El oficialismo consiguió quórum en la Cámara de Diputados y se habilitó la sesión especial el proyecto para redefinir el régimen de zona fría para el consumo de gas, y la Ley Hojarasca.

El temario de la sesión, además de los cambios a la ley de zona fría, abarca la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales, y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas.

El Gobierno llegaba a esta sesión con los votos justos para aprobar el esquema reducido de subsidios para usuarios de gas.

En ese marco, selló un acuerdo de último momento con seis provincias aliadas para que voten a favor de la iniciativa a cambio de subsidios por "zona cálida" al consumo de energía eléctrica.

Para completar el quórum de 129 voluntades sorprendió la colaboración de la radical monobloquista Karina Banfi, así como de las diputadas de Provincias Unidas María Inés Zigarán y Lourdes Arrieta, y de la neuquina Karina Maureira.

También generó sorpresa, pero por los motivos contrarios, que no bajaran al recinto los tres diputados de Elijo Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalil, ya que se trata de habituales aliados del Gobierno.

De esta manera, el oficialismo logró pisar la convocatoria para una hora más tarde que había solicitado la oposición, que pretendía seguir agitando en el Congreso en torno a los escándalos judiciales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, acusó al oficialismo de "mala fe parlamentaria" por "la trampa" de haber pedido una sesión una hora antes de la convocatoria opositora, y planteó una moción de orden para resolver la superposición de citaciones al recinto, y suspender la primera de ellas.

"Solicitamos que se pase a un cuarto intermedio a las 11, se permita confeccionar el quorum de esta sesión no solamente solicitada sino también convocada por al presidencia de esta cámara y en función de eso, si no hay quórum, se avance al respecto", mocionó el santafesino.

"La mayoría de este recinto expresamos la voluntad de seguir con esta sesión. Por la tanto la moción atípica que acaba de plantearse no debe votarse", contestó la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici.

Acto seguido, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desestimó la moción de orden, al sostener que "no hay un solo antecedente que una sesión especial interrumpa o suspenda otra sesión en toda la historia parlamentaria".

"Y no voy a ser el presidente que autorice esa situación por primera vez en la historia. No ha ocurrido nunca en la historia democrática de esta cámara como lo que están queriendo hacer. La moción del diputado Martínez es improcedente", ratificó.

"No vamos a hacer papelones con el reglamento y la Constitución. No bajo mi presidencia", reforzó el riojano, que insistió: "No vamos a sentar ese precedente".

La secretaria parlamentaria de Unión por la Patria, Paula Penacca, le dijo a Menem que "no es juez" y que no tiene postestad para "interpretar" el reglamento en nombre del conjunto de los diputados, y lo exhortó a poner a votación la moción de orden.

"No se puede generar este precedente como pretenden ellos de someter a votación la moción de orden porque generaría inseguridad jurídica. Esto no es interpretar el reglamento sino aplicarlo", le salió al cruce el otro secretario parlamentario de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz.

"Martínez estaba en conocimiento, porque yo mismo se lo dije, que estábamos por convocar a una sesión para este día", acotó Menem.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó ante la Cámara de Diputados en una jornada cargada de expectativa política y marcada por las denuncias que lo involucran. Desde el inicio de su intervención, el funcionario buscó despejar cualquier sospecha sobre su patrimonio y su conducta, en un intento por cerrar el debate que se instaló en torno a un presunto enriquecimiento ilícito.

“No hubo delito”, afirmó de manera contundente ante los legisladores, en una frase que sintetizó el tono general de su exposición. La sesión se desarrolló bajo la mirada del presidente Javier Milei, presente en el recinto, lo que le dio un peso político adicional al encuentro.

La estrategia de Adorni fue clara: insistir en que todas las acusaciones deben resolverse en la Justicia y no en el ámbito político. De esta manera, buscó correr el eje de la discusión hacia lo jurídico, evitando entrar en un terreno donde la interpretación y el juicio político pueden ser más amplios y menos controlables.

Sin embargo, el contexto no le fue completamente favorable. Las dudas sobre su patrimonio, sus viajes y el uso de recursos públicos siguieron presentes durante toda la sesión, impulsadas por las intervenciones de distintos bloques opositores que reclamaron explicaciones más profundas.

Uno de los momentos más sensibles del informe estuvo vinculado al viaje a Nueva York de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial ARG 01. Se trata de uno de los episodios que más repercusión tuvo en las semanas previas y que fue utilizado por la oposición como ejemplo de posibles irregularidades.

Adorni explicó que la Justicia ya analizó el caso y determinó que su esposa viajó como invitada únicamente en el tramo de ida, mientras que el regreso se realizó en un vuelo comercial. Además, aseguró que no existieron gastos para el Estado en concepto de viáticos, alojamiento o alimentación.

A pesar de esas aclaraciones, el eje del debate se trasladó rápidamente del plano legal al ético. Varios legisladores plantearon que, aun cuando no se haya cometido un delito, el uso de recursos públicos debe ajustarse a estándares más exigentes, especialmente cuando involucra a familiares directos de funcionarios.

El propio jefe de Gabinete reconoció haber pedido disculpas por la situación, aunque relativizó su impacto al señalar que el episodio fue utilizado políticamente para “obstaculizar la gestión”. Esa afirmación reforzó la línea discursiva que sostuvo durante toda la sesión: la idea de que las denuncias forman parte de una estrategia opositora.

Otro de los puntos centrales del debate giró en torno al patrimonio del funcionario y a una serie de viajes privados que, según distintas denuncias, no se condicen con sus ingresos declarados.

Adorni intentó establecer una frontera clara entre su vida pública y su vida privada. Sostuvo que todos los viajes familiares fueron financiados con recursos propios y que no corresponde analizarlos bajo criterios vinculados al ejercicio de la función pública.

También rechazó versiones contradictorias sobre un supuesto viaje en avión privado a Punta del Este y desestimó las declaraciones de su allegado Marcelo Grandío, a las que calificó como “tendenciosas y falsas”.

En la misma línea, negó la existencia de contrataciones entre el Estado y personas de su entorno, así como cualquier vínculo laboral de su esposa con organismos públicos.

Como señal de apertura, anunció que presentará una nueva declaración jurada antes del 31 de julio, donde detallará su patrimonio actualizado. Sin embargo, este anuncio no logró cerrar el tema: las investigaciones sobre la adquisición de inmuebles —algunas presuntamente financiadas por terceros— continúan en curso y siguen alimentando las sospechas.

Desde el Gobierno, el balance de la jornada fue claramente positivo. Funcionarios cercanos a Javier Milei consideraron que Adorni tuvo un desempeño sólido, que logró sostener su postura y que respondió a los cuestionamientos sin quedar expuesto.

Incluso destacaron que la oposición no adoptó el tono agresivo que algunos anticipaban, lo que permitió que la sesión se desarrollara con mayor orden del esperado.

En ese sentido, dentro del oficialismo interpretaron que el jefe de Gabinete logró cumplir con su objetivo principal: atravesar el informe sin que se generara un daño político significativo para el Gobierno.

Desde Unión por la Patria (UxP), en cambio, el análisis fue diferente. Si bien valoraron haber mantenido una actitud ordenada y evitar el desborde de la sesión, remarcaron que las preguntas realizadas fueron incisivas y que dejaron en evidencia inconsistencias en las respuestas del funcionario.

Algunos diputados fueron especialmente duros en su evaluación y señalaron que Adorni “quedó expuesto”, cuestionando su capacidad para responder sin apoyo y su dependencia de apuntes durante la sesión.

También subrayaron que más allá de las explicaciones brindadas, persisten dudas políticas que no pueden resolverse únicamente en la Justicia, y que requieren un mayor nivel de transparencia en el ámbito público.

Uno de los aspectos más llamativos de la jornada fue la estrategia adoptada por el principal bloque opositor. Lejos de buscar un enfrentamiento directo, optaron por sostener una postura medida, evitando incidentes que pudieran ser utilizados por el oficialismo.

La decisión fue no “prender fuego” la sesión y garantizar su desarrollo, una jugada que, según evaluaron internamente, les permitió mantener el control político del debate.

El único episodio disruptivo fue protagonizado por el diputado Aldo Leiva, quien irrumpió con carteles alusivos a las denuncias. Sin embargo, su accionar fue rápidamente relativizado por su propio espacio, que dejó en claro que no representaba la estrategia general del bloque.

Otro dato relevante fue el bajo perfil de los sectores opositores considerados dialoguistas. Tanto el PRO como la UCR tuvieron una participación mínima en el debate, lo que contrastó con el protagonismo del peronismo.

Esta ausencia fue interpretada desde distintos sectores como una decisión política de no confrontar directamente con el Gobierno en este contexto, lo que dejó un escenario polarizado entre oficialismo y oposición dura.

La presentación de Adorni volvió a poner en discusión un tema recurrente en la política argentina: el límite entre la responsabilidad judicial y la responsabilidad política.

Mientras el jefe de Gabinete insistió en que las acusaciones deben resolverse en los tribunales, la oposición planteó que el Congreso también es un espacio legítimo para exigir explicaciones, especialmente cuando se trata de funcionarios de alto rango.

En ese cruce de miradas se explica el resultado abierto de la jornada. El oficialismo considera que el funcionario salió fortalecido, mientras que la oposición sostiene que las dudas siguen intactas.

El paso de Manuel Adorni por Diputados no logró cerrar el capítulo, pero sí dejó una postal clara del escenario político actual: posiciones firmes, lecturas opuestas y un debate que sigue abierto. En un contexto de alta polarización, donde cada gesto se interpreta en clave de disputa, las explicaciones parecen no alcanzar para saldar las dudas, y el tema promete seguir ocupando un lugar central en la agenda pública en las próximas semanas.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada del jueves la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que redefine el alcance de la protección sobre glaciares y zonas periglaciares. El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.

En ese marco, los diputados por Córdoba evidenciaron posturas divididas frente a la iniciativa.

Por el lado de los votos afirmativos, acompañaron el proyecto legisladores vinculados al oficialismo libertario, entre ellos Gabriel Bornoroni, Belén Avico, Marcos Patiño Brizuela, Gonzalo Roca, Laura Soldano, Cecilia Ibáñez, Enrique Lluch, Luis Picat, María Celeste Ponce y Laura Rodríguez Machado. A ellos se sumó también Alejandra Torres, integrante del bloque Provincias Unidas.

En contraposición, rechazaron la reforma los diputados cordobeses de ese mismo espacio Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez y Juan Brügge, mientras que Ignacio García Aresca no participó de la votación por ausencia. También votaron en contra Natalia de la Sota y Gabriela Estévez.

Previo a la sesión, Schiaretti ya había anticipado su postura crítica frente al tratamiento del proyecto. “Considerando que es un tema complejo que en todo el mundo requiere de análisis y consensos, sostenemos que la modificación de la ley de glaciares debe hacerse con el tiempo necesario para alcanzar esos consensos y obtener una buena ley”, expresó.

En la misma línea, cuestionó la celeridad del debate parlamentario: “No se puede hacer de manera exprés, como impulsó el Poder Ejecutivo en el Senado y como se hizo en Diputados, donde hubo más de 100 mil inscriptos para participar de la audiencia pública y sólo pudieron expresarse unos pocos”.

Asimismo, remarcó la importancia estratégica del tema: “Hay que señalar, además, que el cuidado de los glaciares es estratégico: es una cuestión de unidad nacional. Por lo tanto, el inventario de los glaciares y periglaciares es responsabilidad irrenunciable de la Nación, con el aporte necesario de las provincias”.

El proyecto de ley de Glaciares, que el Congreso convirtió en ley este miércoles, tiene como objetivo redefinir cuáles son las zonas protegidas y en áreas periglaciares las que se pueden permitir tareas de exploración y explotación para captar inversiones mineras.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los mandatarios provinciales aliados para impulsar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la zona de cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley Bases sancionada en el 2024.

Impulsan la ley los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tiene el mayor desarrollo minero.

Uno de los aspectos centrales de la ley sancionada por el Congreso es que que se modifican los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial.

Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.

La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y dispuso la creación del Inventario Nacional de Glaciares, con la responsabilidad de identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares.

Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, y el inventario identifica glaciares en unos 8400 kilómetros.

Uno de las críticas al inventario de los gobernadores es que está desactualizado, mientras que sus defensores dicen que atravesó muchos problemas económicos por falta de financiamiento.

Otro punto clave es que se busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.

Hasta ahora, la protección depende de estudios técnicos que demuestran si un área cumple una función hídrica relevante. 

Si no se demuestra científicamente que el área aporta agua, podría quedar habilitada para su explotación. 

La controversia por el otorgamiento de créditos del Banco de la Nación Argentina a funcionarios y legisladores sumó un nuevo capítulo en los últimas horas, luego de que publicaciones incluyeran al diputado de Provincias Unidas, Ignacio García Aresca, entre los dirigentes que habrían accedido a financiamiento.

Frente a estas versiones, el legislador oriundo de San Francisco salió a aclarar su situación y rechazó las interpretaciones que lo vinculan con posibles beneficios irregulares. En ese sentido, remarcó que los préstamos obtenidos no corresponden a líneas hipotecarias y que, en su mayoría, fueron otorgados por entidades privadas.

“Quiero aclarar que los créditos que obtuve nunca fueron hipotecarios, sí son prendarios, para capital de trabajo ligados a la actividad agropecuaria que desarrollo hace 25 años; el 85% fueron con entidades privadas”, sostuvo García Aresca en su cuenta de X. En la misma línea, agregó que “la información que brinda el Banco Central no discrimina la cualidad de los créditos”, lo que —según explicó— puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Quiero aclarar que los créditos que obtuve NUNCA fueron hipotecarios, si son PRENDARIOS, para capital de trabajo ligados a la act. agropecuaria que desarrollo hace 25 años; el 85% fueron con entidades privadas.La info que brinda BCRA, no discrimina la cualidad de los créditos.

El diputado también detalló el destino de los financiamientos, vinculándolos directamente con su actividad productiva. “Con John Deere por un tractor y una pulverizadora, reitero prendario; con banco Nación un crédito prendario adjudicado hace años para la compra de una fertilizadora”, precisó.

"En la actualidad, el sector agropecuario se encuentra en constante transformación gracias al avance tecnológico y la incorporación de maquinaria cada vez más eficiente. Esta evolución es indispensable para mejorar la productividad, optimizar el uso de los recursos y sostener la competitividad en un contexto cada vez más exigente. En este sentido, el acceso al crédito prendario se vuelve una herramienta clave para los productores - sostuvo García Aresca-. La posibilidad de financiar maquinaria, equipos e innovaciones tecnológicas permite acompañar este proceso de modernización, asegurando la continuidad y el crecimiento de la actividad".

"Dichos créditos son accesibles gracias al cumplimiento y al historial crediticio construido a lo largo del tiempo, lo que refleja responsabilidad financiera y compromiso con las obligaciones asumidas. Por lo tanto, la toma de créditos prendarios no constituye un endeudamiento aislado, sino una inversión estratégica orientada a fortalecer la capacidad productiva, mejorar la eficiencia y contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario, en beneficio, no solo del productor, sino también de la economía nacional en su conjunto", siguió.

"Continuaré recurriendo a este tipo de financiamiento como una herramienta necesaria para seguir incorporando tecnología, mejorar las condiciones de producción y sostener un proceso de crecimiento continuo dentro de la actividad", afirmó por último.

La polémica se da en un contexto más amplio, a partir de una denuncia presentada por la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, quien solicitó a la Justicia que investigue posibles irregularidades en el otorgamiento de créditos a funcionarios y legisladores del oficialismo.

En su presentación, Frade advirtió sobre “la profusa información pública aparecida en distintos medios gráficos, radiales y televisivos” respecto de créditos otorgados por el Banco Nación, que “podrían ser fruto de actividades irregulares y aún delictivas”. Por ello, pidió que se impulse una investigación penal para determinar si existieron beneficios indebidos o conflictos de interés.

/ Acceso al crédito como motor del desarrollo agropecuario / pic.twitter.com/uccL5jiX54

Entre los nombres mencionados en la denuncia figuran funcionarios y legisladores que, según la información difundida, habrían recibido montos que oscilan entre los 100 y los 500 millones de pesos. Sin embargo, algunos de los involucrados, como los diputados Mario Campero y Alejandro Bongiovanni, rechazaron las acusaciones y aseguraron haber cumplido con todos los requisitos exigidos para acceder a los créditos, negando haber recibido trato preferencial.

Además, Frade solicitó que se requiera al Banco Nación la totalidad de los legajos crediticios de los involucrados, así como las actas de directorio en las que se aprobaron las operaciones. También pidió la intervención de peritos contadores para determinar si existieron perjuicios económicos para la entidad y si se respetaron las normativas vigentes.

En ese marco, la discusión continúa abierta mientras avanza el pedido de investigación, con el foco puesto en esclarecer las condiciones en que se otorgaron los créditos y descartar posibles irregularidades en el sistema financiero público.

Varias frases utilizadas en las crónicas periodísticas para explicar situaciones que se producen en las contiendas deportivas están cargadas de significados oportunos para aplicar a la palpitante y convulsa política nacional. Mucho más en una semana agitada, en la que el gobierno volvió a enredarse solo, cometió errores de principiante y dejó la pelota picando en la puerta del arco… De su propio arco.

En este juego de analogías, resulta inevitable evocar aquel entretiempo del Mundial de 1990, cuando, tras haber sufrido un verdadero baile ante Brasil, el entonces director técnico de la selección nacional se limitó a advertirles a sus jugadores que “si se la siguen dando a los de amarillo vamos a perder”. Si bien en la simbología política argentina el amarillo se identifica con lo que queda del PRO, aliado del gobierno, la lógica de aquella frase de Carlos Bilardo, personaje al que públicamente el presidente le expresa admiración, también aplica a lo ocurrido.

El gobierno se vio contra las cuerdas cuando advirtió que el artículo referido a las licencias por enfermedad incluido en el proyecto de reforma laboral había caído muy mal, incluso en muchos de sus propios votantes. El episodio expuso, una vez más, una seguidilla de errores no forzados. Nadie se hizo cargo de la inclusión de ese texto, aprobado a ciegas por senadores que dieron muestras de amateurismo parlamentario, y las explicaciones posteriores del ministro Federico Sturzenegger definitivamente embarraron la cancha. El intento de “arreglarlo” luego vía decreto reglamentario fue percibido como una jugada antirreglamentaria. La intención de cambiar las reglas de juego cuando el partido se estaba jugando evocó de inmediato las argucias de la actual dirigencia de la AFA. Finalmente, algo de cordura apareció y el artículo 44 fue eliminado del proyecto que, no sin sobresaltos, aprobó Diputados y remitió nuevamente al Senado.

Gracias a los desajustes tácticos y estratégicos del gobierno, la CGT, que venía perdiendo todos los rounds, se despabiló. Encontró argumentos, clima y oportunidad para llamar a un paro general. Cuando todo indicaba que estaba por tirar la toalla, la oposición más dura se paró de nuevo en el centro del ring. La votación favorable en Diputados aminoró el fallido que casi provoca el despiste del oficialismo y recordó aquella memorable asistencia de Maradona para que Caniggia definiera el cotejo en el que le daban todas las pelotas a los de amarillo y sellara el pase a la siguiente ronda.

La aprobación de la reforma sin el texto más resistido y la expectativa de su pronta sanción definitiva atenuaron el barquinazo. Pero el partido, claramente, no ha terminado. El cierre de Fate fue un golpe seco, de esos que hacen tambalear incluso al que va ganando. Se da en un contexto económico que empieza a mostrar efectos sociales evidentes. Tanto que hasta el Fondo Monetario Internacional habló de “mitigar los costos de transición”. Es un banderín en alto que advierte sobre la necesidad de encontrar recetas para no caer en “offside” frente a una problemática muy sensible.  

Sin embargo, pese a que la actuación de su equipo tiene aspectos que desconciertan,  Milei sigue conservando un importante nivel de aceptación. La explicación vuelve a estar en la política: no aparecen alternativas sólidas, ni liderazgos que disputen el dominio del juego. Escenas como la de una diputada desconectando micrófonos y lanzando insultos en plena sesión funcionan como muestras del desenchufe de una oposición que no logra conectar en la cancha.

Todo indica que el oficialismo buscará exhibir la sanción definitiva de la reforma laboral como trofeo en la próxima apertura de sesiones del Congreso. En verdad, sería una victoria relevante para un gobierno no peronista. Pero el juego sigue. Y varios funcionarios parecen haberse acostumbrado a meter dentro de su propio arco las pelotas que van afuera. Por eso, frente a lo acontecido en los últimos días y aunque el tablero marque ventaja, prevalece la cautela.

Tras la agitada semana que se vivió, si esto fuera un tuit, el jefe de Gabinete escribiría “fin”. Pero en la política argentina, como en el fútbol, el alargue y los penales siempre traen sorpresas.¿Fin?

La Oficina del Presidente celebró la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, y destacó que se trata de “una de las reformas estructurales que el Presidente Javier G. Milei prometió y que está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos”. 

“La aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina”, indicó el Gobierno.

En un mensaje en redes sociales, la Oficina del Presidente sostuvo que “la nueva normativa simplifica y digitaliza los procesos de registración laboral, moderniza licencias y procedimientos, ordena responsabilidades y establece reglas claras tanto para trabajadores como para empleadores”. 

Además, el Gobierno remarcó que la ley “incorpora además incentivos concretos para la formalización del empleo, mecanismos que reducen la conflictividad judicial y un enfoque especial en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), eliminando distorsiones que impedían su crecimiento, inversión y generación de oportunidades”. 

“Con esta reforma, se promueve un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía, generando más y mejores puestos de trabajo formales. Los argentinos han realizado un esfuerzo enorme para alcanzar la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal”, subrayó el oficialismo.

Además, agregó: “Esta modernización laboral es un paso más para consolidar ese proceso, permitiendo que trabajadores y empleadores planifiquen a largo plazo sin temor al conflicto permanente, favoreciendo la creación de empleo de calidad en un esquema dinámico y acorde a los desafíos actuales”. 

“El Presidente Javier G. Milei agradece a todos los legisladores que acompañaron este proyecto, y espera el mismo compromiso con la voluntad de los votantes argentinos para el resto de las reformas que fueron o serán enviadas al Congreso de la Nación para hacer grande a la Argentina nuevamente”, afirmó la Oficina del Presidente.

Pasada la medianoche de este viernes, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma laboral en una sesión atravesada por el paro nacional convocado por la CGT y una movilización frente al Congreso que concluyó con incidentes y detenidos.

El proyecto obtuvo 135 votos a favor y 115 en contra. Debido a los cambios introducidos durante su tratamiento —entre ellos la eliminación del artículo 44 vinculado a licencias médicas— la iniciativa regresará al Senado, que ya le había otorgado media sanción.

El debate se desarrolló en un clima de fuerte tensión política. Desde el kirchnerismo impulsaron que el texto volviera a comisión, aunque el oficialismo avanzó con una estrategia reglamentaria para continuar con la votación y finalmente habilitó la palabra a los oradores inscriptos.

En el caso de la representación cordobesa, hubo ausencias. No participaron de la sesión Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca ni Alejandra Torres. Desde el entorno del exgobernador indicaron que no pudo viajar por la afectación del transporte aéreo a raíz del paro, mientras que Torres tenía compromisos en el exterior. Sobre García Aresca no hubo precisiones públicas.

Durante el tratamiento también se abordó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los puntos más debatidos por las modificaciones en el esquema de indemnizaciones.

Entre los diputados cordobeses que tomaron la palabra, Juan Brügge cuestionó la técnica legislativa del proyecto y votó en contra. Natalia de la Sota rechazó la iniciativa y la calificó como parte de un “paradigma deshumanizante”. Por su parte, Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza, respaldó la propuesta y pidió avanzar con la votación.

Votaron a favor: Gabriel Bornoroni, Gonzalo Roca, María Celeste Ponce, María Cecilia Ibañez, Enrique Luch, Marcos Patiño Brizuela, Belén Avico, Luis Picat, Laura Rodríguez Machado, Laura Soldano, Carolina Basualdo y Carlos Gutiérrez.Votaron en contra: Juan Brügge, Natalia de la Sota y Gabriela Estévez.

Estuvieron ausentes: Ignacio García Aresca, Juan Schiaretti y Alejandra Torres.

El proyecto de reforma laboral  que aprobó la Cámara de Diputados y el oficialismo buscará convertir en ley la próxima semana en el Senado establece cambios en la ley de contrato de trabajo, en la Asociaciones Sindicalistas, limita el derecho de huelga,  entre otros. 

“Los Convenios Colectivos de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor”, dice la ley.

Se descentraliza la negociación colectiva y pierden peso los sindicatos en la representación de los derechos colectivos.

Los convenios colectivos con plazo vencido no mantendrán sus efectos en el transcurso de tiempo hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo. 

Solo quedarán vigente las normas referidas a las condiciones trabajo.

Se permitirá en la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, incorporarse por encima de los salarios, otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables.

Se mantiene el criterio de pago al trabajador de “una indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor”. 

Sin embargo, se especifica que en las liquidaciones resarcitorias por despidos sin causa “no tendrán incidencia los conceptos de pago no mensuales como el sueldo anual complementario, vacaciones, premios que no sean de pago mensual".

Pago en hasta 6 cuotas (12 cuotas en Pymes) mensuales consecutivas, ajustadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una tasa de interés del 3% anual.

La determinación de los montos, de esta manera, ya que dependerá de la interpretación de un juez.

Se crea el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos que se conformara con una contribución mensual del UNO POR CIENTO (1%) para las grandes empresas y DOS Y MEDIO PORCIENTO (2,5%) para las micro, pequeñas y medianas empresas”.

“A cambio de esos aportes, las empresas recibirán el beneficio de descuentos en las contribuciones patronales que tienen destino a la Seguridad Social (ANSES)", dice la ley.

“Se podrá utilizar el banco de horas de modo de compensar la mayor jornada de algún día con la menor de otro, siempre y cuando no se supere el máximo legal de la jornada semanal, o la que estipule el régimen laboral específico aplicable.

La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral será compensada con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.

Las vacaciones se otorgarán: entre 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente” y se podrán tomar en forma dividida con un plazo mínimo de 7 días.

Los empleadores deberán notificar por escrito al trabajador con una antelación no menor a cuarenta y cinco (45) días, sin perjuicio de que las convenciones colectivas de trabajo u otros acuerdos celebrados con la representación sindical en la empresa puedan establecer sistemas diferentes, conforme a las particularidades de cada actividad”. 

Se incorpora la posibilidad de que el empleador remunere al trabajador en moneda extranjera, al margen de la moneda nacional, especie, habitación o alimentos, modalidades ya comprendidas en el régimen actual.

“Se computará como antigüedad el tiempo de servicio anterior, en los casos en que el trabajador hubiese cesado por cualquier causa y reingrese bajo las órdenes del mismo empleador”, establece el proyecto.

“Si transcurriese un plazo de dos (2) años entre el cese del vínculo laboral, cualquiera fuera la causa, y el trabajador reingresara a prestar servicios con el mismo empleador, la antigüedad del tiempo de servicio anterior no será computada”, dice la norma.

Tope del 2% en las cuotas solidarias.

Asambleas sólo podrán realizarse en los establecimientos de trabajo con la autorización del empleador.

Se les reconocerá a los delegados sindicales, para “el ejercicio de sus funciones”, un crédito de hasta DIEZ (10) horas mensuales retribuidas”.

Se restringe el derecho a huelga al declararse determinadas actividades como "servicios esenciales" (con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75%) y “servicios trascendentales” (con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 50%).

Serán consideradas "infracciones muy graves" cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis:

a. afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas; 

Se elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal que contrata a una tercera empresa para la prestación de servicios.

“Los trabajadores serán considerados empleados directos de quienes registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o a proporcionarlos a terceras empresas”, se estipula.

Se crea un nuevo Régimen de Inversiones para las pequeñas y medianas empresas para nuevos emprendimientos, con beneficios de amortización de Ganancias e Iva.

Establece una serie de requisitos de validez para los certificados médicos que justifiquen las inasistencias por enfermedad o accidente inculpable. 

Ante la discrepancia de certificados médicos entre la empresa y un trabajador se podrá pedir una junta médica

Habrá incentivos para aquellas empresas que contraten nuevo personal que podrá tener rebaja de contribuciones patronales.

Se denomina a los repartidores como “prestadores independientes” sin relación de dependencia, aunque las empresas tendrán que contratar seguros de accidentes, y brindar capacitación a esos trabajadores.

Se derogan impuestos internos a las embarcaciones, aviones, automóviles, celulares y productos santuarios.

Se eximen los intereses de plazos fijos en dólares y el resultado de la venta de inmuebles destinados a casa-habitación (desde 2026).

Se propone su exención a la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego para el sector agroindustrial

Se establece el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Se posterga hasta el 2028 la eliminación del 10% de las entradas,  un 10% sobre la venta o alquiler de videogramas y un 25% de la recaudación del Enacom, que financia el Instituto de Cinematografía.

Derogación de la ley de teletrabajo y reemplazo por modalidades más flexibles.

Derogación de estatutos específicos (como el Estatuto del Periodista Profesional) en un plazo de un año desde la sanción de la ley.

La Cámara de Diputados comenzó este miércoles el debate en comisión del proyecto de reforma laboral aprobado por el Senado, con un cambio central: se eliminará el artículo que modificaba el pago de las licencias por enfermedad o accidente no laboral.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, el libertario Lisandro Almirón, quien informó al inicio del plenario —que se desarrolla junto a la Comisión de Presupuesto— que se quitará el artículo 44. Ese punto establecía que, en caso de enfermedades o accidentes ajenos al ámbito laboral, el trabajador percibiría el 50% del salario, o el 75% si tenía familia a cargo.

Almirón señaló que se pondrá a la firma un dictamen que mantiene el texto sancionado por el Senado en la madrugada del jueves 12, con excepción de los cambios en el régimen de licencias médicas. Además, precisó que hasta las 17 expondrán sindicalistas, abogados y empresarios, y luego los bloques fijarán posición y definirán si acompañan el despacho oficialista o presentan uno propio.

El proyecto de modernización laboral incluye modificaciones en las leyes de trabajo y asociaciones sindicales, una rebaja de aportes patronales para la contratación de nuevos empleos y cambios en el sistema de indemnizaciones.

En este escenario, los diputados alineados al gobernador Martín Llaryora, dentro del bloque Provincias Unidas, marcaron objeciones sobre puntos clave. Aunque la bancada aún no definió una postura común, el sector cordobés anticipó diferencias que podrían resultar decisivas en una votación ajustada.

Entre los seis integrantes del subgrupo cordobés se encuentran Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo. García Aresca integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que participa del plenario.

Sobre el artículo referido a las licencias por enfermedad, la diputada Torres manifestó que tiene “reparos legales”. “No me parece apropiado el diseño ni la redacción, tan confusa que solo generará problemas. Hay que buscar un nuevo diseño para darle respuesta a esta problemática, para no desproteger a los trabajadores y también reducir los abusos”, advirtió.

Además, los cordobeses cuestionan el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones por despido con un aporte patronal descontado de la contribución previsional. Desde ese espacio alertaron que el esquema podría afectar recursos del sistema jubilatorio.

También expresaron rechazo a la posibilidad de incorporar billeteras virtuales como agentes de pago de salarios. “Las billeteras no van a entrar. En las provincias que tienen bancos provinciales, ¿le van a dar esa posibilidad a una billetera que hace lobby con el gobierno y no cumple las reglas del Banco Central?”, señalaron desde el cordobesismo.

Con estos planteos, el debate en comisiones se desarrolla en un clima de tensión, mientras el oficialismo busca dictaminar el proyecto con el respaldo de aliados y la oposición analiza introducir modificaciones.

Tras la media sanción a la reforma de la Ley Penal Juvenil en la Cámara de Diputados, que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, el diputado nacional por Córdoba Ignacio García Aresca (Provincias Unidas), que votó a favor, defendió la iniciativa pero puso el foco en un punto clave: sin financiamiento y políticas de contención social, la reforma corre el riesgo de quedar incompleta. Además, en entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO se refirió al escenario que se abre en la Cámara de Diputados con el tratamiento de la reforma laboral, un tema que promete un nuevo y fuerte cruce político.

—Usted votó a favor de bajar la edad de imputabilidad. ¿Qué lo llevó a acompañar esa medida?

Lo debatimos mucho dentro del bloque. Nuestra mirada fue fijar la edad en 14 años. El Gobierno nacional planteaba 13, pero había un consenso amplio en que fueran 14. Incluso lo hablamos con distintos sectores, como la Iglesia. La clave es que no sea una imputabilidad igual a la de un adulto: un chico de 14 años no puede ser tratado como alguien de 25 o 30.

—¿Qué plantearon concretamente en ese sentido?

Procesos judiciales diferenciados. Nosotros propusimos que la pena sea progresiva según la edad. Para los 14 años, el 50% de la condena; a los 15, dos tercios; y recién a los 16 y 17, un esquema similar al de los mayores. La idea es que no se aplique automáticamente la pena máxima del Código Penal de adultos.

—Desde sectores críticos sostienen que criminalizar más temprano no resuelve el problema de fondo.

El problema es mucho más profundo. Hoy vemos situaciones sociales muy complejas, sobre todo en las grandes ciudades. Chicos de 10, 11 o 12 años que están en la calle, sin contención del Estado. Cuando el Estado se retira, estas realidades se agravan. Por eso la ley no puede ser solo punitiva: tiene que ir acompañada de políticas sociales, educativas y de contención.

—Usted advirtió especialmente sobre el financiamiento.

Ese es el punto central. Esta es una ley nacional, pero la implementación queda en manos de las provincias. Hablamos de juzgados especializados, establecimientos adecuados, más personal, psicólogos, docentes. Todo eso cuesta dinero. Si Nación impulsa la ley pero se desentiende del financiamiento, el problema se traslada a las provincias.

—Córdoba ya está avanzando en infraestructura.

Sí, el gobernador Martín Llaryora anunció la construcción del Campus Papa Francisco, un establecimiento moderno para jóvenes con medidas privativas de la libertad. Solo la obra ronda los 18 mil millones de pesos, sin contar equipamiento ni personal. Para todo el país se hablaba de 23 mil millones: claramente no alcanza. Por eso decimos que hay que hacer las cosas bien, respetando estándares internacionales y pensando en la reinserción social.

—     Otro debate llega ahora a Diputados: la reforma laboral. ¿Cuál es su mirada sobre el proyecto?

La reforma laboral hay que discutirla artículo por artículo. Creemos que hacen falta cambios, pero sin tocar derechos adquiridos. Nadie va a perder derechos. El desafío es adaptarse a nuevas formas de trabajo y dar previsibilidad, especialmente a las pymes. Hay puntos con los que no estamos de acuerdo y que vamos a plantear en el recinto.

—¿Puede generar más empleo?

—No es mágica. Una reforma laboral por sí sola no va a bajar de golpe la informalidad. El empleo va a crecer cuando mejore la situación económica general. La reforma es una herramienta más, no la solución única.

—¿Se viene un año de tensiones con Nación?

Córdoba siempre recamará lo que le corresponde. No pide de más, pide lo que le corresponde. Subsidios al transporte, fondos para rutas, recursos coparticipables, la deuda con la Caja de Jubilaciones. Aportamos muchísimo y recibimos muy poco. Ese va a ser un eje permanente en el Congreso. Va a ser un año de debates fuertes. Pero nuestra postura es clara: defender a Córdoba y a los cordobeses. No resignar lo que es nuestro y discutir cada ley con responsabilidad, mirando el impacto real en la gente. Entre los principales puntos aparece la deuda previsional con la Caja, que el Estado nacional mantiene desde hace años por el incumplimiento de los acuerdos firmados para cubrir el déficit del sistema. A ese planteo se suma la discusión por los recursos que provienen del impuesto a los combustibles líquidos, que grava, entre otros productos, el precio de la nafta. Una porción de ese tributo tiene asignación específica y debería volver a las provincias para financiar obras viales, mantenimiento de rutas y políticas de transporte, pero esos fondos no están llegando en la magnitud prevista o directamente no se ejecutan. El impuesto a los combustibles impacta de forma directa en el bolsillo de los consumidores, pero también es una fuente clave de financiamiento federal. La Nación sigue percibiendo el tributo mientras transfiere menos recursos, trasladando a las provincias el costo político y económico del deterioro de la infraestructura y del transporte. El ajuste fiscal nacional no puede sostenerse a partir de retenciones encubiertas sobre

mpuestos coparticipables.

La Cámara de Diputados otorgó este jueves media sanción a la Ley Penal Juvenil, uno de los proyectos prioritarios de la agenda legislativa del Gobierno. La iniciativa, que propone modificar el régimen vigente y bajar la edad de imputabilidad, fue aprobada por 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, en el marco de una sesión especial en la que también se trató la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

El texto impulsado por el oficialismo establece la imputabilidad penal a partir de los 14 años para delitos graves y redefine el esquema de sanciones, incorporando un sistema que combina penas y medidas socioeducativas. La propuesta generó un extenso intercambio en el recinto, con posturas divergentes entre los bloques respecto del alcance de la reforma, el enfoque del sistema de responsabilidad penal adolescente y la naturaleza de las penas previstas.

Con la aprobación en la Cámara baja, el proyecto será girado al Senado, donde el oficialismo buscará consolidar su avance legislativo en un tema que despierta fuerte discusión política y social.

En el cierre del debate, el diputado cordobés Gabriel Bornoroni, del bloque libertario, defendió la iniciativa y subrayó el rol del Estado frente a los delitos graves. “Tenemos el compromiso de que el Estado deje de fallar, tome riendas en el asunto y resuelva los problemas de los argentinos. Cuando hay un delito grave, hay consecuencias graves. Y el Estado tiene que estar ahí”, expresó.

La votación reflejó un escenario de apoyos y resistencias cruzadas, en una discusión que continuará en la Cámara alta, donde se anticipa un nuevo capítulo de un debate sensible dentro de la política criminal y el sistema judicial juvenil.

Ahora, la Cámara de Diputados tiene previsto ratificar el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmado el 17 de enero pasado. Si se avanza con la media sanción, ambos proyectos deberán atravesar el filtro del Senado antes de convertirse en ley.

El oficialismo reunió el respaldo de sus aliados habituales -Pro, la UCR y el MID- y sumó apoyos parciales de Provincias Unidas, Innovación Federal y los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo. Con estos apoyos, el bloque libertario alcanzó una mayoría holgada para avanzar tanto con la reforma penal como con el tratado comercial.

Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, La Libertad Avanza va por el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a 14. El debate comenzó pasadas las 11 tras la jura de Juan Schiaretti, y el oficialismo confía en darle luz verde al proyecto con los votos de bloques aliados. El “cordobesismo” tiene previsto votar a favor, aunque propone algunas modificaciones.

Con Patricia Bullrich a la cabeza, el gobierno de Javier Milei proponía bajar la edad punible a 13 años, pero tuvo que ceder ante la resistencia del ala dialoguista y aceptó dejarla en 14. Además, tal como adelantó La Voz del Interior, se incorporó un agregado presupuestario para garantizar el cumplimiento de la ley y se facultó a las provincias y a la Nación a conveniar fondos.

“La ley actual a todas luces ha sido ineficiente: no previene, no resocializa al menor, no repara ni da soporte a las víctimas para sentir que la impunidad ha acabado”, sentenció la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado (la Libertad Avanza), que abrió el debate como presidenta de la Comisión de Legislación Penal.

La legisladora sostuvo que “todos” los especialistas que expusieron en el debate de 2024 coincidieron en que “entre los 12 y los 14 años, un menor tiene absoluto conocimiento de que está cometiendo un hecho ilícito frente a la ley”, y por lo tanto “debe pagar con una pena racional por el hecho cometido”.

“Nos decían que queremos encarcelar a todos, que la solución no es meter menores adentro de las cárceles. Pero nosotros no amontonamos menores en establecimientos de menores. Les vamos a dar un tratamiento para que la función final de estos establecimientos sea resocializar al menor”, aclaró Rodríguez Machado.

En ese sentido, advirtió que “hoy los menores de 16 están en establecimientos sin ningún tipo de proceso, porque ningún juez se anima a firmar su libertad. Hay un gris donde los tienen ocultos sin un debido proceso legal. Lo que quieren es ocultar una realidad; un discurso donde no quieren cambiar nada para que todo siga igual. Y los que más pierden son los menores, porque el Estado ni los mira”.

Rodríguez Machado destacó que además del proyecto del Poder Ejecutivo, había una veintena de iniciativas presentadas por distintos diputados. También recordó que se escuchó a “más de 30 expertos” en distintas disciplinas: juristas, médicos, representantes del Poder Judicial y de organizaciones civiles, entre otros. “La mayoría invitados por la oposición”, acotó la cordobesa.

El dictamen firmado este miércoles en el plenario de comisiones obtuvo 81 firmas favorables sobre 139 miembros presentes, aunque algunos diputados firmaron en disidencia, como los cordobeses de Provincias Unidas Juan Brügge, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, quienes propusieron modificaciones.

El punto central de la disidencia cordobesa propone establecer un esquema escalonado de penas según la edad del menor. Así, plantea que los adolescentes de 14 años tengan una reducción de la escala penal a la mitad; los de 15 años, una reducción de un tercio; mientras que para los jóvenes de 16 y 17 años se aplique la escala completa, con un tope máximo de 15 años de prisión, tal como prevé el despacho mayoritario.

A pesar de estas objeciones, los diputados alineados al gobierno de Martín Llaryora tienen previsto votar a favor en general. Será además la primera votación de Schiaretti, quien prestó juramento al inicio de la sesión luego de recibir el alta médica.

Otros diputados del interbloque Unidos dispuestos a acompañar esperaban redactar con mayor claridad que los menores no compartirán espacio con los adultos privados de su libertad, sino que serán alojados en institutos especializados, donde se espera que cuenten con el acompañamiento de “supervisores”.

Como se necesitan recursos presupuestarios para cumplir con esas disposiciones, se otorgará un monto total de $23.739.155.303, que saldrá de la Defensoría General de la Nación y del Ministerio de Justicia. Rodríguez Machado aclaró que en el dictamen firmado en 2024, que perdió vigencia, no se fijaba un número porque no había ley de Presupuesto sancionada.

El panorama legislativo de los representantes por la provincia de Córdoba en la Cámara de Diputados de la Nación se ajusta tras la recuperación de Juan Schiaretti, quien recibió el alta médica y asumirá su banca en febrero, lo que impactará en la conformación y dinámica del bloque de Provincias Unidas.

Schiaretti había sido intervenido quirúrgicamente el pasado 26 de noviembre en la Fundación Favaloro por una sustitución de válvula aórtica y su recuperación postoperatoria fue más extensa de lo previsto. Por ese motivo no pudo asistir a la jura de sus colegas el pasado 3 de diciembre, cuando ocho diputados por Córdoba prestaron juramento en la Cámara baja.

La ausencia de Schiaretti en ese acto no impidió que sus compañeros de lista de Provincias Unidas —Carolina Basualdo e Ignacio García Aresca— asumieran como legisladores nacionales, integrando el interbloque que representa a ese espacio político en el Congreso.

Córdoba renovó nueve bancas en total durante las elecciones legislativas de 2025: cinco quedaron en manos de La Libertad Avanza (Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch), que se consolidó como primera minoría; tres para Provincias Unidas y una para Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota).

Con la próxima jura de Schiaretti, el bloque Provincias Unidas sumará un integrante con fuerte peso político y experiencia en la vida pública, reafirmando el rol de ese espacio dentro de la Cámara. La coalición busca posicionarse como una fuerza de centro que defiende la mirada de las provincias en la agenda nacional y actúa como puente entre diferentes sectores políticos.

La representación cordobesa en Diputados quedará así integrada por legisladores de distintos signos, con Schiaretti y sus compañeros de Provincias Unidas como parte de un interbloque que puede jugar un rol clave en votaciones clave del año legislativo. La renovación de bancas y la conformación de bloques reflejan el resultado de los comicios de octubre y marcan un escenario parlamentario competitivo para este 2026.

Este miércoles me otorgaron el alta médica por lo que retomo mi actividad. En el mes de febrero asumiré la banca de diputado nacional para la que fui elegido.

 En “Orden y decadencia de la política”, Francis Fukuyama se anima a trazar, en líneas generales, qué futuro le espera a la democracia en un contexto de parálisis política que parece haber echado raíces en Occidente. Según el autor, las democracias modernas enfrentan un riesgo no solo cuando deben debatir reformas, sino cuando sus propias instituciones carecen de capacidad para procesarlas sin desbordes.

Los acontecimientos de esta semana en la política argentina parecen reforzar esa tesis.

Diputados trasnochando en una sesión que se extendió hasta altas horas, volvieron a exhibir un paisaje conocido. Gritos, desorden y papeletas desparramadas sobre las bancas acompañaron discursos que invocan la palabra libertad de manera selectiva, ya sea para referirse a Palestina o a Cristina. Al mismo tiempo, los autoproclamados defensores de la libertad quedaron atrapados en un esquema de negociación de corto plazo, propio de la lógica de “toma y daca” que dicen combatir, y lo hicieron además con un amateurismo difícil de justificar a esta altura.

Para alcanzar el objetivo de aprobar el Presupuesto, la Casa Rosada distribuyó recursos como nunca en el año. Se afirma que el 30% de las transferencias discrecionales a las provincias se concentró en las últimas dos semanas. De este modo, diputados que responden a gobiernos peronistas del norte acompañaron al oficialismo en la votación en general. Sin embargo, el desconcierto en la bancada oficialista fue evidente cuando estos mismos legisladores pulsaron el botón rojo y así rechazar el capítulo 11 que derogaba las leyes vinculadas al  financiamiento del Garrahan, las universidades y la discapacidad. Luego de este tropezón autoprovocado incluso trascendió que el gobierno analizaba vetar  su propio Presupuesto.

Tratando de disimular esta “sorpresa” y demostrar pericia a la hora de hacer política, el sector del gobierno que responde a la hermana del presidente y  los primos Menem acordó con el kirchnerismo duro la designación, en plena madrugada, de miembros de la Auditoría General de la Nación. El insólito episodio de hacer jurar a funcionarios a las tres de la mañana terminó dinamitando acuerdos previos con los bloques dialoguistas.

Mientras los diputados se retiraban a descansar, la calle recuperó protagonismo con la movilización de la CGT y sectores opositores. Plaza colmada, consignas previsibles y amenazas de paros generales contra la reforma laboral mostraron un clima ya conocido. Hubo, sin embargo, un dato distinto. Las figuras sindicales más desgastadas ya no ocuparon el centro de la escena.

En este contexto, la decisión de llevar a febrero el debate de la ley de modernización laboral aparece como la única situación racional de esta agitada semana. Por cierto, la decisión no respondió a una estrategia de construcción de consenso, sino fundamentalmente a la necesidad oficialista de reformular su estrategia luego de la extraña y confusa sesión de la Cámara de Diputados.

 Es el sistema

Así, la reforma laboral se convierte en un caso testigo de la tesis inicial. Porque, más allá de su contenido, ya no cabe preguntarse si es una reforma necesaria, sino si el sistema político argentino está en condiciones de impulsarla y asumir los cambios sin generar nuevos desequilibrios, como ha ocurrido cada vez que se impulsaron transformaciones similares en las últimas décadas.

En definitiva, lo sucedido esta semana demostraría que la Argentina no enfrenta solo un problema de reformas pendientes y necesarias, sino algo más profundo que radicaría en la liquidez de un sistema político incapaz de procesarlas sin entrar en crisis recurrentes.

Fukuyama sostiene que muchas democracias actuales enfrentan el desafío de “llegar a Dinamarca”, entendido como el ideal de una sociedad próspera, democrática, segura, bien gobernada y con bajos niveles de corrupción. El dato alentador es que ese objetivo no se alcanzó de manera inmediata ni siquiera en Dinamarca. Por eso, el autor advierte que algunos observadores proponen moderar las expectativas y aspirar, al menos en una primera etapa, a  instituciones “suficientemente buenas”, antes que a un modelo ideal.Incluso bajo esta perspectiva menos ambiciosa, estamos lejos de Dinamarca.

La última sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados trazó un mapa claro del posicionamiento político de los legisladores cordobeses frente a tres proyectos centrales impulsados por el Gobierno nacional: el Presupuesto 2026 en general, el Capítulo XI de ese mismo texto y la Ley de Inocencia Fiscal. Las actas de votación muestran coincidencias parciales, pero también rupturas que se profundizaron a medida que avanzó el debate.

Un dato clave fue el rol inicial de los diputados de Provincias Unidas, que aportaron los votos necesarios para habilitar el cuórum y permitir el inicio de la sesión.

El Presupuesto Nacional 2026 fue aprobado en general por 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. En ese tramo, la delegación cordobesa mostró una división previsible.

Acompañaron el proyecto todos los diputados alineados con La Libertad Avanza: Gabriel Bornoroni, Belén Avico, María Cecilia Ibáñez, Enrique Lluch, Marcos Patiño Brizuela, Luis Picat, María Celeste Ponce, Gonzalo Roca, Laura Rodríguez Machado y Laura Soldano.

En tanto, los diputados de Provincias Unidas —Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Brugge y Alejandra Torres— optaron por la abstención. En contra votaron Natalia de la Sota, por Defendamos Córdoba, y Gabriela Estévez, de Unión por la Patria. Juan Schiaretti no participó de la votación.

La mayor tensión apareció con la votación del Capítulo XI del Presupuesto, que fue rechazado por 123 votos contra 117 y dos abstenciones. Allí se incluía el artículo 75, que proponía derogar las leyes de presupuesto universitario y de emergencia en discapacidad, vetadas previamente por el presidente Javier Milei.

En este punto, La Libertad Avanza volvió a votar de manera unificada a favor, con los mismos diez diputados cordobeses que habían respaldado el Presupuesto en general.

Sin embargo, el rechazo se amplió: además de De la Sota y Estévez, votaron en contra Basualdo, Brugge, García Aresca y Gutiérrez, todos de Provincias Unidas. Así, el voto cordobés se alineó con una mayoría transversal integrada por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, sectores del radicalismo y bloques provinciales.

La tercera votación relevante fue la de la Ley de Inocencia Fiscal, que resultó aprobada en general por 130 votos afirmativos, 107 negativos y dos abstenciones. En este caso, los diputados cordobeses volvieron a mostrar un comportamiento más ordenado.

Respaldaron la iniciativa todos los legisladores de La Libertad Avanza, que mantuvieron su cohesión en una de las banderas del oficialismo en materia tributaria y penal económica.

Por el contrario, votaron en contra Basualdo, Brugge, García Aresca y Gutiérrez, repitiendo la postura adoptada en el Capítulo XI. Alejandra Torres se abstuvo, mientras que De la Sota y Estévez también rechazaron el proyecto, consolidando un bloque opositor cordobés que, pese a su heterogeneidad, mostró consistencia en los debates fiscales.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley del Presupuesto 2026 por 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. Para esto el oficialismo contó con apoyo del interbloque PRO-UCR y los gobernadores peronistas alineados con la Casa Rosada: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Marcelo Orrego (San Juan).

Sin embargo, en la votación en particular -que tal cual se había votado al principio de la sesión se hizo por capítulos y no por artículos- el capítulo XI fue rechazado por 117 votos a favor, 123 en contra y 2 abstenciones. 

En este capítulo se encontraba el artículo 75°, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario votadas este año por el Congreso, vetadas posteriormente por el presidente Javier Milei e insistidas por ambas cámaras por dos tercios de los votos.

El proyecto de Presupuesto 2026 contempla gastos totales por $ 148 billones, un superávit primario (la diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado) equivalente al 1,2% del PBI y un superávit financiero (el superávit primario menos el pago de intereses de la deuda) del 0,3% del PBI. Además, el Ejecutivo prevé una inflación del 10,1% y un aumento del PBI del 5% para todo 2026.

El texto con media sanción de Diputados ahora pasará al Senado donde los libertarios intentarán revertir el revés legislativo. De aprobarse el proyecto sería el primer Presupuesto de la gestión Milei, ya que en los 2 primeros años de gobierno no contó con esta herramienta y prorrogó la ley vigente para el ejercicio 2023.

El artículo 75 del capítulo XI propone la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, votadas este año por el Congreso, vetadas posteriormente por el presidente Javier Milei e insistidas por ambas cámaras por dos tercios de los votos.

En tanto, el artículo 70 establece la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, de manera que los montos no queden atados a la movilidad previsional, sino que serán a discreción del Ejecutivo.

En cuanto a la Ley de Zonas Frías se elimina la ampliación de localidad y provincias votada en 2021, retrotrayendo el beneficio de los subsidios en las tarifas de gas únicamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna. 

En una de las modificaciones sumadas a último momento, con el objetivo de garantizar el apoyo del PRO, se incorporó la facultad al jefe de Gabinete para “efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables” para que Nación cumpla con el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la coparticipación adeudada. Además, se incluyó un aumento de financiamiento para el Poder Judicial.

El jefe del bloque Fuerza Patria, Germán Martínez, denunció que el oficialismo estaba incluyendo los 2 nuevos artículos en el capítulo XI para que a ningún juez “se le ocurra cuestionar la votación para que no se le caiga el financiamiento al Poder Judicial”.

Ignacio García Aresca renovó este miércoles su banca en la Cámara de Diputados de la Nación, en un contexto político marcado por cambios dentro del Gobierno de Córdoba. La reconfiguración del gabinete provincial quedó sellada en las últimas horas con la confirmación de que Miguel Siciliano será el nuevo ministro de Vinculación y Gestión Institucional . El dirigente, electo diputado nacional por Provincias Unidas en octubre, finalmente no asumirá su banca, la cual quedará en manos de García Aresca.

En la sesión preparatoria, además, prestaron juramento ocho legisladores por Córdoba. Por Provincias Unidas lo hicieron, además de García Aresca, Carolina Basualdo. Juan Schiaretti estuvo ausente, ya que se recupeta de la cirugía. En representación de La Libertad Avanza juraron Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch. También lo hizo Natalia de la Sota, por Defendamos Córdoba, luego de haber sido reelegida en los últimos comicios.

Tras oficializar su continuidad en el Congreso, García Aresca manifestó públicamente su compromiso de "seguir representando la voz de los cordobeses". Sostuvo que su labor en la Cámara continuará alineada al proyecto político y de gestión que encabeza Martín Llaryora, centrado —según expresó en sus redes— en "el trabajo, la previsibilidad y el sentido común como bases para consolidar el desarrollo provincial".

El legislador remarcó que su tarea desde el bloque Provincias Unidas se orientará a llevar al Congreso "la mirada de las provincias productoras, aquellas que generan empleo y sostienen el motor económico del país". En esa línea, señaló que seguirá defendiendo "los intereses de los sectores productivos y de las economías regionales", así como "el federalismo como condición indispensable para lograr un país más equilibrado".

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En un movimiento estratégico dentro de la Cámara de Diputados, los bloques Provincias Unidas, Encuentro Federal y Coalición Cívica ARI resolvieron conformar un nuevo interbloque denominado "Unidos". La decisión fue comunicada formalmente al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.

El interbloque es una respuesta a la necesidad de coordinar fuerzas y negociar con la bancada de La Libertad Avanza, que requiere apoyo externo para avanzar con su agenda legislativa.

La comunicación oficial al titular de la Cámara fue firmada por los referentes de las bancadas:mKgMMg

La unificación de estos bloques busca consolidar un espacio de diálogo y negociación en el inicio de la nueva gestión legislativa.

El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert comenzará hoy su licencia la cual se extenderá hasta el 8 de diciembre, en el marco de la imputación por los vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado.

Este hecho ocurre luego de que el funcionario libertario renunciara a la candidatura en las próximas elecciones legislativas nacionales y a su cargo como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

En la solicitud presentada ante el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, el legislador manifestó que el cese de actividades será “por motivos particulares”.

Ayer al mediodía, se conoció que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, inició una investigación contra Espert, por presunto lavado de dinero y con los 200.000 dólares que Espert cobró, en el año 2020, por parte del empresario acusado por narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado, y que, ahora, Estados Unidos le reclama a la Argentina su extradición para que sea juzgado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico.

La denuncia presentada contra el diputado libertario afirma que recibió en su cuenta “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.

Aunque Espert insiste en su inocencia y denuncia una “operación política”, su futuro inmediato estará marcado por los tribunales y el desenlace de un expediente que amenaza con tener derivaciones políticas imprevisibles.

Mientras tanto, en el entorno del presidente Milei se preparan para el momento en que la Corte Suprema falle y el Ejecutivo deba tomar una decisión final. En juego no solo está la suerte de un empresario acusado de narcotráfico, sino también la credibilidad de un gobierno que prometió transparencia y ejemplaridad.