La última encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés señala que solo el 33% de los argentinos se declara satisfecho con la marcha del país, mientras el 65% expresa insatisfacción. Más significativo aún es el cambio en las preocupaciones sociales. Ahora pasan primero por los bajos salarios y la falta de trabajo desplazando a la inflación al tercer puesto.

Otros sondeos brindan resultados similares, lo que al parecer está demostrando que la percepción social se ha corrido del eje que mantuvo durante mucho tiempo, en especial luego del fracaso evidente del anterior gobierno nacional en esta materia. Entonces, ya no se está permanentemente pensando en cuánto suben los precios -aunque lo siguen haciendo-, sino de cuánto rinde el salario y cómo mantener o encontrar empleo.

Esta nueva realidad exhibe un dato de difícil digestión. Para muchos argentinos, trabajar ya no alcanza para llegar a fin de mes. La tasa de desempleo, antes una radiografía certera del mercado laboral, hoy ya no resulta suficiente para describir el panorama. La última medición de ese indicador fue del 7,5%, lo que llevaría a suponer una relativa estabilidad. Pero las encuestas revelan que  uno de cada cinco trabajadores necesita más empleo o mejores ingresos. Así, están creciendo los ocupados que demandan otro empleo porque con uno solo no alcanza para vivir con dignidad.

Esta realidad se refleja también en el hecho de que más de la mitad de los hogares recurre al crédito para cubrir gastos básicos y casi 9 de cada 10 tienen dificultades para afrontarlo. Se afirma que el crédito dejó de ser una herramienta financiera para convertirse en un recurso de subsistencia.

Además, al reto del presente se le suma la incertidumbre del futuro del trabajo. Son tiempos en los que la inteligencia artificial permite atisbar la desaparición de numerosos ámbitos laborales, en los que también la educación tiene serias dificultades para afianzar la vida de una persona y el riesgo de exclusión social por incapacidad formativa se acrecienta. En este contexto, la problemática del trabajo está en permanente cambio y redefinición, lo que determina que va más allá de cualquier situación coyuntural.

Es verdad que la economía argentina arrastra desequilibrios profundos que derivaron en un ajuste inevitable tras años de desorden macroeconómico. En ese marco, es comprensible que el proceso suponga costos. Pero también es legítimo que la preocupación por el empleo y los ingresos comience a ocupar un lugar central.  El desafío, entonces, va más allá de una ley de reforma laboral que puede ser necesaria, pero quizás no llegue a ser suficiente.

El trabajo dignifica a la persona humana. El trabajo educa, forma, permite la socialización y debería ser el resorte principal para alcanzar el bienestar. Si todas estas condiciones no se alcanzan teniendo un empleo, el problema se traslada a la sociedad en su conjunto. Recuperar ingresos, garantizar estabilidad y proyectar el crecimiento deben ser objetivos de cualquier política económica. Porque son necesidades humanas impostergables, más aún en una coyuntura signada por bolsillos flacos que originan una lógica preocupación y requieren de urgentes respuestas.

Los desocupados o personas que trabajan en negro ya suman 2 millones en la Argentina.

En los dos últimos años, el empleo no registrado o informal creció en 376.000, y la tasa de desocupación se incrementó en el mismo período, ya que subió de 5,7% a 7,5%. Es decir, los desocupados ahora son 1,7 millones de personas, según el Indec.

El empleo total retrocedió hacia formas más precarias y sin cobertura social.

La tasa de empleo se redujo de 45,8 a 45% y la informalidad subió a 43% de la población ocupada, proyectado a todo el país habría 13 millones de trabajadores registrados y unos 9 millones "en negro".

De los no registrados, poco más de 60% son asalariados y el resto trabajadores por cuenta propia.

"El crecimiento de la informalidad no se reduce a las nuevas modalidades de trabajo por plataformas —que quedarían capturadas en el rubro Transporte y Comunicaciones—, sino que se extiende a sectores tradicionales. El comercio sumó 210.000 puestos informales mientras los registrados privados en ese rubro apenas crecieron 4.000; mientras que la industria manufacturera sumó 87.000 trabajadores no registrados al tiempo que perdió 63.000 puestos formales”, señaló la consultora Invecq en base a las cifras del INDEC, según Clarín.

Además, los trabajadores asalariados registrados del sector privado disminuyeron en 182.000 puestos, mientras en el sector público hubo una caída de 80.000 empleos registrados: son 262.000 menos.

El problema no se limita únicamente a la falta de empleo, sino también a la calidad y a la capacidad de los puestos existentes para sostener ingresos. 

El ajuste del mercado laboral no solo opera por la cantidad de empleo disponible, sino también por su calidad.

 El impacto del desempleo registrado durante 2025 también se hizo sentir en Córdoba, donde 7.825 trabajadores formales comenzaron a percibir el seguro o la Prestación por Desempleo tras haber sido despedidos sin causa atribuible al trabajador. El dato surge de los registros oficiales del sistema de Seguridad Social y se inscribe en un escenario nacional que alcanzó a 153.847 empleados registrados en el mismo período.

A nivel país, la pérdida de puestos de trabajo tuvo una mayor incidencia en la industria manufacturera, que concentró 36.648 casos, seguida por el comercio con 32.630 y la construcción con 25.311. Estos tres sectores explican la mayor parte de las altas en la prestación durante los últimos doce meses.

La distribución territorial de los beneficiarios mostró una fuerte concentración en la provincia de Buenos Aires, con 44.145 casos, mientras que Córdoba se ubicó entre las jurisdicciones con mayor cantidad de trabajadores asistidos, por encima de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contabilizó 6.720, y apenas por debajo de Santa Fe, con 7.675.

Según los datos oficiales, el sistema de Seguridad Social alcanzó en diciembre de 2025 el pico mensual más alto del año, con 103.654 prestaciones activas y un pago promedio de $276.944. La normativa vigente establece que pueden acceder al beneficio quienes hayan estado en relación de dependencia bajo la Ley 24.013 y acrediten al menos seis meses de aportes en los tres años previos al despido.

La cobertura se extiende hasta un máximo de 12 meses e incluye la continuidad de la obra social, asignaciones familiares y el cómputo de la antigüedad jubilatoria. En cuanto al monto, el esquema es decreciente: se cobra el 100% durante los primeros cuatro meses, el 80% entre el quinto y el octavo y el 70% del noveno al duodécimo, con topes definidos en función del Salario Mínimo Vital y Móvil.

En Córdoba, estas cifras reflejan el impacto local de una dinámica laboral adversa que atravesó a distintos sectores productivos a lo largo de 2025.

Un promedio de 81 despidos por día durante dos años consecutivos se registró en el sector público nacional entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025: fueron 61.569 puestos de trabajo en total.

No fueron los únicos que pagaron el pato del ajuste que viene realizando el Gobierno de Javier Milei: en el primer año y medio de Milei, cerraron 17.063 empresas más de las que abrieron en Argentina, lo que equivale a 28 por día, con un saldo negativo de 236.845 empleos.

Entre públicos y privados suman 300 mil trabajadores sacrificados en el altar de la motosierra, de acuerdo con informes del Centro de Economía Política Argentina, a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), procesados por la Agencia Noticias Argentinas.

Las actividades más golpeadas han sido la construcción y la industria manufacturera. 

Tras sufrir un derrumbe en 2024 por la paralización de la obra pública y la recesión derivada de un gran recorte del gasto estatal, estos sectores todavía se mantienen entre un 22% y un 9% respectivamente por debajo del promedio de 2023.

Lejos de tratarse de un proceso cerrado, sindicatos estatales advierten que el ajuste podría profundizarse en las próximas semanas. 

Incluso, no descartan una nueva ola de cesantías luego de fin de año, lo que refuerza la sensación de incertidumbre permanente para miles de trabajadores.

El ajuste libertario no afectó a todas las áreas por igual y los más perjudicados, de acuerdo al análisis del CEPA, fueron los organismos descentralizados seguidos por las empresas públicas.

El caso más impactante es el del Correo Argentino donde se destruyeron 5.232 puestos de trabajo. Operadora Ferroviaria S.E. no se quedó atrás llegando a las 3.526 cesantías y Banco Nación completó el podio de despidos con 2.128.

En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), que incluye organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos es el de la ARCA, con 3.260 puestos de trabajo eliminados. 

Le siguen la CONICET, con 2.080 despidos, y la ANSES, con una reducción de 1.609 trabajadores.

En términos proporcionales, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 64 % de su planta de personal. 

En segundo lugar, se ubica la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 47 %, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que sufrió un recorte del 44% de su dotación.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó, asimismo, un mapa federal que contiene los 629 conflictos laborales y cierres de empresas relevados entre 2024 y 2025 por jurisdicción.

La provincia de Buenos Aires figura con más, 168, seguida por Santa Fe con 65, entre despidos, suspensiones, cierres, crisis, quiebras, retiros voluntarios y riesgo de venta.

Nombres como Sancor, Vicentín, Verónica, Vasalli, Tenaris, Acíndar, Swift, Cargill y otros de renombre se extienden por toda la bota santafesina. En territorio bonaerense predominan las Pymes.

En La Rioja hubo 52, que superan inclusive a los 38 de Córdoba e igual número de CABA.

Contrastan Formosa con 3, Santiago del Estero con 5, Neuquén, con sólo 7 y Chaco 9.

La cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas cayó entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, lo que representó una pérdida de 276.624 puestos de trabajo, según reveló un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Esto quiere decir que desde la asunción del gobierno de Javier Milei se redujeron en un 2,81% los puestos de trabajo registrados en unidades productivas, lo que significó una pérdida de más de 432 trabajadores por día durante ese período. Así, el esquema laboral pasó de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.580.549 en agosto de 2025.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria”, con una reducción de 86.982 trabajadores en los veintiún meses del Gobierno libertario.

Le sigue el sector de “Construcción”, que perdió 76.292 puestos en el mismo período. También registraron caídas significativas los sectores de “Servicios de transporte y almacenamiento” (59.838 puestos menos), e “Industria manufacturera” (55.941 puestos menos).

“Construcción”, a su vez, fue el sector más afectado en términos relativos: cayó 16% la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y agosto de 2025.

Seguido por “Servicios de transporte y almacenamiento”, con una retracción del 11,2%; y “Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento”, que registró una disminución del 7,1% en el mismo período.

El paper analiza la evolución de la cantidad de empleadores y trabajadores desde el triunfo de Milei en el balotaje de 2023, tras haber conseguido la presidencia frente a Sergio Massa, en base a los datos disponibles al momento de su publicación.Utiliza una metodología cuantitativa basada en la información provista por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondiente al sistema de Seguridad Social.

Casi 30 empresas cerraron por día

Con respecto a empleadores con trabajadores registrados, en los primeros veintiún meses del gobierno de Milei disminuyeron de 512.357 a 493.193: una contracción de 19.164 empresas, es decir, casi 30 empresas por día.

El informe del CEPA refleja la “tendencia negativa en el tejido empresarial” durante noviembre 2023-agosto 2025.“Servicio de transporte y almacenamiento” fue el más afectado, con una pérdida de 4.685 empleadores entre ese período. Otros rubros también registraron caídas significativas: “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas” perdió 3.510; “Servicios inmobiliarios” sufrió una caída de 2.952 empleadores; “Servicios profesionales, científicos y técnicos” de 2.053; “Industria manufacturera” de 1.974; y “Construcción” registró una reducción de 1.790 empleadores en el mismo período.

En paralelo, “Servicio de transporte y almacenamiento” es el sector -en términos relativos- que más afectado se vio, registrando una caída del 11,9% en la cantidad total de empleadores. Le siguen “Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales” (-10,8%), “Servicios inmobiliarios” (-9,9%) y “Construcción” (-8,2%), entre los más golpeados.

El documento del CEPA también expone la variación de la cantidad de empleadores y trabajadores por tamaño de empresa, al observarse que compañías de hasta 500 trabajadores son las más afectadas por la gestión libertaria: 99,63% del total de los casos —equivalente a 19.094 empresas menos. Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores explica solo el 0,37% (70 casos).

En términos relativos, la cantidad de empleadores con más de 500 trabajadores se redujo un 3,88%, mientras que los empleadores con hasta 500 trabajadores disminuyeron un 3,74% en el período noviembre 2023-agosto 2025.

Si se toma en cuenta la pérdida de empleo registrado según el tamaño de las empresas, se observa que la mayor expulsión de trabajadores se concentró en las firmas de gran porte, siendo las empresas con más de 500 trabajadores las que representan el 68,15% de la caída total del empleo registrado (188.525 puestos).

En contraste, las empresas con menos de 500 empleados redujeron sus plantillas en 88.099 trabajadores, lo que representa el 31,85% del total de empleos perdidos entre noviembre de 2023 y agosto de 2025.

Esto, en términos porcentuales, representa una reducción del 3,94% del personal en empresas con más de 500 trabajadores —de 4.782.973 a 4.594.448—, mientras que en las firmas con hasta 500 disminuyeron su dotación en un 1,74% —de 5.074.200 a 4.986.101.

Al respecto, desde CEPA indicaron que se desprende un “marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal”, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados.

La tasa de desocupación aumentó a 7,9% en el primer trimestre del año, lo que implica que cerca de 315.000 personas perdieron su empleo, pese a que la economía habría crecido más de un 6%.

De esta forma, el desempleo subió 1,5 puntos porcentuales que con relación al cuarto trimestre de 2024 y 0,2 puntos en la comparación interanual.

Los datos fueron difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y tienen un rezago de casi tres meses habitual en este tipo de mediciones.

De acuerdo a la información oficial, sobre una Población Económicamente Activa (PEA) de 21 millones de habitantes, las cifras indican que cerca de 3,8 millones de personas tienen problemas laborales en el país.

De ese total, 1,7 millones se encontraban desempleados al 31 de marzo de 2025, mientras que 2,1 millones trabajaban menos de 35 horas semanales, pese a estar en condiciones y tener deseos de hacerlo más tiempos.

El mapa del empleo tiene un segundo componente desalentador que es el aumento de los trabajadores “informales”, que ahora son el 36,3% del total. Esto significa un deterioro de 0,6 puntos con relación a un año atrás.

Por lo tanto, si sumamos los desempleados, subocupados y “trabajadores en negro” más de 11 millones de personas están en condiciones precarias o directamente desempleadas.

En la apertura por ciudades, la información oficial muestra que la peor situación se observa en el Gran Buenos Aires, donde el desempleo trepó a 9,7%. Cerca aparecen Santa Rosa (9,5%), Córdoba (9,2%) y Resistencia (8,9%).

En cambio, sorprende la condición de casi pleno empleo que exhiben Viedma con apenas 0,8% de desempleo, Santiago del Estero (1%) y Comodoro Rivadavia (1,3%).

El dato del Indec es un golpe para el gobierno de Javier Milei, que hasta el momento podía sostener su discurso en base a los buenos resultados en la macroeconomía. Si bien había señales de alerta, la administración libertaria siempre apostó a que el ordenamiento de las principales variables sería suficiente para sostener la producción y el empleo.

Los analistas esperaban una desocupación de 7% para los primeros tres meses del año. Así lo expresaron en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central a principios de junio. Además, calculaban que sobre el último trimestre de este año el desempleo tendría un recorte leve a la zona de 6,5%, pese a que al mismo tiempo estiman que la economía crecerá más de un 5%.

De allí que la cifra que reveló el Indec está por encima de las previsiones y obligará a recalcular las estimaciones.

Este escenario se explica por la heterogeneidad de la reactivación económica, que se está concentrando en sectores que no son muy demandantes de mano de obra.

En cambio, la apertura comercial y la caída de la producción y el consumo están dejando marcas en sectores industriales y de comercio, que explicarían el resultado.

Durante el primer trimestre del gobierno de Milei, la tasa de desocupación subió a 7,7% producto del impacto de las medidas que se habían tomado en diciembre de 2023. En el segundo trimestre se ubicó en 7,6%, en el tercero cayó a 6,9% y en el cuarto descendió a 6,4%.

Si bien el primer período del año tiene un componente estacional importante, la comparación interanual también muestra un deterioro de los indicadores laborales.

Con llamativo timming, poco antes de que el Indec diera a conocer el aumento del desempleo, el gobierno dejó trascender que la próxima semana convocará al Consejo de Mayo para comenzar a discutir la reforma laboral.

No obstante, una iniciativa de este estilo es muy difícil que pueda debatirse en el Congreso Nacional durante este año, debido a las elecciones legislativas de octubre.

El gobierno apuesta a una buena elección que le permita contar con mayor representatividad para realizar menos concesiones en las negociaciones.

Milei intentó un símil de reforma laboral con el decreto 70/2023 que dictó a poco de asumir, pero la justicia le frenó artículos clave.

Hace poco más de un mes, el jefe de Estado insistió con su idea y en medio de un decreto que ofició de Caballo de Troya y por el cual desregulaba el transporte marítimo, quiso “hacer pasar” una limitación del derecho a huelga.

Mediante esa norma amplió la categoría de actividades esenciales y creó la categoría de “trascendentes” a la que también le imponía restricciones. La justicia aceptó un amparo de la CGT y suspendió los artículos que limitaban el derecho a huelga.

En consecuencia, al Poder Ejecutivo se le estrecharon los caminos y ahora deberá buscar un amplio consenso para que la reforma laboral pase por el Congreso.

Las modificaciones a las actuales leyes que rigen el mundo del trabajo es un viejo reclamo de los empresarios, quienes afirman que los costos que imponen la legislación, y en especial la industria del juicio, resultan la principal traba para la contratación de nuevos trabajadores.

La firma autopartista Lear, radicada en el Parque Industrial de San Francisco, atraviesa una difícil coyuntura económica. A unos 350 trabajadores de la empresa no se les renovará el contrato temporal, luego de que finalizara el acuerdo con Fiat-Stellantis, para la provisión de componentes utilizados en la fabricación del modelo Cronos en la planta de Ferreyra, en Córdoba. La situación refleja el complejo panorama que enfrenta la industria automotriz, tanto a nivel local como nacional, y el impacto directo que tiene sobre el empleo en la región.

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) ha mostrado su preocupación ante el cese de contratos en la planta de Lear, donde también se había registrado una baja en la producción de Nissan en la planta de Santa Isabel, en Córdoba. A esta situación se suman los anuncios de suspensiones de personal en otras empresas del rubro. En este contexto, la reducción de turnos y la menor demanda de piezas afectan directamente a las autopartistas locales, entre ellas Lear, que proveía también a Nissan para la fabricación de la camioneta Frontier.

“En Lear hay personas que trabajan para Nissan y otras para Fiat. El proyecto Fiat se acaba, y Nissan, después de un año muy difícil con muchas suspensiones, probablemente arranque el año que viene con un solo turno, lo que afectará a todas las autopartistas que le proveen, como Lear”, explicó Javier García, secretario de prensa y difusión de Smata.

La postura del Parque Industrial

José Luis Frusso, presidente del Parque Industrial, Tecnológico y Logístico San Francisco, reflexionó sobre la situación y expresó que “las reglas son claras: los contratados sabían que su contrato era por seis meses o, a lo sumo, por un año. Esa era la condición acordada. Ojalá se pudieran renovar los contratos, porque nadie quiere que familias se queden sin trabajo, pero la realidad es que la caída de las ventas en el sector de automóviles impacta de manera directa en las empresas y en la situación de sus trabajadores”.

Frusso explicó a LA VOZ DE SAN JUSTO que los contratos de los trabajadores temporales se habían negociado previamente con el gremio, en un contexto donde el acuerdo contemplaba la posibilidad de finalización al término de dicho plazo.  

El empresario también destacó que la situación en Córdoba es compleja, ya que es la provincia con algunas de las plantas más importantes del rubro a nivel nacional. "En Córdoba impacta la baja de operarios. Las fábricas que dependen exclusivamente de un cliente tienen más dificultades, mientras que aquellas que diversifican su producción logran sobrellevar la crisis", apuntó Frusso.

En cuanto al panorama productivo general del Parque Industrial, Frusso sostuvo que la caída de consumo de energía eléctrica en los últimos meses refleja la crisis, aunque precisó que se mantiene en niveles relativamente estables. 

Las empresas tienen beneficios impositivos que otorgan el Gobierno de Córdoba y el municipio, aun así, no siempre pueden conservar las fuentes laborales. Frusso subrayó que alcanzar un equilibrio en la economía no es tarea fácil. "Alcanzar un equilibrio total no es sencillo. Que una empresa como Lear haya elegido nuestra ciudad para instalarse es positivo para todos, pero la situación económica nacional condiciona el panorama. Conseguir un contrato con una automotriz no es fácil, son empresas que negocian bajo condiciones específicas. Este es el contexto que estamos viviendo", indicó.

A pesar de los desafíos que enfrenta el sector, Frusso se mostró optimista respecto a la recuperación económica en el futuro cercano. “Estamos encaminándonos hacia un orden. Ese orden debería generar estabilidad y continuidad en el trabajo y en la economía. Yo soy optimista, porque en mi ámbito, por ejemplo, donde vendemos bienes de capital, las ventas se mantienen. Cuando alguien compra bienes de capital, está apostando al futuro, y eso me da confianza”, afirmó.

Apertura de importaciones y su impacto en la industria

El presidente del Parque Industrial también reconoció el impacto de los productos importados, que benefician a algunos sectores mientras perjudican a otros. “Faltan cosas por acomodar, y alcanzar un equilibrio requiere sacrificios. Lo estamos pagando todos, ya sea con impuestos o con la merma de trabajo, pero creo que con confianza podemos seguir adelante”, concluyó Frusso.

Nuevas  radicaciones y otras que  se caen 

El Parque Industrial de San Francisco, que cuenta con 250 hectáreas, de las cuales 187 están ocupadas y 63 recientemente incorporadas, tiene 14 lotes vendidos para nuevos proyectos. Frusso destacó que “las expectativas son alentadoras para 2025, con nuevas radicaciones que generarán mucha mano de obra, aunque no puedo adelantar detalles”. Por otra parte, confirmó la caída del proyecto de LCD Argentina (Louis Dreyfus Commodities), que en 2007 había adquirido un terreno para una planta de leche en polvo, pero luego lo devolvió.

Durante los primeros siete meses del Gobierno de Javier Milei se perdieron 182.500 puestos de trabajo asalariado (suma de empleados privados, públicos y en casas particulares), mientras que la contracción es de 204.100 si se toma en cuenta el último pico de agosto del año pasado.

Por su parte, en la medición solo de junio se llega a la conclusión que se profundizó la precarización laboral ya que, mientras la cantidad de trabajadores asalariados en el sector privado cayó por décimo mes consecutivo, se aceleró el incremento en el número monotributistas.

Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) publicados este lunes por la Secretaría de Trabajo, en junio el empleo registrado total aumentó 0,1%, al igual que en mayo. La variación positiva fue explicada casi exclusivamente por la incorporación de más de 40.000 trabajadores independientes con monotributo, de acuerdo con la serie desestacionalizada del SIPA.

Ese aumento logró más que compensar la baja de 12.600 empleos asalariados formales en el sector privado. Mientras tanto, el empleo público no tuvo prácticamente cambios en comparación con el mes previo y creció el empleo en casas particulares, algo que no ocurría desde septiembre.

A contramano de esta tendencia, la cantidad de monotributistas superó en 164.500 a la de noviembre de 2023 y en 191.000 a la de agosto del mismo año. Desde la llegada de Milei a Casa Rosada, solo en marzo se verificó una reducción en este segmento.

Asimismo, los trabajadores autónomos y los monotributistas sociales fueron los que presentaron las mayores caídas mensuales en términos porcentuales durante junio. En el acumulado de la era Milei, en el primer caso se vislumbra un incremento mientras que en el segundo el número es negativo.

Estos datos reflejan un deterioro del mercado laboral: mientras se pierden fuentes laborales en el segmento con mayor estabilidad y seguridad, aumentan los puestos de trabajo en formas de contratación más flexibles.

La recesión impactó en el mercado laboral e hizo crecer la desocupación hasta 7,7% en el primer trimestre del año, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Así, ese indicador social desmejoró desde el 5,7% con que había cerrado el 2023 y desde el 6,9% del primer trimestre del año pasado.

Esto implicaría que hay, aproximadamente, unos 1,7 millones de personas desocupadas, lo que implicaría unos 525.000 desocupados más solo en el primer trimestre del año. Esa cifra global está explicada por una pérdida de 310 mil empleos (81.600 registrados y 228.400 en la informalidad), mientras que 214.000 responden al aumento de la oferta laboral que no logró conseguir trabajo. Es el nivel de desempleo más alto desde el segundo trimestre de 2021 cuando la economía aún salía de los efectos de la cuarentena estricta y las restricciones a la actividad económica.

Desde hace mucho tiempo, cada vez que se aborda la temática del desempleo en esta columna, se advierte sobre la preocupación social que crece en torno a este problema. Y desde hace más de dos décadas se viene sosteniendo aquí que el desempleo es el principal escollo para recuperar la dignidad de millones de compatriotas. Porque los perjuicios de la falta de fuentes de trabajo se transforman en exclusión social, trituran el lógico anhelo de progreso, atizan el rencor y la división y generan quiebres personales y familiares tan nocivos como graves.

No cabe duda de que los datos estadísticos dados a conocer reflejan la caída de la actividad económica en la primera parte de este año, aun cuando haya tenido éxito los esfuerzos del gobierno nacional por estabilizar la macroeconomía y alcanzar el equilibrio fiscal. El descenso de la tasa de actividad es una consecuencia negativa que debe ser atendida con presteza por las autoridades, porque afecta directamente al trabajo de los argentinos.

La preocupación social en materia económica está virando, según las últimas encuestas. A comienzos de 2024, la inflación era el tema crucial a resolver. Ahora, el crecimiento de los precios se ha desacelerado de modo evidente. Asimismo, se ha demostrado que la emisión descontrolada para cubrir los agujeros enormes del déficit fiscal es la causa primera de este fenómeno que desde hace décadas está presente en el país. Sin embargo, la reducción de la inflación y el aumento del desempleo son facetas contrapuestas que ponen en riesgo cualquier programa de estabilización, algo que ya los argentinos hemos experimentado en el pasado. 

Es un logro destacable que se haya conseguido algo de estabilidad en la macroeconomía. No es poco si existe confianza. Pero la confianza es un fenómeno que requiere ser fortalecido de modo constante. Si se pierde, aparecen los problemas otra vez. Si la recesión pronunciada no encuentra piso, la inflación vuelve a crecer y los saltos cambiarios se producen bruscamente, el desempleo podría alcanzar guarismos dramáticos. Atender esta cuestión crucial es imprescindible. La dignidad de millones de compatriotas está en juego. 

El Gobierno estableció un pago extraordinario y adicional para trabajadores titulares de las prestaciones por desempleo, por un total de $20.000, que se abonarán en dos cuotas mensuales iguales y consecutivas.

Dichas cuotas, de $10.000 cada una, serán pagadas por la ANSeS este mes y el próximo, según dispuso el Ministerio de Trabajo por medio de la Resolución 1209/2023, publicada este martes en el Boletín Oficial.

El pago se aplicará a los trabajadores que tengan derecho a percibir la prestación por desempleo de las Leyes 24.013 y 25.371, pero en el caso que la persona sólo tenga derecho a percibir la prestación por desempleo solo en septiembre u octubre, "en uno de los meses sólo se le otorgará la cuota del pago extraordinario y adicional correspondiente a tal mes", de acuerdo con el texto oficial.

Por su parte, la ANSeS tendrá que disponer los medios y procedimientos pertinentes para efectivizar el pago.

El Poder Ejecutivo justificó esta decisión al señalar que "en el contexto de la situación socio económica imperante, con aceleración del nivel de precios, se ha comenzado a desplegar una serie de medidas dirigidas a reforzar los ingresos de aquellos sectores de la población más afectados por la disminución de su poder adquisitivo".

"En ese marco y en concordancia con tales objetivos, resulta necesario, oportuno y pertinente otorgar un pago extraordinario y adicional para las trabajadoras y los trabajadores titulares de las prestaciones por desempleo", añadió.

Según informó el INDEC, el desempleo llegó al 6,2% en el segundo trimestre de este año, porcentaje que involucra a casi 1,4 millón de personas.

La prestación por desempleo alcanza a trabajadores que fueron despedidos sin justa causa o por fuerza mayor. En septiembre, el monto mínimo de ese beneficio es de $32.771 y el máximo, de $54.628, que se calculan según los ingresos y meses trabajados con aportes durante los últimos tres años.

Fuente: NA. 

El desempleo bajó al 6,2 por ciento de la población activa en el segundo trimestre del año, por debajo del 6,9% que había arrojado la medición correspondiente al período enero-marzo, informó el INDEC.

La muestra del INDEC es parcial, ya que sólo releva en zonas donde habitan 29,4 millones de personas, cuando la población total ronda los 46 millones. En ese muestreo, hay 900 mil desocupados.

Del total de la población ocupada, 9,7 millones son asalariados. El 36,8% de los asalariados trabaja en negro, es decir, no tienen aportes jubilatorios ni a obra social, según los datos oficiales.

La población inactiva -incluido chicos- alcanza las 15,4 millones de personas (52,4%), mientras que la PEA es de 14 millones (47,6%).

En el segundo trimestre de 2023, la tasa de actividad (TA) –que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población– alcanzó el 47,6%; la tasa de empleo (TE) –que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total– se ubicó en 44,6%; y la tasa de desocupación (TD) –personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA– fue de 6,2%.

La tasa de subocupación resultó del 10,6% mientras que los otros ocupados demandantes y los otros ocupados no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 11,0% de la PEA.

Al observar las poblaciones específicas, dentro del universo de 14 años y más, desagregado por sexo, la tasa de actividad para los varones fue de 69,8%, mientras que para las mujeres se ubicó en 51,5%.

A nivel geográfico, las regiones que presentaron mayores tasas de actividad fueron la Región Pampeana (49,2%), Gran Buenos Aires (47,6%) y Cuyo (47%).

Por su parte, la que presentó la menor tasa de actividad fue Noreste (44,4%).

A su vez, si se considera el tamaño de los aglomerados, en los de 500.000 y más habitantes, la TA (48%) fue superior a la de los de menos de 500.000 habitantes (45,7%).

Dentro de la población activa (47,6%) se destacó que: entre la población ocupada, 74,2% son asalariados, y 36,8% de ellos no cuenta con descuento jubilatorio.

Por otra parte, 22,3% trabaja por cuenta propia, 3,2% son patrones y 0,3% son trabajadores familiares sin remuneración.

Entre los asalariados ocupados, 4,5% utilizó sus propias maquinarias/equipos para realizar su trabajo.

Asimismo, del total de ocupados, 9,1% trabajó desde la vivienda.

Al analizar la población ocupada por nivel educativo, más de la mitad de las personas ocupadas (60,8%) cuenta con hasta secundario completo, mientras que 39,2% posee estudio superior y universitario (completo o incompleto).

En lo que respecta a la calificación de la ocupación principal, 55% corresponde a un empleo operativo; 17,2%, a calificación técnica; 18,3%, a no calificado; y 9,1%, a profesional.