publicado por los medios de la vecina provincia, ni siquiera procuró no entrar en la discusión de la edad en la que debería empezar a ser juzgado. "El menor que comete un delito mayor que sea juzgado como un mayor. Si agarra un arma y está dispuesto a matar, tenga la edad que tenga, sabe que está haciendo un daño. El Estado lo tiene que condenar porque le arruinó la vida a una familia. No quiero discutir la edad, si el pibe sabía o no. Un pibe de 14 o 15 años sabe lo que hace, agarra un arma y mata. Tenemos que ser claros porque si no, no vamos a resolver el problema", enfatizó en la ciudad de Reconquista cuando fue abordado por la prensa.

La postura del mandatario santafesino a favor de la baja de la edad de imputabilidad penal de los menores de edad y el anuncio de que el gobierno nacional enviará un proyecto al Congreso para que se apruebe la actualización de las normas en ese sentido son instancias diferentes de una misma problemática. Un asunto que origina arduos debates desde hace años, pero que no ha podido todavía ser saldado. 

Las autoridades nacionales apuraron el tema al conocerse que el principal imputado del asesinato de un trabajador de una estación de servicio en Rosario es un adolescente de 15 años. Las amenazas de las organizaciones de narcotraficantes que tienen en vilo a esa ciudad dispararon la tensión y abrieron nuevamente la puerta para reinstalar una discusión añeja que nunca terminó de encontrar cauce normal, teñida de ideologismos paralizadores y, por lo tanto, repleta de argumentos ineficaces. 

Durante las dos últimas décadas, especialmente, hubo masivas marchas para exigir mayor seguridad en algunas ciudades del país, declaraciones de los quienes se autoadjudican la condición de especialistas que ingresan en el debate con distintas posiciones, airados reclamos para que se termine “la puerta giratoria” en materia penal, opiniones de profesionales acerca de las nociones de responsabilidad que tienen los menores que cometen delitos, apreciaciones “garantistas” que sostienen que el delito es solo consecuencia de las condiciones deplorables en las que sobreviven numerosos sectores sociales. Los etcéteras podrían continuar. 

Pero nada se hizo hasta el momento. Nada se consiguió. Nada se acordó. Y, por eso, el debate, tan gastado y obsoleto, sobre la imputabilidad de los menores retorna cada vez que la sensación de inseguridad se adueña del espacio público. Pero la discusión tiene connotaciones futboleras. Un par de gritos, refutaciones vacías de contenido, opacidad, algunos silencios sospechosos, agresiones, espasmos ruidosos. Navega en aguas turbias y, cuando la espuma baja, se disipa en la nada misma. 

Sin embargo, algo parece haberse modificado. El debate es el mismo, pero el rumbo parece ir en una nueva dirección. El hartazgo de buena parte de la sociedad asoma como el motor de un cambio. Las palabras del gobernador santafesino son, creemos, fiel reflejo de esta tendencia. Pullaro dijo que “no puede ser que el Estado no tenga herramientas para no permitirle que ese menor esté en libertad, un menor que mató a sangre fría a un trabajador de 23 años. Si un menor de edad comete un delito de mayor debe ser juzgado como mayor y debemos reformar la ley". Consideró, además, que no se puede seguir debatiendo sobre las consecuencias de por qué muchas personas cometen esos delitos cuando hay miles de personas en la misma situación que no cometen delitos extremos. "Tenemos que ser prácticos, pragmáticos para resolver este problema que vive la Argentina. Si muchos creen que los menores que cometen delitos son víctimas de un sistema que se los lleven a su casa”. El desafío está planteado. Y el debate debe, de una buena vez, llegar a definiciones

La historia común entre las fuerzas de seguridad de Córdoba, Santa Fe y federales habla de algunos logros en el trabajo cooperativo, numerosas iniciativas lanzadas con escasos resultados, tantas postergaciones como obstáculos y controversias en el manejo de un tema tan sensible como la seguridad ciudadana en la geografía que determina el límite entre las dos provincias. 

Como se informó días atrás, Córdoba y la Nación firmaron un acuerdo para el establecimiento de protocolos de actuación conjunta entre las Fuerzas Federales y la provincia de Córdoba para agilizar el intercambio de información, el seguimiento de la situación, el logro de acuerdos sobre modos de acciones y previsión de operaciones conjuntas y la evaluación de los resultados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 24.059 y sus modificatorias, a la cual adhirió la Provincia mediante la Ley N° 8.831.

En ese marco, la puesta en marcha de la Mesa Operativa Conjunta entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales, concretada ayer en nuestra ciudad, podría constituirse en un hecho de trascendencia para la vida de los habitantes del este cordobés y el oeste santafesino. De plasmarse en los hechos todos los anuncios realizados, será una realidad que la planificación y la coordinación pasen a ser una norma común entre las policías que tienen jurisdicción en esta región. Así también, la entrega de armas no letales para uso del personal de la Departamental San Justo de la policía cordobesa se inscribe en este contexto que suena auspicioso. 

Todo ello redundaría en una mayor cooperación, apoyo logístico, comunicación, esfuerzos investigativos y diseño de estrategias conjuntas para luchar contra el delito. En especial, contra el organizado en clanes y bandas que se dedican al comercio de estupefacientes, organizaciones criminales que han sentado las bases de su accionar en ciertas regiones donde, precisamente, no se pudieron llevar adelante políticas efectivas de trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad que tienen jurisdicción en territorios limítrofes. 

El objetivo de hacer de Córdoba un “territorio hostil al narcotráfico”, como lo planteó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, adquiere vital preponderancia en tiempos en los que el deterioro socioeconómico y cultural es una realidad que favorece los planes delictivos de los mercaderes de la muerte. Así se planteó ayer en el acto de puesta en marcha de la Mesa Operativa Conjunta en materia de seguridad. Se habló de colaboración, de competencias, de generosidad, de construcción, de confianza. Y también de que la policía debe seguir siendo la columna vertebral de toda la política en esta materia. 

Es de esperar que las estrategias anunciadas permitan avances importantes en el combate contra la delincuencia organizada que ha tenido a maltraer a toda la población. En este marco, teniendo en cuenta que también Santa Fe –territorio especialmente afectado por el narcotráfico- ha firmado un convenio similar en materia de seguridad con el gobierno nacional, sería deseable que también participe la vecina provincia en estas acciones que no pueden tener otra meta que mejorar de manera sostenida los índices de inseguridad y violencia, así como devolver la confianza ciudadana en las fuerzas que se ocupan de esta apremiante problemática. 

Desde hace 10 días, la departamental San Justo de la Policía de la Provincia  de Córdoba está a cargo de la comisario inspector licenciada Analía Ludueña, quien de esta manera asume la máxima responsabilidad de esta repartición al reemplazar, de manera interina, al anterior jefe, el comisario mayor Cristian Gómez quien actualmente se encuentra desempeñando funciones al frente de la Dirección General de Policía Territorial y de Proximidad.

Se trata de la primera vez que una mujer se hace cargo de la máxima responsabilidad dentro de la Departamental San Justo. La comisario inspector llegó a esta tarea luego de desempeñarse como subjefa en momentos en que Gómez dirigía la repartición. Hasta su salida, Ludueña explicó que “me encargaba de todo el trabajo de la calle” abarcando tareas de relaciones institucionales y las acciones operativas de la fuerza.

La comisario inspector Ludueña no se sorprende por ser la primera mujer al frente de la Departamental ya que también fue la primera mujer en haberse desempeñado como jefa de Zona. “En momentos en que tuve que desempeñar esa tarea me enteré que era la primera mujer en hacerlo”, comentó a LA VOZ DE SAN JUSTO con satisfacción.

Lo mismo ocurrió al llegar al puesto de subdirectora y ahora como directora, ocupando de esta manera la máxima responsabilidad dentro de la Departamental San Justo.

Además, cuenta con una dilatada experiencia acreditada por sus 27 años dentro de la fuerza policial. Oriunda de Villa del Rosario, sus inicios como policía la contaron en diferentes destinos, comenzando en la Departamental Río Segundo tras lo cual experimentó “un gran crecimiento” profesional cuando prestó servicios en Jefatura en la ciudad Córdoba donde permaneció seis años, más precisamente en la Dirección General Departamentales Sur. Al obtener el grado de Oficial Superior fue asignada como jefa de zona en Las Varillas para luego finalmente recalar en San Francisco.

Sobre su gestión, aseguró que “vamos a seguir aplicando el mismo sistema de trabajo” que tenían cuando el comisario mayor Cristian Gómez estaba a cargo de la Departamental hasta tanto se termine de reestructurar la fuerza policial.

Tras considerarse como “una conocedora de lo que pasa en la calle” en materia de hechos delictivos, Ludueña indicó que “me encanta trabajar a la par del personal para estar al tanto de lo que cada uno hace y sobre todo, trabajamos en base a los hechos delictivos, estableciendo acciones preventivas en un trabajo conjunto entre el CAP (Comando de Acción Preventiva) y la Brigada de Investigaciones”.

De esta manera se tiene una imagen bien concreta de lo que se considera ‘el mapa de calor’ conformado por la zona donde se registra la mayor cantidad de hechos delictivos.

Al momento de elaborar una especie de ranking que establezca qué tipo de delitos se destacan en este último tiempo en San Francisco, Ludueña no dudó en señalar a los robos domiciliarios como aquellos que se ubican al tope de la lista.

“En este último tiempo tenemos muchos robos domiciliarios, sobre todo que ocurren cuando no hay moradores en las viviendas por cuestiones laborales o bien por un viaje o vacaciones”, dijo, aunque aclaró que “no se han registrado muchos casos de robo a mano armada ya que estos son los menos”.

Ante esto, y teniendo en cuenta que nos encontramos en plena época de vacaciones, sugirió a los vecinos que “no publiquen en redes sociales si están en un lugar distante a su domicilio, sobre todo que pueda hacer pensar que el domicilio que ocupa habitualmente estará desocupado por varios días. En todo caso deberían tener el apoyo de una persona de confianza que pueda ir hasta ese domicilio de manera periódica para que se pueda alertar que allí está viviendo gente”.

En segundo término, dijo que le preocupa “la generación de hechos de violencia familiar ya que esto demanda mucho el procedimiento de los efectivos”. Ludueña explicó que desde la fuerza policial “tenemos los móviles sectorizados por barrio y cuando recibimos estas denuncias tenemos que desafectar ese móvil y realizar otro despliegue para cubrir la vacante”.

Igualmente, comentó que a diario “recibimos numerosos llamados por distintos tipos de conflictos entre vecinos o bien por el traslado sospechoso de algún elemento, etc.”.

Además, la jefa policial resaltó el aporte del mecanismo de monitoreo urbano  en altura realizado a través del sistema de cámaras distribuido en distintos puntos de la ciudad. “Esto nos permite trabajar de una manera más directa al tener contacto con el centro de monitoreo, además de colaborar en la tarea policial arrojando resultados positivos”.

Ante la pronta puesta en marcha del Cuerpo de Prevención Urbana, la comisario Ludueña destacó “el aporte muy valioso” que este cuerpo va a brindar a la fuerza policial.

“Es indudable que con la puesta en marcha del Cuerpo de Prevención Urbana se van a sumar recursos humanos y materiales y esto nos ayuda mucho a nuestra forma de trabajar que creemos que va a optimizar los resultados positivos”.

La entrevistada rescató también el aporte del sistema de alarmas comunitarias que está conectado el centro de monitoreo. “Este es un gran aporte para la tarea policial ya que, al estar conectado al sistema de videovigilancia, una vez que se acciona la alarma se comisiona al móvil policial para que se constituya en un determinado lugar, se comunica a la central y a los móviles”.

Dentro de los resultados que arroja el mapa del delito, barrio Sarmiento es el sector de la ciudad con mayor cantidad de ilícitos cometidos. En tanto, “si bien el barrio Sarmiento es el sector con mayor cantidad de índices delictivos, últimamente hemos logrado reducir esa cantidad a partir de distintos procedimientos con detenidos”, dijo Ludueña.

En segundo lugar, “el sector donde se encuentra el country (Ayres del Golf, en la zona norte) nos mantiene bastante ocupados. Si bien hay seguridad privada, igualmente es un lugar donde tenemos llamados con frecuencia”.

En la jornada de ayer, aproximadamente a las 20.50, en la localidad de Devoto se produjo un episodio de violencia familiar en una vivienda ubicada en 9 de Julio al 800. 

Un hombre de 30 años, quien tenía una orden de restricción emitida por su expareja de 26, se presentó en su vivienda y comenzó a agredirla. 

Inmediatamente, efectivos de la Departamental San Justo de Policía procedieron a aprehenderlo y trasladarlo a una sede policial. Además, secuestraron el vehículo en el que circulaba. En este caso interviene la Fiscalía N°4 de turno. 

En la jornada de ayer, aproximadamente a las 20.30, un hombre de 56 años denunció en la sede policial de Brinkmann el faenamiento de un animal en la zona rural al noroeste de la localidad. 

Entrando en detalles, el hombre es el cuidador de un campo y se percató de que autores desconocidos faenaron un animal de su propiedad. Se trata de un vacuno de raza Overo Negro. Las pruebas de este delito fueron las vísceras que quedaron dispersas en el lugar. 

En este contexto, se dio conocimiento a Personal de la Patrulla Rural y se iniciaron las averiguaciones. 

De acuerdo al Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral, las estafas digitales crecieron cerca de un 200 por ciento en el año 2022, respecto de 2021. Se registraron, promedio, casi 5 mil fraudes mensuales. 

Entre los delitos más recurrentes, destaca la técnica de usurpación de identidad llamada “Phishing”, el cual tiene como fin engañar a un usuario para obtener información confidencial de forma fraudulenta y de esta forma apropiarse de la identidad de esas personas. De acuerdo con el reporte, esta estrategia se implementa en un 25% en la modalidad de “Vishing”, es decir, fraudes mediante llamadas telefónicas. En esa misma línea, el organismo advirtió sobre el apoderamiento de datos personales para estafas bancarias a través de correos electrónicos. Si bien afirman que este tipo de maniobras no son nuevas, por lo general suelen cambiar la fachada utilizada para presentarse ante diferentes grupos de víctimas.

Otros datos significativos del estudio revelan que al menos el 20% de los usuarios sufrió al menos una estafa el año pasado. Y el 18% de los comerciantes también pasó por circunstancias similares. Es muy significativo, además, el número de personas a las que les robaron sus tarjetas o los datos de las mismas. Al mismo tiempo, los hackeos a las billeteras virtuales o cuentas de homebanking llegan a porcentajes cercanos al 20%. 

El informe constata una verdad incontrastable: los dispositivos tecnológicos digitales son tanto un espacio para el encuentro y la socialización como también para el delito y el crimen. Son una riqueza enorme para el progreso del ser humano. Pero su utilización no ética supone un riesgo mayúsculo que expone a las personas a sufrir consecuencias que pueden ser devastadoras. 

En este marco, la prudencia es el mejor consejo. La naturalidad con la que las personas nos enfrentamos a estos sistemas digitales abren la puerta a la falta de prevención, incluso en las transacciones más sofisticadas. El uso del instrumento digital implica estar alerta frente a cualquier trámite y a la recepción de información de dudoso origen. Y también a dar aviso a las autoridades no solo cuando se es víctima, sino también si se tiene la seria sospecha de que se está tramando un delito. 

Por cierto, no es sencillo para el usuario común desenmascarar a los ciberdelincuentes. Porque, pese a que algunos novatos en el arte de engañar cometen errores infantiles, la mayoría de los estafadores digitales tienen habilidades tecnológicas avanzadas. Atacan a organismos públicos y empresas multinacionales, tanto como lo hacen con cualquier propietario de una cuenta corriente o de una tarjeta de crédito. Roba datos con facilidad y se aprovechan de los descuidos más comunes, fruto de la ingenuidad con la que, en reiteradas ocasiones, usamos las aplicaciones digitales. 

El panorama descripto obliga a intensificar las medidas de seguridad digital. Y a “alfabetizar” a toda la sociedad en la materia. Sin protección ni conocimientos adecuados, todos estamos a un clic de ser víctimas de la ciberdelincuencia.