Han sido similares las decisiones adoptadas en las provincias de Córdoba y Santa Fe frente a las amenazas de tiroteos que se produjeron en masa semanas atrás en los establecimientos educativos. En ambos casos, los gobiernos han resuelto avanzar en mecanismos administrativos y legales destinados a recuperar los costos que generan los operativos de seguridad activados por este tipo de hechos, trasladando la responsabilidad patrimonial a los adultos a cargo de los menores involucrados.

La simultaneidad de estas medidas revela un diagnóstico compartido sobre la gravedad del problema, más allá de la intención de preservar los recursos públicos y desalentar conductas que alteran el funcionamiento del sistema educativo. Tanto en Córdoba como en Santa Fe, los procedimientos contemplan la identificación de los responsables, la cuantificación de los gastos y la posterior intimación de pago, en plazos breves y con posibilidad de ejecución judicial ante incumplimientos.

¿Es correcto que así se proceda? Varios argumentos permiten sostener una respuesta positiva. La amenaza falsa, cada inscripción intimidatoria o cada episodio que obliga a desplegar brigadas especializadas implica la movilización de recursos humanos y materiales que el Estado dispone para atender situaciones de riesgo real. La reiteración de estos hechos debilita la capacidad de respuesta ante emergencias genuinas, generando un efecto social que va mucho más allá del ámbito escolar.

En ese contexto, la determinación de exigir el resarcimiento a los adultos responsables introduce un elemento de reflexión que debe darse en el seno del ámbito familiar en el que se convive con niños y jóvenes. La adolescencia, en especial, constituye una etapa atravesada por búsquedas y desafíos, en la que la presencia orientadora de los adultos resulta decisiva. La intervención estatal, en este caso, pretendería orientarse a reforzar esa responsabilidad primaria, recordando que las conductas de los menores se desarrollan en un entramado de vínculos donde el diálogo y los límites ocupan un lugar preponderante.

De acuerdo con lo que se ha publicado en la prensa, en especial la de Santa Fe, la reacción de algunos progenitores ante las intimaciones -expresada en términos de sorpresa frente a los montos reclamados- exhibe una distancia entre la percepción del acto y sus consecuencias reales. Muchos adultos parecen no comprender la gravedad de la situación y tampoco sus posibles derivaciones. Se trata de no naturalizar los hechos. El miedo y la tensión fueron protagonistas de estos sucesos. Considerarlos como meras travesuras es un error grave.

Más allá de la sanción económica, lo que debe quedar claro es la necesidad de recuperar el sentido de la responsabilidad en la formación de las personas. La escuela cumple un rol también central, pero no puede asumir en soledad la tarea de encauzar conductas que se originan fuera de las aulas. La familia, el primer núcleo de formación y socialización, conserva una función indelegable en la transmisión de normas, la adquisición de sanos hábitos y en la construcción de criterios.

Luego de los agitados días en los que las amenazas se esparcieron por cientos de establecimientos educativos, la polémica sobre el traslado de los costos de los operativos a los padres de los adolescentes que protagonizaron los hechos no tendría mayor sustento. ES que  no  se trata únicamente de resarcir un gasto, sino de reponer principios básicos de convivencia. Y entender que las acciones tienen consecuencias y que deben ser asumidas. Banalizar ciertos comportamientos y diluir los límites no es una opción.

Un allanamiento realizado en la tarde del martes 5 de mayo en Devoto culminó con el secuestro de un arma de juguete, en el marco de una investigación por amenazas en un establecimiento educativo.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se llevó adelante en una vivienda de la localidad y arrojó resultado positivo, logrando incautar el objeto que sería de interés para la causa.

La medida fue dispuesta en el marco de una investigación judicial vinculada a amenazas ocurridas en una escuela de la zona, lo que motivó la intervención de las autoridades.

En el caso interviene la fiscalía de turno, que continúa con las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

El Gobierno de Córdoba puso en marcha un nuevo protocolo que establece que quienes realicen falsas amenazas de tiroteo en escuelas deberán afrontar los costos de los operativos de seguridad que estas situaciones generan.

La medida, formalizada por el Ministerio de Seguridad, dispone que los gastos derivados de intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación serán reclamados a los padres o adultos responsables de los menores identificados e imputados por la Justicia.

A partir de esta disposición, toda intimidación pública, amenaza o falsa alarma que implique el despliegue de recursos del Estado no solo tendrá consecuencias penales, sino también un recupero económico por parte de la Provincia.

El procedimiento indica que, una vez identificados los responsables, se realizará una cuantificación de los recursos humanos y materiales utilizados en cada operativo. Con esos datos, el Estado avanzará con la intimación de pago y, en caso de ser necesario, con acciones judiciales para recuperar los costos.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó el alcance de la medida y el impacto de este tipo de hechos: “Cada operativo de estas características moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia”.

En ese sentido, remarcó que no se trata de situaciones menores, ya que generan consecuencias en la comunidad educativa. Estas conductas alteran el normal funcionamiento escolar, provocan angustia en estudiantes, docentes y familias, y obligan a una respuesta inmediata del Estado.

Además, el funcionario fue enfático al justificar la decisión de avanzar con el cobro de los operativos: “Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se activa un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”.

El protocolo se implementará de manera coordinada con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes, con el objetivo de garantizar su aplicación efectiva.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la medida forma parte de una política de “tolerancia cero” frente a este tipo de conductas, al tiempo que busca desalentar las falsas amenazas y reforzar la seguridad en los entornos educativos.

Desde el IPETyM 261 “San José”, de la localidad de Balnearia, informaron que, a partir de este martes 21 de abril, se implementará un nuevo acuerdo institucional que restringirá el ingreso de teléfonos celulares al establecimiento. La decisión alcanza a los estudiantes y contempla sanciones para quienes no cumplan con la normativa.Según señalaron desde la institución, la medida tiene como objetivo “fortalecer el clima de aprendizaje dentro de las aulas”, promoviendo la concentración y el respeto entre los alumnos. En esa línea, también indicaron que se busca priorizar la participación en las actividades escolares, evitando las distracciones que generan los dispositivos móviles.El comunicado establece que habrá una semana de adaptación para la comunidad educativa. Sin embargo, a partir del lunes 27 de abril, la aplicación será estricta: el estudiante que no respete el acuerdo será sancionado con el retiro del dispositivo y la aplicación de cinco amonestaciones.Desde la institución remarcaron que la disposición no es un caso aislado, sino que se enmarca en una tendencia que viene creciendo en la provincia de Córdoba durante el ciclo lectivo 2026. 

La Fiscalía Penal Juvenil de cuarto turno imputó a dos adolescentes por el delito de “amenaza agravada por anonimato”, en el marco de la investigación por mensajes que advertían sobre presuntos tiroteos en escuelas.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los hechos bajo análisis no se limitan a la capital provincial, sino que también se extienden a localidades como La Falda, Cosquín, Cruz del Eje y Jesús María, donde se desplegaron medidas procesales para esclarecer los casos.

La situación generó alarma en al menos nueve instituciones educativas, donde aparecieron mensajes con contenido intimidatorio, algunos de ellos con frases como “mañana tiroteo, no vengan”, lo que obligó a activar protocolos de emergencia.

Uno de los episodios iniciales se registró en el Ipem 142 Joaquín V. González, donde un cartel encendió las alarmas y motivó la inmediata intervención policial. Desde entonces, la presencia de fuerzas de seguridad en escuelas se intensificó en distintos puntos de la provincia.

“Decían ‘cuidado, tiroteo’ y agregaban fechas específicas, como el 21 de abril”, explicó la vicedirectora Marcela Ayús. Las inscripciones, realizadas con fibrón, se repetían en distintos sectores del colegio y formaban parte de una cadena de mensajes similares detectados en otras escuelas.

A pesar de la gravedad del contenido, desde la institución aclararon que no se encontraron elementos concretos que indiquen un riesgo inminente, por lo que las clases continuaron con normalidad.

Las autoridades sostienen que detrás de la reiteración de amenazas podría haber un desafío viral que circula en redes sociales, particularmente en plataformas como TikTok.

El ministro de Educación provincial, Horacio Ferreyra, indicó que los mensajes presentan patrones similares, lo que refuerza la hipótesis de una acción coordinada o replicada entre adolescentes.

En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos y se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos relevantes. Según explicó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, una “pista firme” permitió avanzar sobre uno de los sospechosos.

El funcionario advirtió que algunos de los involucrados podrían estar vinculados a comunidades virtuales como la denominada “True Crime Community”, donde se comparten contenidos relacionados con hechos violentos.

Las autoridades remarcan que no se trata de simples bromas. “No estamos frente a una travesura, sino ante un delito”, subrayó Quinteros, al tiempo que pidió mayor control por parte de las familias sobre el uso de redes sociales.

La investigación continúa en distintas jurisdicciones, mientras la comunidad educativa permanece en estado de alerta y las autoridades refuerzan los protocolos de prevención para evitar cualquier riesgo en las escuelas.

Las autoridades reiteran que todo mensaje amenazante, ya sea escrito, verbal o difundido en redes, es investigado con la máxima seriedad. En estos casos se activan de inmediato los protocolos de seguridad conjuntos entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación y la Justicia.

La participación de un menor en este tipo de hechos pone en evidencia la necesidad de abordar no solo el aspecto represivo, sino también el acompañamiento psicológico y familiar de los adolescentes involucrados.

CORDOBA (Corresponsalía)-. Interpelados por el impacto social del ataque ocurrido en una escuela de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años mató a un compañero de 13 e hirió a otros, desde el sistema educativo cordobés insisten en la necesidad de profundizar estrategias de prevención, acompañamiento y construcción de vínculos. Para la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, estos hechos obligan a revisar no solo lo que ocurre dentro de las aulas, sino también las dinámicas sociales más amplias que atraviesan a niños y adolescentes.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, la funcionaria sostuvo que el acoso escolar no puede analizarse como un hecho aislado ni abordarse únicamente desde la sanción. Por el contrario, planteó que se trata de una problemática compleja que requiere intervenciones integrales, sostenidas y con la participación activa de toda la comunidad.

—Bullying o acoso escolar: ¿qué diagnóstico hacen hoy en Córdoba?

Lo que venimos relevando de nuestra experiencia en intervención y las investigaciones, es que el acoso escolar existe en muchos lugares, es una problemática presente en todas partes, y además es una problemática compleja. Justamente por eso necesita abordajes complejos e integrales. No es algo que le corresponda únicamente a la escuela, sino que también involucra a las familias y a la comunidad. El acoso no es un fenómeno aislado de las dinámicas sociales. Muchas veces empieza en otros espacios, como puede ser un club, y luego continúa en la escuela. También está profundamente vinculado con las dinámicas familiares, sociales y digitales actuales. Entonces, no podemos pensar que es un problema que nace y termina dentro de la institución educativa.

Desde el Ministerio de Educación de Córdoba elegimos trabajar desde la convivencia escolar, fortaleciendo los buenos vínculos, con un enfoque claro en la intervención temprana. La idea no es actuar solo cuando el problema ya estalló, sino trabajar en la prevención, en la promoción de vínculos saludables y en el acompañamiento constante a estudiantes, docentes y familias.

Además, es clave entender que no se trata de buscar culpables. Estamos hablando de niños y adolescentes. El acoso no es un problema individual o particular de un caso, sino que responde a tramas vinculares e institucionales. Por eso, la intervención debe promover la cultura del cuidado y del diálogo. No debemos basarnos en lo punitivo, sino hacer un giro hacia lo pedagógico, que es el rol que nos corresponde como educadores.

— ¿Qué debería hacer el sistema educativo para prevenir de manera efectiva y no solo reaccionar?  

El gobernador Martín Llaryora nos encomendó trabajar anticipándonos a las situaciones emergentes. En las escuelas conviven múltiples realidades, porque son espacios donde los niños comienzan a socializar desde edades muy tempranas, incluso desde los tres años. Allí empiezan a construir vínculos, a relacionarse con otros, a aprender normas de convivencia. Esto hace que la escuela sea un espacio de educación permanente, no solo en contenidos, sino también en lo vincular. Y ese trabajo necesariamente se traslada a las familias. Por eso, prevenir implica estar presentes antes de que surjan los conflictos más graves, generar herramientas, sostener el acompañamiento y fortalecer la convivencia todos los días.

— ¿Se incrementaron los casos o cambió la forma en que se manifiestan? ¿Qué impacto tienen las redes sociales?

Estas cuestiones existen desde hace mucho tiempo. El acoso escolar no es algo nuevo. Lo que ha cambiado es la forma en que se manifiesta y también su visibilidad. Hoy los conflictos son cada vez más visibles, en gran medida por el impacto de las redes sociales. Muchas veces los chicos filman situaciones de violencia, las suben y eso genera una amplificación del conflicto. Lo que empieza siendo una situación en la escuela o en un espacio público se extiende al ámbito digital y desde allí se difunde ampliamente.

También hay que decir que hoy existe una mayor sensibilidad social, lo cual es positivo. Gracias al trabajo que se viene realizando, hay más canales para poner en conocimiento estas situaciones y para abordarlas. Esto permite que se detecten más rápido y que se intervenga con mayor profesionalidad. Desde el Ministerio contamos con equipos específicos, como los EPAE (Equipos Profesionales de Acompañamiento Educativo), y también con protocolos de actuación ante situaciones complejas que orientan el trabajo de las escuelas.

“El acoso escolar no es nuevo, pero hoy se manifiesta de otras formas y es más visible, en gran parte por el impacto de las redes sociales”

—Parte de la sociedad percibe que el bullying sigue invisibilizado o naturalizado por las autoridades educativa. ¿Qué le responde?

Nosotros entendemos que ante esta problemática hay una corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad. No hablaría de invisibilización, sino de la necesidad de que todos estemos atentos y nos sintamos parte del abordaje. Hoy existen protocolos, equipos técnicos, capacitaciones permanentes. El mensaje es claro: ninguna situación de violencia es menor. Todas deben ser atendidas con responsabilidad y acompañamiento. También es importante comprender que muchas veces el acoso comienza en otros ámbitos y continúa fuera del horario escolar, con mayor exposición en redes sociales. Esto nos obliga a trabajar también en ciudadanía digital y en el uso responsable de la tecnología.

— ¿Las familias están pudiendo acompañar estas problemáticas?

Hay una corresponsabilidad, pero también sabemos que no todas las familias tienen las mismas realidades. Por eso, desde el sistema educativo trabajamos no solo con los docentes, directivos e inspectores,sino también con las familias. Se han desarrollado rondas de familias en toda la provincia, espacios donde se abordan distintos temas que preocupan a los padres. Además, se lanzó un portal digital con información y orientaciones: Familias en Línea (https://familiasenlinea.cba.gov.ar/) para acompañar las trayectorias educativas. Y la guía Acompañar CBA, para intervenir ante situaciones complejas. Orienta y establece procedimientos para actuar frente a situaciones de vulneración de derechos, violencias y otras problemáticas. Busca garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos de los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas adultas.

El objetivo es fortalecer el cuidado, la convivencia y el protagonismo de los estudiantes. Buscamos que ellos también sean promotores de buenos vínculos. Trabajamos desde distintas aristas: el arte, el juego, la recreación, los acuerdos de convivencia. Hacemos especial hincapié en el trabajo preventivo, en habilitar espacios de diálogo y en abordar lo socio-afectivo junto con los aprendizajes. Así no solo atendemos el conflicto cuando ocurre, sino que trabajamos para evitarlo.

— ¿Se está logrando que la escuela sea un espacio de contención?

La escuela es un espacio de aprendizajes múltiples. No solo se trata de contenidos académicos, sino también de aprender a convivir, a estar con otros, a relacionarse. Ese es uno de los grandes desafíos actuales.

—¿Qué otras herramientas concretas existen para intervenir?

Córdoba cuenta con un Programa Provincial de Convivencia Escolar y Buen Trato que trabaja en la prevención y protección de derechos. También hay una línea telefónica gratuita disponible (0800-777-3728) de escucha y orientación educativa, y equipos profesionales que acompañan a las instituciones. Además, la guía provincial de actuación ante situaciones complejas orienta a los docentes sobre cómo proceder en distintos escenarios: violencia entre pares, acoso, vulneración de derechos, autolesiones, suicidio, sexualidad, consumo, entre otros. Esta herramienta busca dar certezas y fortalecer la actuación institucional, siempre desde un enfoque de derechos humanos y resolución pacífica de conflictos.

— ¿La escuela está preparada para abordar estas problemáticas?

El sistema es muy amplio y diverso, con 5383 centros educativos. Aunque surgen situaciones, no están presentes en todas las escuelas. Lo que sucede es que estos hechos son muy impactantes y generan una gran conmoción social. Nos obligan a reflexionar sobre qué estamos haciendo como sociedad y cómo estamos acompañando a nuestros jóvenes. Hablamos de redes de contención para los más de 900.000 estudiantes que recorren nuestras escuelas. Estamos preocupados, pero también ocupados.

“No podemos pensar que es un problema que nace y termina dentro de la institución educativa”

— ¿Qué deja la tragedia de San Cristóbal?

Nos interpela a todos: como autoridades, como docentes, como padres, como abuelos, como familias. Es fundamental generar espacios de escucha. Los jóvenes necesitan que los adultos les prestemos atención, que podamos hablar con ellos, acompañarlos. Tenemos que trabajar en la resolución pacífica de conflictos, en las habilidades socio-afectivas y en la construcción de vínculos. Y también es importante señalar que, ante los mensajes de odio y violencia que circulan en la sociedad, incluso desde algunos ámbitos públicos y funcionarios nacionales, desde Córdoba se promueve el diálogo y los buenos vínculos.

-         ¿Qué rol juegan los adultos?

Los adultos somos modelo. Lo que hacemos impacta directamente en los jóvenes. Por eso es fundamental promover el respeto, habilitar la escucha, evitar los lenguajes de odio y acompañar con presencia y coherencia. Esto implica asumir una responsabilidad educativa compartida entre escuela, familias y comunidad. Al mismo tiempo, es clave favorecer la autonomía progresiva de los jóvenes, brindándoles herramientas para que participen, tomen decisiones y desarrollen habilidades para la convivencia. Cuando los adultos construimos vínculos saludables, basados en el diálogo y la empatía, generamos condiciones que favorecen el bienestar y la convivencia. Es una tarea colectiva que requiere el compromiso sostenido de toda la comunidad.

Cada tanto, algún video ser viraliza. En él, un profesor discute con un alumno y utiliza su autoridad para descalificar un modo de pensar e imponerle su visión de la realidad, planteándola como la única posible. También con frecuencia, la prensa se hace eco de reclamos de padres que cuestionan determinadas bibliografías de estudio en los niveles obligatorios que tendrían la misma intención: desplegar argumentos ideológicos y presentarlos como verdades indiscutibles.

Frente a estos casos, algunos de adoctrinamiento acrítico e ideológico flagrante, la política polemiza. Sin importar la vereda ideológica en la que se esté pareado, si no se coincide con la mirada del profesor o de lo que aparece en un texto, se lanzan acusaciones de que se pretende adoctrinar a los estudiantes. Las redes sociales hacen el resto con su enorme capacidad de diseminación de mensajes falsos y confusos. Y la verdadera discusión queda sepultada en un océano de inexactitudes, agresiones y descalificaciones.

Educar implica procurar el desarrollo integral de cada persona. En ese sentido, es fundamental que pueda reflexionar de manera crítica sobre los problemas actuales y pasado de la vida del hombre, adquiriendo valores y criterios que le permitan actuar en la sociedad. Adoctrinar, por el contrario, es imponer una visión concreta sobre esos problemas, la que el profesor o un determinado gobierno toman como absoluta. Es una diferencia evidente, pero en realidad puede convertirse en una línea fina porque los mecanismos de captación, cooptación y manipulación están muy bien aceitados.

Educar es brindar las distintas visiones de un tema, planteando las contraposiciones. Si, por el contrario, la enseñanza se cierra en una determinada realidad, ingresamos en el terreno del adoctrinamiento.  En la primera alternativa, existe reflexión crítica, diálogo, análisis, argumentos y respeto por la diversidad de opiniones. En la segunda, la repetición constante de consignas, la censura de ideas contraria, la presión emocional y la carencia de debates se hacen evidentes.

Comprender que la educación debe fomentar la capacidad de pensamiento crítico en este tiempo se torna fundamental. De lo contrario, no habrá personas que puedan tener la posibilidad de elegir, de estar bien informadas y de asumir la responsabilidad de sus decisiones. Personas críticas, autónomas, capaces de discernir y con pensamiento posible de ser argumentado.

La historia del hombre tiene capítulos horrendos signados por los intentos totalitarios de moldear una sociedad de acuerdo con los preceptos ideológicos de sector que se auto percibe iluminado. En tiempos de inteligencia artificial, de intolerancia creciente, de polarización y grieta, comprender la diferencia entre educar y adoctrinar se torna sustancial.

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba oficializó el Calendario Escolar 2026, que establece 190 días de clases y determina el inicio, la finalización del ciclo lectivo y el esquema de actividades académicas para todos los niveles y modalidades educativas del régimen común.

El calendario establece el receso escolar de invierno del 6 al 17 de julio de 2026, manteniendo el esquema habitual de dos semanas de descanso a mitad de año.

Las autoridades educativas provinciales y las supervisiones serán las responsables de verificar el cumplimiento efectivo de los días y horas de clase en cada institución.

Desde este lunes 25 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2025 inclusive, se encuentran habilitadas las preinscripciones para ingresantes a instituciones educativas de gestión estatal en Córdoba. El proceso alcanza a salas de 3, 4 y 5 años del nivel inicial, 1° grado de primaria y 1° año de secundaria, en sus distintas modalidades: Orientada, Técnica, Pro-A, Escuelas con Formación Profesional (Esfp) y Educación de Jóvenes y Adultos.

El trámite se realiza mediante el Formulario Único de Postulantes (FUP), que se accede desde este link , bajo el nombre de Preinscripciones Escolares 2026, que se accede desde la plataforma de Ciudadano Digital (CiDi). Allí se debe seleccionar, en orden de prioridad, entre dos y cuatro establecimientos educativos cercanos al domicilio del aspirante y elegir el turno.

El cronograma establece que las preinscripciones para nivel inicial se extienden hasta el 15 de septiembre; para nivel primario, del 1° al 15 de septiembre; y para nivel secundario, del 8 al 15 del mismo mes. En tanto, la modalidad de Jóvenes y Adultos tendrá un plazo mayor, desde el 1° de septiembre hasta el 15 de diciembre. Un segundo llamado, previsto entre octubre y diciembre, abarcará la Modalidad Especial y los establecimientos PIT.

Finalizado el proceso, se realizará la preasignación de vacantes considerando criterios como hermanos/as matriculados en la institución, pertenencia a la misma unidad académica y cercanía del domicilio. En caso de que no se obtenga cupo, la situación podrá resolverse en coordinación con la supervisión escolar.

La constancia de preinscripción se enviará al correo registrado en CiDi, mientras que los resultados del primer llamado se comunicarán a partir del 3 de noviembre.

Para consultas, el Ministerio de Educación habilitó atención vía chat online, la línea gratuita 0800-888-1234, centros de atención al ciudadano y el correo electrónico educacion.adultos@me.cba.gov.ar

El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba informó hoy que, a partir de este miércoles, se da por concluido el régimen de excepcionalidad vigente desde el lunes pasado. Esto implica que se reanuda el cómputo normal de asistencia para todos los niveles y modalidades educativas: inicial, primario y secundario, en todos los turnos.

Durante los días lunes 29 de junio y martes 1º de julio, el Ministerio había dispuesto una medida de excepción ante las bajas temperaturas registradas en gran parte del territorio provincial. En virtud de esa disposición, las ausencias de los estudiantes no fueron computadas como faltas, dejando a criterio de las familias la decisión de concurrir o no a clases.

Además, se garantizó la recuperación de contenidos académicos para quienes no asistieron durante esos días.

Este lunes, el Ministerio emitió un nuevo comunicado en el que se confirmó la continuidad de dicha medida solo por este martes. Sin embargo, esta tarde la cartera de  Educación dispuso que este miércoles se vuelve a la normalidad en toda la provincia.

"Se retoma el régimen habitual de asistencia, aunque cada Dirección General de Nivel evaluará los casos particulares que pudieran presentarse en función de la realidad de cada institución", indicó el comunicado oficial.

La decisión fue bien recibida por la comunidad educativa, que destacó la flexibilidad mostrada por la cartera educativa en un contexto climático adverso, así como la rápida adaptación de los establecimientos escolares para asegurar la continuidad pedagógica.

Hasta el momento no se han reportado inconvenientes significativos en el retorno progresivo a la presencialidad plena en los establecimientos educativos de la provincia.

La Argentina es el único país de la región donde se profundizaron las diferencias socioeconómicas entre las escuelas privadas y estatales. Así lo exhibe el informe “Matrícula y segregación escolar en América Latina: una mirada a la última década”, elaborado por el Observatorio de Argentinos por la Educación. Ese documento analiza la distribución de estudiantes según su origen socioeconómico dentro de las escuelas de nuestro país, Chile, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay, a partir de los datos de las pruebas Pisa. 

El informe muestra que los estudiantes de menores recursos siguen concentrándose en ciertas escuelas, mientras que los de contextos más favorecidos asisten a otras instituciones. No obstante, la Argentina lidera en 2022 el acceso universal al nivel secundario, con una tasa del 94%. Le siguen Perú (93%) y Chile (91%). Uruguay logró un crecimiento de 9 puntos porcentuales en esos diez años y alcanzó el 90%, mientras que el mayor crecimiento lo tuvo Brasil sumando 16% y llegando al 80%. 

Nuestro país, sin embargo, también lidera otro aspecto: es el único país que profundizó su brecha entre sectores pasando de 0,8 en 2012 a 1,0 en 2022, lo que indica una creciente diferenciación entre los estudiantes de nivel socioeconómico alto en las escuelas privadas y los del más bajo nivel en las escuelas estatales. Es decir, las escuelas privadas han concentrado cada vez más a los estudiantes de nivel económico alto, mientras que las públicas a los del más bajo.

Entre las razones de este fenómeno, se señala el crecimiento de la desigualdad socioeconómica entre los distintos sectores de la población. Esto significa que la histórica clase media argentina ha seguido perdiendo terreno, con la consiguiente diferenciación cada vez más marcada entre ingresos altos y bajos. Esta conclusión se desprende de variados factores, entre los que se cuenta el dato certero de que, en los últimos años, no se ha dado un éxodo masivo de estudiantes de la escuela pública a la de gestión privada.

A esto se suma el deterioro de la educación pública, influenciado por un discurso pedagógico ideologizado que, si bien proclamaba igualdad de oportunidades y acompañamiento de trayectorias escolares, en muchos casos no logró traducirse en mejoras reales. Pese a que el acceso a la educación se ha generalizado, políticas educativas erradas y una tendencia a evitar el crecimiento de estadísticas negativas impactaron en la calidad educativa, que se deterioró al ritmo en que se desmoronaba el nivel de vida de miles de familias.

No obstante, esta realidad no se presenta de manera uniforme en todo el país. En muchas localidades del interior, sobre todo en el nivel secundario, las escuelas privadas constituyen la única oferta educativa, debido a la histórica falta de inversión estatal. En Córdoba, por ejemplo, recién en los últimos años se impulsó la creación de escuelas ProA en algunas poblaciones. En estos casos, la única escuela secundaria privada del lugar recibe alumnos de distintos estratos sociales, lo que atenúa la segregación que denuncia el informe.

A pesar de estas particularidades, el estudio de Argentinos por la Educación deja en evidencia una problemática que merece atención. Porque muestra una realidad social y educativa preocupante. Y porque invita a reflexionar sobre el contraste entre la Argentina actual y aquella época en que su educación pública era motivo de orgullo y admiración.