La Justicia Federal de Córdoba confirmó la identificación de otras ocho personas que permanecían desaparecidas desde la última dictadura militar, cuyos restos fueron recuperados en el predio de Loma del Torito, cercano al ex centro clandestino de detención La Perla.

El anuncio oficial se realizó este viernes 23 de octubre desde las 9 en la sede de los Tribunales Federales de Córdoba, en una conferencia de prensa encabezada por el juez federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, junto a familiares de las víctimas y organismos de Derechos Humanos.

Con estas nuevas ocho identificaciones, asciende a 38 el total de personas reconocidas a partir de los trabajos arqueológicos y genéticos iniciados durante 2025 en la Guarnición Militar de La Calera.

Entre los nombres dados a conocer se encuentran Néstor Albino Acosta, Pascual Delfín Ludueña, Cecilia Alicia Pessina de Avila, Mónica Protti de Guillén, Mercedes del Valle Ramírez, María Luisa Salto y Juan Carlos Soulier.

A esta nómina se suma la identificación confirmada en el período intermedio de Alejandro Ernesto Jerez Bodereau, secuestrado en 1976 cuando tenía 22 años de edad.

Los allegados directos de los damnificados fueron notificados previamente por las autoridades judiciales y participan del acto público en la sede tribunalicia.

La Justicia Federal de Córdoba confirmó la identificación de otras ocho personas desaparecidas durante la última dictadura militar, cuyos restos fueron recuperados en la zona conocida como Loma del Torito, en las inmediaciones del ex centro clandestino de detención La Perla.

Como en las dos ocasiones anteriores, los nombres de las personas identificadas se darán a conocer durante una conferencia de prensa encabezada por el juez federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja. Los familiares de las víctimas ya fueron notificados y participarán de la presentación, que será el próximo viernes a las 9 en la sede de Tribunales Federales.

Las nuevas identificaciones elevan a 38 el número de personas cuyos restos fueron hallados durante 2025, en el marco de la investigación judicial que apunta a conocer el destino final de los desaparecidos.

El primer gran resultado se conoció en marzo, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar a 12 personas. En mayo se anunciaron otras 17 identificaciones y, en agosto, se confirmó la de Alejandro Ernesto Jerez Bodereau, secuestrado en 1976 cuando tenía 22 años. Sus familiares estarán el viernes junto a los de los ocho nuevos identificados.

Los hallazgos fueron posibles gracias a las excavaciones realizadas durante 2025 en Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera. Allí se recuperaron numerosos restos óseos humanos dispersos y desarticulados, que posteriormente fueron sometidos a estudios antropológicos y cotejos genéticos.

Los primeros identificados fueron Ramiro Sergio Bustillo Rubio, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Carlos Alberto D'Ambra Villares, Alejandro Jorge Monjeau López, Mario Alberto Nívoli Gauchat, Elsa Mónica O'Kelly Pardo, Oscar Omar Reyes de Paniconi, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Sergio Julio Tissera Pizzi, Adriana María Carranza Gamberale o Cecilia María Carranza Gamberale (eran mellizas y el análisis genético no permitió establecer a cuál de las dos pertenecen los restos).

En la segunda conferencia de prensa se identificaron otras 17 personas, de las cuales se difundieron 16 nombres: Gilberto Néstor Lellin D'Francesco, Graciela María de los Milagros Doldán, Juan Carlos Navarro Moyano, Adrián José Ferreyra Rivero, Víctor Carlos Díaz Rinero, Marta Susana Ledesma Vera de Comba, Ester Silvia del Rosario Felipe, Luis Carlos Mónaco, Silvia del Valle Taborda, Nélida Noemí Moreno de Goyochea, José Luis Goyochea Escudero, Gustavo Daniel Torres, Edelmiro Cruz Bustos, Oscar Segura Reineri, Rosa Cristina Godoy de Cruspeire y Carlos Cayetano Cruspeire.

El trabajo está a cargo del EAAF, con la colaboración del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, bajo la supervisión de la Justicia Federal. Las tareas de búsqueda continuaron durante este año y siguen en la actualidad, en un área que se volvió más precisa tras los hallazgos de 2025.

La Perla funcionó entre 1976 y 1978 bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez. Se estima que entre 2.200 y 2.500 personas pasaron por ese centro clandestino de detención.

La investigación continúa abierta. Los organismos de derechos humanos y el EAAF mantienen la convocatoria a familiares de desaparecidos para aportar muestras de ADN que permitan avanzar en nuevas identificaciones.

A través de sus cuentas personales en redes sociales, el intendente de San Francisco, Damián Bernarte emitió un comunicado por la conmemoración del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

En la misma, Bernarte llamó a proteger la democracia y su valores y recordó a las sanfrancisqueñas Adriana y Cecilia Carranza,  recientemente identificadas en una fosa del Centro Clandestino de Detención, Tortura, y Exterminio La Perla

El mensaje completo del mandatario: 

A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, hay algo que no puede relativizarse: nuestro compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia.Hace apenas unos días, una noticia volvió a conmover profundamente a San Francisco: uno de los restos hallados e identificados en La Perla pertenece a una de las mellizas Carranza, Adriana o Cecilia. Dos sanfrancisqueñas que siguen presentes en la memoria de nuestra ciudad. Hay una certeza y hay también una ausencia que sigue doliendo: una fue hallada y la otra continúa desaparecida. Eso nos recuerda que la verdad importa. SIEMPRE.Aunque llegue 50 años después.Aunque llegue tarde.Aunque no alcance para reparar tanto dolor.Importa para las familias, para la memoria colectiva, para la democracia.Hacer memoria no es solamente mirar para atrás. Es sostener en el presente los valores democráticos, el respeto por las instituciones y la defensa de los derechos humanos. Y también es una responsabilidad con las nuevas generaciones: contar lo que pasó, explicar por qué pasó y defender la democracia como una construcción colectiva que costó muchísimo recuperar.Por eso hoy, con memoria, con respeto y con responsabilidad, volvemos a decirlo con toda claridad: ¡NUNCA MÁS!

La Corte Suprema de Justicia de Chile ordenó este miércoles al Estado pagar una millonaria indemnización "por concepto de daño moral" a una mujer de 62 años que fue detenida y torturada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).Viviana Novoa Navarro deberá percibir una compensación de 50 millones de pesos chilenos (alrededor de 58.000 dólares) por su detención y torturas por parte de la Policía y agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), dijo la Corte en su fallo.La resolución mencionó que Navarro fue detenida en su domicilio por agentes del Estado, en época de dictadura, en tres ocasiones, y que fue torturada en una comisaría y un cuartel de la CNI en años que no especificó.La mujer fue reconocida, a través del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, como víctima de privación de libertad y tortura por razones políticas, agregó el fallo.La sentencia explicó que un fallo de una corte de apelaciones que había hecho lugar a un recurso del fisco que pedía la prescripción de la demanda civil interpuesta por Navarro incurrió en un "error de derecho", y que sí correspondía indemnizar a la mujer."Ha importado un cambio significativo en la configuración de la responsabilidad estatal" que llevó a revisar el caso a la luz de las leyes internacionales de derechos humanos, dijo la Corte Suprema.

"La responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar se infringen los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto", agregó el fallo.De acuerdo con los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), durante la dictadura de Pinochet hubo 31.686 personas víctimas de violación a los derechos humanos.De esos casos, 28.459 son de tortura y 3.227 de ejecuciones o desapariciones forzadas (2.125 muertos y 1.102 desaparecidos).Este año se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 contra el presidente Salvador Allende.El Gobierno ha creado una agenda en torno a su conmemoración con distintas actividades a nivel nacional e internacional, en el marco de la cual el presidente Gabriel Boric ha visitado distintos países con el objetivo de expresar, mostrar y concordar una postura de rechazo a cualquier acción que lleve al quiebre de la democracia.

Un tribunal de Santiago de Chile ordenó este jueves al fisco pagar una millonaria indemnización por daño moral a Ricardo Mandujano, un ingeniero que fue detenido, interrogado y torturado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).El fisco deberá pagar a Mandujano 65 millones de pesos chilenos (alrededor de 80.000 dólares), dictaminó la jueza Jacqueline Dunlop, que rechazó los argumentos del fisco chileno.Mandujano fue detenido el 15 de septiembre de 1973, trasladado a comisarías y finalmente al Estadio Nacional, donde fue sometido a interrogatorios y torturas antes de ser liberado.La víctima sufrió nuevas detenciones en 1985 y 1986. 

Dunlop, del Vigesimoséptimo Juzgado Civil de Santiago, dijo que Mandujano “fue víctima de crímenes de lesa humanidad”, por lo que no aplica la prescripción del caso, que había invocado el fisco, a pesar del tiempo que ha transcurrido de los hechos.El fallo mencionó que la víctima, un ingeniero eléctrico y de comunicaciones, fue detenida en tres ocasiones interrumpiendo sus proyectos de vida tanto familiares como profesionales, y que fue secuestrado y torturad por la Policía y el Ejército de Chile.La jueza agregó que Mandujano sufrió una “angustia permanente seguidas de las referidas experiencias traumáticas, constante que, en mayor o menor medida, le ha acompañado durante el devenir de su vida”.La indemnización debe ser “debidamente” reajustada de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) “entre la fecha de la presente sentencia y aquella en que efectivamente se realice el pago”, ordenó la jueza.De acuerdo con los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), durante la dictadura de Pinochet existió un total de 31.686 personas víctimas de violación a los derechos humanos.De ellas, 28.459 fueron víctimas de tortura y 3.227 fueron ejecutadas o desaparecidas (2.125 muertos y 1.102 desaparecidos).Este año se cumplen 50 años del golpe de Estado chileno de Pinochet, y el Gobierno del presidente Gabriel Boric tiene previsto conmemorarlo con una serie de actividades a nivel nacional e internacional.Boric ha visitado distintos países con el objetivo de expresar, mostrar y concordar una postura de rechazo a cualquier acción que lleve al quiebre de la democracia.