El ministro Federico Sturzenegger confirmó que en junio el Gobierno enviará un proyecto de desregulación inmobiliaria al Congreso de la Nación.

En ese sentido, el funcionario adelantó que el oficialismo enviará un paquete de desregulación inmobiliaria al Congreso con el objetivo de bajar costos en las operaciones de compraventa y ampliar las competencias en dicho sector.

Sturzenegger lo adelantó este lunes en el marco del DATA DAY 4, organizado por Reporte Inmobiliario en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

“La Argentina hace diez años que no crea empleo formal y la mitad de nuestra fuerza de trabajo es informal. Este es un debate que hay que abordar: la reforma laboral está orientada a mejorar la situación del trabajo y formalizar el empleo”, declaró Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Además, el funcionario negó que la reforma piense en quitar derechos o avanzar sobre la jornada laboral, y remarcó que el objetivo es impulsar la formalización y el desarrollo del empleo registrado.

Para Sturzenegger, la iniciativa oficial responde a un problema estructural del mercado laboral argentino. Planteó que el país atraviesa una situación límite, con “muchísimos años sin crecimiento, con nuestros jóvenes yéndose,” y una economía “que hace una década no crea empleo formal”. Insistió: “Algo hay que hacer. No podemos tener un país que en diez años no crea empleo, punto”.

El ministro subrayó que la mitad de la fuerza laboral está empleada en la informalidad, lo que les impide acceder a jubilaciones y otros derechos. Según su mirada, la falta de reformas permitió que diferentes actores saquen ventaja de la relación laboral formal: “Todos hemos usado el empleo como una canasta de la cual morder, de la cual sacar guita. Hay una industria del juicio que muerde, el sindicalismo pide porcentaje, las cámaras empresarias también. A la relación laboral le muerden, más o menos, un millón de pesos por año. Cuando dos personas contratan, arrancan cien mil pesos abajo porque hay que pagar estos peajes. Eso no trae ningún beneficio directo para el trabajador”, sostuvo Sturzenegger, al definir como central reducir estos sobrecostos estructurales.

En su explicación, el ministro cuestionó tanto los impuestos sobre el trabajo como la carga regulatoria. Dijo que el alto costo laboral perjudica la competitividad y en especial a las pymes: “Si sos una gran empresa como Ford o Arcor, tenés recursos para navegar la regulación. Pero a la pequeña o mediana empresa la regulación la asfixia. Por eso decimos que la desregulación es por sí misma propyme, porque baja barreras que afectan a los que menos estructura tienen para cumplirlas”. Ejemplificó con industrias como la yerba mate, la conectividad, los bitrenes para transporte y la importación de maquinaria usada, destacando cómo la liberalización de reglas impulsó la exportación y la competitividad en sectores estratégicos.

Frente a la preocupación por la supuesta ampliación de la jornada laboral, Sturzenegger fue tajante: “Eso de que la reforma laboral pasa la jornada de ocho a trece horas no tiene nada que ver, no tiene ningún asidero, es un disparate. Nunca se discutió eso en la propuesta del Gobierno”. Rechazó también versiones sobre recortes de vacaciones y llamó a “no dar importancia a rumores ni campañas de miedo”, instando a esperar la presentación oficial del proyecto.

El ministro además propuso reformular la negociación salarial colectiva. Detalló que en Argentina los convenios por sector aplican igual en todas las regiones y empresas, algo que, según sus estimaciones, eleva sustancialmente los costos en zonas menos productivas y limita la generación de empleo formal: “Si pudiéramos quebrar esa unicidad salarial, el empleo en el noroeste argentino aumentaría un dieciséis por ciento”, explicó. Comparó la situación local con modelos de Estados Unidos, Alemania o Italia para ilustrar las ventajas de adaptarse a realidades regionales o empresariales distintas.

Sturzenegger aclaró que la reforma laboral es el primero de los cuatro grandes ejes del nuevo paquete de cambios que impulsa el gobierno de Javier Milei, junto con la reforma tributaria, la actualización de los códigos civil y penal, y una nueva “Ley Bases dos” que abordará las modernizaciones pendientes del Estado. Confirmó que la propuesta se discute desde hace meses en el Consejo de Mayo y será enviada próximamente al Congreso nacional: “Va a ser una discusión amplia, pero el foco es mejorar y formalizar el empleo, no recortar derechos. La condición inexorable para una reforma previsional es que la mitad de los trabajadores deje de estar en la informalidad”.

En el proyecto de ley enviado al Congreso, la reforma laboral no contempla ninguna ampliación del límite legal de la jornada de trabajo, ni habilita jornadas de doce o trece horas, como señalaron rumores y cadenas virales.

El texto propuesto introduce un artículo (197 bis) en la Ley de Contrato de Trabajo, que establece: “Las convenciones colectivas de trabajo, respetando los mínimos indisponibles de doce horas de descanso entre jornada y jornada por razones de salud y seguridad en el trabajo, así como los límites legales conforme la naturaleza de cada actividad, podrán establecer regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción, las condiciones propias de cada actividad, contemplando especialmente el beneficio e interés de los trabajadores”.

La iniciativa mantiene las garantías sobre la duración máxima del trabajo diario y semanal, y solo habilita a que los convenios sectoriales acuerden alternativas como el uso de bancos de horas o francos compensatorios, pero bajo control de los límites legales.

El Gobierno de Javier Milei avanzaría en una reforma para desregular la actividad inmobiliaria, lo que ha generado preocupación en el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (Cofeci). Los cambios podrían ser oficializados en los próximos 45 días a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Aunque aún no se han dado a conocer detalles precisos, se especula que la reforma buscaría eliminar la obligatoriedad de estar colegiado para ejercer como corredor inmobiliario. De ser así, el Gobierno permitiría la incorporación de nuevos agentes al sector, quienes, si bien deberán completar una capacitación, no tendrían que matricularse en los colegios profesionales. La propuesta tiene como objetivo fomentar la competencia y reducir los costos asociados a las operaciones inmobiliarias.

LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó sobre el tema con la presidenta del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de Córdoba, Virginia Manzotti. "La profesión y el mercado inmobiliario siempre estuvieron desregulados. No existen impedimentos para que una persona compre un inmueble sin la intervención de un corredor inmobiliario, ya que elegir un profesional es optativo", manifestó. A su vez, manifestó su preocupación ante la falta de precisiones sobre el posible decreto.

"Nos genera dudas el término 'desregulación', porque no alcanzamos a interpretar concretamente a qué se refiere el gobierno nacional. Hemos trabajado durante años en la profesionalización del sector y en garantizar que el corretaje inmobiliario sea ejercido por personas calificadas", explicó Manzotti. Asimismo, recordó que el ejercicio de la profesión requiere la obtención de un título universitario y una matrícula habilitante, la cual es otorgada por los colegios profesionales de cada provincia.

Desde la entidad, aseguran que los colegios cumplen un rol fundamental en la sociedad al regular la actividad y ofrecer un canal institucional para atender reclamos y denuncias. "Si se produce una estafa, el Colegio Profesional puede intervenir. Si el acusado no está matriculado, el caso se judicializa por la vía penal", explicó la presidenta.

“Insistimos en que los colegios profesionales existen para proteger a la sociedad. Ese es su objetivo, ya sea en el caso de arquitectos, abogados, escribanos o corredores inmobiliarios. En nuestro caso, el sector siempre estuvo desregulado. El cliente tiene la opción de acudir o no a un corredor inmobiliario, a diferencia de lo que sucede con los escribanos, cuya intervención es obligatoria para realizar una escritura”, dijo.

A su vez, Manzotti advirtió que la implementación de una posible desregulación podría significar una "desprofesionalización" del mercado inmobiliario. “Esperamos que no signifique una desprofesionalización del mercado inmobiliario. En ese caso, nos oponemos y rechazamos enérgicamente cualquier medida que permita que cualquier persona física o jurídica, sin matrícula habilitante, pueda ejercer el corretaje inmobiliario”, argumentó.

Finalmente, reiteró que desde el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios solicitaron una reunión con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.