Los niveles de denuncias por violencia de género en San Francisco no muestran una baja significativa. La estadística, lejos de ser un número frío, expone una problemática persistente que atraviesa a la comunidad y desafía al sistema judicial. En ese marco, el juez Andrés Peretti, titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil, analizó la situación actual, los instrumentos de protección y el alcance de una premisa que considera central: juzgar con perspectiva de género.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, el magistrado confirmó que la tendencia se mantiene en parámetros similares a los registrados meses atrás. “Teniendo en cuenta la época del año, la tendencia se mantiene. Durante el receso judicial de enero, las denuncias tuvieron un crecimiento, pero no fue sustancial en comparación con los primeros meses del año 2025”, precisó al ser consultado sobre si el promedio de entre 9 y 10 denuncias diarias informado en octubre pasado había variado.

Peretti aclaró que el juzgado no se encuentra saturado, aunque reconoció un escenario más complejo. “No, en nuestro Juzgado no podemos hablar de saturación. Si bien existe un aumento de denuncias e incumplimientos, debemos ser más efectivos y eficientes en nuestra labor e instar a las demás partes intervinientes a trabajar en ese sentido”, afirmó.

 En cuanto a herramientas concretas de protección, informó que “al día de la fecha, el Juzgado entregó 35 botones antipánico (SALVA) y 3 dispositivos duales (tobilleras electrónicas)” en la Quinta Circunscripción Judicial. Además, detalló que “más de la mitad de las medidas que dispone el Juzgado son impedimento de contacto o ‘perimetrales’, mientras que las exclusiones —con y sin reintegro de la víctima— ascienden al 10%”. También subrayó que, cuando la situación lo requiere, se ordena la incautación de armas.

El análisis de las modalidades de violencia permite comprender la dimensión del fenómeno. Citando el último informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Peretti indicó que la violencia psicológica alcanza el 96% de los casos, seguida por la simbólica (43%) y la física (42%). En menor medida aparecen la ambiental, la económica y patrimonial, la social y la sexual. La prevalencia de la violencia psicológica da cuenta de prácticas menos visibles pero persistentes, que muchas veces anteceden o acompañan otras formas de agresión.

Otro dato que preocupa es el incumplimiento de las medidas judiciales. “El porcentaje de desobediencia a la orden judicial oscila entre el 15% y 20%”, informó el juez. A nivel nacional, agregó, del total de femicidios solo existió denuncia previa en el 20% de los casos, mientras que en Córdoba el porcentaje es del 10%. Estas cifras evidencian la baja proporción de situaciones que llegan a judicializarse antes de los desenlaces más graves.

 Consultado sobre si las víctimas denuncian en etapas más tempranas o cuando el conflicto ya escaló, respondió que “no es constante”, aunque recordó que hacia fines del año pasado se registraron “situaciones de extremo riesgo que exigieron medidas rápidas para evitar que las agresiones sigan creciendo”. En esos casos, explicó, se dispuso un abordaje específico “para romper con el círculo de violencia”.

—¿Cuál es hoy el mayor desafío que enfrenta el juzgado en materia de violencia familiar?

Si bien consideramos que el profundo cambio cultural para promover una sociedad más respetuosa de las diferencias y que acepte e incluya a todos y todas como sujetos de pleno derecho depende principalmente de políticas públicas por parte del Poder Ejecutivo, las resoluciones del Poder Judicial tienen poder simbólico y es nuestra obligación juzgar con perspectiva de género.

El magistrado sostuvo que la violencia doméstica y de género es una cuestión sociocultural, “creada, sostenida e implementada durante siglos”, y que un abordaje unidimensional desde el derecho resulta insuficiente. “Es necesario contar con la visión y labor de otras disciplinas como la psicología, la sociología y asistentes sociales”, señaló, y reconoció la necesidad de fortalecer esas competencias.

También consideró que, dado el bajo porcentaje de denuncias previas en casos graves, “podría implementarse más tecnología para la recepción de denuncias”, como sistemas de mensajería silenciosa o herramientas de geolocalización que faciliten la puesta en conocimiento de situaciones de violencia.

—¿Hay reincidencia en los denunciados?

Sí, hay incumplimientos a las medidas de protección dispuestas por nuestro Juzgado. El porcentaje de desobediencia a la orden judicial oscila entre el 15% y 20%.

—¿Se detectan más denuncias en determinados momentos del año?

Sí, en los fines de año suelen aumentar como consecuencia de las elevadas temperaturas, el consumo de drogas, el alcohol en exceso y las fiestas, entre otros factores que potencian la violencia física, psicológica e incluso sexual.

 En relación con el origen de las denuncias, Peretti explicó que “generalmente denuncian las víctimas, pero puede suceder que terceros también lo hagan”. Recordó que hay personas que pueden denunciar —familiares, vecinos— y otras que deben hacerlo, como organismos asistenciales, educativos, de salud, deporte o justicia, tanto públicos como privados, obligados a informar situaciones de violencia o sospechas serias.

- ¿Qué estereotipos persisten aún sobre las mujeres en el Poder Judicial?

Muchos, pero con la permanente capacitación y formación, los sesgos y estereotipos bajan su intensidad.

Entre los estereotipos más arraigados sobre las mujeres en el Poder Judicial se destacan la relación directa e inmediata con la sensibilidad y la debilidad en lugar de la autoridad, la creencia de que su rol natural es el cuidado –doméstico y maternidad– y la presunción de que carecen de la ambición o asertividad necesarias para altos cargos, dificultando su ascenso y justicia.

Esos estereotipos terminan impactando en múltiples aspectos –“techo de cristal”, “piso pegajoso”, “losa de hormigón”, “micromachismos”– y en el caso concreto del fuero de violencia familiar o doméstica, se expande hacia la duda o descreimiento sobre la denuncia de la mujer, lo que deriva en la revictimización y uso de prejuicios que atentan contra la igualdad real o sustantiva.

—¿Qué implica en la práctica juzgar con perspectiva de género?

Es “mirar” con lentes específicos, atendiendo a las partes involucradas y las cuestiones planteadas. Ponerse los lentes para apreciar las diferencias y valorar las pruebas de todo sin estereotipos ni discriminatorios ni favoritismos por razones de funciones de género. En otras palabras, implica detectar relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad y tomar en consideración la presencia de estereotipos discriminatorios de género en la producción, interpretación normativa y en la valoración probatoria.

En determinadas situaciones, como la niñez y la adolescencia, el género, la identidad racial, la pertenencia religiosa o el origen social o nacional –entre otras−, la igualdad de trato –“todos somos iguales ante la ley"– oculta la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran determinados grupos por hallarse sometidos, de diversas formas, a la violencia y discriminación. Por eso, juzgar con perspectiva de género es reconocer patrones y estereotipos machistas, como por ejemplo, saber que la retractación o levantamiento de la denuncia solicitada por la persona que denunció no puede ser resulta sin análisis interdisciplinario previo.

Ello porque las retractaciones suelen confirmar que el círculo de violencia y la luna de miel sigue instalado, al punto que las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de Nación informan que en la gran mayoría de los casos, el pedido de levantamiento de denuncias fueron bajo amenazas del agresor.

Otro ejemplo fue la licencia por paternidad implementada por la Corte Suprema de Justicia de México. Las reacciones fueron todas adversas, alegando que era una excusa para no trabajar y demás, pero no se piensa en la ayuda-colaboración-acompañamiento que requiere la mamá en las primeras etapas de la infancia. Si el varón se va a trabajar a los pocos días de nacido el bebé, la mamá se queda sola y con el 100% de la carga de cuidado.

Finalmente, Peretti agradeció al equipo que integra el Juzgado que preside, destacando su compromiso diario y la colaboración en la obtención de los datos. En un contexto donde las denuncias no bajan, el desafío, concluyó, es doble: mejorar la respuesta institucional y contribuir a una transformación cultural que desactive la violencia antes de que escale.

 La Dirección de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de San Francisco, a cargo de Nancy Marrone, denunció a través de un comunicado un presunto hecho de discriminación ocurrido en un local nocturno de la ciudad, donde a una mujer trans se le habría negado el ingreso.

En el texto difundido, el área expresó: “No podemos dejar de manifestar nuestra preocupación ante lo que habría sido un hecho de discriminación en un local nocturno de la ciudad de San Francisco, en el cual se le habría negado el ingreso a una mujer trans”.

Desde la Dirección señalaron que este tipo de acciones “vulneran derechos constitucionales y resultan contrarias a los principios de igualdad, respeto y no discriminación, más allá de la orientación sexual de cada persona que habita el suelo argentino”.

Asimismo, remarcaron la responsabilidad de los espacios de recreación de garantizar entornos seguros y libres de violencia: “Los espacios de recreación tienen la responsabilidad de garantizar entornos libres de violencia, donde todas las personas tengan derecho a disfrutar sin ser excluidas”.

Si bien reconocieron que los establecimientos cuentan con derecho de admisión y permanencia, invitaron a reflexionar sobre su aplicación: “Invitamos a reflexionar para que éste no sea ejercido en detrimento de los derechos fundamentales anteriormente mencionados”.

En el comunicado también se advirtió que “resulta preocupante que aún persistan prácticas que reproducen estigmatización y prejuicios hacia las diversidades, afectando la dignidad y el bienestar de las personas”, y se subrayó que “estas situaciones no deben ser naturalizadas ni silenciadas”.

Finalmente, desde el área municipal reafirmaron su posicionamiento institucional al sostener: “Reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad, para la construcción de una sociedad más justa basada en el respeto, la equidad y la inclusión”.

La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich denunció este lunes al presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, ante el Comité de Ética de la CONMEBOL.

La ex ministra de Seguridad calificó el accionar de ambos acusados de “mafioso” y aseguró que ese tipo de actividades “ensucian” al fútbol argentino.

“A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes?”, cuestionó desde sus redes sociales.

En el documento, Bullrich sostuvo que tanto Tapia como Toviggino están señalados ante la Justicia por “presuntas violaciones al Comité de Ética de la CONMEBOL", y porque de todas las acciones por las que son acusados van en contra de la “integridad” y la “transparencia”.

“La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, concluyó la senadora.

El texto presentado por Bullrich sostiene que los hechos que involucran a Tapia y Toviggino “evidencian posibles conflictos de intereses no esclarecidos" y coinciden “temporal y materialmente” con investigaciones judiciales en curso “por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial”.

“Este conjunto de circunstancias compromete seriamente los estándares de integridad, transparencia y buena gobernanza exigidos por la CONMEBOL a sus asociaciones miembro”, indica la senadora en el documento.

Por otra parte, remarcó que se encuentra en trámite una investigación judicial “en la que se analizan maniobras vinculadas a la adquisición, administración y tenencia de bienes de altísimo valor económico”, a través de sociedades comerciales “presuntamente utilizadas como estructuras patrimoniales interpuestas” por los acusados.

“Dado que los hechos involucran a la conducción de una de las asociaciones miembro más relevantes de la CONMEBOL, y que se vinculan con flujos financieros, contrataciones y relaciones institucionales que trascienden el ámbito estrictamente local, se verifica una afectación directa a la integridad, credibilidad y reputación del sistema del fútbol sudamericano, lo que justifica la intervención del Tribunal de Ética como órgano garante de dichos valores. Por todo ello, el Tribunal de Ética de la CONMEBOL resulta plenamente competente para conocer, investigar y eventualmente sancionar las conductas denunciadas”, finaliza el documento.

La Cooperativa Tambera “Las Cañitas” Ltda., de la localidad de El Tío, denunció ante la Justicia a uno de sus miembros, Reynaldo Iván Rivarola, por una presunta maniobra de estafa y abuso de confianza que, según señaló, “pone en riesgo la estabilidad económica y financiera de la institución y de toda la región”.

El caso se originó tras una denuncia presentada por el abogado Juan Alberione, representante legal de la cooperativa, en la Fiscalía de Arroyito contra Rivarola, integrante del Consejo de Administración desde 2016 y productor lechero de gran escala en la zona.

Según explicó el abogado, Rivarola habría utilizado su posición interna y el acceso a información sensible para “organizar una serie de actos que terminaron perjudicando gravemente a la cooperativa”.

“Rivarola, junto con su esposa, María Victoria Maure, son los principales responsables del desfasaje actual que atraviesa la cooperativa”, afirmó Alberione en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO.

“Él formaba parte de la mesa chica, conocía los convenios y acuerdos comerciales, y con esa confianza se fue haciendo de valores, bienes y productos de la cooperativa”, añadió.

De acuerdo con el abogado, el empresario habría recibido cheques de la cooperativa por unos 6.000 millones de pesos, que luego colocó en el circuito financiero para obtener efectivo.

“Salió a la calle a vender esos cheques de la cooperativa a cambio de dinero. A cambio, entregó a la cooperativa cheques propios como respaldo y hoy todos esos cheques están volviendo devueltos y la cooperativa tiene dos opciones: o no paga y enfrenta juicios, o paga y se funde”, advirtió Alberione.

El letrado estimó que el perjuicio total rondaría entre 17 y 18 millones de dólares, lo que equivale a unos 20.000 millones de pesos.

La presentación judicial no incluye aún una calificación legal definitiva, ya que se solicitaron medidas de investigación. “Expusimos toda la maniobra ante la fiscalía sin sugerir un delito específico, aunque podría encuadrarse en estafa o abuso de confianza”, explicó Alberione.

Según el abogado, la operatoria se basó en el uso de información interna y en la emisión de cheques sin respaldo. “Rivarola entregó como garantía cheques que ya sabía que iban a venir rebotados. Ese es el reproche penal: sabía que los valores que daba carecían de fondos”, sostuvo.

La cooperativa solicitó además a la Justicia una medida urgente para frenar el cobro de los cheques emitidos a favor de las empresas de Rivarola, hasta que se determine si existió delito. “Buscamos que se ordene no pagar esos cheques para mantener en vida la cooperativa. Estamos hablando de una institución que da trabajo a más de 500 personas entre productores, empleados y contratistas”, remarcó.

Mientras tanto, el empresario presentó ante la Justicia de San Francisco el pedido de concurso preventivo de las empresas del Grupo Rivarola, conformado por Guaymallén S.A., Lacticiniis S.A., El Talalo S.A. y Espartana S.A.S.

La presentación fue realizada el 6 de octubre pasado ante el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de 1ª Nominación. Según la documentación, el grupo acumula una deuda global superior a los 19 millones de dólares, con miles de cheques rechazados y compromisos financieros impagos.

El propio Rivarola también pidió su concurso personal como garante de las empresas y solicitó suspenderlo hasta que se resuelva el de las firmas principales.

“Él ya sabía que se iba a presentar en concurso y, sin embargo, fue a la cooperativa a seguir pidiendo dinero”, relató Alberione.

“El mismo sábado que hicieron una asamblea por la crisis económica fue a solicitar más fondos. Todo esto demuestra la premeditación de su accionar”.

Tras quedar expuesta la maniobra, Rivarola renunció al Consejo de Administración de la cooperativa mediante un acta notarial.

“Lo iban a excluir, pero antes de eso presentó su renuncia. Cuando se le pidieron explicaciones, no las supo dar”, señaló Alberione.

El abogado advirtió que el impacto del caso “trasciende lo institucional”, ya que la cooperativa es una fuente clave de trabajo y producción en el centro-este cordobés.

“Esto no solo afecta a Las Cañitas, sino también a los productores que trabajaban con ella. La cooperativa siempre fue una institución solvente, reconocida por cumplir con sus compromisos. Hoy se ve en riesgo por una maniobra de abuso de confianza”, concluyó.

El representante juecista en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, presentó una denuncia contra la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Amelia López, por presuntos “gastos que no se corresponden con la actividad propia del organismo”.

En la presentación, Corvalán detalla que durante 2024 funcionarios de la Defensoría, entre ellos la propia López, viajaron a eventos internacionales con fondos públicos y que las estadías se extendieron más allá de las fechas oficiales, incluyendo destinos turísticos o recreativos fuera de la agenda institucional.

“Lo grave de esta situación es que los viajes se extendieron más allá del tiempo del evento y sumando destinos turísticos o recreativos por fuera de la actividad institucional”, expresa el texto.

Según la denuncia, los gastos observados incluyen consumo de bebidas alcohólicas, selección de asientos preferenciales y pagos por equipaje adicional en vuelos internacionales. Entre los ejemplos citados figura un viaje a Río de Janeiro, en septiembre de 2024, con consumo de cerveza a cargo del erario público, y otro a Roma, donde López habría extendido su estadía hasta Florencia, a más de 300 kilómetros del lugar del congreso.

Además, se menciona el caso de Milagros Jiménez López, funcionaria del organismo, cuyos costos por elección de asientos y equipaje adicional ascendieron a $565.000 en septiembre del año pasado. También se detalla un viaje de Jiménez López a Madrid y Roma entre el 11 de noviembre y el 6 de diciembre de 2024.

“Esa transgresión fue más allá, llegando al punto de gastar en el consumo de bebidas alcohólicas en destinos turísticos como Florencia (Italia) y Río de Janeiro (Brasil) y solicitar el reintegro de esos gastos para que sean financiados con fondos públicos”, agrega el texto presentado por Corvalán.

La denuncia fue formalizada ante los organismos de control y busca determinar si existió un uso indebido de recursos públicos asignados a la Defensoría.

Recordemos que  Amelia López había cuestionado públicamente en noviembre de 2024 al fiscal Oscar Gieco, quien entonces encabezaba la investigación del crimen de la niña Aralí Vivas, ocurrido en Brinkmann. En ese momento, la defensora acusó al funcionario judicial de difundir “datos sensibles” y pidió al Ministerio Público Fiscal que interviniera.

En aquel comunicado, la Defensoría sostuvo que Gieco “expuso innecesariamente” información sobre la víctima y sus hermanos, lo que —según López— generaba una revictimización. También cuestionó la labor del perito Mario Vignolo y del médico forense, al señalar una exposición mediática “absolutamente reprochable”.

La denuncia actual contra López reaviva el debate sobre la transparencia y el control del gasto público, especialmente en organismos vinculados a la protección de derechos. Hasta el momento, la funcionaria no se pronunció públicamente sobre las acusaciones en su contra.

Un hombre fue interceptado este martes en San Francisco, luego de ser denunciado por arrojar residuos desde su automóvil en un espacio verde de la ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 10.30 de la mañana, cuando un mensaje recibido a través de la plataforma “Ojos en Alerta” alertó sobre un vehículo que arrojaba basura en el sector de Juan Díaz de Solís y General Paz.

De inmediato, una cámara de monitoreo se posicionó sobre el lugar y observó cómo un automóvil Ford Escort se retiraba de la zona. La Guardia Local recibió la orden de intervenir y detuvo el vehículo en Avenida 9 de Septiembre al 1671.

El conductor manifestó que trabajaba en un domicilio cercano y que desconocía la prohibición de arrojar desechos en ese espacio. Personal de la Secretaría de Servicios Públicos se presentó en el sitio para labrar el acta de infracción correspondiente.

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Desde el municipio recordaron la importancia de respetar las normas para el cuidado del ambiente y el uso adecuado de los espacios verdes.

El médico Pablo Ghisoni, quien estuvo tres años preso luego de la denuncia de su hijo por abuso sexual, quien ahora reveló que todo había sido inventado por su madre, sostuvo que existe “un sistema perverso”.

Días atrás se dio a conocer el video de Tomás, quien contó que de chico fue manipulado por su madre para denunciar a su papá por abuso sexual, lo que provocó que esté preso durante tres años.

Ante la viralización del video, Pablo Ghisoni habló sobre el calvario vivido y la falsa denuncia realizada por su hijo, quien fue operado por su ex esposa.

Tomas en el video donde confirma que fue manipulado por su madre

Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / redes

“Son cosas que uno cree que son imposibles, pero pasan. Mi ex mujer, para quedarse con la custodia de mis hijos, armó una denuncia en mi contra por abuso sexual”, relató Ghisoni en diálogo con el periodista Antonio Fernández Llorente por radio Splendid AM 990.

Todo comenzó en 2012 cuando la Justicia determinó que los tres menores debían quedar al cuidado de su padre tras el divorcio. La situación se tornó un martirio cuando en 2016 Andrea Vázquez acusó falsamente al médico de haber abusado y violentado a su hijo Tomás.

El médico contó que desde la denuncia realizada no pudo volver a ver a sus hijos y que se trata de “un calvario eterno, una destrucción brutal del vínculo”.

En este marco, sostuvo que existe “un sistema perverso armado que funciona como un negocio”, por lo que pidió que “no haya más familias Ghisoni destruidas por un poder judicial que no escucha”.

Ghisoni sostuvo que durante estos años fue vulnerado de sus derechos, por lo que manifestó la necesidad de que “las falsas denuncias deban ser penalizadas”.

Acerca del video viralizado, relató que le produjo “una congoja tremenda”.

Por último, respecto a Vázquez, añadió que “es una denunciante serial y crónica” y que “tiene diagnóstico de psicópata y narcisista”.

El gobierno de Bolivia formalizó este jueves una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales ante la Fiscalía, acusándolo de terrorismo, instigación a delinquir y otros delitos, en el marco de los bloqueos de caminos que paralizan regiones clave del país.

La acción legal marca un nuevo punto de inflexión de la crisis política y social que vive ese país, con el crecimiento de puntos de bloqueo de 13 a 27 a nivel nacional, a menos de tres meses de unas elecciones generales decisivas.

El ministro de Justicia boliviano, César Siles, explicó a los periodistas que la querella no solo apunta a Morales, sino también a quienes resulten cómplices o ejecutores de las movilizaciones violentas. "Hemos solicitado que el Ministerio Público actúe con celeridad. Las víctimas son todos los bolivianos, principalmente enfermos sin atención, personas con discapacidad sin tránsito y pueblos indígenas aislados", dijo Siles.

La denuncia abarca delitos como terrorismo, obstrucción del proceso electoral, desobediencia a resoluciones constitucionales, atentado contra la libertad de trabajo y la seguridad de los servicios públicos, además de la destrucción de bienes del Estado.

El Ejecutivo asegura contar con pruebas de que Morales habría instruido "cercar ciudades" y bloquear para evitar las elecciones. Desde el lunes, la situación en las rutas del país se ha deteriorado rápidamente. Los puntos de bloqueo se duplicaron en solo 48 horas pasando de 13 a 27, según datos actualizados de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

La mayoría se concentran en el departamento de Cochabamba (centro), bastión del líder cocalero y expresidente. También se reportan cortes en Potosí (sudoeste), Oruro (oeste), La Paz (oeste) y Santa Cruz (este).

Las medidas de presión son impulsadas por sectores afines a Morales que exigen su habilitación como candidato presidencial, pese a no contar con un partido político acreditado y a las resoluciones del Tribunal Constitucional que lo inhabilitan.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Marcelo Montenegro, estimó que las pérdidas diarias por los cortes de ruta oscilan entre 150 y 200 millones de dólares.

"Ya vivimos una paralización similar el año pasado que costó más de 3.000 millones. No podemos repetir ese escenario por intereses personales de alguien que no puede ser candidato", afirmó.

Telecentro presentó una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Cndc) contra Telecom por la reciente adquisición de Telefónica Argentina, argumentando que la operación genera concentración económica y un monopolio ilegal.

Según la empresa, esta fusión le otorgaría a Telecom el control dominante en varios servicios de telecomunicaciones, afectando la competencia y perjudicando el interés económico general.

Telecentro solicitó que la CNDC investigue a fondo todos los detalles de la operación y determine si esta concentración vulnera las leyes de defensa de la competencia, impactando negativamente a los usuarios y limitando las opciones del mercado de telecomunicaciones en Argentina.

La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, a cargo del fiscal Oscar Gieco, lleva adelante una investigación tras las maniobras temerarias realizadas por un grupo de motociclistas el pasado fin de semana en San Francisco. El incidente, que involucró a alrededor de 50 personas que circulaban peligrosamente por la ciudad, motivó la intervención de la Policía y una denuncia presentada por la municipalidad.

La denuncia municipal hizo referencia al peligro generado por el grupo de motociclistas, que, convocados a través de las redes sociales, realizaron una “caravana” por las calles de la ciudad, poniendo en riesgo la seguridad de conductores y peatones. Según las autoridades, la situación empeoró cuando los motociclistas desoyeron las indicaciones de la Policía y continuaron con sus maniobras peligrosas.

“El personal de Seguridad Vial, en colaboración con la Departamental San Justo, intentó detenerlos, pero lejos de acatar las indicaciones, continuaron con su raid de conductas inapropiadas para la seguridad vial”, explicó Nelson Carrizo, secretario municipal de Prevención y Movilidad Urbana. Además, Carrizo destacó que las acciones de los motociclistas fueron completamente registradas por las cámaras de seguridad de la ciudad.

Como consecuencia del operativo, se llevaron a cabo tres allanamientos simultáneos en San Francisco y la localidad de Porteña, que resultaron en el secuestro de los motovehículos involucrados y varios celulares relacionados al evento. En relación a los responsables, se ordenó la imputación de los organizadores del evento por el delito contemplado en el artículo 193 bis del Código Penal, que establece sanciones para quienes participen o promuevan pruebas de destreza con vehículos sin la debida autorización.

“Es un fenómeno que ha crecido en varios puntos del país, y en este caso, se produjo en nuestra ciudad, causando gran preocupación”, dijo Carrizo, quien remarcó la peligrosidad de este tipo de conductas para la seguridad vial. A este tipo de actividades, a menudo conocidas como “Domingrau”, se les asocia con maniobras temerarias como picadas y acrobacias sobre motos, las cuales ponen en riesgo la integridad física de los participantes y de los demás ciudadanos.

El intendente Damián Bernarte, quien instruyó la presentación judicial ante la Fiscalía, señaló: “Hemos resuelto tomar esta medida para que se investigue la responsabilidad penal de los organizadores y participantes, y se actúe en consecuencia”. La denuncia judicial se basa en el artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona con prisión de 6 meses a 3 años a quienes organicen o participen en este tipo de eventos sin la debida autorización.

En tanto, las autoridades municipales expresaron su preocupación por el aumento de este tipo de prácticas, que, además de generar riesgos para la seguridad vial, afectan la tranquilidad de la comunidad. “La prioridad es proteger la seguridad de todos los ciudadanos, y por eso actuamos con firmeza para que no se repitan situaciones como esta”, expresó Carrizo.

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El diputado radical Facundo Manes presentó una denuncia penal contra  Santiago Caputo por “amenazas coactivas” por considerar que fue “intimidado” por el asesor presidencial debido a la influencia que tienen en áreas claves del Estado.

Con el patrocinio del abogados Andrés Gil Domínguez y Marino Berguez, presentó anoche en forma electrónica la denuncia y se pidió bolillero manual del sorteo en que juzgado caerá esa presentación.

Además pidió que se  disponga las medidas pertinentes para “resguardar mi integridad personal y la de mi familia”.

Caputo y Manes se cruzaron frente a frente a la salida de la Asamblea Legislativa donde mantuvieron ya venían manteniendo una disputa luego del intento del diputado de interrumpir al Presidente Javier Mile, quien a la vez le respondió, en el marco de su discurso de apertura de la sesiones ordinarias.

En el escrito se pide constituirse en querellante, Manes señalo que fue ""amenazas coactivas, toda vez que es dable concluir que se llevaron a cabo para intimidar a un Diputado Nacional  con el fin de que ese Diputado deje de hacer algo, en este caso, que deje de hacer críticas en el marco de su función, a autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, entre ellos —se entiende— el Presidente de la Nación".

Señaló que el objetivo de esa intimidación es "una suerte de disciplinamiento al resto de los legisladores no partidarios”.

En los argumentos de la presentación Manes señaló que "más allá de la repercusión periodística del asunto porque involucró a un diputado nacional en el marco del discurso presidencial de apertura de sesiones legislativas y la sorpresiva y violenta intervención del principal asesor del Presidente, el punto aquí es establecer la delictuosidad del comportamiento Santiago Caputo y del resto de personas que lo acompañaban. No tenemos dudas que se ha configurado el delito de amenazas agravadas“.

“Sentí por detrás dos golpes en la zona renal de mi cuerpo que me propinó alguno de los acompañantes de Caputo, a quien no pude ver o identificar. Diría de los comúnmente llamados ‘cortitos’”, denunció el diputado radical.

Manes señaló que “la inmunidad parlamentaria prohíbe que un diputado o senador sea molestado por sus dichos o votos y el Código Penal brinda una herramienta penal para sancionar a quien intente coaccionarlo mediante amenazas”

“De este modo, el ordenamiento asegura no solo que el legislador no pueda ser judicialmente responsabilizado por sus opiniones, sino también que terceros no puedan impunemente amedrentarlo para condicionar su conducta parlamentaria”, detalló.

Agregó que “entendemos que los hechos se enmarcan, como mínimo en esa calificación legal. Esto sin contar con que el comportamiento -por su gravedad- podría encuadrar en la parte final del artículo 149 ter inciso 2.a del Código Penal toda vez que -de alguna forma- se está compeliendo al afectado a que no ejerza la función de Diputado Nacional en los términos que la Constitución argentina lo establece”

Destacó que Caputo “tiene injerencia en cantidad de actividades y organismos del Estado, por más que no tenga asignadas tareas fijas. De hecho y también así lo dice el propio Presidente de la Nación, se habla del trípode o triángulo de poder del Gobierno integrado por el aludido y los hermanos Javier Milei (Presidente de la Nación) y Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia con omnipresencia en todas las áreas de la gestión pública)”.

Al relatar Manes señaló que “El 1 de marzo de 2025, me presenté en el recinto para intervenir en la Apertura de las 143º Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación que -como es sabido- se iniciaban con el discurso presidencial del Señor Presidente Javier Gerardo Milei”.

En ese sentido agregó que "además de otros legisladores, público en general y funcionarios de otros poderes del Estado, en uno de los palcos ocupando una cercana ubicación privilegio con las bancas de los legisladores, se encontraba el Señor Santiago Luis Caputo quien actualmente se desempeña como Asesor Presidencial y conforma el “triángulo de hierro” que de forma para constitucional se encarga de la administración general del país.

Relató que cuando estaba avanzando el discurso, el presidente de su bloque Democracia para Siempre Pablo Juliano, le preguntó si iban a subir las penas por el delito de las cripto estafas y  a su lado con un ejemplar de la Constitución argentina en mis manos se la mostré al Presidente".

Dijo que en esa circunstancia Milei le respondió y hubo aplausos de legisladores y militantes a las palabras del Jefe de Estado, pero señaló que en ese momento “comencé a escuchar gritos que provenían de un palco superior ubicado detrás de mi persona. Cuando me di vuelta y alcé la vista observe a varias personas en uno de dichos palcos, entre las cuales identifiqué al Señor Santiago Caputo”.

“ Todos desaforados, me gritaban e, incluso, éste último hizo un gesto que en el contexto me intimidó, al acercar y retirar sus dedos índice y mayor a los ojos. También a ellos (y al Señor Caputo que estaba en el medio) les exhibí el texto de la Constitución argentina. Las imágenes se han difundido por redes sociales y por medios audiovisuales, por dicho motivo, solicito que el magistrado actuante las requiera como prueba de los hechos”.

“En dichas circunstancias (las imágenes lo grafican muy bien), el Señor Caputo se puso a mi lado e hizo un acercamiento cara a cara muy intimidante. Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi 6 oído y decirme en tono amenazante: ‘Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio’, a lo que yo respondí, ‘Yo estoy limpio’, a lo que él me espetó: Vos no me conoces a mí´', y yo respondí ‘ te conozco’”, subrayó.