En una Argentina atravesada por la tensión en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad, experiencias como la de la Asociación Civil Sonando adquieren una dimensión que va mucho más allá de lo artístico. Nacida hace una década en el fondo de un centro terapéutico, hoy se consolidó como un espacio clave de encuentro, creación y defensa de derechos para personas con discapacidad en la ciudad de Santa Fe.

“Es un proyecto que empezó hace 10 años y continúa hoy en día y fue mutando, así como fue mutando también todo lo referido a lo que es la inclusión de las personas con discapacidad”, explica Adriana Quaglia (43), fundadora y presidenta del espacio. Su recorrido personal también acompaña ese proceso: llegó a Santa Fe a los 19 años desde San Francisco, ciudad que aún extraña, y desde entonces construyó un camino que combina música, educación e inclusión.

El origen de Sonando está marcado por una escena tan sencilla como reveladora. Un ensayo musical un sábado a la mañana. “Pensé que no iba a ir nadie... y resultó que fueron todos los estudiantes. Todos”, recuerda Quaglia en diálogo con Posta / LA VOZ DE SAN JUSTO. Aquella convocatoria inesperada dejó en evidencia una necesidad que hasta ese momento no estaba siendo atendida: la de contar con espacios recreativos y artísticos para personas con discapacidad, más allá de los ámbitos terapéuticos.

“Esos espacios son fundamentales, pero no pueden ser los únicos. También tienen derecho a lo recreativo, artístico, educativo”, subraya.

Con el tiempo, el proyecto fue creciendo. Lo que comenzó como una banda improvisada en un espacio terapéutico logró expandirse hacia ámbitos culturales más amplios. “Logramos salir de ese espacio y empezar a habitar otros lugares más concurridos y más culturales”, cuenta. Actualmente, la asociación funciona en una sede ubicada en un club, reúne entre 40 y 50 participantes y cuenta con un equipo de cinco profesoras que trabajan desde una lógica personalizada.

Sin embargo, ese crecimiento también dejó al descubierto una realidad incómoda. “Hay muchos espacios, teatros y salas que son accesibles para que una persona con silla de ruedas vaya a escuchar en concierto, pero no para que el artista se suba al escenario”, advierte Quaglia. La frase sintetiza una de las principales deudas de la inclusión: la diferencia entre poder estar y poder participar activamente.

En Sonando, el arte es una herramienta de transformación. “Fundamentalmente nosotros observamos la alegría. Un disfrute constante”, señala Adriana. Pero ese impacto va más allá de lo emocional. “Hay mayor autonomía y mayor validez de sí mismo”, agrega. En ese proceso, el foco deja de estar en las limitaciones para centrarse en las posibilidades. “Se destaca a la persona con lo que sí puede hacer... acá sí puede hacer música”, afirma. Porque “la verdadera inclusión no es solamente trabajar con personas con discapacidad, sino que las personas habiten todos los espacios”.

El rol de las familias es otro de los pilares del proyecto. “Esto es un espacio familiar”, dice Quaglia. Las familias no solo acompañan, sino que también participan activamente en la construcción cotidiana del espacio. Son parte del entramado que sostiene y potencia cada propuesta.

Pero en un contexto de crisis y debate, el sostenimiento no puede depender únicamente de la voluntad colectiva. “Si el Estado no acompaña, todo se cae”, advierte. Y remarca la responsabilidad estatal en la garantía de derechos: “Tiene que cumplir con los derechos que también reclama”.

Ante esas falencias, “las asociaciones civiles se constituyen como espacios de resistencia, un espacio de resguardo y de resistencia”, sostiene la entrevistada. En un momento donde incluso los derechos conquistados están en riesgo, para ella la tarea es clara: “Estamos tratando de no perder derechos, ni siquiera de ganar más derechos”.

"Hay que apuntar a la accesibilidad de los espacios formales”, insiste. Porque el problema no se limita a la existencia de propuestas, sino a las barreras que impiden acceder a ellas. “Si alguien quiere estudiar música de forma formal, se encuentra con un montón de barreras, desde lo actitudinal hasta lo institucional”, explica.

En ese entramado, los prejuicios siguen teniendo peso. “Todos tenemos prejuicios, queramos o no”, reconoce. Y propone una reflexión concreta: mirar los espacios cotidianos y preguntarse por las ausencias. “Si en un lugar nunca hay personas con discapacidad, algo está pasando”, afirma.

A pesar de las dificultades, Sonando sigue proyectando. Entre sus objetivos se encuentra la construcción de instrumentos adaptados para personas con parálisis cerebral, utilizando tecnología asistiva (TA) y recursos accesibles. También avanzan en la organización del festival “Más Música”, que este año se extenderá durante tres días y buscará reunir a docentes y talleristas para pensar prácticas inclusivas.

Adriana también imagina nuevos horizontes para la asociación. “Me gustaría llevar el proyecto de Sonando a San Francisco. Me parece que es una ciudad pujante, que tiene un montón. Es muy rica, es muy abierta culturalmente”, consideró, en referencia a su lugar de origen.

“Hay muchos espacios, teatros y salas que son accesibles para que una persona con silla de ruedas vaya a escuchar en concierto, pero no para que el artista se suba al escenario”

La música, en ese recorrido, ocupa un lugar central, aunque lejos de una mirada romántica o simplificada. Ante la pregunta por su significado personal, Adriana se sincera: “Es una forma de transitar la vida muy gratificante, pese a contextos bastante difíciles”.

Sin embargo, el desafío no es solo técnico ni organizativo. También es cultural. “Estamos podridos de los que se quieren sacar la foto”, dice Quaglia, en referencia a acciones aisladas que no generan cambios estructurales. “Hacen un evento y al día siguiente volvemos a no poder acceder a un espacio porque no tiene rampa”, agrega.

“Me parece que la cuestión de comunicación y los colectivos es lo que nos salva. Nadie se salva solo; generar vínculos es lo principal”, sostiene.

El sostenimiento económico es otro de los desafíos que atraviesan. “Nuestra asociación se sostiene de varias formas, con asociados que pagan una cuota mensual, con algunos talleres que son pagos, con los que contratamos profes y músicos, porque solemos tocar con otras orquestas y grupos, y también gestionamos subsidios, pero que son temporales”, contó Quaglia.

En ese sentido, mencionó algunas de las estrategias que desarrollan para sostener y ampliar el alcance del proyecto. “Tenemos un proyecto que se llama Sonando en los Barrios, que va a barrios más carenciados, entonces para eso pedimos subsidios. Pedimos subsidios para transporte y demás. Es complicado, pero hay que estar en movimiento”, siguió.

En ese contraste entre discurso y realidad, Sonando se posiciona como una experiencia concreta que demuestra que la inclusión es posible, pero requiere compromiso sostenido. “La música sola no genera nada, sino la persona que la está haciendo, la que la escucha”, reflexiona.

En tiempos donde se discuten leyes y presupuestos, el trabajo de estas organizaciones pone en primer plano una pregunta más profunda: qué tipo de sociedad se está construyendo. “Que la inclusión sea real, y que no sea solamente algo del discurso”, plantea Quaglia.

Y deja una invitación abierta, que es también un desafío: “Si te incomoda, está bien, pero hacé algo con esa incomodidad”. Porque, en definitiva, de eso se trata: de transformar esa incomodidad en acción, para que algún día no haya que hablar de inclusión, sino simplemente de igualdad.

“Que no haya que incluir a nadie, porque ya estemos todos adentro”, concluyó.

Perfil 

Adriana Quaglia es profesora y licenciada en música con orientación en composición por la Universidad Nacional del Litoral, donde obtuvo la medalla al mejor promedio. Cuenta con una Maestría en Educación Inclusiva para Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Exclusión Social y actualmente es doctoranda en Educación en la Diversidad en la Universidad Nacional de Cuyo.

Su formación se completa con su labor como terapeuta no verbal en el enfoque Benenzon e instructora de yoga para niños y niñas, además de especializaciones en discapacidad realizadas en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Estados Unidos.

A su vez, integra el equipo de educación inclusiva en el nivel secundario de los ministerios de Educación y Cultura de Santa Fe y brinda capacitaciones en el ámbito de la educación especial en niveles terciarios y universitarios.

La secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, anunció el financiamiento de viviendas con apoyo para personas con discapacidad, una iniciativa destinada a que puedan acceder progresivamente a una vida independiente, con derechos y de plena inclusión.

Con la instrumentación de estas viviendas compartidas con los apoyos personalizados que cada experiencia necesite, se busca que las personas con discapacidad dejen de depender exclusivamente de las familias o de las instituciones residenciales, facilitando así la transición hacia entornos autogestionados y una vida independiente.

En estos modelos de viviendas, los sistemas de apoyos pueden comprender desde el acompañamiento de la vida cotidiana y la gestión del dinero, hasta la organización doméstica, la toma de decisiones o la accesibilidad comunicacional. Se trata de apoyos transitorios o permanentes según las necesidades y preferencias, que constituyen un componente central para que puedan avanzar en el paradigma de la autonomía.

“Este año vamos a hacer una fuerte apuesta junto a seis instituciones de la provincia que participarán de esta línea de viviendas con apoyo, con financiamiento del Fondo Provincial de Inclusión para avanzar en un proyecto piloto. Van a trabajar en esta iniciativa que está destinada a la vida independiente con apoyos de las personas con discapacidad”, explicó Montero.

“Esta es la decisión del gobernador Martín Llaryora, que los recursos de los cordobeses estén al servicio del sistema y de las políticas públicas con esta perspectiva de la autonomía para la discapacidad”, subrayó.

El anuncio oficial va en sintonía con modelos exitosos de promoción de derechos y de autonomía esta población y fue formulado en el marco de la Primera Jornada de Vida Independiente en Personas con Discapacidad, evento organizado por las fundaciones Cein, Down is up, Arkho, Funaser y 5 Sentidos, que contó con la presencia de la psicóloga española Sofía Reyes Rosón.

La especialista es reconocida internacionalmente por liderar proyectos de vida independiente como “Mi Casa”, orientado a la inclusión comunitaria de personas con grandes necesidades de apoyo y compartió su experiencia en Plena Inclusión España, un colectivo social que opera en España con el objetivo de garantizar la plena ciudadanía y el cumplimiento de los derechos para las personas con discapacidad del desarrollo y sus entornos familiares.

En la ocasión, Reyes Rosón destacó el rol de Córdoba como un referente de vanguardia en la construcción de políticas públicas para la discapacidad. La especialista subrayó que el avance en derechos requiere de una gestión que no tema al diálogo conjunto entre las familias y la administración pública, validando el compromiso político y económico de la provincia en este proceso.

“Córdoba es una provincia que apuesta claramente por repensar el sistema de apoyo; su capacidad de convocatoria y el hecho de realizar una apuesta pública y económica demuestran que cree en esto. Es una gestión valiente, que no tiene miedo de sentarse a ser honesta sobre el camino que queda por recorrer”, expresó la psicóloga.

Albergo Ético (Carlos Paz), Down is Up (Córdoba), El Andén (Villa María), Fundación Gabito (Deán Funes), Centro Integral de Desarrollo Humano (Córdoba) y Fundación Körper (Villa General Belgrano) son las instituciones que serán parte de esta primera experiencia.

“Ser beneficiarios de esta iniciativa es algo que siempre soñamos. Nuestra fundación nace uniendo familias que pensaron en sus hijos desde niños con una vida independiente, mirando el modelo de viviendas con apoyo. Hoy tener el apoyo del Fondo de Inclusión que nos permite llevar adelante este proyecto es un sueño cumplido para toda la comunidad que representamos”, expresó Nora Cingolani, una de las mamás que conforma la Fundación Down is Up Córdoba.

Estos modelos de viviendas comunitarias son una propuesta superadora que se enmarca en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y buscan avanzar hacia apoyos centrados en la persona para una inclusión real y efectiva.

En Córdoba, la implementación de estas viviendas se realizará junto con seis instituciones que ya vienen trabajando de manera sostenida con la Dirección de Discapacidad en proyectos autogestivos.

El financiamiento de esta iniciativa es una de las nuevas líneas de apoyo económico del Fondo de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, que cuenta este año con un presupuesto de 4.500 millones de pesos, tal como anunció el gobernador Martín Llaryora.

Tras el escándalo a raíz de la filtración de los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, el Gobierno finalmente concretó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y traspasó sus atribuciones al Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones. 

Según supo la agencia Noticias Argentinas, se trata de una decisión que se maduraba desde la detección de irregularidades en la agencia que conducía el exabogado del presidente Javier Milei. 

Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció su cierre aunque aclaró que las prestaciones no serán recortadas ni se eliminarán. 

Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció su cierre aunque aclaró que las prestaciones no serán recortadas ni se eliminarán. 

“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, anunció desde la sala de conferencias. 

Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. 

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”. __IP__

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario, y completó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”. 

Por su parte, aclaró: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”.

Profesionales que atienden la problemática de la discapacidad y familiares de los afectados, volvieron esta semana a movilizarse para exigir la implementación de la ley que impulsa una mejora en las pensiones y en los aranceles.

"La ley de Emergencia y Discapacidad sancionada por el Congreso continúa sin una implementación efectiva debido a una reglamentación restrictiva que limita su espíritu y anula sentido de urgencia", se denunció.

Bajo el concepto de que "sin Estado no hay derechos, sin derechos no hay democracia y la Emergencia en Discapacidad es democracia", se planteó el cese de actividades y las marchas que se repitieron en muchas ciudades del país. Calificaron a la decisión de no reglamentar la ley como un elemento más del “genocidio por goteo” puesto que -de acuerdo con lo que se expresó- se trata de una forma “silenciosa de exclusión que erosiona la dignidad, la autonomía y derecho a existir en condiciones de igualdad".

En verdad, más allá de posturas ideológicas o partidarias, la demora en la aplicación de la ley de discapacidad vulnera la función misma del Estado. Porque esta problemática excede lo administrativo o presupuestario. Si hay que recortar, no puede ser el eslabón social más débil el que se vea afectado de modo directo. Esto ataca la dignidad y la calidad de vida de miles de personas y de quienes trabajan en su atención.

Aunque sea un eslogan repetido hasta el hartazgo y casi nunca cumplido en las últimas décadas, no deja de tener vigencia el hecho de que debe garantizarse la protección a los sectores más vulnerables. Incluso admitiendo que en el pasado reciente hubo excesos en el otorgamiento de certificados de discapacidad o situaciones vinculadas con prácticas corruptas, es preciso sostener que la accesibilidad, la inclusión educativa y laboral, y el acompañamiento terapéutico son derechos consagrados, no beneficios de otorgamiento discrecional.

Más allá de cualquier interpretación sobre situaciones políticas, cumplir la ley es la obligación de cualquier ciudadano. Si es gobernante, más aún. Porque no puede ser que ignore las normas quien tiene la misión de hacerla cumplir. Así le ha ido al país por no hacerlo. Por la anomia histórica que nos ha traído hasta esta realidad. Sostener el valor de la ley importa y mucho, para devolver racionalidad al presente.

En las esferas gubernamentales debe comprenderse de modo urgente que el compromiso con la discapacidad es el termómetro de la catadura moral de una sociedad. Cualquier comunidad que desatienda a quienes más necesitan apoyo debilita las bases de la convivencia y termina afectando valores centrales como la justicia, la solidaridad y la empatía.

En este sentido, en mayo pasado, cuando se abordó la problemática puntual del Centro de Día de Apadim en nuestra ciudad, se expresaron similares conceptos en esta columna. Repetirlos resulta pertinente frente a la postura cerrada de quien solo ve números y no personas: “Ningún argumento político o económico puede justificar la omisión de medidas que tiendan a la protección de este colectivo social.  El compromiso con la discapacidad debe ser constante y transversal. Porque es la verdadera prueba de humanidad para cualquier sociedad”.

El intendente Damián Bernarte encabezó una reunión con integrantes de la Subcomisión de Discapacidad del Consejo Asesor Municipal de Discapacidad de Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo de Exclusión Social, en la que se trataron distintos requerimientos y proyectos vinculados al sector.

Del encuentro participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Mario Ortega; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Fabiana Palacios; la coordinadora de la Oficina de Discapacidad, Laura Bonino; e integrantes de instituciones locales como APADIM, Asociación Civil de Sordos, APRID, ALPI, CACNOVI, Escuela Especial Ana Sullivan y Escuela Especial Instituto Don Orione.

Uno de los principales temas abordados estuvo relacionado con las limitadas alternativas que encuentran muchos jóvenes con discapacidad al llegar a la adultez, una vez finalizado su ciclo escolar. En ese sentido, Bernarte sostuvo que es clave “fortalecer los espacios de articulación para garantizar continuidad en los procesos de inclusión y formación”. Aseguró que el municipio se ofrece “para articular, gestionar y acompañar, a través de un trabajo en red que permita brindar las herramientas necesarias para quienes ingresan a la etapa adulta”.

El mandatario reconoció que aún existen deudas en el área. “Lo que nosotros estamos haciendo entendemos que es lo que corresponde y sabemos que se requiere mucho más, pero tengan siempre presente que de nuestra parte existe predisposición para avanzar”, expresó.

Por su parte, la coordinadora de la Oficina de Discapacidad, Laura Bonino, remarcó que estos encuentros mensuales son claves para mantener el contacto con las instituciones. “Este encuentro forma parte de nuestras reuniones en las que vamos trabajando diferentes cuestiones, un poco lo que es la evolución de los proyectos y también los emergentes que aparecen en cada institución. La Oficina de Discapacidad cumple el rol de representante municipal, de nexo con cada uno de los espacios”, explicó.

Las integrantes de la Subcomisión recordaron que el consejo comenzó funcionando de manera conjunta entre niñez y discapacidad, pero con el tiempo optaron por trabajar de manera independiente. “Arrancamos en febrero hasta diciembre trabajando en red con niñez y discapacidad. Pero con el tiempo solicitamos poder funcionar de manera independiente. Seguimos perteneciendo al mismo consejo, pero ahora podemos enfocarnos puntualmente en las temáticas de discapacidad”, señalaron.

Durante el intercambio, las representantes institucionales describieron un contexto crítico. “Estamos en una época compleja para el área de discapacidad, muchas instituciones veníamos sostenidas por las prestaciones básicas del nomenclador, pero este año la crisis tuvo un impacto muy profundo”, advirtieron.

Otro de los ejes que generó preocupación fue la falta de cobertura para quienes concluyen su formación escolar. “Cuando termina la edad escolar quedan franjas sin prestaciones que los sostengan. En la ciudad hay propuestas, pero no alcanzan a cubrir la demanda”, plantearon.

Frente a esa situación, se trabajará en un proyecto de fortalecimiento institucional que permita generar herramientas y acompañar la transición hacia la vida adulta de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Finalmente, las instituciones remarcaron que cada acción debe pensarse desde una perspectiva inclusiva. “Estamos en un momento en el que cada acción se analiza con la perspectiva de inclusión. La idea es que en cada evento, acto o actividad de la ciudad se piense en cómo lograr que todos puedan participar, con los apoyos necesarios. Debemos ser puentes para que eso suceda”, concluyeron.

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y, en simultáneo, comunicó que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso incluya créditos presupuestarios y fuentes específicas para cubrir sus erogaciones. Así lo establece el Decreto 681/2025, que invoca el art. 5° de la Ley 24.629 (toda ley con gasto queda suspendida hasta la inclusión de partidas) y el art. 38 de la Ley 24.156 (obligación de precisar financiamiento).

El Gobierno recordó que el Presupuesto 2026 fue remitido al Parlamento el 15 de septiembre y que ese es el ámbito para definir recursos y partidas que permitan la ejecución de la norma. La ley había sido vetada en agosto (Decreto 534/25), pero el Congreso insistió con dos tercios en Diputados (20/8) y Senado (4/9), tras lo cual el 8/9 fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.

— Declara la emergencia hasta el 31/12/2026 (prorrogable 1 año).— Crea la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social: 70% del haber mínimo, actualización previsional, compatibilidad con empleo hasta 2 SMVM, suspensión automática por superación del tope y rehabilitación inmediata; conversión de oficio de PNC vigentes.— Garantiza cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud y las prestaciones de la Ley 24.901.— Declara de interés público los servicios de prestadores 24.901 y fija una compensación de emergencia por la brecha aranceles vs IPC (12/2023–12/2024); establece aranceles únicos con movilidad mensual por Decreto 274/24 (o el que lo reemplace) y un estudio anual de costos.— Amplía a 3 años la exención del 50% de contribuciones patronales para empleadores que contraten trabajadores con discapacidad (art. 87 Ley 24.013).— Fortalece a ANDIS (CUD, auditorías con debido proceso inclusivo) y exige informes anuales de ejecución y pagos.

— PNC por Discapacidad: $ 2.166.985.900.000 en 2025 (0,26% del PBI) y $ 4.706.628.500.000 en 2026 (0,47% del PBI).— Programa Incluir Salud: $ 574.200.000.000 (2025, 0,07% del PBI) y $ 1.239.266.000.000 (2026, 0,12% del PBI).— Compensación a prestadores (art. 13): $ 278.323.000.000 (0,03% del PBI).— Necesidad total de crédito para ejecutar la ley (2025): $ 3.019.508.900.000 (0,35% del PBI).— Crédito disponible sin afectar “Servicios Sociales”: $ 2.302.526.621.430, insuficiente para cubrir la totalidad de la ley.

— Altas y conversiones de la nueva PNC, su compatibilidad laboral y rehabilitaciones.— Compensación a prestadores 24.901 por la brecha 2024 vs IPC y la movilidad arancelaria respaldada en el Presupuesto.— Incorporaciones a Incluir Salud en el marco de la nueva PNC.— Despliegue operativo de ANDIS para auditorías y metas de transparencia con financiamiento.

El abogado y exjuez Oscar Venica aseguró que la prohibición dictada por el magistrado Alejandro Maraniello sobre la difusión de audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, constituye “claramente” un caso de “censura previa”, lo cual está “prohibido” por la Constitución Nacional.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, Venica remarcó que “aceptar esta clase de medidas es renunciar conscientemente a la libertad de prensa, pieza fundamental de una república”. En ese sentido, criticó la postura del Gobierno nacional: “Es totalmente contradictorio que quienes proclaman ser liberales, se aparten de sus propios principios y requieran medidas de esa clase. Y lo peor, que encuentren un juez que las admite”.

Venica cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Fue consejero titular por los jueces del interior en el Consejo de la Magistratura de Córdoba, corredactor del actual Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, juez de Primera Instancia en Marcos Juárez y San Francisco, y vocal de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad.

-              El exintegrante de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, habló de “un caso de censura previa”. ¿Podría explicar qué significa jurídicamente este concepto y por qué está prohibido en la Constitución? ¿Cuáles son los principales problemas procesales que observa en la decisión del juez Maraniello?

Ya el texto original de la Constitución Nacional (1853) establecía en su artículo 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: … de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa…”. Fue una reacción a los regímenes absolutistas, España incluida, que tenían establecidos organismos públicos a quienes debían someterse a examen tanto libros como noticias a aparecer en la prensa. Por esa razón, en las primeras hojas de un libro se colocaba la leyenda ‘con las licencias necesarias’, y se añadía la autorización puntual para su publicación. La circulación de libros o periódicos sin dicho aval era un delito. Si bien de la sola indicación que la Argentina adopta la forma republicana, se deduce la prohibición de censura previa, los constituyentes estimaron conveniente consagrarlo expresamente.

Es un principio sostenido desde sus inicios por el liberalismo político. Muy equívocamente suele equipararse entre nosotros, especialmente en lo económico, liberal y conservador, siendo que el liberalismo nació como oposición al conservadurismo. Y en ese sentido es tomado en la mayoría de los países, como Estados Unidos, por ejemplo. Por otro lado, eso no significa que hay libertad para insultar, injuriar o publicar falsedades impunemente. Simplemente que la sanción, civil o penal, de corresponder, será impuesta luego de la publicación, y no prohibida de antemano.

-              ¿Existen antecedentes en la Corte Suprema argentina o en la Corte Interamericana que respalden esta interpretación?

 Hay antecedentes, tanto de la Corte Suprema como de tribunales inferiores. No tengo presente que los haya de la Corte Interamericana con relación a la Argentina. Lo más cercano fue una resolución a instancias de Jorge Fontevecchia y Héctor D´Amico que publicaron información relacionada con un hijo no reconocido de Carlos Saúl Menem en la revista Noticias, y fueron condenados civilmente por la Corte por violación a la vida privada de Menem; hay que aclarar que se trató de la Corte llamada de la mayoría automática y estando Menem en la presidencia. De todos modos, no fue censura previa. La Corte Interamericana ordenó anular ese fallo por cuanto había violado el derecho a la libertad de expresión de los periodistas, lo que fue resistido por la Corte nacional entendiendo que aquella carecía de facultades en ese sentido. Coincido con este criterio, porque de ser así, esa Corte Interamericana se convertiría en una cuarta o quinta instancia, según el fuero, de los procesos argentinos. Además, tampoco lo contempla la Convención que dio origen a ese organismo. Sus facultades se limitan disponer que el Estado Nacional repare los perjuicios causados.

-              ¿En qué condiciones un juez sí podría limitar la difusión de determinado material? ¿Hay algún margen legal?

Desde el punto de vista sustancial se trata claramente de censura previa, como se han pronunciado prácticamente todos aquellos que se han referido al tema. No he tenido acceso al fallo de modo que carezco de elementos para analizarlo procesalmente.  Ahora, tanto el Código Procesal de la Nación como el de Córdoba, y estimo que todos los del país, no contemplan medidas cautelares autónomas, es decir que puedan existir por sí misma sin una demanda, que puede ser simultánea o posterior. Aparentemente se trató de una cautelar sola, a la que luego, para consolidarla, debería seguir la demanda, que no imagino cual podría ser su contenido. Tal como lo dijo Maqueda, ex ministro de la Corte, la prohibición de censura es absoluta, sin perjuicio de las sanciones posteriores que pudieran proceder. En tiempos normales no hay posibilidad legal de dejarla de lado. Distinto sería frente a un conflicto bélico, como ocurrió en diversas oportunidades aún en las democracias más consolidadas.

-              ¿Cómo se equilibra el derecho a la intimidad de un funcionario público con el derecho a la información de la ciudadanía? ¿La condición de “funcionaria pública” de Karina Milei cambia el análisis jurídico frente a este caso?

Los funcionaros públicos son los que se llaman políticamente expuestos, y por ende más susceptibles que sus acciones tomen conocimiento general. Por otro lado, los audios en cuestión no están referidos a su intimidad sino a cuestiones de mucho interés público. Pero aunque lo fuera, de la misma manera que un particular, no tiene derecho a exigir censura previa tampoco, con mucha mayor razón una funcionaria.

-              ¿Existen riesgos de que este tipo de decisiones abran la puerta a un precedente restrictivo para la prensa?

No creo que esa malhadada decisión de un juez -para peor, expuesto a presiones por su delicada situación al ser varias veces denunciado ante el Consejo de la Magistratura- influya en futuras restricciones. Máxime frente al enérgico repudio que recibió.

-              ¿Qué mensaje transmite al sistema judicial y a la sociedad que un juez adopte este tipo de medida cautelar?

Obviamente, un pésimo mensaje al apartarse abiertamente nada menos que de una cláusula fundamental de la Constitución Nacional, relacionada estrechamente con el sistema democrático.  Aceptar esta clase de medidas es renunciar conscientemente a la libertad de prensa, pieza fundamental de una república. Es totalmente contradictorio que quienes proclaman ser liberales, más aún libertarios –que no se sabe bien qué es y que no existe en ningún país-, se aparten de sus propios principios y requieran medidas de esa clase. Y lo peor, que encuentren un juez que las admite. En mi opinión, y más allá de las denuncias que ya tiene, esa sola resolución es motivo suficiente para ser sometido al Jurado de Enjuiciamiento.

-              Algunos sostienen que difundir estos audios podría afectar la privacidad o la seguridad de una funcionaria. ¿Qué le responde a ese argumento?

En nada afecta la privacidad o la seguridad, y aún si lo hiciera, se vuelve a lo mismo: no puede haber censura previa. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. No debe permitirse que algunos sean más iguales que otros.

-              ¿Considera que este fallo se inscribe en una tendencia más amplia de intentos de control sobre el discurso público?

No creo que exista esa tendencia, y menos de parte del Poder Judicial. Hay que reconocer que en muchas ocasiones se pretendió avanzar en ese sentido, pues es natural al poder, mal ejercido, creerse omnipotente. Por otro lado, llama la atención lo siguiente: si no hay audio alguno que importe el reconocimiento de un delito, ¿por qué apresurarse a pretender prohibirlo? Entonces, habría que pensar lo contrario, con lo que la hermanísima se estaría autodenunciando implícitamente.

-              ¿Qué le diría a quienes piensan que la libertad de expresión puede ponerse en tensión con la gobernabilidad o la estabilidad institucional?

Que están completamente errados. Aceptar esa posibilidad sería renunciar nuestro sistema institucional.

 El escándalo de los audios del “spagnuologate” y los que permitieron conocer la voz de la secretaria general de la Presidencia primero generaron estupor en el gobierno nacional. Luego de varios días se diseñó una contraofensiva que, al menos en parte, consiguió que se hablara más de teorías conspirativas que de los supuestos hechos de corrupción. Claro que esas elucubraciones tuvieron sus bemoles. Algunas rozaron el disparate, otras se atribuyeron al trabajo de espías rusos y venezolanos que, con sorprendente libertad, se habrían manejado en las oficinas de la Rosada y la Cámara de Diputados y las últimas desembocaron en una presentación judicial que obtuvo una medida insólita censura previa.  La estrategia de calzarse los guantes surtió algún efecto. Empero, se mantienen las dudas sobre el supuesto entramado de coimas y aparecen interpretaciones que bien podrían servir como variables del berenjenal en el que se ha metido, por sus errores no forzados, el gobierno nacional.

Por un lado, la grabación de algunos audios demostraría un pase de facturas interno en las fuerzas libertarias más que una operación ilegal de una potencia como Rusia, especialista en colocar “topos” en las cloacales cañerías del submundo de la política. Los audios en los que hasta ahora se escuchó la voz de la hermana del presidente, podrían provenir de improvisadas maniobras de los que están molestos por el resultado de la rosca política. Se parecen, por momentos mucho, a la chapucería con la que actuaron los denominados “plomeros de la Casa Blanca” que, allá por comienzos de los años 70, urdieron un plan avalado por el entonces presidente estadounidense Richard Nixon, para colocar micrófonos en las oficinas del Partido Demócrata ubicadas en el edificio de Watergate. 

Por el otro, se constata el derrumbe, al menos parcial, de la frase con la que Milei resumió lo que sería su programa de gobierno. Porque quedó rengo aquello del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en la defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Al menos en lo que a la libertad se refiere. Más precisamente a la libertad de expresión. La palabra censura aplica en toda su significación al insólito fallo de un juez muy cuestionado que ordenó “el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada”, advirtiendo que esas grabaciones podrían afectar por su contenido, al que no ha tenido acceso, “la intimidad y el honor” de la secretaria de la Presidencia y “la seguridad institucional” del país.

Como no podía ser de otro modo, los más reconocidos constitucionalistas argentinos, independientemente de sus posiciones ideológicas o partidarias, cuestionaron con dureza la medida cautelar dispuesta por el juez Maraniello. Los argumentos son tan sólidos como prácticamente irrebatibles. Claramente viola el derecho a la libertad de expresión de la prensa y el derecho a la información de la ciudadanía.

Sonaría ingenuo sostener que lo ocurrido es una isla en un océano tranquilidad para el ejercicio del oficio periodístico en el país. Desde hace años, las técnicas de coerción y presión de la política hacia la prensa se hicieron más sutiles aunque manteniendo la pretensión de alcanzar un par de objetivos. El primero es el mismo de siempre: controlar la información que la prensa difunde. El segundo evitar cualquier escándalo que deteriore la imagen pública del gobernante. El problema es que el panorama se agravó pues, el temperamento presidencial inundó hoy de insultos el debate y el cinismo de las redes sociales es capaz de convencer de que siempre existió una costumbre desestabilizadora en los medios de información. Esto último es reminiscencia del kirchnerismo.

Por fortuna, en medio de la agitación política frente a las elecciones de mañana en la provincia de Buenos Aires y la incertidumbre financiera, un episodio anterior que intentó imponer censura previa volvió al presente. En 1992, la jueza federal María Servini -por entonces de Cubría- obtuvo un fallo para censurar la apertura del programa del recordado Tato Bores y evitar que se pronuncie su nombre. El genial humorista hizo colocar el cartel de “censura judicial” a las partes que la Justicia le impedía emitir. Y organizó luego uno de los momentos más sublimes de la historia de la televisión: destacadas personalidades de la cultura y el periodismo cantaron “la jueza Barú Budú Budía, es lo más grande que hay”.

Por este nuevo extravagante intento censurador, “el jefe” como la llama su hermano, se ha convertido en la “Barú Budú Budía” del siglo XXI. Y, reinstalando la idea de que en la Argentina todo puede cambiar en diez minutos, pero nada en varias décadas, 33 años después de aquella emisión de “Tato de América”, la original “Barú Budú Budía” sigue sentada en su despacho de jueza federal.

En uno de sus peores momentos, el gobierno de Javier Milei está a punto de recibir una nueva paliza en el Congreso: el Senado tratará este jueves el veto a emergencia en discapacidad y la oposición lograría fácilmente el número para insistir con la ley, lo que obligará al presidente a promulgarla. Por si fuera poco, también se votará un proyecto para reforzar el control del Congreso sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

La sesión fue acordada este miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria donde participaron Victoria Villarruel y jefes de bloque. La vicepresidenta, de todos modos, no estará para presenciar el triunfo opositor, porque quedará en ejercicio del Poder Ejecutivo ante el viaje de Milei a Estados Unidos. Por eso, la sesión será conducida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

El veto en discapacidad se llevará todas las miradas de la jornada, que arrancará a las 11. El debate está cruzado por la supuesta trama de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), develada en los audios atribuidos a su extitular, Diego Spagnuolo. El Gobierno busca despegarse del caso y habla de una “operación política” en la previa de las elecciones de este domingo en provincia de Buenos Aires.

A la vez, el Ministerio de Seguridad pidió investigar en la Justicia la existencia de una red de espionaje ilegal. Esa denuncia derivó en una polémica medida cautelar del juez Patricio Alejandro Maraniello para cesar con la difusión de los audios, lo que abrió una polémica paralela sobre la libertad de expresión. La oposición habla de “censura previa” y hará planteos sobre ese tema en el recinto, en el momento destinado a las cuestiones de privilegio.

Lo cierto es que el arco no mileísta confía en reunir con facilidad los dos tercios para insistir con la ley. Ya en la votación original, logró una holgada mayoría de 55 votos afirmativos (con asistencia perfecta, se necesitan 48). Hubo 17 ausentes, de los cuales algunos podrían estar esta vez para votar a favor.

Entre los cordobeses, Luis Juez (PRO) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas) rechazarán el veto, mientras que Carmen Álvarez Rivero, fiel aliada de La Libertad Avanza, lo apoyará.

La ley vetada por Milei declara la emergencia en discapacidad por dos años. Ordena garantizar el financiamiento de las pensiones, y le otorga una compensación de emergencia a los prestadores, además de actualizar mensualmente hacia adelante el nomenclador de aranceles (congelado desde diciembre de 2024).

A su vez, habilita nuevas altas en pensiones (ajustadas un 7,2% adicional por los cambios en la movilidad más el bono), y actualiza las asignaciones para los talleres protegidos que emplean a las personas con discapacidad.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que la ley en su conjunto tendrá, de mínima, un impacto variable de entre 0,28% del PBI ($2,4 billones) y el 0,51% del PBI ($4,3 billones).

Además de la emergencia en discapacidad, la oposición buscará aprobar un proyecto que modifica la Ley 26.122 para ponerle un límite a los DNU de Milei y los presidentes que vengan. De conseguir aval, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados, que ya intentó avanzar con una iniciativa similar el año pasado pero no logró los consensos necesarios.

El proyecto que se votará en el Senado establece que los DNU deben tratarse en el Congreso en un plazo de 90 días, o de lo contrario caerán. Actualmente, si los decretos no se tratan, quedan firmes, lo que se conoce como “sanción ficta”. Al poner un límite temporal al tratamiento, se refuerza el control de los legisladores sobre esta herramienta, de la que Milei y otros presidentes hicieron abuso.

El otro eje es que para ratificar un DNU será necesario el aval de ambas cámaras, mientras que para rechazarlo bastará con el voto negativo de una sola. A la inversa de lo que sucede hoy con la ley que fue ideada en 2006 por la entonces senadora Cristina Kirchner. Con la reforma, será más fácil para la oposición de turno rechazar un decreto, si junta mayoría en solo una de las cámaras. Esto promete ser letal para La Libertad Avanza, que padece de una marcada minoría legislativa.

Finalmente, en la sesión también se tratarán dos tratados internacionales con Francia y Austria, y una resolución sobre retiros voluntarios en el Senado.

En medio del escándalo por los audios que denuncian una presunta red de coimas en la compra de medicamentos, el presidente Javier Milei despidió en la madrugada de este jueves a Diego Spagnuolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y uno de los principales funcionarios implicados en las grabaciones.

Según supo Noticias Argentinas, el comunicado de la Vocería Presidencial calificó la remoción como una medida "preventiva" y la justificó "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".

Tras la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que el organismo quedará bajo la órbita de la cartera sanitaria mientras se designa un nuevo responsable para garantizar la continuidad de su funcionamiento.

La decisión de despedir a Spagnuolo se tomó horas después de que la oposición en la Cámara de Diputados, con Esteban Paulón y Leandro Santoro a la cabeza, presentara pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio en su contra por el contenido de los audios difundidos en el canal C5N.

La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave que pondrá al Gobierno de Javier Milei frente a una agenda de fuerte impacto social y fiscal. En medio de tensiones con los gobernadores por la distribución de fondos y tras los cierres de listas provinciales, el oficialismo enfrenta la posibilidad de que se rechacen los vetos presidenciales a leyes con amplio respaldo opositor. La primera en debate será la emergencia en discapacidad, que prevé un aumento de pensiones y la actualización automática por inflación de las prestaciones profesionales, con un costo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre 0,22% y 0,42% del PBI.

El temario incluye además la suba del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con un aumento del bono mensual de $70.000 a $110.000, también con actualización por inflación. Estas medidas, calculadas en un gasto equivalente al 0,7% del PBI, fueron vetadas por Milei y dividen el escenario político, con la UCR y los gobernadores como actores decisivos. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó la sesión al señalar que los proyectos carecen de dictamen de comisión y demandan recursos inexistentes, advirtiendo que aprobarlos implicaría forzar al Gobierno a emitir dinero, una política que –afirmó– la administración descartó desde el inicio de su gestión.

Media hora antes del horario previsto para el inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, el portavoz Manuel Adorni lanzó un mensaje que puede condicionar el desarrollo del debate. "El gobierno nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad“, aseguró el vocero presidencial.

“Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país, ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual”, destacó el funcionario nacional.

“De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con ‘curros’ de muchos años”, destacó Adorni. “Esto se trata de un paso en la agenda de mejoras para el sector que impulsa el Gobierno, con el foco puesto en las personas y en el uso responsable y eficiente de los recursos públicos”, finalizó.

La diputada radical por Córdoba, Gabriela Brouwer de Koning, confirmó que acompañará el rechazo a los vetos presidenciales y adelantó su voto a favor del aumento de las jubilaciones y de la declaración de emergencia en discapacidad. “Miles de argentinos y argentinas dependen de estas medidas para cubrir lo más básico: lo mínimo para vivir con dignidad”, señaló al justificar su postura.

Brouwer de Koning cuestionó además la falta de iniciativas del Ejecutivo tras la sanción de las leyes, al advertir que “el Gobierno tuvo muchas oportunidades de actuar, de proponer alternativas, de redistribuir partidas, de tratar el presupuesto nacional o presentar la reforma previsional que siempre anuncia, pero eligió no hacerlo”. En ese marco, afirmó que mantendrá la misma línea que en votaciones anteriores: “con coherencia, con responsabilidad, colaborando con el equilibrio fiscal y poniendo a las personas en primer lugar”.

El bloque de concejales de Hacemos Unidos por Córdoba de San Francisco manifestó su rechazo al reciente veto presidencial sobre la Ley de Protección Integral para Personas con Discapacidad, una medida que generó fuertes repercusiones a nivel nacional. En un comunicado difundido este miércoles, los ediles expresaron su “profunda disconformidad” por lo que consideran un retroceso en materia de derechos e inclusión.

"Esta medida desconoce los avances y consensos alcanzados en favor de una sociedad más justa e inclusiva", afirmaron los concejales. Además, aseguraron que seguirán acompañando toda iniciativa que promueva la igualdad de oportunidades y exhortaron a los legisladores nacionales a priorizar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, “garantizando su plena participación en todos los ámbitos de la vida social”.

La postura de los concejales se encuentra en sintonía con lo expresado por el gobernador Martín Llaryora, quien días atrás criticó duramente la decisión del Ejecutivo nacional. “La ley de discapacidad no tiene nada que ver con el déficit fiscal. Vetarla es un retroceso ideológico”, había señalado el mandatario cordobés, en declaraciones a medios provinciales.

El rechazo al veto también fue compartido por instituciones, profesionales, familiares y personas con discapacidad en distintas provincias, quienes consideran que la norma representaba un paso clave en la consolidación de derechos largamente postergados.

Desde el oficialismo local, remarcaron que la inclusión no puede ser una variable de ajuste y destacaron que es responsabilidad del Estado garantizar las condiciones necesarias para que todas

Se realizó frente al Congreso de la Nación una marcha y concentración contra el ajuste en discapacidad. La intervención policial y de gendarmería nacional argentina generó polémica, dado que había muchos uniformados rodeando a menores que estaban en silla de ruedas.

Los manifestantes expresaron su rechazo a la falta de inclusión. Uno de los participantes comentó: "Luchar contra la ignorancia de un primer mandatario que no entiende lo que es la inclusión, no entiende lo que es la primera barrera de vencer que es la barrera social".

La protesta se realizó en la Plaza del Congreso, epicentro de reclamos sociales en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se congregaron familiares, pacientes, cuidadores, profesionales del área y organizaciones vinculadas al cuidado de personas con discapacidad.

Mientras los manifestantes continuaban con su protesta en la plaza, llegaron varios camiones de la Policía Federal y móviles de Gendarmería. En cuestión de minutos, la presencia de uniformados duplicó a la de los manifestantes, generando un clima de tensión.

"Todos importamos, no solo la gente que tiene plata"En la movilización en contra del veto a la ley de emergencia en discapacidad, una manifestante remarcó que está ahí para "defender los derechos" de su hijo: "Me da más miedo que se quede sin terapia a que me pegue un policía". pic.twitter.com/03tSDpn7la

Los manifestantes enfatizaron que la problemática radica en la falta de recursos para el tratamiento de los chicos con discapacidad. Se resaltó que "acá el tema pasa por lo que tienen que cobrar la obra social y los terapeutas".

La movilización resaltó la necesidad de un diálogo y una reflexión profunda sobre la temática para evitar que se repitan estos ajustes que impactan en la educación y atención de personas con discapacidad.

Tal como ocurre todos los años, esta 22° edición del Festival del Humor Mesa, la Buena Mesa y la Canción, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de febrero en el predio de la Sociedad Rural San Francisco, las personas con discapacidad y un acompañante podrán ingresar de manera gratuita al predio.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Francisco, Raúl Angonoa, explicó: “Para la noche del sábado se destinará un sector específico del óvalo, previamente asignado, con un límite máximo de 100 personas de manera que se ubiquen allí 50 personas con discapacidad con sus respectivos acompañantes”.

En este caso, el funcionario manifestó: “El sector no tendrá ubicación numerada sino que funcionará por orden de llegada. En este caso la persona llega al predio sin necesidad de contar con ticket, presenta su certificado de discapacidad y entra con su acompañante de manera gratuita. De allí ingresa al óvalo por el acceso norte desde donde podrán dirigirse a sus ubicaciones”.

Teniendo en cuenta que se trata de un espacio limitado, el funcionario municipal recomendó que “vayan temprano” a los fines de asegurarse la ubicación y el beneficio aclarando luego que “más allá de que se complete el cupo en el óvalo, las personas que ingresarán de manera gratuita con su acompañante tendrán la posibilidad de permanecer en cualquier otro sector del predio sin inconveniente”.

Recordó también que “no se permite el ingreso al predio con reposeras” ya que “está garantizada la cantidad de sillas necesarias que se encontrarán en el lugar a disposición del público. Entendemos que habrá capacidad para atender a todos”.

Más adelante Angonoa aseveró que “la accesibilidad para personas con discapacidad siempre se garantizó” recordando de esa manera que este beneficio “se puso en vigencia en cada una de las ediciones anteriores” entendiendo que “todas las personas que nos visiten tienen que tener la posibilidad de disfrutar del festival en las mejores condiciones y en este caso, las personas con discapacidad siempre tuvieron asegurado el ingreso gratuito, con un acompañante”.

Cada 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de quienes tienen discapacidad y concientizar sobre su situación en diversos ámbitos de la vida social, laboral, económica y cultural.

Este día no solo busca celebrar los logros alcanzados, sino también visibilizar los desafíos que aún persisten y que dificultan la inclusión plena. En ese marco, LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con Daniela Murúa, mamá de Renata Paredes de 18 años, que tiene discapacidad en el lenguaje y aprendizaje.

Daniela reflexionó respecto a las barreras que todavía siguen existiendo y se mostró esperanzada de que se puedan derribar. “Todavía falta mucho por hacer en cuanto a la inclusión. Quienes tienen discapacidad, también son personas, con sueños, sentimientos y proyectan a futuro como cualquier otro. Nadie está exento de sufrir una discapacidad”, aseguró.

Daniela afirmó que es importante “que haya acciones para cambiar. Se habla mucho de discapacidad, pero no hay inclusión plena. Ojalá algún día puedan acceder a todo lo que viven quienes no tienen discapacidad”. 

Para Daniela “todavía hay muchas barreras. Nunca pudimos tener una pensión para Renata, porque trabajamos en blanco y tiene obra social. Pero somos empleados y no tenemos la posibilidad económica de afrontar todo”, comentó.

“El certificado de discapacidad es otro tema, aunque lo tiene, nunca pudimos acceder a los pasajes para poder viajar gratis –afirmó-. La provincia de Córdoba hace el pase libre, pero nosotros no accedemos a esos beneficios porque tenemos domicilio en la provincia de Santa Fe, pero los médicos que la atendieron están en Córdoba”.

Daniela advirtió que otras barreras que siguen estando, “son las dificultades en las prepagas que no reciben un niño con discapacidad, mi hija está en la obra social de los gastronómicos que es sindical”.

En las calles, los obstáculos físicos siguen existiendo afirmó Daniela. “No hay rampas en todos lados, hay personas que están en silla de ruedas y es complicado transportarlas. Encima en los lugares donde hay rampas los autos estacionan adelante sin importarles nada”.

Aseguró que otra dificultad “está en las veredas, muchas son imposibles de transitar porque están rotas; o si no, salen con los perros que dejan la materia fecal en las veredas y los que se desplazan en silla de ruedas se ensucian las manos”.

Por otro lado, la mamá consideró que no hay educación, ni en las escuelas ni en la sociedad. “Cuando un niño discapacitado llega a una escuela termina frustrándose porque todavía hay mucho bullying. Es importante que las familias les enseñen a sus hijos que también existen personas con otras capacidades. La discriminación duele muchísimo y la burla está siempre”, afirmó.

“Un día estaba en una heladería y llegó un chico sordomudo y los empleados no sabían lengua de señas, no sabían cómo atenderlo y para mí fue chocante –dijo-, porque tengo mi hija que también le cuesta expresarse. Hay restaurantes que todavía no tienen carta para chicos autistas”.

Renata asiste a Apadim y recientemente terminó las prácticas de acompañamiento vinculadas con lo educativo y lo laboral en la firma Bianchi. Para Daniela, es una satisfacción verla poder aprender y realizarse en el ámbito laboral y sueña con mayor inclusión.

“La pasantía le encantó a Renata pudo aprender mucho y trabajar sin ningún problema, eso es muy importante. Sería bueno que existan más planes de inclusión laboral”, finalizó.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, junto a la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, encabezaron el acto de entrega de fortalecimientos a 63 instituciones, fundaciones y asociaciones que vienen trabajando junto con la comunidad para acortar las brechas de la discapacidad.

El apoyo económico permitirá concretar proyectos que promuevan la autonomía, la inclusión y la capacitación de las personas con discapacidad, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.

Desde que se abrió la convocatoria en abril pasado hasta el momento, se recibieron 110 proyectos que alcanzarán a más de 12 mil beneficiarios.

En ese sentido, el mandatario provincial anunció la entrega de 1.000 millones de pesos para “cumplir con todos los proyectos que ya están preseleccionados”.

“Si la sociedad entiende que mañana mismo cualquier persona puede estar en una condición de discapacidad, cambiaría toda la visión de la política pública y entenderíamos que no la hacemos para un sector, la hacemos para toda la sociedad”, expresó a continuación.

Y completó: “Si logramos perforar ese concepto, vamos a lograr que la política de inclusión que hagamos, en todos los aspectos, no solo en el de salud, sea tomada como parte de una política general, no sectorial”.

Cabe destacar que las instituciones beneficiarias pertenecen a toda la provincia y son las primeras que acceden al fondo de financiamiento, integrado por el 2% del Impuesto Inmobiliario Urbano que sancionó la Legislatura el año pasado (ley 10.928), con la perspectiva de garantizar la continuidad de una política pública que promueva la autonomía de las personas con discapacidad.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, destacó que de los proyectos recibidos, 51% corresponden a capital y 49% al interior: «El federalismo es central para que esta iniciativa alcance todos los rincones de nuestro territorio. Es muy importante que el Gobierno, en un momento tan crítico, le extienda la mano a este tipo de instituciones cordobesas”.

El comité evaluador, encargado de analizar y aprobar los proyectos para su financiamiento, está integrado por la secretaría de Coordinación y Fortalecimiento Familiar, junto con representantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).

El acto se llevó a cabo en el Centro Cívico y significó la efectiva puesta en marcha del Programa Provincial de Promoción de los derechos de las Personas con Discapacidad y sus Organizaciones, que procura reemplazar el paradigma de la dependencia por el de la autonomía.

El mencionado programa implica una apuesta por un modelo participativo que abre la decisión de la inversión a las instituciones que trabajan en el tema, replicando una experiencia que el actual gobernador instrumentó en la ciudad de Córdoba cuando fue intendente e incluso antes, cuando estuvo al frente del municipio de San Francisco.

En este sentido, Llaryora enfatizó: “Es importante que esto sea una política de Estado. Que cada vez haya más instituciones que participen y que lleguen a toda la comunidad, así el día de mañana se defiende este fondo para que nadie más se los quite”.

Las instituciones que postulan proyectos deben contar con personería jurídica vigente (inscripción en IPJ) y proponer iniciativas o acciones de articulación en cinco líneas estratégicas: participación y protagonismo; autonomía y vida independiente; inclusión laboral; recreación tiempo libre y ocio; y accesibilidad comunicacional y tecnológica.

Lucrecia Rossi, presidenta de la asociación Distrofia Muscular Córdoba, celebró la iniciativa de la Provincia y señaló: «Este programa nos abrió las puertas para poder apuntar a acciones que fortalezcan la actividad recreativa de personas con movilidad reducida. En concreto, compramos una grúa elevadora para la pileta municipal de La Cumbre».

Además, Jean Maggi, presidente de una fundación que apuesta por la inclusión deportiva, agradeció al gobernador “por la decisión de haber quitado esa noción de que nosotros, las personas discapacitadas, somos enfermos. Gracias por acompañarnos, a través de estos programas, para que nos desarrollemos y despertemos el potencial que tenemos».

Los proyectos a considerar pueden ser nuevos o en funcionamiento, e incluir una estimación presupuestaria, que al cabo de la evaluación técnica y legal puede resultar de apoyo parcial o total.

Participaron también del acto, el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer; la secretaria de Coordinación y Fortalecimiento Familiar, María Eugenia Pomazan; la coordinadora del programa , Mariana Gandolfo; la subsecretaria de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión, Andrea Lardone; el secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, Raúl La Cava; la directora General de Discapacidad, Elisa Ottonello; la directora de Discapacidad e Inclusión Social, Mariela Macaluso; y la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, Julia Oliva Cúneo.

Por mayores datos y para solicitar el formulario de aplicación, las instituciones interesadas pueden solicitar información llamando al teléfono (0351) 302-8929, o vía mail a la casilla info.direcciondiscapacidad@gmail.com.

“Por iniciativa del gobernador Martín Llaryora, el 2% del impuesto inmobiliario urbano va a estar destinado a fortalecer proyectos y organizaciones que trabajan con personas en situación de discapacidad”, aseguró la ministra de Desarrollo Humano del gobierno de la provincia de Córdoba, Liliana Montero, quien visitó ayer martes nuestra ciudad y se reunió con equipos y organizaciones locales.

La funcionaria provincial fue recibida por el intendente Damián Bernarte, quien señaló que “el objetivo de este encuentro es presentar a su equipo de trabajo y coordinar acciones conjuntas con instituciones y organismos locales para el desarrollo de políticas públicas”.

Bernarte comentó además que previo a la presentación oficial, los equipos de trabajo local y provincial mantuvieron un encuentro en donde se comprometieron a desarrollar, de manera conjunta, tareas vinculadas al progreso del área local de niñez y adolescencia, considerando además que el municipio forma parte de la Red Muna, a partir de los convenios suscriptos con Unicef. 

“En cuanto a todo el trabajo que viene por delante para este nuevo ministerio, en nuestro caso Liliana se encontrará con una gestión municipal predispuesta a trabajar para la protección integral del ser humano, que es finalmente el objetivo que tenemos en común”, concluyó el mandatario.

Por su parte, Montero manifestó algunas precisiones centrales respecto al momento coyuntural de la Argentina. “Estamos atravesando una crisis de económica estructural donde estamos tratando de defender el sistema productivo de la Argentina, en una zona muy productiva como es San Francisco. No es menor que hoy el gobernador esté en Buenos Aires tratando de gestionar de manera personal que se traduzcan en las leyes discutidas en el Congreso la defensa del aparato productivo de la provincia”.

En cuanto a la nueva repartición, la funcionaria provincial sostuvo que “en este contexto, la existencia en el gabinete provincial de un Ministerio de Desarrollo Humano adquiere una relevancia importante, porque en momentos de crisis se toman decisiones políticas que tienen que ver hacia dónde va una gestión pública, En ese sentido el gobernador Llaryora ha orientado su gobierno en ese sentido con la creación de este ministerio”.

Desde el nuevo Ministerio de Desarrollo Humanos “vamos a fortalecer ese sistema local con las herramientas que la provincia pueda aportar desde el punto de vista técnico de los recursos humanos, que logre una articulación armoniosa, eficiente con la Uder, que es la unidad que depende del Senaf”, puntualizó la funcionaria.

Cabe mencionar que, durante el encuentro, estuvieron presentes además la secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) Julia Rearte, el director General de Descentralización Operativa Gustavo Calzolari, el secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de San Francisco Mauricio Vaschetto, la tribuno de cuentas Fabiana Palacio, la directora General de la Mujer, Juventud y Diversidad Nancy Marrone y el director General de Empleo Andrés Manías.

El próximo jueves 30 de noviembre se llevará a cabo en la Tecnoteca San Francisco una actividad denominada Jornada de Concientización, propuesta que tiene por objetivo “promover espacios de conocimiento y reconocimiento del colectivo de personas con discapacidad y de personas con derechos vulnerados, buscando generar mayor empatía en la sociedad, en el marco de del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora el 3 de diciembre”, explicaron desde la municipalidad. 

Impulsada por la subcomisión de Discapacidad del Consejo Asesor Municipal de Discapacidad, Niñez y Adolescencia y el Centro de Acción Comunitaria de No Videntes (Cacnovi), las actividades, que comprenderán experiencias vivenciales, se realizarán de 8.30 a 12 y están destinadas al público en general. 

“Este encuentro tiene por objetivo promover espacios de conocimiento, visibilizar la situación y los derechos que tienen las personas con discapacidad, acceder a todos los aspectos de la sociedad en igualdad con otras personas –agregaron-. Buscamos vivir una experiencia para generar empatía, invitar a los vecinos a que por un momento puedan experimentar las sensaciones de una persona con discapacidad y así puedan entender que no es tan sencillo, por ejemplo, cruzar una calle, subir escaleras, transitar en una vereda en malas condiciones; todo eso les permite sentir por un momento lo que vive una persona con discapacidad”, expresó la presidenta de Cacnovi, Elizabeth González.

Por su parte, Andrés Manías, coordinador del Consejo Asesor, manifestó: “Queremos resaltar la iniciativa conjunta entre la subcomisión de Discapacidad del Consejo Asesor Municipal de Discapacidad, Niñez y Adolescencia y Cacnovi al  enfrentar esta desafío, que busca fundamentalmente ponerse en el lugar del otro, además abrirse a la comunidad para que puedan mostrar el trabajo que hacen diariamente, pero sobre todo tomar conciencia de lo que es vivir con una discapacidad. Esperamos que se sume una gran cantidad de vecinos, por ello los invitamos a que se acerquen para compartir la jornada, que es sumamente importante para nuestra ciudad”.

El próximo jueves 30 de noviembre se llevará a cabo en Tecnoteca San Francisco una actividad denominada “Jornada de Concientización”, propuesta que tiene por objetivo promover espacios de conocimiento y reconocimiento del colectivo de personas con discapacidad y de personas con derechos vulnerados, buscando generar mayor empatía en la sociedad, en el marco de del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora el 3 de diciembre. 

Impulsada por la subcomisión de Discapacidad del Consejo Asesor Municipal de Discapacidad, Niñez y Adolescencia y el Centro de Acción Comunitaria de No Videntes (Cacnovi), las actividades, que comprenderán experiencias vivenciales, se realizarán de 8:30 a 12 horas y están destinadas al público en general. 

“Este encuentro tiene por objetivo promover espacios de conocimiento, visibilizar la situación y los derechos que tienen las personas con discapacidad, acceder a todos los aspectos de la sociedad en igualdad con otras personas. Buscamos vivir una experiencia para generar empatía, invitar a los vecinos a que por un momento puedan experimentar las sensaciones de una persona con discapacidad y así puedan entender que no es tan sencillo, por ejemplo, cruzar una calle, subir escaleras, transitar en una vereda en malas condiciones; todo eso les permite sentir por un momento lo que vive una persona con discapacidad”, expresó la presidenta de Cacnovi, Elizabeth González.

Por su parte, Andrés Manías, coordinador del Consejo Asesor, manifestó: “queremos resaltar la iniciativa conjunta entre la subcomisión de Discapacidad del Consejo Asesor Municipal de Discapacidad, Niñez y Adolescencia y Cacnovi al  enfrentar esta desafío, que busca fundamentalmente ponerse en el lugar del otro, además abrirse a la comunidad para que puedan mostrar el trabajo que hacen diariamente, pero sobre todo tomar conciencia de lo que es vivir con una discapacidad. Esperamos que se sume una gran cantidad de vecinos, por ello los invitamos a que se acerquen para compartir la jornada, que es sumamente importante para nuestra ciudad”.

Alrededor de 740 estudiantes de escuelas especiales de San Francisco y la región disfrutaron del 26° Encuentro Regional Deportivo y Recreativo para Personas con Discapacidad.

La Sociedad Rural, una vez más, fue el ámbito ideal para desarrollar múltiples actividades deportivo recreativas que promueven la inclusión. 

“Cada año esperamos con ansias que llegue esta fecha para disfrutar de este evento”, indicaron los organizadores. 

Entre las instituciones presentes se encontraban, representando a San Francisco, el Instituto Privado Especial Apadim; el Instituto Privado de Modalidad Especial Don Orione, Cacnovi, Aprid, Centro de Día San Francisco; Escuela Especial Ana Sullivan; Espacios; Sentidos; Fundación Empate; Hospital Iturraspe; Asociación de Sordos y Escuela Municipal de Deporte Adaptado. A ellos se sumaron los estudiantes de la Escuela Especial N° 127 de Frontera; Fundesol, de Devoto; Efid y Azulín Azulado, de Freyre; la Escuela de Deporte Adaptado de Colonia Marina; Escuela de Deporte Adaptado de la municipalidad de Balnearia; Institución El Ceibo, Consad y La Huella, de Rafaela; Rosa Azul de Morteros; Escuela Municipal de Deporte Adaptado y Escuela Especial Arturo Barbero, de La Francia; Instituto Privado de Educación Especial de Ramona; Hogar ‘José Mancini’ de Carlos Pellegrini y Capet, de El Tío.

Este encuentro contó además con la colaboración de un centenar de voluntarios procedentes del nivel medio de las escuelas Normal Superior “Dr. Nicolás Avellaneda”; el Ipem N° 145 “Dr. Francisco Ravetti”; el Ipea N° 222 “Agrónomo Américo Milani”, el Instituto Fasta Inmaculada Concepción, la Agrupación Tradicionalista “El Matrero”, el Club Hípico de San Francisco, la Asociación de Sordos y la Facultad Regional San Francisco de la UTN quienes brindaron asistencia a los diferentes grupos y delegaciones en todo lo que se necesitaba para garantizar el desarrollo del evento.

Luego de compartir un desayuno, las autoridades municipales brindaron la bienvenida a los participantes que, de inmediato, comenzaron a desarrollar las diferentes actividades como fútbol, fútbol tenis y atletismo mientras que también se pudo disfrutar de actividades manuales y artísticas como dibujo, pintura, y la participación en disciplinas como malabarismo, tela, lira, jumping, cuatriciclos, actividad hípica y paseos con volantas y sulkis.

Las actividades se desarrollaron hasta el mediodía, momento en el cual las delegaciones compartieron un almuerzo y disfrutaron de la actuación musical a cargo de Katy Ferrero.

Entre las autoridades presentes se encontraban el secretario de Gobierno, Rodrigo Buffa; el secretario de Salud, Fernando Giacomino; el director de Deportes, Juan Iturburu; autoridades del Establecimiento Penitenciario N° 7 y la encargada de la Oficina de Discapacidad, Laura Bonino.

Iturburu destacó que “esta es una nueva edición de este evento que ya es un clásico, con 26 años de trayectoria. Año tras año se van sumando nuevas delegaciones y en este caso, para esta edición se sumaron grupos de Ramona, Colonia Marina, Carlos Pellegrini y Balnearia”.

“Cada año esperamos con ansias que llegue esta fecha para disfrutar de este evento. En su organización trabajamos muchas horas y el resultado se puede apreciar ya que no falta nada, aquí todos quieren participar. Agradecemos mucho la colaboración de los directivos de la Rural que siempre nos prestan sus instalaciones que son más que adecuadas para desarrollar este encuentro”.

Iturburu agregó que “para nosotros, que hoy esté colmado el salón, nos indica que el esfuerzo realizado no fue en vano y esto se ve reflejado con esta asistencia a este evento organizado por muchas áreas de la municipalidad junto a instituciones deportivas y la colaboración del Servicio Penitenciario que cuenta con una panadería donde se elaboraron los criollitos y productos de panificación que se degustan en este encuentro”.