En un golpe político a la gestión de Javier Milei, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma que reglamenta el tratamiento legislativo de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y decretos delegados, en una sesión marcada por un amplio apoyo opositor y fuertes críticas del oficialismo. La votación finalizó con 140 votos a favor, 60 en contra y 17 abstenciones, en su mayoría de la UCR.

La reforma obliga al Poder Ejecutivo a conseguir el apoyo de ambas cámaras en un plazo de 90 días para mantener la validez de sus decretos. Si no logra el respaldo, el DNU quedará automáticamente derogado. Además, la norma otorga mayor poder al Congreso, al establecer que bastará con que una sola cámara rechace un decreto para dejarlo sin efecto, frente al mecanismo actual que requiere el rechazo de ambas cámaras.

En términos concretos, la reforma busca eliminar la figura de la “sanción ficta” contemplada en la ley 26.122 impulsada por Cristina Kirchner, que permitía la convalidación de decretos por silencio del Congreso.

El oficialismo, en tanto, calificó la medida como una acción “desestabilizante” y anunció que el Ejecutivo prevé vetar la reforma. Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo que “nadie puede pecar de ingenuo ni creer que el kirchnerismo con su dictamen de mayoría quiere mejorar las instituciones de la República. Al contrario, se propone desestabilizar al Gobierno, generando una mayor inseguridad jurídica”.

El debate se da en un contexto político y económico complejo para el Gobierno, en el que la oposición busca limitar la capacidad del Ejecutivo de avanzar con medidas por decreto y reforzar el rol del Congreso en la toma de decisiones.

De convertirse en ley definitiva, la iniciativa representaría una de las restricciones más importantes al margen de acción del Poder Ejecutivo en la historia reciente, obligando al Gobierno a negociar consensos amplios para sostener su agenda legislativa.

La oposición consiguió quórum en la Cámara de Diputados y tratará la reforma de la ley que regula los DNU, a los que acude al Gobierno Nacional para eludir al Congreso Nacional.

La sesión comenzó con 130 legisladores y con los aplausos de los diputados presentes que habían logrado alcanzar el piso para habilitar el debate.

La intención de los diputados es aprobar el proyecto que complica al Gobierno que es la reforma de los DNUs y otra iniciativa sobre distribución del impuesto del combustible.

El Senado sesionará este jueves desde las 11 para votar el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad y un proyecto de ley para regular los Decretos de Necesidad de Urgencia.

De esta manera, el Gobierno Nacional sufrirá un duro golpe, ya que hace 22 años que el Parlamento no insiste con una ley aprobada por el Congreso, ya que el último veto rechazado fue en abril de 2003.

La Cámara de Diputados rechazó el veto a la ley de discapacidad el pasado 20 de agosto, votada por 172 contra 73 votos y tres abstenciones el pasado 20 de agosto y mañana hará lo propio el Senado, con lo cual quedará vigente la ley de emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026.

La decisión de debatir el veto a la ley de emergencia en discapacidad y una reforma de la ley sobre DNU se adoptó en una reunión de Labor Parlamentaria, donde se discutió el temario de la sesión citada para mañana a las 11, informaron fuentes parlamentarias a Noticias Argentinas.

Por medio del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025 el gobierno de Javier Milei limitó el derecho a huelga, debido a que amplió las actividades consideradas esenciales.

Se trata de las actividades que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en medio de un conflicto sindical.

"Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos", afirmó artículo 3 de la normativa publicada hoy en el Boletín Oficial.

Y agregó que "en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare". 

Mientras que "en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%".

El nuevo decreto del Gobierno amplió el listado de servicios considerados esenciales que, hasta ahora, sólo reconocía como tal a los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo.

A diferencia de lo que regía hasta ahora, la normativa incorporó actividades clave en sectores estratégicos como la salud, el transporte, la educación y las telecomunicaciones. 

Se incluyeron como servicios esenciales: Los servicios sanitarios y hospitalarios; el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios; los servicios farmacéuticos; y la producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica.

También, los servicios de telecomunicaciones, incluidos internet y comunicaciones satelitales; y la aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo y portuario, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y demás servicios portuarios.

Lo mismo para los servicios aduaneros y migratorios, y otros vinculados al comercio exterior; el cuidado de menores y la educación en los niveles de guardería, preescolar, primaria, secundaria y educación especial; y el transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías y carga, junto a los servicios conexos y operaciones costa afuera.

La resolución, que forma parte de una serie de medidas de desregulación en el sector de la marina mercante, fue firmada por el presidente Javier Milei y los ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Iván Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado).

Uno de los primeros representantes del sector sindical que salió a repudiar la medida fue el titular de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, quien lamentó que el Gobierno "intenta nuevamente avanzar con lo establecido en el DNU 70/23 que ya ha sido declarado inconstitucional en dos instancias por la cámara laboral".  

"Esta nueva ofensiva autoritaria, llevada adelante mediante un DNU, representa un ataque directo a derechos consagrados en la Constitución Nacional. No lo vamos a permitir", agregó en su cuenta de X.

Luego de que la Cámara de Diputado le dio vía libre al DNU para negociar con el FMI, el dólar blue baja con fuerza y cotiza a $1.235 para la compra y $1.255 para la venta. 

El paralelo se derrumba 30 pesos tras haber tocado su valor más alto en seis meses, al alcanzar los $1.285 para la venta.

Por su parte, el dólar oficial sube 20 centavos y se ofrece a $1.049,50 para la compra y $1.089,50 para la venta en el Banco Nación.  

El dólar tarjeta, en tanto, se ubica en $1.416,30, tras la modificación que decidió el Gobierno sobre las percepciones que se cobran a este tipo de cambio.

La brecha cambiaria del informal ronda el 15,19%. 

Este miércoles, el Banco Central vendió US$ 186 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios. 

El último viernes, la entidad había vendido US$ 474 millones, el valor más alto para un día de operaciones desde el 26 de diciembre de 2024.

Desde el 13 de diciembre de 2023, cuando inició la gestión de Luis Caputo, la entidad suma US$ 24.368 millones de balance positivo en las arcas del BCRA, mientras que las Reservas Internacionales se ubican en u$s 27.045 millones.

El dólar CCL cotiza a $1.274,80 para la compra y $1.279,70 para la venta.

Y el dólar MEP se ofrece a $1.274 para la compra y $1.274,40 para la venta.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el acuerdo con el FMI que firmará el presidente Javier Milei. Con 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones, el Gobierno obtuvo una victoria en Diputados.

En un lapso de tan solo 48 horas, el Gobierno lograría ratificar en el Congreso el polémico DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El decreto obtuvo dictamen este martes en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo gracias a la ayuda de un aliado, el formoseño Francisco Paoltroni, y se someterá a votación este miércoles en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo confía en tener el número.

La Libertad Avanza necesitaba nueve firmas para dictaminar, ya que la comisión está compuesta por 16 legisladores. Pero aún con la ayuda de aliados, solo alcanzaba ocho. La novena firma apareció de la mano de Paoltroni, un senador que a mediados de 2024 abandonó el bloque libertario enemistado con el asesor Luis Caputo, y que desde entonces se mueve como aliado circunstancial del Gobierno.

Lo cierto es que el debate comenzó de manera muy tensa con muchos cruces, insultos y situaciones insólitas protagonizadas por los legisladores.

El Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) emitió un comunicado en el que rechaza en "todos sus términos" el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/25, que el oficialismo pretende tratar en la Cámara de Diputados. Según denunció el partido, la medida le otorga al presidente Javier Milei la facultad de avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin que se conozcan los detalles del endeudamiento.

Comunicado del Consejo Nacional del Partido Justicialista pic.twitter.com/DzcLz195iq

"El Presidente de la Nación se autoriza a sí mismo para avanzar unilateralmente en un nuevo acuerdo con el FMI sin que se conozcan monto, tasa de interés fijada, fechas de vencimiento, ni ninguna de las condicionalidades pactadas", sostiene el documento.

El PJ acusó a Milei de "eludir el cumplimiento de la Ley 27.612", que obliga al Poder Ejecutivo a remitir al Congreso el texto completo y final de cualquier acuerdo con el FMI, detallando "monto, tasa de interés, fechas de vencimiento y demás condicionalidades".

Además, el comunicado advierte que el DNU "vulnera el Artículo 75, Inciso 7 de la Constitución Nacional", que establece que es el Congreso quien debe "arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación".

El comunicado también señala que esta decisión del Gobierno se da en un contexto en el que "por responsabilidad del oficialismo y otros sectores de la oposición, la República Argentina no cuenta con Presupuesto aprobado por segundo año consecutivo".

En esa línea, el PJ alertó que, "si los diputados y senadores argentinos votan a favor del DNU 179/25, le estarían concediendo a Milei ‘facultades extraordinarias’ que son nulas de manera absoluta e insanable" según el artículo 29 de la Constitución.

Por último, el documento concluye con un rechazo categórico: "El Partido Justicialista Nacional rechaza en todos sus términos el DNU 179/25 y cualquier operación de crédito con el FMI que se realice violando el sistema normativo nacional y a espaldas del pueblo argentino".

El oficialismo y el PRO pidieron una sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir el próximo miércoles el DNU que autoriza al Gobierno a firmar el acuerdo con el FMI.  

 La sesión especial fue solicitada para este miércoles a las 10 por los jefes de la bancadas de LLA, Gabriel Bornoroni, del PRO Cristian Ritondo, y de Creo Pamela Omodeo y de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez. 

De esta manera, el oficialismo busca recuperar su agenda y evitar así que se instale como único tema de la agenda el armado de la comisión investigadora del criptogate. 

La decisión de acelerar la discusión del DNU le permitirá al Gobierno ratificar esa medida presidencial, ya que la ley 26.122- aprobada a instancias de Cristina Fernández de Kirchner-establece que con una sola cámara se ratifica un Decreto de Necesidad y Urgencia. 

La discusión se producirá un día después que la Comisión Bicameral de Tratamiento Parlamentario abra el debate sobre el DNU para autorizar al Gobierno a firmar un acuerdo con el FMI.  

El organismo parlamentario-que preside el senador de LLA Juan Carlos Pagotto, fue citado para mañana a las 16 para escuchar los argumentos del equipo económico del Gobierno, y firmar luego el despacho.

Para defender el DNU concurrirán a exponer el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Vladimir Werning; el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza Narbona; representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, Leonardo Madcur.  

Mientras eso sucede, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzó hoy en las tratativas no solo para asegurarse el quórum sino los votos para ratificar con mayoría simple ese DNU. 

En ese sentido, Menem ya tuvo hoy una reunión con el presidente del bloque del MID, Oscar Zago, con quien habló de las escenas de pugilato que protagonizó con el legislador libertario Lisandro Almirón, que sucedieron en el último tramo de la sesión del miércoles pasado.  

Fuentes parlamentarias indicaron a la Agencia Noticias Argentinas, que durante el diálogo entre Menem y Zago hablaron de la agenda parlamentaria, que tendrá como temas centrales el acuerdo con el FMI y la comisión investigadora. 

Uno de los temas centrales del oficialismo era recomponer los vínculos con Zago, ya que es un aliado y siempre acompañó a la Libertad Avanza, e integra la Bicameral de Tratamiento Parlamentario y su voto es central para construir la mayoría para emitir el dictamen de apoyo al DNU.  

Para ratificar el acuerdo, el oficialismo tiene sus 39 votos propios, 3 del MID, 36 del PRO, 2 de Producción de Trabajo, 1 de Creo, y 1 de Lourdes Arrieta y 1 de Unidos. 

También tiene el respaldo de al menos 7 de Encuentro Federal, 8 de Innovación, 3 del Bloque independencia, y 1 del MPN; y espera sumar a la veintena de la UCR, y los diputados de UP que responden a los gobernadores de Catamarca Raúl Jalil y de Santiago del Estero Gerardo Zamora.  

Ahora el primer paso será mañana emitir dictamen favorable en la comisión de Trámite Parlamentario, allí necesita el aval de por lo menos ocho miembros.  

Hasta ahora tiene asegurado el Gobierno, el voto de los libertarios Pagotto y Almirón, del PRO Diego Santilli y Luis Juez, de los radicales, Víctor Zimmerman y Francisco Monti, y esperan sumar al senador de Provincias Unidas Carlos "Camu" Espíndola y a Zago.  

Una duda es que posición asumirá el senador por La Rioja, Francisco Paoltroni, . 

En cambio ya se sabe que rechazarán el acuerdo los senadores peronistas Mariano Recalde, Anabel Sagasti Fernández, y María Teresa Gónzalez, y los diputados de UP Vanesa Siley, Ramiro Gutiérrez y Carolina Gaillard, y el legislador de Encuentro Federal, Nicolás Massot. 

El acuerdo que aspira a firmar el Gobierno oscila entre los U$S 10 mil millones y 20 mil millones, para cancelar las deudas con el Banco Central y reforzar las reservas.

De acuerdo al DNU, las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas "tendrán un plazo de amortización de 10 años con un período de gracia de cuatro años y seis meses".  

También fijan que se destinarán a cancelar "las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central" y "las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas de 2022 cuyo vencimiento opere dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo". 

En el DNU se indicó que "contar con un nivel satisfactorio de reservas es vital para la reducción del riesgo país y para que se aumenten las facilidades para la reinserción de la República Argentina al mercado de capitales internacional", y que la baja calidad del activo del Banco Central "impacta sobre su capacidad de promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico". 

También se señaló que el denominado "cepo cambiario" reduce la eficiencia de la economía y dificulta la inversión de largo plazo. 

Se destacó que "atento al compromiso inclaudicable de esta administración por trabajar en su disminución y posterior erradicación, es un deber impostergable avanzar en la cancelación de una parte sustancial de las deudas del Tesoro Nacional con la entidad monetaria".

El gobierno de Javier Milei  confirmó a través de un comunicado oficial que enviará al Congreso Nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para obtener apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el documento, la operación financiera permitirá que el Tesoro Nacional cancele deuda con el Banco Central, reduciendo así el total de la deuda pública.

Los objetivos del acuerdo con el FMI

De acuerdo con la comunicación de la Oficina del Presidente, la medida busca fortalecer el balance del Banco Central, consolidando la estabilidad monetaria y financiera, además de avanzar en el proceso de desinflación y la liberación de restricciones cambiarias.

El comunicado destaca que "no existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación", la cual, según el gobierno, ha "arruinado la vida de los argentinos". Por este motivo, Milei solicitó un "compromiso urgente" del Congreso para respaldar el acuerdo, al igual que hicieron "todos los gobiernos anteriores" en situaciones similares.

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El gobierno enfatizó que transformar la lucha contra la inflación en una política de Estado es una señal de que los legisladores "comprendieron el mandato expresado en las urnas". En ese sentido, el presidente Milei expresó su confianza en el "compromiso y la responsabilidad" de los parlamentarios para con el pueblo argentino y su bienestar económico.

Esta decisión refuerza la postura del Ejecutivo de avanzar con su plan de ajuste fiscal y estabilización macroeconómica, en un contexto de negociaciones con el FMI y expectativas sobre la evolución de la economía nacional.

El Gobierno de Javier Milei avanzaría en una reforma para desregular la actividad inmobiliaria, lo que ha generado preocupación en el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (Cofeci). Los cambios podrían ser oficializados en los próximos 45 días a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Aunque aún no se han dado a conocer detalles precisos, se especula que la reforma buscaría eliminar la obligatoriedad de estar colegiado para ejercer como corredor inmobiliario. De ser así, el Gobierno permitiría la incorporación de nuevos agentes al sector, quienes, si bien deberán completar una capacitación, no tendrían que matricularse en los colegios profesionales. La propuesta tiene como objetivo fomentar la competencia y reducir los costos asociados a las operaciones inmobiliarias.

LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó sobre el tema con la presidenta del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de Córdoba, Virginia Manzotti. "La profesión y el mercado inmobiliario siempre estuvieron desregulados. No existen impedimentos para que una persona compre un inmueble sin la intervención de un corredor inmobiliario, ya que elegir un profesional es optativo", manifestó. A su vez, manifestó su preocupación ante la falta de precisiones sobre el posible decreto.

"Nos genera dudas el término 'desregulación', porque no alcanzamos a interpretar concretamente a qué se refiere el gobierno nacional. Hemos trabajado durante años en la profesionalización del sector y en garantizar que el corretaje inmobiliario sea ejercido por personas calificadas", explicó Manzotti. Asimismo, recordó que el ejercicio de la profesión requiere la obtención de un título universitario y una matrícula habilitante, la cual es otorgada por los colegios profesionales de cada provincia.

Desde la entidad, aseguran que los colegios cumplen un rol fundamental en la sociedad al regular la actividad y ofrecer un canal institucional para atender reclamos y denuncias. "Si se produce una estafa, el Colegio Profesional puede intervenir. Si el acusado no está matriculado, el caso se judicializa por la vía penal", explicó la presidenta.

“Insistimos en que los colegios profesionales existen para proteger a la sociedad. Ese es su objetivo, ya sea en el caso de arquitectos, abogados, escribanos o corredores inmobiliarios. En nuestro caso, el sector siempre estuvo desregulado. El cliente tiene la opción de acudir o no a un corredor inmobiliario, a diferencia de lo que sucede con los escribanos, cuya intervención es obligatoria para realizar una escritura”, dijo.

A su vez, Manzotti advirtió que la implementación de una posible desregulación podría significar una "desprofesionalización" del mercado inmobiliario. “Esperamos que no signifique una desprofesionalización del mercado inmobiliario. En ese caso, nos oponemos y rechazamos enérgicamente cualquier medida que permita que cualquier persona física o jurídica, sin matrícula habilitante, pueda ejercer el corretaje inmobiliario”, argumentó.

Finalmente, reiteró que desde el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios solicitaron una reunión con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

La Cámara de Diputados comienza a debatir este miércoles, en un plenario de comisiones, una reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) con el fin de limitar el alcance de los decretos del presidente Javier Milei.  

La actual ley de DNU les asigna vigencia a esos decretos si no los rechazan las dos cámaras del Congreso. La nueva ley anularía a los DNU si una de las cámaras lo rechaza o si no lo aprueban ambas.

La discusión se efectuará a partir de las 17 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que conducen Nicolás Mayoraz (LLA), y Silvia Lospennato (PRO). 

La propuesta fue realizada por Encuentro Federal, y respaldada por los bloques opositores de la UCR, Unión por la Patria, la Coalición Cívica e Innovación Federal.  

En la ocasión, el diputado cordobés Oscar Agost Carreño pidió la moción de emplazamiento con un diagrama de trabajo que consiste en hacer dos reuniones informativas este miércoles y el 23, y que el 30 se emita dictamen.   

Uno de los principales puntos que la oposición cuestiona es que para derogar la norma se necesita la aprobación de Diputados y Senadores. 

Ese es el punto que los bloques de la oposición se proponen reformar, en caso de lograr encarrilar el debate.   

Pero, además, dentro de los 16 proyectos se encuentran algunas iniciativas que buscan que se caigan si no hay tratamiento en el Congreso, o le ponen un plazo exiguo para su aprobación en el recinto de sesiones.   

Desde que asumió el presidente Javier Milei que tiene extrema minoría en las dos Cámaras del Congreso se abrió un debate sobre los DNU, y por primera vez la oposición logró derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia sobre la asignación de cien mil millones de pesos a la Side.

Después de que se detectaran irregularidades en contrataciones de Nación Seguros que involucran al ex presidente Alberto Fernández y al productor de seguros Héctor Martínez Sosa -esposo de su ex secretaria María Cantero- el Gobierno derogó el DNU 823/21 que abría una vía legal para que pudieran concretarse ventas de pólizas a organismos estatales con sobreprecio.

La eliminación del DNU se realizó este miércoles a través de la publicación del Decreto 747/2024 en el Boletín Oficial, en la que se retiraron todas las modificaciones anteriormente realizadas a la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Los nuevos cambios fueron impulsados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien fue designado junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como responsable de recibir e inspeccionar las documentaciones relacionadas a las contrataciones de seguros.

El artículo 1 del decreto publicado hoy establece: “Deróganse los Decretos Nros. 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21”. Así, quedará eliminada la obligatoriedad de contratar pólizas de seguros proveídas por el Estado. Sin embargo, desde el Gobierno revisarán los fondos que han sido destinados al pago de contratos y convenios actuales y pasados.

La Administración Nacional, las empresas y sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales en donde el Estado posea una participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias tendrán un plazo de 30 días para proveer a la Jefatura de Gabinete de la Nación y al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado la documentación requerida.

Para evitar contrataciones que pudieran ser beneficiosas para un tercero a futuro, el decreto estableció que se considerará que hubo una "ventaja, beneficio o preferencia" por parte de las organizaciones vinculadas al Estado si se detectaran criterios de selección favorables para una entidad en particular. Lo mismo ocurrirá con aquellos acuerdos que pudieran cerrarse de manera directa entre las partes, los cuales deberán ser sometido a un proceso de selección mediante licitación o concurso de tipo público o privado.

Asimismo, el decreto indica que "No se considerará que existe una ventaja, beneficio o preferencia en los contratos y convenios interadministrativos de provisión de bienes o servicios cuando el único proveedor disponible sea una jurisdicción o entidad del Sector Público Nacional", subrayaron.

Por otro lado, se fijó un plazo para que aquellos ministerios y demás organismos que todavía tuvieran pólizas vigentes fruto de la normativa del DNU impulsado por el ex mandatario pudieran concretar las bajas de los mismos.

Todas las entidades señaladas tendrán un año para poder finalizar los acuerdos. En simultáneo, instaron a que convoquen nuevos procesos de selección que garanticen la competencia y la transparencia respecto de las postulaciones para brindar bienes y/o servicios.

En este contexto, se dispuso que la Oficina Nacional de Contrataciones sea la entidad encargada de gestionar y revisar las nuevas contrataciones que pudieran surgir a partir de haber entrado en vigencia el decreto 747/2024.

Finalmente, el decreto firmado por el presidente Javier Milei, Francos y Sturzenegger anuló además otros tres decretos promovidos durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de las normativas N° 1187/12, 1189/12 y 1191/12 que, tal como indica su nominación, fueron promulgadas en 2012. También la derogación del Decreto 1187/12 implicó la eliminación de la responsabilidad que tenía el Estado de pagar los sueldos de los empleados y contratados estatales por medio del uso de la Caja de Ahorro Común que se abrió en el Banco Nación.

La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 que impulsó el presidente Javier Milei con intención de desregular la economía, diseñado por el asesor presidencial Federico Sturzenegger. 

La dos veces mandataria recibió en su despacho del Instituto Patria a la senadora de Unidad Ciudadana Celeste Giménez Navarro, una de las que votó en contra del mega DNU, y aprovechó para documentar el encuentro a través de sus redes sociales. 

“Esta es una de las senadoras que votó por la derogación del Decreto, ese que aumenta las prepagas, te matan en el banco con las tasas de intereses y penalidades, y las cuotas de los colegios”, expresó la mandataria en un fragmento de la visita que publicó en TikTok.

El DNU en cuestión derogó la ley de Góndolas, de Abastecimiento y la de Alquileres, y entre otras desregulaciones, modificó el marco regulatorio de la medicina prepaga.

En los últimos días, la referente del kirchnerismo, quien mantuvo un bajo perfil durante los primeros meses de gestión libertaria, apuntó contra el diputado Alberto Benegas Lynch, a quien señaló como “el señor de doble apellido que propone los niños trabajen” porque “la Argentina que ellos añoran es la de fines del Siglo XIX, la del Centenario”.

Además, en el marco de la visita de la actriz Rita Cortese, habló sobre la importancia de la cultura y afirmó que “da explicación de las épocas, mucho mejor que los políticos”.

Los cuestionamientos surgieron luego de que el mandatario, en una entrevista con Alejandro Fantino, planteara que “Cristina Kirchner no vuelve más, a lo sumo a través de un alfil suyo. El que mejor está mide 17 por ciento”.

La jueza nacional del Trabajo Lucrecia Pedrini hizo lugar este lunes a una medida cautelar solicitada por la Asociación Bancaria (AB) y suspendió "todos los efectos legales del título cuarto del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 para los trabajadores de la actividad", informó el sindicato.Pedrini resolvió "admitir la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, suspender preventivamente la vigencia de lo dispuesto en el Título IV del DNU 70/2023 en tanto y en cuanto afecta al colectivo de trabajadores representados por la Asociación demandante, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en estos autos", según surge de la resolución a la que accedió Télam.La magistrada consideró que, "teniendo en cuenta la amplitud, variedad, profundidad y alcances de la 'reforma laboral' que se propone en el Título IV del DNU 70/2023" están dadas las condiciones para dictar una medida cautelar toda vez que existe "peligro en la demora".No se trata de la primera medida cautelar que suspende los efectos de la aplicación del capítulo laboral del DNU: antes la justicia nacional del Trabajo había dictado cautelares en casos iniciados por presentaciones de la CGT, la CTA y de las organizaciones Centro de Capitanes de Ultramar y oficiales de la Marina Mercante, y la Asociación del Personal Aeronáutico.

En tanto, el gremio explicó que "el apartado de ese decreto cuya aplicación fue ahora suspendida referencia distintos capítulos que materializan daños tangibles al modificar, entre otros derechos, la exclusión de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) a personas físicas que podrían ser dependientes; la irrenunciabilidad; la extensión del período de prueba y la creación de injurias específicas reñidas con la libertad sindical"."Reduce los montos indemnizatorios e impone una moratoria imperativa para el pago de las condenas. Respecto del derecho colectivo afecta el derecho de reunión y expresión al limitar las asambleas y vulnerar la libertad sindical garantizada en el artículo 14 bis de la Constitución y el Convenio 87; y cercena el derecho de negociación colectiva al afectar cláusulas obligacionales, en un intento de desfinanciar a los sujetos colectivos", añadió el sindicato que conduce el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Sergio Palazzo.Un documento firmado por Palazzo y el secretario de Prensa de la Bancaria, Claudio Bustelo, añadió que también ese decreto "limita sin ningún sustento jurídico ni normativo el derecho de huelga, y extrapola de forma irrazonable de servicios esenciales para reducir las medidas de acción directa, entre otras cosas".La Bancaria remarcó que a partir de esos argumentos "la magistrada sostuvo la viabilidad de la acción del gremio como sustento sólido a la verosimilitud del derecho", concluyó. 

 En tanto, la causa que inició la CGT tramita desde el jueves pasado en la Corte Suprema de Justicia luego de que los jueces de la sala de feria de la Cámara del Trabajo, Alejandro Sudera y Carlos Pose, aceptaran la apelación que el Gobierno presentó contra el fallo para que sea el máximo tribunal el que se pronuncie sobre el capítulo laboral.Otra de las causas que tiene ya la Corte es por un amparo que presentó de forma directa ante ese tribunal el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela.El máximo tribunal aceptó el 29 de diciembre de 2023 intervenir ante la presentación del Gobierno riojano contra el DNU, que fue patrocinada por el exmiembro de la Corte Eugenio Zaffaroni y del constitucionalista Raúl Ferreyra, miembro de la comisión de notables que asesoró al expresidente Alberto Fernández en el intento de reforma judicial.En esa presentación, el Gobierno riojano le pidió a la Corte que declarara "la inconstitucionalidad manifiesta" del DNU, aunque el tratamiento del caso por el alto tribunal será después de la feria judicial de enero.Otras medidas cautelares de la Justicia también dejaron sin efecto, por ejemplo, la aplicación de aumentos en los planes de prepagas avalados por el DNU: la jueza federal Civil y Comercial y Contencioso Administrativa de San Martín Martina Forns dictó una medida cautelar para que la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires readecue la cuota del plan de salud de una afiliada, mientras el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, hizo lo propio en otro fallo a favor del usuario Luis Millet contra la prepaga Galeno al establecer la "absoluta inconstitucionalidad" de la medida del Gobierno.

El diputado nacional Ignacio García Aresca, integrante del bloque Hacemos Coalición Federal, aseguró que su bancada “va a trabajar para dar gobernabilidad” al presidente Javier Milei aunque eso “no significa” que votarán el mega paquete de leyes enviadas al Congreso a libro cerrado.

Hacemos Coalición Federal tiene 23 integrantes y fue conformada tras la unión de Cambio Federal, Coalición Cívica y Hacemos por Córdoba. A partir del próximo martes comenzarán a desarrollar las primeras reuniones para el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia y de la ley ómnibus enviada por el Poder Ejecutivo.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, García Aresca analizó en detalle distintos aspectos que tienen que ver con la realidad política y económica en el marco de la actividad que el Congreso desarrolla durante la duración del llamado a sesiones extraordinarias.

De hecho, en la reciente Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, García Aresca ocupa la secretaría.

Primero se envió el DNU y luego, cuando se envió la ley ómnibus, todavía faltaba conformar las comisiones en el Congreso que es el ámbito de debate de todos los proyectos. El jueves por la noche se terminaron de conformar las comisiones de las cuales José Luis Espert fue designado presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y yo soy el secretario. Nuestro bloque, presidido por Miguel Pichetto, tiene la postura de trabajar para dar gobernabilidad, pero eso no significa que tengamos que votar a ojos cerrados. No vamos a votar leyes a ojos cerrados. Queremos tener debate y para eso pretendemos que la ley ómnibus se abra y de esa manera podamos debatir cada uno de esos temas por separado. En el debate veremos qué temas acompañaremos porque consideramos que son importantes para el país mientras que también nos vamos a expresar en disidencia en aquellos puntos en los que seguramente plantearemos que se puedan hacer modificaciones.

Con este tema están pasando muchas cosas porque se judicializaron muchos artículos. Nosotros vamos a ir a la comisión bicameral a través de nuestro representante, Nicolás Massot, y nuestra intención es la de dar gobernabilidad. De todas maneras, nosotros proponemos que se debatan los proyectos que contiene el DNU como iniciativas individuales dentro de la Cámara y de esa manera pueda haber un mayor debate de cada tema en particular. No queremos votar iniciativas a ojos cerrados por el solo deseo del presidente de la Nación, nosotros queremos debate en muchos temas como en el caso de la pesca o lo que pasó con el sector agropecuario que pensamos totalmente distinto a la postura del gobierno nacional. 

Nosotros estamos siempre parados en la defensa de la producción. Si el DNU se rechaza en el Congreso, el gobierno debería sacar cada uno de los temas que componen este decreto de manera individual a través de proyectos de ley. Tampoco vemos que pueda avanzar la desregulación del sector farmacéutico porque no creemos que sea viable que con un solo director técnico se pueda atender 200 farmacias o que no haya farmacéutico o auxiliar. Ese tema ya lo planteamos, nosotros no podemos estar de acuerdo con cualquier tipo de desregulación.

Recién ahora se están conformando las comisiones que son los organismos que deben elaborar el dictamen para el tratamiento de estos proyectos en las cámaras. En este caso, se trata de un conjunto de más de 600 leyes y es muy difícil encontrar el consenso necesario para su tratamiento tal como lo quiere el gobierno nacional.

Creo que ellos tienen el convencimiento de que hay que desregular muchas actividades. Yo creo que hay prioridades y no da todo lo mismo, porque cuando se mezcla todo, muchos sectores no van a acompañar por alguna cuestión en particular.

Nosotros tenemos la mirada de que, en caso de sostener las Paso, no puede transcurrir tanto tiempo entre esa elección y una elección general. No se puede votar Paso en agosto y una general en octubre porque en el medio hay mucho tiempo. En cuanto a la boleta única, nosotros estamos de acuerdo.

Eso hizo mucho ruido, sobre todo por los pronunciamientos de la Justicia que incluso hará que la Suprema Corte de Justicia intervenga en el análisis a partir de febrero. Es una señal para que el gobierno entienda que debe organizarse en el tratamiento de los temas bajo una actitud institucional utilizando el Congreso. Mientras tanto, el tiempo va pasando y el gobierno se da cuenta que no está encontrando la respuesta que esperaban cuando asumieron el 10 de diciembre. El gobierno no está encontrando en el Congreso la respuesta que esperaba. El gobierno pretende tener potestad total por dos años, prorrogable por otros dos, eso no lo va a votar nadie porque significaría lisa y llanamente que tengamos que cerrar el Congreso que es uno de los tres poderes del Estado.

Yo pienso que el gobierno se está dando cuenta que no van a tener el apoyo que ellos pensaban. De hecho, dudo que dentro del bloque radical los 34 diputados vayan a acompañar las iniciativas de manera automática. Lo mismo ocurre con el resto de los bloques del Congreso.

Estas nuevas modificaciones propuestas por el gobierno nacional le van pegar de lleno a los fondos que Córdoba recibe por coparticipación y esto hará que disminuya la recaudación provincial. Uno de los proyectos es la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Nosotros no estamos de acuerdo en que se restablezca el Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, pero para eso tenemos que encontrar un mecanismo que permita distribuir a las provincias los fondos que se recibían por Ganancias. Una alternativa podría ser la Ley de Cheques que no es coparticipable, pero si lo fuera, allí habría un mecanismo que podría reemplazar lo que se deja de percibir por Ganancias. En este caso se debería destinar el 26,7 % de toda la recaudación de la Ley de Cheques es lo que se debería destinar para las provincias.

El miércoles de la próxima semana nuestro bloque en pleno se va a reunir con la cúpula de CGT para interiorizarnos acerca de los motivos de la convocatoria al paro. Vemos que hay una obvia resistencia a las modificaciones en materia de legislación laboral. Queremos escuchar la opinión de los dirigentes cegetistas sobre lo que se está debatiendo en el Congreso y sobre la situación en general. Ellos tienen sus representantes en el Congreso y por supuesto que no le van a dar los votos al gobierno.