"Una de las deudas de la Justicia democrática continúa siendo la falta de condena de los responsables civiles de la masacre. Queda mucho por saber. Quedan más de trescientos nietos apropiados, a quienes les robaron su identidad. Nos falta saber aún qué hicieron los criminales con los cuerpos de los 30.000 desaparecidos”. La frase, leída durante el acto central, condensó el sentido de una jornada que volvió a poner en primer plano las deudas pendientes y su vínculo con el presente.

A 50 años del golpe de Estado de 1976, San Francisco vivió este martes 24 de marzo una de las marchas más concurridas de los últimos años. La columna partió desde el Monumento al Nunca Más, en el Paseo Cervantes, y avanzó hasta la Plaza Cívica, donde se desarrolló el acto central. Allí se leyó el documento elaborado por la Mesa de Trabajo 24M, integrada por organismos de derechos humanos, espacios políticos, gremiales, culturales y vecinos. La consigna que atravesó la convocatoria fue “Que nos digan dónde están”, en alusión a los 30.000 detenidos desaparecidos.

Durante la lectura, también se destacó que “la reciente identificación de los cuerpos de doce compañeros desaparecidos en La Perla (…) demuestra que el trabajo continúa, a pesar de los obstáculos que interpone el actual Gobierno Nacional”, en una referencia directa a los procesos de memoria, verdad y justicia que siguen en curso.

El documento no solo repasó el terrorismo de Estado y sus consecuencias, sino que además estableció un paralelismo con la coyuntura actual. “Hoy estamos aquí porque nuestro tiempo representa uno de los futuros posibles que, seguramente, se plantearon los genocidas”, señalaron, al tiempo que advirtieron sobre políticas que implican “la vulneración de los Derechos Humanos consagrados”.

En ese sentido, se cuestionaron medidas vinculadas a recortes en áreas sensibles y se denunció la construcción de nuevos enemigos sociales. “Para los nuevos fascistas, el enemigo a derrotar está integrado por los jubilados, los docentes, los trabajadores de la salud (…) y las diversidades sexuales”, se expresó.

El cierre del documento reafirmó el sentido de la movilización: “Estamos aquí porque la resistencia es urgente. Estamos aquí porque seguimos exigiendo Memoria, Verdad y Justicia. Estamos aquí para decir, hoy más que nunca: Nunca Más”.

El documento completo:

Hace 50 años, el 24 de marzo de 1976, tuvo lugar el hecho que partiría la Historia de nuestro país de una manera irreversible. Pocos eventos mostraron la potencia y el significado que representó la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas, en su integralidad conceptual, y en representación de los grupos concentrados de poder económico, social, político y religioso. Sin embargo no fue el Golpe, en sí mismo, algo novedoso. Esta manera de acceder al manejo de la cosa pública ya había sido llevada a cabo por los mismos protagonistas a lo largo del devenir nacional. Tampoco eran novedosas las recetas económicas y sociales puestas en práctica por tales sicarios. Ya durante la década infame y las autodenominadas revoluciones libertadora y argentina se habían aplicado sesiones de tortura y fusilamientos clandestinos a quienes los enfrentaban. Ya se habían reprimido la lucha social y proscripto al principal partido de oposición. La picana de Lugones y las masacres de José León Suárez y Trelew ya eran páginas escritas de la tragedia nacional, páginas escritas con la sangre de las víctimas.

La novedad de la última Dictadura estuvo dada por la determinación de sus ejecutores en diseñar un futuro a su medida. Para lograr este fin, elaboraron un plan sistemático de represión y terrorismo de Estado, en el que se procuró impedir cualquier intento de resistencia popular al programa de primarización y financiarización de la economía, miseria planificada y pérdida de derechos, mediante el secuestro, tortura y desaparición de 30.000 personas. No hubo azar, no hubo improvisación. Todo lo contrario.

Cada secuestro obedeció al interés principal que perseguían los verdugos: descabezar toda resistencia posible en ese presente y bloquear cualquier tipo de reacción a futuro. Es por eso que se atacó a la educación y a la salud, a la producción y al desarrollo tecnológico, científico y cultural de la Nación. Es por eso que se secuestró la identidad de más de cuatrocientos niños. Es por eso que funcionaron, en nuestro país, más de ochocientos centros clandestinos de detención. Es por eso que se estableció un régimen de terror en todo el país, un terror que sobrepasó los muros de los Campos de Concentración y que se respiró en todos los ámbitos. Todos fuimos prisioneros, todos fuimos blanco de la represión, incluso aquellos que se escudaron en algunas frases que penetraron el sentido común, se hicieron símbolo de época y siguen resonando en nuestro inconsciente colectivo, frases como “algo habrán hecho”, “los Argentinos somos derechos y humanos” o “fue una guerra”. La única guerra real que la Dictadura provocó y perdió fue tan criminal como todo lo que hicieron en ese período, y llevó al martirio a centenares de colimbas adolescentes y jóvenes, durante y después de la contienda. Malvinas sigue siendo una herida abierta en nuestra Historia. Los muertos y toda la sociedad siguen esperando el castigo a los responsables de tal espanto.

Pero la Dictadura cayó por su propia incapacidad, por la crisis generada por su programa económico, por la derrota en Malvinas y por la lucha popular. Los criminales fueron juzgados en dos etapas diferentes, cada una de ellas con sus características particulares, dependientes del contexto histórico y político. Fueron inéditos la creación de la CONADEP y el Juicio a las Juntas llevado a cabo durante el Gobierno de la recuperación democrática encabezado por Raúl Alfonsín, y fue trascendental lo hecho por Néstor Kirchner, con la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, lo que posibilitó llevar adelante el juzgamiento y la condena de los militares responsables del genocidio, política continuada por los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández. Una de las deudas de la Justicia democrática continúa siendo la falta de condena de los responsables civiles de la masacre. Queda mucho por saber. Quedan más de trescientos nietos apropiados, a quienes les robaron su identidad. Nos falta saber aún qué hicieron los criminales con los cuerpos de los 30.000 desaparecidos. La reciente identificación de los cuerpos de doce compañeros desaparecidos en La Perla, entre los que se cuentan nuestras Mellizas Cecilia María y Adriana María Carranza, demuestra que el trabajo continúa, a pesar de los obstáculos que interpone el actual Gobierno Nacional.

Hoy estamos aquí reunidos, cincuenta años después.

En el futuro de aquel tiempo, que es nuestro presente.

Entre estos dos tiempos, mucho hay para contar.

Porque esta historia, a la que muchos definen como “historia vieja”, es nuestra historia. Nosotros la vivimos, nosotros fuimos quienes transcurrimos en ella. Y somos nosotros los que debemos pensar acerca del tiempo que nos toca vivir.

Porque en estos cincuenta años se vivieron muchos presentes y muchos futuros posibles, algunos truncados y otros que fueron reales. Una vez finalizada la Dictadura se dictaron leyes que nos llevaron a ser uno de los países más avanzados en la consagración de los Derechos Humanos de manera integral, relacionados con el mundo del trabajo, de la salud, de la vida social, de la identidad de género, del acceso a la recreación. Se generó un cuerpo legal de vanguardia a nivel mundial. Se promocionó el desarrollo científico, desde el diseño de vacunas hasta la exploración del espacio. Se garantizó el acceso al conocimiento y a la educación.

Se buscó un marco legal que, además de ser igual para todos, fuera justo para cada uno de nosotros.

Por otro lado, en estos más de cuarenta años de restauración democrática se vivieron también tiempos de apogeo neoliberal, siguiendo las tendencias que se producían a nivel mundial, con la aplicación de las recetas que ya habían fracasado durante la Dictadura, y que nos llevaron a la crisis del año 2001.

No es casualidad que durante los noventas se produjera un retroceso marcado en las políticas de Derechos Humanos, llegando al absurdo del indulto decretado por el presidente Menem en diciembre de 1990, ni fue azar que tales Derechos fueran calificados como “curros” por parte del presidente Mauricio Macri en años más recientes, o que se cuestionara la legitimidad de la lucha de los diferentes Organismos como Abuelas, Madres o HIJOS.

No es casualidad, tampoco, que la reacción a estas políticas haya sido, muchas veces, desarticulada. Lejos estuvimos de protagonizar movilizaciones policlasistas como el histórico Cordobazo, que puso en jaque a la Dictadura de Onganía. Faltaban aquellos que habían sido masacrados en las siniestras mazmorras del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. En ese futuro posible, faltaron referentes para la lucha y para la formación de nuevos cuadros.

Hoy estamos, entonces, aquí reunidos. Pero no es solamente la conmemoración lo que nos congrega. No es solamente el dolor del recuerdo de aquellos que no están. Hoy estamos aquí porque nuestro tiempo representa uno de los futuros posibles que, seguramente, se plantearon los genocidas: la legitimación de un proyecto político, económico y social por medio del voto popular. Lo que no se logró con Massera se hizo posible con Milei, bufón violento y grotesco que sirvió de Caballo de Troya para el acceso al gobierno por parte de quienes reivindican el genocidio y avalan su política.

Lo que anteriormente fue un plan sistemático de exterminio, se aplica ahora a la vulneración de los Derechos Humanos consagrados durante parte de los últimos cien años de Historia.

Así, se disfraza de modernización a una legislación que degrada los derechos más elementales de los trabajadores, y que los retrotrae a los tiempos de La Forestal o de las masacres en la Patagonia. Se oculta bajo el paraguas de una supuesta libertad de mercado y de un utópico déficit cero el desfinanciamiento de la salud y de la educación en todos sus niveles, los recortes en la atención de las Personas con Discapacidad y las jubilaciones, y se penaliza la protesta social.

Se diseña un futuro acorde a la ideología anarcoliberal y financiera, proclamando una supuesta libertad educativa mientras se penaliza a las adolescencias vulnerables bajando la edad de punibilidad sin diseñar políticas que resuelvan las cuestiones que los ponen en peligro.

Se plantea una sociedad en la que predomina lo individual por sobre lo colectivo, el conformismo por sobre la rebeldía, el sálvese quien pueda por sobre la solidaridad.

Parte de ese futuro incluye, como en las más fantásticas distopías, la reescritura de un pasado que reivindica el accionar represivo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Es por eso que se degradó la secretaría de DDHH, impidiéndole actuar como querellante en causas de crímenes de lesa humanidad, se desfinanció el mantenimiento de los sitios de Memoria, se vaciaron las áreas específicas que proveían abogados para el seguimiento de los juicios, y se modificaron los contenidos pedagógicos referidos a tales cuestiones. Pese a eso, persiste como marca de resistencia el desarrollo de múltiples procesos a lo largo del país, como es el caso de la causa que investiga los crímenes cometidos en La Perla, en nuestra provincia de Córdoba. La posibilidad del indulto presidencial a los genocidas condenados es el cierre temido pero verosímil a décadas de logros en el campo de los Derechos Humanos, logros que pusieron a nuestro país en la vanguardia mundial.

Para lograr eso, el gobierno nacional de extrema derecha necesitó crear un enemigo, tal como los genocidas lo habían hecho con la llamada subversión. Para los nuevos fascistas, el enemigo a derrotar está integrado por los jubilados, los docentes, los trabajadores de la salud y de las universidades públicas, las personas con discapacidad, los militantes del campo popular, las diversidades sexuales, los feminismos y todo aquello que, a falta de una categoría que pudiera estigmatizarlos, son incluidos en un nuevo espacio: la ideología Woke. Como en el nazismo, cuando los judíos eran comparados con ratas, el gobierno y sus mercenarios tratan a sus opositores de Kukas, comunistas, asesinos, chorros y pedófilos, y los asimilan a enfermedades infecciosas o al cáncer, que deben ser erradicados de la sociedad integrada por los por ellos denominados “Argentinos de Bien”. Como parte de esta estrategia se persigue a los líderes populares y se los proscribe por medio del Lawfare, como sucede con Cristina Fernández de Kirchner o Milagro Sala. Sabemos cómo termina esto. Nuestros 30.000 ausentes así lo reflejan.

Esa supuesta batalla cultural no se limita al espacio de nuestro país. Como sucediera durante la Dictadura, el gobierno de Milei ha cerrado filas de manera incondicional con los gobiernos encabezados por dos genocidas como Trump y Netanyahu, que no han dudado en invadir países soberanos, bajo la máscara de la Libertad y la democracia, para conseguir beneficios comerciales. Venezuela y Oriente Medio arden en llamas en una guerra que, más temprano que tarde, nos involucrará de la peor manera. Todavía están cerca, en la memoria popular, los atentados sufridos durante el Gobierno de Carlos Menem, también alineado oportunamente con Estados Unidos.

Hoy estamos, entonces, aquí reunidos como forma de resistir desde la Memoria, para cuidar la Verdad y sostener la Justicia.

Estamos, también, para recordar a los 30.000 compañeros desaparecidos, mientras nos preguntamos qué estarían haciendo ellos. Seguramente, estarían militando por nuestros derechos, trabajando por un futuro mejor y construyendo una sociedad más justa y equitativa. Su lucha sigue viva en nosotros, en nuestras acciones y en nuestras voces. Es nuestro deber no permitir que su memoria se desvanezca. Es nuestra obligación exigir, como dicen la Madres, que digan qué pasó con sus cuerpos.

Debemos preguntarnos, también, qué sucedió para que nuestro presente sea el que nos toca vivir y hacer la revisión correspondiente para poder volver a mirar de frente al pueblo, sujeto de nuestra militancia.

Hoy estamos aquí, entonces, por que han pasado cincuenta años en que nuestros desaparecidos son no solo historia viva junto a nosotros, con sus dolores, con sus ausencias, con su bagaje de memoria propia y colectiva, sino con su futuro truncado.

¿Qué serian hoy cada uno de ellos?

Luchadores, sin duda, y sin dudas en las plazas, en todos los frentes en donde hicieran falta.

Estamos aquí porque la resistencia es urgente.

Estamos aquí porque seguimos exigiendo Memoria, Verdad y Justicia.

Estamos aquí para decir, hoy más que nunca: NUNCA MÁS.

Estamos aquí porque tenemos la obligación de honrar el legado de cada uno de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, porque como alguien escribió alguna vez:

“Los muertos demandan a los vivos: recordadlo todo y contadlo: no solamente para combatir los campos sino también para que nuestra vida, al dejar de sí una huella, conserve su sentido.

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El 24 de marzo de 1976 marcó un quiebre institucional en la Argentina, en el marco de un operativo que respondió a una estrategia represiva coordinada a nivel regional. En ese contexto, las Fuerzas Armadas tomaron el control del país y difundieron el primer comunicado oficial tras interrumpir la programación de radio y televisión durante la madrugada. Allí se informaba que la conducción quedaba en manos de la Junta Militar y se instaba a la población a acatar las disposiciones de las nuevas autoridades.

Desde las primeras horas se establecieron el estado de sitio y la ley marcial, con fuerte presencia militar en las calles. Ese mismo día comenzaron detenciones de trabajadores, dirigentes sindicales, estudiantes y militantes políticos, muchos de ellos capturados en sus domicilios o lugares de trabajo.

En San Francisco, la situación tuvo su propia escena. Según registros de la época, a media mañana el entonces intendente Mariano Juan Planells dejó el Palacio Municipal acompañado por funcionarios de su gabinete y representantes gremiales. Lo acompañaban Víctor Almada (UOM), Gerardo Ingaramo (CGT), Sebastián Mascaro (UOM), Luis Llaryora (Bancarios), Miguel Mario Planells (secretario general de Gobierno), Miguel Ángel López (secretario del Concejo), Héctor Lescano (Molineros y Concejal), Alfredo Comba (concejal), Roberto Biazzi (presidente del Concejo) Gustavo Lescano (presidente del Tribunal de Cuentas). Todos formaban parte del Frente Justicialista de Liberación, elegido democráticamente gobierno local en 1973. El edificio se encontraba rodeado por efectivos armados y vehículos militares.

Antes de retirarse, Planells expresó su decisión de permanecer en la ciudad y reivindicó su gestión: "Yo no me voy de San Francisco, me voy a mi casa. Todo se lo di a mi ciudad, a mi pueblo. ¡Viva la Patria! ¡Viva el general Perón!", gritó. Tras ese momento, las autoridades fueron desalojadas y el control del municipio pasó a manos militares. Se designó como interventor al teniente coronel Marcos Roberto Mansilla, sucedido luego por el capitán Carlos Antonio Dittrich, quien permaneció en funciones hasta 1981. Más tarde asumió Antonio Lamberghini, hasta el retorno de la democracia en diciembre de 1983, cuando Juan Ricardo Cornaglia fue elegido por el voto popular.

La lista de víctimas del terrorismo de Estado vinculadas a San Francisco, Córdoba, incluye a 34 personas reconstruidas históricamente en el libro "Ausencias presentes". 

Esta nómina contempla tanto a quienes fueron secuestrados en la ciudad como a oriundos de San Francisco desaparecidos en otros puntos del país.  

Los 34 nombres

José Luis Boscarol: 11 de agosto de 1974 - AsesinadoJosé Néstor Gallardo: Mayo de 1975 - DesaparecidoCarlos Alberto Ballarino: 7 de octubre de 1975 - DesaparecidoMiguel Ángel Morini: 22 de noviembre de 1975 - DesaparecidoElvio Alberto Almada: 30 de diciembre de 1975 - DesaparecidoOsvaldo Raúl Mesagli: 30 de diciembre de 1975 - DesaparecidoEduardo Luis Scocco: 30 de diciembre de 1975 - DesaparecidoMaría Ana Catalina Testa: 8 de enero de 1976 - DesaparecidoSeverino Alonso: 8 de enero de 1976 - DesaparecidoVíctor Jorge Bie Peretti: 30 de enero de 1976 - DesaparecidoRaúl Antonio Cassol: 26 de marzo de 1976 - DesaparecidoDaniel Hugo Carignano: 27 de marzo de 1976 - DesaparecidoVíctor Hugo Ramón Chiavarini: 30 de abril de 1976 - AsesinadoJosé Enrique Verdiell: 30 de abril de 1976 - DesaparecidoAdriana María Carranza: 5 de mayo de 1976 - Asesinada (Restos identificados)Cecilia María Carranza: 5 de mayo de 1976 - Asesinada (Restos identificados)Rodolfo Gustavo Gallardo: 12 de mayo de 1976 - DesaparecidoNora Peretti de Gallardo: 12 de mayo de 1976 - DesaparecidaOscar Ventura Liwacki: 12 de mayo de 1976 - DesaparecidoNéstor Charmidez Páez: 12 de mayo de 1976 - DesaparecidoMaría Esther “Tati” Barberis: 19 de junio de 1976 - AsesinadaOsvaldo Héctor Paulín: 12 de julio de 1976 - DesaparecidoGraciela Josefa Devallis de Paulín: 12 de julio de 1976 - DesaparecidaJorge Luis Duretto: 14 de agosto de 1976 - DesaparecidoCésar Tomás Passamonte: 2 de septiembre de 1976 - DesaparecidoElena Cristian Barberis: 11 de septiembre de 1976 - DesaparecidaAníbal Carlos Testa: 11 de septiembre de 1976 - DesaparecidoRoberto Luis Montali: 24 de noviembre de 1976 - AsesinadoIsabel Olga Terraf: 11 de diciembre de 1976 - DesaparecidaCarlos Ernesto Patrignani: 23 de diciembre de 1976 - AsesinadoSusana Battelli Lafuente: 23 de diciembre de 1976 - DesaparecidaVíctor Miguel Valentín Crosetto: 29 de junio de 1977 - AsesinadoMarta del Carmen Rossetti: 30 de junio de 1977 - AsesinadaMaría Susana Brocca de Zunino: 25 de julio de 1977 - Desaparecida

Hace 50 años, la Argentina caía en el abismo. En el reinado de la muerte y el desprecio por el semejante. Una época triste y dolorosa, con heridas aún abiertas que, lamentablemente, no terminan de sanar. Las disputas por el poder ya no se dirimen mediante violencia armada, grupos clandestinos, asesinatos o desapariciones, pero la vocación de encuentro, tan necesaria, no aparece con frecuencia.

Al hacer memoria, no se puede evitar sostener que aquel tiempo fue un momento en el que en el país se consagró la violencia como forma de resolver las diferencias políticas, sociales e ideológicas. Fue la época en la que se instauró una cultura de la muerte y se abrieron las más hondas heridas, muchas de las cuales siguen abiertas. Además, la utilización sesgada de la memoria durante años de democracia contribuyó a que el reencuentro pareciera más una quimera que una posibilidad real.

Hace medio siglo el país vivió un irracional tiempo de violencia política. Primero, con organizaciones guerrilleras que recurrieron a la lucha armada. Luego, mucho más grave, con un Estado que, con el objetivo de combatir a esos grupos, desterró la noción misma del Estado de derecho al implementar prácticas contrarias a la vida y la dignidad humanas. La reciente identificación de las identidades de personas desaparecidas durante la dictadura militar en un sector del centro de detención clandestino de La Perla es un episodio más de esta dolorosa catarata de circunstancias aberrantes.

Fue un tiempo caracterizado por el desprecio hacia las instituciones. Luego de una crisis política y económica muy importante, derivada del desgobierno que sucedió al fallecimiento de Perón, de la continua acción violenta de grupos subversivos y de las virulentas disputas internas de la facción gobernante, las Fuerzas Armadas tomaron por la fuerza el poder y lanzaron un plan de acción fuera de la ley que procuró acallar cualquier voz disidente para disciplinar al cuerpo social. No fue un hecho circunstancial, sino un plan sistemático que pretendía acabar -con deleznables métodos comprobados por la Justicia- con el accionar guerrillero y también con cualquier otra manifestación que no se ajustara a su ideario.

A medio siglo de aquel último golpe de Estado, por momentos el país sigue sumido en discusiones y enfrentamientos. Ya no con las armas, es verdad, pero muy lejos de alcanzar los acuerdos básicos que permitan avizorar un horizonte más fraterno. Frente a este panorama, es necesario elevar la mirada y alentar la idea de que el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia sirva para recrear los valores más sublimes de nuestra cultura y para continuar en la búsqueda de los caminos que permitan reconciliar a la Nación.

No puede haber reconstrucción sin respeto a la vida de todos los argentinos, a su dignidad, a su libertad de pensamiento, a la vigencia de la ley y a la defensa de las instituciones democráticas. Ninguna reconciliación puede lograrse sin apelar a la búsqueda del bien común. Tampoco se alcanza sin verdadera memoria, sin verdad y mucho menos sin justicia.

La Corte Suprema de Justicia dictó desde 2004 al 17 de marzo de 2026 un total de 1907 sentencias en causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo un rol decisivo en la recuperación de la memoria y la justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Entre sus fallos más relevantes se destaca el caso “Simón” del 14 de junio de 2005, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final (23.492) y Obediencia Debida (23.521), lo que habilitó la reanudación de los juicios por delitos de lesa humanidad iniciados tras el golpe del 24 de marzo de 1976, del que el próximo martes se cumplirán 50 años.

Previamente, en 2004 la Corte dictó el fallo “Arancibia Clavel”, que estableció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad; y en 2007, en la causa “Mazzeo”, declaró la inconstitucionalidad de los indultos otorgados a militares.

Según registros de la Secretaría de Jurisprudencia, de la Secretaría Penal y de la Secretaría Penal Especial, el total de 1.907 fallos se corresponde con el período comprendido entre 2004 y el 17 de marzo de 2026.

De acuerdo con datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde la reapertura de los juicios en 2006 se dictaron 361 sentencias, con 1.231 personas condenadas y 250 absueltas. Además, hay 12 juicios en curso y 282 causas en etapa de investigación preliminar.

El año pasado la Corte Suprema homenajeó a los jueces del Juicio a las Juntas de 1985, que en la llamada “Causa 13” condenaron a los principales responsables del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. En esa oportunidad, el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, subrayó la realización de un “auténtico juicio justo” en un contexto “complejo”; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz lo definió como una respuesta “jurídicamente impecable a crímenes atroces”; y el juez Ricardo Lorenzetti afirmó que la política de memoria y justicia forma parte del contrato social de los argentinos.

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja y el secretario de Derechos Humanos, Trata y Género, Miguel Ceballos, encabezan este miércoles la conferencia de prensa en la que la Justicia federal de Córdoba dará a conocer los nombres de las 12 personas que se encontraban desaparecidas y que cuyos restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el predio de Loma del Torito, cercano al ex Centro Clandestino de Detención La Perla. Cabe destacar que entre las personas desparecidas se encuentra una de las mellizas Adriana y Cecilia Carranza, oriundas de San Francisco. 

La Justicia notificó hace una semana a las familias que hace cinco décadas buscan a esas personas. En varios casos, son los propios familiares los que dieron a conocer el hallazgo de los restos. Estarán presentes los familiares de las víctimas, que llegarán a Córdoba desde varios lugares del país.

El juez Vaca Narvaja confirmó en la misma conferencia de prensa que una familia prefirió reservar la identidad de la persona identificada. Esa sería la número 12.

Los restos fueron hallados tras varios meses de excavaciones en la campaña número 12 del EAAF en la zona de La Perla. Esta vez, a los testimonios existentes que daban cuenta de enterramientos en fosas comunes en cercanías de La Perla, se sumó el hallazgo de dos fotos aéreas de la zona de Loma del Torito del año 1979, que evidencian cambios que se condicen con la remoción de cuerpos que habría ocurrido en esa época.

Sobre todos esos datos trabajó Guillermo Sagripanti, del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Fue quien delimitó el área de búsqueda y asistió al EAAF, liderado por Anahí Ginarte y por Silvana Tarner, que encontró cerca de un millar de pequeños fragmentos de restos óseos.

Los nombres de desaparecidos que fueron identificados que trascendieron hasta el momento, son los siguientes:

Mario Alberto Nívoli. Según los datos del Archivo Provincial de la Memoria, Mario Alberto Nívoli Gauchat, alias Tito, trabajaba como técnico electricista y tenía 28 años al momento de su desaparición. Estaba casado y tenía dos hijos muy pequeños. Había nacido en Ucacha, el 25 de abril de 1948.

El mismo registro indica que estudió Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral y ahí comenzó su militancia política en la Juventud Universitaria Peronista - Montoneros. Fue secuestrado en presencia de su familia, en la madrugada del 14 de febrero de 1977, en su casa en barrio General Paz. Permaneció cautivo en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio "La Perla", y ahora sus hijos saben que ahí murió.

Ramiro Bustillo Rubio. Era militante del Partido Comunista y tenía 27 años al momento de su desaparición. Era estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba, tenía un hijo y su esposa estaba embarazada cuando lo secuestraron. Estuvo en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Departamento de Informaciones (D2)" y en La Perla.

Los responsables de su secuestro y desaparición fueron juzgados el 25 de agosto de 2016, en la Sentencia del Juicio Megacausa "La Perla-La Ribera-D2".

Oscar Omar Reyes de Paniconi. Tenía 46 años cuando fue secuestrado. Estaba casado y tenía cinco hijos. Era ingeniero mecánico y trabajaba como operario en Fiat. Al momento de su detención ilegal se dirigía a una reunión de militancia del Partido Comunista en su vehículo, junto a Bustillo Rubio. Los restos de ambos fueron identificados ahora en simultáneo por la Justicia.

Reyes nació el 29 de noviembre de 1931 en Banfield, Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Permaneció cautivo en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Departamento de Informaciones (D2)" de la Policía de Córdoba y en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".

Los responsables de su secuestro y desaparición fueron juzgados el 25 de agosto de 2016 en la sentencia de la Megacausa "La Perla-La Ribera-D2".

Eduardo Jorge Valverde Suárez. Era abogado y entre 1973 y 1974 había integrado el gabinete del exgobernador de Córdoba Ricardo Obregón Cano. Fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en la Guardia Militar a cargo de la Fuerza Aérea Argentina –funcionaba en Jujuy esquina Colón de la ciudad de Córdoba– adonde concurrió dar respuesta a una intimación efectuada horas antes en su casa y desde entonces estuvo desaparecido, hasta que días atrás se identificaron sus restos.

Le decían “El Tero” y tenía 36 años al momento de su desaparición. Nació el 26 de octubre de 1939 en la ciudad de Mendoza. Cursó el secundario en el Colegio Nacional Deán Funes y la carrera de Abogacía en la UNC. Fue delegado de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) y de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Ya recibido, se dedicó a la defensa de presos políticos y fue fundador de la Agrupación de Abogados en Córdoba (ADA).

Las investigaciones realizadas por Conadep concluyeron que permaneció cautivo en los centros clandestinos de Detención Tortura y Exterminio "La Ribera" y "La Perla". Los responsables de su secuestro y desaparición fueron condenados el 25 de agosto de 2016 en la "Megacausa La Perla-La Ribera-D2".

Raúl Oscar Ceballos Cantón. Era estudiante de Ingeniería en la UNC y tenía 23 años cuando fue secuetrado en su casa de calle Río Limay 1150, en barrio Altamira de la ciudad de Córdoba.

Nació el 10 de junio de 1953 y además de estudiar, trabajaba en la planta de Fiat Materfer. Era militante de Montoneros, en la agrupación de planta Felipe Vallese.

"Tucho", como le decían sus compañeros de trabajo, fue secuestrado el 26 de agosto de 1976. Permaneció cautivo en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio "La Perla".

Adriana o Cecilia Carranza. Las mellizas Cecilia María Carranza y Adriana María Carranza, nacidas en San Francisco y tenían 18 años cuando fueron secuestradas en la madrugada del 5 de mayo de 1976 en la pensión donde vivían, en la ciudad de Córdoba.

Una de ellas fue identificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense a partir de un pequeño resto –se trata de una muela– que encontraron en las excavaciones de Loma del Torito, en cercanías de La Perla. Dado que el ADN es similar por ser mellizas, no pueden saber cuál es la que estaba enterrada en ese lugar.

Según los datos del Archivo Provincial de la Memoria, la mellizas nacieron el 6 de julio de 1958. Eran las menores de una familia de 8 hijos.

Realizaron el secundario en la Escuela Nacional José de San Martín, en San Francisco. Luego se vivieron a Córdoba, donde en 1975 empezaron a estudiar en la UNC. Cecilia cursaba Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Humanidades, mientras que Adriana asistía a la Escuela de Ciencias de la Información.

Ambas militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Las secuestraron en la madrugada del 5 de mayo de 1976, en barrio General Paz de la ciudad de Córdoba. Se presumía que habían estado detenidas clandestinamente en La Perla. Ahora eso parece confirmarse, aunque no se sabe cuál de las dos hermanas fue identificada. 

A 50 años del golpe de Estado que inauguró la última dictadura cívico-militar en la Argentina, San Francisco vive una nueva Semana de la Memoria. Como cada año, la ciudad volverá a reunirse para recordar, reflexionar y reafirmar el compromiso con la democracia. Pero esta vez el calendario adquiere un peso simbólico especial: medio siglo después de aquel 24 de marzo de 1976, la pregunta sobre cómo se construye memoria en el presente vuelve a instalarse con fuerza.

Las actividades, organizadas por la Mesa del 24 de Marzo San Francisco, culminarán el martes 24 con la tradicional marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Debido a las obras de infraestructura que se realizan en el acceso oeste de la ciudad, el recorrido tendrá un cambio este año: partirá desde el monumento del “Nunca Más”, ubicado en el Paseo Cervantes, y concluirá en el Centro Cívico.

La Mesa del 24 de Marzo es un espacio que reúne a distintas organizaciones y colectivos de la ciudad que comparten una misma preocupación: mantener viva la memoria de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado y sostener el compromiso con los derechos humanos.

“Es un espacio donde se articulan diferentes organizaciones. Están los tres espacios de derechos humanos, que son la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia, el Espacio por los Derechos Humanos San Francisco y Memoria Presente. Y hay también sindicatos, otras agrupaciones de la diversidad, ciudadanos y ciudadanas que se acercan porque les interesa la temática de Memoria, Verdad y Justicia y también de los derechos humanos en general”, explicó Matías Córdoba en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO.

La conformación de esta mesa de trabajo se remonta a 2018, cuando distintas organizaciones decidieron unir esfuerzos para organizar la marcha del 24M y generar espacios de reflexión durante todo el año.

“En el año 2018 decidimos conformar esta mesa y juntarnos. El objetivo principal es preparar el 24 de marzo, la histórica marcha del 24M que se hace en San Francisco, pero también pensar y reflexionar sobre otras actividades durante el año”, recordó Córdoba.

En ese marco nació la idea de la Semana de la Memoria, una agenda de actividades culturales, educativas y conmemorativas que buscan abrir espacios de reflexión colectiva. “Cada año decidimos preparar una Semana de la Memoria en la que realizamos diferentes actividades. Siempre el objetivo nuestro es seguir reflexionando sobre el golpe de Estado, la dictadura militar, tener presentes a los 30.000 desaparecidos y recordar también cuáles eran sus premisas, sus luchas, sus ideales”, agregó.

Para los integrantes de la mesa, recordar no implica solamente mirar hacia atrás. La memoria, sostienen, es también una herramienta para pensar el presente. “A partir de lo que generó la dictadura —la censura, la represión, la persecución política— es necesario pensar en el presente. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Indudablemente, revalorizar la democracia. Ese es el objetivo central”, sostuvo Córdoba.

Desde esa perspectiva, cada actividad busca tener un sentido pedagógico. La memoria no se reduce a una conmemoración simbólica sino que se construye en la vida cotidiana, en la participación ciudadana y en la transmisión generacional. “Cada actividad está pensada educativamente, pedagógicamente y también desde la construcción de ciudadanía”, afirmó el referente.

En ese proceso, las proyecciones de cine, las intervenciones artísticas o las inauguraciones de placas recordatorias buscan generar preguntas y habilitar nuevas miradas.

“Desde una proyección de una película, por ejemplo, podemos reflexionar sobre cuáles fueron las prácticas que se llevaron adelante durante el golpe de Estado y cómo hoy deberíamos reafirmar la defensa de los derechos y las libertades”, explicó Córdoba.

Este nuevo aniversario del golpe llega además en un momento político particular en el país. El gobierno nacional ha reabierto discusiones sobre la memoria histórica y las políticas de derechos humanos, lo que genera preocupación en muchos espacios vinculados a la temática.

Para Martín Gallardo, integrante de la mesa e hijo de Nora Peretti y Rodolfo Gallardo —desaparecidos durante la dictadura—, el escenario actual plantea desafíos. “Es un contexto complicado. Hoy se están banalizando estas políticas de derechos humanos y se vuelve a instalar la teoría de los dos demonios”, afirmó.

Según explicó, también existe un retroceso en las políticas públicas vinculadas a la memoria. “Las políticas que tenían que ver con memoria, verdad y justicia se están desfinanciando. Hay un desfinanciamiento completo, por ejemplo, del personal que trabaja en los espacios para la memoria”, señaló.

En ese marco, el documento que tradicionalmente se lee durante el acto del 24M adquiere una importancia especial. Allí se expresan las posiciones compartidas por las organizaciones que integran la mesa. “Ese documento es el posicionamiento de todas las organizaciones. Lo debatimos, lo discutimos, lo volvemos a pensar. Es una construcción colectiva”, explicó Lali Rocca.

La elaboración comienza semanas antes de la marcha y suele atravesar distintos debates internos. “Nos juntamos desde principios de febrero para empezar a organizar la marcha y también ese documento. Tiene varias páginas y expresa el posicionamiento de todas las organizaciones”, agregó.

Este año, además, tendrá una particularidad: habrá un documento elaborado por jóvenes. “Le hemos dado mucha importancia a los jóvenes que se suman a la mesa del 24. Les dimos la posibilidad y también la responsabilidad de que elaboren su propio documento de la juventud, que van a leer en esta oportunidad”, dijo Córdoba.

Uno de los desafíos más importantes, coinciden los integrantes de la mesa, es cómo transmitir la memoria a generaciones que no vivieron la dictadura.

Para Rocca, el desafío pasa por generar empatía y acercar el pasado a las experiencias cotidianas de los jóvenes. “Este año hacemos mucho hincapié en llegar a las juventudes. Les preguntamos qué les pasaría si un día faltara su papá, su mamá o un familiar. Es ponerse en el lugar del otro y reflexionar que lo que hoy tenemos es producto de luchas anteriores”, expresó.

El interés de los jóvenes también se refleja en la participación creciente dentro de las organizaciones. “La mayoría son militantes, pero está bueno que este año armamos una comisión de juventudes para que puedan contar qué piensan y qué esperan también de nosotros”, acotó Córdoba.

Para el referente, la participación juvenil también es una forma de responder a discursos que cuestionan el compromiso político de las nuevas generaciones. “En un contexto donde incluso se pone en cuestionamiento el rol o los valores de la juventud, esto demuestra que históricamente la juventud está comprometida”, afirmó.

En los últimos días, la noticia del hallazgo de restos de desaparecidos en el ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, volvió a conmover al país. Entre los cuerpos identificados se encuentra uno correspondiente a una de las mellizas sanfrancisqueñas desaparecidas, Adriana María o Cecilia María Carranza Gambernale, aunque los análisis genéticos aún no permiten determinar cuál de ellas es.

Para Gallardo, estos descubrimientos generan emociones difíciles de explicar. “Me genera muchas sensaciones, difíciles de explicar y a flor de piel, pero sobre todo una gran alegría por esas familias que ya no van a tener un familiar desaparecido, sino que saben que fue asesinado”, expresó.

El hallazgo también vuelve a poner en evidencia el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que desde hace décadas investiga y busca identificar restos en distintos puntos del país.

Gallardo destacó que ese trabajo es posible gracias a múltiples voluntades colectivas. “El trabajo del Equipo de Antropología Forense es fundamental, pero también hay voluntades individuales que se juntan para hacer una voluntad colectiva: en los espacios para la memoria, en los jueces y fiscales que siguen comprometidos, en los docentes que deciden trabajar esta temática en las escuelas”, indicó.

Para Córdoba, cada hallazgo es también una prueba irrefutable de lo ocurrido durante la dictadura. “Después de 50 años seguimos esperando saber dónde están los cuerpos de todos los compañeros y compañeras desaparecidas. Estos hallazgos son otra prueba más del horror que cometió la última dictadura militar”, afirmó.

“Es una conquista también de todo lo que hemos hecho como sociedad”, sostuvo Córdoba. Y recordó el papel fundamental de quienes durante décadas impulsaron la búsqueda de verdad y justicia. “El compromiso de los familiares que desde hace 50 años buscan a sus seres queridos, el de los expresos políticos que vinieron a contar lo que vivieron… todo eso forma parte de esta construcción”, expresó.

Para los integrantes de la mesa, la memoria no es solo un ejercicio del pasado. Es, sobre todo, una herramienta para fortalecer la democracia. “Queremos una democracia y queremos seguir mejorándola. La pregunta es cómo podemos comprometernos para garantizar los derechos y las libertades para todas y todos”, siguió.

Y en esa búsqueda, el 24 de marzo vuelve a ser un punto de encuentro. “Hasta que no se haga justicia por cada compañero y compañera que desapareció o por cada persona que sufrió la tortura del terrorismo de Estado, seguiremos luchando”, sostuvieron desde la mesa.

Sábado 14 de marzo

Inauguración de Placas por la Memoria

10 a 11.30: inauguración de placas en el Espacio Verde Devallis Paulín, luego en la Plazoleta Barberis Chiavarini y finalmente en el Espacio Verde Barberis Testa.

Jueves 19 de marzo

11: inauguración de placa recordatoria de Oscar Liwacki en Plaza Sarmiento.

16: inauguración de placa en Espacio Verde Duretto (Panamá esquina Sáenz Peña).

19: proyección de la película Traslados, sobre los vuelos de la muerte, en la Tecnoteca.

Viernes 20 de marzo

10: inauguración de placa en Plaza Alonso Testa, barrio Parque.

20: inauguración de muestra fotográfica sobre abogados víctimas del terrorismo de Estado en el Centro Cultural (J.J. Paso y Mitre).

Sábado 21 de marzo

17 a 18.30: inauguración de placas en los espacios verdes Víctor Crosetto, Boscarol y Verdiel, sobre avenida de los Constituyentes.

Domingo 22 de marzo

10 a 11: inauguración de placas en el Espacio Verde Montali y en la Plazoleta Marta Rossetti.

Lunes 23 de marzo

19: vigilia por el 24M con lectura de “Presentes” en el monumento al Nunca Más.

Martes 24 de marzo

17: concentración en el monumento al Nunca Más.

18: Marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

18.30: acto central en la Plaza Cívica con lectura de documentos y actividades artísticas.

El Grupo de Derechos Humanos Memoria Presente, junto a la Mesa de Trabajo 24 de Marzo, organiza un conversatorio a cargo del fotógrafo y docente universitario David Shafer. La actividad se realizará mañana martes 24 de junio a las 20 en el Centro Cultural de San Francisco, ubicado en Mitre esquina Paso. La entrada será libre y gratuita.

El evento, titulado Cuando las imágenes se rebelan, abordará los proyectos de investigación “Cámara Oscura” y “Cámara Seca”, que exploran el uso de la fotografía como herramienta para visibilizar el aparato represivo de la última dictadura militar.

Durante el conversatorio, Shafer —investigador, licenciado en Cine y TV por la Universidad Nacional de Córdoba y coordinador de proyectos entre Argentina y Francia— compartirá su trabajo en torno al papel de la imagen en los procesos de construcción de memoria.

Además, se presentarán dos libros de su autoría: Registro Bruto, que reúne prácticas fotográficas en el ex centro clandestino D2 de Córdoba, y Cámara Seca, sobre una película de propaganda del régimen realizada por orden del entonces comandante Luciano Benjamín Menéndez.

La actividad propone reflexionar críticamente sobre las narrativas visuales del pasado reciente.

Hoy, viernes 27 de diciembre, Abuelas de Plaza de Mayo anunció la recuperación del nieto 138, un paso más en la búsqueda por la memoria, la verdad y la justicia. 

La información fue difundida a través de las redes sociales de la organización, donde compartieron un emotivo dibujo de un abrazo entre un joven y una abuela acompañado de una breve descripción. Este anuncio representa un momento de profundo significado en la lucha por identificar a los niños y niñas apropiados durante la última dictadura cívico-militar.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo informaron que hoy, a las 14, se llevará a cabo una conferencia de prensa en la Casa por la Identidad, ubicada en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este encuentro se brindarán más detalles sobre la historia de este nuevo nieto recuperado.

📢 ¡Encontramos un nuevo nieto! 🤍🎙️Conferencia de prensa: hoy, 27/12, a las 14 hs📌 Casa por la Identidad del @espacio_memoria (ex Esma, Av. Libertador 8151, CABA)🔗 https://t.co/YDxW2bCHTh🤗 Bienvenido #Nieto138 🥹#AbuelasEsIdentidad pic.twitter.com/41VWhPbjko

En la jornada del lunes 16 de septiembre se conmemoraron 48 años de la “Noche de los lápices” y en el marco de esta jornada llamada Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios en San Francisco, se realizó un homenaje en la plazoleta "Ana Catalina Testa y Severino Alonso".

En este sentido, la convocatoria fue realizada por los integrantes del Espacio por la Memoria y los Derechos Humanos de San Francisco y la Asociación Civil Impulsar Futuro, junto a ellos estuvieron los estudiantes del Ipet N° 264 “Teodoro Asteggiano” y referentes de barrio Parque. 

Durante la jornada, “estudiantes y docentes del Ipet 264 compartieron reflexiones sobre el significado de este 16 de septiembre, el papel de los jóvenes en la sociedad actual y la relevancia de conocer y recordar nuestra historia. Sus aportes enriquecieron la conmemoración, resaltando la importancia de educar y recordar para seguir avanzando como sociedad”, indicaron los impulsores de la inciativa.

“En estos tiempos donde, en ciertos lugares, prima el discurso de dejar el pasado atrás, se nos hace necesario volver a nuestra historia, para conocerla y entender la importancia como sociedad de seguir construyendo memoria y democracia”, manifestó la presidenta de Impulsar Futuro, Belén Luna.

A su vez, agregaron: “Agradecemos también a los miembros del Espacio de la Memoria y Derechos Humanos de la ciudad, quienes ofrecieron valiosos testimonios sobre el compromiso social y el trabajo comunitario de Ana y Severino. Estos valientes luchadores por los derechos humanos fueron secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura militar y su legado continúa inspirándonos en nuestra búsqueda de justicia y memoria”.

La Noche de los lápices

La Noche de los Lápices  es el nombre con que se conoce una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. 

En total diez estudiantes secundarios fueron secuestrados y torturados por grupos de tareas de la dictadura gobernante, de los cuales seis fueron asesinados sin que se hallaran sus restos hasta la fecha: Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel A. Racero y Horacio Ungaro. Los cuatro sobrevivientes fueron Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.

Este suceso fue uno de los más conocidos entre los actos de represión cometidos por la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), ya que los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría adolescentes menores de 18 años, que fueron torturados antes de ser asesinados. La Conadep estableció que la Policía bonaerense había preparado un operativo represivo para los que habían participado de la campaña por el boleto estudiantil, considerada por las Fuerzas Armadas como “subversión en las escuelas” la cual era fundamental “erradicar”.​

El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, en el Juicio a las Juntas. Además, Díaz participó de la creación del guion que llevó la historia al cine días antes de cumplirse una década de lo ocurrido, en la película homónima. Cuatro de los estudiantes secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y traslados impuestos por la dictadura.

El pasado domingo 12 de mayo, dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio filial San Francisco, encabezados por su secretario general Oscar Fagioli, se hicieron presentes en el monolito emplazado en la esquina de las calles Dr. Enrique J. Carrá y Oscar V. Liwacki a los fines de restituir la placa que hace referencia al motivo de la designación, mediante ordenanza municipal Nº 3596, de la ex calle pública “B”, con el nombre del dirigente gremial víctima del genocidio de Estado en la Argentina.

La restitución de la placa en recuerdo  de “Oscar V. Liwacki” en esta calle de nuestra ciudad significa “un reconocimiento a la trayectoria y militancia gremial de quien fuera secretario general  del SEC  y de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) Delegación Regional San Francisco, trágicamente desaparecido dura la última dictadura militar”, indicaron desde el sindicato.

El acto se enmarcó en el 48º aniversario de la desaparición física de Liwacki.

Liwacki fue secuestrado el 12 de mayo de 1976, cuando un grupo comando irrumpió en su vivienda de calle Dante Alighieri 548 y se lo llevó mientras su esposa y un tío lo vieron sin poder hacer nada.

Para que la memoria nunca muera, dos homenajes están vigentes en la ciudad, uno es el campo de recreación y deportes del SEC, sobre avenida Maipú, y el otro la calle con su propia placa colocada por sus compañeros.

Con una marcha que partió desde el Centro Cívico y llegó hasta el monumento “Nunca Más” ubicado en Paseo de la Memoria, también en San Francisco las organizaciones de Derechos Humanos y distintos movimientos sociales honraron a los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar y exigieron memoria, verdad y justicia.

Bajo el lema "La patria no se vende, en la calle se defiende", se leyó un documento con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei. “Los desaparecidos nos faltan a todos. Recordar es un ejercicio de la memoria. Hay quienes dicen que la palabra recordar significa volver a pasar por el corazón, por eso, recordar a nuestros desaparecidos y desaparecidas es una forma de mantenerlos vivos en la memoria colectiva”, afirmaron.

Participaron de la marcha familiares de desaparecidos; integrantes de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia; del Espacio por la Memoria y los Derechos Humanos de San Francisco; del movimiento feminista; integrantes del colectivo Lgbtiq+; la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc); la Murga la Estación; vecinos, entre otros. El intendente Damián Bernarte, junto a funcionarios municipales y concejales, también se sumó a la marcha y el acto.

Ya en el Paseo de la Memoria, en el escenario rodeado de los carteles con las fotos y nombres de los 37 hombres y mujeres desaparecidos o asesinados por la última dictadura que transitaron nuestra ciudad, se los nombró uno por uno, para mantenerlos “presentes, ahora y siempre”.  

Posteriormente se leyó el documento en el que se cuestionó al gobierno de turno, con críticas al DNU y el ajuste económico, al que calificaron de similar al que aplicó el gobierno de facto. 

“La patria no se vende, en la calle se defiende”.

“Repudiamos la burla hecha por el presidente en su discurso de apertura de sesiones del Congreso de la Nación en el que cuestionó la veracidad del número de compañeros detenidos desaparecidos durante la dictadura. Señor presidente Milei, fueron 30.000”, sentenciaron.

También criticaron a la vicepresidenta Victoria Villarruel: “Su padre fue un militar genocida torturador de soldados en Malvinas y que se negara a jurar por la Constitución Nacional. Lo que antes era negacionismo, ahora es reivindicación abierta del genocidio”.

Apuntaron además contra el “brutal ajuste sobre la economía del país, que según quien hoy ocupa ese cargo iba a recaer sobre una pretendida casta política pero que hasta ahora solamente ha comprometido el bienestar de las clases trabajadoras y de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad”.

“Un presidente que no duda en extorsionar a los gobernadores en cadena nacional, imponiendo condiciones tendientes a sostener su programa de gobierno a través de la firma de un pacto en el que nada se negocia”, cuestionaron a Milei.

“No renunciamos a la defensa de la memoria”

Dijeron que las medidas tomadas por la “administración Milei-Macri han reducido en más de la mitad el poder adquisitivo del salario mediante la mega de evaluación de la moneda nacional y la liberación de los precios de los productos de consumo popular, la licuación de la jubilaciones y pensiones la eliminación de fondos como el Fonid y las paritarias a la baja las cuales se llevarán a cabo sin la intermediación del Estado”.

“Por otro lado, se desfinancian planes de asistencia en salud educación ciencia y técnica situación que condena a muerte a miles de personas que dependen de esos programas para acceder a tratamientos hasta ahora garantizados por el Estado”, agregaron.

Asimismo, se refirieron al desfinanciamiento y el cierre de todas las instituciones que defienden el acceso a la cultura y al esparcimiento. “Va más allá de una cuestión económica, es una política de Estado bien definida que replica las listas negras y a las prohibiciones formuladas durante la dictadura”.

“Quien se expresa por su arte, se manifiesta por sus ideas, reclama por un derecho debe ser acallado por los gobiernos totalitarios, la misma situación se observa en todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de aquellas organizaciones que brindan asistencia en los territorios, la suspensión de la ayuda de los comedores comunitarios provoca un mayor deterioro de las condiciones de vida de aquellos más vulnerables”, advirtieron.

“Se brinda asistencia a quienes concurren a escuelas privadas mediante subsidios o a organizaciones confesionales y se donan materiales bélicos a países en guerra, pero se desfinancia a las organizaciones populares que actúan como un muro de contención frente a la posibilidad de un estallido social. Señor Presidente, la comida de los pibes no se negocia”.

Las organizaciones de Derechos Humanos recordaron el comienzo de la dictadura hace 48 años y compararon al actual gobierno con los militares. “Nuestros 30.000 nos recuerdan lo que fueron capaces de hacer para imponer un proyecto de país excluyente basado en la miseria planificada de su población. Cualquier similitud con la situación actual no es mera coincidencia. Quienes hoy gestionan el gobierno nacional son continuadores de ese proyecto, cuando no sus herederos directos”, manifestaron.

“Fue la peor dictadura que nuestra historia haya vivido. Con la excusa de una supuesta guerra contra la subversión, se aplicó un programa de ajuste neoliberal como pocas veces se había visto hasta ese momento no solo en nuestro país sino a escala internacional. Un programa que solo podría favorecer a los grupos concentrados de poder económico y mediático apoyado por una parte de la sociedad civil y por un sector de la Iglesia Católica”, recordaron.

Agregaron que ese plan “solamente se pudo sostener por medio de la violencia, la proscripción y la vulneración de los Derechos Humanos más elementales. El terrorismo de Estado fue la principal herramienta para intentar disciplinar a una comunidad organizada la cual fue atacada en todos sus niveles”, siguieron con la lectura del documento.

Sostuvieron también que “es necesario efectuar una profunda reflexión acerca del rol que desempeñamos compañeros y compañeras quienes reivindicamos la vigencia de los Derechos Humanos, su defensa y la responsabilidad del Estado y de la política como garantes de los mismos en los tiempos recientes para llegar a esta situación más allá de reconocer el trabajo llevado a cabo por miles de militantes y organizaciones de base”.

“Debemos preguntarnos qué responsabilidad nos cabe, a qué colectivos dejamos de representar y por qué para que pudieran ser colonizados por la derecha más reaccionaria de que se tenga memoria desde la recuperación democrática”, sentenciaron.

“No renunciamos a la defensa de la memoria, especialmente en una sociedad en la que gran parte de su población reivindica genocidas como Videla; reclama, la vuelta de los Falcon verdes y homenajea a los intendentes de la dictadura asignando sus nombres a las arterias por las cuales transitamos todos los días. Llamar intendente Dittrich a una calle constituye una ofensa a las víctimas del terrorismo de Estado”, acotaron.

“Debemos tomar conciencia que no hay derechos escritos en piedra y que cada logro se debe sostener con la militancia cotidiana y sostenida de todos y todas desde lo individual, pero sobre todo desde lo colectivo”. 

A través del mismo documento exigieron “que el Estado garantice los Derechos Humanos adquiridos, que se proteja el medio ambiente y se garantice el acceso a la salud”, entre otras cosas, remarcando el lema: “La patria no se vende, en la calle se defiende”.

Exhortaron al Estado a “sostener las políticas de memoria, verdad y justicia continuando con los juicios por crímenes de lesa humanidad y asegurando la preservación de los sitios de la memoria. Exigimos que se tomen medidas para garantizar el acceso a la salud, a la educación, a la cultura, al trabajo y a la alimentación de todos y todas”. 

Añadieron: “Exigimos que se definan políticas que protejan al medio ambiente regulando el extractivismo los modos de explotación agrícola e industrial y sus consecuencias sobre el espacio en el que todos habitamos. Que se investigue el atentado sufrido por una compañera militante de la agrupación Hijos y que se dé a conocer una manifestación al respecto por parte de las autoridades nacionales”.

Además, manifestaron que de los 30.000 desaparecidos, 400 fueron secuestrados, torturados y desaparecidos por su condición de género y su orientación sexual. “De ellos no existen registros oficiales, ni políticas públicas estatales que reparen esta invisibilización de la memoria de nuestro colectivo Lgbtiq+”.

Y para homenajearlos, descubrieron una placa memorial que reivindica tanto su existencia como su reclamo de memoria, verdad y justicia. También se inauguró el mural “40 años de democracia, derechos adquiridos y luchas por conquistar” en el Paseo de la Memoria.

Los restos del estudiante de Medicina de la ciudad santafesina de Rosario y militante montonero Santiago Luis Werle fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en una tumba NN del cementerio “La Piedad”, informaron fuentes judiciales.Los restos habían sido hallados en 2011 durante una excavación del EAAF, ordenada por la Fiscalía de causas por violación a los Derechos Humanos de Rosario, y fueron cotejados con muestras genéticas de dos hermanos de la víctima, añadieron las fuentes.El Juzgado Federal N° 4 de Rosario declaró que los restos hallados en una tumba NN del cementerio “La Piedad” de esta ciudad corresponden a Santiago Werle, desaparecido en 1976 tras ser asesinado en un centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de la Policía de Santa Fe ubicado en Rosario durante la última dictadura cívico militar.Según informó la Fiscalía que interviene en la causa, Santiago Luis Werle nació en la ciudad de Santa Fe el 8 de agosto de 1955 y que era estudiante de Medicina y militante de Montoneros al momento de su desaparición.“Los hechos que lo tuvieron como víctima fueron acreditados en la sentencia dictada en 2020 en el marco de la causa conocida como ‘Feced III’ por el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario”, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), a través de su sitio web Fiscales.gob.ar.Según se ventiló en el juicio, Werle fue secuestrado la tarde del 22 de octubre de 1976 y llevado al SI de la Jefatura de Policía, “donde sufrió brutales tormentos que le provocaron la muerte”.El SI, ubicado en pleno centro de la ciudad de Rosario, fue el mayor centro clandestino de detenciones de esta ciudad santafesina durante la última dictadura, por donde se estima que pasaron unas dos mil víctimas del terrorismo de Estado.El joven, de por entonces 22 años, estaba casado con Graciela Porta, quien al momento del secuestro de Werle cursaba un embarazo de cinco meses y también fue secuestrada, más adelante.Según la Fiscalía, a cargo de Adolfo Villate, “luego del secuestro de Werle, su familia sufrió allanamientos en su domicilio y amenazas telefónicas para que abandonaran su búsqueda, e incluso su hermana fue varias veces interceptada con el objeto de amedrentarla”. 

El MPF informó que en noviembre de 2011 el equipo de antropólogos exhumó de la sepultura n° 174 del solar 75 un conjunto óseo al que se le realizó un análisis bioantropológico que concluyó que se trataba de un adulto de entre 20 y 28 años, de sexo masculino, con lesiones postmortem compatibles con “alteración térmica y/o exposición al fuego”.Del relevamiento de los registros del cementerio y demás prueba documental de la época, surgió que la sepultura cuyos restos se investigaron integraba un conjunto de cuatro inhumaciones “N.N” en la misma fecha y vinculados con partidas de defunción que referían al incendio de un automóvil en calle España al 6600 de Rosario.“Los restos inhumados en una de estas sepulturas, fueron identificados en 2015 como pertenecientes a Miguel Ángel Rubinich”, señalo el MPF.Esta información, “permitió a la fiscalía vincular la inhumación con un enfrentamiento fraguado del 5 de noviembre de 1976 en calle España al 6600 de Rosario, tras el cual se hicieron aparecer cuatro cadáveres calcinados al interior de un automóvil que se hallaba totalmente destruido por la acción del fuego”, añadió.El comunicado oficial, que fue replicado por los diarios de la época, informó que el incendio se había originado por un intercambio de disparos que produjo la detonación de explosivos transportados en el vehículo.Pero en la causa “Feced III” se tuvo “por acreditado que Werle falleció como consecuencias de las torturas recibidas en el Servicio de Informaciones” y la pericia “concluyó alteración térmica ‘postmortem’, lo que indica que el cadáver fue introducido en el auto junto a otras personas que ya se encontraban detenidas-desaparecidas o también habían sido asesinadas para montar una escena de falso enfrentamiento armado que les procure la impunidad a sus autores”, añadió. 

Dos días antes, el miércoles pasado, el mismo juzgado decretó que otros restos hallados también en 2011 en el mismo cementerio rosarino, pertenecían a la estudiante de Medicina y militante una organización estudiantil llamada Corriente Universitaria por la Revolución Socialista (Curs), que era el brazo universitario de la Organización Comunista Poder Obrero (Ocpo), identificada como Cristina Woelflin, desaparecida en 1977 durante la última dictadura.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó este miércoles el decreto que oficializa el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura chilena, a días de cumplirse el 50 aniversario del golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet, perpetrado el 11 de septiembre de 1973.“Lo que estamos haciendo hoy es un tema de democracia porque se trata de un acto de Estado que asume la memoria de una manera en que no nos moviliza el rencor, sino que nos moviliza la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso, es conocer toda la verdad”, expresó el jefe de Estado en un acto en Plaza Constitución, al norte del Palacio de la Moneda, donde estuvo junto a políticos y familiares de víctimas de la dictadura (1973-1990).

“Cómo se responde a los que niegan lo que ocurrió. Cómo se responde a los que lo justifican y no son capaces de decir que no lo harían de nuevo", planteó el mandatario, para luego hacer la invitación a un acuerdo para nunca más "interrumpir la democracia por medio de la violencia", recogió el diario chileno The Clinic.El plan se refiere a la "desaparición forzada, de manera sistemática y permanente" y buscar responder a las "obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales", informó la Presidencia en su página web.El también llamado Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia tiene tres objetivos; "esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada y su paradero; garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada; e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada".

El plan fue iniciado en 2022, durante el primer año de Gobierno del presidente Boric y cuenta con un componente participativo inicial, ya que a modo de preparativos "se llevaron a cabo 67 encuentros en todo el país con la participación de 775 personas, además de 4 mil asistentes a seminarios y reuniones con autoridades".El trabajo de elaboración del plan contó también con el aporte de agrupaciones de familiares de víctimas, sitios de memoria, representantes de la academia, centros de estudios, organizaciones de la sociedad civil y más actores relevantes."De esta manera, el plan trazará la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborará con las investigaciones judiciales y ayudará a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales", consignó el comunicado oficial.El Ejecutivo chileno también informó que el plan "tendrá una gobernanza permanente" además de un "presupuesto asignado", por lo que existirá como un instrumento de política pública que "deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo gobierno".Si bien el Gobierno reconoce que se deben realizar más esfuerzos "para contar con el registro más preciso posible de la cantidad de personas que fueron víctimas directas de la represión", asegura que diversas investigaciones judiciales, junto al trabajo de distintas instancias como las comisiones generadas por el Estado, "han establecido que al menos 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer durante el periodo comprendido entre 1973 y 1990".Y agrega que se ha llegado a estimar "sin certeza" que la cantidad de víctimas de desaparición forzada son 1.469 personas (1.092 corresponden a personas detenidas desaparecidas) y que las personas ejecutadas por causas políticas sin entrega de cuerpos son 377.Hasta el momento, se ha responsabilizado penalmente por desaparición forzada de víctimas a "agentes estatales en calidad de autores, cómplices o encubridores, y a civiles en las mismas calidades". Estos procesos han permitido identificar a 307 víctimas de desaparición forzada.

El jueves 31 de agosto a las 20 se llevará a cabo en nuestra UTN San Francisco la presentación del libro "Presentes", de Guillermo Peretti, integrante de la Comisión Memoria Verdad y Justicia.

En este libro, el autor brinda detalles de la desaparición de Nora Peretti y Gustavo Gallardo, matrimonio secuestrado en San Francisco en los primeros meses de la dictadura cívico militar.

El 12 de mayo de 1976, un grupo de tareas vinculado con la dictadura irrumpió con violencia en la casa de calle Cabrera 2454 y secuestró al matrimonio, de 31 y 33 años respectivamente, desde entonces desaparecidos. Su pequeño hijo, Martín, de apenas 3 años, fue dejado en la puerta de la casa de sus tías. En el libro "Presentes", Guillermo Peretti, hermano de Nora y tío de Martín, revela detalles de aquella trágica noche.

La presentación se realizará en el Aula B del sector de Cuarto Nivel de la Facultad Regional San Francisco de la UTN.

La entrada es libre y gratuita.