Lo que hace dos décadas era considerado un gesto "subterráneo" o de rebeldía, hoy se consolidó como una marca identitaria masiva en la sociedad argentina. Un nuevo informe privado revela que 6 de cada 10 argentinos tienen al menos un tatuaje, aunque la aceptación social todavía encuentra un límite duro: el ámbito laboral.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el estudio "Radiografía del Tatuaje en Argentina", elaborado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la UADE, confirma que el fenómeno dejó de ser una moda pasajera para convertirse en una parte integral de la vida cotidiana, especialmente entre los jóvenes y las mujeres.

El relevamiento, realizado sobre más de 2.000 casos, expone una brecha de género curiosa: las mujeres tienen, en promedio, un 50% más de tatuajes que los varones (3 diseños contra 2). Además, quienes deciden entintarse la piel rara vez se detienen en el primer diseño: entre los tatuados, el 32% posee más de seis tatuajes, convirtiendo al cuerpo en un "archivo" de experiencias.

El informe derriba el mito del arrepentimiento: menos de 1 de cada 10 personas (apenas el 15%) lamenta haberse tatuado. La razón principal para hacerlo ya no es la estética (7%), sino una búsqueda simbólica o personal (41%), desplazando al diseño por el significado.

A pesar de la masividad, los prejuicios persisten. El 75% de los encuestados señala al ámbito laboral como el espacio donde la sociedad mantiene las miradas más críticas hacia los tatuajes.

El estudio traza una línea divisoria clara según la ocupación:

De cara al futuro, el optimismo gana la pulseada: el 49% de los encuestados imagina que sentirá "orgullo" por sus tatuajes dentro de 30 años, consolidando la idea de que la tinta es una narrativa biográfica permanente y no un error de juventud.

La provincia de Córdoba cerró 2025 con 90 homicidios dolosos, una tasa de 2,28 cada 100 mil habitantes, el nivel más bajo de los últimos 25 años según el Sistema Nacional de Información Criminal. El registro implica una caída interanual del 23% respecto de 2024 y, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad, se explica principalmente por la fuerte reducción de los homicidios vinculados a ajustes de cuentas, robos y femicidios. El ministro Juan Pablo Quinteros atribuyó los resultados a una estrategia sostenida de prevención, con énfasis en el Plan 90/10 encarado en conjunto con el gobierno nacional, operativos interfuerzas, mapas de calor del delito y seguimiento de bandas criminales.

La comparación histórica refleja que, en los primeros años de la serie, Córdoba superaba los 200 homicidios anuales, con un pico en 2000 (211 casos, tasa 6,83), mientras que los niveles más bajos se registraron en 2021 y 2025, ambos con 90 homicidios y tasas cercanas a 2,3. Entre esos extremos, la provincia atravesó etapas de mayor incidencia, como 2014, con 148 casos, y períodos de descenso gradual en la última década. Para el Ministerio de Seguridad, la combinación de menos bandas operando, más armas secuestradas y un alto nivel de esclarecimiento judicial -con autores identificados en el 99% de los casos- resulta clave para explicar el mínimo histórico alcanzado.

El reporte brinda datos auspiciosos en relación con la disminución de hechos graves de violencia y afirma que estos sucesos han sido esclarecidos en su gran mayoría. Esto supone una tarea más eficiente que en el pasado, pero que debe seguir consolidándose. Porque la percepción social todavía siente que la inseguridad y la violencia están presentes y que no pasan solamente por la reducción de la tasa de homicidios.

En este sentido, el informe oficial advierte que la baja de los homicidios no se traduce automáticamente en un descenso general de la violencia. Pese a la reducción de los hechos letales, aumentaron los homicidios ocurridos en contextos de violencia urbana y violencia familiar, una tendencia que las autoridades asocian al deterioro del tejido social. En ese marco, durante 2025 se registraron más de 1.300 personas heridas por armas de fuego y armas blancas, mayoritariamente varones jóvenes, con alta concentración en la ciudad de Córdoba, lo que refuerza la lectura de un escenario menos letal pero aún conflictivo.

La violencia en los hogares, especialmente los más vulnerables en materia socioeconómica, los entornos familiares disfuncionales y la degradación de los estándares educativos y culturales son variables de imprescindible atención para continuar en el camino de atenuar la violencia social a niveles tolerables. Y también se hace necesario acrecentar  la vigilancia y la represión del accionar de delincuentes que asaltan y golpean a cualquier hora y la actividad del narcotráfico capaz de erosionar gravemente los cimientos del ya dañado tejido social.

Sin embargo, no deja de ser positivo que los homicidios hayan descendido en nuestra provincia. Es un buen síntoma que debe ser acompañado por la mejora de las estadísticas relacionadas con otros delitos que sufre la ciudadanía y que son materia corriente de las crónicas policiales.

Entre enero y octubre de este año se quemaron en la provincia de Córdoba unas 17.545 hectáreas debido a un total de 489 incendios forestales. Se trata de 84.472 hectáreas menos que en 2024, cuando se habían visto afectadas 102.337 hectáreas.

Los datos surgen del Informe Anual de Áreas Afectadas por Incendios Forestales presentado este lunes por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, junto a la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil.

En la presentación del estudio también se anunció la creación de la Mesa Técnica Provincial de Áreas Afectadas por Incendios Forestales y Rurales. Se trata de un nuevo órgano técnico y consultivo especializado, creado por resolución ministerial, cuyo objetivo será unificar criterios y metodologías para de mejorar el trabajo contra los incendios forestales en Córdoba.

De la misma participarán los ministerios de Seguridad, Bioagroindustria, Ambiente y Economía Circular, Economía y Finanzas, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Observatorio Hidrometeorológico Córdoba, la Conae, el Inta, el Etac, la Federación de Bomberos Voluntarios y Agrupación Serrana, entre otros.

“Será una herramienta fundamental en lo relacionado con el cambio climático, que si bien muchos lo niegan, nosotros lo tenemos absolutamente claro porque lo padecemos año tras año”, expresó Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba.

El funcionario remarcó que si hay una provincia que puede patentizar esta situación es Córdoba, porque cuenta con el equipamiento más importante del país: bomberos, Duar, aviones hidrantes y helicópteros.

A lo largo de 2024 se registraron en Córdoba 586 focos de incendio, y las llamas afectaron zonas más pobladas, con riesgo para los habitantes y con casas devoradas por las llamas, como lo sucedido en Capilla del Monte, San Esteban y Chancaní, entre los más significativos.

En cambio, este año, la superficie afectada fue un 83% menor, con menos de 18 mil hectáreas alcanzadas por los incendios y un impacto sobre áreas habitadas mucho menor.

Sobre este punto, el secretario de Gestión de Riesgo, Marcelo Zornada, destacó el trabajo mancomunado entre distintas áreas y con mayores recursos disponibles. Pero también señaló que la mayoría de los fuegos que se originaron no fueron provocados intencionalmente.

Dos de los incendios más importantes este año fueron el del Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde se quemaron unas 6.350 hectáreas, con potencial peligro para otras 11.829; y el de la zona de Guasapampa, con 1.860 hectáreas afectadas (656 dentro del Parque Nacional Traslasierra-Pinas), con potencial peligro para otras 7.070 hectáreas.

“Analizamos lo que pasó en los incendios forestales de 2024 y de 2025, y mostramos que no todos los incendios forestales son iguales. “Los incendios se propagan cada vez más rápidos, son más violentos, con mucha energía liberada, que incluso ocasionan que los bomberos tengan que cambiar de estrategias”, explicó.

”A finales de 2024 hicimos un análisis puntual de los grandes incendios que nos llevó más tiempo controlar, y la capacidad de respuesta que con el tiempo cambia”, sostuvo Zornada.

Durante la presentación del informe Quinteros y Zornada pusieron en valor la infraestructura y recursos con que cuenta la Provincia para la prevención y combate de incendios forestales.

Y detallaron que Córdoba cuenta hoy con 194 cuarteles de bomberos voluntarios, personal del Etac con 400 efectivos y 200 agentes técnicos, la incorporación de 20 nuevas motobombas canadienses, satélites que detectan en tiempo real puntos de calor, monitoreo de zonas de mayor riesgo a partir de faros de conservación, torres con domos 360°, 15 puestos fijos de patrulla en zonas críticas, seis medios aéreos provinciales y cinco nacionales, y una central de comunicaciones de emergencias 0800-888-38346 (FUEGO).

“Tenemos un Sistema Provincial de Emergencias robusto, con personal capacitado y equipado con vehículos, además de herramientas tecnológicas y de equipamiento personal necesarias para la prevención y, en caso de emergencias, para la acción”, dijo el ministro.

Quinteros dijo que en el gran incendio del valle de Punilla de 2024 se implementó un protocolo de trabajo definido por el Sistema de Comando de Incidentes Unificado que se ya aplica en Europa, Estados Unidos y Canadá ante emergencias forestales y cuya capacitación estuvo a cargo de la Fundación Pau Costa, de Barcelona (España).

Este sistema integra operativamente a los bomberos voluntarios, defensas civiles, Policía de Córdoba y de ser necesario, hasta al Ejercito Argentino. La inversión total de la Provincia en el combate contra el fuego en la temporada 2024-2025 superó los $ 29.160 millones.

El objetivo principal de la nueva Mesa Multidisciplinaria será unificar criterios, metodologías e integrar a las instituciones que son parte del sistema para abordar el problema de los incendios en la Provincia.

La mesa trabajará tanto en la prevención, con datos anteriores, como en la medición y cuantificación de los daños que ocasionan los incendios. “No hay que esperar a que pase el evento para medir y cuantificar”, valoró Ariel Chávez, director de Gestión de Riesgos.

Sobre ese tema, detalló que se generaron cuatro productos publicados en Mapas Córdoba de Idecor. Y que se elaboraron 150 mapas de riesgo local e interfase.

En ese sentido comentó que hay 15 departamentos que han sido definidos como de mayor riesgo de incendio, en particular en el noroeste de la provincia, entre los que se cuentan Cruz del Eje, Traslasierra, Minas, Santa María, Calamuchita, Pocho, San Alberto y San Javier.

“Lo que se busca es prevenir incendios, mitigar su impacto y reducir la vulnerabilidad ante la amenaza. Aunque muchos incendios, lo sabemos, son provocados”, cerró Chávez.

Entre 2017 y 2024, al menos 1.685 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre en la Argentina como consecuencia de lois femicidios.

Los datos surgen del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que presentó un nuevo tablero interactivo para consultar estadísticas por jurisdicción y período.

El informe, que consolida información judicial de todo el país, da cuenta de 1.958 víctimas directas de femicidio en los últimos ocho años y 187 víctimas de femicidio vinculado.

Estas últimas son personas asesinadas con el propósito de dañar a la víctima principal o por intentar protegerla. Del total de femicidios vinculados, el 67% fueron varones cis (126 casos) y el 33% mujeres cis (61 casos).

En Córdoba, entre 2017 y 2024, el Registro judicial contabiliza 140 víctimas directas de femicidio y 12 femicidios vinculados.

A partir de esos crímenes, al menos 110 niñas, niños y adolescentes menores de 18 años quedaron huérfanos.

Se trata de un dato que pone en evidencia no sólo la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres, sino también el impacto estructural que deja sobre las infancias, muchas veces invisibilizadas en las estadísticas oficiales.

En los últimos años, Córdoba ha registrado casos emblemáticos como el reciente doble femicidio de Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio, asesinadas en octubre de este año y por el cual está imputado Pablo Laurta, progenitor del hijo de Luna, de seis años.

Cada uno de esos crímenes deja, además del dolor social, niños y niñas que deben ser contenidos y acompañados por el Estado.

El tablero interactivo de la Corte Suprema permite consultar los datos actualizados de femicidios y su impacto en las infancias por provincia y por año.

Al ingresar, se puede seleccionar una jurisdicción en el mapa y filtrar por período. También permite combinar ambas variables o visualizar los totales nacionales.

Según informó la Oficina de la Mujer, la herramienta busca facilitar el acceso público a información judicial verificada y contribuir al diseño de políticas de prevención, atención y reparación.

Luego de un femicidio, además de la muerte de una mujer, hay una familia y una comunidad que cambiarán su vida para siempre.

Por un lado los niños quedaron sin madre y muchas veces sin padre también (cuando éstos fueron quienes mataron a sus madres), por otro la de quienes tienen que sostener ese cuidado, en lo emocional, en lo económico de por vida.

En un reciente informe de La Voz, se informó que en la mayoría de los casos, son tías o abuelas maternas las que asumen la crianza, cargando con el duelo, la burocracia y el peso emocional de un trauma que atraviesa generaciones y hasta disputas con familiares del padre agresor en torno a lo que les cuentan a los niños.

“La mayoría de los niños quedan al cuidado de la familia materna, por sentido común y por salud emocional. Es muy fuerte que queden con la familia paterna. No todos los abuelos pueden asumir que su hijo es un femicida, y muchas veces eso deriva en negación o en narrativas falsas hacia los chicos”, explicó una fuente judicial de Tribunales de Familia.

Sobre el cuidado, fue claro: “Es muy fuerte que queden bajo el cuidado de la familia paterna… no todos los abuelos van a decir ‘mi hijo es un femicida’, razón por la cual puede haber negación”.

Ruth Ahrensburg, fundadora de la Asociación Con Voz, acompañó varios de estos procesos. “Los femicidios no solo dejan a los chicos sin madre, también destruyen la estructura familiar. Los abuelos o tíos deben hacerse cargo en medio del shock y del dolor. No hay tiempo para duelar, porque hay que cocinar, acompañar a la escuela, tramitar papeles. Se impone un rol para el que nadie está preparado”, explicó.

Ahrensburg detalló que, en muchos casos, los cuidadores son adultos mayores. “Personas que estaban jubiladas, con sus propios problemas de salud, que de pronto deben criar otra vez. Eso altera su vida, sus derechos y su economía. Muchos dependen de pensiones mínimas o de trabajos informales para sostener hogares ampliados”, agregó.

San Francisco atraviesa un año marcado por la tragedia en sus calles. Con la muerte de Pedro Guarino Brasca, un hombre de 82 años que fue atropellado a fines de agosto y falleció tras varios días de internación, ya suman diez las víctimas fatales en siniestros viales en lo que va de 2025.

 La lista de muertes comenzó el 1° de febrero con Diego Bolaños y continuó al día siguiente con Agustín Battistino. En marzo y abril se sumaron Sergio Sánchez, Tomás Bravo, Ignacio Albarracín y Enzo Vega. En mayo, Rubén Ludueña perdió la vida en barrio San Cayetano, mientras que el 17 de ese mes Franco Lagrost, de 20 años, sufrió graves lesiones tras un choque en barrio Consolata que derivaron en su fallecimiento el 22 de junio.

 El 29 de julio, la ciudad despidió a Hugo Mansilla, reconocido trabajador gastronómico, víctima de un accidente en barrio 9 de Septiembre. Finalmente, el 1° de septiembre se confirmó la muerte de Guarino Brasca, que había sufrido un traumatismo de cráneo al ser embestido por una camioneta en Bv. Buenos Aires y Belgrano.

 La sucesión de hechos evidencia una continuidad alarmante: más de la mitad de los casos estuvieron vinculados al uso de motocicletas y a la siniestralidad urbana. Según datos de la Policía de Córdoba, en San Francisco las muertes por accidentes viales se duplicaron en el primer semestre de 2025 respecto del año anterior.

 El problema excede a la ciudad. A nivel nacional, los siniestros de tránsito siguen siendo la principal causa de muertes violentas, superando incluso a los homicidios dolosos. En Córdoba, la tasa de fallecidos es más alta que en provincias vecinas, y los motociclistas —en su mayoría jóvenes— son las principales víctimas.

 La muerte del octogenario vuelve a interpelar a la comunidad. El tránsito se ha transformado en un problema de salud pública que demanda respuestas urgentes: más controles, políticas sostenidas, educación vial y, sobre todo, la asunción de responsabilidades por parte de quienes conducen. Cada imprudencia en las calles puede costar una vida.

En el primer cuatrimestre de este año, se produjeron en la provincia de Córdoba 116 suicidios, un número que está pronto a igualar las muertes en siniestros viales, que entre enero y abril fueron 119.

Los dos números marcan un crecimiento con los registros de igual lapso de 2024, cuando las muertes por autodeterminación fueron 113 y los fallecidos en choques, 108.

En paralelo, en estos primeros cuatro meses del año bajaron los homicidios, y los robos y hurtos.

Estos son los datos más relevantes del “Informe mensual de hechos presuntamente delictivos, muertes viales y suicidios en la provincia de Córdoba”, elaborado para el Observatorio de Seguridad y Convivencia del Ministerio de Seguridad por el Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (Copec), con la dirección de la politóloga Carla Tassile y un equipo profesional integrado por María Victoria Romero Ratti, Josefina Hails y Lara Pusetto.

En abril hubo 38 suicidios, contra 22 del mismo mes del año pasado.

Dentro de este número, la mayoría de los casos se dio en la franja etaria de adultos jóvenes, de 26 a 50 años (17). Hubo, también, cuatro suicidios de menores de 18 años. En la caracterización de género, es muy fuerte el predominio masculino (27 de los 38 suicidios, es decir, 71%).

Este mes fue el que marcó el mayor salto en este indicador, que viene creciendo año a año y que se enmarca en un deterioro más amplio en salud mental en todos los grupos etarios en el país, en particular desde la pandemia, como vienen marcando los especialistas.

La tasa de suicidio para Córdoba es de 8,93 casos cada 100 mil habitantes. En todo 2024 se produjeron 349.

En un contexto de creciente preocupación por la salud mental en Córdoba, se puso en marcha el año pasado la línea gratuita de Escucha y Orientación en Salud Mental y Adicciones, el 0800-888-5555.

En los últimos seis meses, según informó la Municipalidad, la línea atendió a 4.812 personas, quienes enfrentaban situaciones vinculadas con la salud mental y adicciones, o requerían orientación sobre familiares o personas cercanas.

En cuanto a las víctimas de siniestros viales, el informe de Copec vuelve a mostrar un predominio masculino: de 23 casos en abril, 19 muertos son varones. En 14 casos, más de la mitad, se trató de conductores de motocicletas.

Si se suman una víctima que iba en ciclomotor y tres en bicicleta, se evidencia la fuerte relación que existe en el resultado fatal de los siniestros la vulnerabilidad del vehículo.

En la otra mano, si se analizan las muertes viales desde la perspectiva de los autores, se observa que en los casos en los que esto pudo ser determinado (18 de los 23 casos), la mitad eran conductores de camiones, el 22% automovilistas y un 5% iba en camionetas.

La tasa de muertes viales es de 9,59 cada 100 mil habitantes. En total, en 2024 hubo 375 casos y los 119 de los primeros meses de este año marcan un ligero aumento con relación a los fallecimientos de igual período del año anterior.

“Los datos presentados provienen de denuncias registradas por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y de información suministrada por la Dirección de Estadística y Análisis del Delito de la Policía provincial. Este informe incluye datos provisorios”, aclara el reporte de Copec. La advertencia parece hecha a medida de un dato que parece ir en contra del sentido común y la percepción ciudadana: el descenso en los robos y de otros delitos contra la propiedad.

Según los datos del OSC, “entre enero y abril de 2025, los robos y hurtos en la provincia de Córdoba mostraron una tendencia general descendente, comenzando con 9.000 casos en enero, bajando a 7.920 en febrero, con un leve repunte en marzo (8.117), y cerrando con un fuerte descenso en abril (6.852)”.

En particular, el análisis señala que “en el mes de abril del año 2025 se registraron 6.894 robos y hurtos, en todos los departamentos de la provincia. En relación con los acumulados hasta el mes de abril del 2024 y del 2025, se observa una baja considerable en el año en curso, lo cual puede estar indicando una disminución sostenida de estos delitos”.

De nuevo: se trata de delitos denunciados, no los efectivamente ocurridos, una cifra negra que es imposible siquiera de estimar sin estudios complementarios como una encuesta de victimización.

Las conclusiones positivas pueden ser menos relativizadas para el caso de la baja en homicidios dolosos, un delito sin subregistro en Córdoba. En abril hubo seis homicidios, contra ocho en igual mes de 2025. En el año hubo 32 asesinatos, contra 38 de los primeros cuatro meses del año pasado. En todo 2024 hubo 115 y la tasa es de 2,94 cada 100 mil habitantes.