El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que no tiene nada que esconder y aseguró que se puso a disposición de la Justicia. Así lo expresó en conferencia de prensa en relación con el viaje a Nueva York con su esposa y otro en avión privado a Punta del Este.

“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Quiero dejar algo en claro, ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra”, dijo Adorni.

En la misma línea, sostuvo que “no son lo mismo que los que estuvieron antes y la gente lo sabe” y aseguró que no va a permitir que le den “clases de ética” aquellos que “viven del Estado desde que nacieron” o  “los que se robaron un PBI”.

“Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas", manifestó.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó envuelto en una controversia que generó repercusión política cuando intentó justificar el hecho de que su esposa viajara con él a Nueva York en un vuelo oficial. Argumentó que “se deslomaba trabajando” y quería que ella lo acompañara. Una explicación bastante débil para quien se presenta como paladín de una visión enfocada en la moralidad de los actos de gobierno.

En los medios y las redes se habló más de este suceso que de lo ocurrido en la denominada “Argentina week”, evento que procuraba reunir a los grandes financistas y empresarios de la potencia del norte con el objetivo de lograr inversiones en diversos sectores productivos de la economía nacional. De este modo, el principal motivo del viaje de la comitiva gubernamental quedó en segundo plano frente al revuelo producido por la decisión de Adorni y su controvertida explicación. Asimismo, también un vuelo privado hacia Punta del Este en la semana de carnaval apunta a un manejo poco claro de este funcionario. 

Estas situaciones que involucran al jefe de Gabinete desgastan la credibilidad de su retórica que plantea aspectos similares a una cruzada moral para diferenciarse de las prácticas populistas y también corruptas del kirchnerismo. En estos casos, podría no tratarse de hechos graves de corrupción, pero sí son una falta ética evidente.

El propio Adorni ha sido el vocero de las medidas destinadas a sanear determinadas actividades dentro del Estado relacionadas con la decencia y la sana administración. Por caso, había señalado que los familiares no integrarían comitivas oficiales. Está a la vista que “deslomarse” trabajando en Nueva York no ingresaba en aquellas afirmaciones. De este modo, quedó crudamente expuesto el discurso oficial que prometía austeridad y se diferenciaba respecto de gobiernos anteriores.

El micromundo de las redes sociales está habitado mayoritariamente por militantes que atacan o defienden ardorosamente actitudes de la clase dirigente. Solo pretenden imponer su “verdad”, aunque ésta no se acomode a los hechos. Es la época de la posverdad en toda su dimensión. Un tiempo en el que los aspectos éticos se subordinan al “tener razón”, aunque para ello se deba recurrir a estrategias insólitas para mantener un discurso que se ajuste al criterio propio de superioridad moral.

Otro ejemplo de esta realidad son las críticas del kirchnerismo y de sectores de la izquierda a Lionel Messi por haber participado en un encuentro institucional en la Casa Blanca, donde el presidente de Estados Unidos recibió al equipo campeón de la liga local. En este tipo de cuestionamientos resulta difícil descifrar, la lógica argumentativa sobre todo cuando proviene de espacios políticos que aún no comprenden por qué una parte importante de la ciudadanía decidió retirarles su apoyo.

No es auspicioso comprobar que el actual gobierno cae repetidamente en un terreno similar, marcado por las inconsistencias entre lo prometido y lo efectivamente realizado.  Aunque el episodio de la esposa de Adorni probablemente no defina una elección, erosiona el relato oficial y daña su capital político. Cuando el discurso público se apoya en la superioridad moral y en la promesa de hacer las cosas de otro modo, los gestos adquieren un peso mayor. En la vida pública en general, es necesario sostener los principios declamados con conductas que los respalden. De allí que conserva plena vigencia aquello de que no solo importa ser, sino también parecer.

Alcanza ribetes insólitos -hasta llega a extremos de ridiculez- la decisión de la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino de suspender la novena fecha del torneo de la Liga Profesional, debido a que los máximos dirigentes de esa entidad fueron citados a declarar ante la Justicia en una causa por una supuesta millonaria evasión fiscal.

La trama del anunciado lockout futbolero revela, una vez más, que el ejercicio del poder está plagado de gestos y decisiones cargados de significación. En este caso, se confirma aquello de que los sistemas de poder construyen su propio relato con la intención de perpetuarse.

Asimismo, las reacciones de los protagonistas cuando se hallan en problemas están escritas en los manuales: negación o minimización, búsqueda de chivos expiatorios, denuncia de persecuciones, aumento del control, cooptación de aliados e intensificación en la toma de decisiones que tienen como objetivo aparentar firmeza o resistencia. A veces, por la tensión existente, bajo la presión y la amenaza de que se derrumbe lo “construido”, algunas de estas estrategias afloran en decisiones de una torpeza manifiesta.  La huelga del fútbol parece ser uno de esos casos.

Si bien no se relacionan directamente con la causa que motivó la citación judicial de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, sus apellidos atraviesan otros asuntos que son materia de investigaciones en los tribunales. En uno de ellos, el sobrevuelo de drones sobre una fastuosa residencia en Pilar, Buenos Aires, cuya propiedad estaría vinculada al tesorero de la AFA , permitió descubrir la existencia de un extravagante helipuerto. En un extremo del sitio donde aterrizaban helicópteros que habrían transportado a encumbrados personajes cercanos a ámbitos de poder (como el judicial) para participar de lujosas celebraciones, aparece el nombre de Servicios Neurus, una firma asociada al opaco entorno de este personaje siempre agresivo en sus apariciones en redes sociales. Quizás sea coincidencia. Tal vez no. Pero esa denominación activa la memoria cultural compartida y remite a un dibujo animado que marcó a generaciones: Hijitus.

El poder caricaturizado

En aquella inolvidable creación de Manuel García Ferré, Neurus es el autoritarismo hecho caricatura. El profesor tiene la obsesión de concentrar el poder. Y, para ello, monopoliza la palabra y reduce a los demás a meros ejecutores. Una frase muy repetida, condensa este modo de actuar: “Uno para ti, otro para ti y cien para mí”. Expresa una concepción del orden basada en la desigualdad, ajena a la justicia o al mérito y apoyada en decisiones que no admiten discrepancia. La legalidad y el sentido común se subordinan a la conveniencia del que manda y ordena.

Para que exista esta manera de ejercer el poder se necesitan personajes como Pucho, cuyas limitaciones -personales o contextuales- reducen su capacidad de respuesta y generan una obediencia que no nace de la racionalidad, sino de la dependencia, y que, a veces, deriva en complicidad.

Así, la semiología -disciplina que, a veces y con alguna razón, es calificada como excesivamente abstracta- encuentra aquí una aplicación concreta. En la AFA, dos Neurus, uno de los cuales incluso estampó ese nombre en un helipuerto, protagonizan un guion en el que el poder se encierra para proteger sus propios intereses, aun a costa de perjudicar al conjunto. Y varios Pucho, dirigentes de ligas o clubes, otorgan callando, replican en sus redes comunicados de apoyo calcados o deben salir a explicar a la afición que no son “corderitos”. Mientras, las tribunas rugen.

El paro del fútbol ya lanzado y los evidentes gestos de obediencia dirigencial que delatan dependencia conforman una trama que excede largamente las peripecias judiciales de Tapia y Toviggino, pues revela cómo el poder se representa a sí mismo y de qué modo su afán de autoprotección comunica, de forma cada vez más explícita, el objetivo de alcanzar impunidad.  

Sin embargo, en la entrañable historieta, por torpeza o falta de malicia, el ayudante del autoritario profesor termina complicándole la vida al soberbio estratega que piensa y ejecuta buscando su propio beneficio. Puede inferirse entonces que hay espacio para la esperanza de que aparezcan algunos Pucho involucrados en el mundo del fútbol que se propongan neutralizar a los Neurus de la AFA.

Rushworth M. Kidder fue un pensador norteamericano dedicado a la ética aplicada en las sociedades contemporáneas. Fundó en 1990 el Instituto para la Ética Global y escribió un libro revelador titulado “Cómo las buenas personas toman decisiones difíciles”.

En esa obra ofrece herramientas prácticas para afrontar los complejos dilemas morales que deben enfrentarse en la vida cotidiana. El autor identifica situaciones en las que entran en conflicto valores considerados positivos tanto por las personas como por las sociedades. Uno de esos dilemas es el enfrentamiento entre la verdad y la lealtad.

La situación que atraviesa hoy el fútbol argentino -donde se superponen visiones ideológicas sobre la estructura institucional del deporte, intereses de las dirigencias de los clubes y revelaciones sobre presuntos manejos irregulares de carácter deportivo, económico y político que investiga la Justicia- ha colocado a varios de sus protagonistas frente a ese dilema: ajustarse a la verdad o sostener una lealtad exigida desde el poder.

A partir del campeonato “fantasma” que la dirigencia de la AFA entregó a Rosario Central, se ha desatado una ola de informaciones y sucesos que cada día generan más escándalo. La conducción de la entidad madre del fútbol, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y secundada por el hoy muy comprometido tesorero, Pablo Toviggino, ya no logra percibir el hastío que generan los reglamentos modificados sobre la marcha, los arbitrajes bajo sospecha y el crecimiento artificial de determinados clubes bajo el ala del poder. Y tampoco puede encontrar argumentos sólidos para defenderse del vendaval de acusaciones vinculadas al manejo y destino de fondos millonarios que esconden negocios nada transparentes,  vinculaciones con lo peor de la política, posibles maniobras relacionadas con el juego clandestino, operaciones judiciales encubiertas y la ostentación de lujosos bienes propia de quienes se creen impunes, entre otras “virtudes”.

Hasta hace poco tiempo, todas las críticas y acusaciones contra esta gestión en enmarcaban en la batalla contra las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Desde la AFA se promovió un escenario binario. Quien no apoyaba decididamente la postura de los máximos dirigentes del fútbol quedaba automáticamente asociado a la privatización de los clubes. El debate sobre la transparencia en el deporte quedaba de lado, aun cuando las situaciones opacas dentro y fuera de los estadios han dejado de ser meras sospechas para adquirir connotaciones públicas y judiciales.

En el marco de esa disputa ideológica, la dirigencia deportiva se vio obligada, a finales de 2023, a emitir manifiestos de apoyo con textos casi calcados que expresaban el rechazo a las SAD. Puede sostenerse, con fundamentos, que la existencia de los clubes como asociaciones civiles sigue siendo una convicción mayoritaria y legítima. Hasta allí, el problema era de visiones diferentes sobre el modelo deportivo, con los inevitables matices políticos.

Sin embargo, mientras se acumulan las denuncias y se activan los procesos judiciales contra los popes afistas, muchos dirigentes parecen haber caído en lo que podría denominarse la “trampa de la lealtad”. Varios clubes emitieron comunicados -también de similar tenor- en defensa de los dirigentes hoy investigados. Son declaraciones que huelen más a una "orden de arriba" que a una convicción genuina. La actitud del “secanucas” se repite. Es decir, figuras que asienten solo para sobrevivir en un sistema de premios y castigos, ignorando que esa misma estructura debilita la competitividad de sus clubes y erosiona su credibilidad.

Es verdad que muchas otras instituciones no se han expresado. Por prudencia o temor. Quizás también porque siguen las cavilaciones sobre cómo resolver el dilema entre la verdad de los hechos y la lealtad que se pretende imponer.  Esta vacilación solo es comprensible en un determinado momento. Al respecto, el referido Rushworth Kidder señala que “todos nos enfrentamos a situaciones difíciles. A veces las evadimos. A veces las confrontamos. Incluso cuando las confrontamos, sin embargo, no siempre decidimos resolverlas. A veces simplemente meditamos sin cesar sobre los posibles resultados o nos atormentamos buscando salidas alternativas. Incluso cuando si tratamos de resolverlas, no siempre lo hacemos por medio de una autorreflexión activa. A veces simplemente nos abrimos paso urgidos por las circunstancias o a fuerza de impaciencia y dogmatismo, como si resolver el problema fuera más importante que hacer lo correcto”.

Menudo dilema vive el fútbol argentino a las puertas de otro Mundial. Porque no se discute la nobleza de la lealtad como valor ético. Pero cuando se la utiliza para encubrir la arbitrariedad o la corrupción, se convierte en una trampa.

 El escándalo de los audios del “spagnuologate” y los que permitieron conocer la voz de la secretaria general de la Presidencia primero generaron estupor en el gobierno nacional. Luego de varios días se diseñó una contraofensiva que, al menos en parte, consiguió que se hablara más de teorías conspirativas que de los supuestos hechos de corrupción. Claro que esas elucubraciones tuvieron sus bemoles. Algunas rozaron el disparate, otras se atribuyeron al trabajo de espías rusos y venezolanos que, con sorprendente libertad, se habrían manejado en las oficinas de la Rosada y la Cámara de Diputados y las últimas desembocaron en una presentación judicial que obtuvo una medida insólita censura previa.  La estrategia de calzarse los guantes surtió algún efecto. Empero, se mantienen las dudas sobre el supuesto entramado de coimas y aparecen interpretaciones que bien podrían servir como variables del berenjenal en el que se ha metido, por sus errores no forzados, el gobierno nacional.

Por un lado, la grabación de algunos audios demostraría un pase de facturas interno en las fuerzas libertarias más que una operación ilegal de una potencia como Rusia, especialista en colocar “topos” en las cloacales cañerías del submundo de la política. Los audios en los que hasta ahora se escuchó la voz de la hermana del presidente, podrían provenir de improvisadas maniobras de los que están molestos por el resultado de la rosca política. Se parecen, por momentos mucho, a la chapucería con la que actuaron los denominados “plomeros de la Casa Blanca” que, allá por comienzos de los años 70, urdieron un plan avalado por el entonces presidente estadounidense Richard Nixon, para colocar micrófonos en las oficinas del Partido Demócrata ubicadas en el edificio de Watergate. 

Por el otro, se constata el derrumbe, al menos parcial, de la frase con la que Milei resumió lo que sería su programa de gobierno. Porque quedó rengo aquello del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en la defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Al menos en lo que a la libertad se refiere. Más precisamente a la libertad de expresión. La palabra censura aplica en toda su significación al insólito fallo de un juez muy cuestionado que ordenó “el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada”, advirtiendo que esas grabaciones podrían afectar por su contenido, al que no ha tenido acceso, “la intimidad y el honor” de la secretaria de la Presidencia y “la seguridad institucional” del país.

Como no podía ser de otro modo, los más reconocidos constitucionalistas argentinos, independientemente de sus posiciones ideológicas o partidarias, cuestionaron con dureza la medida cautelar dispuesta por el juez Maraniello. Los argumentos son tan sólidos como prácticamente irrebatibles. Claramente viola el derecho a la libertad de expresión de la prensa y el derecho a la información de la ciudadanía.

Sonaría ingenuo sostener que lo ocurrido es una isla en un océano tranquilidad para el ejercicio del oficio periodístico en el país. Desde hace años, las técnicas de coerción y presión de la política hacia la prensa se hicieron más sutiles aunque manteniendo la pretensión de alcanzar un par de objetivos. El primero es el mismo de siempre: controlar la información que la prensa difunde. El segundo evitar cualquier escándalo que deteriore la imagen pública del gobernante. El problema es que el panorama se agravó pues, el temperamento presidencial inundó hoy de insultos el debate y el cinismo de las redes sociales es capaz de convencer de que siempre existió una costumbre desestabilizadora en los medios de información. Esto último es reminiscencia del kirchnerismo.

Por fortuna, en medio de la agitación política frente a las elecciones de mañana en la provincia de Buenos Aires y la incertidumbre financiera, un episodio anterior que intentó imponer censura previa volvió al presente. En 1992, la jueza federal María Servini -por entonces de Cubría- obtuvo un fallo para censurar la apertura del programa del recordado Tato Bores y evitar que se pronuncie su nombre. El genial humorista hizo colocar el cartel de “censura judicial” a las partes que la Justicia le impedía emitir. Y organizó luego uno de los momentos más sublimes de la historia de la televisión: destacadas personalidades de la cultura y el periodismo cantaron “la jueza Barú Budú Budía, es lo más grande que hay”.

Por este nuevo extravagante intento censurador, “el jefe” como la llama su hermano, se ha convertido en la “Barú Budú Budía” del siglo XXI. Y, reinstalando la idea de que en la Argentina todo puede cambiar en diez minutos, pero nada en varias décadas, 33 años después de aquella emisión de “Tato de América”, la original “Barú Budú Budía” sigue sentada en su despacho de jueza federal.

La confianza en los gobernantes es un elemento determinante para el éxito de cualquier gobierno democrático en cualquier parte del mundo. Porque la confianza no se impone, no se decreta: se construye. Es el cimiento que sostiene a las instituciones y otorga previsibilidad política y económica.

El desapego evidente entre la vida política y las preocupaciones de la ciudadanía es una realidad que demuestra la debilidad de este insumo esencial. El reciente escándalo de los audios de Spagnuolo, que revelan presuntas coimas en un área tan sensible como la atención a la discapacidad pone en jaque y amenaza con derrumbar el relato anticasta y anticorrupción del mileísmo. La reacción oficial -estupor, largo silencio, negación, atribución de culpas ajenas, acusaciones cruzadas y teorías conspirativas- repite el libreto clásico de la política acorralada.

 Las teorías conspirativas se esparcen. Son, entre otras variables, la consecuencia de que el sistema de inteligencia es, desde hace mucho tiempo, un hormiguero pateado. Las flechas viajan en todas las direcciones. La confusión se acrecienta. El cinismo político refuerza el deterioro.

 Desde el kirchnerismo se celebró el desconcierto oficialista como prueba de que la promesa de terminar con la corrupción era falsa. La conclusión es brutal en su simpleza: todos son iguales. Es la estrategia de igualar hacia abajo. Sin embargo, el cálculo político puede ser un búmeran: si el gobierno pierde votos por corrupción, difícilmente éstos irían a parar a las huestes kirchneristas, afectadas por las mismas sospechas y varias comprobaciones.

 Desde el oficialismo se afirma que el escándalo no tendrá incidencia electoral. Y que la elección del domingo próximo en Buenos Aires será pareja, mientras que en octubre se prevé un triunfo libertario contundente. En este punto, los gobiernos menemistas y kirchneristas son ejemplos que demostrarían que, si el bolsillo no está afectado, la corrupción tiende a pasar a un segundo plano. ¿Se repetirá esta situación? La apuesta del gobierno a que la ruleta electoral les brinde un pleno es, por lo menos, osada.

 En este contexto, admitiendo la tesis de que puede ser probable que el audiogate no impacte en los guarismos de las próximas legislativas, puede advertirse, no obstante, que está dejando huella en lo que el gobierno consideraba una fortaleza: la confianza de la sociedad.

El filósofo coreano Byung-Chul Han explicó en su libro La sociedad de la transparencia: “En una sociedad que descansa en la confianza no surge ninguna exigencia penetrante de transparencia”. Pero no vivimos en esa sociedad: “La potente exigencia de transparencia indica precisamente que el fundamento moral de la sociedad se ha hecho frágil”. sostiene. En la Argentina, esa fragilidad se ha convertido en regla. No se exige transparencia porque se confía, sino porque no se cree.

El panorama electoral, especialmente en la provincia de Buenos Aires, refuerza la sensación de comedia de enredos con candidatos testimoniales que autoperciben populares, pero solo buscan preservar privilegios. En paralelo, la violencia vuelve a emerger como herramienta política: piedras, agresiones, denuncias y acusaciones cruzadas reeditan un juego peligroso que la historia argentina ya conoció en versiones más trágicas.

Refiriéndose a la actualidad conflictiva de la política española, el escritor Javier Cercas, en un artículo publicado en La Nación, lanzó una advertencia que parece escrita para la realidad argentina: “¿Son conscientes nuestros políticos del riesgo palpable que corremos o, cegados por el sectarismo patológico de los partidos y la lujuria del poder, no ven más allá de sus propios intereses?”. Y añadió: “Urge un revulsivo y quizá, antes que político, ese revulsivo debería ser moral: tal vez habría que restaurar el vínculo roto entre moral y política, abolir el prestigio repugnante del cinismo y devolverle a la política la limpieza y el idealismo que nunca debió perder”.

 Quizás no sea la única causa, pero la tensión preelectoral que impide el debate y habilita la violencia deriva de la actitud de quienes, en la política, no ven más allá de sus propios intereses. Lo que asfixia es la pérdida del sentido moral y, con ello, el crecimiento de la desconfianza y la irritación ciudadanas.

 Precisamente, “La gran irritación” es el título del último capítulo de La montaña mágica, novela en la que el alemán Thomas Mann hizo una profunda crítica de la Europa de principios del siglo XX, reflejando el surgimiento de las fuerzas totalitarias. En el final del libro, -ante la inminencia de la guerra- se pregunta: “¿Dónde estamos? ¿Dónde nos han transportado los sueños?”.

Interrogantes que bien pueden graficar el actual panorama político.

La reciente viralización de un episodio ocurrido durante un recital de Coldplay -en el que un alto ejecutivo de una empresa multinacional y su jefa de Recursos Humanos fueron captados en una situación de aparente intimidad- habilita una reflexión sobre el estado actual de la privacidad y el resguardo de la vida personal en este tiempo. Lejos de una intención condenatoria hacia los protagonistas, el hecho convoca a interrogarse por la deriva cultural que ha transformado el espacio de la intimidad en una forma de espectáculo masivo. 

Byung-Chul Han, filósofo surcoreano de referencia para pensar el presente, advierte en La sociedad de la transparencia que “la hipercomunicación nos despoja de toda intimidad protectora”. Vivimos en una era en la que no solo se ha naturalizado la sobreexposición, sino que incluso se promueve activamente. La consigna implícita es mostrarse, estar disponible, dejar rastros. Ya no hay un afuera del espectáculo: todo puede ser registrado, compartido, interpretado y archivado.

En ese marco, los espacios que otrora ofrecían cierta reserva han sido absorbidos por lo que Han denomina una “ágora virtual desespaciada”, un ámbito sin fronteras ni resguardos donde la vida privada circula sin control. El episodio del recital, replicado con humor por políticos, marcas e incluso organismos oficiales, se inscribe en una lógica mayor: la progresiva disolución de los límites entre lo íntimo y lo público.

El fenómeno no es nuevo. Basta recordar la escena que “protagonizaron” el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte en la escalerilla de un avión. En palabras del filósofo coreano, el mundo ha dejado de ser “un teatro donde se representan acciones” para convertirse en “un mercado en el que se exponen, venden y consumen intimidades”.

La gravedad del asunto no radica únicamente en la tecnología -que, como toda herramienta, puede utilizarse con distintos fines-, sino en la resignación cultural frente a la pérdida de privacidad. Un artículo de The New York Times sobre el tema del recital de Coldplay cita al profesor Charles Lindsey, de la Universidad de Búfalo, quien, contundente, sintetiza: “Si estás en un lugar público, no hay absolutamente ninguna expectativa de privacidad”. La frase no solo describe, advierte: el derecho al resguardo parece ya no estar garantizado por el contexto, sino supeditado a la posibilidad de no ser visto. Quedó esto patentizado en el siguiente recital del grupo británico, cuando su líder debió señalar a los asistentes que podían ser filmados. 

Es que la sobreexposición no es inocua. Tiene consecuencias. El problema es, precisamente, que este problema de estar siempre expuestos no se visualiza. Como señala Han en La expulsión de lo distinto, renunciamos voluntariamente a nuestra intimidad y nos entregamos a redes que “nos penetran, nos dilucidan y nos perforan”.

Frente a este escenario, importante sería reinstalar el debate sobre esta cuestión. Y que en el ámbito educativo sea una obligación abordarlo pedagógicamente. Porque no todo lo que puede registrarse debe compartirse; no todo lo que circula constituye un bien público. En definitiva, si la intimidad desaparece, lo que está en juego no es solo una categoría filosófica o legal, sino una dimensión esencial de la condición humana.