“Una cosa lamento: no saber lo que va a pasar. Abandonar el mundo en pleno movimiento, como en medio de un folletín. Yo creo que esta curiosidad por lo que suceda después de la muerte no existía ataño, o existía menos, en un mundo que no cambiaba apenas. Una confesión: pese a mi odio a la información, me gustaría poder levantarme de entre los muertos cada diez años, llegarme hasta un quiosco y comprar varios periódicos. No pediría nada más. Con mis periódicos bajo el brazo, pálido, rozando las paredes, regresaría al cementerio y leería los desastres del mundo antes de volverme a dormir, satisfecho, en el refugio tranquilizador de la tumba”.

El genial cineasta español Luis Buñuel finalizaba con esta reflexión el libro de sus memorias, titulado “El último suspiro”, obra en la que se refleja su curiosidad por no saber hacia dónde camina la humanidad en un mundo “en pleno movimiento”, aunque también hace una mueca de pesimismo, puesto que sostiene que leería “los desastres del mundo”.

El pleno movimiento de la realidad actual está marcado por la impronta de la tecnología en todos los aspectos de la vida. Y es posible que, aun sin periódicos de papel, Buñuel se enterase de que los desastres bien pueden provenir de la falta de previsión y el uso no ético de estos dispositivos extraordinarios que hoy pueblan el planeta. Hace pocas semanas, el apagón de Amazon Web Services (AWS) fue un trastorno para muchos, un desastre para varios otros y una severa advertencia para la humanidad en su conjunto.  Más acá, un componente clave de la infraestructura de internet, generalmente oculta, sufrió una interrupción global. Cloudflare, cuyos servicios incluyen la defensa de millones de sitios web contra ataques maliciosos, experimentó un problema no identificado que impidió a los usuarios acceder a algunos sitios web.

Por el primer caso, un editorial del diario El País de Madrid, titulado “Amazon desenchufa Internet”, señaló que “el apagón de los servidores del gigante tecnológico es un inquietante recordatorio de la dependencia que imponen unas pocas empresas”. La dependencia tecnológica en todos los ámbitos determina que los problemas pueden ser mayúsculos si se caen los servicios de la nube o no pueden funcionar plataformas que necesariamente debemos utilizar para satisfacer casi todas las necesidades. Por ejemplo, en una economía completamente digitalizada, el cese temporal de estos servicios -que prestan solo un puñado de compañías- causa pérdidas multimillonarias.

Experiencias recientes demuestran que estamos frente a un sistema altamente productivo, pero extremadamente sensible a cualquier fallo tecnológico. “Si cae la nube, caemos todos”, se titula otra nota del citado periódico madrileño en el que se afirma que “estamos vendidos a las grandes tecnológicas por nuestra dependencia de la conectividad” y se formula una pregunta inquietante: “¿Quién controla a las empresas que sostienen la infraestructura digital del planeta?”.

El haber delegado cada vez más tareas a los algoritmos que controlan unas pocas grandes corporaciones es el germen de la dependencia. Cuando los sistemas fallan o tiene errores, literalmente se ingresa en la era de la parálisis tecnológica, con las consecuencias nefastas que son fáciles de suponer en un mundo donde la alfabetización digital no está generalizada y no se conoce con claridad cómo operan las plataformas, quien las controla y qué riesgos pueden presentarse.

Volviendo a Buñuel, el primer “desastre” que constataría es que ya casi no quedan kioscos donde se vendan periódicos, como consecuencia de la revolución digital de estos años. Y si le toca regresar justo en el momento en el que se produce algún apagón regresaría al cementerio preocupado y no satisfecho, preguntándose si en los próximos diez años el ser humano volvería a pensar, sentir y decidir sin depender del flujo ininterrumpido de información y de las “decisiones” de los dispositivos digitales inteligentes.

La solicitud para utilizar la Banca del Vecino en el Concejo Deliberante por parte de estudiantes del Nivel Superior de la Escuela Normal “Dr. Nicolás Avellaneda” ha sido una auspiciosa novedad cívica. En efecto, jóvenes que cursan la Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental presentaron el proyecto para crear un Programa Municipal de Gestión y Recolección de Residuos de Antibióticos y Medicamentos.

Según señalaron a este diario, la propuesta busca prevenir la contaminación y reducir los riesgos sanitarios vinculados a la resistencia antimicrobiana. “Queremos que la comunidad tenga información y lugares seguros para descartar”, manifestaron sus impulsoras. Se trata de una propuesta que permitiría el descarte seguro de medicamentos y responde a una problemática ambiental y sanitaria, vinculada a la resistencia antimicrobiana, reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una de las principales amenazas para la salud global.

Además, de abordar una temática compleja que merece ser atendida con presteza por las autoridades, el uso de la Banca del Vecino por parte de estudiantes permite revalorizar un instrumento de participación que, aunque poco difundido, expresa la esencia de la democracia local y el compromiso ciudadano por el bien común.

La Banca del Vecino tiene 25 años de existencia. Allá por octubre del año 2000, se aprobó la ordenanza N° 4866, que habilita a que “toda entidad intermedia representativa legalmente constituida -a excepción de partidos o agrupaciones políticas-, o grupo de personas en número no inferior a veinte, que tengan domicilio real en la ciudad de San Francisco”, puedan proponer “a la administración proyectos de interés general o para satisfacer sus necesidades particulares”.

Este espacio de diálogo entre la ciudadanía y sus representantes en el Concejo Deliberante debería ser un puente que transforme inquietudes ciudadanas en propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de los sanfrancisqueños. Sin embargo, el cruce de ese puente ha sido esporádico en este cuarto de siglo. En algunos casos, se desvirtuó por fines políticos; en otros, simplemente cayó en el olvido. Pero es necesario remarcar que se trata de un instrumento que fortalece la democracia participativa, porque abre las puertas del cuerpo legislativo municipal a la sociedad civil y promueve la corresponsabilidad en la gestión de los asuntos públicos.

Es meritorio que hayan sido estudiantes de la ciudad quienes le insuflaron nuevo dinamismo a este instrumento de participación popular.  Ellos identificaron una necesidad sanitaria real y comprendieron que la solución requiere de la acción del Estado. Por lo tanto, se involucraron en el problema y formularon la propuesta a través de un canal que no ha sido debidamente aprovechado. 

En tiempos en que la desconfianza hacia las instituciones se multiplica y la apatía cívica amenaza la vida comunitaria, la decisión de estudiantes y docentes de la Escuela Normal de “revivir” la Banca del Vecino es un ejemplo. Representa una oportunidad concreta para recuperar el diálogo, la escucha y el compromiso ciudadano.

Desde ayer y hasta mañana domingo, el Superdomo de San Francisco será el escenario en el que se desplegará uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad y la región. Destacados personajes de la literatura visitan San Francisco y decenas de escritores locales tendrán un espacio para que se visibilice su talento y se conozcan sus obras. 

Además, como ha ocurrido en las ediciones anteriores, la Feria del Libro, que se desarrolla este año bajo el lema “Un lugar para la palabra”, es la ocasión propicia para recrear el placer por la lectura y abordar el debate sobre las cuestiones más sensibles de la sociedad.  

Esta edición contará con 58 stands de editoriales, librerías y bibliotecas provenientes de distintos puntos del país. Entre ellas participarán instituciones de Córdoba, Santa Fe, Villa Carlos Paz y San Francisco, que ofrecerán una amplia variedad de títulos y novedades para todos los gustos, hecho que, por sí solo, constata la trascendencia de la convocatoria.

En este marco, el lema de esta fiesta cultural permite reflexionar sobre lo que significan dos conceptos centrales para la vida de una comunidad. Palabra y lugar no son vocablos sueltos: exhiben una correlación profunda con la esencia del ser humano en general y con la identidad de un pueblo en particular. 

La palabra es el cimiento de la cultura. Es el vehículo que la transmite y la preserva. Su significado adquiere mayor profundidad cuando encuentra un lugar -físico o simbólico- para que esta cultura se manifieste en todo su esplendor. Para que se fortalezca y se arraigue. Así, la Feria del Libro es un ágora donde la comunidad se encuentra a través de las voces de sus autores y de las historias que se comparten. La palabra se convierte, de este modo, en un espejo que refleja los valores y las narrativas propias que consolidan el sentido de pertenencia y rescatan la memoria colectiva.

Cuando la palabra halla un ámbito seguro para que las personas puedan ejercer su capacidad de diálogo y pensamiento creativo, el sentido de “lugar” adquiere inusitada dimensión. La Feria del Libro es un lugar especial para la reflexión y la comunicación verdadera, la que enaltece el espíritu y afirma el valor de la libre expresión; facilita la interacción genuina y promueve la empatía y la escucha. Todos elementos esenciales para que la palabra pueda expresarse y desarrollarse de modo pleno y consciente. En definitiva, al darle cabida, ese lugar se transforma en un espacio de humanidad. 

El “lugar para la palabra” se corporiza en la octava de la Feria del Libro este fin de semana. Porque no se trata solo de libros apilados en stands atrayentes. El lema de este año es una declaración de principios sobre la trascendencia de un evento que consagra simbólicamente el preciado valor de la construcción activa de la identidad cultural e invita a celebrarla.

Profesionales que atienden la problemática de la discapacidad y familiares de los afectados, volvieron esta semana a movilizarse para exigir la implementación de la ley que impulsa una mejora en las pensiones y en los aranceles.

"La ley de Emergencia y Discapacidad sancionada por el Congreso continúa sin una implementación efectiva debido a una reglamentación restrictiva que limita su espíritu y anula sentido de urgencia", se denunció.

Bajo el concepto de que "sin Estado no hay derechos, sin derechos no hay democracia y la Emergencia en Discapacidad es democracia", se planteó el cese de actividades y las marchas que se repitieron en muchas ciudades del país. Calificaron a la decisión de no reglamentar la ley como un elemento más del “genocidio por goteo” puesto que -de acuerdo con lo que se expresó- se trata de una forma “silenciosa de exclusión que erosiona la dignidad, la autonomía y derecho a existir en condiciones de igualdad".

En verdad, más allá de posturas ideológicas o partidarias, la demora en la aplicación de la ley de discapacidad vulnera la función misma del Estado. Porque esta problemática excede lo administrativo o presupuestario. Si hay que recortar, no puede ser el eslabón social más débil el que se vea afectado de modo directo. Esto ataca la dignidad y la calidad de vida de miles de personas y de quienes trabajan en su atención.

Aunque sea un eslogan repetido hasta el hartazgo y casi nunca cumplido en las últimas décadas, no deja de tener vigencia el hecho de que debe garantizarse la protección a los sectores más vulnerables. Incluso admitiendo que en el pasado reciente hubo excesos en el otorgamiento de certificados de discapacidad o situaciones vinculadas con prácticas corruptas, es preciso sostener que la accesibilidad, la inclusión educativa y laboral, y el acompañamiento terapéutico son derechos consagrados, no beneficios de otorgamiento discrecional.

Más allá de cualquier interpretación sobre situaciones políticas, cumplir la ley es la obligación de cualquier ciudadano. Si es gobernante, más aún. Porque no puede ser que ignore las normas quien tiene la misión de hacerla cumplir. Así le ha ido al país por no hacerlo. Por la anomia histórica que nos ha traído hasta esta realidad. Sostener el valor de la ley importa y mucho, para devolver racionalidad al presente.

En las esferas gubernamentales debe comprenderse de modo urgente que el compromiso con la discapacidad es el termómetro de la catadura moral de una sociedad. Cualquier comunidad que desatienda a quienes más necesitan apoyo debilita las bases de la convivencia y termina afectando valores centrales como la justicia, la solidaridad y la empatía.

En este sentido, en mayo pasado, cuando se abordó la problemática puntual del Centro de Día de Apadim en nuestra ciudad, se expresaron similares conceptos en esta columna. Repetirlos resulta pertinente frente a la postura cerrada de quien solo ve números y no personas: “Ningún argumento político o económico puede justificar la omisión de medidas que tiendan a la protección de este colectivo social.  El compromiso con la discapacidad debe ser constante y transversal. Porque es la verdadera prueba de humanidad para cualquier sociedad”.

Bajo la metáfora de la “motosierra”, el gobierno nacional impulsa la racionalización y, en otros casos, directamente la eliminación de varios organismos estatales. En este marco, se aguardan definiciones, en el centro de uno de los debates se halla el futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

La intención de ajustar la estructura del Inta responde, según se ha afirmado, a la premisa de mantener y profundizar la eficiencia y reducción del gasto público, pero la preocupación expresada por el gobernador de nuestra provincia, Martín Llaryora, y por las entidades agropecuarias de la región abre la puerta a la necesidad de una discusión sobre la necesidad de mantener las reformas pero sin desmantelar a un organismo que ha tenido un papel preponderante en el desarrollo de la producción agropecuaria nacional.

El Inta ha sido, desde su creación en 1956, un pilar fundamental para el campo. Su labor en investigación, extensión y transferencia de tecnología ha permitido avances significativos en productividad, sustentabilidad y competitividad. Esta característica es reconocida más allá de las fronteras agrarias. Aunque, por cierto, son las entidades y los productores quienes conocen sobradamente los beneficios de su actividad. Por ello, no sorprende que las voces representativas del ámbito rural adviertan sobre los perjuicios que podría acarrear una reforma que afecte su autonomía y estructura territorial.

El gobernador Llaryora fue enfático en su defensa del Inta, señalando que su cierre o debilitamiento representaría un golpe al desarrollo productivo del campo. En un mensaje reciente, destacó que el instituto no solo es clave para la innovación agropecuaria, sino que su impacto se extiende a la vida cotidiana de los argentinos, desde la producción de alimentos hasta la generación de conocimiento aplicado. Al mismo tiempo, la Mesa de Enlace ha expresado su preocupación por la posible eliminación de áreas clave, como la extensión rural, que permite el vínculo directo con los productores y las comunidades.

En este contexto, si bien es legítimo que la Nación disponga medidas para revisar y corregir posibles desajustes administrativos en el Inta, no puede suceder que la racionalización anunciada determine la pérdida de una referencia científica y técnica que ha sido fundamental para el crecimiento del agro argentino. La modernización del organismo puede lograrse mediante alianzas estratégicas con el sector privado, optimización de recursos y fortalecimiento de su vínculo con el entramado productivo y académico, sin necesidad de desarticular su estructura operativa.

El verdadero desafío pasa, entonces, por encontrar equilibrio entre la administración adecuada de los recursos y la preservación de las actividades que han otorgado prestigio al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es necesario entender que su reforma debe servir para potenciar su rol clave en el desarrollo agropecuario, no para debilitarlo. En ese contexto, el llamado de las entidades agropecuarias y del gobernador de Córdoba deberían ser el puntapié inicial de un diálogo serio entre la Nación, las provincias y el sector agropecuario sobre el futuro de un organismo cuyo aporte supera con creces las urgencias de cualquier coyuntura económica o financiera.

En el mundo, cada año, con la vacuna se previenen millones de muertes. Por eso, estamos frente a uno de los logros más significativos en salud pública. Se afirma que con excepción de la potabilización del agua, las vacunas son la intervención más efectiva para reducir y prevenir el retorno de los padecimientos infecciosos. 

En la Argentina, las infecciones respiratorias agudas son uno de los motivos más frecuente de consulta e internación, y se encuentran entre las cinco primeras causas de muerte Durante el invierno pasado, la gripe y otras patologías similares provocaron un crecimiento importante de fallecidos en el país, aun cuando las tasas de vacunación estuvieron en los índices esperados. 

Por eso, es para destacar el suceso de la reciente “noche de las vacunas” en nuestra ciudad. Una buena cantidad de vecinos se acercó a los centros asistenciales donde se aplicaban las dosis para recibir la antigripal. Se informó que se vacunó a personas de entre 3 y 64 años con factores de riesgo como enfermedades respiratorias y cardíacas, diabéticos, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos y trasplantados, entre otros.

Plausible resulta esta iniciativa oficial ante la llegada de la temporada fría en la que las infecciones respiratorias agudas graves se multiplican. Y saludable ha sido la primera respuesta de la población puesto que demuestra la toma de conciencia respecto de los beneficios de vacunarse contra la gripe. 

Mucho más en un tiempo en el que los discursos antivacunas han ganado demasiado terreno debido, generalmente, a un creciente escepticismo en torno a la inmunización generado por teorías conspirativas sin ninguna base científica. Sería inadmisible que esta tendencia negativa convierta a las vacunas en víctimas de su propio éxito y que cunda el desinterés en la población, en virtud de que no se perciba como un riesgo la posible aparición de patologías graves que habían sido controladas con la vacunación. 

Quizás ello se deba a que las distintas cepas del virus de la influenza han ganado en virulencia, por lo que la necesidad de vacunarse es aún más perentoria. Los números que se difunden en trabajos científicos son elocuentes para demostrar la efectividad de los operativos de inmunización contra esta enfermedad. Un trabajo epidemiológico realizado por especialistas de nuestro país y de Brasil señala que las tasas de mortalidad por infecciones respiratorias agudas graves disminuyeron en un sensible porcentaje en los adultos mayores de 64 años. En cambio, en los niños, se observó un claro descenso. El trabajo estableció que los niños entre 6 a 23 meses tenían mucho menor riesgo de morir si habían sido vacunados. 

Más allá de los indicadores sanitarios, la “noche de las vacunas” es una estrategia que bien podría implementarse para inmunizar contra otras enfermedades potencialmente fatales. Y también para desterrar el discurso antivacunas, un fenómeno creciente en el mundo que elude cualquier consideración médica y no tiene en cuenta los enormes progresos que la humanidad ha logrado luego de aplicar este método de prevención. 

En un fenómeno alarmante para la libertad de expresión, Estados Unidos ha visto un aumento significativo en los intentos de censura de libros, lo que refleja un retroceso inconcebible en un país que históricamente ha defendido la libertad de pensamiento. Según la American Library Association, en 2022, los intentos de prohibición de libros casi se duplicaron en comparación con el año anterior, alcanzando un récord de 2,571 títulos únicos censurados, lo que representa un aumento del 38% respecto a 2021. Esta cifra es la más alta en dos décadas.

El 58% de estos intentos de censura se centró en materiales de bibliotecas escolares y planes de estudio, mientras que el 41% se dirigió a bibliotecas públicas. Este alarmante crecimiento en la censura revela una tendencia preocupante: grupos que, motivados por intereses ideológicos, buscan controlar la narrativa sobre temas controversiales, impidiendo la diversidad de pensamientos y la difusión de ideas.

La censura no se limita a textos contemporáneos; clásicos de la literatura como las obras de Mark Twain y William Shakespeare también están bajo ataque. En un caso particularmente absurdo, se prohibió el Diario de Ana Frank en un estado estadounidense, no por su contexto histórico, sino por las menciones sobre la adolescencia de la autora. Este tipo de acciones subraya la falta de tolerancia hacia las diferentes visiones del mundo y el deseo de imponer una única perspectiva.

Este resurgimiento de la censura pone de manifiesto una lucha entre quienes desean preservar la libertad de expresión y aquellos que, impulsados por un egoísmo agudo, intentan silenciar voces disidentes. Los censores no solo cuestionan la legitimidad de ciertos contenidos, sino que también atacan la belleza y el poder del lenguaje, un aspecto que George Orwell consideraba fundamental en la literatura.

Orwell, en sus reflexiones sobre la escritura, abogaba por un "propósito político" que buscaba empujar al mundo hacia una mayor comprensión y conciencia. Sin embargo, la actual ola de censura contraviene este principio, ya que busca restringir el acceso a la información y limitar el entendimiento de la realidad. En este sentido, la actitud de censura se convierte en una forma de control social que refleja la incapacidad de los censores para argumentar y debatir.

A medida que se intensifica esta lucha por el control de la narrativa, es fundamental recordar que la censura es un recurso que ha sido utilizado a lo largo de la historia para limitar el debate y la diversidad de ideas. En un momento en que la libertad de expresión enfrenta desafíos tanto en regímenes autoritarios como en sociedades que se autodenominan democráticas, el avance de la censura en Estados Unidos representa un retroceso alarmante.

En conclusión, lo que se observa en el país de la libertad no es solo un ataque a libros y autores, sino un asalto a los principios que sustentan una sociedad plural y abierta al debate. La defensa de la libertad de expresión es más necesaria que nunca, y la historia nos enseña que la censura nunca es la respuesta a la diversidad de pensamiento.