El Gobierno nacional consiguió este miércoles la aprobación en la Cámara de Diputados de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, con el respaldo decisivo de las abstenciones de cinco legisladores cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora.

 La votación en general, que se realizó pasadas las 16 y fue conducida por el presidente de la Cámara, Martín Menem, terminó con 124 votos afirmativos y 119 negativos. En ese escenario, las abstenciones resultaron determinantes para que el oficialismo consiguiera avanzar con el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Los cinco diputados cordobeses que se abstuvieron fueron Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Carolina Basualdo y Alejandra Torres.

 En tanto, los diez legisladores que votaron a favor fueron Gabriel Bornoroni, Laura Rodríguez Machado, Laura Soldano, Luis Picat, Belén Avico, María Cecilia Ibáñez, Enrique Lluch, María Celeste Ponce, Gonzalo Roca y Marcos Patiño Brizuela, todos integrantes de La Libertad Avanza.

 Por su parte, votaron en contra Juan Brügge, de Provincias Unidas; Natalia de la Sota, de Democracia para Siempre; y Gabriela Estévez, de Unión por la Patria.

 La iniciativa, sin embargo, deberá regresar al Senado, que tendrá que ratificar o rectificar las modificaciones introducidas durante su tratamiento en la Cámara baja.

Durante la votación en particular, uno de los puntos de debate estuvo vinculado con la restitución de la ley de tierras. La diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley propuso incorporar la palabra “derógase” en la redacción del capítulo 4, con el argumento de adecuar el texto a las reglas de técnica legislativa.

 La intención era dejar establecida la eliminación del artículo 154 del DNU 70/23 y garantizar la plena vigencia de la ley de tierras sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el libertario Nicolás Mayoraz, miembro informante del proyecto, rechazó la modificación.

 Antes de la votación en general, la diputada camporista Paula Penacca cuestionó el cambio de posición del Gobierno respecto de la ley de tierras, luego de que el oficialismo repusiera su vigencia en el proyecto tras haber planteado su derogación durante el debate en el Senado.

 “Así como hoy dieron este volantazo y dicen que defienden la ley de tierras, mañana no van a tener problema en seguir entregando la patria pero nosotros la vamos a seguir defendiendo”, expresó.

 Por su parte, la diputada libertaria Patricia Vásquez sostuvo: “La propiedad no es un permiso del Estado sino un derecho absoluto de todos los argentinos”.

 Mayoraz también defendió la iniciativa y manifestó su sorpresa por la necesidad de debatir el alcance del derecho de propiedad. “¡Qué increíble que en el siglo XXI estemos desempolvando el artículo 17 de la Constitución de 1853!”, afirmó.

La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con una agenda que incluye proyectos sobre propiedad privada y Ley de Tierras, discapacidad y endeudamiento familiar, en medio de negociaciones entre el oficialismo, sus aliados y la oposición. Se prevé que el debate se extienda hasta la madrugada del jueves.

La Libertad Avanza consiguió abrir la sesión con 131 legisladores presentes, con el acompañamiento de bloques aliados y dialoguistas. El temario también contempla iniciativas sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y penas contra el vandalismo rural.

La principal negociación pasa por la posibilidad de consensuar una nueva ley de Discapacidad. Antes del inicio de la sesión, se conocieron conversaciones que involucraban al oficialismo, sus aliados e incluso al peronismo, con cambios vinculados con las pensiones y el nomenclador de prestaciones.

La convocatoria se concretó después de que la oposición no lograra reunir el quórum para una sesión propia el jueves pasado, en la que también buscaba debatir discapacidad y endeudamiento familiar.

El oficialismo llegó al recinto con un dictamen que había incorporado concesiones solicitadas por Argentina Federal y el MID. La propuesta recoge beneficios de la ley 27.793, pero busca reemplazar el esquema de emergencia por una normativa de carácter permanente.

La oposición, en cambio, impulsaba prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, con el argumento de que esa herramienta permite exigir respuestas urgentes ante solicitudes de pensión pendientes y compensaciones adeudadas a prestadores.

Entre sus cuestionamientos al dictamen oficialista, los bloques opositores señalaron que mantiene separadas las pensiones por invalidez laboral y por discapacidad, endurece requisitos y deja aspectos centrales sujetos a la reglamentación. También advirtieron que no garantiza los recursos para cancelar deudas con los prestadores ni resolver el atraso arancelario que estiman en un 30,67%.

Sin embargo, las conversaciones previas a la sesión abrieron la posibilidad de modificar la propuesta y ampliar su respaldo.

"El peronismo está analizando los cambios que pidieron los aliados y el Gobierno estaría dispuesto a aceptar en términos de pensiones por discapacidad y nomencladores", informó el periodista Federico Mayol, quien anticipó las negociaciones junto con Maru Duffard.

Otro de los puntos de disputa es la respuesta al endeudamiento de los hogares. El dictamen de mayoría, firmado por La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, apunta a mejorar la información que reciben los usuarios sobre los créditos, sin establecer tasas máximas ni un régimen de refinanciación para deudores críticos.

La alternativa de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, denominada "ley de regularización y alivio financiero", propone declarar la emergencia por 180 días.

Ese proyecto contempla una refinanciación de al menos 12 cuotas para personas con más de 60 días de mora y deudas de hasta dos canastas básicas totales de un hogar tipo 2. Además, establece que las cuotas no podrán superar el 30% de los ingresos del deudor.

En materia de propiedad privada, el proyecto proveniente del Senado modifica el régimen de expropiaciones y desalojos y ratifica la vigencia de la Ley de Tierras, que regula la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

Durante el inicio de la sesión, la oposición presentó distintos pedidos de apartamiento del reglamento para incorporar asuntos al debate. Ese mecanismo requiere una mayoría de tres cuartas partes de los votos emitidos, por lo que varias mociones fueron rechazadas pese a obtener más apoyos que votos negativos.

Uno de los planteos fue el de Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, quien pidió tratar la prórroga de la emergencia pediátrica, cuya vigencia vence este miércoles 21 de octubre. La iniciativa contempla la exención de Ganancias para las guardias médicas y fondos para hospitales pediátricos, incluido el Garrahan.

Silvana Giudici sostuvo que no era necesario extender la emergencia porque el Presupuesto ya contempla recursos para el área. Su intervención generó cuestionamientos de Claudia Palladino, de Unión por la Patria, y Romina del Plá, del Frente de Izquierda.

El pedido para habilitar el tratamiento fue rechazado con 125 votos afirmativos y 117 negativos.

Pablo Juliano, de Provincias Unidas, solicitó incorporar la denominada Ley Segovia, que busca modificar el artículo 67 del Código Penal para interrumpir la prescripción mientras el acusado permanezca rebelde, prófugo o con una orden de captura vigente, en casos de delitos sexuales contra menores y determinadas situaciones de trata de personas.

La iniciativa toma su nombre de Yamila Segovia, quien durante años promovió la búsqueda del acusado de abusar de su hermana cuando era menor. El imputado, Alberto Martín del Valle, permaneció prófugo durante más de 14 años, lo que abrió una discusión judicial sobre la posible prescripción de la causa.

La moción obtuvo 121 votos a favor y 120 en contra, pero no alcanzó la mayoría requerida. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, se comprometió a convocar al cuerpo la semana próxima para comenzar el tratamiento.

También fue rechazado el pedido de Vanesa Siley para abordar la eliminación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), sancionado durante la reforma laboral. La moción reunió 111 votos afirmativos y 126 negativos.

La discusión incluyó un cruce por la modalidad de votación. Fuera de micrófono, Siley le gritó al presidente de la Cámara, Martín Menem: “Son burros”.

El diputado Germán Martínez, de Unión por la Patria, pidió tratar un paquete de proyectos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. La moción fue rechazada con 114 votos afirmativos y 122 negativos.

Mariela Coletta, de Provincias Unidas, propuso modificar la Ley de Administración Financiera, en medio de cuestionamientos a su utilización para no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. El pedido tampoco prosperó: obtuvo 122 votos positivos y 116 negativos.

Diego Giuliano, de Unión por la Patria, solicitó incorporar un proyecto de gestión integral del riesgo climático asociado al fenómeno de El Niño, con un plan de prevención de actualización anual. La propuesta reunió 124 votos afirmativos y 113 negativos, sin alcanzar la mayoría necesaria.

Por su parte, Adriana Serquis, del mismo bloque, pidió girar a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva un proyecto respaldado por 35 firmas para proteger el sistema científico nacional. La iniciativa contempla una recomposición presupuestaria no inferior a la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta su sanción.

Ese pedido fue rechazado con 117 votos afirmativos y 123 negativos.

La oposición no logró reunir el quórum necesario en la Cámara de Diputados y se cayó la sesión convocada para debatir la derogación del DNU 70/2023, una de las principales herramientas de desregulación económica del gobierno de Javier Milei. Hubo 121 legisladores sentados en sus bancas, ocho menos de los 129 necesarios para habilitar el debate.

Las ausencias de diputados vinculados a gobernadores aliados del oficialismo resultaron determinantes para bloquear la sesión. También faltaron dos integrantes de Unión por la Patria, lo que profundizó las dificultades de la oposición para alcanzar el número requerido.

El intento de derogar el decreto había sido impulsado por el kirchnerismo, sectores de la oposición dialoguista y otros bloques. La convocatoria también contemplaba avanzar con iniciativas vinculadas a la emergencia en discapacidad y al endeudamiento de las familias, dos temas sensibles para el Gobierno.

Entre los legisladores que no estuvieron para dar quórum se contabilizaron representantes de ocho provincias. La lista incluye diputados de distritos cuyos gobernadores mantienen vínculos de negociación con la Casa Rosada.

El detalle de las ausencias fue el siguiente:

Tucumán: 3 diputados.

Salta: 1 diputado.

Jujuy: 2 diputados.

Misiones: 1 diputado.

Córdoba: 1 diputado.

Santa Fe: 2 diputados.

Chubut: 1 diputado.

Neuquén: 1 diputado.

A estas ausencias se sumaron dos legisladores de Unión por la Patria, provenientes de Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

La falta de acompañamiento de los representantes de algunos bloques provinciales ya había generado dudas durante las negociaciones previas. En particular, los diputados de Argentina Federal, espacio vinculado a los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Salta, Gustavo Sáenz, no habían firmado la convocatoria.

El decreto firmado por Milei al comienzo de su gestión introdujo cambios en distintas áreas de la economía y es considerado estratégico por el Gobierno. La oposición buscaba derogarlo en su totalidad, pero no pudo siquiera abrir el recinto.

La estrategia oficialista incluyó negociaciones con bloques aliados y la convocatoria a una nueva sesión para el 21 de octubre a las 12, impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ese encuentro contempla el tratamiento de discapacidad y endeudamiento familiar, además de otros proyectos.

En paralelo, el oficialismo avanzó con iniciativas propias, entre ellas el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorpora disposiciones relacionadas con la Ley de Tierras Rurales y los límites a la compra de campos por parte de extranjeros. La propuesta cuenta con el acompañamiento de sectores del PRO, la Unión Cívica Radical y el diputado santafesino José Núñez, de Provincias Unidas.

La sesión frustrada coincidió con la quinta Marcha Federal Universitaria, movilizaciones y el paro de trabajadores estatales. Mientras la oposición intentaba reunir los votos para abrir el debate, miles de personas se movilizaban para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La caída de la sesión dejó sin tratamiento la derogación del DNU y los otros temas que la oposición buscaba incorporar a la agenda parlamentaria. Con las ausencias registradas, el oficialismo consiguió evitar una discusión que podía poner en riesgo una de las normas centrales de su programa económico.

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Mendoza, Mercedes Llano, presentó en la Cámara baja del Congreso un proyecto de resolución que busca “suspender” por un mes el sueldo de los legisladores que realicen "insultos o expresiones injuriosas, soeces o denigrantes" en el ámbito de la Cámara.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa aclara que, en caso de reincidencia, amenazas, intimidación o agresión física, la sanción escale a una sanción de dos meses.

“La crítica política es parte esencial del debate democrático. Lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal”, propone Llano en los fundamentos.

Por su parte, el proyecto aclara que las opiniones, críticas y juicios de valor sean protegidos por la libertad de expresión parlamentaria; por lo que, la legisladora mendocina por el oficialismo subrayó: “La sociedad está cansada de ver a dirigentes que convierten el Congreso en un escenario de agresiones y descalificaciones. No hay posibilidad de revertir el descrédito en los poderes legislativos sin ejemplaridad, respeto y tolerancia”.

Diputados nacionales de Provincias Unidas presentaron un proyecto de ley para crear un Programa Nacional de Refinanciación de Deudas Familiares en Mora, destinado a personas que registran atrasos en sus pagos según los registros del Banco Central. La iniciativa comenzará a debatirse esta semana en las comisiones de la Cámara de Diputados.

El proyecto plantea que las deudas originadas en préstamos bancarios, tarjetas de crédito y otras formas de financiamiento familiar puedan ser reemplazadas por un nuevo crédito, con plazos de hasta 60 meses, ajustado por UVA y con una tasa máxima anual del 7,5%.

La operatoria quedaría en manos de las entidades financieras que decidan adherir voluntariamente al programa. A su vez, se contempla la posibilidad de que un fondo estatal aporte parte del financiamiento.

De acuerdo con la iniciativa, el Estado no asumiría las deudas privadas ni otorgaría garantías sobre el capital que sea refinanciado. El riesgo crediticio continuaría, de esta manera, en manos de las entidades financieras participantes.

Entre los mecanismos previstos para incentivar la adhesión al programa se incluye la exención de un impuesto nacional sobre los intereses de los créditos otorgados en el marco de esta propuesta.

Además, el proyecto invita a las provincias y los municipios a reducir o eliminar los tributos locales que graven este tipo de operaciones.

La iniciativa también incorpora mayores exigencias de información para los usuarios. El objetivo es que las condiciones de cada refinanciación sean expresadas de manera clara, incluida la incidencia de los distintos impuestos sobre el crédito.

El proyecto comenzará ahora su tratamiento en comisiones de la Cámara de Diputados, donde se analizarán sus alcances antes de avanzar en su eventual tratamiento legislativo.

El Gobierno pone en pausa el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en Inocencia Fiscal para una sesión que ya proyecta realizar el 26 de agosto. En la Casa Rosada quieren evitar que las distintas iniciativas se mezclen en una misma negociación y compliquen la aprobación de los proyectos que Javier Milei considera centrales.

“No es la idea acelerar Propiedad Privada ahora”, expresan en Nación. La posición oficial es dejar transcurrir el impacto político de la discusión en el Senado y concentrar durante las próximas semanas los contactos con los bloques dialoguistas en los dos proyectos económicos.

El criterio responde directamente a una prioridad presidencial. “Ahora hay que sacar lo que más le importa al Presidente”, agregan fuentes del Ejecutivo. Milei ubicó la modificación del Banco Central en el centro de la segunda etapa de su programa y la presentó por cadena nacional como una de las principales reformas institucionales de su gestión.

La mesa política terminará de definir la estrategia en su próxima reunión. Allí se resolverá el temario definitivo del 26 de agosto, el ritmo de las reuniones de comisión y el momento en el que el oficialismo volverá a activar Propiedad Privada en la Cámara baja.

La decisión se tomó después de una negociación especialmente conflictiva en el Senado. El proyecto de Propiedad Privada atravesó cuatro postergaciones, múltiples modificaciones y llegó a acumular 17 versiones antes de obtener la media sanción. Finalmente, fue aprobado por 37 votos contra 33, luego de que el oficialismo retirara los capítulos sobre extranjerización de tierras y Manejo del Fuego.

Ese recorrido encendió alarmas dentro de Balcarce 50 en tres planos: la discusión pública, la negociación con los gobernadores y la coordinación interna. En distintos despachos reconocen que el Gobierno perdió el control de la conversación sobre la venta de tierras a extranjeros y que el rechazo terminó alcanzando a actores que inicialmente no formaban parte de la oposición política tradicional.

El frente legislativo también dejó señales de preocupación. Varios gobernadores que habitualmente negocian con el oficialismo hicieron retirar el respaldo de sus senadores al capítulo de tierras y las resistencias provinciales volvieron a aparecer horas después con Manejo del Fuego. La Casa Rosada quiere evitar que esa dinámica se replique sobre el Banco Central, donde necesita conservar una mayoría amplia de aliados.

El episodio expuso además las diferencias entre las áreas que redactan las reformas y quienes después deben conseguir los votos. Durante la negociación se produjeron cruces entre Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich por las concesiones a los bloques dialoguistas, junto con pases de factura internos por el manejo de los gobernadores y el cálculo de las mayorías.

A pesar de esas dificultades, el Gobierno logró conservar una parte importante de Propiedad Privada. La media sanción incluye modificaciones al régimen de expropiaciones, procedimientos más rápidos de desalojo, cambios en la regularización dominial y la digitalización de los Registros de la Propiedad Inmueble. Ahora debe ser tratada por Diputados para convertirse en ley.

La decisión de postergar su tratamiento no implica entonces archivar el proyecto, sino sacarlo de la negociación inmediata. En Nación sostienen que todavía no está definido cuándo volverá a aparecer en el temario y remarcan que la prioridad será no acumular discusiones políticamente sensibles en una misma sesión.

El principal objetivo para el 26 de agosto es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El texto restablece como misión principal de la entidad preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento al Estado nacional, las provincias y los municipios, además de impedir la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.

La iniciativa también endurece las condiciones para remover al presidente y al directorio del BCRA. El mecanismo de nombramiento mediante propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado se mantiene, pero para desplazar a las autoridades monetarias el Gobierno plantea exigir una mayoría de dos tercios tanto en Diputados como en la Cámara alta.

El proyecto restringe además la transferencia de utilidades originadas en resultados por tenencia, establece una reserva técnica no distribuible para determinados activos y limita el giro de resultados de la cartera del Banco Central al Tesoro a la cancelación de deuda. El paquete incorpora también la eliminación de las Letras Intransferibles, otro de los puntos que Milei destacó al presentar la reforma.

Inocencia Fiscal completa la agenda que el oficialismo quiere concentrar en Diputados. La Casa Rosada busca reforzar el denominado “tapón fiscal”, limitar la posibilidad de que ARCA revise períodos anteriores y ampliar las garantías para que ahorros no declarados ingresen al sistema financiero. En el Ejecutivo vinculan esa iniciativa con la estrategia de profundizar el crédito y canalizar el ahorro hacia inversiones.

La hoja de ruta quedará sujeta al cierre de los votos y a la decisión final de la mesa política. La premisa que domina ahora en la Casa Rosada es reducir la cantidad de frentes abiertos y ordenar las reformas según las prioridades de Milei: primero el Banco Central e Inocencia Fiscal; Propiedad Privada quedará para una etapa posterior, una vez que el oficialismo considere superado el desgaste que dejó su tratamiento en el Senado.

Por maniobras del oficialismo se cayó la sesión en Diputados por la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La oposición dura no consiguió el quórum de 129 votos necesarios para abrir el debate.

Previamente, el Gobierno había acordado con los bloques aliados, el PRO y la UCR, que no bajaran al recinto. Además de convocar para la próxima semana a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja con el objetivo de demorar el debate de una eventual interpelación al funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La maniobra, diseñada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, terminó de desactivar la sesión impulsada por la oposición.

La sesión había sido pedida por el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, los diputados de izquierda, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Romina del Plá y Néstor Pitrola, Esteban Paulón, del Partido Socialista, Marcela Pagano, de Coherencia, y Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

El temario incluía seis proyectos de resolución con pedidos de citación al jefe de Gabinete para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

Además de pedidos para que el funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, informe diversas cuestiones relacionadas con su situación patrimonial declarada.

Tres de las iniciativas también impulsan una moción de censura (desplazamiento) del jefe de Gabinete para promover su reemplazo al frente de la Jefatura de Gabinete, en plena investigación por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo del juez federal, Ariel Lijo, y del fiscal federal, Gerardo Pollicita.

La Cámara de Diputados sesionará mañana desde 14 para resolver si avanza o no en la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La convocatoria para sesionar, lleva la firma del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Francisco Pagán.

El temario incluye seis proyectos de resolución que piden citar al jefe de Gabinete para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

También piden que el funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, informe diversas cuestiones relacionadas con la situación patrimonial declarada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.

Tres de los seis proyectos que se tratarán mañana en la Cámara incluyen que se establezca además la posibilidad de iniciar una “moción de censura” para que Adorni abandone su cargo.

La Cámara deberá resolver si avanza en una interpelación e, incluso, en una moción de censura para que abandone el cargo, en medio de la investigación que llevan a cabo sobre el funcionario el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

El oficialismo consiguió quórum en la Cámara de Diputados y se habilitó la sesión especial el proyecto para redefinir el régimen de zona fría para el consumo de gas, y la Ley Hojarasca.

El temario de la sesión, además de los cambios a la ley de zona fría, abarca la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales, y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas.

El Gobierno llegaba a esta sesión con los votos justos para aprobar el esquema reducido de subsidios para usuarios de gas.

En ese marco, selló un acuerdo de último momento con seis provincias aliadas para que voten a favor de la iniciativa a cambio de subsidios por "zona cálida" al consumo de energía eléctrica.

Para completar el quórum de 129 voluntades sorprendió la colaboración de la radical monobloquista Karina Banfi, así como de las diputadas de Provincias Unidas María Inés Zigarán y Lourdes Arrieta, y de la neuquina Karina Maureira.

También generó sorpresa, pero por los motivos contrarios, que no bajaran al recinto los tres diputados de Elijo Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalil, ya que se trata de habituales aliados del Gobierno.

De esta manera, el oficialismo logró pisar la convocatoria para una hora más tarde que había solicitado la oposición, que pretendía seguir agitando en el Congreso en torno a los escándalos judiciales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, acusó al oficialismo de "mala fe parlamentaria" por "la trampa" de haber pedido una sesión una hora antes de la convocatoria opositora, y planteó una moción de orden para resolver la superposición de citaciones al recinto, y suspender la primera de ellas.

"Solicitamos que se pase a un cuarto intermedio a las 11, se permita confeccionar el quorum de esta sesión no solamente solicitada sino también convocada por al presidencia de esta cámara y en función de eso, si no hay quórum, se avance al respecto", mocionó el santafesino.

"La mayoría de este recinto expresamos la voluntad de seguir con esta sesión. Por la tanto la moción atípica que acaba de plantearse no debe votarse", contestó la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici.

Acto seguido, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desestimó la moción de orden, al sostener que "no hay un solo antecedente que una sesión especial interrumpa o suspenda otra sesión en toda la historia parlamentaria".

"Y no voy a ser el presidente que autorice esa situación por primera vez en la historia. No ha ocurrido nunca en la historia democrática de esta cámara como lo que están queriendo hacer. La moción del diputado Martínez es improcedente", ratificó.

"No vamos a hacer papelones con el reglamento y la Constitución. No bajo mi presidencia", reforzó el riojano, que insistió: "No vamos a sentar ese precedente".

La secretaria parlamentaria de Unión por la Patria, Paula Penacca, le dijo a Menem que "no es juez" y que no tiene postestad para "interpretar" el reglamento en nombre del conjunto de los diputados, y lo exhortó a poner a votación la moción de orden.

"No se puede generar este precedente como pretenden ellos de someter a votación la moción de orden porque generaría inseguridad jurídica. Esto no es interpretar el reglamento sino aplicarlo", le salió al cruce el otro secretario parlamentario de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz.

"Martínez estaba en conocimiento, porque yo mismo se lo dije, que estábamos por convocar a una sesión para este día", acotó Menem.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó ante la Cámara de Diputados en una jornada cargada de expectativa política y marcada por las denuncias que lo involucran. Desde el inicio de su intervención, el funcionario buscó despejar cualquier sospecha sobre su patrimonio y su conducta, en un intento por cerrar el debate que se instaló en torno a un presunto enriquecimiento ilícito.

“No hubo delito”, afirmó de manera contundente ante los legisladores, en una frase que sintetizó el tono general de su exposición. La sesión se desarrolló bajo la mirada del presidente Javier Milei, presente en el recinto, lo que le dio un peso político adicional al encuentro.

La estrategia de Adorni fue clara: insistir en que todas las acusaciones deben resolverse en la Justicia y no en el ámbito político. De esta manera, buscó correr el eje de la discusión hacia lo jurídico, evitando entrar en un terreno donde la interpretación y el juicio político pueden ser más amplios y menos controlables.

Sin embargo, el contexto no le fue completamente favorable. Las dudas sobre su patrimonio, sus viajes y el uso de recursos públicos siguieron presentes durante toda la sesión, impulsadas por las intervenciones de distintos bloques opositores que reclamaron explicaciones más profundas.

Uno de los momentos más sensibles del informe estuvo vinculado al viaje a Nueva York de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial ARG 01. Se trata de uno de los episodios que más repercusión tuvo en las semanas previas y que fue utilizado por la oposición como ejemplo de posibles irregularidades.

Adorni explicó que la Justicia ya analizó el caso y determinó que su esposa viajó como invitada únicamente en el tramo de ida, mientras que el regreso se realizó en un vuelo comercial. Además, aseguró que no existieron gastos para el Estado en concepto de viáticos, alojamiento o alimentación.

A pesar de esas aclaraciones, el eje del debate se trasladó rápidamente del plano legal al ético. Varios legisladores plantearon que, aun cuando no se haya cometido un delito, el uso de recursos públicos debe ajustarse a estándares más exigentes, especialmente cuando involucra a familiares directos de funcionarios.

El propio jefe de Gabinete reconoció haber pedido disculpas por la situación, aunque relativizó su impacto al señalar que el episodio fue utilizado políticamente para “obstaculizar la gestión”. Esa afirmación reforzó la línea discursiva que sostuvo durante toda la sesión: la idea de que las denuncias forman parte de una estrategia opositora.

Otro de los puntos centrales del debate giró en torno al patrimonio del funcionario y a una serie de viajes privados que, según distintas denuncias, no se condicen con sus ingresos declarados.

Adorni intentó establecer una frontera clara entre su vida pública y su vida privada. Sostuvo que todos los viajes familiares fueron financiados con recursos propios y que no corresponde analizarlos bajo criterios vinculados al ejercicio de la función pública.

También rechazó versiones contradictorias sobre un supuesto viaje en avión privado a Punta del Este y desestimó las declaraciones de su allegado Marcelo Grandío, a las que calificó como “tendenciosas y falsas”.

En la misma línea, negó la existencia de contrataciones entre el Estado y personas de su entorno, así como cualquier vínculo laboral de su esposa con organismos públicos.

Como señal de apertura, anunció que presentará una nueva declaración jurada antes del 31 de julio, donde detallará su patrimonio actualizado. Sin embargo, este anuncio no logró cerrar el tema: las investigaciones sobre la adquisición de inmuebles —algunas presuntamente financiadas por terceros— continúan en curso y siguen alimentando las sospechas.

Desde el Gobierno, el balance de la jornada fue claramente positivo. Funcionarios cercanos a Javier Milei consideraron que Adorni tuvo un desempeño sólido, que logró sostener su postura y que respondió a los cuestionamientos sin quedar expuesto.

Incluso destacaron que la oposición no adoptó el tono agresivo que algunos anticipaban, lo que permitió que la sesión se desarrollara con mayor orden del esperado.

En ese sentido, dentro del oficialismo interpretaron que el jefe de Gabinete logró cumplir con su objetivo principal: atravesar el informe sin que se generara un daño político significativo para el Gobierno.

Desde Unión por la Patria (UxP), en cambio, el análisis fue diferente. Si bien valoraron haber mantenido una actitud ordenada y evitar el desborde de la sesión, remarcaron que las preguntas realizadas fueron incisivas y que dejaron en evidencia inconsistencias en las respuestas del funcionario.

Algunos diputados fueron especialmente duros en su evaluación y señalaron que Adorni “quedó expuesto”, cuestionando su capacidad para responder sin apoyo y su dependencia de apuntes durante la sesión.

También subrayaron que más allá de las explicaciones brindadas, persisten dudas políticas que no pueden resolverse únicamente en la Justicia, y que requieren un mayor nivel de transparencia en el ámbito público.

Uno de los aspectos más llamativos de la jornada fue la estrategia adoptada por el principal bloque opositor. Lejos de buscar un enfrentamiento directo, optaron por sostener una postura medida, evitando incidentes que pudieran ser utilizados por el oficialismo.

La decisión fue no “prender fuego” la sesión y garantizar su desarrollo, una jugada que, según evaluaron internamente, les permitió mantener el control político del debate.

El único episodio disruptivo fue protagonizado por el diputado Aldo Leiva, quien irrumpió con carteles alusivos a las denuncias. Sin embargo, su accionar fue rápidamente relativizado por su propio espacio, que dejó en claro que no representaba la estrategia general del bloque.

Otro dato relevante fue el bajo perfil de los sectores opositores considerados dialoguistas. Tanto el PRO como la UCR tuvieron una participación mínima en el debate, lo que contrastó con el protagonismo del peronismo.

Esta ausencia fue interpretada desde distintos sectores como una decisión política de no confrontar directamente con el Gobierno en este contexto, lo que dejó un escenario polarizado entre oficialismo y oposición dura.

La presentación de Adorni volvió a poner en discusión un tema recurrente en la política argentina: el límite entre la responsabilidad judicial y la responsabilidad política.

Mientras el jefe de Gabinete insistió en que las acusaciones deben resolverse en los tribunales, la oposición planteó que el Congreso también es un espacio legítimo para exigir explicaciones, especialmente cuando se trata de funcionarios de alto rango.

En ese cruce de miradas se explica el resultado abierto de la jornada. El oficialismo considera que el funcionario salió fortalecido, mientras que la oposición sostiene que las dudas siguen intactas.

El paso de Manuel Adorni por Diputados no logró cerrar el capítulo, pero sí dejó una postal clara del escenario político actual: posiciones firmes, lecturas opuestas y un debate que sigue abierto. En un contexto de alta polarización, donde cada gesto se interpreta en clave de disputa, las explicaciones parecen no alcanzar para saldar las dudas, y el tema promete seguir ocupando un lugar central en la agenda pública en las próximas semanas.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada del jueves la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que redefine el alcance de la protección sobre glaciares y zonas periglaciares. El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.

En ese marco, los diputados por Córdoba evidenciaron posturas divididas frente a la iniciativa.

Por el lado de los votos afirmativos, acompañaron el proyecto legisladores vinculados al oficialismo libertario, entre ellos Gabriel Bornoroni, Belén Avico, Marcos Patiño Brizuela, Gonzalo Roca, Laura Soldano, Cecilia Ibáñez, Enrique Lluch, Luis Picat, María Celeste Ponce y Laura Rodríguez Machado. A ellos se sumó también Alejandra Torres, integrante del bloque Provincias Unidas.

En contraposición, rechazaron la reforma los diputados cordobeses de ese mismo espacio Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez y Juan Brügge, mientras que Ignacio García Aresca no participó de la votación por ausencia. También votaron en contra Natalia de la Sota y Gabriela Estévez.

Previo a la sesión, Schiaretti ya había anticipado su postura crítica frente al tratamiento del proyecto. “Considerando que es un tema complejo que en todo el mundo requiere de análisis y consensos, sostenemos que la modificación de la ley de glaciares debe hacerse con el tiempo necesario para alcanzar esos consensos y obtener una buena ley”, expresó.

En la misma línea, cuestionó la celeridad del debate parlamentario: “No se puede hacer de manera exprés, como impulsó el Poder Ejecutivo en el Senado y como se hizo en Diputados, donde hubo más de 100 mil inscriptos para participar de la audiencia pública y sólo pudieron expresarse unos pocos”.

Asimismo, remarcó la importancia estratégica del tema: “Hay que señalar, además, que el cuidado de los glaciares es estratégico: es una cuestión de unidad nacional. Por lo tanto, el inventario de los glaciares y periglaciares es responsabilidad irrenunciable de la Nación, con el aporte necesario de las provincias”.

El proyecto de ley de Glaciares, que el Congreso convirtió en ley este miércoles, tiene como objetivo redefinir cuáles son las zonas protegidas y en áreas periglaciares las que se pueden permitir tareas de exploración y explotación para captar inversiones mineras.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los mandatarios provinciales aliados para impulsar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la zona de cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley Bases sancionada en el 2024.

Impulsan la ley los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tiene el mayor desarrollo minero.

Uno de los aspectos centrales de la ley sancionada por el Congreso es que que se modifican los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial.

Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.

La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y dispuso la creación del Inventario Nacional de Glaciares, con la responsabilidad de identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares.

Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, y el inventario identifica glaciares en unos 8400 kilómetros.

Uno de las críticas al inventario de los gobernadores es que está desactualizado, mientras que sus defensores dicen que atravesó muchos problemas económicos por falta de financiamiento.

Otro punto clave es que se busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.

Hasta ahora, la protección depende de estudios técnicos que demuestran si un área cumple una función hídrica relevante. 

Si no se demuestra científicamente que el área aporta agua, podría quedar habilitada para su explotación. 

La controversia por el otorgamiento de créditos del Banco de la Nación Argentina a funcionarios y legisladores sumó un nuevo capítulo en los últimas horas, luego de que publicaciones incluyeran al diputado de Provincias Unidas, Ignacio García Aresca, entre los dirigentes que habrían accedido a financiamiento.

Frente a estas versiones, el legislador oriundo de San Francisco salió a aclarar su situación y rechazó las interpretaciones que lo vinculan con posibles beneficios irregulares. En ese sentido, remarcó que los préstamos obtenidos no corresponden a líneas hipotecarias y que, en su mayoría, fueron otorgados por entidades privadas.

“Quiero aclarar que los créditos que obtuve nunca fueron hipotecarios, sí son prendarios, para capital de trabajo ligados a la actividad agropecuaria que desarrollo hace 25 años; el 85% fueron con entidades privadas”, sostuvo García Aresca en su cuenta de X. En la misma línea, agregó que “la información que brinda el Banco Central no discrimina la cualidad de los créditos”, lo que —según explicó— puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Quiero aclarar que los créditos que obtuve NUNCA fueron hipotecarios, si son PRENDARIOS, para capital de trabajo ligados a la act. agropecuaria que desarrollo hace 25 años; el 85% fueron con entidades privadas.La info que brinda BCRA, no discrimina la cualidad de los créditos.

El diputado también detalló el destino de los financiamientos, vinculándolos directamente con su actividad productiva. “Con John Deere por un tractor y una pulverizadora, reitero prendario; con banco Nación un crédito prendario adjudicado hace años para la compra de una fertilizadora”, precisó.

"En la actualidad, el sector agropecuario se encuentra en constante transformación gracias al avance tecnológico y la incorporación de maquinaria cada vez más eficiente. Esta evolución es indispensable para mejorar la productividad, optimizar el uso de los recursos y sostener la competitividad en un contexto cada vez más exigente. En este sentido, el acceso al crédito prendario se vuelve una herramienta clave para los productores - sostuvo García Aresca-. La posibilidad de financiar maquinaria, equipos e innovaciones tecnológicas permite acompañar este proceso de modernización, asegurando la continuidad y el crecimiento de la actividad".

"Dichos créditos son accesibles gracias al cumplimiento y al historial crediticio construido a lo largo del tiempo, lo que refleja responsabilidad financiera y compromiso con las obligaciones asumidas. Por lo tanto, la toma de créditos prendarios no constituye un endeudamiento aislado, sino una inversión estratégica orientada a fortalecer la capacidad productiva, mejorar la eficiencia y contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario, en beneficio, no solo del productor, sino también de la economía nacional en su conjunto", siguió.

"Continuaré recurriendo a este tipo de financiamiento como una herramienta necesaria para seguir incorporando tecnología, mejorar las condiciones de producción y sostener un proceso de crecimiento continuo dentro de la actividad", afirmó por último.

La polémica se da en un contexto más amplio, a partir de una denuncia presentada por la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, quien solicitó a la Justicia que investigue posibles irregularidades en el otorgamiento de créditos a funcionarios y legisladores del oficialismo.

En su presentación, Frade advirtió sobre “la profusa información pública aparecida en distintos medios gráficos, radiales y televisivos” respecto de créditos otorgados por el Banco Nación, que “podrían ser fruto de actividades irregulares y aún delictivas”. Por ello, pidió que se impulse una investigación penal para determinar si existieron beneficios indebidos o conflictos de interés.

/ Acceso al crédito como motor del desarrollo agropecuario / pic.twitter.com/uccL5jiX54

Entre los nombres mencionados en la denuncia figuran funcionarios y legisladores que, según la información difundida, habrían recibido montos que oscilan entre los 100 y los 500 millones de pesos. Sin embargo, algunos de los involucrados, como los diputados Mario Campero y Alejandro Bongiovanni, rechazaron las acusaciones y aseguraron haber cumplido con todos los requisitos exigidos para acceder a los créditos, negando haber recibido trato preferencial.

Además, Frade solicitó que se requiera al Banco Nación la totalidad de los legajos crediticios de los involucrados, así como las actas de directorio en las que se aprobaron las operaciones. También pidió la intervención de peritos contadores para determinar si existieron perjuicios económicos para la entidad y si se respetaron las normativas vigentes.

En ese marco, la discusión continúa abierta mientras avanza el pedido de investigación, con el foco puesto en esclarecer las condiciones en que se otorgaron los créditos y descartar posibles irregularidades en el sistema financiero público.

Varias frases utilizadas en las crónicas periodísticas para explicar situaciones que se producen en las contiendas deportivas están cargadas de significados oportunos para aplicar a la palpitante y convulsa política nacional. Mucho más en una semana agitada, en la que el gobierno volvió a enredarse solo, cometió errores de principiante y dejó la pelota picando en la puerta del arco… De su propio arco.

En este juego de analogías, resulta inevitable evocar aquel entretiempo del Mundial de 1990, cuando, tras haber sufrido un verdadero baile ante Brasil, el entonces director técnico de la selección nacional se limitó a advertirles a sus jugadores que “si se la siguen dando a los de amarillo vamos a perder”. Si bien en la simbología política argentina el amarillo se identifica con lo que queda del PRO, aliado del gobierno, la lógica de aquella frase de Carlos Bilardo, personaje al que públicamente el presidente le expresa admiración, también aplica a lo ocurrido.

El gobierno se vio contra las cuerdas cuando advirtió que el artículo referido a las licencias por enfermedad incluido en el proyecto de reforma laboral había caído muy mal, incluso en muchos de sus propios votantes. El episodio expuso, una vez más, una seguidilla de errores no forzados. Nadie se hizo cargo de la inclusión de ese texto, aprobado a ciegas por senadores que dieron muestras de amateurismo parlamentario, y las explicaciones posteriores del ministro Federico Sturzenegger definitivamente embarraron la cancha. El intento de “arreglarlo” luego vía decreto reglamentario fue percibido como una jugada antirreglamentaria. La intención de cambiar las reglas de juego cuando el partido se estaba jugando evocó de inmediato las argucias de la actual dirigencia de la AFA. Finalmente, algo de cordura apareció y el artículo 44 fue eliminado del proyecto que, no sin sobresaltos, aprobó Diputados y remitió nuevamente al Senado.

Gracias a los desajustes tácticos y estratégicos del gobierno, la CGT, que venía perdiendo todos los rounds, se despabiló. Encontró argumentos, clima y oportunidad para llamar a un paro general. Cuando todo indicaba que estaba por tirar la toalla, la oposición más dura se paró de nuevo en el centro del ring. La votación favorable en Diputados aminoró el fallido que casi provoca el despiste del oficialismo y recordó aquella memorable asistencia de Maradona para que Caniggia definiera el cotejo en el que le daban todas las pelotas a los de amarillo y sellara el pase a la siguiente ronda.

La aprobación de la reforma sin el texto más resistido y la expectativa de su pronta sanción definitiva atenuaron el barquinazo. Pero el partido, claramente, no ha terminado. El cierre de Fate fue un golpe seco, de esos que hacen tambalear incluso al que va ganando. Se da en un contexto económico que empieza a mostrar efectos sociales evidentes. Tanto que hasta el Fondo Monetario Internacional habló de “mitigar los costos de transición”. Es un banderín en alto que advierte sobre la necesidad de encontrar recetas para no caer en “offside” frente a una problemática muy sensible.  

Sin embargo, pese a que la actuación de su equipo tiene aspectos que desconciertan,  Milei sigue conservando un importante nivel de aceptación. La explicación vuelve a estar en la política: no aparecen alternativas sólidas, ni liderazgos que disputen el dominio del juego. Escenas como la de una diputada desconectando micrófonos y lanzando insultos en plena sesión funcionan como muestras del desenchufe de una oposición que no logra conectar en la cancha.

Todo indica que el oficialismo buscará exhibir la sanción definitiva de la reforma laboral como trofeo en la próxima apertura de sesiones del Congreso. En verdad, sería una victoria relevante para un gobierno no peronista. Pero el juego sigue. Y varios funcionarios parecen haberse acostumbrado a meter dentro de su propio arco las pelotas que van afuera. Por eso, frente a lo acontecido en los últimos días y aunque el tablero marque ventaja, prevalece la cautela.

Tras la agitada semana que se vivió, si esto fuera un tuit, el jefe de Gabinete escribiría “fin”. Pero en la política argentina, como en el fútbol, el alargue y los penales siempre traen sorpresas.¿Fin?

La Oficina del Presidente celebró la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, y destacó que se trata de “una de las reformas estructurales que el Presidente Javier G. Milei prometió y que está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos”. 

“La aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina”, indicó el Gobierno.

En un mensaje en redes sociales, la Oficina del Presidente sostuvo que “la nueva normativa simplifica y digitaliza los procesos de registración laboral, moderniza licencias y procedimientos, ordena responsabilidades y establece reglas claras tanto para trabajadores como para empleadores”. 

Además, el Gobierno remarcó que la ley “incorpora además incentivos concretos para la formalización del empleo, mecanismos que reducen la conflictividad judicial y un enfoque especial en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), eliminando distorsiones que impedían su crecimiento, inversión y generación de oportunidades”. 

“Con esta reforma, se promueve un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía, generando más y mejores puestos de trabajo formales. Los argentinos han realizado un esfuerzo enorme para alcanzar la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal”, subrayó el oficialismo.

Además, agregó: “Esta modernización laboral es un paso más para consolidar ese proceso, permitiendo que trabajadores y empleadores planifiquen a largo plazo sin temor al conflicto permanente, favoreciendo la creación de empleo de calidad en un esquema dinámico y acorde a los desafíos actuales”. 

“El Presidente Javier G. Milei agradece a todos los legisladores que acompañaron este proyecto, y espera el mismo compromiso con la voluntad de los votantes argentinos para el resto de las reformas que fueron o serán enviadas al Congreso de la Nación para hacer grande a la Argentina nuevamente”, afirmó la Oficina del Presidente.

Pasada la medianoche de este viernes, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma laboral en una sesión atravesada por el paro nacional convocado por la CGT y una movilización frente al Congreso que concluyó con incidentes y detenidos.

El proyecto obtuvo 135 votos a favor y 115 en contra. Debido a los cambios introducidos durante su tratamiento —entre ellos la eliminación del artículo 44 vinculado a licencias médicas— la iniciativa regresará al Senado, que ya le había otorgado media sanción.

El debate se desarrolló en un clima de fuerte tensión política. Desde el kirchnerismo impulsaron que el texto volviera a comisión, aunque el oficialismo avanzó con una estrategia reglamentaria para continuar con la votación y finalmente habilitó la palabra a los oradores inscriptos.

En el caso de la representación cordobesa, hubo ausencias. No participaron de la sesión Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca ni Alejandra Torres. Desde el entorno del exgobernador indicaron que no pudo viajar por la afectación del transporte aéreo a raíz del paro, mientras que Torres tenía compromisos en el exterior. Sobre García Aresca no hubo precisiones públicas.

Durante el tratamiento también se abordó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los puntos más debatidos por las modificaciones en el esquema de indemnizaciones.

Entre los diputados cordobeses que tomaron la palabra, Juan Brügge cuestionó la técnica legislativa del proyecto y votó en contra. Natalia de la Sota rechazó la iniciativa y la calificó como parte de un “paradigma deshumanizante”. Por su parte, Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza, respaldó la propuesta y pidió avanzar con la votación.

Votaron a favor: Gabriel Bornoroni, Gonzalo Roca, María Celeste Ponce, María Cecilia Ibañez, Enrique Luch, Marcos Patiño Brizuela, Belén Avico, Luis Picat, Laura Rodríguez Machado, Laura Soldano, Carolina Basualdo y Carlos Gutiérrez.Votaron en contra: Juan Brügge, Natalia de la Sota y Gabriela Estévez.

Estuvieron ausentes: Ignacio García Aresca, Juan Schiaretti y Alejandra Torres.

El proyecto de reforma laboral  que aprobó la Cámara de Diputados y el oficialismo buscará convertir en ley la próxima semana en el Senado establece cambios en la ley de contrato de trabajo, en la Asociaciones Sindicalistas, limita el derecho de huelga,  entre otros. 

“Los Convenios Colectivos de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor”, dice la ley.

Se descentraliza la negociación colectiva y pierden peso los sindicatos en la representación de los derechos colectivos.

Los convenios colectivos con plazo vencido no mantendrán sus efectos en el transcurso de tiempo hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo. 

Solo quedarán vigente las normas referidas a las condiciones trabajo.

Se permitirá en la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, incorporarse por encima de los salarios, otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables.

Se mantiene el criterio de pago al trabajador de “una indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor”. 

Sin embargo, se especifica que en las liquidaciones resarcitorias por despidos sin causa “no tendrán incidencia los conceptos de pago no mensuales como el sueldo anual complementario, vacaciones, premios que no sean de pago mensual".

Pago en hasta 6 cuotas (12 cuotas en Pymes) mensuales consecutivas, ajustadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una tasa de interés del 3% anual.

La determinación de los montos, de esta manera, ya que dependerá de la interpretación de un juez.

Se crea el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos que se conformara con una contribución mensual del UNO POR CIENTO (1%) para las grandes empresas y DOS Y MEDIO PORCIENTO (2,5%) para las micro, pequeñas y medianas empresas”.

“A cambio de esos aportes, las empresas recibirán el beneficio de descuentos en las contribuciones patronales que tienen destino a la Seguridad Social (ANSES)", dice la ley.

“Se podrá utilizar el banco de horas de modo de compensar la mayor jornada de algún día con la menor de otro, siempre y cuando no se supere el máximo legal de la jornada semanal, o la que estipule el régimen laboral específico aplicable.

La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral será compensada con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.

Las vacaciones se otorgarán: entre 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente” y se podrán tomar en forma dividida con un plazo mínimo de 7 días.

Los empleadores deberán notificar por escrito al trabajador con una antelación no menor a cuarenta y cinco (45) días, sin perjuicio de que las convenciones colectivas de trabajo u otros acuerdos celebrados con la representación sindical en la empresa puedan establecer sistemas diferentes, conforme a las particularidades de cada actividad”. 

Se incorpora la posibilidad de que el empleador remunere al trabajador en moneda extranjera, al margen de la moneda nacional, especie, habitación o alimentos, modalidades ya comprendidas en el régimen actual.

“Se computará como antigüedad el tiempo de servicio anterior, en los casos en que el trabajador hubiese cesado por cualquier causa y reingrese bajo las órdenes del mismo empleador”, establece el proyecto.

“Si transcurriese un plazo de dos (2) años entre el cese del vínculo laboral, cualquiera fuera la causa, y el trabajador reingresara a prestar servicios con el mismo empleador, la antigüedad del tiempo de servicio anterior no será computada”, dice la norma.

Tope del 2% en las cuotas solidarias.

Asambleas sólo podrán realizarse en los establecimientos de trabajo con la autorización del empleador.

Se les reconocerá a los delegados sindicales, para “el ejercicio de sus funciones”, un crédito de hasta DIEZ (10) horas mensuales retribuidas”.

Se restringe el derecho a huelga al declararse determinadas actividades como "servicios esenciales" (con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75%) y “servicios trascendentales” (con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 50%).

Serán consideradas "infracciones muy graves" cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis:

a. afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas; 

Se elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal que contrata a una tercera empresa para la prestación de servicios.

“Los trabajadores serán considerados empleados directos de quienes registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o a proporcionarlos a terceras empresas”, se estipula.

Se crea un nuevo Régimen de Inversiones para las pequeñas y medianas empresas para nuevos emprendimientos, con beneficios de amortización de Ganancias e Iva.

Establece una serie de requisitos de validez para los certificados médicos que justifiquen las inasistencias por enfermedad o accidente inculpable. 

Ante la discrepancia de certificados médicos entre la empresa y un trabajador se podrá pedir una junta médica

Habrá incentivos para aquellas empresas que contraten nuevo personal que podrá tener rebaja de contribuciones patronales.

Se denomina a los repartidores como “prestadores independientes” sin relación de dependencia, aunque las empresas tendrán que contratar seguros de accidentes, y brindar capacitación a esos trabajadores.

Se derogan impuestos internos a las embarcaciones, aviones, automóviles, celulares y productos santuarios.

Se eximen los intereses de plazos fijos en dólares y el resultado de la venta de inmuebles destinados a casa-habitación (desde 2026).

Se propone su exención a la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego para el sector agroindustrial

Se establece el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Se posterga hasta el 2028 la eliminación del 10% de las entradas,  un 10% sobre la venta o alquiler de videogramas y un 25% de la recaudación del Enacom, que financia el Instituto de Cinematografía.

Derogación de la ley de teletrabajo y reemplazo por modalidades más flexibles.

Derogación de estatutos específicos (como el Estatuto del Periodista Profesional) en un plazo de un año desde la sanción de la ley.

La Cámara de Diputados comenzó este miércoles el debate en comisión del proyecto de reforma laboral aprobado por el Senado, con un cambio central: se eliminará el artículo que modificaba el pago de las licencias por enfermedad o accidente no laboral.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, el libertario Lisandro Almirón, quien informó al inicio del plenario —que se desarrolla junto a la Comisión de Presupuesto— que se quitará el artículo 44. Ese punto establecía que, en caso de enfermedades o accidentes ajenos al ámbito laboral, el trabajador percibiría el 50% del salario, o el 75% si tenía familia a cargo.

Almirón señaló que se pondrá a la firma un dictamen que mantiene el texto sancionado por el Senado en la madrugada del jueves 12, con excepción de los cambios en el régimen de licencias médicas. Además, precisó que hasta las 17 expondrán sindicalistas, abogados y empresarios, y luego los bloques fijarán posición y definirán si acompañan el despacho oficialista o presentan uno propio.

El proyecto de modernización laboral incluye modificaciones en las leyes de trabajo y asociaciones sindicales, una rebaja de aportes patronales para la contratación de nuevos empleos y cambios en el sistema de indemnizaciones.

En este escenario, los diputados alineados al gobernador Martín Llaryora, dentro del bloque Provincias Unidas, marcaron objeciones sobre puntos clave. Aunque la bancada aún no definió una postura común, el sector cordobés anticipó diferencias que podrían resultar decisivas en una votación ajustada.

Entre los seis integrantes del subgrupo cordobés se encuentran Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo. García Aresca integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que participa del plenario.

Sobre el artículo referido a las licencias por enfermedad, la diputada Torres manifestó que tiene “reparos legales”. “No me parece apropiado el diseño ni la redacción, tan confusa que solo generará problemas. Hay que buscar un nuevo diseño para darle respuesta a esta problemática, para no desproteger a los trabajadores y también reducir los abusos”, advirtió.

Además, los cordobeses cuestionan el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones por despido con un aporte patronal descontado de la contribución previsional. Desde ese espacio alertaron que el esquema podría afectar recursos del sistema jubilatorio.

También expresaron rechazo a la posibilidad de incorporar billeteras virtuales como agentes de pago de salarios. “Las billeteras no van a entrar. En las provincias que tienen bancos provinciales, ¿le van a dar esa posibilidad a una billetera que hace lobby con el gobierno y no cumple las reglas del Banco Central?”, señalaron desde el cordobesismo.

Con estos planteos, el debate en comisiones se desarrolla en un clima de tensión, mientras el oficialismo busca dictaminar el proyecto con el respaldo de aliados y la oposición analiza introducir modificaciones.

Tras la media sanción a la reforma de la Ley Penal Juvenil en la Cámara de Diputados, que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, el diputado nacional por Córdoba Ignacio García Aresca (Provincias Unidas), que votó a favor, defendió la iniciativa pero puso el foco en un punto clave: sin financiamiento y políticas de contención social, la reforma corre el riesgo de quedar incompleta. Además, en entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO se refirió al escenario que se abre en la Cámara de Diputados con el tratamiento de la reforma laboral, un tema que promete un nuevo y fuerte cruce político.

—Usted votó a favor de bajar la edad de imputabilidad. ¿Qué lo llevó a acompañar esa medida?

Lo debatimos mucho dentro del bloque. Nuestra mirada fue fijar la edad en 14 años. El Gobierno nacional planteaba 13, pero había un consenso amplio en que fueran 14. Incluso lo hablamos con distintos sectores, como la Iglesia. La clave es que no sea una imputabilidad igual a la de un adulto: un chico de 14 años no puede ser tratado como alguien de 25 o 30.

—¿Qué plantearon concretamente en ese sentido?

Procesos judiciales diferenciados. Nosotros propusimos que la pena sea progresiva según la edad. Para los 14 años, el 50% de la condena; a los 15, dos tercios; y recién a los 16 y 17, un esquema similar al de los mayores. La idea es que no se aplique automáticamente la pena máxima del Código Penal de adultos.

—Desde sectores críticos sostienen que criminalizar más temprano no resuelve el problema de fondo.

El problema es mucho más profundo. Hoy vemos situaciones sociales muy complejas, sobre todo en las grandes ciudades. Chicos de 10, 11 o 12 años que están en la calle, sin contención del Estado. Cuando el Estado se retira, estas realidades se agravan. Por eso la ley no puede ser solo punitiva: tiene que ir acompañada de políticas sociales, educativas y de contención.

—Usted advirtió especialmente sobre el financiamiento.

Ese es el punto central. Esta es una ley nacional, pero la implementación queda en manos de las provincias. Hablamos de juzgados especializados, establecimientos adecuados, más personal, psicólogos, docentes. Todo eso cuesta dinero. Si Nación impulsa la ley pero se desentiende del financiamiento, el problema se traslada a las provincias.

—Córdoba ya está avanzando en infraestructura.

Sí, el gobernador Martín Llaryora anunció la construcción del Campus Papa Francisco, un establecimiento moderno para jóvenes con medidas privativas de la libertad. Solo la obra ronda los 18 mil millones de pesos, sin contar equipamiento ni personal. Para todo el país se hablaba de 23 mil millones: claramente no alcanza. Por eso decimos que hay que hacer las cosas bien, respetando estándares internacionales y pensando en la reinserción social.

—     Otro debate llega ahora a Diputados: la reforma laboral. ¿Cuál es su mirada sobre el proyecto?

La reforma laboral hay que discutirla artículo por artículo. Creemos que hacen falta cambios, pero sin tocar derechos adquiridos. Nadie va a perder derechos. El desafío es adaptarse a nuevas formas de trabajo y dar previsibilidad, especialmente a las pymes. Hay puntos con los que no estamos de acuerdo y que vamos a plantear en el recinto.

—¿Puede generar más empleo?

—No es mágica. Una reforma laboral por sí sola no va a bajar de golpe la informalidad. El empleo va a crecer cuando mejore la situación económica general. La reforma es una herramienta más, no la solución única.

—¿Se viene un año de tensiones con Nación?

Córdoba siempre recamará lo que le corresponde. No pide de más, pide lo que le corresponde. Subsidios al transporte, fondos para rutas, recursos coparticipables, la deuda con la Caja de Jubilaciones. Aportamos muchísimo y recibimos muy poco. Ese va a ser un eje permanente en el Congreso. Va a ser un año de debates fuertes. Pero nuestra postura es clara: defender a Córdoba y a los cordobeses. No resignar lo que es nuestro y discutir cada ley con responsabilidad, mirando el impacto real en la gente. Entre los principales puntos aparece la deuda previsional con la Caja, que el Estado nacional mantiene desde hace años por el incumplimiento de los acuerdos firmados para cubrir el déficit del sistema. A ese planteo se suma la discusión por los recursos que provienen del impuesto a los combustibles líquidos, que grava, entre otros productos, el precio de la nafta. Una porción de ese tributo tiene asignación específica y debería volver a las provincias para financiar obras viales, mantenimiento de rutas y políticas de transporte, pero esos fondos no están llegando en la magnitud prevista o directamente no se ejecutan. El impuesto a los combustibles impacta de forma directa en el bolsillo de los consumidores, pero también es una fuente clave de financiamiento federal. La Nación sigue percibiendo el tributo mientras transfiere menos recursos, trasladando a las provincias el costo político y económico del deterioro de la infraestructura y del transporte. El ajuste fiscal nacional no puede sostenerse a partir de retenciones encubiertas sobre

mpuestos coparticipables.

La Cámara de Diputados otorgó este jueves media sanción a la Ley Penal Juvenil, uno de los proyectos prioritarios de la agenda legislativa del Gobierno. La iniciativa, que propone modificar el régimen vigente y bajar la edad de imputabilidad, fue aprobada por 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, en el marco de una sesión especial en la que también se trató la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

El texto impulsado por el oficialismo establece la imputabilidad penal a partir de los 14 años para delitos graves y redefine el esquema de sanciones, incorporando un sistema que combina penas y medidas socioeducativas. La propuesta generó un extenso intercambio en el recinto, con posturas divergentes entre los bloques respecto del alcance de la reforma, el enfoque del sistema de responsabilidad penal adolescente y la naturaleza de las penas previstas.

Con la aprobación en la Cámara baja, el proyecto será girado al Senado, donde el oficialismo buscará consolidar su avance legislativo en un tema que despierta fuerte discusión política y social.

En el cierre del debate, el diputado cordobés Gabriel Bornoroni, del bloque libertario, defendió la iniciativa y subrayó el rol del Estado frente a los delitos graves. “Tenemos el compromiso de que el Estado deje de fallar, tome riendas en el asunto y resuelva los problemas de los argentinos. Cuando hay un delito grave, hay consecuencias graves. Y el Estado tiene que estar ahí”, expresó.

La votación reflejó un escenario de apoyos y resistencias cruzadas, en una discusión que continuará en la Cámara alta, donde se anticipa un nuevo capítulo de un debate sensible dentro de la política criminal y el sistema judicial juvenil.

Ahora, la Cámara de Diputados tiene previsto ratificar el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmado el 17 de enero pasado. Si se avanza con la media sanción, ambos proyectos deberán atravesar el filtro del Senado antes de convertirse en ley.

El oficialismo reunió el respaldo de sus aliados habituales -Pro, la UCR y el MID- y sumó apoyos parciales de Provincias Unidas, Innovación Federal y los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo. Con estos apoyos, el bloque libertario alcanzó una mayoría holgada para avanzar tanto con la reforma penal como con el tratado comercial.