Han sido similares las decisiones adoptadas en las provincias de Córdoba y Santa Fe frente a las amenazas de tiroteos que se produjeron en masa semanas atrás en los establecimientos educativos. En ambos casos, los gobiernos han resuelto avanzar en mecanismos administrativos y legales destinados a recuperar los costos que generan los operativos de seguridad activados por este tipo de hechos, trasladando la responsabilidad patrimonial a los adultos a cargo de los menores involucrados.

La simultaneidad de estas medidas revela un diagnóstico compartido sobre la gravedad del problema, más allá de la intención de preservar los recursos públicos y desalentar conductas que alteran el funcionamiento del sistema educativo. Tanto en Córdoba como en Santa Fe, los procedimientos contemplan la identificación de los responsables, la cuantificación de los gastos y la posterior intimación de pago, en plazos breves y con posibilidad de ejecución judicial ante incumplimientos.

¿Es correcto que así se proceda? Varios argumentos permiten sostener una respuesta positiva. La amenaza falsa, cada inscripción intimidatoria o cada episodio que obliga a desplegar brigadas especializadas implica la movilización de recursos humanos y materiales que el Estado dispone para atender situaciones de riesgo real. La reiteración de estos hechos debilita la capacidad de respuesta ante emergencias genuinas, generando un efecto social que va mucho más allá del ámbito escolar.

En ese contexto, la determinación de exigir el resarcimiento a los adultos responsables introduce un elemento de reflexión que debe darse en el seno del ámbito familiar en el que se convive con niños y jóvenes. La adolescencia, en especial, constituye una etapa atravesada por búsquedas y desafíos, en la que la presencia orientadora de los adultos resulta decisiva. La intervención estatal, en este caso, pretendería orientarse a reforzar esa responsabilidad primaria, recordando que las conductas de los menores se desarrollan en un entramado de vínculos donde el diálogo y los límites ocupan un lugar preponderante.

De acuerdo con lo que se ha publicado en la prensa, en especial la de Santa Fe, la reacción de algunos progenitores ante las intimaciones -expresada en términos de sorpresa frente a los montos reclamados- exhibe una distancia entre la percepción del acto y sus consecuencias reales. Muchos adultos parecen no comprender la gravedad de la situación y tampoco sus posibles derivaciones. Se trata de no naturalizar los hechos. El miedo y la tensión fueron protagonistas de estos sucesos. Considerarlos como meras travesuras es un error grave.

Más allá de la sanción económica, lo que debe quedar claro es la necesidad de recuperar el sentido de la responsabilidad en la formación de las personas. La escuela cumple un rol también central, pero no puede asumir en soledad la tarea de encauzar conductas que se originan fuera de las aulas. La familia, el primer núcleo de formación y socialización, conserva una función indelegable en la transmisión de normas, la adquisición de sanos hábitos y en la construcción de criterios.

Luego de los agitados días en los que las amenazas se esparcieron por cientos de establecimientos educativos, la polémica sobre el traslado de los costos de los operativos a los padres de los adolescentes que protagonizaron los hechos no tendría mayor sustento. ES que  no  se trata únicamente de resarcir un gasto, sino de reponer principios básicos de convivencia. Y entender que las acciones tienen consecuencias y que deben ser asumidas. Banalizar ciertos comportamientos y diluir los límites no es una opción.

Un reciente informe elaborado por Argentinos por la Educación, titulado “Institutos de formación docente” (julio de 2025), vuelve a evidenciar un problema estructural que padece el sistema educativo argentino y que debería ser motivo de preocupación: la falta de datos confiables, sistematizados y desagregados sobre los procesos de formación de los futuros maestros y profesores.

En un país donde más de mil institutos -de gestión estatal y privada- asumen la misión de formar a los futuros docentes, no existen estadísticas actualizadas ni instrumentos de evaluación rigurosos que permitan conocer con exactitud cuántos estudiantes ingresan, cuántos egresan, cuánto tiempo demoran en hacerlo o en qué condiciones cursan sus trayectos formativos.

En este punto, asoma una obviedad. Se habla permanentemente de mejorar la formación de los maestros y profesores, pero no hay información precisa respecto del panorama global del asunto. Debería comprenderse que lo que no se conoce no puede mejorarse, y lo que no se mide, difícilmente puede ser objeto de una política efectiva.

El sistema de formación docente argentino funciona con una lógica fragmentada. El informe citado ofrece un ejemplo elocuente al comparar las situaciones de Córdoba y Santa Fe. El texto señala que la primera cuenta con 140 institutos y alcanza un 20% de egresos sobre el total de su matrícula, la segunda -con 118 institutos- apenas supera el 7% de egreso efectivo. En general, el problema se agudiza en los profesorados de secundaria, carreras que no tienen matrícula elevada y no son elegidas por quienes salen del secundario. Este fenómeno es, desde hace años, una realidad que no parece factible de ser revertida.

Los problemas de la formación docente en el país evidencian también una falta de planificación estratégica en la asignación de recursos, en la evaluación de resultados y en la articulación entre niveles del Estado. No parece existir, en términos generales, una política nacional capaz de establecer criterios comunes, estándares de calidad, mecanismos de monitoreo y metas verificables. La consecuencia es un sistema que funciona casi sin control, opera por inercia y reproduce desigualdades estructurales.

Por ello, se hace necesaria la organización de un marco común de referencia, con metas compartidas y del que emane información suficiente para tomar decisiones. La inversión pública que implica el sostenimiento de centenares de institutos debería estar acompañada de un análisis riguroso de su impacto y pertinencia. Porque no se trata solo de una cuestión de asignación o quita de recursos económicos del Estado respecto de la matrícula que tenga una carrera determinada en un instituto superior.

En tiempos donde la calidad educativa en el país es fuertemente cuestionada, no puede ignorarse que la mejora de los aprendizajes está directamente vinculada con la calidad de la formación de los docentes. Y el primer paso para consolidar un sistema de formación docente eficiente es construir una base de información que permita repensar, desde la base, el sistema.

A partir de allí, comienza otro enorme desafío: encontrar los parámetros adecuados para decidir cómo formar a quienes deben formar en un tiempo vertiginoso e incierto.

En “Voces de Chernobyl”, la premio Nobel de Literatura 2015, Svetlana Alexievich, le puso rostros al desastre. Escribió que en el lugar de la tragedia “se recuerda ante todo la vida después de todo: los objetos sin el hombre, los paisajes sin el hombre. Un camino hacia la nada, unos cables hacia ninguna parte. Hasta te asalta la duda de si se trata del pasado o del futuro. En más de una ocasión me ha parecido estar anotando el futuro”.

La mirada de la escritora ucraniana se convierte en un alerta oportuno en el momento en el que se cumplen 40 años de la explosión de la central nuclear cuyo nombre quedó impreso en la memoria de la humanidad como sinónimo de catástrofe. Y obliga, aún hoy, a analizar con detenimiento las posibilidades energéticas en un mundo cambiante y caótico.

Los recordatorios dirán que el accidente del 26 de abril de 1986 en la central nuclear ubicada en territorio de la entonces Unión Soviética -hoy la castigada Ucrania-, fue el resultado de un diseño defectuoso de maquinarias de la central. Que se unió a la presencia de personal con formación insuficiente y a la irresponsabilidad de jerarcas de un régimen oprobioso como el que se instauró desde Moscú durante largas décadas del siglo pasado.

Fue enorme el impacto de un simple ensayo técnico que desestabilizó al reactor nuclear por haberse ignorado las advertencias de seguridad. El mayor desastre de este tipo en la historia es un punto de inflexión que marcó la discusión sobre el uso de la energía nuclear, en especial en Europa. También ha incidido en la percepción que las sociedades tienen sobre las políticas energéticas.

Más de treinta vidas se perdieron durante la primera noche. Sin embargo, más de ocho millones de seres humanos  estuvieron expuestos a la radiación en una amplia geografía del viejo continente. Se afirma hoy que los muertos pueden haber sido más de 100 mil y que decenas de miles padecieron cáncer y anomalías congénitas.

Estas graves consecuencias podrían haber sido menores si la cerrazón ideológica de líderes que solo pensaban en cómo sojuzgar a su pueblo y dominar a otros no hubiese prevalecido por sobre la racionalidad. Una semana tardó Moscú en admitir el accidente. Lo tuvo que hacer ante las evidentes constataciones de que el hecho se había producido en su territorio y luego de haberlo negado públicamente en reiteradas ocasiones. Incluso se ocultó a su propio pueblo la magnitud del hecho.

Transcurrieron cuatro décadas. La revolución de la tecnología ha modificado parámetros y percepciones. Se supone que, luego de haber sido cuestionadas durante largo tiempo, las centrales nucleares hoy son mucho más seguras. Hoy se las vuelve a valorar. Pero están expuestas a los vaivenes del poder. La invasión rusa a Ucrania así lo ha certificado y obliga a redoblar la acción preventiva de los organismos internacionales con competencia en la cuestión.

Chernobyl fue una tragedia que marcó a un tiempo controvertido. Fue el comienzo del fin para el régimen soviético y también para la Guerra Fría. Se transformó en un símbolo de las consecuencias que puede generar el uso no ético de la tecnología. Por esto mismo, no puede olvidarse. Ni repetirse.

El Concejo Deliberante de nuestra ciudad fue el marco en el que se desarrolló un interesante cruce de opiniones respecto de una iniciativa presentada por una edil opositora que propiciaba el registro y la transmisión en vivo de las sesiones ordinarias del cuerpo, a través de canales digitales y redes sociales oficiales.

La propuesta se fundamentó en el artículo 28 del reglamento interno del Concejo que establece el carácter público de los debates legislativos. Según el texto del proyecto, el objetivo sería fortalecer los mecanismos de transparencia institucional y el principio de publicidad de los actos de gobierno, aprovechando que la utilización de herramientas tecnológicas permite ampliar significativamente el alcance de las discusiones para aquellos vecinos que no pueden concurrir de manera presencial al recinto.

En este punto, debe admitirse que las causas de la escasa cantidad de vecinos que asisten a las sesiones del cuerpo legislativo municipal pueden atribuirse a cuestiones laborales y, también, a cierta indiferencia ciudadana respecto de la importancia de la discusión de los temas de la ciudad en ese ámbito. No obstante, la discusión no puede centrarse en este aspecto solamente. Porque la formación en el ejercicio de la ciudadanía es responsabilidad también de los distintos estamentos del Estado ,que siempre deben propender a ampliar el acceso ciudadano a la información de interés público. En este punto, la cuestión se convierte en institucional.

El acceso del ciudadano a la información es un principio básico del sistema republicano. La publicidad de los actos de gobierno es requisito indispensable para el buen funcionamiento de las instituciones. Asimismo, la ley de acceso a la información pública establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información del Estado, sin necesidad de justificar su interés. A esta altura no puede ponerse en duda de que el ejercicio pleno de la ciudadanía requiere del acceso a la información.  

Que los sanfrancisqueños puedan ver a sus concejales sesionando en vivo hace efectivo ese derecho. Además, hay probados antecedentes de numerosas ciudades del país que lo hacen. Basta ingresar a la plataforma You Tube para encontrar numerosos ejemplos de cuerpos legislativos que adoptaron esta modalidad como una práctica habitual.

Es cierto que las decisiones legislativas forman parte del juego democrático. Sin embargo, hay temáticas que deberían trascender las mayorías circunstanciales. El recientemente fallecido filósofo Jurgën Habermas advertía sobre el riesgo de renunciar al esfuerzo de formarse una opinión propia mediante la deliberación pública. Sostenía que la legitimidad democrática se construye a través de la deliberación.

Deliberante es parte del nombre del Concejo. En tiempos donde la tecnología facilita las cosas, hacer más visibles sus debates no tendría que ser motivo de ninguna discusión o controversia. 

Son tiempos en los que vivimos atravesados por la hiperconectividad, las redes sociales y la circulación incesante de mensajes digitales. Al menos una vez en el año, una celebración modifica parcialmente el contenido de la información que fluye a través de estas tecnologías. Se acerca la Navidad y con ella se multiplican los saludos, los buenos deseos y las consignas o reflexiones que invitan a recuperar valores que transitan erosionados por la velocidad del presente. Entre ellos, la fraternidad, la empatía, la solidaridad, la caridad y el cuidado del otro.

En momentos en lo que lo secular parece predominar sobre lo estrictamente religioso, la Navidad permite “religar” al hombre con lo trascendente. Y, al mismo tiempo, la celebración del nacimiento de Jesús revitaliza aspectos constitutivos de nuestra cultura. No se trata de una tradición folklórica. Es una forma de reanudar la construcción de vínculos y significados compartidos que nos permiten reconocernos mutuamente como miembros de una comunidad.

Al respecto, por estos días se ha viralizado un video de hace algunos años en el que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, aparece armando el pesebre y explicando la razón por la cual no debe olvidarse este símbolo. Porque, afirma, “se crea en Dios o no, encarna los valores que fundaron mi civilización. Creo en el respeto porque este símbolo me lo enseñó. Creo en el carácter laico del Estado porque me lo ha enseñado este símbolo. Creo en la sacralidad de la vida porque me lo ha enseñado este niño que nace. Creo en la solidaridad porque este símbolo me lo enseñó”. Independientemente de las categorías ideológicas o políticas que puedan adjudicarse a la gobernante italiana, su mensaje abreva en una raíz cultural común que otorga identidad a la vida de una sociedad, manifestada en el mensaje que emite la humildad del pesebre.

Así también, mientras la realidad discurre por caminos que se alejan de los valores centrales, hasta los pensadores no cristianos advierten que las sociedades actuales corren el riesgo de vaciar la experiencia emocional y espiritual y debilitar la capacidad de comprensión, de compasión o de vinculación con el semejante. Por caso, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han insta, en uno de sus escritos, a recuperar el valor del “corazón” como espacio para la escucha, la empatía y la edificación de vínculos reales más allá de la comunicación digital, para reconectar con el otro, con su dolor, con su felicidad.

En el mismo sentido converge el papa Francisco, quien insistió en que “la verdadera grandeza del ser humano se manifiesta en la capacidad de salir de sí mismo para cuidar a los demás”, especialmente a los más débiles, subrayando que sin una cultura del encuentro no hay justicia social posible.

Por ello, bienvenida la Navidad. Porque, al menos por unas semanas, late una dimensión que no merece ser mercantilizada ni reducida a consignas: la del corazón humano, capaz de atravesar diferencias, reparar heridas y renovar compromisos. Resulta saludable que una celebración como la Navidad nos conmueva. No como una evasión momentánea, sino como una invitación al encuentro. Al reencuentro.

El gobierno de Córdoba presentó el presupuesto provincial para el año próximo que, según ha afirmado, contempla una importante reducción de la carga tributaria, modificando las históricas estrategias fiscales para el financiamiento del Estado.

El ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, destacó que la norma apunta a fortalecer la inversión social, dinamizar la actividad productiva y simplificar el sistema tributario, con especial atención a sectores estratégicos como educación, salud, industria y agricultura. Se señala que el proyecto contempla una reducción impositiva, cercana a los 900 mil millones de pesos, que –según la definición oficial– busca aliviar la carga sobre familias y pequeños contribuyentes, al tiempo que incentivaría nuevas inversiones.

Aun contemplando los reparos que sectores de la oposición han presentado luego de los anuncios provenientes del Panal, merece considerarse una circunstancia especial: es toda una novedad que un proyecto de presupuesto prometa y proponga una disminución de la carga tributaria, largamente reclamada por ciudadanos, comerciantes, pymes y productores. La simplificación y el aligeramiento de las cargas fiscales es una demanda histórica, puesto que la presión de las últimas décadas, en cualquiera de los niveles del Estado y consecuencia del desmesurado gasto público que durante mucho tiempo marcó la realidad del país, agravó los escenarios, de por sí adversos por la alta inflación y la imprevisibilidad económica, para la competitividad y la generación de empleo y afectó seriamente a los bolsillos de las familias.

También es una realidad que esta decisión está estrechamente vinculada con el contexto político surgido luego de las elecciones de octubre. El abandono de la confrontación fue otra de sus derivaciones. En efecto, la “moderación” del discurso y los gestos presidenciales y las convocatorias a los gobernadores permitieron la recomposición del diálogo. Por ello, el surgimiento de esta nueva etapa aparece como un factor importante en la definición del paquete fiscal presentado a la Legislatura.

Por cierto, es preciso que todos los estamentos del Estado confluyan en la dirección que parece marcar el proyecto de presupuesto provincial. La Nación, las demás provincias y también los municipios deben ingresar en la misma sintonía. Concretamente, estamos a días de que se presenten los lineamientos del presupuesto municipal.

Sería lógico que impere la misma tendencia. Es decir, se espera que el Ejecutivo local establezca una congruencia fiscal que se traduzca en una reducción de las tasas municipales que recaen sobre los sanfrancisqueños. El mismo criterio de alivio de las cargas tributarias tendría que verse replicado a nivel local.

La 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima se celebrará del 6 al 21 de noviembre de 2025 en Belén, capital del Estado brasileño de Pará, en la región de la Amazonia. Se trata de una nueva cumbre de líderes mundiales, científicos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para debatir las medidas que deben adoptarse para combatir el cambio climático. 

Ante la inminencia de esta reunión, el secretario general de las Naciones Unides, Antonio Guterres reconoció que ahora es “inevitable” que la humanidad supere el objetivo del acuerdo climático de París, con “consecuencias devastadoras” para el mundo. Pidió a los líderes políticos que se sumen al reconocimiento del fracaso de los intentos por frenar el calentamiento global: “Lo cierto es que no hemos logrado evitar un sobrecalentamiento por encima de 1,5 °C en los próximos años. Y superarlo tiene consecuencias devastadoras. Algunas de estas consecuencias devastadoras son puntos de inflexión, ya sea en la Amazonia, en Groenlandia, en la Antártida occidental o en los arrecifes de coral”, sentenció.

Por ello, instó a cambiar el rumbo “para asegurar que el sobrepaso sea lo más breve y de menor intensidad posible para evitar puntos de inflexión como el de la Amazonia. No queremos que la Amazonia se convierta en una sabana. Pero ese es un riesgo real si no cambiamos y si no logramos una reducción drástica de las emisiones lo antes posible”.

En verdad, la última década no ha mostrado avances significativos en la lucha contra el cambio climático, pese a que se ha tornado evidente que estamos viviendo los años más calurosos de la historia del planeta. Las alarmas científicas que se emiten por el aumento de la temperatura global provocada por la quema de combustibles fósiles no parecen haber sido atendidas por muchos gobernantes. Algunos de ellos, incluso, niegan el fenómeno y descreen de sus consecuencias. 

Los datos son concluyentes al respecto: Menos de un tercio de las naciones del mundo (62 de 197) presentaron sus planes de acción establecidos por el Acuerdo de París. Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, abandonó el proceso. Europa ha prometido, pero hasta ahora no ha cumplido. China, el mayor emisor del mundo, tampoco hizo lo suyo.

En este contexto, la cumbre sobre el tema que se desarrollará en breve en la Amazonia no alberga demasiadas expectativas de éxito. Porque la conciencia sobre el problema parece irse desvaneciendo. No obstante, sigue siendo imperioso insistir en que de las medidas que se adopten en este tiempo dependerá la situación climática de la segunda mitad del siglo XXI. 

Por ello, el efectivo cuidado del medio ambiente y la reducción drástica de las emisiones son condiciones necesarias para alcanzar un futuro sustentable. Es un compromiso que debe asumirse sin medias tintas más allá de los exacerbados líderes mundiales que no visualizan la dimensión del problema.

Se publicó recientemente en este diario que la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Córdoba homologó los tres primeros acuerdos entre empresas constructoras y el sindicato Uocra, seccional Córdoba, destinados a promover la incorporación de mujeres en el sector de la construcción y actividades conexas.

En los convenios que se firmaron, varias empresas se comprometieron a contratar un mínimo del 5% de personal femenino sobre el total de la nómina, conforme a los perfiles técnicos que demandan las tareas del sector. Además, los acuerdos incluyen la confección y cumplimiento de protocolos contra la violencia y el acoso laboral, alineados con la legislación vigente y las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo.

Esta decisión fue celebrada por la organización Mujeres con Oficios, una entidad que viene desde hace años trabajando para capacitar a las mujeres en oficios que, históricamente, estaban reservados para los varones.  Su titular, Sandra Bulacio, sostuvo que se trata de un avance significativo en la lucha por la equidad laboral de género.

Al respecto, comentando la decisión de abrir cupo femenino en los trabajos de la construcción, la titular de Mujeres con Oficios expresó que estos mecanismos pueden abrir oportunidades. Así también, subrayó la importancia de la formación y la sensibilización tanto de empresas como de las trabajadoras. “La formación, la sensibilización y la visibilización de las realidades de cada sector ayudan a que las empresas y los equipos de recursos humanos puedan contar con las mujeres y, sobre todo, que las mismas mujeres puedan derribar las autolimitaciones propias y las sociales y culturales que todavía existen al elegir los trabajos”, indicó.

Por ello, se impone valorar el trabajo que realiza Mujeres con Oficios en San Francisco para modificar estereotipos sociales en el mundo del trabajo y, con ello, promover la inserción laboral de las mujeres en actividades que estaban vedadas para ellas. Empoderarlas y brindarles herramientas de capacitación para que puedan alcanzar su autonomía económica y su desarrollo personal son acciones que merecen ser resaltadas.

Es que la importancia de aprender un oficio no debe partir de la diferenciación de sexos, sino de la igualdad de oportunidades. Tampoco es solo una cuestión de justicia. Implica la existencia de condiciones para que se alcance el desarrollo personal, social y económico. La incorporación de más mujeres en sectores del ámbito del trabajo históricamente masculinizados significa ampliar miradas, enriquecer los equipos y construir una sociedad más inclusiva. 

En ese camino, el aporte de organizaciones como Mujeres con Oficios es significativo: su tarea constante de formación, acompañamiento y visibilización abre puertas reales a decenas de mujeres de nuestra ciudad, contribuyendo no solo a mejorar sus oportunidades laborales, sino también a elevar su calidad de vida. El desafío sigue siendo muy grande, pero pasos como el que se ha dado en el ámbito de la construcción confirman que la transformación es posible.

En un reciente artículo publicado en el diario La Nación, el doctor en Derecho Christian Cao opinó que el régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en la Argentina contiene falencias graves que debilitan el principio republicano de la división de poderes.

Aunque la Constitución solo autoriza al Ejecutivo a dictar decretos en situaciones excepcionales, la Ley 26.122 (sancionada en 2006) terminó creando un sistema que facilita abusos: los decretos continúan vigentes si no son tratados por ambas cámaras del Congreso, y no existen plazos perentorios que obliguen al debate. Como señala Cao, esto transforma lo que debía ser una herramienta de emergencia en un atajo para legislar sin control parlamentario.

La discusión abierta en el Parlamento sobre una reforma de la norma es, por ello, saludable y necesaria. No se trata de anular los DNU, que la Constitución prevé, sino de garantizar que funcionen como excepción y no como regla. Establecer que los decretos pierdan vigencia si no son tratados en un tiempo prudencial, eliminar la aprobación tácita por inacción parlamentaria y permitir rechazos parciales son medidas que fortalecen la transparencia y buscan restablecer un equilibrio roto entre los poderes.

Lo curioso -y preocupante- es la súbita conversión republicana del kirchnerismo. Conviene recordar que durante sus gobiernos se sancionó la Ley 26.122, que consagró un mecanismo laxo y funcional a los intereses de su gobierno. Es así como, para que los DNU tengan vigencia, hoy se necesita que una sola cámara legislativa los convalide. Esto significa que es más fácil aprobar este instrumento que sancionar una ley, puesto que esta última exige que las dos cámaras expresen el voto positivo de la mayoría.

 Durante años, el kirchnerismo no dudó en ampararse en los DNU para evitar debates o imponer políticas, aun cuando el espíritu constitucional exigía lo contrario. Hoy, actuando en la oposición, los mismos actores que defendieron aquella ley se presentan como custodios del republicanismo. Es decir, defender la República es solo una bandera para actuar en determinadas coyunturas.

No obstante, existe la oportunidad de corregir este desvío institucional. Limitar los DNU es una condición necesaria para robustecer las instituciones de la República. Como advierte Cao, la práctica actual erosiona la división de poderes; por eso la reforma es legítima.

Y todo parece indicar que se aprobará. El riesgo es que esta oportunidad para que el republicanismo cobre altura en el país, vuelva a modificarse cuando las circunstancias políticas sean distintas.

La excepcionalidad en la vida política argentina es una cuestión habitual. Pero no por ello, deben despedazarse los preceptos constitucionales. Por eso, aunque hoy suene impostada y tenga defensores con antecedentes alejados de los principios que ahora dicen defender, la reforma a la ley de DNU es una ocasión de maduración democrática. 

Autoridades y convencionales de Santa Fe juraron recientemente la nueva Constitución provincial, en un acto de profundo contenido simbólico realizado en la explanada de la Legislatura. Así el texto quedó formalmente promulgado y entró en vigencia. Se consolidan de este modo cambios importantes relacionados con la estructura del Estado, el régimen y la autonomía de los municipios, así como se amplían derechos y se apuesta a la modernización de las instituciones.

Se afirma que Santa Fe puso en marcha un nuevo marco normativo que orientará el funcionamiento de sus poderes públicos y la vida democrática de la provincia, posicionándola, de acuerdo con sus impulsores, entre las constituciones más modernas del país.

No obstante, el proceso reformador no está terminado. Como se publicó en la prensa de la vecina provincia, la entrada en vigor de la nueva Constitución obligará al dictado de al menos veinte leyes que reglamentarán varios nuevos artículos o cumplirán con disposiciones transitorias, incluidas en la parte final del nuevo texto. Una de las primeras normas a debate será la Ley electoral y régimen de partidos políticos.

También deberá trabajarse en el dictado de una nueva ley de coparticipación, lapso que no podrá pasar de septiembre del 2027, así como otra ley orgánica de municipios. Todo ello no debe prolongarse porque las disposiciones establecen que su aprobación tendrá que hacerse en el próximo año calendario.  Ambas temáticas forman parte de las cláusulas transitorias en el debate sobre nuevo régimen municipal.

Si bien en principio se escucharon críticas porque se asumía que la reforma solo tenía como objetivo propiciar la reelección del gobernador, y algunas voces opositoras han señalado que el Poder Judicial podría verse afectado por el nuevo marco jurídico, lo cierto es que el nuevo texto ha sido el fruto de acuerdos que se trabajaron en la convención y que mostraron al país una cara distinta de la acción política. Esto es, pese a las diferencias se dialogó, se trabajó para buscar consensos.

En este contexto, el rector de la UNL, Franco Bartolacci, valoró el mensaje acuerdista y la vocación democrática de la Convención: "En un momento de la historia de la humanidad donde todo parece resolverse a los gritos, esta Convención es un claro mensaje de lo que debemos priorizar: el reconocimiento del otro en la diferencia para construir un futuro mejor", sostuvo. Es que, como afirmó uno de los constituyentes, se puso de manifiesto “la virtud de la templanza que se impuso sobre la ira, el grito y la agresión".

En un panorama dominado por la violencia verbal y la intolerancia, merece rescatarse el mensaje de convivencia emitido por los convencionales que redactaron la nueva Constitución santafesina. Esto último se transforma en un reto para los santafesinos. Para la ciudadanía y, especialmente, para la dirigencia en todos los órdenes. Porque, como lo manifestó el actual gobernador, “la Constitución del 25 “le marca el camino también a una Argentina necesitada de diálogo y acuerdos de largo plazo".

Tras veinticinco años de negociaciones, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur ha sido finalmente presentado ante la Comisión Europea, y se encamina hacia su tratamiento en el Parlamento Europeo. 

Desde Europa, las reacciones han sido disímiles. Le Monde advierte que “el contexto ha cambiado radicalmente”, y que el acuerdo debe ser reformateado para responder a nuevas tensiones geopolíticas, el declive del libre comercio y la presión climática. La cautela francesa, especialmente en sectores agrícolas, ha obligado a Bruselas a reforzar salvaguardas para productos sensibles. En contraste, El País celebra el avance como “una óptima noticia” que permitirá dinamizar exportaciones industriales europeas y abrir oportunidades para el agro sudamericano, aunque reconoce los riesgos políticos que aún persisten.

En verdad, se trata de un pacto de dimensiones históricas, que abarca un mercado conjunto de 780 millones de personas y promete una expansión del comercio bilateral del 40%, según cifras citadas por El País de Madrid. Sin embargo, además de las consecuencias económicas que tendrá, el acuerdo repercutirá en la geopolítica mundial. Frente a una realidad dominada por el proteccionismo estadounidense con su política agresiva de aranceles y la presión de China y sus aliados por expandir su influencia, la UE y el Mercosur deberían observar a esta integración comercial como una herramienta de supervivencia geopolítica que hace frente a un mundo fragmentado e incierto. 

Así lo ha señalado de modo taxativo el aludido editorial de Le Monde: “Los países del Mercosur, al igual que los 27, ahora son vulnerables a los caprichos de un presidente estadounidense capaz de imponer aranceles a quienes se niegan a jurar lealtad. Ante esta nueva situación, ambos bloques se ven obligados a cooperar. Ya no se trata simplemente de expandir el comercio para estimular el crecimiento, sino de seguir existiendo en un entorno cada vez más hostil”.  Aquí, la mirada de El País es coincidente: “La sintonía con el Mercosur supone un alivio en lo geoeconómico, pero desborda ese ámbito hacia la geopolítica, aherrojada por la presión de EEUU, Rusia y China”.

En este marco, la implementación de los acuerdos plantea desafíos estructurales profundos para la Argentina. En efecto, se renueva la expectativa ya planteada en esta columna en 2019, cuando se anunció el primer acuerdo entre los dos bloques. Se advirtió que el país deberá "mejorar su calidad institucional, potenciar actividades económicas, promover modificaciones en materia productiva" y "terminar con la intolerancia y la búsqueda de réditos sectoriales en detrimento del bien común”. Releer el entrecomillado implica tomar nota de que resta mucho por hacer en nuestro país para aprovechar las posibilidades que se podrán abrir. 

Por ello, el acuerdo exige una visión estratégica que trascienda los ciclos electorales y las disputas ideológicas. Debe asumirse que el acuerdo no es una panacea. Pero sí una oportunidad histórica que debe ser asumida. Porque la historia no siempre ofrece segundas oportunidades.

Diez son los fallecidos en accidentes de tránsito en lo que va de 2025. Una cifra que refleja una alarmante crisis que no conoce de treguas ni finales. La última víctima fue un anciano que resultó atropellado por un vehículo en una esquina céntrica. Esta tragedia se suma a otras similares desde febrero, que incluyen tanto a adultos como a jóvenes, principalmente víctimas de siniestros vinculados al uso de motocicletas.

Peor aún: las estadísticas en la ciudad reflejan una escalofriante duplicación de muertes por accidentes en comparación con el año anterior, lo que reabre el debate sobre la seguridad vial y la prevención.

El problema de los accidentes de tránsito es, por supuesto, de magnitud nacional. Según datos de la Policía de Córdoba, los siniestros de tránsito son la principal causa de muertes violentas en el país, superando incluso a los homicidios dolosos. En Córdoba, la tasa de fallecidos es especialmente alta y, aunque las víctimas son principalmente jóvenes conductores de motos, los accidentes afectan a todas las edades, independientemente del medio de transporte.

La preocupación por esta crisis no es solo por el número de muertos, sino por cómo esta problemática está estructuralmente enraizada en nuestra sociedad. En mayo de 2025, en las páginas de este medio, el ingeniero Hugo Gieco, experto en seguridad vial, ofreció su análisis sobre la situación. Desde su experiencia como profesional y conductor, destacó que muchos accidentes son evitables y que la clave para reducirlos radica no solo en mejorar la infraestructura o aumentar las sanciones, sino en una transformación educativa que cambie nuestra cultura vial desde la base.

Este especialista, fundamentalmente, habló de humanizar el transporte. Lo que se requiere es un cambio en la forma en que entendemos el tránsito, no solo como un conjunto de reglas a seguir, sino como un sistema colectivo que depende de la responsabilidad y empatía de todos los involucrados. "Si ves a una mamá cruzando, frena. No por miedo a la multa, sino por humanidad", dijo, resaltando que la ética vial debe prevalecer sobre el miedo a las sanciones.

En este contexto, es evidente que la creación de bicisendas todavía no ha “prendido” entre nosotros. La mayoría de los ciclistas siguen sin utilizarlas. Y su construcción se ha detenido, quizás por este motivo. Además, una parte importante de los que circulan en motocicletas mantienen su inconducta. El rojo de los semáforos casi no existe para algunos de ellos. Son muchos los vecinos que podrían relatar repetidas experiencias de esta actitud desaprensiva y riesgosa que les ha tocado vivir en las esquinas semaforizadas.

Por ello, por más que las sanciones sean duras y los controles se intensifiquen, no cabe duda de que la única solución efectiva pasará por la adopción de una ética vial colectiva, en la que la responsabilidad se observe en cada calle, en cada esquina. De lo contrario, cualquier avance en materia de tránsito será insuficiente.

Es vital comprender que esta crisis vial también tiene una dimensión humana profunda que no puede desatenderse. Las víctimas no son un número estadístico. Por lo tanto, no se puede seguir aceptando como una fatalidad lo que, en la mayoría de los casos, es el resultado de la imprudencia y la falta de educación vial. En nuestras calles el caos no debe imperar. No deben ser un campo de batalla. Las arterias que comunican los distintos puntos de San Francisco deben convertirse, alguna vez, en un espacio seguro para todos.

Los lideres europeos que acompañaron al presidente de Ucrania a reunirse con el mandatario de Estados Unidos en Washington el pasado lunes 18 solo se llevaron promesas vagas del encuentro. Quizás no podían aguardar otra cosa, luego de que la reciente cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin dejó al descubierto la astucia del líder ruso y la improvisación de quien se auto asume como un estratega poderoso, aunque ello signifique ir y venir con sus opiniones y propuestas.

Si algo puede sacarse de positivo de la reunión de la Casa Blanca es que parece haberse evitado que Estados Unidos forjara una paz en Ucrania teniendo en cuenta las exigencias rusas. Si ello ocurriese, el derecho internacional sufriría un revés demoledor puesto que el país agresor vería satisfechas sus pretensiones, mientras que el agredido y sus aliados deberían resignarse a aceptarlas.

El hecho de que los líderes europeos viajaran a Washington como apoyo para Zelensky fue uno de los elementos más notables de la jornada. Lograron los objetivos de mínima que se habían propuesto: que no se repitiera la humillación anterior del presidente ucraniano en la Oficina Oval y defender los intereses de Kiev en términos más amplios.

Sin embargo, de acuerdo con lo publicado por el diario Le Monde de Paris el presidente francés, Emmanuel Macron sostuvo que “estamos muy lejos de cantar victoria”. El matutino galo interpretó que la reunión Trump – Putin provocó conmoción en Europa. En especial porque el líder norteamericano se alineó con las posturas del presidente ruso tras la cumbre de Alaska.

En verdad, se está muy lejos de alcanzar un acuerdo de paz. Pese a la posibilidad concreta de que se realice una cumbre ruso – ucraniana en Suiza, los principales temas del diferendo no parecen encontrar puntos de consenso. Así las cosas, el respaldo de Europa a Kiev incluye la devolución de los territorios usurpados -algo inaceptable para Moscú-. Asimismo, si bien ya se atenuó la intención de que Ucrania ingrese en la Otan, parece ser alentador el respaldo estadounidense a la declaración de que Europa está dispuesta a garantizar la seguridad del país agredido en las mismas condiciones que se presentarían si tuviese la membresía en la alianza atlántica.

En conclusión, la reunión entre los más importantes gobernantes de Europa y el presidente norteamericano no cambió el panorama. Lo más positivo, quizás, sea el hecho de que el proceso de paz no se desmoronó todavía, aunque los interrogantes persisten. Y mientras este proceso avanza a paso de tortuga, el autócrata del Kremlin sigue ganando tiempo, convencido de que Trump no lo presionará. Aprovecha, entonces, para continuar sembrando discordias que amenazan con derrumbar la alianza de Occidente y para someter al pueblo ucraniano a una tragedia mayúscula.

Un reciente informe de Argentinos por la Educación señala que, aunque 9 de cada 10 chicos dicen sentirse bien en la escuela, sus testimonios también revelan un fenómeno preocupante: 6 de cada 10 alumnos de 6° grado han sufrido agresiones de sus compañeros de manera presencial o virtual, y 1 de cada 3 se ha sentido discriminado.

Más de la mitad de los estudiantes reconocen que en la escuela suceden episodios de discriminación por aspecto físico (75,4%), discriminación por características personales o familiares –religión, nacionalidad, género, discapacidad– (67,7%), y amenazas o agresiones entre compañeros (54,5%). Sin embargo, menos del 10% de los estudiantes considera que estos episodios suceden “siempre”.

Los datos surgen del informe “¿Cómo perciben la convivencia escolar los alumnos y directores de secundaria?”. El documento utiliza la información relevada en los cuestionarios complementarios que respondieron estudiantes y directores de secundaria de todo el país en el operativo Aprender 2019 (el último disponible para ese nivel). Esos cuestionarios indagaron en las percepciones de estudiantes y directores acerca de los problemas en la convivencia escolar.

Según la percepción de los directores, la frecuencia de los episodios de discriminación y amenazas en la escuela es menor que la percibida por los estudiantes. Pero a diferencia de los alumnos, los directores perciben que las amenazas o agresiones entre estudiantes en redes sociales suceden con más frecuencia que el resto de las situaciones mencionadas.

Los datos y las opiniones de quienes conviven en las aulas muestran una realidad que debe se abordada para que la escuela vuelva a ser sinónimo de refugio, encuentro y aprendizaje. La agresividad y la violencia están presentes en la vida cotidiana y no sorprende que también se traslade al ámbito escolar. Sin embargo, este escenario no debe ser naturalizado y merece una atención prioritaria. Porque la sana convivencia es uno de los pilares sobre los que se asienta cualquier proceso educativo. Es una condición necesaria para que se produzca el aprendizaje genuino.

En este contexto, no hace falta abundar en consideraciones para tomar nota de que el bullying afecta negativamente el rendimiento académico. En la Argentina, los estudiantes que no se sienten parte de su escuela rindieron 67 puntos menos en matemáticas en la prueba PISA 2018 que aquellos que sí experimentan un fuerte sentido de pertenencia. Argentinos por la Educación afirma que esta brecha equivale a 1,7 años escolares perdidos. Quienes son víctimas frecuentes de agresión física o verbal también rinden significativamente por debajo del promedio. La conclusión es contundente: sin un clima escolar saludable, aprender se vuelve una hazaña casi imposible.

La contención y el acompañamiento de los estudiantes es esencial. Docentes, familiares y la comunidad toda deben involucrarse para erradicar las conductas hostiles. No se trata solo de intervenir cuando el hecho está consumado, sino de construir una nueva cultura que destierre la agresión y no tolere la violencia en ninguna de sus formas. 

Quienes conocen el mundo de las escuelas tienen en claro la importancia de un clima institucional correcto para que se afiancen y garanticen los aprendizajes. Esto exige que cada estudiante se sienta seguro y aceptado. Porque sentirse parte de una comunidad educativa es una condición imprescindible para que se cumpla el derecho básico de aprender.

El Parlamento de El Salvador aprobó recientemente una modificación de las leyes electorales que ahora permite la reelección indefinida de las máximas autoridades del país. La medida, impulsada por el excéntrico presidente, Nayib Bukele, elimina los límites a los mandatos presidenciales y abre la puerta a que este personaje se mantenga indefinidamente en el poder.

Bukele parece tener la aprobación de la mayoría de la población del pequeño país centroamericano. Sus drásticas disposiciones referidas al combate contra las bandas criminales que asolaban el territorio salvadoreño han sido motivo de discusión en el mundo entero. Aquellas imágenes de los presidios repletos de reclusos rapados y formados en fila fueron elogiadas por muchos líderes políticos que veían -¿ven?- en esas postales un símbolo de la lucha para devolver la seguridad a una ciudadanía que estaba exhausta frente al embate de la delincuencia. 

Se afirma que en El Salvador volvió la tranquilidad social luego de la implementación de estas políticas. Tanto es así que muchos líderes latinoamericanos, incluidos dirigentes de nuestro país y funcionarios actuales, se manifestaron dispuestos a repetir las estrategias del gobierno salvadoreño en sus países. Vale recordar los elogios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y su viaje para conocer detalles de la política seguida por Bukele y apoyada por la mayoría de los ciudadanos.

Sin embargo, la popularidad de un presidente no es motivo para que se violen todas las normas democráticas. Así lo ha sostenido el politólogo que vivió muchos años en San Francisco, Daniel Zovatto. Dijo que “argumentar que lo que están haciendo es escuchar el clamor popular que dice "nosotros queremos de manera indefinida a Bukele" es falso. La popularidad no es un cheque en blanco para gobernar como se te ocurra. La Carta Democrática Interamericana en su artículo 3 establece dos legitimidades. Hay una legitimidad de origen, es decir, vos tenés que ser electo en un proceso electoral libre, transparente, con niveles de integridad electoral. Y hay una legitimidad de ejercicio, que dice que, aunque vos ganaste una elección, cuando ejercés ese poder tenés que hacerlo respetando los derechos humanos, la división de poderes y la independencia de los otros poderes, cosas que no ocurren en El Salvador. Bukele no tiene ni legitimidad de origen, ni legitimidad de ejercicio. Lo único que tiene es popularidad”.

La reacción del mandatario salvadoreño para justificar su atropello institucional esgrimió un argumento confuso. Afirmó que “el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”. Y agregó que cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, “de repente se convierte en el fin de la democracia”. Se comparó con las democracias parlamentarias europeas en las que cargos como el de primer ministro no tiene límites. Sin embargo, en esos países existen controles para evitar abusos en el poder, funcionan generalmente de manera eficiente y dentro del marco de la institucionalidad de una democracia liberal.

En América latina sobran ejemplos de mandatarios “populares” que terminaron convirtiéndose en dictadores y desvirtuaron los principios democráticos. Con su reelección indefinida, Bukele transita el mismo camino que los Castro en Cuba, Ortega en Nicaragua y Chávez y Maduro en Venezuela, entre otros. Queda claro que la deriva no distingue signos ideológicos. Por ello, difícil la tendrán quienes, desde los extremos, justifican la vigencia de estos regímenes autoritarios. 

La semana que pasó estuvo marcada por el frío extremo. La ola polar se esparció por todo el territorio nacional y dejó postales contradictorias: algunas maravillosas, otras dolorosas. Es que a las imágenes de paisajes nevados y de personas disfrutando de ellos incluso en sitios donde no se registran estos fenómenos con frecuencia, se sumaron las generadas por los accidentes ocurridos en caminos helados y las que grafican la vulnerabilidad de importantes sectores de la población. 

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó decenas de alertas para distintas regiones. Gélidas jornadas como las que se vivieron en los últimos días implicaron efectos extremos y peligrosos para la salud humana, provocaron trastornos en la vida cotidiana, obligaron a suspender clases y muchas actividades productivas. Estamos frente a un invierno que se anticipa muy crudo, superando incluso al de 2007 y también al más frío de la historia reciente que fue en 1984, según publica la Bolsa de Comercio de Rosario en un informe sobre proyección de siembras. 

Los datos de temperaturas extremas sorprendieron hasta a los expertos más avezados y constituyen un desafío mayúsculo porque provocan efectos significativos tanto en la salud pública como en el medio ambiente y la infraestructura. Las temperaturas bajo cero pueden ocasionar problemas como hipotermia, congelación y un aumento en la incidencia de enfermedades respiratorias, que desde hace varias semanas se nota en los hospitales y sanatorios. Además, el frío extremo también daña los cultivos, afecta el suministro de agua potable y acarrea dificultades en el transporte y la energía. El ritmo de vida habitual se altera y la necesidad de prevención se intensifica. 

En este marco, los sectores más vulnerables de la población requieren del apoyo comunitario y de los distintos niveles del Estado. En cualquier circunstancia, pero mucho más cuando las temperaturas extremas se hacen presentes, agravia a la condición humana la cantidad de personas en situación calle. Pero también generan zozobra los padecimientos de niños, adultos mayores y familias enteras que no cuentan con las posibilidades de calefaccionar adecuadamente sus viviendas y tampoco pueden acceder a los servicios de salud pública. 

Por ello, frente a la posibilidad concreta de que nuevas olas polares se abatan sobre el centro del país, la prioridad debe ser la ayuda a los sectores más carecientes. Apelando, si, a la solidaridad social, pero fundamentalmente la acción del Estado debe proveer de las condiciones mínimas para garantizar la atención a todas las situaciones que puedan generarse. 

El final de junio y los primeros días de julio podrían quedar registrados como ejemplo del rigor invernal. Nos recuerdan, además, que la vida se vuelve frágil cuando los termómetros caen por debajo de −10 °C. Y que no se trata solo de cifras o imágenes, sino de personas que requieren atención especial, mediante estrategias que asistan a los sectores más vulnerables, garantizando refugios, calefacción y dedicación constante a personas en situación de calle, adultos mayores y familias sin recursos. Así también, mediante el refuerzo del sistema de salud y el blindaje de la infraestructura crítica para garantizar que la calefacción llegue a todos los sectores. 

Bienvenido sea este frío si nos enseña a cuidarnos entre todos: gobiernos, instituciones y sociedad civil, sin excusas ni demoras.

El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, con ataques directos entre Irán e Israel y la reciente intervención militar de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes, encendió alarmas en distintos puntos del planeta. Por fortuna, luego de varios días, se instaló una tregua -calificada como frágil por muchos observadores- que puso entre paréntesis una escalada bélica que parecía destinada a extenderse más allá de las fronteras de los países involucrados. 

No obstante, la tensión se mantiene y están vigentes aquellas posibilidades de convertirse en escenario de alguna refriega o atentado. Por ello, en las últimas horas, el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones han reforzado los controles en fronteras y aeropuertos, mientras se anunció que las fuerzas de seguridad incrementaron su presencia en lugares estratégicos del país. Las embajadas de Israel y de Estados Unidos, la residencia del embajador israelí, la del agregado militar, así como jardines de infantes, escuelas y centros comunitarios de la colectividad judía cuentan ahora con patrullajes permanentes. La sede de la Amia, escenario del atentado más cruento en la historia argentina, también ha sido resguardada ante posibles amenazas.

Las autoridades han confirmado que estas medidas se mantendrán en tanto persista el riesgo de represalias o acciones terroristas como consecuencia del conflicto internacional. No se descarta, incluso, que puedan ocurrir ciberataques dirigidos a blancos no críticos, pero simbólicamente sensibles, como bancos u otras infraestructuras civiles. 

El alineamiento irrestricto del gobierno nacional con Estados Unidos e Israel es una postura que puede tener fundamentos políticos, estratégicos o ideológicos, pero que no puede ser adoptada sin medir consecuencias. Porque coloca a la Argentina en un sitio proclive a ser nuevamente víctima de algún episodio violento. Ya lo ha sufrido el país en la década de los años 90.

El atentado contra la sede de la Amia, ocurrido en julio de 1994, dejó 85 muertos y más de 300 heridos. A más de tres décadas del ataque, los responsables siguen impunes. Las investigaciones, plagadas de interferencias políticas y obstáculos judiciales, apenas pudieron avanzar gracias a la tarea de un reducido grupo de funcionarios comprometidos. Uno de ellos, el fiscal Alberto Nisman, apareció muerto en circunstancias que aún no han sido esclarecidas, aunque todo indica que fue asesinado por razones vinculadas a su labor. Nisman apuntaba a la pista iraní y advertía sobre maniobras para encubrir a los sospechosos. En lugar de apoyar a la justicia, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner optó por un memorándum de entendimiento con Irán, firmado en secreto y rodeado de sospechas.

En este contexto, la expectativa mundial está centrada en la posibilidad de que los bombardeos cesen definitivamente y la racionalidad se instale. Sin embargo, todavía subsisten los temores de que puedan producirse réplicas “no convencionales” como son los atentados terroristas o los ciberataques. Por ello, frente a un mundo en llamas, se hace necesario fortalecer todos los mecanismos de seguridad nacional, tanto en el terreno físico como en el cibernético. La protección de los ciudadanos está por encima de cualquier consideración geopolítica o ideológica.

El deceso de un joven motociclista que sufrió un accidente en la esquina de Falucho y Cervantes hace pocos días se suma a una estadística dolorosa: ya son ocho las víctimas fatales por siniestros viales en lo que va del año en nuestra ciudad. En todos los casos, las motos fueron protagonistas y sus conductores vieron segada su vida.

La historia reciente demuestra que las estadísticas no son reflejo de episodios aislados o hechos del destino. El elevado número de fallecidos en accidentes de tránsito constituye un problema de salud pública que exige conciencia social y respuestas efectivas. En especial, los motociclistas -muchos de ellos jóvenes- deben asumir que cada vez que salen a la calle lo hacen con una responsabilidad vital: la de preservar su vida y la de los demás. Circular sin casco, exceder los límites de velocidad o desatender las normas de tránsito no son actitudes inofensivas, sino actos de riesgo que pueden costar vidas.

A nivel nacional, los datos oficiales reflejan un leve descenso en la tasa de muertes viales respecto del año pasado, pero la dimensión del problema sigue siendo abrumadora: 3.539 personas murieron en siniestros viales en 2023, casi el doble que los homicidios dolosos (1.803). El informe más reciente del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) vuelve a confirmar lo que ya se sabe desde hace años: la principal causa de muertes violentas en Argentina no es la inseguridad urbana, sino el tránsito.

En este marco, la provincia de Córdoba exhibe cifras preocupantes. Con una tasa de 9,7 fallecidos por cada 100 mil habitantes, supera ampliamente a Buenos Aires (5,2) y a provincias vecinas como Santa Fe (7,3) o Entre Ríos (7,8). Solo San Luis (11,4) presenta una peor estadística en el centro del país. En promedio, muere una persona cada cinco días en las calles cordobesas. El 79% de las víctimas son hombres, y casi la mitad de los siniestros ocurren durante el día.

Estos números esconden un agravante: mueren más motociclistas y son cada vez más jóvenes. Estudios recientes, como el realizado por la Universidad Johns Hopkins, muestran que en la ciudad de Córdoba el 62% de los motociclistas excede los límites de velocidad y apenas el 59% utiliza casco (el porcentaje baja al 42% entre acompañantes). Aunque el estudio se centra en la capital provincial, realidades similares se observan en muchas localidades del interior, incluida San Francisco.

La toma de conciencia de este problema es una obligación. Ninguna muerte por tránsito es aceptable. Naturalizar el saldo trágico es un signo de alarma que no puede ser minimizado. No cabe otra que insistir en la implementación de políticas públicas que tiendan a garantizar la seguridad en las calles y rutas, que sostengan controles de las normas que deben cumplirse, que enfaticen en la responsabilidad de cada uno de los actores del tránsito y profundicen la educación vial de niños y jóvenes. 

Las dolorosas circunstancias que sufren hoy varias familias de la ciudad impelen a que se actúe con urgencia. No puede haber más excusas. Nada es superfluo o exagerado cuando la vida está en juego. 

En las últimas semanas, el conflicto en el Hospital Garrahan -uno de los centros pediátricos más importantes de América Latina- puso sobre la mesa la desvalorización del trabajo médico. Médicos residentes, jefes de servicio y personal especializado reclamaron por condiciones salariales y laborales que resultan incompatibles con la responsabilidad que implica su tarea.

Más allá de remezones ideológicos que siempre salpican este tipo de manifestaciones y también de los inauditos exabruptos de algunas diputadas oficialistas sueltas de lengua que recomendaron a los médicos dedicarse a otra cosa, el reclamo contiene, en su base, una cruda revelación. El país invierte en la formación de médicos que son reconocidos en el mundo por su excelencia, pero no los valora como corresponde. Desde hace décadas, el Estado mira para otro lado en materia de salud pública y el sistema privado vive una crisis persistente que tampoco acompaña el desarrollo personal y profesional de los médicos y otros agentes de los equipos de salud.

La consecuencia es lógica. La Argentina pierde a valiosos profesionales. La constante emigración hacia otros países no es solo un dato estadístico: es una señal de alarma social, económica e institucional. Un reciente informe periodístico señala que, entre 2014 y 2024, las solicitudes para homologar títulos de medicina en España y otros países de Europa crecieron exponencialmente. En Sudamérica, Uruguay y Chile también figuran entre los principales receptores de talento argentino. Según el artículo, las razones son claras: mejores condiciones laborales, estabilidad contractual, acceso a tecnología de punta y una valoración social del rol médico que aquí se ha erosionado peligrosamente.

Esta realidad golpea con especial crudeza varias regiones del país, la nuestra entre ellas. Hay crecientes dificultades para cubrir cargos en hospitales públicos, son escasos los médicos para guardias en sanatorios y clínicas privadas. No hay especialistas en sensibles materias como pediatría o anestesiología, por ejemplo. Al mismo tiempo, cada vez con más profundidad, se distingue el menosprecio al valor de la formación médica y a su papel en la vida de la sociedad.

Se puede argumentar que la emigración médica es “natural” en un mundo interconectado, y que podría generar beneficios al país si los profesionales retornan luego de algunos años con la experiencia adquirida en el exterior. Pero esta visión no puede ser excusa para la inacción. Formar médicos con fondos públicos y resignarse a perderlos no solo es una pérdida económica; es una claudicación del Estado en su deber de garantizar el acceso equitativo a la salud.

La emigración de médicos y otros profesionales de las distintas áreas de la salud es un desafío para el sistema sanitario en su conjunto. Lo es, en tanto y en cuanto significa que aquí no encuentran las condiciones para ejercer dignamente su vocación. Sin retribución adecuada, sin acceso a las tecnologías de punta, sin posibilidades concretas de formación continua y sin jerarquización de rol de los médicos en el entramado de la salud pública, el éxodo continuará.

El pasado 10 de junio se conmemoró el Día Nacional de la Seguridad Vial. Una fecha que invita a la reflexión sobre el caótico modo de conducir que tenemos en este país y sobre las brutales estadísticas de accidentes que nos enlutan a diario. El hecho de que mueran entre 12 y 15 personas por día en siniestros viales es una realidad que abruma y que impone profundas reflexiones, así como la necesidad de que la toma de conciencia sea general.

Se publicó en estos días que una de las principales causas de accidentes es la distracción al volante. En este punto, el uso del celular ocupa el primer lugar. El dispositivo telefónico es hoy una extensión de nuestro cuerpo, ha modificado conductas y los parámetros tradicionales de análisis se derrumbaron frente a su omnipresencia, muchas veces adictiva. Sin embargo, es profusa la información que alerta sobre el peligro de usar el móvil mientras se maneja un vehículo.

Según la OMS, el uso del teléfono celular hace que el conductor desvíe la mirada de la carretera, quite las manos del volante y aparte su mente de la carretera y de la situación existente. Es precisamente ese tipo de distracción, conocida como distracción cognitiva, la que tiene mayores consecuencias en el comportamiento del conductor. Serias investigaciones han comprobado esto hace años. Por ejemplo, en 2012 el British Medical Journal, con sede en Londres, concluyó que "usar un teléfono sin manos no es para nada seguro". 

El trabajo estableció que casi la mitad de los conductores que protagonizaron colisiones en distintos países europeos y en Australia reconoció haber tenido utilizado el aparato en el trayecto en el que sufrieron los accidentes. Hace más de una década, el uso de los dispositivos móviles era habitual, pero no había todavía alcanzado la magnitud que se observa en la actualidad.

Bajar la vista por apenas un par de segundos cuando se circula a 60 kilómetros por hora implica recorrer más de 50 metros sin atender lo que sucede alrededor. Además, el proceso de enviar un mensaje corto mediante WhatsApp podría tomar aproximadamente un segundo por paso, lo que supone un total mínimo de 6 segundos. Es un instante, pero puede significar el comienzo de un drama. Porque, aunque la persona sea hábil para usar su teléfono, por cada minuto y medio de hablar por el móvil, el conductor no percibe el 40% de las señales, su velocidad media baja un 12% y el ritmo cardíaco se acelera bruscamente durante la llamada.

El fenómeno es habitual en las calles de nuestra ciudad y en prácticamente todas las poblaciones de la región. Existen controles y sanciones. Pero la toma de conciencia no parece llegar. Tampoco alcanza, por lo visto, la profusión de mensajes de advertencia. Síntomas preocupantes de desapego personal y social. De indiferencia y negligencia.A la luz de las estadísticas trágicas es urgente comprender que manejar un vehículo y usar el celular son acciones incompatibles.