El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley N.º 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y fija la edad de imputabilidad en 14 años, dos menos que el límite vigente hasta ahora. La oficialización se realizó a través del Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial, aunque la normativa comenzará a regir recién dentro de 180 días.

La iniciativa había sido aprobada por el Senado durante las sesiones extraordinarias del 27 de febrero, con 44 votos a favor y 27 en contra, lo que significó un nuevo respaldo legislativo para el oficialismo.

 Entre los principales cambios, la ley introduce un sistema de penas graduadas, que contempla tanto la edad del adolescente como el contexto en el que se cometió el delito. En ese marco, se prevé la aplicación de distintas medidas socioeducativas orientadas a la reinserción social.

 El régimen incluye programas educativos obligatorios, capacitación laboral, participación en actividades deportivas, recreativas o culturales y programas de formación ciudadana. También contempla la posibilidad de tratamientos médicos o psicológicos y asistencia a servicios de salud acordes a la edad de los jóvenes.

 Entre las sanciones previstas figuran la amonestación judicial, la prohibición de acercamiento a la víctima, restricciones para concurrir a determinados lugares o espectáculos, la prohibición de conducir vehículos en algunos casos, el monitoreo electrónico y la prestación de servicios comunitarios.

 En los casos en que corresponda una pena privativa de la libertad, el régimen establece distintas modalidades de cumplimiento, como detención domiciliaria, permanencia en institutos abiertos o alojamiento en institutos especializados para adolescentes. La ley también establece que los menores no podrán permanecer detenidos junto a personas adultas.

 Además, prohíbe la aplicación de prisión perpetua o reclusión perpetua para adolescentes y fija que el plazo máximo de privación de libertad será de 15 años.

 El proyecto original impulsado por el oficialismo proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pero durante el debate parlamentario se modificó el límite a 14 años tras negociaciones con bloques opositores dialoguistas, entre ellos el PRO y la UCR, que consideraron ese umbral como un punto de equilibrio más cercano a los estándares de la región.

El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó 44 votos positivos y 27 negativos.

Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

El oficialismo argumentó que “aumentaron los delitos cometidos por menores” de entre 12 y 15 años, con una participación “creciente” en delitos graves, lo que genera una sensación de "injusticia" e "impunidad", dos situaciones que el Ministerio de Seguridad, hoy comandado por Alejandra Monteoliva y previamente por la actual senadora libertaria Patricia Bullrich, se pretenden combatir desde el inicio de su gestión.

Asimismo, se busca actualizar una norma que fue instalada en el año 1980 por considerarse necesaria la instalación de “un marco legal moderno” que se adapte al escenario actual de la delincuencia juvenil.

Por último, señalaron desde LLA que muchas bandas utilizan a menores de edad como parte de los hechos delictivos que cometen porque saben “que no pueden ser procesados” y este proyecto pretende contrarrestar esa estrategia.

El oficialismo originalmente había impulsado el proyecto que iniciaba la punibilidad de los menores en los 13 años; aunque tuvo que comenzar una “negociación parlamentaria” con los bloques dialoguistas y elevarla a 14 para lograr el consenso político y, por ende, los votos necesarios para obtener la primera media sanción en Diputados.

Con esa modificación, aseguró el acompañamiento de las fuerzas aliadas como el PRO y la UCR, que señalaban que los 14 años representaban un límite más equilibrado y estaban en sintonía con el resto de los países de la región.

Tras la media sanción a la reforma de la Ley Penal Juvenil en la Cámara de Diputados, que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, el diputado nacional por Córdoba Ignacio García Aresca (Provincias Unidas), que votó a favor, defendió la iniciativa pero puso el foco en un punto clave: sin financiamiento y políticas de contención social, la reforma corre el riesgo de quedar incompleta. Además, en entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO se refirió al escenario que se abre en la Cámara de Diputados con el tratamiento de la reforma laboral, un tema que promete un nuevo y fuerte cruce político.

—Usted votó a favor de bajar la edad de imputabilidad. ¿Qué lo llevó a acompañar esa medida?

Lo debatimos mucho dentro del bloque. Nuestra mirada fue fijar la edad en 14 años. El Gobierno nacional planteaba 13, pero había un consenso amplio en que fueran 14. Incluso lo hablamos con distintos sectores, como la Iglesia. La clave es que no sea una imputabilidad igual a la de un adulto: un chico de 14 años no puede ser tratado como alguien de 25 o 30.

—¿Qué plantearon concretamente en ese sentido?

Procesos judiciales diferenciados. Nosotros propusimos que la pena sea progresiva según la edad. Para los 14 años, el 50% de la condena; a los 15, dos tercios; y recién a los 16 y 17, un esquema similar al de los mayores. La idea es que no se aplique automáticamente la pena máxima del Código Penal de adultos.

—Desde sectores críticos sostienen que criminalizar más temprano no resuelve el problema de fondo.

El problema es mucho más profundo. Hoy vemos situaciones sociales muy complejas, sobre todo en las grandes ciudades. Chicos de 10, 11 o 12 años que están en la calle, sin contención del Estado. Cuando el Estado se retira, estas realidades se agravan. Por eso la ley no puede ser solo punitiva: tiene que ir acompañada de políticas sociales, educativas y de contención.

—Usted advirtió especialmente sobre el financiamiento.

Ese es el punto central. Esta es una ley nacional, pero la implementación queda en manos de las provincias. Hablamos de juzgados especializados, establecimientos adecuados, más personal, psicólogos, docentes. Todo eso cuesta dinero. Si Nación impulsa la ley pero se desentiende del financiamiento, el problema se traslada a las provincias.

—Córdoba ya está avanzando en infraestructura.

Sí, el gobernador Martín Llaryora anunció la construcción del Campus Papa Francisco, un establecimiento moderno para jóvenes con medidas privativas de la libertad. Solo la obra ronda los 18 mil millones de pesos, sin contar equipamiento ni personal. Para todo el país se hablaba de 23 mil millones: claramente no alcanza. Por eso decimos que hay que hacer las cosas bien, respetando estándares internacionales y pensando en la reinserción social.

—     Otro debate llega ahora a Diputados: la reforma laboral. ¿Cuál es su mirada sobre el proyecto?

La reforma laboral hay que discutirla artículo por artículo. Creemos que hacen falta cambios, pero sin tocar derechos adquiridos. Nadie va a perder derechos. El desafío es adaptarse a nuevas formas de trabajo y dar previsibilidad, especialmente a las pymes. Hay puntos con los que no estamos de acuerdo y que vamos a plantear en el recinto.

—¿Puede generar más empleo?

—No es mágica. Una reforma laboral por sí sola no va a bajar de golpe la informalidad. El empleo va a crecer cuando mejore la situación económica general. La reforma es una herramienta más, no la solución única.

—¿Se viene un año de tensiones con Nación?

Córdoba siempre recamará lo que le corresponde. No pide de más, pide lo que le corresponde. Subsidios al transporte, fondos para rutas, recursos coparticipables, la deuda con la Caja de Jubilaciones. Aportamos muchísimo y recibimos muy poco. Ese va a ser un eje permanente en el Congreso. Va a ser un año de debates fuertes. Pero nuestra postura es clara: defender a Córdoba y a los cordobeses. No resignar lo que es nuestro y discutir cada ley con responsabilidad, mirando el impacto real en la gente. Entre los principales puntos aparece la deuda previsional con la Caja, que el Estado nacional mantiene desde hace años por el incumplimiento de los acuerdos firmados para cubrir el déficit del sistema. A ese planteo se suma la discusión por los recursos que provienen del impuesto a los combustibles líquidos, que grava, entre otros productos, el precio de la nafta. Una porción de ese tributo tiene asignación específica y debería volver a las provincias para financiar obras viales, mantenimiento de rutas y políticas de transporte, pero esos fondos no están llegando en la magnitud prevista o directamente no se ejecutan. El impuesto a los combustibles impacta de forma directa en el bolsillo de los consumidores, pero también es una fuente clave de financiamiento federal. La Nación sigue percibiendo el tributo mientras transfiere menos recursos, trasladando a las provincias el costo político y económico del deterioro de la infraestructura y del transporte. El ajuste fiscal nacional no puede sostenerse a partir de retenciones encubiertas sobre

mpuestos coparticipables.

Tras la media sanción en la Cámara baja, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) buscará la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil en el Senado.

La norma establece bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en la Argentina.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo del oficialismo es avanzar con la discusión en el recinto el 26 de febrero.

La propuesta impulsada por el oficialismo plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.

Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.

Uno de los temas que generó mayor debate fue el financiamiento, e incluso el diputado Maximiliano Ferraro, planteó una propuesta para establecer un mecanismo directo, pero fue rechazado por el oficialismo, que insistió con su propuesta de la firma de convenios entre Nación y Provincias.

El oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

La Cámara de Diputados otorgó este jueves media sanción a la Ley Penal Juvenil, uno de los proyectos prioritarios de la agenda legislativa del Gobierno. La iniciativa, que propone modificar el régimen vigente y bajar la edad de imputabilidad, fue aprobada por 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, en el marco de una sesión especial en la que también se trató la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

El texto impulsado por el oficialismo establece la imputabilidad penal a partir de los 14 años para delitos graves y redefine el esquema de sanciones, incorporando un sistema que combina penas y medidas socioeducativas. La propuesta generó un extenso intercambio en el recinto, con posturas divergentes entre los bloques respecto del alcance de la reforma, el enfoque del sistema de responsabilidad penal adolescente y la naturaleza de las penas previstas.

Con la aprobación en la Cámara baja, el proyecto será girado al Senado, donde el oficialismo buscará consolidar su avance legislativo en un tema que despierta fuerte discusión política y social.

En el cierre del debate, el diputado cordobés Gabriel Bornoroni, del bloque libertario, defendió la iniciativa y subrayó el rol del Estado frente a los delitos graves. “Tenemos el compromiso de que el Estado deje de fallar, tome riendas en el asunto y resuelva los problemas de los argentinos. Cuando hay un delito grave, hay consecuencias graves. Y el Estado tiene que estar ahí”, expresó.

La votación reflejó un escenario de apoyos y resistencias cruzadas, en una discusión que continuará en la Cámara alta, donde se anticipa un nuevo capítulo de un debate sensible dentro de la política criminal y el sistema judicial juvenil.

Ahora, la Cámara de Diputados tiene previsto ratificar el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmado el 17 de enero pasado. Si se avanza con la media sanción, ambos proyectos deberán atravesar el filtro del Senado antes de convertirse en ley.

El oficialismo reunió el respaldo de sus aliados habituales -Pro, la UCR y el MID- y sumó apoyos parciales de Provincias Unidas, Innovación Federal y los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo. Con estos apoyos, el bloque libertario alcanzó una mayoría holgada para avanzar tanto con la reforma penal como con el tratado comercial.

Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, La Libertad Avanza va por el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a 14. El debate comenzó pasadas las 11 tras la jura de Juan Schiaretti, y el oficialismo confía en darle luz verde al proyecto con los votos de bloques aliados. El “cordobesismo” tiene previsto votar a favor, aunque propone algunas modificaciones.

Con Patricia Bullrich a la cabeza, el gobierno de Javier Milei proponía bajar la edad punible a 13 años, pero tuvo que ceder ante la resistencia del ala dialoguista y aceptó dejarla en 14. Además, tal como adelantó La Voz del Interior, se incorporó un agregado presupuestario para garantizar el cumplimiento de la ley y se facultó a las provincias y a la Nación a conveniar fondos.

“La ley actual a todas luces ha sido ineficiente: no previene, no resocializa al menor, no repara ni da soporte a las víctimas para sentir que la impunidad ha acabado”, sentenció la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado (la Libertad Avanza), que abrió el debate como presidenta de la Comisión de Legislación Penal.

La legisladora sostuvo que “todos” los especialistas que expusieron en el debate de 2024 coincidieron en que “entre los 12 y los 14 años, un menor tiene absoluto conocimiento de que está cometiendo un hecho ilícito frente a la ley”, y por lo tanto “debe pagar con una pena racional por el hecho cometido”.

“Nos decían que queremos encarcelar a todos, que la solución no es meter menores adentro de las cárceles. Pero nosotros no amontonamos menores en establecimientos de menores. Les vamos a dar un tratamiento para que la función final de estos establecimientos sea resocializar al menor”, aclaró Rodríguez Machado.

En ese sentido, advirtió que “hoy los menores de 16 están en establecimientos sin ningún tipo de proceso, porque ningún juez se anima a firmar su libertad. Hay un gris donde los tienen ocultos sin un debido proceso legal. Lo que quieren es ocultar una realidad; un discurso donde no quieren cambiar nada para que todo siga igual. Y los que más pierden son los menores, porque el Estado ni los mira”.

Rodríguez Machado destacó que además del proyecto del Poder Ejecutivo, había una veintena de iniciativas presentadas por distintos diputados. También recordó que se escuchó a “más de 30 expertos” en distintas disciplinas: juristas, médicos, representantes del Poder Judicial y de organizaciones civiles, entre otros. “La mayoría invitados por la oposición”, acotó la cordobesa.

El dictamen firmado este miércoles en el plenario de comisiones obtuvo 81 firmas favorables sobre 139 miembros presentes, aunque algunos diputados firmaron en disidencia, como los cordobeses de Provincias Unidas Juan Brügge, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, quienes propusieron modificaciones.

El punto central de la disidencia cordobesa propone establecer un esquema escalonado de penas según la edad del menor. Así, plantea que los adolescentes de 14 años tengan una reducción de la escala penal a la mitad; los de 15 años, una reducción de un tercio; mientras que para los jóvenes de 16 y 17 años se aplique la escala completa, con un tope máximo de 15 años de prisión, tal como prevé el despacho mayoritario.

A pesar de estas objeciones, los diputados alineados al gobierno de Martín Llaryora tienen previsto votar a favor en general. Será además la primera votación de Schiaretti, quien prestó juramento al inicio de la sesión luego de recibir el alta médica.

Otros diputados del interbloque Unidos dispuestos a acompañar esperaban redactar con mayor claridad que los menores no compartirán espacio con los adultos privados de su libertad, sino que serán alojados en institutos especializados, donde se espera que cuenten con el acompañamiento de “supervisores”.

Como se necesitan recursos presupuestarios para cumplir con esas disposiciones, se otorgará un monto total de $23.739.155.303, que saldrá de la Defensoría General de la Nación y del Ministerio de Justicia. Rodríguez Machado aclaró que en el dictamen firmado en 2024, que perdió vigencia, no se fijaba un número porque no había ley de Presupuesto sancionada.

 El gobernador Martín Llaryora expresó su respaldo a la baja de la edad de imputabilidad y confirmó que tiene decidido ir por la reelección en 2027. Lo hizo durante una entrevista con La Voz En Vivo, el streaming de La Voz del Interior, donde fijó posición sobre uno de los debates centrales de la agenda nacional y delineó su horizonte político.

 En relación con el proyecto que impulsa el Gobierno nacional para reducir la edad de imputabilidad a 14 años, Llaryora sostuvo que la Provincia acompaña esa iniciativa, aunque remarcó que no puede tratarse de una medida aislada. “Estamos de acuerdo con la baja en la edad de imputabilidad a 14 años”, afirmó, pero aclaró que para que la ley tenga “aplicabilidad” debe estar acompañada de recursos. En ese sentido, advirtió que sin inversión en infraestructura y dispositivos adecuados, “la ley penal juvenil no puede ser sólo marketing”.

 El mandatario insistió en que cualquier modificación del régimen penal juvenil debe contemplar no sólo el aspecto punitivo, sino también las condiciones materiales para su implementación. De manera indirecta, señaló que sin financiamiento para construir espacios y sostener políticas específicas, la norma corre el riesgo de quedar en una expresión discursiva sin impacto real.

 En el plano político, Llaryora confirmó que evalúa competir por un nuevo mandato en 2027. Si bien señaló que aún “falta muchísimo” y que su foco está puesto en la gestión, fue contundente al reconocer su intención. “Sí, estoy pensando en ir por la reelección”, aseguró, despejando dudas sobre su futuro electoral.

 Más abajo en la entrevista, el gobernador volvió a cargar contra la oposición cordobesa, a la que acusó de obstaculizar sistemáticamente las políticas de su administración. “La oposición es una máquina de impedir”, afirmó, y sostuvo que existe un especial encono con las obras y proyectos vinculados a la ciudad de Córdoba. En ese marco, lanzó duras críticas a referentes opositores y recordó que “cuando les tocó gobernar fueron una catástrofe”.

 Llaryora también se refirió a la relación institucional con el Gobierno nacional y al impacto de las políticas económicas. Reconoció que la Provincia atraviesa una etapa compleja por la caída de la recaudación, pero destacó que Córdoba acompañó leyes fundamentales y aplicó reformas que permitieron una rebaja impositiva. Aclaró, no obstante, que mantiene el diálogo con la Nación “por más que uno no comparta esas ideas”.

 Otro de los temas abordados fue la polémica por la compra de drones para tareas de seguridad, frenada por el Tribunal de Cuentas. El gobernador defendió la necesidad de incorporar esa tecnología y afirmó que se buscarán alternativas para avanzar con la adquisición. “En la Policía avanzada los drones son necesarios”, sostuvo, al tiempo que cuestionó las trabas legislativas y administrativas impulsadas por la oposición.

 Finalmente, el mandatario se refirió a la situación de los empleados estatales y jubilados provinciales, y remarcó que Córdoba cuenta con los salarios y haberes más altos del país. En ese contexto, advirtió que la Caja de Jubilaciones sería inviable bajo una gestión de corte libertario y prometió continuar con las mejoras en los ingresos, al señalar que la Provincia realiza “un tremendo esfuerzo” para sostener el sistema previsional.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó este lunes que el proyecto que la baja de edad de imputabilidad de los menores que delinquen, que se será tratado en el Congreso en sesiones extraordinarias, “es una necesidad fundamental para la Argentina”.

“El proyecto va a permitir abordar los delitos cometidos por los menores y la respuesta del Estado”, explicó la ministra y destacó: “En América Latina somos de los países con la edad de imputabilidad más alta”. Así lo expresó en declaraciones a Radio Rivadavia. 

Monteoliva resaltó: "El proyecto toma en serio este tema por primera vez. Busca promover la reeducación de estos menores, porque no se trata de ponerlos en lugares en los mismos lugares de detención en los que están los adultos”.

Son numerosos los temas trascendentes para la vida de los argentinos que este año cobrarán resonancia pública porque se tratarán en el Congreso de la Nación con el objetivo de generar o reformar la legislación vigente. Por caso, la reforma laboral ya se halla en plena discusión. Y también varias otras iniciativas que, no siempre, cuentan con la atención preferente de la opinión pública.

En este contexto, una de ellas sí es seguida con atención. Se trata de la anunciada reforma del régimen penal juvenil que propugna rebajar la edad de imputabilidad de los menores de edad que cometen delitos graves. A tono con lo que sucede en la mayoría de los países de la región y en varias democracias de otros continentes, se pretende reducir a 13 o 14 años la edad en la que un joven puede ser juzgado. Por cierto, de inmediato, las dos bibliotecas que en este tema son evidentes se hicieron presentes con fuerza.

Por un lado, quienes impulsan la reforma apelan a la incontrastable evidencia de que existe una participación creciente de menores en delitos graves, y que el marco legal vigente no refleja esa realidad. La baja de la edad de imputabilidad permitiría que el sistema penal tenga herramientas frente a hechos de extrema gravedad. Aclaran además que no se pretende, en general, equiparar a los menores con los adultos, sino establecer un régimen especial, con penas y procesos adecuados a la edad, pero que evite la impunidad total ante delitos graves. Ello, porque la inimputabilidad absoluta favorecería el uso instrumental de menores por parte de adultos y también porque el Estado debe dar respuesta a las víctimas y garantizar la justicia, incluso cuando el perpetrador es menor de edad.

En la vereda contraria se paran los que sostienen que no hay experiencias sólidas que demuestran que bajar la edad de imputabilidad reduzca los niveles de criminalidad juvenil. Y, fundamentalmente, advierten que la medida impactaría mayormente en jóvenes de sectores vulnerables, reforzando circuitos de exclusión, sin atacar las causas estructurales del delito. Además, se plantea que el foco debería estar en educación, contención, salud mental y políticas de prevención de la drogadicción y combate contra el narcotráfico, antes que en una respuesta penal más temprana. En este contexto, no es menor que parte de estos argumentos hayan sido esgrimidos por altos prelados de la Iglesia Católica.

Así es que la agenda pública del país tendrá a esta problemática en el centro de la escena durante las próximas semanas. Es auspicioso que así suceda. Especialmente porque durante los largos años de gobiernos kirchneristas, la sola mención de la baja de la edad de imputabilidad era rápidamente clausurada, asociada de manera automática a discursos “punitivistas” o “de derecha”, sin habilitar una discusión seria y plural. No permitir que se discuta el asunto era la regla.

Por eso, que el Congreso, los medios y la sociedad en su conjunto asuman la conversación pública sobre este tema es un avance notorio. En verdad, todos los sondeos indican que la opinión mayoritaria está a favor de bajar la edad de imputabilidad. No obstante, debe ser la discusión democrática la que, en definitiva, termine saldando la cuestión de un problema que no puede continuar sin modificaciones. Quizás este último punto sea coincidente entre las posiciones antagónicas. Es esta circunstancia la que resalta, con gran nitidez, el valor del debate de un asunto muy sensible.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su preocupación ante las iniciativas que proponen bajar la edad de imputabilidad como respuesta a delitos cometidos por menores y llamó a priorizar políticas públicas orientadas a la prevención, la educación y el acompañamiento comunitario.

El pronunciamiento fue difundido en el marco de la memoria de san Juan Bosco, figura histórica vinculada a la educación y al trabajo con jóvenes. En ese contexto, la Iglesia sostuvo que un debate centrado casi exclusivamente en la sanción penal “corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja”, que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado.

Desde la CEA manifestaron su cercanía con el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos delictivos, pero advirtieron que reducir la discusión a la edad de imputabilidad deja en segundo plano las causas estructurales del problema y las herramientas necesarias para evitar la reiteración de estos hechos. En ese sentido, remarcaron que “poner el acento solo en la pena no alcanza para dar respuestas de fondo”.

La Comisión Ejecutiva recordó además un documento de la Pastoral Social de marzo del año pasado, en el que se planteaban interrogantes que, según indicaron, continúan vigentes. Entre ellos mencionaron el destino de los menores privados de la libertad, la existencia de dispositivos adecuados en las provincias, las posibilidades reales de educación y reinserción social, y la eficacia del sistema penitenciario como solución.

“La experiencia muestra cómo funcionan los establecimientos carcelarios y nos preguntamos si realmente creemos que esa es la solución”, señalaron de manera textual, al tiempo que reafirmaron la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada “humana, integral y abierta a la esperanza”.

El comunicado también destaca el legado de san Juan Bosco, quien promovía un sistema preventivo basado en la presencia cercana de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria. Desde esa perspectiva, la Iglesia subrayó que la prevención no niega los conflictos, pero apuesta a la inclusión y al desarrollo pleno de niños y adolescentes.

A 150 años de la presencia salesiana en la Argentina, la CEA reiteró su llamado a fortalecer políticas educativas y comunitarias que permitan construir futuro y evitar respuestas tardías cuando el daño ya está hecho. “La verdadera prevención nace del cuidado compartido”, subrayaron, y reclamaron familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes.

Finalmente, la Conferencia Episcopal sostuvo de manera indirecta que la niñez y la juventud representan “una tierra sagrada donde se siembra el futuro” y pidió especial atención para los jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad.

El gobierno nacional confirmó este lunes que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad se sumará al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. Si bien el debate sobre cómo abordar los delitos cometidos por menores lleva décadas, el año pasado el oficialismo había avanzado considerablemente y hasta llegó a firmar un dictamen de mayoría en comisión. El texto había quedado listo para tratarse en el recinto de la Cámara de Diputados, pero la falta de consensos y otras urgencias políticas hicieron que quedara relegado.

Con el recambio legislativo, el dictamen perdió estado parlamentario y técnicamente la discusión deberá comenzar desde cero. Sin embargo, fuentes de La Libertad Avanza dejaron trascender que están dispuestos a respetar la mayoría de los cambios que se consensuaron el año pasado para lograr el dictamen de mayoría.

El texto original había sido enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados en julio de 2024. Allí se discutió durante largos meses y en mayo de 2025 un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia acordó un despacho de mayoría firmado por LLA, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre (los últimos dos con algunas disidencias).

La propuesta original de los libertarios era fijar la edad mínima de responsabilidad penal en los 13 años, por debajo del umbral actual de 16 años. Según el Gobierno, esta modificación buscaba “alinear” la legislación argentina con la de la mayoría de los países de la región, como Chile, Colombia y Perú, donde la imputabilidad comienza a los 14 años, y otros como Brasil y México, donde se ubica en 12 años.

Finalmente, por presión de aliados como el PRO y la UCR, la edad mínima quedó fijada en 14 años. Por otro lado, se estableció una pena máxima de 15 años de privación de la libertad sólo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, pero dando prioridad a las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado para los delitos con penas de hasta 3 años. La privación de libertad sólo se aplicaría como último recurso. En tanto que el proyecto original del Gobierno permitía penas máximas de 20 años, sin posibilidad de reclusión perpetua o prisión perpetua, aun en casos de concurso de delitos.

El régimen penal juvenil de Milei también ponía especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención debía estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedaba terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Este punto fue uno de los que generó algunas controversias con los gobernadores, que reclamaron que Nación envíe partidas presupuestarias especiales para construir las nuevas instalaciones.

Entre las penas alternativas a la prisión se establecían la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos. La posibilidad de reemplazar la prisión por penas alternativas estaba prevista en delitos cuya pena de prisión sea de hasta 3 años, o de hasta diez años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima. Además, se habilitaba la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Como medidas complementarias se incluían programas educativos, de formación ciudadana, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y prohibición de consumo de alcohol y estupefacientes, entre otras. El cumplimiento de estas medidas debía ser controlado por un supervisor especializado, designado por el juez, con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones.

Además, el proyecto contemplaba intervenciones especializadas para abordar situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares violentos. En caso de requerir internación, se debía notificar al juez civil competente para asegurar el seguimiento adecuado del caso.

El proyecto disponía que los procesos fueran reservados y prohibía la difusión de la identidad de los adolescentes imputados, salvo renuncia expresa de este derecho. Además, exigía la intervención de la asesoría tutelar y la comunicación a los padres o responsables desde el inicio del proceso. El juez podía disponer medidas protectoras adicionales para salvaguardar la integridad del adolescente.

El dictamen de mayoría también establecía un capítulo específico para la atención de inimputables, con pautas para la intervención de equipos interdisciplinarios y organismos de protección de derechos, y prevé la responsabilidad civil de los progenitores por los hechos cometidos por sus hijos.

Por su parte, las víctimas cantarían con derechos reforzados: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, posibilidad de participar en mediaciones y derecho a ser informadas y escuchadas durante todo el proceso.

La mesa política del Gobierno decidió incorporar el nuevo Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias este lunes, en medio de la conmoción por el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. El adolescente de 15 años recibió más de 20 puñaladas y la principal sospechosa es una compañera de escuela de 16 años.

La Cámara de Diputados avanzó este martes en la comisión de Legislación Penal con un dictamen para modificar el Régimen Penal Juvenil, reduciendo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en medio de un debate cargado de tensiones políticas y sociales.

Según supo Noticias Argentinas, el dictamen fue impulsado por el Gobierno nacional con el respaldo de bloques dialoguistas como PRO, UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y algunos sectores de Encuentro Federal, quienes lograron mayoría para avanzar con la iniciativa.

El proyecto, que será debatido en el recinto en las próximas semanas, establece que los adolescentes de 14 y 15 años serán imputables en casos de delitos graves, como homicidios, violaciones o robos con armas.

Por su parte, Unión por la Patria, la izquierda y organizaciones de derechos humanos rechazaron de plano la propuesta, argumentando que criminaliza a la juventud y no soluciona las causas estructurales de la violencia.

La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.