Una nueva polémica se abrió en torno al otorgamiento de créditos millonarios por parte del Banco Nación a funcionarios, legisladores e influencers vinculados al oficialismo. En ese contexto, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó una denuncia penal para que se investigue si existieron privilegios en la asignación de esos préstamos.

La presentación judicial busca determinar si los beneficiarios accedieron a los créditos a través de “negociaciones incompatibles” con la función pública y si hubo condiciones diferenciales respecto de otros clientes.

El caso tomó estado público días atrás, cuando se difundió un listado con nombres y montos de cientos de créditos otorgados. Los datos surgen de los registros de la Central de Deudores del Banco Central y fueron sistematizados en la plataforma “¿Cuánto deben?”, desarrollada por el visualizador de datos Andrés Snitcofsky.

Entre los señalados figuran funcionarios y dirigentes como Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales como “Juan Doe”; Pedro Inchauspe, director del Banco Central; Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro Luis Caputo; Federico Furiase, secretario de Finanzas; y Emiliano José Mongilardi, director de YPF.También aparecen Sharif Menem, secretario privado de Martín Menem, y legisladores nacionales de La Libertad Avanza como Lorena Villaverde, Mariano Campero, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.

En su denuncia, Frade cuestionó particularmente el caso de Villaverde, al señalar que recibió un crédito de $227 millones “pese a que la sucursal del banco de su domicilio en Cipolletti le había rechazado su carpeta”.Desde el Banco Nación rechazaron las acusaciones y, a través de un comunicado, afirmaron que “acceder a los préstamos es homogéneo, sin excepciones”. No obstante, la legisladora sostuvo que “desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos, con beneficios que no tienen los clientes regulares”.

“Estamos frente a una utilización privilegiada de los fondos públicos (de ahorristas comunes) que resultan inaccesibles para la mayoría de esos ahorristas”, advirtió Frade, y agregó que esta situación “podría afectar su reputación y, con ello, su liquidez”.

La diputada también planteó dudas sobre los criterios utilizados para otorgar los créditos. “¿Cuál ha sido, por ejemplo, la relación ingreso-cuota en el otorgamiento de un crédito de varios millones a Sharif Menem, con un ingreso estimado de $2 millones? ¿O cómo se evaluó el riesgo de cobro de una diputada que posee varios conflictos con la ley penal?”, cuestionó.En esa línea, insistió: “Resulta evidente que, desde el punto de vista de los funcionarios públicos, los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”.

Por su parte, algunos de los implicados salieron a responder públicamente. El diputado tucumano Mariano Campero aseguró: “No recibí ningún beneficio político. Asumí una deuda para darle una casa a mi familia”, y sostuvo además que la polémica es “alentada por el peronismo”.

En tanto, el legislador santafesino Alejandro Bongiovanni también rechazó las acusaciones y afirmó en redes sociales: “Es falso que tomé una deuda hipotecaria con tasas o plazos diferentes o preferenciales a las generales”.La denuncia ahora quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si existieron irregularidades en el otorgamiento de los créditos y si hubo trato preferencial hacia funcionarios y dirigentes políticos.

Nuevas pericias incorporadas a la causa por el caso $LIBRA expusieron los movimientos del empresario Mauricio Novelli en las horas previas al lanzamiento del token, donde aparecen intentos de compras de lujo, manejo de dinero en efectivo y medidas de seguridad personal.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas por peritaje de telefono celular, el día previo al lanzamiento Novelli buscó adquirir un reloj suizo de alta gama valuado en unos 45 mil dólares y también consultó por modelos de Rolex, incluso con la posibilidad de comprarlos sin factura.

En paralelo, el empresario analizaba gastos en propiedades y oficinas, con pagos en efectivo y decisiones rápidas, mientras proyectaba inversiones y consumos de alto nivel. De acuerdo a los registros, manejaba grandes sumas de dinero y priorizaba operaciones inmediatas bajo la lógica de “cash” y sin reparar en los costos.

Tras el lanzamiento de la criptomoneda y el posterior escándalo por su desplome, el escenario cambió abruptamente. Novelli pasó de planificar compras de lujo a contratar custodia privada y armar un equipo de abogados y asesores ante las denuncias que comenzaron a multiplicarse.

Los datos forman parte del material recuperado por peritos judiciales y se suman a la investigación que busca determinar responsabilidades en torno a la promoción y caída del token, en un expediente que continúa sumando elementos sobre la trama detrás de $LIBRA.

El Tribunal Oral Federal N° 1 elevó a juicio la causa que investiga presuntas estafas vinculadas a la Asociación Mutual Altos de Chipión. La decisión fue adoptada mediante un fallo unipersonal del juez Julián Falcucci, quien dejó sin efecto la acumulación dispuesta oportunamente por el Juzgado Federal de San Francisco en relación con una denuncia presentada en 2021.

En el proceso serán juzgados Fabio González, Oscar Larivey, Carlos Tomatis, Rodrigo Vincenti, Lucas Priotti, Julio Delcar y los hermanos Adrián y César Gorgerino. Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita e intermediación financiera y bursátil no autorizada agravada, delitos que prevén penas de entre tres y diez años de prisión.

La causa incluye, entre otros hechos, la denuncia realizada por el productor Raúl Mathieu, quien aseguró haber sido inducido a vender 15 hectáreas de su propiedad por 120 mil dólares para saldar una deuda con la mutual, sin haber recibido el pago correspondiente. Según indicó, tampoco se habría cancelado la deuda que mantenía con la entidad.

De acuerdo con la investigación, en la causa por presunta asociación ilícita se acusa a Lucas Priotti de haber conformado y liderado una banda delictiva en 2019, en complicidad con otros ocho sospechosos. Desde la mutual, según la acusación, se habrían tomado depósitos de ahorristas de manera habitual y masiva mediante el ofrecimiento de cajas de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos simulados.

En la práctica, los ahorristas colocaban su dinero a cambio de altos intereses, con devolución pactada en pesos o dólares. Las operaciones se documentaban por triplicado, aunque los investigadores determinaron que los comprobantes luego eran dados de baja del sistema informático. El dinero captado habría sido redireccionado a empresas vinculadas a los acusados, pese a que la mutual no contaba con autorización del Banco Central ni de otros organismos oficiales.

Un joven de 20 años, acusado de estafar cerca de $200 millones mediante supuestas inversiones financieras ofrecidas a fieles de una iglesia evangélica en Córdoba, fue detenido en San Francisco, donde se habría ocultado mientras era buscado por la Policía cordobesa. Según información publicada por Perfil Córdoba, la investigación contempla al menos cinco hechos y no se descarta que aparezcan nuevas víctimas.

El detenido, identificado como Agustín Ezequiel Schiro Avaro, quedó imputado por estafas reiteradas. De acuerdo con las denuncias, captaba a las víctimas dentro del ámbito religioso que frecuentaba, generando un vínculo de confianza para convencerlas de entregar sus ahorros a cambio de supuestos altos rendimientos.

La causa comenzó en junio, cuando se presentaron los primeros testimonios. Según avance de la investigación, Schiro Avaro se presentaba como trader y aseguraba invertir el dinero en operaciones bursátiles, pero los beneficios prometidos nunca se concretaron. Los primeros cinco denunciantes sufrieron un perjuicio de más de $29 millones y 114.760 dólares, aunque los investigadores estiman que el monto total rondaría los $200 millones.

El joven fue detenido días atrás en San Francisco, donde —según indicaron las autoridades— habría intentado refugiarse tras conocerse las primeras denuncias. Luego fue trasladado a la Cárcel de Bouwer, donde permanecerá alojado tras su declaración indagatoria prevista para las próximas horas.

Desde la fiscalía remarcaron que la causa no está vinculada a operaciones con criptomonedas, sino a presuntas inversiones en la Bolsa de Valores formalizadas mediante contratos de servicios firmados por los denunciantes. También señalaron que el acusado tenía influencia dentro de la iglesia, donde incluso dictaba cursos relacionados al trading.

Los investigadores creen que podrían existir más damnificados, tanto en Córdoba capital como en San Francisco. Por ello continúa la recolección de pruebas y no descartan que nuevas personas se presenten a denunciar en los próximos días.

El joven de 25 años, intensamente buscado por una serie de estafas bajo la modalidad del “cuento del tío”, que fue detenido ayer en San Francisco, está presuntamente vinculado a una banda que se especializaba en engañar a adultos mayores, convenciéndolos de entregar sus ahorros bajo la falsa promesa de que sus billetes “iban a perder valor”.

La detención fue llevada a cabo por personal de la División de Investigaciones de la Departamental San Justo de la Policía de Córdoba en el barrio La Florida. Los efectivos lograron identificar al sospechoso en la calle Dante Agodino y, tras confirmar que pesaba sobre él una orden de captura vigente, procedieron a su arresto.

El joven quedó alojado en sede policial a disposición de la Fiscalía de turno. Según la investigación, formaría parte de una red dedicada a esta clásica modalidad de estafa que tiene como blanco principal a los jubilados.El modus operandi consistía en contactar a las víctimas haciéndose pasar por un familiar o un empleado bancario. La mentira central era que los billetes que poseían —tanto pesos como dólares— “iban a dejar de tener valor” y que debían ser cambiados de inmediato.

Una vez ganada la confianza, la banda enviaba a uno de sus miembros, presuntamente el ahora detenido, al domicilio del jubilado para “retirar” el dinero. Con esa excusa, lograban quedarse con importantes sumas en efectivo, dejando a las víctimas sin sus ahorros.

El joven se movía por la región hospedándose en distintos hoteles de San Francisco para evitar ser localizado. También estaría vinculado a hechos similares ocurridos en Brinkmann y Las Varillas, lo que evidencia el alcance regional de las maniobras delictivas.

WhatsApp, la aplicación de mensajería propiedad de Meta, está desarrollando una herramienta de protección avanzada que busca agilizar la defensa de los usuarios frente a ciberataques y estafas.

El sistema, denominado ‘Configuraciones de seguridad estrictas’, permitirá activar un conjunto de medidas de seguridad simultáneas mediante una única acción desde el menú de ajustes.

Esta novedad se encuentra actualmente en una etapa inicial de desarrollo y solo puede observarse en la última versión beta de la aplicación para el sistema operativo Android.

La finalidad de Meta es simplificar el resguardo de la cuenta, evitando que los usuarios deban recorrer el menú de configuración para habilitar cada opción de manera individual.

Según informó WaBetaInfo tras analizar la beta, esta función centralizará diversas herramientas de seguridad para prevenir la exposición a enlaces dañinos, archivos con malware y ataques de phishing.

Al seleccionar las ‘Configuraciones de seguridad estrictas’ en el perfil, la plataforma bloquea de forma predeterminada múltiples características, reforzando la defensa.

Entre las acciones que se aplicarán automáticamente se encuentra la limitación de la recepción de contenido multimedia —como fotografías, videos, documentos o notas de voz— procedente de contactos no registrados. Además, se desactivarán las previsualizaciones de enlaces.

La nueva configuración también implementa el silenciamiento automático de llamadas de números desconocidos. Asimismo, restringe que personas ajenas puedan añadir al usuario a grupos sin su consentimiento.

En el ámbito de la privacidad, la información personal del perfil, como la foto y el estado, quedará oculta para quienes no figuren en la lista de contactos guardados. Esto refuerza la protección ante la exposición no deseada.

La función contempla la implementación obligatoria de la verificación en dos pasos. Adicionalmente, se garantiza la protección de la dirección IP durante las llamadas, dificultando así la posible filtración de la ubicación del usuario.

Finalmente, se habilitarán por defecto las notificaciones de seguridad. Estas notificaciones informan si se han modificado los códigos de seguridad de un contacto específico en chats cifrados de extremo a extremo.

Este desarrollo responde al objetivo de la plataforma de reducir la exposición a las diversas formas de estafa y phishing que circulan habitualmente.

La Cooperativa Tambera “Las Cañitas” Ltda., de la localidad de El Tío, denunció ante la Justicia a uno de sus miembros, Reynaldo Iván Rivarola, por una presunta maniobra de estafa y abuso de confianza que, según señaló, “pone en riesgo la estabilidad económica y financiera de la institución y de toda la región”.

El caso se originó tras una denuncia presentada por el abogado Juan Alberione, representante legal de la cooperativa, en la Fiscalía de Arroyito contra Rivarola, integrante del Consejo de Administración desde 2016 y productor lechero de gran escala en la zona.

Según explicó el abogado, Rivarola habría utilizado su posición interna y el acceso a información sensible para “organizar una serie de actos que terminaron perjudicando gravemente a la cooperativa”.

“Rivarola, junto con su esposa, María Victoria Maure, son los principales responsables del desfasaje actual que atraviesa la cooperativa”, afirmó Alberione en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO.

“Él formaba parte de la mesa chica, conocía los convenios y acuerdos comerciales, y con esa confianza se fue haciendo de valores, bienes y productos de la cooperativa”, añadió.

De acuerdo con el abogado, el empresario habría recibido cheques de la cooperativa por unos 6.000 millones de pesos, que luego colocó en el circuito financiero para obtener efectivo.

“Salió a la calle a vender esos cheques de la cooperativa a cambio de dinero. A cambio, entregó a la cooperativa cheques propios como respaldo y hoy todos esos cheques están volviendo devueltos y la cooperativa tiene dos opciones: o no paga y enfrenta juicios, o paga y se funde”, advirtió Alberione.

El letrado estimó que el perjuicio total rondaría entre 17 y 18 millones de dólares, lo que equivale a unos 20.000 millones de pesos.

La presentación judicial no incluye aún una calificación legal definitiva, ya que se solicitaron medidas de investigación. “Expusimos toda la maniobra ante la fiscalía sin sugerir un delito específico, aunque podría encuadrarse en estafa o abuso de confianza”, explicó Alberione.

Según el abogado, la operatoria se basó en el uso de información interna y en la emisión de cheques sin respaldo. “Rivarola entregó como garantía cheques que ya sabía que iban a venir rebotados. Ese es el reproche penal: sabía que los valores que daba carecían de fondos”, sostuvo.

La cooperativa solicitó además a la Justicia una medida urgente para frenar el cobro de los cheques emitidos a favor de las empresas de Rivarola, hasta que se determine si existió delito. “Buscamos que se ordene no pagar esos cheques para mantener en vida la cooperativa. Estamos hablando de una institución que da trabajo a más de 500 personas entre productores, empleados y contratistas”, remarcó.

Mientras tanto, el empresario presentó ante la Justicia de San Francisco el pedido de concurso preventivo de las empresas del Grupo Rivarola, conformado por Guaymallén S.A., Lacticiniis S.A., El Talalo S.A. y Espartana S.A.S.

La presentación fue realizada el 6 de octubre pasado ante el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de 1ª Nominación. Según la documentación, el grupo acumula una deuda global superior a los 19 millones de dólares, con miles de cheques rechazados y compromisos financieros impagos.

El propio Rivarola también pidió su concurso personal como garante de las empresas y solicitó suspenderlo hasta que se resuelva el de las firmas principales.

“Él ya sabía que se iba a presentar en concurso y, sin embargo, fue a la cooperativa a seguir pidiendo dinero”, relató Alberione.

“El mismo sábado que hicieron una asamblea por la crisis económica fue a solicitar más fondos. Todo esto demuestra la premeditación de su accionar”.

Tras quedar expuesta la maniobra, Rivarola renunció al Consejo de Administración de la cooperativa mediante un acta notarial.

“Lo iban a excluir, pero antes de eso presentó su renuncia. Cuando se le pidieron explicaciones, no las supo dar”, señaló Alberione.

El abogado advirtió que el impacto del caso “trasciende lo institucional”, ya que la cooperativa es una fuente clave de trabajo y producción en el centro-este cordobés.

“Esto no solo afecta a Las Cañitas, sino también a los productores que trabajaban con ella. La cooperativa siempre fue una institución solvente, reconocida por cumplir con sus compromisos. Hoy se ve en riesgo por una maniobra de abuso de confianza”, concluyó.

 La investigación por una presunta estafa con dólares falsos que involucra a un “arbolito” oriundo de San Francisco sigue su curso bajo la órbita judicial, luego del procedimiento realizado el lunes por la tarde en barrio 30 de Octubre, en Rafaela.

El hombre había sido denunciado semanas atrás por un comprador que aseguró haber recibido billetes falsos en una transacción de compraventa de divisas. Con autorización de la Fiscalía interviniente, personal policial montó un operativo para interceptarlo cuando se disponía a concretar una nueva operación.

Durante la requisa del vehículo en el que se desplazaba —un Audi Q5—, los efectivos hallaron alrededor de 8 mil dólares. Por disposición del fiscal, el dinero fue trasladado a la Comisaría Primera, donde un perito de Gendarmería Nacional confirmó que los billetes eran auténticos.

A pesar de ello, la investigación continúa. El acusado fue notificado formalmente por la denuncia anterior y deberá justificar el origen de los fondos incautados, que permanecerán retenidos de manera preventiva mientras se amplía la recolección de pruebas y se analiza su situación judicial.

Fuentes consultadas indicaron que la Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación para determinar si el sospechoso habría realizado otras operaciones similares en la región.

NOTICIA EN DESARROLLO 

Una farmacéutica y un médico fueron procesados en la ciudad santafesina de Rafaela acusados de defraudar al PAMI con la emisión de recetas electrónicas apócrifas al detectarse más 600 prescripciones entre febrero y septiembre de 2021 para 78 afiliados que desconocieron recibir la medicación.

El juez federal subrogante de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa, procesó, tras una apelación, a G.V.B., titular de una farmacia de Rafaela, y al médico A.J.M., residente en la ciudad de Gálvez, por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, en carácter de autora la primera, y de partícipe necesario el segundo.

Se los acusa de simular la venta de medicamentos a nombre de beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INNSSJP-PAMI) a través de recetas electrónicas que se confeccionaban a nombre de personas que no eran pacientes.

El juez también trabó un embargo sobre sus bienes hasta para cubrir la suma de $1 millón para cada uno. A su vez, como medida de coerción, se les impuso la obligación de prestar promesa de someterse al proceso, de no obstaculizar la investigación, y de informar al tribunal cualquier cambio de domicilio.

Las prescripciones fueron generadas con un usuario y clave en el Sistema de Receta Electrónica, lo que permitió que los acusados las emitan a pacientes que desconocieron el consumo y/o la efectiva orden de los medicamentos. En ese momento, las maniobras obligaron desembolsos de parte del INSSJP por un total $1.125.228.

La investigación se inició luego de que el área legal de PAMI haya remitido un mail en el cual denunció la maniobra, por lo que a mediados de diciembre de 2021 se dio intervención a la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, que analizó diversos elementos.

La casa de una mujer, acusada de usar la tarjeta de un veterano de Malvinas para millonarias compras online, fue allanada en la ciudad de Puerto Madryn, luego de que se verifique que la señalada usó las claves del plástico de la ex pareja de su madre.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut informó que una mujer, de 36 años, fue allanada en su vivienda de la calle Estivariz al 1900 de Puerto Madryn, acusada de haber utilizado la tarjeta de débito de un veterano de Malvinas para realizar millonarias compras.

El procedimiento contra la acusa, identificada como Patricia Guadalupe Vega, resultó positivo con el secuestro de su celular, el cual será analizado por los investigadores.

La pesquisa fue dispuesta por la jueza penal María Inés Bartels, a solicitud de la fiscal general María Angélica Cárcano, y llevada a cabo por la División de Investigaciones de la Policía del Chubut, a cargo del comisario Martín Díaz Baldi.

Según la investigación, Vega habría tenido acceso a las claves de la cuenta cuando su madre mantenía una relación con el damnificado. Se comprobó que, a través de su celular, “habría efectuado pagos en Pedidos Ya, Google, Netflix, Prime Video, Shein y Mercado Libre, entre otras plataformas”.

Las operaciones se extendieron durante varios meses y provocaron un perjuicio económico estimado en más de $4 millones. La víctima, un hombre de 62 años, detectó los consumos no autorizados al revisar los movimientos de su tarjeta del Banco Nación y realizó la denuncia.

El Poder Judicial de Córdoba incorporó al portal “Grandes Concursos y Quiebras” la información relevante sobre la quiebra de la empresa constructora Márquez & Asociados, declarada en estado de insolvencia por el Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación.

A partir de ahora, acreedores, proveedores, clientes y trabajadores podrán consultar en este link las resoluciones judiciales y las actuaciones más importantes del expediente. El tribunal publicará de manera periódica los avances del proceso para garantizar transparencia y acceso público a la información.

La página oficial del caso cuenta con una sección de “Preguntas frecuentes”, que busca orientar a quienes se vean afectados o tengan interés en el proceso, según lo informado por el Poder Judicial.

Allí se explican, en lenguaje claro, temas como: qué implica una quiebra y cuáles son sus efectos legales, cómo funciona el proceso de verificación de créditos, qué sucede con los contratos, los trabajadores y los clientes de la sociedad, y de qué manera se tramitan las demandas iniciadas contra la empresa.

Esta herramienta está dirigida a acreedores, inversores, contratistas y proveedores, y tiene como fin facilitar la comprensión de los pasos que deben seguir dentro del proceso judicial.

El juez Sergio Gabriel Ruiz, a cargo del expediente, calificó la quiebra como “compleja” y dispuso la inhibición general de bienes de la sociedad. Además, prohibió los pagos directos hacia la deudora y ordenó que todos los desembolsos se canalicen únicamente a través de la cuenta bancaria judicial habilitada.

La sindicatura está compuesta por dos estudios contables de la ciudad de Córdoba:

El juez Sergio Gabriel Ruiz, titular del Juzgado Civil y Comercial de 52° Nominación de Córdoba, declaró la quiebra de MRQZPABAR Desarrollos SA, una de las empresas de Márquez & Asociados Constructora Desarrollista. El magistrado catalogó este proceso como una “quiebra pedida compleja” debido al “importante número de causas civiles ya iniciadas” y a los “miles de denuncias” que ya se concentran en el fuero penal.

Como consecuencia de esta resolución, se ordenó la inhibición general de bienes de la firma y la indisponibilidad de sus activos. Además, se dispuso la inhabilitación de la sociedad deudora y de los integrantes de su directorio: Juan Pablo Márquez y Ariel Hernán Márquez.

En cuanto a los damnificados y acreedores, el juez Ruiz habilitó un mecanismo digital para la verificación de acreencias, estableciendo el 11 de noviembre de 2025 como fecha límite para la presentación de los pedidos ante la sindicatura.

Una pareja oriunda de Rafaela se encuentra varada en la terminal de ómnibus de San Francisco, tras atravesar una cadena de situaciones adversas que los dejó sin dinero, sin teléfono y sin posibilidad de volver a su ciudad de origen.

“Nosotros somos de Rafaela, estamos con mi señora y teníamos trabajo allá, pero no conseguíamos casa para alquilar porque te piden un montón de cosas. Entonces dijimos de buscar trabajo en el campo. Nos fuimos a La Pampa, pero al décimo día nos echaron sin pagarnos y nos dejaron tirados en Santa Rosa”, relató Norberto Díaz a LA VOZ DE SAN JUSTO.

Con la esperanza de encontrar una nueva oportunidad, viajaron a Villa María tras ver un aviso de empleo en un grupo de WhatsApp, pero al llegar descubrieron que se trataba de una mentira. “Gastamos la última plata que teníamos y estuvimos una semana parados ahí. El jueves a las 9 me iban a llamar por dos trabajos, pero a las 4 de la mañana nos robaron el único celular que teníamos”, destacó.

El robo ocurrió en la vía pública, cuando un joven se acercó a pedir un cigarrillo. “Yo tenía el celular en otro pantalón, en la funda guardaba $130.000. Nos manotearon el teléfono y se fueron corriendo”, agregó. Denunciaron el hecho, pero aseguran que no obtuvieron respuestas: “Los policías nos trataron como si fuéramos los delincuentes. Me decían que hiciera la denuncia online, pero sin celular ni ciber, es imposible”.

Sin medios para comunicarse, sin dinero y sin un lugar donde alojarse, pasaron varios días en la terminal de Villa María. Finalmente, Acción Social de esa ciudad les cubrió el pasaje hasta San Francisco. 

La pareja, compuesta por el entrevistado y su señora Sofía Lorena Armado, pasó la noche en el refugio de la ciudad. “Estamos mal. No queremos estar en la calle, queremos volver a Rafaela. Yo tengo a mi mamá, a mi hermana, tenemos familia allá. Solo necesitamos ayuda para el pasaje”, indicó. 

Actualmente se encuentran en la terminal, en el sector donde se venden boletos. No tienen teléfono ni forma de contacto, pero permanecerán allí todo el día esperando que alguien se acerque. “Hace una semana que no comemos bien, que no dormimos bien. Mi señora ya no puede ni caminar por las ampollas de tanto caminar buscando ayuda”, señaló Díaz. 

Quienes deseen colaborar con el pasaje u ofrecer asistencia, pueden acercarse directamente a la terminal de San Francisco, donde la pareja se encuentra a la espera de una mano solidaria.

Las víctimas de la maniobras fraudulentas de Generación Zoe, lideradas por Leonardo Cositorto, declararon en una audiencia en la provincia de Salta que no recuperaron los ahorros que invirtieron.

Durante la audiencia, ocho damnificados relataron cómo conocieron a Cositorto a través de redes sociales, eventos en hoteles y reuniones donde se promocionaban cursos de coaching, negocios con criptomonedas y promesas de ganancias fijas y aseguradas.

Según medios locales, varios declararon que entregaron sus ahorros confiando en la apariencia sólida del proyecto. También señalaron el rol clave de Ricardo Vilardell en la captación de personas en Salta, mediante charlas presenciales, grupos de WhatsApp y promesas de premios que nunca se concretaron.

Pese a las denuncias que ya circulaban en otras provincias, los voceros locales insistían en que se trataba de un “ataque mediático” al grupo. Sin embargo, nadie logró recuperar lo invertido y ninguna de las promesas se cumplió.

Por el momento, el proceso continuará este miércoles, a la espera de la declaración de uno de los referentes locales más vinculados a la causa. Mientras tanto, el tribunal analiza pruebas reunidas en la investigación del presunto esquema de estafas.

El círculo de la persecución penal sigue extendiéndose y ya son siete los detenidos en la causa de presuntas estafas inmobiliarias de Márquez y Asociados que investiga el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier.

Este martes se conoció que quien se desempeñaba como gerente comercial, Matías Acevedo, también fue privado de la libertad por su supuesta vinculación con las maniobras defraudatorias.

Además de los socios titulares Ariel y Juan Pablo Márquez y dos de sus hermanos, también habían sido detenidos el mes pasado el contador de la firma Ramiro Sebastián “Capi” Nieva, cuñado de Juan Pablo.

Además, la semana anterior el hermano del contador, Matías Nieva, fue allanado en su casa de Santa Catalina y privado de la libertad. Se le asignaban tareas de conducción una vez que los titulares de la desarrollista fueron enviados a la cárcel de Bouwer.

La captura del gerente Acevedo amplía la cadena de presuntas responsabilidades a la línea de directivos de la empresa, un empleado de alto rango jerárquico que habría tenido un papel clave en las decisiones de la firma.

La causa Márquez y Asociados estalló en el primer trimestre de este año cuando se acumularon cientos de denuncias de particulares que reclaman la construcción o terminación de sus viviendas, muchas de ellas pagadas en su totalidad.

Tras asignarse las actuaciones a Gavier, este lanzó en abril una primera andanada de allanamientos en los que terminó deteniendo a los cuatro hermanos Márquez y al contador Nieva.

Posteriormente, mientras continuaban ingresando denuncias de diferentes estudios jurídicos, el Ministerio Público habilitó un formulario web para que los particulares puedan realizar sus propias presentaciones, sin patrocinio legal.

En la actualidad, se han acumulado miles de reclamos en sede penal, al tiempo que se señala que habría entre 10 mil y 20 mil casas sin entregar.

Una mujer llamada Verónica Acosta fue imputada por el delito de defraudación al Estado tras recibir por error $510 millones del Gobierno provincial en su cuenta bancaria, dinero que gastó en apenas 48 horas sin haber sido notificada previamente de la equivocación.

Según relató Acosta, en su cuenta esperaba un depósito de $8.000 del padre de su hijo. Al ver el dinero acreditado, pensó que se trataba de $500 mil, y solo después entendió que eran millones: “Fui a hacer compras y ayudé a mi familia”.

La mujer realizó 66 transferencias a parientes y usó parte del dinero para adquirir:

Según su testimonio, muchos de esos bienes ya fueron devueltos voluntariamente.

La Justicia dispuso el allanamiento de su vivienda, incautó los celulares de sus hijos y congeló la cuenta bancaria. Además, otras cinco personas también fueron imputadas y se les exigió una fianza de $30 millones a cada una para evitar la prisión preventiva.

El contador del Gobierno de San Luis que ejecutó la transferencia fue quien denunció el error, aunque no está imputado por el momento. Desde la Fiscalía provincial aseguraron que ya se recuperó el 90% del dinero y que el resto se rastrea en billeteras virtuales.

“Compré cosas que ya se devolvieron. También repartí dinero en la familia”, expresó Acosta, quien sigue bajo investigación para determinar si hubo intención delictiva en el uso de los fondos. La causa continúa en curso.

Un joven de 24 años fue detenido el martes pasado, 15 de mayo, en barrio Hernández de San Francisco.

De acuerdo a información policial, el procedimiento se llevó a cabo a las 12.10 en la intersección de las calles Néstor Páez y Lamadrid Sur, donde efectivos de la División Investigaciones interceptaron al hombre en la vía pública. Al verificar sus datos, confirmaron que sobre él pesaba una orden de detención vigente emitida ese mismo día por la Fiscalía de Turno, en relación a hechos de hurto y estafas.

Tras la detención, el hombre fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación de la ciudad de Córdoba declaró la quiebra de la empresa Márquez & Asociados Constructora Desarrollista (actualmente, denominada MRQZPABAR Desarrollos SA), con sede en barrio Villa Warcalde. La decisión se adoptó ante un pedido efectuado por un profesional que tenía créditos impagos a su favor, en concepto de honorarios.

El juez Sergio Ruiz calificó el proceso como “quiebra pedida compleja”, en virtud del importante número de causas civiles ya iniciadas o a iniciarse en contra de la firma como así también en atención a la multiplicidad de denuncias efectuadas en sede penal (varios miles).

Los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación y títulos pertinentes ante la sindicatura hasta el 11 de noviembre de 2025. 

Tales pedidos deberán canalizarse de manera digital, conforme a las disposiciones del Protocolo de actuación profesional de sindicatura concursal en el contexto del expediente electrónico judicial (AR n.° 1714). El martes 13 de mayo se llevará a cabo el sorteo de la sindicatura. Oportunamente, se comunicará la dirección del síndico, sus datos de contacto y horarios de atención.

Entre otras medidas, el juez Sergio Ruiz prohibió a los terceros efectuar pagos directamente a la empresa, puesto que serán ineficaces de pleno derecho. Todo pago deberá realizarse mediante depósito a la cuenta judicial n.° 922/7728109 (CBU 0200922751000007728196), abierta en el Banco de Córdoba, sucursal Tribunales.

También ordenó la inhibición general de bienes de la firma y la indisponibilidad de los bienes inscriptos a su nombre y dispuso que la declaración de quiebra sea anotada en el Registro de Juicios Universales y en el Registro Público.

Además, ordenó registrar de la inhabilitación de la sociedad deudora como así también de los integrantes titulares del directorio de la sociedad fallida: Juan Pablo Márquez (presidente) y Ariel Hernán Márquez (vicepresidente).

La sentencia intima a los terceros que posean bienes de la firma para que, en el término de 24 horas, los entreguen a la sindicatura. También ordena la venta de los bienes de la fallida, aunque se difiere el nombramiento del enajenador para el momento en que la sindicatura efectivice su incautación y opine sobre la mejor forma de realización del activo.

El magistrado estableció que la sindicatura podrá presentar el informe individual de créditos el 25 de junio de 2026 y que la sentencia de verificación de los créditos será dictada el 18 de diciembre de 2026. En tanto, la fecha de la presentación del Informe General de la sindicatura se fijó para el 24 de febrero del año 2027.

En función de la envergadura de la causa, la multiplicidad de personas afectadas y la incidencia social de la problemática, el juez Ruiz consideró “imprescindible” la participación en el proceso del Ministerio Público Fiscal, las Oficinas de Defensa del Consumidor y la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

“Los que vendemos viviendas tenemos los sueños de las personas en nuestras manos”, advierte Martín Teicher, CEO de Grupo Elyon, una desarrollista con larga trayectoria en Córdoba. El también vicepresidente 1° de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc) alude así al formidable aspiracional que la “casa propia” constituye para los argentinos. Algo que constata cada vez que se topa con lágrimas al entregar una llave, o cuando recibe pagos con la habitual advertencia: “Acá le estamos dando los ahorros de toda la vida”.

Poseer el techo que se habita en un país sin crédito equivale a lograr refugio de una macro siempre incierta y, a la vez, constituye un pilar identitario de los sectores medios. Por eso resultan tan dramático el déficit habitacional nacional de 3,24 millones de hogares que estima la Cámara Argentina de la Construcción, y shoquea un dato como el que acaba de difundir la Consultora Moiguer: 4 de cada 10 argentinos de clase media creen hoy que “nunca” van a llegar a comprarse su casa.

He ahí un fértil sustrato para cumplir sueños a nuevos propietarios; pero también para pergeñar toda clase de estafas con altas chances de “éxito”. Por estos días, Córdoba se sigue asombrando de la escala ganada por el escándalo Márquez y Asociados, la autodenominada “constructora desarrollista” cuyo cuarteto de propietarios (Matías, Pablo, Lucas y Ariel Márquez) junto al contador de la firma, están detenidos, imputados por supuesta asociación ilícita y estafas reiteradas por el fiscal de Delitos Complejos del 1° Turno Enrique Gavier.

El propio funcionario admitió que la magnitud del caso ha “desbordado” a la fiscalía y que debió activar un formulario digital para denuncias. Según dijo, habría 30 mil contratos firmados por clientes con la empresa, pero ésta habría entregado sólo 2.500 unidades. Esto eleva a 27.500 el universo potencial de damnificados, personas que realizaron pagos de distinta magnitud para que la empresa les construya su casa y no obtuvieron nada a cambio. Las denuncias, hasta ahora, superan las 1.400.

Para entender el tamaño del problema basta mencionar que Cooperativa Horizonte, la institución que viene permitiendo el acceso a la vivienda propia al mayor volumen de personas en la ciudad en los últimos años, entregará su casa 20.000 el próximo 29 de mayo.

Precisamente esa entidad toma como referencia Roque Lenti, presidente de la Ceduc y de GNI, otra desarrollista local reconocida: “Horizonte es una de las empresas más grandes y serias de vivienda para clase media; al punto que tiene fábricas propias de ladrillos, aberturas y carpintería en chapa, además de tierras. Y cuenta con beneficios fiscales por ser una cooperativa. Algo llamativo es que Márquez, que apuntaba al mismo mercado, tenía precios más accesibles que Horizonte”. Este punto, que funcionó como uno de los grandes atractivos de la denunciada, es central en la investigación de Gavier. Determinar si se vendió adrede bajo el costo y en gran magnitud, puede ser indicio de que no existía la intención de cumplir.

El “dar acceso” a la casa propia a un público que no percibe que lo tiene es un gran combustible de engaños, explica Diego Puente Rosa, director general de Defensa del Consumidor de la Provincia: “Nadie estafa vendiendo autos Mercedes Benz”, grafica. Esa dependencia fue la primera en recibir reclamos por incumplimiento de Márquez y Asociados, en una escala creciente año a año, hasta que en mayo de 2024 el número encendió las alarmas. Luego de agotar todos los pasos que prevé su accionar y ante el incumplimiento de la firma, derivó el tema a la Justicia.

“Ya son 308 las denuncias de consumidores que recibimos contra Márquez, y siguen llegando nuevas a diario. Hasta ahora hemos aplicado 22 multas firmes por $260 millones de pesos a la empresa y ahora trabajamos en otra tanda de 30 más”, precisa Puente Rosa, aclarando que esas sanciones se suman al accionar de la Justicia.

La dependencia recibe entre 12 mil y 14 mil denuncias de consumidores de todo tipo al año. Aunque las asimilables al rubro “Viviendas (prefabricadas, industrializadas y planes)” no renquean alto en cantidad, sí suelen estar asociadas a perjuicios económicos de mayor cuantía y muchos casos sin respuesta de parte de los denunciados. De hecho, la gran concentración de engaños en el rubro es sobre casas prefabricadas.

“Empresas que desembarcan en el mercado o incluso ofrecen sus productos por Internet. Arman una propuesta vistosa, tienen buenos vendedores. Solicitando muy pocos requisitos y sumas bajas de dinero en cuotas hacen entrar a la gente. Recaudan un tiempo y desaparecen sin entregar ninguna casa”, sintetiza Puente Rosa.

Atendiendo a esta problemática, en la Dirección se creó el Registro de Empresas Constructoras de Viviendas Industrializadas. Allí deben anotarse las firmas que las comercializan asentando documentación sobre sus propietarios, el capital inicial, certificados de registro ante organismos como Arca, Rentas y otra información útil para el consumidor. “Es una herramienta que brinda seguridad. Hoy hay seis empresas anotadas pero tenemos previsto reimpulsar el Registro”, destaca Puente Rosa.

En el ámbito de la Ceduc, el caso Márquez y Asociados es obvio tema de conversación. Un dato importante a destacar es que la fallida constructora no integró nunca la cámara que aglutina a 40 empresas, entre ellas las 10 mayores desarrollistas de la provincia (nombres como Grupo Edisur, Canter, Proaco y los citados; entro otros). “Las compañías que estamos en Ceduc somos serias y trabajamos con responsabilidad, profesionalismo y cautela”, subraya Lenti.

Él y sus pares admiten que fuera de los casos en los que se presenta una intención clara de estafar al consumidor, también existen proyectos que pueden malograrse o sufrir dificultades debido a malos cálculos o avatares propios de una economía que da permanentes virajes. Costos que se computan a un dólar que meses después se dispara o se desploma, por ejemplo.

Incluso hoy, donde el sector celebra que se marcha a una normalización macro, Lenti aclara: “Nos resulta muy difícil operar con una banda cambiaria en la que una propiedad puede valer 40% menos o más, repentinamente”.

Otra debilidad central del sector deriva de tener que desenvolverse en un país sin crédito hipotecario como el argentino. Esa distorsión casi excluye del mapa a los bancos, que suman solidez al negocio y ofician en la práctica como mecanismo de control. Y obliga a las desarrollistas a generar sus propios esquemas de financiamiento, a financiarse con la demanda en preventa.

“Es la gran falla de este mercado: vendemos y tomamos plata de los consumidores sin ningún tipo control. Faltan herramientas como seguros de caución y existen huecos legales. Los desarrollistas somos el cajero, pero tenemos que tener en claro que esa plata no es nuestra: hasta que no entregás el último departamento ese es tu pasivo”, indica Martín Teicher. Por eso, en coincidencia con pares, el empresario agrega: “Es muy importante crecer lento y tranquilo. Vender el emprendimiento que se está haciendo, a un ritmo que vaya acompañando el desarrollo del proyecto. Y no mezclar las cajas, no desviar fondos que te pagan para un edificio al inicio de otro proyecto. Cuando mezclás las cajas y lanzás más y más proyectos, un vaivén del país puede complicarte muy mal”.

José Luis Acevedo, presidente de Grupo Canter, lleva 1.250 viviendas construidas y entregadas en la década y media que suma en el rubro. Conoce a fondo el negocio y lidia como sus pares con las dificultades que implica la ausencia de crédito bancario.

“Algo importante para aclarar: Márquez y Asociados no es una desarrollista, no tiene tierra. Es una empresa que vendía servicios de construcción: te hacía tu casa donde vos tuvieras el lote. Hacer eso para un gran número de personas supone contar con una estructura logística enorme”, apunta. En apariencia, la empresa denunciada no contaría con ese “músculo”.

Desde su experiencia, Acevedo enumera las principales “banderas rojas” o señales de inconsistencia en propuestas de acceso a la vivienda. “Hay algo muy básico: todo lo que aparente ser extraordinario debe generar desconfianza. Existen oportunidades de bajo precio, es cierto. Y también puede haber esquemas de financiación que sean más accesibles. Lo que nunca sucede es que ambas cosas se den juntas: oportunidad y financiamiento no son compatibles”, dice.

“Todo tipo de programa que casi no presente barreras de entradas es en principio sospechoso”, agrega.

Otro punto clave a analizar son los contratos que un consumidor suscribe al ir por la vivienda. “Los contratos de empresas serias que hacen vivienda son largos y complejos, pueden resultar leoninos para el consumidor, pero eso se asocia a la necesidad de que protejan el emprendimiento y garanticen su construcción. Hablamos de 30 páginas, con claúsulas que deben considerar diversos tipo de aspectos incluyendo todas las características del producto, los plazos y condiciones de pago, las sanciones y procedimientos en casos de incumplimiento y muchos más”, enumera.

Y lista también detalles cómo observar si la empresa cuenta con sitio web y redes sociales oficiales; información sobre sus propietarios y su solidez y proyectos ya ejecutados; por citar algunos.

Desde la Ceduc, destacan otros recaudos que se pueden tener: chequear que la empresa pertenezca a esa cámara. “Eso brinda un respaldo para el inversionista y garantiza que el precio es justo y que es una operación respetuosa. Por otro lado, es importante que la persona que quiera realizar una compra se informe y averigüe sobre los costos de construir. Hay muchos índices profesionales que son excelentes indicadores de costos, y permiten saber si un precio está alineado a la realidad de mercado”.

Defensa del Consumidor también ofrece asesoría. Además del citado Registro para firmas que venden casas prefabricadas, la dependencia brinda asesoría gratuita a quien se acerque a consultar. Algo que hacen, por ejemplo, es analizar el contrato que una empresa ofrece suscribir al consumidor para comprobar si tiene solidez, grises o aspectos engañosos.

La Defensoría acaba de inaugurar nueva sede: atiende en Colón 724, de lunes a viernes de 8 a 14.

Durante la madrugada de hoy, sábado, personal policial intervino en un hecho de estafa que ocurrió en un local comercial ubicado sobre calle J. B. Justo, en barrio Catedral de San Francisco.

Según informó la policía, la propietaria de un maxikiosco, una mujer de 28 años, denunció que un hombre ingresó al local alrededor de la 1.30 y realizó una compra por un monto de $10.100.

El hombre abonó mostrando un comprobante de una transferencia presuntamente realizada mediante la billetera virtual Mercado Pago. Sin embargo, tras concretar la operación y retirarse del lugar, la comerciante advirtió que el comprobante era falso y el pago nunca se había efectuado.

La policía investiga el hecho para dar con el autor de la estafa.

El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, ordenó la detención de Ariel, Pablo y Matías Márquez, propietarios de la constructora Márquez y Asociados, junto con su contador Ramiro Nieva. Los cuatro fueron imputados por los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas.

De acuerdo a la información de Cadena 3, los detenidos ya se encuentran alojados en el complejo carcelario de Bouwer, a disposición de la fiscalía.

“Se han dispuesto cuatro imputaciones y detenciones en el día de hoy sobre tres hermanos Márquez y el contador Ramiro Nieva”, confirmó Gavier, quien también indicó que en el marco del operativo se secuestraron bienes, dinero en efectivo y vehículos de alta gama. Sin embargo, no brindó detalles precisos sobre los elementos incautados.

Según el fiscal, el “poder económico” que tienen los acusados podría entorpecer la investigación, motivo por el cual se resolvió avanzar con las detenciones. “Es evidente que hay pruebas suficientes para pedir la detención”, sostuvo. Además, advirtió que, aunque los abogados de los Márquez intenten alcanzar acuerdos con los denunciantes, “el delito ya se cometió”.

La situación es compleja, ya que los empleados de la firma también reclaman el pago de sus sueldos. La fiscalía sostiene que los Márquez continuaron ofreciendo servicios sabiendo que no podían cumplir con sus obligaciones. 

Cientos de familias, con el sueño de tener su casa propia, aseguraron haber sido defraudadas tras entregar todos sus ahorros a la firma, que les prometió construir viviendas en distintos puntos de la provincia y del país. Las acusaciones indican que la empresa no cumplió en tiempo y forma.