Mientras el Gobierno nacional impulsa una nueva iniciativa en el Congreso: la Emergencia en Discapacidad bajo la denominación de proyecto de ley contra el fraude de pensiones por invalidez, el debate por las modificaciones en el régimen de discapacidad no solo genera repercusiones en el ámbito político, sino que también tiene un impacto directo en la vida cotidiana de miles de personas.

En San Francisco, esa realidad se percibe de manera concreta en la Oficina de Discapacidad del municipio, donde a diario se multiplican las consultas, los trámites y, sobre todo, la preocupación de quienes forman parte de este colectivo.

En ese contexto, la coordinadora del área, Laura Bonino, analizó en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO la situación actual a partir de los cambios impulsados por el Gobierno nacional, que buscan reformular aspectos centrales del sistema, especialmente en lo referido a pensiones no contributivas y mecanismos de control.

Bonino trazó un diagnóstico claro. “La realidad es muy compleja, como la realidad social en general, pero afecta mucho más al colectivo de las personas con discapacidad. Se ven vulnerados muchos derechos”, expresó.

Las iniciativas oficiales, que incluyen auditorías periódicas, reempadronamientos obligatorios y modificaciones en los criterios de acceso y compatibilidad de las pensiones, generan incertidumbre en un sector históricamente vulnerable. “Esta nueva modificación impacta directamente sobre la vida cotidiana de las personas. Es dar marcha atrás en todo lo logrado”, afirmó.

Uno de los puntos que más preocupación genera, según explicó Bonino, es el cambio en el esquema de financiamiento de las prestaciones. “Se rompe el sistema de aranceles universales para los profesionales que trabajan en rehabilitación”, señaló, y advirtió que esto deja los valores “librados a lo que cada obra social, prepaga o el propio PAMI considere”. En ese marco, recordó que el sector ya arrastra dificultades estructurales, como demoras en los pagos y una alta carga burocrática. “Esto va a profundizar mucho más la vulnerabilidad”, remarcó.

A su vez, la situación de las pensiones vuelve a ubicarse en el centro de la escena. Bonino recordó que en el último tiempo ya se registraron situaciones complejas vinculadas a bajas y revisiones de beneficios. “Se han vivido momentos de mucha angustia con caídas masivas de pensiones, y ahora esto va a continuar en un esquema de auditorías constantes”, indicó.

En ese sentido, cuestionó el enfoque general de las medidas: “Se genera una especie de persecución por sospecha de fraude hacia todas las personas con discapacidad”. Para quienes dependen de estos ingresos, explicó, cada instancia de control implica trámites, certificados y desplazamientos que muchas veces resultan difíciles de afrontar. “Es una lucha constante que desgasta a la gente”, sostuvo.

Otro de los cambios planteados tiene que ver con la incompatibilidad entre la pensión y cualquier empleo formal. Actualmente, la normativa permite que las personas con discapacidad puedan trabajar sin perder el beneficio, siempre que no superen cierto nivel de ingresos. “Esto también se desalienta. Se le quita la posibilidad a la persona de reforzar un ingreso que ya de por sí es insuficiente”, sostuvo.

Desde la experiencia cotidiana en la oficina municipal, Bonino aseguró que el impacto de estas medidas se traduce en un clima social cada vez más complejo. “Lo que vemos es mucha incertidumbre y mucha angustia. Es un colectivo muy vulnerable, que históricamente ha tenido sus derechos vulnerados, y ahora eso se profundiza”, señaló.

La funcionaria describió además el trabajo diario del área, que funciona en calle Sarmiento 660, de 7 a 13. Allí se gestionan trámites como el Pase Libre de Discapacidad para la provincia, necesario para quienes deben trasladarse a otras ciudades por tratamientos, y se realizan admisiones de niños, niñas y adolescentes que requieren acompañamientos específicos. “La demanda es creciente, estamos en una situación de desborde”, reconoció.

En ese contexto, el rol del Estado municipal aparece como un sostén frente a las dificultades. Sin embargo, Bonino acalró: “Nosotros podemos acompañar, orientar, estar cerca, pero no alcanza. La persona con discapacidad tiene requerimientos específicos que necesitan políticas integrales”.

También advirtió sobre lo que considera un corrimiento del Estado nacional en materia de responsabilidad. “Hay convenciones, tratados y leyes que respaldan estos derechos, y hoy todo se pone en duda. Es un retroceso general, un abandono”, afirmó, y amplió: “No es solo en discapacidad, también se ve en adultos mayores y en niños. Es muy grave para una sociedad”.

“La gente viene muy angustiada”, reiteró, y agregó que muchas veces el acompañamiento excede el horario laboral. “No es fácil irse a casa y desentenderse de lo que uno ve todos los días”, expresó.

Consultada sobre si había atravesado escenarios similares en su trayectoria, Bonino recordó que hubo momentos difíciles, pero marcó una diferencia con el presente. “Hubo retrocesos, pero no con esta ferocidad”, afirmó, y vinculó el contexto con la situación socioeconómica general. “Eso profundiza las desigualdades y deja más al desamparo a quienes ya están en una situación de vulnerabilidad”.

Mientras el debate legislativo continúa a nivel nacional, en el ámbito local la preocupación se mantiene y el desafío es mayor, según Bonino: “Es muy difícil llevar tranquilidad o decir que está todo bien. La gente la está pasando muy mal”.