La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó patrullajes y controles en Miramar de Ansenuza, Marcos Juárez y Río Cuarto, en el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal. Como resultado de los procedimientos, se secuestraron estupefacientes y dos personas quedaron detenidas.

En Miramar de Ansenuza, en un camino rural sin denominación, los efectivos controlaron a dos jóvenes de 14 y 18 años que se movilizaban en una motocicleta en infracción al artículo 111 de la Ley N° 10.326. Durante el procedimiento, se dispuso el secuestro del rodado y, ante la resistencia de los individuos, la Fiscalía de Turno ordenó que el mayor quedara a disposición de la Justicia por resistencia a la autoridad, mientras que el menor fue restituido a sus progenitores.

Por otra parte, en plaza Sarmiento de la ciudad de Marcos Juárez, ubicada en la intersección de 9 de Julio y Santa Fe, personal de la FPA controló a un joven de 21 años, a quien le secuestraron varias dosis de marihuana. El joven fue detenido y trasladado a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Finalmente, en Río Cuarto, durante un dispositivo preventivo, se incautaron dosis de marihuana y cocaína a dos hombres mayores de edad que circulaban por calle Dr. Rodríguez al 1400 y en la intersección de bulevar Almafuerte y Luis Laspiur. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia competente.

En el marco de una investigación del Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó dos allanamientos en Morteros, donde detuvo a tres personas mayores de edad e incautó estupefacientes.

Los procedimientos se llevaron a cabo en domicilios ubicados en calle Laprida al 300 y Marconi al 900, con colaboración de la Policía de Córdoba en el perímetro externo. Como resultado, fueron aprehendidas dos mujeres de 23 y 44 años y un hombre de 25.

Durante los registros, los investigadores secuestraron dos ladrillos de cocaína con un peso total de 2.252 gramos, 14 dosis de marihuana, un vehículo Mercedes Benz y otros elementos vinculados a la causa.

Uno de los aspectos que llamó la atención del operativo fue la modalidad de ocultamiento de la droga: los ladrillos de cocaína estaban escondidos dentro de una butaca de bebé ubicada en el interior del automóvil.

Según se informó, el procedimiento está relacionado con un operativo anterior realizado el 18 de marzo, en el que se detuvo a una pareja y se incautó más de un kilo de cocaína, dinero y otros elementos probatorios.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, los detenidos y las evidencias fueron trasladados a sede judicial por infracción a la Ley Nacional 23.737.

La Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante un operativo que permitió desarticular una organización dedicada al microtráfico de estupefacientes en Frontera, tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en el barrio San Javier.El procedimiento se concretó ayer sábado y estuvo a cargo de efectivos de la División Antidrogas San Francisco, quienes ejecutaron cinco allanamientos en distintos domicilios que, según la investigación, eran utilizados para el fraccionamiento, acopio y comercialización de drogas.La investigación había comenzado en febrero de este año, cuando tareas de inteligencia permitieron detectar la existencia de una red criminal que operaba en la zona mediante diferentes puntos de venta.Las medidas judiciales fueron ordenadas por el Juzgado Penal de la Circunscripción Nº 5 de Rafaela, a cargo del juez Nicolás Stegmayer, en el marco de una causa impulsada por la Fiscalía Regional de Rafaela.Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron trozos de marihuana compactada —conocidos como “ladrillos”—, cocaína compacta, dinero en efectivo por aproximadamente 500.000 pesos, balanzas de precisión y teléfonos celulares, elementos considerados de interés para la causa.De acuerdo con las estimaciones realizadas en la investigación, el valor de las sustancias incautadas supera los 6.200.000 pesos en el mercado ilegal.

Tras varios meses de investigación y llamados al Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080), oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) efectuaron seis allanamientos (tres puntos de venta desbaratados), detuvieron a cuatro narcomenudistas e incautaron estupefacientes en San Francisco y Josefina (Santa Fe).

Los allanamientos fueron llevados a cabo en los barrios 20 de Junio, Sarmiento (2), Brisas del Sur y Parque (2), de la ciudad de San Francisco y el restante en Acapulco Veracruz de la comuna de Josefina.

En los domicilios se logró el secuestro de varias dosis de marihuana, dinero ($190.000), una escopeta, 74 cartuchos calibre 20 y diferentes elementos aparentemente relacionados a la causa.

Autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenaron la remisión de lo incautado y el posterior traslado de los aprehendido a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos en la localidad de Freyre en el marco de una investigación por venta de estupefacientes bajo la modalidad de delivery.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), tras una investigación que se extendió durante aproximadamente cuatro meses y que se inició a partir de diversas denuncias anónimas realizadas a la línea habilitada por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

Como resultado de las tareas investigativas se concretaron allanamientos en dos viviendas. Uno de los operativos se realizó en calle J. L. de Cabrera al 800, en barrio Circunvalación, mientras que el otro tuvo lugar en una vivienda ubicada en zona rural, sobre la Ruta Provincial 70.

Durante el despliegue fueron detenidos dos sospechosos y se secuestraron varias dosis de cocaína, dos escopetas calibre 16, cuatro cartuchos, $4.756.700 en efectivo, una motocicleta y distintos elementos vinculados a la causa.

De acuerdo con lo informado, al momento de la irrupción el principal investigado intentó darse a la fuga por una ventana, aunque fue detenido por personal de la FPA.

Además, se indicó que la motocicleta secuestrada era utilizada habitualmente para realizar la distribución de estupefacientes en la zona, mientras que uno de los detenidos también estaba señalado como proveedor de droga para distintos puntos de venta.

Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenó el traslado de los detenidos a sede judicial y la remisión de todos los elementos incautados por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

Tras diversas denuncias anónimas al 0800-888-8080 del Ministerio Público Fiscal, dotaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron a cabo un operativo que permitió desarticular una banda familiar, secuestrar estupefacientes y detener a seis personas mayores de edad en la ciudad de Brinkmann.

El accionar, ejecutado por investigadores de la Brigada de San Francisco, se desarrolló en las viviendas ubicadas sobre las calles Santa Rosa s/n, Juan Pablo II s/n, Falucho al 1100 y 25 de Mayo al 1000. Todas funcionaban como puntos de venta de drogas ilícitas.

En los registros, con colaboración de los oficiales y canes de la División K9, los investigadores lograron incautar 408 dosis de cocaína y cuatro de marihuana, varias plantas de cannabis sativa, $ 648.600, tres balanzas digitales, una motocicleta y elementos de interés para la causa. 

Durante el dispositivo, quedaron detenidos cuatro hombres de 18, 23, 44, 49 años y dos mujeres de 23 y 49, de los cuales tres eran padre e hijos. Además, los narcomenudista ofrecían a sus clientes el servicio "puerta a puerta", realizando la entrega de la cocaína bajo modalidad delivery.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de San Francisco supervisó el operativo y dispuso el traslado de las evidencias secuestradas y los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Personal de Prefectura Naval Argentina que se encontraba en una patrulla fluvial detectó una maniobra ilegal en el río Paraná que culminó con el secuestro de  más de 400 kilos de marihuana en la ciudad misionera de Corpus.

Fuentes de la fuerza revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que el procedimiento se inició cuando los efectivos  observaron una embarcación a motor realizando un cruce transversal desde la costa paraguaya hacia la argentina, a la altura del kilómetro 1.687,5, en la zona del Puerto Natural “Pichón Chávez”, del mencionado río.

De inmediato, se destacaron medios a lugar, donde la autoridad marítima nacional halló un bote de madera abandonado, en el cual detectaron varios bultos de forma rectangular.

Finalizadas las tareas de seguridad, se llevó a cabo la verificación de 15 bultos, constatándose que contenían panes de marihuana.

Como resultado de la requisa, se estableció que el cargamento superaba los 400 kilos de droga, con un valor estimado superior a los 1.200 millones de pesos.

Interviene en la causa la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Alejandra Vallejos, y el Juzgado Federal de la misma localidad, a cargo de Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, quienes dispusieron la realización de las actuaciones de rigor.

Luego de una investigación que se extendió durante cuatro meses y tras varios llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) concretaron un importante operativo en la localidad de Freyre.

Las actuaciones incluyeron dos allanamientos en viviendas ubicadas sobre calle Mitre s/n y Bv. 9 de Julio al 300. En los procedimientos se logró el secuestro de varias dosis de cocaína y marihuana, la suma de 139 mil pesos en efectivo, plantas de cannabis sativa, dos armas de fuego, veinte cartuchos de distintos calibres, una balanza digital y elementos vinculados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Como resultado de los operativos, fueron detenidos un hombre de 25 años y un joven de 16 años, señalado como su acompañante. De acuerdo a la información oficial, la venta de estupefacientes se realizaba en inmediaciones de la plaza Centenario y del Polideportivo Social provincial.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en San Francisco, las evidencias incautadas fueron remitidas a sede judicial y los aprehendidos trasladados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo el pasado domingo a un hombre de 34 años y a una mujer de 52 en el marco de una causa por venta de drogas en la ciudad de Frontera.

De acuerdo al medio Rafaela Noticias, la investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal desarrolladas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General y se encuentra comprendida dentro de los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en su Plan de Persecución Penal.

Como parte de la causa, personal de la PDI, con la colaboración de los grupos de irrupción GOT de Sunchales, Esperanza y Coronda, llevó adelante tres allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en calles 5 entre 52 y 54, 5 al 100 y 54 al 100. Las medidas fueron ordenadas por el juez Javier Bottero, a pedido de la fiscal Analía Abreu, de la Región 5 del MPA.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 237 gramos de marihuana, cocaína, numerosos envoltorios de nylon utilizados para el fraccionamiento, una balanza de precisión, elementos vinculados al consumo y la preparación de sustancias, una importante suma de dinero en efectivo —tanto en moneda nacional como extranjera— y once teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.

Por disposición de la fiscal interviniente, ambas personas quedaron detenidas e imputadas por el delito de tenencia de material estupefaciente con fines de comercialización. Tras ser trasladadas a la sede de la PDI, quedaron alojadas en la Alcaldía de Rafaela, a disposición de la Justicia.

 La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desmanteló una organización dedicada al narcomenudeo que importaba drogas desde Brasil para su posterior comercialización en la ciudad de Córdoba. El procedimiento, dirigido por el Ministerio Público Fiscal, incluyó 13 allanamientos simultáneos y culminó con la detención de siete personas, entre ellas una de nacionalidad brasilera.

Los operativos se concretaron en los barrios Ampliación Yapeyú, Santa Cecilia, Barranca Yaco, Los Álamos, Villa Esquiú, Centro, Yofre Norte, San Martín y Los Gigantes. Como resultado, se lograron cerrar dos puntos de venta de estupefacientes y detener a cuatro hombres y tres mujeres, todos mayores de edad.

Durante los allanamientos, que incluyeron registros manuales y la participación de canes detectores de narcóticos, los efectivos secuestraron 23.447 pastillas de Rohypnol, 5.146 dosis de cocaína, 15 dosis de marihuana y siete plantas de cannabis sativa. Además, se incautaron $45.574.450, 11.264 dólares estadounidenses, un pistolón, una escopeta calibre 12/70, ocho automóviles, un cuatriciclo, una lancha y diversos elementos vinculados a la causa.

Según se informó oficialmente, el valor total de lo secuestrado asciende a $346.630.550. De acuerdo a la investigación, el modus operandi de la organización consistía en abastecerse de importantes cantidades de drogas químicas provenientes de Brasil, que luego eran distribuidas y comercializadas en un amplio sector de la ciudad de Córdoba.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno de la ciudad de Córdoba, los detenidos y todos los elementos incautados fueron trasladados a sede judicial, en el marco de una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

En el marco de un procedimiento dirigido por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) concretaron tres allanamientos simultáneos en viviendas de Arroyito y Frontera, que derivaron en la detención de tres personas mayores de edad y el secuestro de diversas sustancias ilícitas.

Los operativos se llevaron a cabo en dos domicilios ubicados en José Quintela al 1000, en barrio Los Pitufos de Arroyito, y en una vivienda situada sobre Calle 19 de barrio San Javier, en la ciudad santafesina de Frontera.

Durante los registros, los investigadores secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, dos plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo y diferentes elementos utilizados para el fraccionamiento y la venta de estupefacientes.

En el dispositivo quedaron detenidos dos hombres de 21 y 32 años, ambos con antecedentes penales y señalados por utilizar sus viviendas como puntos de venta de drogas. Además, fue aprehendida una mujer de 29 años, oriunda de Santa Fe, pareja de uno de los investigados, quien viajaba a Arroyito para participar de la comercialización de estupefacientes.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco supervisó el procedimiento y ordenó el traslado de los detenidos, junto con todo el material secuestrado, hacia sede judicial para la continuidad de las actuaciones correspondientes.

En un operativo encabezado por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron siete allanamientos simultáneos en distintos barrios de San Francisco, que concluyeron con la detención de cinco personas mayores de edad y el secuestro de drogas, dinero y elementos de fraccionamiento.

Las irrupciones se concretaron en viviendas de los barrios Vélez Sarsfield, San Cayetano, Parque y La Milka, donde fueron detenidos dos hombres y tres mujeres. Durante los procedimientos, los investigadores, con la colaboración de canes detectores de narcóticos de la División K-9, secuestraron 231 dosis de marihuana, 126 de cocaína, $476.420 en efectivo, dos balanzas digitales y diversos elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

Según precisaron fuentes oficiales, el operativo permitió desarticular una organización familiar dedicada a la venta, distribución y almacenamiento de drogas, con distintos puntos de expendio en la ciudad. El principal investigado, que contaba con antecedentes por narcotráfico, lideraba la estructura junto a su amigo, su hija y su nuera, quienes cumplían roles definidos dentro del circuito delictivo.

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Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, los detenidos fueron trasladados a sede judicial imputados por comercialización agravada de estupefacientes. Una de las mujeres recibió prisión domiciliaria, ya que tiene a su cargo el cuidado de un bebé de tres meses.

Las dramáticas imágenes provenientes de Río de Janeiro que poblaron las pantallas en la última semana reflejaron con crudeza los aspectos centrales del operativo que lanzó la policía brasileña contra el grupo narco denominado Comando Vermelho, con un saldo de 64 muertos -cuatro de ellos miembros de la fuerza de seguridad-  y 81 detenidos.

La Policía informó que los narcos lanzaron bombas con drones y otros huyeron por la parte alta de las favelas, mientras algunos de sus integrantes se dedicaron a capturar unidades del transporte urbano de pasajeros para utilizarlas como barricadas en distintos puntos de la ciudad.

El drama que vivió Río de Janeiro es una muestra más de cómo el crimen organizado vinculado con el tráfico ilegal de drogas es una amenaza concreta para todos los países sudamericanos. Ello, debido a su enorme capacidad económica y la posibilidad de influir, corrupción mediante, en distintos estamentos sociales para garantizarse impunidad. Adoptando estrategias sofisticadas, los grupos narcos consolidan su poder territorial y capacidad militar incluso frente a operativos masivos del Estado.

En este marco, como es posible observar también en varias ciudades argentinas, el fenómeno trasciende la violencia directa y se apoya en la complicidad institucional, debilidad y corrupción de organismos del Estado y funcionarios, así como también de los vacíos legales y la evidente desigualdad social.

El Comando Rojo (Comando Vermelho, CV) es el grupo criminal más antiguo de Brasil, conformado en una prisión de Río de Janeiro en los años setenta como un grupo de autoprotección de los prisioneros. Comenzó con delitos menores, como asaltos y robos a bancos, pero en los años ochenta el grupo incursionó en el tráfico de cocaína, trabajando con carteles de la droga colombianos y asumiendo un rol de liderazgo social en muchos de los barrios marginados de Río. Desde entonces, se ha convertido en una amenaza nacional y transnacional considerable.

Mientras esto ocurre no solo en Brasil, algunos sectores de la política siguen mirando para otro lado. Sea por complicidad funcional o ideológica, insisten en negar circunstancias notorias de penetración del narcotráfico en las estructuras más débiles de la sociedad. La instalación de los carteles en una población reconfigura la dinámica social y la inacción impacta en el crecimiento de estructuras criminales que se esparcen por otras regiones de un país e, incluso, trascienden fronteras.

Es un riesgo atribuir esta grave problemática a cuestiones ideológicas. En Brasil y también en la Argentina y varias otras naciones la población exige respuestas del Estado para terminar con el latrocinio social generado por estas organizaciones criminales. El hecho de que en Rosario se haya podido atenuar la violencia es un hecho para destacar. Pero es apenas una mancha blanca en un contexto de creciente influencia de los narcos.

Lo sucedido en Brasil se constituye, por ello, en severa advertencia. Porque es hora de terminar con esto de que los gobiernos pasan y el narcotráfico continúa operando como de costumbre. 

Una organización narco que se dedicaba a ingresar drogas a través de drones a la cárcel de Bouwer fue desbaratada tras 14 allanamientos que concluyeron con diez detenidos.

La investigación que comenzó hace cinco meses y en las últimas horas personal de la Policía Antinarcotráfico realizaron 14 allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad de Córdoba, logrando desarticular una organización narco integrada por diez personas que ingresaban drogas y otros elementos prohibidos al complejo penitenciario de Bouwer.

Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que la pesquisa se originó a partir de informaciones aportadas por la Jefatura del Establecimiento Penitenciario de Córdoba, lo que permitió identificar a los principales integrantes de la organización criminal.

“El procedimiento se desarrolló en viviendas ubicadas en los barrios General Mosconi, Liceo Segunda Sección, Ampliación Pueyrredón, San Jorge y Nuestro Hogar III”, indicaron.

Durante el operativo, efectivos del Equipo de Acción Táctica detuvieron a cuatro hombres y cinco mujeres mayores, y una menor.

Tras un minucioso registro de los inmuebles, se secuestraron 6.594 dosis de marihuana y 1.855 de cocaína, seis armas de fuego, 215 municiones, más de $32 millones, 1.300 dólares, cinco vehículos, cuatro motos, una moto de agua, seis drones y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. El valor total de los elementos incautados asciende a $243.367.680.

“Cuatro de los investigados fueron detenidos en un peaje sobre la Ruta Nacional 36, donde pretendían realizar una entrega en el interior del complejo penitenciario. En dicho procedimiento, se secuestró uno de los drones y paquetes armados de drogas”, describieron.

Durante la investigación se logró constatar cuál era el modo operativo de la organización, el cual consistía en “preparar los paquetes con estupefacientes, celulares y cables USB —elementos de alto valor dentro del ámbito carcelario—, los cuales eran luego transportados con drones para ser lanzados por vía aérea al penal”.

A raíz de este accionar, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico diligenció 123 órdenes de allanamiento dentro del complejo penitenciario, donde efectivos del Servicio Penitenciario de Córdoba realizaron las diligencias correspondientes en cinco pabellones, con el objetivo de profundizar la investigación y determinar posibles vínculos internos con la organización desarticulada.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno a cargo de Carlos Cornejo y de la Secretaría de Investigación y Juicio para causas vinculadas a Organizaciones Criminales, a cargo de Federico Kosciuk, los detenidos fueron trasladados junto con los elementos incautados a sede judicial, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes.

En el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron controles preventivos en diferentes puntos del interior de Córdoba, que culminaron con el secuestro de estupefacientes y la intervención de las fiscalías correspondientes.

En Sacanta, los uniformados interceptaron a un hombre mayor de edad en calle Pública s/n y le incautaron varias dosis de marihuana.

En San Francisco, los patrullajes se concentraron en la Autovía 19, en el límite con Santa Fe, y en la Ruta 158. Allí, una pareja de mayores de edad fue sorprendida con dosis de marihuana durante un control vehicular.

En tanto, en Marcos Juárez, sobre calle Juan B. Justo, se concretaron dos procedimientos: a dos hombres de 19 y 26 años les secuestraron marihuana y un vehículo; mientras que a un adolescente de 15 años se le retuvo la motocicleta que conducía por infracción a la Ley de Tránsito Provincial N° 8560.

Además, se desarrollaron patrullajes antinarcóticos en Villa Carlos Paz, Serrezuela, Morteros, Freyre, Porteña, Villa María, Sampacho, Las Vertientes, Tuclame, Coronel Moldes, Villa de Soto, Ballesteros, Morrison, San Marcos Sud, Jesús María y Río Cuarto.

Finalmente, las fiscalías intervinientes dispusieron la entrega de las actuaciones, el labrado de actas, la identificación de los controlados y la remisión de las evidencias incautadas a sede judicial.

En un operativo encabezado por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló una banda narco, detuvo a tres personas y realizó cinco allanamientos en el departamento San Justo.

La investigación se desarrolló en coordinación con la jefatura del Establecimiento Penitenciario N° 7 de San Francisco, donde se efectuaron registros en dos celdas que permitieron secuestrar elementos de interés para la causa.

De manera simultánea, en la vía pública, fueron detenidos una pareja mayor de edad en calle Mendoza al 100 de barrio Sarmiento (San Francisco) y una mujer de 31 años sobre calle Almirante Brown s/n (Morteros).

Durante los procedimientos, la FPA secuestró 136 dosis de cocaína, una de marihuana, $403.000, una balanza digital, tres motocicletas y otros elementos vinculados a la organización.

Posteriormente, se llevaron a cabo allanamientos en dos viviendas ubicadas en calle Catamarca al 2000 de San Francisco y en otra propiedad situada en Güemes al 500 de Morteros.

De acuerdo a lo informado, la banda introducía cocaína dentro del penal con el fin de comercializarla en su interior.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco dispuso la remisión de lo incautado y el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

 El fiscal regional de la Circunscripción Judicial Nº 5 de Santa Fe, Carlos María Vottero, tiene bajo su mando a fiscales con competencia en varias localidades. Desde esa estructura dirige la investigación penal del crimen que conmovió a toda la región: el asesinato de Zamir Torres, el niño de 4 años acribillado en Frontera el pasado 9 de julio cuando viajaba en auto con su madre y su padrastro. El ataque también dejó gravemente herido a Braian “Peladito” Martínez, presunto blanco de los sicarios.

 La brutalidad del hecho obligó a los gobiernos de Córdoba y Santa Fe a firmar un acuerdo de cooperación inédito para enfrentar el narcotráfico y la violencia armada en la frontera interprovincial. Pero Vottero aclara: la única investigación la lleva adelante la fiscalía bajo su mando, y ninguna autoridad cordobesa intervino en el caso.

 En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, Vottero, uno de los que más conoce el paño judicial, se refirió a declaraciones de funcionarios de Córdoba, dejó en claro que aún no existe un autor intelectual individualizado por el crimen de Zamir y remarcó que mientras en los grandes centros urbanos de Santa Fe los homicidios descendieron, en el departamento Castellanos aumentaron. Aseguró que es prioridad en la agenda judicial la lucha contra el microtráfico de drogas en la llamada “la otra triple frontera” –San Francisco, barrio Acapulco (Josefina) y Frontera– que, según sus palabras, “son una sola cosa”.

—¿Cómo evalúa la situación actual del narcotráfico en Santa Fe y en particular en Frontera, donde la violencia impera?

 Frontera y Josefina tienen una problemática social delictiva muy particular vinculada al consumo y la comercialización de estupefacientes que genera violencias altamente lesivas, cometidas muchas veces con armas de fuego. A nivel provincial, desde hace más de un año tenemos competencia en materia de microtráfico. No investigamos macrotráfico, sino la venta y comercialización minorista. Desde 2014, cuando se reformó el Código de Procedimiento Penal en Santa Fe, venimos trabajando en Frontera. Lo hacían fiscales de Rafaela porque allí no había un fiscal designado de manera permanente. Ahora, con la llegada de nuevos fiscales, uno será asignado a la Fiscalía de Frontera. Eso nos permitirá mayor cercanía con el territorio.

 Ya se hicieron cuatro demoliciones de búnkeres de drogas y un tapialamiento en otra vivienda (de acuerdo a las facultades que otorga la Ley de Microtráfico promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro en el inicio de su gestión). Cada procedimiento arrojó resultados: secuestro de estupefacientes, balanzas de precisión, máquinas de contar dinero y personas detenidas, muchas de ellas con domicilio en San Francisco pero operando en Frontera. Por eso insisto: San Francisco, Frontera y Acapulco forman un mismo conglomerado, son una sola cosa.

-           ¿El microtráfico es un fenómeno en expansión o está estabilizado?

Va en aumento. Es una problemática mundial, muy instalada, que atraviesa otros delitos. Genera violencia altamente lesiva y homicidios. Según números del Ministerio de Seguridad de la Santa Fe, en los departamentos Rosario y La Capital los homicidios bajaron, pero en el departamento Castellanos aumentaron. Esa diferencia tiene que ver con la alta conflictividad derivada de la comercialización de estupefacientes.

-           ¿Qué cambios detectaron en las modalidades de las bandas? ¿El sicariato se volvió recurrente?

 El caso Zamir es un ejemplo. La mecánica indica que se trató de una emboscada planificada: cruzaron un auto para interceptar a otro y dispararon sin importar la presencia de un niño. Eso es sicariato. Todo confirma que es la forma en que se manejan estos delincuentes. Si bien estos hechos ocurren más en Frontera que en San Francisco, la realidad es que están involucradas personas de uno y otro lugar.

-           ¿Quiénes son las personas, en su mayoría jóvenes, que terminan integrando estas redes como sicarios?

 Son personas atravesadas por el consumo problemático. Las adicciones los empujan a ingresar en estas estructuras. En los primeros eslabones son usados como mano ejecutora por quienes ocupan lugares jerárquicos más altos.

“La mayoría de las detenciones ocurrieron en San Francisco, pero como resultado de investigaciones de esta Fiscalía Regional Nº 5 y de la PDI (…) La investigación siempre fue nuestra. Nunca intervino la Justicia de Córdoba, ni fiscales ni policías de San Francisco, salvo a requerimiento de esta fiscalía y con fines de colaboración en cuanto a las diligencias investigativas llevadas adelante por la policía de Santa Fe (…) Me parece grave y delicado que desde algunos sectores se intente desinformar”.

—¿Qué peso tiene la disputa territorial y qué peso el ajuste de cuentas?

 Ambos factores conviven. Muchas veces las disputas por territorio derivan en represalias y muertes, que generan nuevas respuestas. Casi indefectiblemente, la respuesta del otro lado va a venir. Es un círculo vicioso. Frente a esto, el abordaje represivo o punitivo es necesario pero no suficiente. Se requieren políticas preventivas en educación, salud y asistencia en adicciones que ataquen estructuralmente toda esta problemática. La prevención solamente con presencia policial, tampoco alcanza.

—Si crece el microtráfico, también crece el consumo…

 Exacto, y cada vez a más temprana edad. Vemos niños de 15 o 16 años, incluso más chicos, que ya consumen. Al ser inimputables, no ingresan en el sistema penal. Deben ser abordados desde las áreas sociales y de niñez. Si no, su futuro es terminar presos o muertos. El Estado debe abordarlos desde una mirada social también.

 —En la sociedad existe la percepción de que en algunos lugares hay “zonas liberadas” y cierta complicidad policial. ¿Con qué obstáculos concretos se encuentran los fiscales al investigar el microtráfico?

 Desde la Fiscalía Regional abordamos todas las investigaciones por igual. Si se advierten situaciones como las mencionadas, el personal policial no está exento de responsabilidad penal y se actúa en consecuencia. En 2014 imputamos, detuvimos y logramos condenas de policías de la Comisaría 6ª de Frontera por uso excesivo de la fuerza, apremios ilegales y torturas contra detenidos, entre otros cargos. El caso más mediático fue el del hombre “crucificado”. En causas complejas, trabajamos con la Policía de Investigaciones (PDI) y también con fuerzas federales como la Policía Federal y Gendarmería. Es importante la presencia de esas fuerzas puntualmente en este territorio.

–¿Por qué persiste la percepción social de que la Policía solo aparece cuando ocurre un hecho grave y luego se ausenta del territorio?

 Eso está ligado a la faz preventiva, es decir, la presencia policial para evitar que el delito ocurra. Esa decisión corresponde a la Policía y a los ministerios de Seguridad. El sistema judicial no puede solo, se requiere coordinación. Reitero, muchos hechos se dan cruzando el límite interprovincial: aunque ocurran en Frontera, varios de los delincuentes son de San Francisco. El abordaje en conjunto,  siempre pidiendo colaboración de una provincia a la otra, es importante y fundamental. Cruzan una calle, como es la 1, el camino interprovincial, y delinquen de un lado o del otro.

–¿Considera que existe una estigmatización delictiva asociada a Frontera? Aunque es una realidad el avance de la violencia armada en esa ciudad.

 En este punto hay un análisis lógico que hacer: San Francisco tiene mucha más población que Frontera y barrio Acapulco. Si seguimos esa lógica, incluso podría decir que hay más delincuentes o personas que cometen hechos delictivos en San Francisco que en Frontera, porque simplemente hay una mayor cantidad de habitantes. Quiero dejar en claro que estas cuestiones están íntimamente relacionadas entre ambas localidades y que los hechos no deben analizarse de manera aislada, ya que muchas veces lo que sucede en un lugar tiene vinculación directa con lo que ocurre en el otro.

–De hecho, los detenidos por el crimen de Zamir son de San Francisco.

 Es cierto que la mayoría de las detenciones ocurrieron en San Francisco, pero como resultado de investigaciones de esta Fiscalía Regional Nº 5 y de la PDI. Cuando la detención debe hacerse en Córdoba, pedimos colaboración a su policía, porque la de Santa Fe no tiene competencia territorial, pero la investigación siempre fue nuestra. En el caso Zamir actuó la fiscal Fabiana Bertero con la PDI. Quiero remarcarlo: nunca intervino la Justicia de Córdoba, ni fiscales ni policías de San Francisco; el personal policial de Córdoba efectivizó las detenciones por un tema de jurisdicción. El hecho ocurrió en Frontera y la competencia es de Santa Fe. Por eso me parece grave y delicado que desde algunos sectores se intente desinformar, instalando una idea falsa sobre quién investiga. Eso solo confunde a la sociedad en un caso de enorme repercusión.

– ¿Cómo está hoy la causa Zamir? ¿Hubo más avances en los últimos días?

Hasta el momento hay tres personas detenidas con prisión preventiva -Valentín Escobedo (23), Thiago Nicolás Medrano (20) y Matías Escobedo (29)-. Además, se busca a una cuarta persona, una mujer que habría participado activamente del tiroteo, y existen otros pedidos de captura en curso contra posibles implicados. Hubo un avance rápido en la primera etapa y ahora se continúa con esas capturas pendientes y con pericias fundamentales. Esperamos resultados que aporten información valiosa para definir nuevas líneas de investigación. Los tiempos periciales no dependen de la fiscalía, pero de esas pruebas surgirán elementos centrales para la causa.

“Hoy no hay ningún autor intelectual individualizado en la causa Zamir”.

–Los tres jóvenes imputados estuvieron a bordo del Fiat Cronos gris que emboscó y atacó a tiros al auto de Braian Martínez, pero ¿se investiga a un presunto autor intelectual? El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló a un integrante de una familia narcocriminal preso en Cruz del Eje, y hasta pidió su traslado a un penal federal…

 Desde esta fiscalía no ha salido esa información ni esa versión. En nuestra investigación, de la evidencia obtenida hasta ahora, no surge la autoría intelectual de nadie. Quienes hacen esas manifestaciones públicas, no sé a qué investigación se refieren, si son funcionarios de Córdoba, ciudadanos o si hablan de causas distintas. Lo cierto es que no aportaron nada a la fiscal a cargo del caso. Quiero dejar claro que la investigación es nuestra, de la Fiscalía Regional Nº 5 y del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. De esta diligencia investigativa podrán surgir autorías materiales o intelectuales, pero hoy no hay ningún autor intelectual individualizado en la causa Zamir.

-           ¿Qué mensaje le daría a la sociedad que percibe que la Justicia no alcanza a estas bandas?

Se trabaja mucho en esta Fiscalía Regional en el abordaje del microtráfico de droga y los delitos de derivan de éste, sobre todo, en la zona de Frontera y Josefina, y con muy buenos resultados y respuestas visibles, aunque parezca que es una gota dentro de un océano. Es un delito ya arraigado pero estamos dando la batalla que corresponde y forma parte de las prioridades de nuestra fiscalía. A la bravedad se designará un fiscal propio. El mensaje a la sociedad es que seguiremos trabajando en la misma línea, hay una firme decisión de seguir priorizando estas investigaciones.

En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó adelante seis allanamientos en distintos puntos de la región, entre ellos la ciudad de San Francisco, que derivaron en el desbaratamiento de una banda narco, la detención de tres personas mayores de edad y el secuestro de estupefacientes y armas de fuego.

Los procedimientos se realizaron en viviendas de Las Varillas (calles Güemes al 500, Diego Montoya al 600, Entre Ríos s/n y Sargento Cabral s/n), en Alicia (Sarmiento al 600) y en San Francisco, en barrio Roca.

En Alicia, uno de los investigados intentó salir armado al advertir el ingreso del personal policial, pero fue rápidamente reducido.

Durante los registros, la FPA incautó 178 dosis de marihuana y 80 de cocaína, además de dos armas de fuego (un pistolón y una escopeta), 21 cartuchos de distintos calibres, dinero, una balanza digital, un automóvil, una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.

En paralelo, en un carro de hamburguesas ubicado sobre Ruta Provincial 13 (Alicia), se secuestró una balanza de precisión con restos de cocaína.

Las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco dispusieron el traslado de los detenidos y la remisión de lo secuestrado a sede judicial, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes.

En el marco de las tareas preventivas dispuestas por el Ministerio Público Fiscal (MPF), efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desplegaron una serie de controles en distintas localidades del interior de la provincia de Córdoba.

Los procedimientos se desarrollaron en Capital, San Francisco, Río Cuarto, San Marcos, Leones, Morteros, Brinkmann, Coronel Moldes y Holmberg, con el objetivo de reforzar la prevención y detectar posibles maniobras vinculadas al narcomenudeo.

En cada sector se implementaron patrullajes estratégicos y paradas preventivas en espacios públicos, zonas comerciales, terminales de ómnibus y lugares con gran circulación peatonal.

En la ciudad de San Francisco, más precisamente en barrio San Cayetano, la FPA logró el secuestro de varias dosis de marihuana a un sujeto mayor de edad.

Las intervenciones forman parte de la estrategia integral de lucha contra el delito que impulsa el MPF en toda la provincia de Córdoba.

“Los fiscales tienen que trabajar en el territorio, lo más cerca posible del lugar donde suceden los hechos”. Con esta definición, Emilio Drazile resume el espíritu con el que asumió en mayo como fiscal de instrucción del Tercer Turno en San Francisco. Desde su llegada, prioriza una justicia cercana, con presencia real en las calles.

Esta perspectiva, que coincide con el nuevo Plan de Gestión Territorial que lanzó el Gobierno de Córdoba en la capital provincial, no es nueva para San Francisco. “En localidades como esta, ya se viene trabajando de esa manera. La territorialidad no es un proyecto, es una realidad”, asegura Drazile. 

A su lado, el secretario de la Fiscalía, Oreste Gaido, con una larga trayectoria en Delitos Complejos, refuerza esta visión: “Trabajamos con conocimiento de campo, en contacto permanente con la Policía, y atentos a los patrones delictivos que se repiten. Eso permite no solo investigar, sino también prevenir”.

En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, ambos coinciden en que el mapa del delito en San Francisco se ha complejizado. “Hay muchos hechos de violencia familiar, delitos contra la propiedad, y casi siempre aparece el consumo problemático de drogas o alcohol detrás”, explica Drazile. “La droga atraviesa todos los delitos. Es una problemática generalizada en la provincia y el país”, agrega Gaido.

En los últimos meses, las denuncias por violencia familiar aumentaron de manera sostenida. “Sí, se incrementó mucho más –afirma Gaido–. Tiene que ver con la situación económica, familias que vuelven a convivir en un mismo espacio. Si bien no son todos casos de gravedad, sigue siendo violencia”.

Uno de los temas que más interpela al sistema judicial es la percepción ciudadana de que si no hay detenidos, no hay justicia. Sobre esto, Drazile aclara: “La mayoría de los hechos ingresan a la fiscalía con detenidos. Son casos de flagrancia, donde la Policía actúa en el momento o minutos después”. Y detalla: “En los casos de violencia familiar, evaluamos la gravedad para determinar si corresponde la detención. Otras causas, tras la investigación, también derivan en aprehensiones”.

Gaido añade: “Entendemos esa demanda social. Pero tenemos un Código de Procedimiento Penal que respetar. No es que liberamos a todos, pero si hay riesgo procesal, no dudamos en ordenar la detención”.

"Hay muchos hechos de violencia familiar, delitos contra la propiedad, y casi siempre aparece el consumo problemático de drogas o alcohol detrás”

Los fiscales también observaron un fenómeno que se repite: personas que delinquen en San Francisco y provienen de localidades vecinas. “Hay muchos casos que vienen del lado de Santa Fe”, confirman. Por eso, valoran la reciente conformación de la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad, impulsada por la Región Centro. 

“Todo lo que apunte a la prevención es bien recibido. Celebramos estos acuerdos, sobre todo en zonas donde las fronteras provinciales están tan cerca. Si Santa Fe y Córdoba actúan en conjunto, eso va a impactar en una baja de la delincuencia”, opina Drazile. Gaido coincide: “Estos comités sirven, pero hay que coordinar bien entre fuerzas. San Francisco tiene muchas y hay que saber dónde focalizar”.

En relación con los recursos disponibles, Drazile es claro: “Siempre es bueno tener más, pero San Francisco está bien dotado. El desafío es investigar todos los delitos, llegar a resoluciones, y eso se logra con esfuerzo, trabajo policial y coordinación”.

Destaca el trabajo articulado con las fuerzas de seguridad: “Mantengo reuniones constantes con todas ellas. Nuestra actuación tiene que ir de la mano”.

Además del trabajo en territorio, destacan el aporte de los sistemas de alerta temprana. “Funcionan muy bien herramientas como Ojos en Alerta, el 911 o los tótems de seguridad. No recibimos denuncias anónimas, pero sí muchos llamados ciudadanos”, cuenta Drazile.

El fiscal también valoró el sistema de cámaras de vigilancia: “Ayuda a prevenir y da fluidez a la intervención policial. La comunicación entre la gente y las fuerzas es más rápida”.

El reciente caso del médico Pablo Ghisoni, acusado y luego absuelto por abuso sexual, puso en foco la problemática de las denuncias falsas. Aunque en la Fiscalía del Tercer Turno no se registraron situaciones similares, los fiscales ofrecieron su mirada. “Nosotros no manejamos la psique de la persona denunciante. Lo que hacemos es investigar con rapidez para que no haya consecuencias negativas si se trata de una denuncia infundada”, aclaró Drazile.

Gaido agregó: “Hay recursos para proteger a quien denuncia, y también para investigar con seriedad. Si alguien asume el compromiso de aportar datos, tiene que saber que puede ser resguardado”.

Para ambos fiscales, el objetivo es claro. “Darle una respuesta concreta a quien acude a la justicia es el principal desafío de una fiscalía”, resume Drazile. Su apuesta, junto a Gaido, es por una fiscalía con los pies en el barrio, sensible a las necesidades sociales y firme ante los delitos.