CORDOBA (Corresponsalía)-. La segunda semana del juicio oral contra el pastor evangélico y youtuber sanfrancisqueño Elías Argüello dejó una sucesión de testimonios enfrentados y versiones distintas sobre el funcionamiento interno de la organización Dimensión Cielo, en el marco del proceso por presunta trata de personas con fines de explotación laboral.

El juicio continuará este martes en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba con nuevas declaraciones testimoniales. En tanto que mañana será el turno de los alegatos finales y posteriormente conocerse la sentencia.

Hasta ahora, las audiencias dejaron testimonios que fortalecieron tanto la acusación sostenida por la fiscalía como la estrategia de la defensa, que insiste en que nunca existió coerción y que todos los integrantes convivían voluntariamente dentro de una comunidad religiosa.

El testimonio más comprometedor para los acusados fue el de LC, considerada por la fiscalía una de las presuntas víctimas de trata. La mujer declaró sin la presencia de los imputados en la sala y describió un escenario de control psicológico, dependencia económica, aislamiento social y temor permanente.

“Me sentía captada”, afirmó durante uno de los pasajes más delicados de la audiencia.

LC involucró directamente no solo a Argüello sino también al resto de lis imputados Daiana Herrera, pareja de Argüello; Ricardo Matías Mercado, alias “Eliseo”; Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”; y Marcos Matías Burini, alias “Mateo”.

Según declaró, en 2019 llegó desde Córdoba a San Francisco para integrarse a la comunidad y trabajó en emprendimientos comerciales como “Barritas y Más”. La organización además tenía otros como “Visiter 7”, “Costumbres Light” e “Inmobiliaria Ciudad”, algunos relacionados con la panificación y otros con el rubro inmobiliario.

“Hacía unos 10 mil pesos por día. Todas las noches se contaba la plata”, sostuvo ante los jueces. También aseguró: “Era consciente que trabajaba para Elías. Teníamos que decir que éramos una comunidad con un fondo común”.

La mujer sostuvo que nunca recibió una remuneración personal y que no podía decidir libremente sobre gastos cotidianos. “A mí nunca me dieron paga de ese dinero. No podíamos comprar nada, no nos dejaban. Teníamos que consultar todo antes”, declaró.

Uno de los ejes más fuertes de su relato estuvo vinculado al miedo que, según afirmó, condicionaba todos los aspectos de la convivencia dentro del grupo. “Yo tenía miedo, pero económicamente no tenía recursos para irme”, expresó. “Me alejé de mi familia, de mis amigos. Psicológicamente y físicamente tenía miedo”, reiteró.

En otro tramo aseguró que dentro de la organización existían reglas estrictas: “No podía haber secretos entre nosotros. No podíamos hacer amistades fuera de nuestro entorno”.

LC identificó a Argüello como la máxima autoridad del grupo. “Elías era el único que daba instrucciones. Él era el enviado de Dios en la tierra y Daiana, la profeta. Ella también daba instrucciones”, afirmó.

La mujer también habló sobre mecanismos de vigilancia dentro de la vivienda y declaró que no acudían a profesionales médicos. “Si teníamos algún problema de salud, no íbamos al médico. La única que nos ‘medicaba’ era Daiana por WhatsApp”, sostuvo.

Otro de los momentos más sensibles ocurrió cuando habló de la situación de su hija de 10 años. “Elías dijo que ella debía trabajar en la producción, pero ella tenía que ir a la escuela. La querían hacer trabajar”, afirmó.

También describió las condiciones de convivencia dentro de la casa. “Éramos seis personas durmiendo en una habitación”, recordó.

Según declaró, otras jóvenes vinculadas a la comunidad residían en la vivienda del country Ayres del Golf, donde cuidaban a los hijos de Argüello y Herrera y realizaban tareas domésticas.

LC relató que decidió abandonar la comunidad cuando advirtió que su hija estaba siendo influenciada por el grupo. “Me di cuenta que mi hija estaba siendo más captada que yo”, dijo.

Según contó, se marchó de madrugada junto a la niña y consiguió ayuda para viajar primero a Unquillo y luego a Buenos Aires.

Durante esta segunda semana también hubo testimonios y planteos que se acercaron más a la postura defensiva.

Días antes había declarado MK, alias “Samara”, considerada también por la fiscalía como una presunta víctima, aunque con un relato completamente diferente.

La joven defendió el funcionamiento de Dimensión Cielo y negó haber sido manipulada o privada de su libertad.

“Me gustaba el ambiente familiar, la comunión entre todos”, sostuvo ante los jueces.

MK explicó que participaba de emprendimientos vinculados a la organización y reconoció la existencia de un “fondo común”, aunque aseguró que todos podían disponer de dinero para gastos personales.

“La parte socia éramos unas cinco personas. Todos teníamos una cuenta bancaria de la que podíamos disponer para gastos personales”, declaró.

Esa postura fue reforzada por el abogado defensor Eduardo Gómez Caminos, quien sostuvo que las primeras audiencias resultaron “altamente favorables” para los imputados.

“No hay delito de trata, nadie coaccionó a nadie”, expresó en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO.

El letrado insistió en que Dimensión Cielo funcionaba como una comunidad consensuada y no como una estructura coercitiva. “Si lo querés mirar jurídicamente, es una sociedad de hecho. Eran varias personas que vivían juntas”, expresó.

Además sostuvo que todos los integrantes compartían voluntariamente una misma práctica religiosa y un estilo de vida comunitario. “Son todos evangélicos. No es que una persona de otra religión se unió a esta religión”, señaló.

Gómez Caminos también rechazó las acusaciones de hacinamiento. “Vivían en barrios como Tejas del Sur, en Córdoba, y Ayres del Golf, en San Francisco. Un country no es el perfil de trata”, indicó.

“Para que haya este delito tiene que haber algún medio coactivo que pueda restringir la libertad de las personas. Y acá no ha habido ninguna obligación de hacer absolutamente nada”, agregó.

También adelantó que Argüello volverá a declarar durante el juicio oral para demostrar su inocencia. También lo harán los otros cuatro imputados.

El tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal oral Carlos Gonella.

Argüello y el resto de los imputados llegaron a juicio acusados de trata de personas con fines de explotación laboral agravada por engaño, abuso de vulnerabilidad, pluralidad de autores y de víctimas. En el caso del pastor, también se agregó el agravante de haber actuado como “ministro de un culto no reconocido”; y de Burini, como partícipe necesario.

La causa se inició tras los allanamientos realizados a fines de 2020 en viviendas y emprendimientos vinculados a la organización. En marzo de 2021 Argüello fue detenido y luego recuperó la libertad hasta el inicio del juicio oral.

CORDOBA (Corresponsalía)-. La tercera audiencia del juicio oral contra el pastor evangélico y youtuber sanfrancisqueño Elías Argüello dejó este miércoles uno de los testimonios más comprometedoras para la situación procesal de los acusados. Ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba declaró LC, considerada por la fiscalía como una de las presuntas víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral dentro de la organización Dimensión Cielo.

A diferencia de otros testimonios escuchados en las audiencias previas, la mujer describió un escenario de sometimiento psicológico, control cotidiano, aislamiento social y dependencia económica que, según relató, le impedían abandonar la comunidad. Su declaración involucró directamente no solo a Argüello sino también a Daiana Herrera (pareja de Argüello), Ricardo Matías Mercado, Maximiliano Mercado y Marcos Matías Burini, también juzgados en el proceso.

LC declaró sin la presencia de los imputados en la sala y en distintos momentos se mostró quebrada, especialmente al hablar de su hija de 10 años, con quien convivió dentro de la organización en una vivienda de San Francisco entre mayo y diciembre de 2019.

“Me sentía captada”, afirmó durante uno de los pasajes más fuertes de la audiencia.

La mujer explicó que llegó desde Córdoba para integrarse a la comunidad y que trabajó en “Barritas y Más”, uno de los emprendimientos vinculados a Dimensión Cielo junto a “Visiter 7”, “Costumbres Light” e “Inmobiliaria Ciudad”. Según declaró, vendía alrededor de “10 mil pesos por día” y todo el dinero era destinado al denominado “fondo común”.

“Hacía unos 10 mil pesos por día. Todas las noches se contaba la plata”, relató.

También sostuvo: “Era consciente que trabajaba para Elías. Teníamos que decir que éramos una comunidad con un fondo común”.

Según describió, nunca recibió una remuneración personal por ese trabajo y tampoco podía decidir libremente sobre gastos o compras. “A mí nunca me dieron paga de ese dinero. No podíamos comprar nada, no nos dejaban. Teníamos que consultar todo antes”, aseguró.

Uno de los ejes centrales de su declaración fue el miedo que, según dijo, condicionaba cada aspecto de la vida dentro del grupo.

“Yo tenía miedo, pero económicamente no tenía recursos para irme”, expresó ante los jueces.

LC sostuvo que progresivamente se fue alejando de su familia y de sus amistades. “Me alejé de mi familia, de mis amigos. Psicológicamente y físicamente tenía miedo”, señaló.

En otro tramo de su testimonio aseguró que dentro de la comunidad existían reglas estrictas de convivencia y obediencia. “No podía haber secretos entre nosotros. No podíamos hacer amistades fuera de nuestro entorno”, dijo.

Además identificó a Argüello como la máxima autoridad del grupo. “Elías era el único que daba instrucciones. Él era el enviado de Dios en la tierra y Daiana, la profeta. Ella también daba instrucciones”, manifestó.

La mujer también describió mecanismos permanentes de control. Indicó que en la vivienda había cámaras manejadas por Argüello y sostuvo que existía vigilancia sobre los integrantes de la comunidad.

En relación con la atención médica, declaró que no acudían a profesionales de la salud. “Si teníamos algún problema de salud, no íbamos al médico. La única que nos medicaba era Daiana por WhatsApp”, afirmó sobre Herrera, quien no es médica.

Otro de los momentos más delicados de la jornada se produjo cuando LC habló de la situación de su hija. Allí se quebró frente al tribunal. “Elías dijo que ella debía trabajar en la producción, pero ella tenía que ir a la escuela. La querían hacer trabajar”, sostuvo.

También relató las condiciones de vida dentro de la vivienda. “Éramos seis personas durmiendo en una habitación”, recordó. Agregó que la niña “estaba encerrada casi todos los días, sin amigos” y que “solo podía escuchar música cristiana” y no usar celular.

Además, declaró que otras jóvenes vinculadas a la comunidad vivían en la casa del country Ayres del Golf, donde, según afirmó, “cuidaban a los hijos de Argüello y Daiana y hacían tareas de limpieza”.

Según indicó, tras salir de la comunidad la menor continúa con secuelas psicológicas. “Tiene ataques de pánico y está con tratamiento psicológico”, afirmó.

LC también describió episodios de maltrato verbal dentro del grupo y apuntó especialmente contra Herrera. “Daiana trataba muy mal a las chicas. Si bien el daño psicológico de Elías era grave, el maltrato verbal de Daiana también”, declaró.

Además aseguró que todavía hoy siente temor por algunas personas vinculadas a la organización. “Tengo miedo por algunas personas que decían que darían la vida por Elías, decían que venían del cielo”, manifestó.

En otro tramo recordó que Argüello consumía drogas. “Elías fumaba mucha marihuana y tomaba muchas pastillas”, dijo.

La mujer relató además cómo fue la salida definitiva de la comunidad. Según contó, tomó la decisión cuando advirtió que su hija estaba siendo influenciada por el grupo. “Me di cuenta que mi hija estaba siendo más captada que yo”, expresó.

Contó que abandonó la vivienda durante la madrugada junto a la niña y con ayuda externa consiguió dinero para viajar primero a Unquillo y luego a Buenos Aires, donde residía el padre de la menor.

“El día que me fui, Elías me dijo que si me iba tendría consecuencias. Él decía que ahora la comunidad era mi familia”, recordó.

También señaló que antes de abandonar la casa revisaron sus pertenencias. “Antes de salir de la casa me revisaron el bolso para asegurarse que no me llevaba nada”, declaró.

Según relató, existía además una regla de aislamiento respecto de quienes abandonaban el grupo. “Una vez que alguien dejaba la casa no podía hablar más con el resto de la comunidad. Teníamos que bloquear de todos lados al que salía”, indicó.

LC aseguró que desde un primer momento sintió situaciones extrañas dentro de la organización: “Desde que llegué a San Francisco todo me parecía raro, pero ya no tenía dónde regresar”.

También sostuvo que su familia intentó intervenir. “Mi familia sabía que estaba en un lugar raro, querían ir a buscarme, sacarme de ahí, pero yo no reaccionaba”, dijo.

Respecto del rol de los otros acusados, indicó que “los Mercado y Burini” manejaban el emprendimiento inmobiliario vinculado a la organización.

Durante la jornada también brindaron su testimonio Agostina Nazer, Miriam Munne, Mariano González, Carlos Fabián Pérez, Mariano Raúl Reano y Alejandra del Carmen Martínez.

Durante la audiencia anterior había declarado otra testigo identificada como MK, alias “Samara”, quien ofreció una versión distinta sobre el funcionamiento de Dimensión Cielo. La mujer relató que se mudó desde Córdoba a San Francisco en 2019 luego de entablar una relación de amistad con Argüello y Herrera y aseguró que la convivencia comunitaria era voluntaria.

“Me gustaba el ambiente familiar, la comunión entre todos”, sostuvo. En esa jornada además declararon otras supuestas víctimas LP (alias “Ari”), MB (alias “María”), DSF (alias “Anita”) y EMA, en tanto que se acordó la incorporación por su lectura del testimonio de GF (alias “Josué”).

M.K. afirmó además que participaba de distintos emprendimientos comerciales y que existía un fondo común administrado entre varias personas. “Todos teníamos una cuenta bancaria de la que podíamos disponer para gastos personales”, dijo.

También negó haber sido captada para integrar la organización. “Se hablaba de captación, que Mercado me había llevado con Elías, pero ambos conocimos casi al mismo tiempo a Elías”, señaló.

La fiscalía, sin embargo, sostiene una hipótesis distinta. En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal federal María Marta Schianni acusó a Argüello de haber “captado, trasladado y acogido con fines de explotación” a distintas personas mediante engaños y manipulación vinculada a la salvación espiritual.

Según la acusación, las presuntas víctimas eran persuadidas para romper vínculos familiares, cambiar sus nombres y trabajar en emprendimientos ligados a la organización bajo extensas jornadas laborales, sin salario o con pagos mínimos y bajo control psicológico y religioso.

El juicio continuará el próximo martes 19 a las 9, con los últimos testimonios, y el miércoles 20 comenzarán los alegatos. 

Elías Argüello, Daiana Herrera, Ricardo Matías Mercado, alias “Eliseo”; y Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”. enfrentan una acusación como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en tanto que Marcos Matías Burini, alias “Mateo”, está acusado como partícipe necesario.

El tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal oral Carlos Gonella.

La defensa del principal imputado está encabezada por el abogado Eduardo Gómez Caminos, y abogados de su estudio jurídico representan la totalidad de los acusados. 

La defensa de Elías Argüello aseguró que las primeras audiencias del juicio oral por presunta trata de personas resultaron “altamente favorables” para los imputados y ratificó su estrategia de demostrar que Dimensión Cielo funcionaba como una comunidad religiosa consensuada y no como una estructura coercitiva.

El abogado Eduardo Gómez Caminos, quien encabeza la defensa de Argüello y de los demás acusados junto a integrantes de su estudio jurídico, dialogó con LA VOZ DE SAN JUSTO antes de la continuidad del debate prevista para este miércoles 13 de mayo en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba.

El proceso judicial también tiene como imputados a Daiana Herrera, pareja de Argüello; Ricardo Matías Mercado, alias “Eliseo”; Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”; y Marcos Matías Burini, alias “Mateo”, este último acusado como partícipe necesario. El tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal oral Carlos Gonella.

Debido a la amplitud de la prueba y la cantidad de testimonios previstos, no se descarta que el juicio se extienda durante la próxima semana antes de los alegatos y la sentencia.

“Hasta ahora lo que se viene ventilando en las dos audiencias que hubo es altamente favorable para la posición de los imputados”, afirmó Gómez Caminos. Según sostuvo, durante el debate “no han quedado dudas de que ellos no han coaccionado, no han manipulado, no han engañado absolutamente a nadie”.

En esa línea, el defensor insistió en que las personas que integraban Dimensión Cielo convivían voluntariamente. “Si lo querés mirar jurídicamente, es una sociedad de hecho. Eran varias personas que vivían juntas”, explicó.

Insistió en que compartían voluntariamente una misma práctica religiosa y un estilo de vida comunitario. “Son todos evangélicos. No es que una persona de otra religión se unió a esta religión, que ahí sería más llamativo”, agregó.

Además, rechazó uno de los principales puntos de la acusación vinculados a las condiciones habitacionales. “No había condiciones de hacinamiento porque vivían en barrios como Tejas del Sur, en Córdoba, y Ayres del Golf, en San Francisco. Y justamente un county no es el perfil de trata”, sostuvo.

No obstante, aclaró que aguardará el avance del debate antes de realizar conclusiones definitivas. “Vamos a esperar sentir toda la prueba, pero no nos cabe duda de que ha sido altísimamente favorable en lo que tiene que ver con mi posición desincriminatoria y mi teoría del caso”, añadió.

Consultado sobre si las primeras audiencias fortalecieron la situación procesal de Elías Argüello y del resto de los imputados, el defensor respondió de manera contundente: “Sí, la de Argüello y la de todos los imputados, porque nadie coaccionó a nadie”.

El abogado también cuestionó el encuadre jurídico de la causa y sostuvo que “no existe delito”. “La trata de personas es uno de los delitos más degradantes que existe en el Código Penal porque logra una pérdida de identidad respecto del sujeto. Y eso no lo hemos visto en esta audiencia”, afirmó.

“Para que haya este delito tiene que haber algún medio coactivo que pueda restringir la libertad de las personas. Y acá no ha habido ninguna obligación de hacer absolutamente nada”, agregó.

En otro tramo de la entrevista, el defensor señaló que algunas afirmaciones incorporadas durante la instrucción “carecen de valor probatorio”. “Si yo manifiesto que hay hacinamiento, tengo que decir las razones por las cuales hay hacinamiento”, indicó.

Respecto del funcionamiento interno de Dimensión Cielo, Gómez Caminos negó la existencia de una estructura jerárquica. “Eran todos iguales. Está quedando absolutamente acreditado en el debate”, expresó.

“Eran personas unidas por la música y la religión que vivían juntas. No hay más que eso”, dijo.

Sobre el rol de Argüello dentro de la organización, sostuvo que existe “una tendencia acusatoria que permanentemente trata de realzar la figura de Argüello y de Herrera, cuando en realidad eran exactamente iguales que los demás”.

El defensor también hizo referencia a las supuestas víctimas incluidas en la causa y destacó que cinco de las siete personas “no se consideran víctimas”.  En relación con las otras dos personas incluidas en la investigación, explicó que aún analizan si declararán. “Yo quiero que declaren porque si ellas se sintieron víctimas, el tribunal tiene que tener la evidencia integral de la prueba”, manifestó.

Gómez Caminos adelantó además que Argüello volverá a declarar durante el juicio. “Va a declarar para demostrar su inocencia. Van a declarar todos los imputados y van a contestar todas las preguntas de todas las partes”, aseguró.

Finalmente, el abogado sostuvo que la defensa tiene “buenas expectativas” respecto del fallo. “Estamos confiados en que se va a resolver conforme al derecho. Y eso es lo que a nosotros como juristas nos interesa”, concluyó.

Durante la segunda audiencia uno de los testimonios fue el de declaró M.K., identificada en la causa como “Samara”, considerada por la fiscalía como una de las presuntas víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral.

La joven relató que en 2019 se mudó desde Córdoba a San Francisco luego de entablar una relación de amistad con Argüello y Daiana Herrera. También explicó que fue pareja de Maximiliano Mercado y que comenzó a participar de las actividades de Dimensión Cielo.

Según declaró ante el tribunal, convivió junto a Argüello, Herrera y otros integrantes del grupo en una vivienda ubicada en el country Ayres del Golf.

“Me gustaba el ambiente familiar, la comunión entre todos”, sostuvo al describir la dinámica cotidiana dentro de la comunidad.

M.K. aseguró que participaba de distintos emprendimientos comerciales vinculados a la organización, entre ellos “Visiter 7”, “Costumbres Light”, “Barritas y Más” e “Inmobiliaria Ciudad”. También explicó que no percibía un salario fijo, aunque tenía acceso al dinero del denominado “fondo común”. “La parte socia éramos unas cinco personas. Todos teníamos una cuenta bancaria de la que podíamos disponer para gastos personales”, declaró.

La testigo afirmó además que trabajaba de 9 a 17 y los sábados hasta el mediodía, y aseguró que podía salir libremente de la vivienda.

La fiscalía federal sostiene una versión diferente sobre el funcionamiento de Dimensión Cielo. En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal María Marta Schianni afirmó que Argüello “captó, trasladó y acogió con fines de explotación” a siete personas mediante engaños y promesas vinculadas a la salvación espiritual.

Según la acusación, las presuntas víctimas fueron persuadidas para abandonar vínculos familiares, cambiar sus nombres y desprenderse de bienes materiales en favor de la organización.

La investigación también sostiene que las personas captadas habrían trabajado en emprendimientos vinculados a la panificación, venta de comidas e inmobiliarias bajo extensas jornadas laborales y mecanismos permanentes de control psicológico y religioso.

De acuerdo con la resolución de procesamiento dictada en 2024, el delito atribuido es trata de personas con fines de explotación laboral agravada por engaño, abuso de vulnerabilidad, pluralidad de autores y pluralidad de víctimas. En el caso de Argüello, además, se incorporó el agravante de haber actuado como “ministro de un culto no reconocido”.

La causa se originó tras allanamientos realizados a fines de 2020 en viviendas y emprendimientos vinculados a la organización. En marzo de 2021 Argüello fue detenido y posteriormente recuperó la libertad hasta el inicio del juicio oral.

CORDOBA (Corresponsalía)-. La segunda audiencia del juicio oral contra el pastor e influencer sanfrancisqueño Elías Argüello comenzó este lunes en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba con la declaración de una de las principales testigos de la causa, identificada como MK, alias “Samara”, considerada por la fiscalía como una de las presuntas víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral.

El proceso judicial también tiene como imputados a Daiana Herrera, pareja de Argüello; Ricardo Matías Mercado, alias “Eliseo”; Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”; y Marcos Matías Burini, alias “Mateo”, este último acusado como partícipe necesario.

Durante la jornada también declararon  otras supuestas víctimas mencionadas en la investigación con las iniciales LP (alias “Ari”), MB (alias “María”), DSF (alias “Anita”) y EMA, en tanto que se acordó la incorporación por su lectura del testimonio de GF (alias “Josué”). 

El tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal oral Carlos Gonella.

La defensa del principal imputado está encabezada por el abogado Eduardo Gómez Caminos, y abogados de su estudio jurídico representan la totalidad de los acusados. 

M.K. fue la primera testigo en declarar. Ante los jueces relató que en 2019 se mudó desde Córdoba a San Francisco luego de entablar una relación de amistad con Argüello y Daiana Herrera. También explicó que fue pareja de Maximiliano Mercado y que comenzó a participar de las actividades vinculadas a la organización religiosa Dimensión Cielo.

Según declaró, vivió junto a Argüello, Herrera y los hijos de la pareja en una vivienda del country Ayres del Golf. Allí, dijo, se desarrollaba una convivencia comunitaria que incluía distintas actividades laborales relacionadas con emprendimientos inmobiliarios y comerciales.

“Me gustaba el ambiente familiar, la comunión entre todos”, sostuvo la testigo al describir la dinámica cotidiana dentro de la vivienda.

También afirmó que se bautizó en la iglesia evangélica y que participó de distintos emprendimientos comerciales vinculados a la organización, entre ellos “Visiter 7”, “Costumbres Light”, “Barritas y Más” e “Inmobiliaria Ciudad”, algunos relacionados con la panificación y otros con el rubro inmobiliario.

La joven explicó que no percibía un salario fijo por esas tareas, aunque aseguró que tenía acceso a dinero para gastos cotidianos. Según indicó, esos recursos eran administrados por otra mujer que cumplía funciones organizativas dentro del grupo.

“La parte socia éramos unas cinco personas. Todos teníamos una cuenta bancaria de la que podíamos disponer para gastos personales”, declaró ante el tribunal.

En otro tramo de su testimonio señaló que los gastos importantes “se debatían entre todos” los integrantes y remarcó que existía un “fondo común” para sostener el funcionamiento cotidiano de la comunidad.

La existencia de ese fondo común es uno de los puntos centrales de discusión dentro del juicio. Durante la primera audiencia, Argüello ya había mencionado ese esquema económico para rechazar las acusaciones y negar cualquier situación de explotación o sometimiento.

M.K. también hizo referencia a la investigación judicial y al impacto que tuvo el avance de la causa sobre los integrantes de la organización. “La causa nos perjudicó a todos”, afirmó.

En relación con la acusación de captación de personas, la testigo rechazó que hubiera sido llevada por Maximiliano Mercado hacia la organización. “Se hablaba de captación, que Mercado me había llevado con Elías, pero ambos conocimos casi al mismo tiempo a Elías”, expresó.

La joven declaró además que trabajaba de 9 a 17 y los sábados hasta el mediodía, y aseguró que podía salir libremente. También reconoció que en la vivienda había cámaras de seguridad, aunque sostuvo que se utilizaban “para controlar el descanso de cada uno” y también como medida de prevención, ya que anteriormente se habían registrado episodios de robo en la casa.

“La computadora siempre estaba abierta en la casa, Elías trabajaba desde allí”, agregó al describir la dinámica diaria en la vivienda del country.

M.K. además relató el impacto de los allanamientos realizados en 2020. “En el allanamiento se llevaron toda la plata del fondo común”, afirmó.

Además indicó que, tras el operativo judicial, dejó de tener vínculo con Argüello y con los otros imputados.

La declaración de M.K. se produjo en un contexto en el que la fiscalía sostiene una versión distinta sobre el funcionamiento de Dimensión Cielo. En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal federal María Marta Schianni sostuvo que Argüello “captó, trasladó y acogió con fines de explotación” a siete personas mediante engaños y promesas vinculadas a la salvación espiritual.

La acusación afirma que las presuntas víctimas fueron persuadidas para abandonar vínculos familiares, cambiar sus nombres y desprenderse de bienes materiales en favor de la organización.

Según la instrucción de la causa, las personas captadas habrían trabajado en emprendimientos vinculados a la panificación, venta de comidas e inmobiliarias bajo extensas jornadas laborales, salarios “ínfimos o inexistentes” y mecanismos permanentes de control psicológico y religioso.

De acuerdo con la resolución de procesamiento dictada en 2024, el delito atribuido es trata de personas con fines de explotación laboral agravada por engaño, abuso de vulnerabilidad, pluralidad de autores y pluralidad de víctimas. En el caso de Argüello, además, se incorporó el agravante de haber actuado como “ministro de un culto no reconocido”.

La causa se originó a fines de 2020 tras allanamientos realizados tanto en la vivienda de Argüello como en distintos emprendimientos ligados a la organización. En marzo de 2021 el pastor fue detenido y posteriormente recuperó la libertad hasta el inicio del juicio oral.

Durante la primera audiencia, realizada la semana pasada, Argüello negó todas las acusaciones y aseguró que nunca existieron restricciones sobre las personas que integraban la comunidad religiosa.

El debate continuará el próximo miércoles 13 de mayo con nuevas declaraciones testimoniales. Sin embargo, debido a la amplitud de la prueba incorporada al expediente y a la cantidad de personas citadas, no se descarta que el juicio se extienda durante la próxima semana antes de llegar a los alegatos y a la sentencia.

El juicio contra el pastor e influencer de San Francisco Elías Argüello continuará el próximo 11 de mayo en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, en el marco de una causa por presunta trata de personas con fines de explotación laboral que también tiene como imputados como coautores a su pareja, Daiana Herrera, además de Ricardo Mercado, alias “Eliseo”, y Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”, y Marcos Matías Burini, alias “Mateo”, como partícipe necesario.

El proceso judicial comenzó esta semana y, según informaron fuentes judiciales a LA VOZ DE SAN JUSTO, podría extenderse más allá del 13 de mayo, fecha inicialmente prevista para la finalización de las audiencias, debido a la amplitud de la prueba testimonial incorporada al expediente. En la causa figuran siete presuntas víctimas, aunque cinco de ellas no se consideran víctimas de los hechos investigados.

El tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal oral Carlos Gonella.

Durante la primera audiencia, Argüello declaró ante el tribunal y rechazó las acusaciones en su contra. El pastor sostuvo que es inocente y negó haber ejercido sometimientos o restricciones sobre integrantes de la organización religiosa Dimensión Cielo. Además, afirmó que no se consideraba “ningún líder religioso”.

También señaló que el dinero que ingresaba a la organización formaba parte de “un fondo común” al que todos los integrantes tenían acceso y cuyo uso, según dijo, era consensuado.

La investigación, impulsada por la fiscal federal que subroga en San Francisc, María Marta Schianni, sostiene que las presuntas víctimas habrían sido captadas mediante mecanismos coercitivos, alejadas de sus familias y despojadas de bienes materiales para beneficiar económicamente a la organización.

De acuerdo con la resolución de procesamiento dictada en 2024, el delito atribuido es el de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por “engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad, pluralidad de autores y de víctimas” y por haberse concretado la explotación. En el caso de Argüello, además, se agregó el agravante de haber actuado como “ministro de un culto no reconocido”.

La defensa del principal imputado está encabezada por el abogado Eduardo Gómez Caminos, acompañado por la letrada Alejandra Sosa Cerrolaza. El defensor cuestionó la investigación y aseguró que “no existe delito” en el accionar de los acusados.

La causa se originó a fines de 2020 tras una serie de allanamientos realizados en la vivienda de Argüello y en dos emprendimientos vinculados a la panificación y al mercado inmobiliario. En marzo de 2021, el pastor fue detenido y meses después recuperó la libertad, situación que mantuvo hasta el inicio del juicio oral.

De qué se lo acusa

En el requerimiento de elevación a juicio al que accedió este diario, la fiscal Schianni sostuvo que Elías Argüello “captó, trasladó y acogió con fines de explotación” a siete personas mediante “engaños”, mensajes por Whatsapp y Facebook y videos difundidos en su canal de Youtube. Según la acusación, las víctimas fueron atraídas con “promesas de salvación eterna” y bajo la supuesta condición de que Argüello, su pareja Daiana Herrera y su hija eran “elegidos o enviados de Dios”.

La fiscalía indicó además que los imputados se habrían aprovechado de situaciones de vulnerabilidad emocional, económica y familiar de las presuntas víctimas, muchas de las cuales atravesaban crisis personales. La acusación sostiene que, una vez incorporadas a la organización Dimensión Cielo, eran persuadidas para abandonar vínculos familiares, cambiar sus nombres y desprenderse de bienes materiales en favor del grupo.

Según el requerimiento, la promesa de una vida “en comunidad” derivó en condiciones de “hacinamiento”, alimentación deficiente, control de salidas y comunicaciones, además de extensas jornadas laborales en emprendimientos vinculados a la panificación, venta de comidas e inmobiliarias administradas por Argüello y otros acusados.

La fiscal Schianni también sostuvo que las presuntas víctimas realizaban tareas durante aproximadamente 14 horas diarias, muchas veces sin descanso y con salarios “ínfimos o inexistentes”. La acusación describe además situaciones de “humillaciones y maltratos”, vigilancia permanente y mecanismos de control psicológico y religioso dentro de la organización.

En las últimas horas, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento de Elías Daniel Argüello, líder del culto “Dimensión Cielo”, y también el de otras personas del grupo por trata de personas con fines de explotación laboral. Argüello, que estuvo detenido algunos meses en el año 2021, y el resto seguirán libres hasta el juicio.

La Justicia ratificó además la contundencia de la prueba recabada durante la investigación. 

En septiembre de 2023, el juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, había hecho lugar al pedido de la fiscalía y ordenado el procesamiento, medida que luego fue apelada por la defensa de los acusados. 

“La prueba fue contundente y la valoración que se hizo fue la correcta. Entendemos que se da por confirmada la participación de las cinco personas” en el hecho, dijo Montesi en declaraciones a AM 1050. 

Además del pastor evangélico, los otros procesados son Daiana Herrera, Ricardo Mercado y Maximiliano Mercado, como presuntos coautores, y Marcos Burini, como supuesto partícipe necesario, del delito de trata de personas con fines de explotación laboral (finalidad de reducción a la servidumbre), “agravada por haber sido perpetrada mediante engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad, pluralidad de autores, pluralidad de víctimas y por haber sido consumada”, según cita el fallo judicial que pudo conocer LA VOZ DE SAN JUSTO. En el caso de Argüello, se agrega el agravante por ser ministro de un culto religioso. 

“La Cámara estableció criterios y determinó conductas o hechos interesantes teniendo en cuenta que estamos frente a un grupo religioso de organización piramidal”, agregó Montesi tras el fallo.

Además, “destacó en su profundo análisis el grado de vulnerabilidad de al menos siete personas, un sistema de creencias impuestas por un líder religioso, mecánica de explotación laboral,  un grupo coercitivo de características sectarias, regímenes de mala alimentación, despersonalización de las víctimas e imposibilidad de formar pareja fuera del grupo, dominio psicológico, hacinamiento y precarización laboral de las víctimas, además de prolongadas jornadas laborales, todo manipulado desde un aspecto vinculado por la religión o cuasi religión”, enumeró el juez.

“Las víctimas fueron captadas en un alto grado de vulnerabilidad y de esclavitud”, sostuvo. 

Sin prisión preventiva, los procesados deberán cumplir con ciertas medidas hasta el juicio: someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; presentarse quincenalmente ante la División Unidad Operativa Federal Córdoba de la Policía Federal Argentina o dependencia de dicha fuerza; no podrán salir del país ni concurrir a reuniones, visitar lugares o acercarse a las víctimas. Si no obedecen, serán detenidos.

“Los cinco imputados esperarán el juicio en libertad porque no se da ninguna de las condiciones que se requieren para prisión domiciliara como peligro de fuga, por lo que no se obstaculiza la investigación. Entonces, continuarán en la misma situación hasta que se eleve la causa a juicio que podría ser a fin de año”, explicó Montesi.

Además, se confirmó el embargo sobre los bienes Elías Argüello, Daiana Felisa, Ricardo Mercado y Maximiliano Mercado por $10.000.000 cada uno y sobre los bienes de Marcos Burini por $5.000.000. 

El procesamiento había sido solicitado por la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, luego de que el juez de esa ciudad, Roque Rebak –que subrogaba a Montesi en ese momento- ordenara liberar a Argüello al dictarle “falta de mérito” a mediados de 2021. Sin embargo, un año después la Cámara Federal de Apelaciones revocó la decisión de Rebak y avaló lo investigado por la fiscal.

Se trata de una causa que data de finales de 2020 cuando se realizaron una serie de allanamientos en la vivienda de Argüello en el country Ayres del Golf en San Francisco y en dos de sus emprendimientos, vinculados a la panificación y al mercado inmobiliario.

El pastor evangélico, que también era youtuber, se presentaba ante sus seguidores como un líder religioso y comenzó a ser investigado por las pésimas condiciones laborales a las que sometía a sus víctimas en una empresa de panificación.

Durante la investigación se llevaron a cabo distintos allanamientos en los que se recolectaron pruebas clave, pero además se realizaron escuchas telefónicas que fueron determinantes para la causa. También hubo muchas declaraciones testimoniales. 

En marzo de 2021, Argüello fue detenido hasta que meses después obtuvo la libertad. 

“La investigación determinó que este grupo de personas se dedicaba a captar a otras mediante la maniobra de convencimiento y persuasión. Sus víctimas estaban en situación de vulnerabilidad y pobreza y de cierta fragilidad espiritual, entonces se aprovecharon de eso”, había manifestado durante una entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO la fiscal Schianni que investigó este caso que tuvo repercusión nacional. 

Las víctimas que se nombran en el expediente de la causa son seis, aunque la funcionaria judicial sostuvo que eran más en base a “historias y testimonios” que llegaron a su fiscalía a partir de este caso y que demuestran que los acusados llevaban “varios años” captando gente. 

“Los hacían trabajar jornadas extensísimas en condiciones deplorables, sin ningún tipo de salario, todo lo recaudado con la venta callejera y en los colectivos urbanos iba destinado a un fondo común. Recién cuando vendían todo, podían regresar. Vivían hacinados en una casa de barrio Argüello, en Córdoba -detalló Schianni-. También tenían deficiencias nutricionales”. 

Otra grave cuestión que determinó la investigación es que “a las víctimas se les cambiaba el nombre, esto fue analizado por los profesionales en sus declaraciones. Se dio un proceso de despersonalización, todo con la finalidad de manipularlas”. 

Dos de las víctimas estaban en San Francisco y el resto en Córdoba. Desde nuestra ciudad, eran vigiladas a través de cámaras instaladas en la casa de la capital provincial. 

“Aquí se violaron todos los parámetros que mencionan los protocolos de trata de personas, hubo explotación en términos de una reducción a la servidumbre, que considera a la persona como un objeto, una cosa, afectando a su dignidad”, afirmó Schianni. 

Asimismo, justificó su pedido de procesamiento con el hecho de que  “las víctimas no se autopercibían víctimas, entonces no se podían tomar al pie de la letra sus declaraciones porque habían sido despersonalizadas y su consentimiento estaba viciado. Los peritos hablaron de una coerción psicológica muy poderosa que tiene origen divino”.

“Eran víctimas pero no se percibían como tales, padecieron despersonalización, miraban y hablaban por los ojos del líder de la secta. Sus vidas eran manejadas”, manifestó la entrevistada. 

Daiana Herrera estaba involucrada junto a su marido, Argüello, en la presunta explotación laboral de dos mujeres las que realizaban tareas como empleadas domésticas, cuidaban de los hijos del matrimonio, recibiendo un exiguo pago y vivían en condiciones precarias. 

A Maximiliano Mercado se lo sindica como socio de Argüello en una panificadora de la ciudad de Córdoba. Esta persona habría tenido a su cargo el control sobre las víctimas, diagramar el trabajo, distribuir las tareas, además de administrar el dinero obtenido.

La Justicia sostiene que las víctimas fueron captadas por integrantes de la organización en San Francisco, se las convencía para que se alejaran de sus familias y cedieran en beneficio de la organización sus bienes materiales y de este modo reducirlas a la servidumbre con la finalidad de explotarlas laboral y económicamente.

Todo se conoció a partir de la denuncia radicada ante la Justicia Federal por la hermana de una de las víctimas oriundas de la provincia de Misiones. 

El juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó el procesamiento de Elías Daniel Argüello, líder del culto “Dimensión Cielo” de esta ciudad y también el de otras personas del grupo por trata de personas con fines de explotación laboral. Por este delito, Argüello estuvo detenido algunos meses en el año 2021.

Los otros procesados son Daiana Felisa, Ricardo Mercado y Maximiliano Mercado, como presuntos coautores, y Marcos Burini, como supuesto partícipe necesario, del delito de trata de personas con fines de explotación laboral (finalidad de reducción a la servidumbre), “agravada por haber sido perpetrada mediante engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad, pluralidad de autores, pluralidad de víctimas y por haber sido consumada”, según cita el fallo judicial que pudo conocer LA VOZ DE SAN JUSTO. En el caso de Argüello, se agrega el agravante por ser ministro de un culto religioso. 

Sin prisión preventiva, los imputados deberán cumplir con ciertas medidas: someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; presentarse quincenalmente ante la División Unidad Operativa Federal Córdoba de la Policía Federal Argentina o dependencia de dicha fuerza; no podrán salir del país ni concurrir a reuniones, visitar lugares o acercarse a las víctimas. Si no obedecen, serán detenidos.

Además, Montesi trabó un embargo sobre los bienes Elías Argüello, Daiana Felisa, Ricardo Mercado y Maximiliano Mercado por $10.000.000 cada uno y sobre los bienes de Marcos Burini por $5.000.000. 

El procesamiento había sido solicitado por la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, luego de que el juez de esa ciudad, Roque Rebak –que subrogaba a Montesi en ese momento- ordenara liberar a Argüello al dictarle “falta de mérito” a mediados de 2021.

Sin embargo, un año después la Cámara Federal de Apelaciones revocó la decisión de Rebak y avaló lo investigado por la fiscal.

Se trata de una causa que data de finales de 2020 cuando se realizaron una serie de allanamientos en la vivienda de Argüello en el country Ayres del Golf en San Francisco y en dos de sus emprendimientos, vinculados a la panificación y al mercado inmobiliario.

El pastor evangélico, que también era youtuber, se presentaba ante sus seguidores como un líder religioso y comenzó a ser investigado por las pésimas condiciones laborales a las que sometía a sus víctimas en una empresa de panificación.

Durante la investigación se llevaron a cabo distintos allanamientos en los que se recolectaron pruebas clave, pero además se realizaron escuchas telefónicas que fueron determinantes para la causa. También hubo muchas declaraciones testimoniales. 

En marzo de 2021, Argüello fue detenido hasta que meses después obtuvo la libertad

“La investigación determinó que este grupo de personas se dedicaba a captar a otras mediante la maniobra de convencimiento y persuasión. Sus víctimas estaban en situación de vulnerabilidad y pobreza y de cierta fragilidad espiritual, entonces se aprovecharon de eso”, dijo a LA VOZ DE SAN JUSTO la fiscal Schianni que investigó este caso que tuvo repercusión nacional. 

Las víctimas que se nombran en el expediente de la causa son seis, aunque la funcionaria judicial sostiene que eran más en base a “historias y testimonios” que llegaron a su fiscalía a partir de este caso y que demuestran que los acusados llevaban “varios años” captando gente. 

“Los hacían trabajar jornadas extensísimas en condiciones deplorables, sin ningún tipo de salario, todo lo recaudado con la venta callejera y en los colectivos urbanos iba destinado a un fondo común. Recién cuando vendían todo, podían regresar. Vivían hacinados en una casa de barrio Argüello, en Córdoba”, detalló Schianni. “También tenían deficiencias nutricionales”. 

Otra grave cuestión que determinó la investigación es que “a las víctimas se les cambiaba el nombre, esto fue analizado por los profesionales en sus declaraciones. Se dio un proceso de despersonalización, todo con la finalidad de manipularlas”. 

La fiscal contó que dos de las víctimas estaban en San Francisco y el resto en Córdoba. Desde nuestra ciudad, eran vigiladas a través de cámaras instaladas en la casa de la capital provincial.  

“Aquí se violaron todos los parámetros que mencionan los protocolos de trata de personas, hubo explotación en términos de una reducción a la servidumbre, que considera a la persona como un objeto, una cosa, afectando a su dignidad”, afirmó Schianni. 

Asimismo, justificó su pedido de procesamiento con el hecho de que  “las víctimas no se autopercibían víctimas, entonces no se podían tomar al pie de la letra sus declaraciones porque habían sido despersonalizadas y su consentimiento estaba viciado. Los peritos hablaron de una coerción psicológica muy poderosa que tiene origen divino”.

“Eran víctimas pero no se percibían como tales, padecieron despersonalización, miraban y hablaban por los ojos del líder de la secta. Sus vidas eran manejadas”, manifestó la entrevistada. 

Daiana Herrera estaba involucrada junto a su marido, Argüello, en la presunta explotación laboral de dos mujeres las que realizaban tareas como empleadas domésticas, cuidaban de los hijos del matrimonio, recibiendo un exiguo pago y vivían en condiciones precarias. 

A Maximiliano Mercado se lo sindica como socio de Argüello en una panificadora de la ciudad de Córdoba. Esta persona habría tenido a su cargo el control sobre las víctimas, diagramar el trabajo, distribuir las tareas, además de administrar el dinero obtenido.

De acuerdo a la investigación, las víctimas fueron captadas por integrantes de la organización en San Francisco, se las convencía para que se alejaran de sus familias y cedieran en beneficio de la organización sus bienes materiales y de este modo reducirlas a la servidumbre con la finalidad de explotarlas laboral y económicamente.

Todo se conoció a partir de la denuncia radicada ante la Justicia Federal por la hermana de una de las víctimas oriundas de la provincia de Misiones.