Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron ampliar las indagatorias al exdirector ejecutivo de la ANDIS Diego Orlando Spagnuolo y a otros imputados, en el marco de la causa por presuntas maniobras de corrupción en la compra de medicamentos de alto costo.

El planteo fiscal también alcanzó al exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini; al lobbista Pablo Atchabahian; al empresario Miguel Ángel Calvete; y al presidente de Génesis S.A., Andrés Horacio Arnaudo, entre otros.

Según el dictamen mencionado en el expediente, los investigadores atribuyeron nuevos pagos de sobornos a Spagnuolo por parte de Calvete, además de montos en efectivo detectados en instancias previas del caso.

Los fiscales sostuvieron que pudieron corroborar que Calvete gestionó un viaje de Spagnuolo a Israel entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024, con pasajes de avión, hospedaje y servicios de asistencia al viajero.

De acuerdo con la acusación, una secretaria de Calvete incluso eligió el asiento del avión y afirmó que la operatoria estaba destinada a “pagar favores políticos”.

El pedido se produjo en una causa atravesada por el análisis de mensajes, audios y documentación, a partir de los cuales la fiscalía afirmó que existió un esquema de direccionamiento de compras y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad.

En paralelo, Picardi y Rodríguez solicitaron indagar a directivos de la empresa Suizo Argentina.

Según la hipótesis fiscal, los intermediarios habrían capturado la dinámica de compras de la ANDIS entre mayo de 2024 y agosto de 2025, mediante acuerdos ilegales con funcionarios de la agencia.

La empresa, en tanto, negó las imputaciones y los sobreprecios atribuidos por los fiscales, cuestionó la incorporación de pruebas al expediente y sostuvo que los mensajes y audios usados en la causa conforman una “construcción falaz”.

La Justicia procesó este martes al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, en la causa que investiga presuntas coimas en la compra de medicamentos.

La medida fue adoptada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones.

Además de Spagnuolo, también fueron procesadas otras 18 personas, a quienes se las acusa de haber conformado una presunta asociación ilícita.

Por otro lado, la Cámara Federal rechazó un planteo realizado por la defensa de otro de los imputados que pedía anular la causa, ya que cuestionaba si los audios que dieron inicio a la investigación fueron conseguidos de forma lícita.

Los procesamientos habían sido dictados por el juez Sebastián Casanello en febrero de este año. La causa se encuentra ahora en manos del juez Ariel Lijo, actual subrogante del Juzgado Federal N°11.

Según la hipótesis del fiscal Franco Picardi, Spagnuolo sería el jefe de un esquema de corrupción con el pedido de coimas para direccionar la contratación a determinados laboratorios en la compra de medicamentos e insumos.

Los jueces señalaron en el fallo que “se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios”, cuya finalidad era la “obtención de ganancias indebidas”.

Además, apuntaron que el extitular del ANDIS habría tenido “intervención en las maniobras ilícitas desarrolladas en el seno del organismo que se encontraba a su cargo”.

La decisión de la Cámara se da luego de que se conoció que una auditoría encontró un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos de la ANDIS, y un día después de la salida de quien era su actual titular, Alejandro Vilches.

Además, este miércoles se espera la declaración de Nadia Beller, la exnovia de Fernando Cerimedo, quien aseguró tener pruebas de que el exasesor de Javier Milei fue quien filtró los audios atribuidos al extitular del ANDIS.

Una auditoría del Gobierno detectó un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que estuvo encabezada por Diego Spagnuolo hasta su desplazamiento en agosto de 2025.

Según publicó LA NACION, la cifra surgió de un análisis realizado por la intervención del organismo y corresponde a diferencias entre las deudas informadas por dos áreas clave. Parte de esos compromisos no había atravesado los controles administrativos establecidos.

El trabajo examinó la gestión de la Andis hasta el 21 de agosto de 2025 y relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas, supo la Agencia Noticias Argentinas.

La auditoría indicó que “se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la deuda exigible”.

Los auditores pidieron información sobre pagos y deudas a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), que implementaba programas como Incluir Salud. Esta última dependencia informó el monto de deuda más elevado.

El informe también advirtió sobre posibles imprecisiones en la información entregada por la Dnass. Desde esa dirección señalaron que tanto los importes como su clasificación podían haber registrado variaciones por errores involuntarios en la carga realizada por prestadores.

La Dnass se encuentra además bajo análisis del fiscal Franco Picardi en una causa que investiga un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20%. Según la acusación fiscal citada por el medio, los procesos de compra habrían presentado sobreprecios y deficiencias en los procedimientos administrativos.

La auditoría también observó la utilización de la figura de legítimo abono para pagar bienes o servicios ya entregados o cumplidos sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación.

Según el informe, hasta la fecha de corte el organismo continuaba utilizando ese mecanismo y solo se habían iniciado seis procedimientos de compras vinculados con esos servicios.

La auditoría no identificó cuáles fueron los pagos efectuados bajo legítimo abono, pero detalló que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.

El fiscal federal Franco Picardi pidió que Nadia Beller, exnovia de Fernando Cerimedo, sea citada a declarar como testigo en la causa Andis.

La abogada que fue baleada en Bolivia ya fue notificada de la solicitud. Si bien no hay fecha establecida, podría ser convocada en las próximas semanas de forma virtual debido a su situación de salud tras el ataque.

Picardi presentó el pedido hace unos días a la autoridad central boliviana a través de la Cancillería, y requirió que fiscales de dicho país la acompañen al momento de su declaración.

La decisión del fiscal se dio luego de que la diputada Marcela Pagano solicitó que Beller sea citada “con carácter urgente” tras sus declaraciones en los medios sobre la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Desde la clínica en la que estuvo internada tras recibir tres disparos, brindó una entrevista a Radio Rivadavia en la que sostuvo que Cerimedo y su esposa Natalia Basil fueron quienes filtraron los audios que derivaron en la investigación que involucra a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei.

“Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado”, afirmó.

Pagano había solicitado a la Justicia que Beller “aporte las grabaciones que afirma poseer de tales conversaciones” para que sean analizadas y se integren en la causa.

“El testimonio y las grabaciones que dice poseer inciden de manera directa e inmediata sobre el extremo que la alzada mandó esclarecer: el origen de los audios”, enfatizó en el escrito.

La Justicia rechazó el pedido del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo para frenar la pericia de los audios en la causa que investiga presuntas coimas, según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

La medida fue adoptada por el juez federal Ariel Lijo, luego del pedido de la defensa del exfuncionario de Javier Milei, que había cuestionado la decisión de analizar 58 archivos que afirman no se encontraban incluidos en la causa.

De esta forma, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 confirmó que los forenses de la Gendarmería Nacional Argentina deberán continuar con las pericias como estaban pactadas. La defensa de Spagnuolo apelará el fallo.

En el escrito, Lijo apuntó que “la cuestión que ahora introduce la defensa no resulta novedosa ni responde a una modificación sobreviniente del objeto de la experticia”, y que insistieron en cuestionar la validez de los audios.

También remarcó que, al momento de ordenar las pericias para determinar si los audios atribuidos a Spagnuolo estaban editados o adulterados, estos fueron identificados como “aquellos ‘aportados oportunamente a la fiscalía instructora por el periodista Mauro Federico’”. “No existió, por ende, una modificación posterior de su objeto ni una decisión sorpresiva”, enfatizó.

Lijo señaló además que la defensa del exfuncionario de ANDIS no había cuestionado esta decisión e incluso intervino “activamente” en la producción de los análisis.

“Luego de reclamar la realización de estudios destinados a determinar la autenticidad e integridad de los audios, consentir la decisión que individualizó expresamente el material sometido a examen, designar perito de parte y proponer puntos dirigidos a profundizar su análisis, no resulta compatible con una actuación procesal coherente pretender ahora paralizar la experticia sobre la base de una objeción relativa a su objeto material que pudo —y debió— ser introducida oportunamente”, agregó.

Un abogado que defendía a Miguel Ángel Calvete, uno de los implicados en la causa que investiga las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), renunció al cargo que ejercía en la Oficina Anticorrupción (OA).

Camilo Cordero Fabbri se desempeñaba como coordinador en el área de Admisión y Derivación de Denuncias en el organismo estatal, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El letrado representa a Calvete en un caso que derivó en su condena a cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena.

El fiscal Franco Picardi acusa a Calvete, al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y otros 14 ex funcionarios de integrar una organización que digitaba las compras para las llamadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que “se caracterizan por tener un costo económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades ‘raras’”.

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo declaró este miércoles en los tribunales de Comodoro Py, donde dijo que “no tenía nada que ver con los cargos” que le imputaban y anticipó que iba a “revisar la causa en profundidad” cuando tuviera acceso a toda la prueba del expediente.

Así lo indicó el abogado Mauricio D’Alessandro,  que representa a Spagnuolo, al salir de los tribunales.

“Spagnuolo dijo además que va a declarar nuevamente cuando tenga todo leído”, añadió el letrado.

La causa se inició cuando salieron a la luz audios en los que supuestamente Spagnuolo aseguraba que existía un circuito de coimas alrededor de la compra de medicamentos para discapacitados, lo que derivó en su salida del cargo.mKgMMg

La investigación judicial se centra en las supuestas coimas que se pagaron en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tiene cobertura médica.

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue llamado a indagatoria en el marco de la causa que investiga supuestas coimas en esa dependencia.

“Frente a ese cuadro fáctico, construido en función de los elementos probatorios recopilados por la fiscalía a cargo de la investigación, considero reunido el grado de sospecha previsto en el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación para hacer lugar al pedido del acusador público y disponer el llamado a indagatoria” a Spagnuolo, indicó el fiscal federal Franco Picardi según supo la Agencia Noticias Argentinas.mKgMMg

Además, llamó a indagatoria a Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete,Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

"ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado ysostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por lascaracterísticas, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso delsistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia", agregó el fiscal.

Esta mañana se levantó el secreto de sumario en la investigación sobre la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La medida permitirá que los imputados y sus defensas accedan a declaraciones, registros de countries y peritajes a teléfonos celulares.

Este avance procesal abre la puerta a que se conozcan detalles hasta ahora reservados de una causa que involucra a figuras del entorno gubernamental, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, mencionados en el expediente por su presunta participación en el reparto de retornos económicos vinculados a la adquisición de fármacos a la droguería Suizo Argentina.

La investigación, impulsada por el fiscal federal Franco Picardi y el juez federal Sebastián Casanello tras la denuncia presentada por Gregorio Dalbón —abogado de Cristina Kirchner en causas civiles—, se ha nutrido de una serie de pruebas que incluyen declaraciones de allegados, registros de acceso a barrios privados y pericias sobre dispositivos electrónicos.

Entre los elementos más relevantes figuran los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, en los que se detalla cómo se habrían distribuido los supuestos sobreprecios entre Lule Menem y Karina Milei. La difusión pública de estos audios, realizada el 22 de agosto por los periodistas Jorge Rial y Maurio Federico en Carnaval Stream, aceleró el curso de la causa.

 El escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sacudió el escenario político argentino y también impactó en Córdoba. Los audios difundidos, en los que el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, habría señalado maniobras vinculadas a funcionarios nacionales y apuntado a la hermana del presidente, Karina Milei, abrieron una investigación judicial y profundizaron las tensiones internas en el espacio libertario.

En este marco, Germán Cassinerio, candidato a diputado nacional por el Partido Libertario en Córdoba, que competirá en las elecciones legislativas del 26 de octubre por fuera de La Libertad Avanza, buscó marcar una diferencia clara respecto del oficialismo. En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, remarcó la necesidad de que la Justicia avance sin condicionamientos y dejó definiciones que lo distancian de la conducción política nacional: “Si la Justicia tiene que investigar, celebro que lo haga. Ojalá que paguen absolutamente todos los que hayan tenido que ver con una estafa, si la hubo”, expresó.

Desde este diario se intentó obtener la versión de dirigentes de LLA sobre el caso ANDIS, pero declinaron hacer declaraciones alegando compromisos de agenda.

Cassinerio, de trayectoria liberal y con un discurso centrado en la transparencia, reconoció que este caso expone el desafío de gobernar con un entorno político que, según sus palabras, no siempre refleja la coherencia que debería sostener un proyecto que nació con la promesa de barrer a la casta. “Javier Milei es una de las personas más honestas que conozco. El problema está en su entorno. Yo lo vengo diciendo hace tiempo: no lo cuidan y no lo van a cuidar. Esa es la diferencia que tenemos con quienes hoy están al frente de La Libertad Avanza”, sostuvo.

El dirigente sanfrancisqueño fue categórico al mencionar nombres propios que, a su entender, contradicen el espíritu original del movimiento libertario. “Apellidos como Menem están muy presentes en el esquema de poder actual, y eso es un retroceso. Nosotros no seguimos apellidos, militamos ideas y principios. El liberalismo no nació con Milei y no puede reducirse a nombres propios. Si se levanta la bandera de la casta, no puede terminarse incorporando a la casta en todas las provincias”, apuntó.

Para Cassinerio, el avance judicial sobre funcionarios en ejercicio marca un punto de inflexión en la política argentina. “Antes no pasaba que la Justicia actuara sobre un gobierno en ejercicio. Eso ya es un cambio de época. Lo vimos con la condena a Cristina Fernández de Kirchner y ahora se vuelve a ver con este caso. Eso es lo que necesitamos: una Justicia que no mire a quién tiene adelante, sino que aplique la ley a todos por igual”, señaló.

 En esa línea, pidió que se esclarezca con la mayor celeridad posible el rol de Karina Milei y de quienes integran su círculo más cercano. “Lo importante no es si esto es una operación política, como algunos sugieren. Lo importante es saber si es verdad o no lo que dicen los audios, y si las personas que aparecen involucradas tuvieron algo que ver. Esa es la clave para recuperar la confianza ciudadana”, subrayó.

Consultado sobre qué actitud debería adoptar el Congreso  frente a esta situación, Cassinerio aseguró que su espacio acompañaría la creación de una comisión investigadora. “El Congreso no puede ser un espectador pasivo. Tiene que actuar y dar señales claras de que el control político funciona. No se trata de perseguir a nadie, sino de garantizar que la ciudadanía sepa qué pasó realmente”, indicó.

El dirigente agregó que la discusión no debería circunscribirse solo al caso de la ANDIS, sino abrirse a un abordaje más amplio sobre la transparencia en la gestión pública: “Quiero saber qué pasó con Libra, con PAMI, con ANSES y ahora con ANDIS. No podemos seguir mirando para otro lado. Si no purgamos a la Argentina de la corrupción, no vamos a tener nunca un país distinto”.

El Partido Libertario en Córdoba decidió no integrar las listas de La Libertad Avanza para las legislativas de octubre, lo que evidenció la fractura interna del espacio. Según Cassinerio, la decisión estuvo motivada por diferencias irreconciliables en la forma de concebir la política. “Nosotros no nos vamos a sentar en una mesa para recibir órdenes de Karina Milei o de operadores que no representan al liberalismo. No vinimos a ser un furgón de cola de nadie. Tenemos nuestras propias convicciones y eso es lo que vamos a defender en el Congreso”, afirmó.

En su visión, el liberalismo debe trascender la figura de Milei y construirse como un movimiento plural, con bases sólidas en las provincias. “El Presidente tiene todo nuestro respeto, pero el futuro del liberalismo no puede depender de los caprichos de un círculo íntimo. Si seguimos ese camino, corremos el riesgo de que la gente pierda la esperanza en un cambio real”, advirtió.

Más allá de las denuncias y la crisis política que atraviesa el oficialismo, Cassinerio insistió en que este es un momento clave para demostrar si las instituciones funcionan. “Lo que está en juego no es solo la credibilidad de un gobierno, sino la credibilidad de la política en general. Si la Justicia y el Congreso hacen lo que corresponde, la Argentina puede dar un salto de calidad en su vida institucional. De lo contrario, será una decepción más”, reflexionó.

 Y concluyó con un mensaje a los votantes cordobeses: “La gente no quiere más maquillaje ni falsas promesas. No quiere un populismo reciclado ni una casta que se disfraza de nueva. Quiere que se gobierne con coherencia, con transparencia y con ideas claras. Ese es el compromiso que asumimos con el Partido Libertario en Córdoba”.