El año se encamina a su cierre con un escenario inesperado para los estatales cordobeses. La reforma previsional reavivó el conflicto con los gremios, que volverán a las calles el próximo lunes en lo que será la última protesta callejera de 2025 contra las medidas adoptadas por el Gobierno provincial.

Para rechazar los cambios en el sistema previsional, los sindicatos se movilizarán al mediodía por el centro de la ciudad de Córdoba. Será una nueva demostración de fuerza en un conflicto que lejos está de apagarse.

La modalidad será la misma de las últimas protestas. Cada gremio partirá con sus columnas desde las sedes sindicales, se concentrarán en la esquina de Colón y General Paz y, desde allí, avanzarán hacia la Legislatura provincial.

Justamente, el próximo lunes el Parlamento cordobés celebrará su última sesión del año. Sin embargo, el operativo de seguridad dispuesto por la Policía de Córdoba volverá a impedir que las columnas gremiales lleguen hasta el edificio legislativo.

Por ese motivo, el acto central –donde tomarán la palabra los principales referentes sindicales– se realizará nuevamente en la esquina de avenida Olmos y Santiago del Estero, tal como ocurrió en las movilizaciones anteriores.

Aunque se tratará de la última protesta del año, los estatales advierten que no será la última contra la reforma previsional que Llaryora logró aprobar por ley. El conflicto, aseguran, continuará en 2026.

De hecho, durante la primera semana de enero los principales gremios volverán a reunirse para definir los próximos pasos. Entre las alternativas que analizan aparece la realización de “protestas informativas” en los principales festivales del interior provincial, especialmente en aquellos a los que asista el gobernador.

“El gobernador se equivoca si piensa que nos vamos a quedar quietos, mientras nos mete la mano en el bolsillo. Iremos a hacer sentir nuestro reclamo a cualquier lugar donde vaya Llaryora, durante todo el verano”, advirtió el titular del Suoem, Rubén Daniele, durante las protestas de la semana pasada, cuando la Legislatura aprobó la reforma previsional cuestionada por gran parte de los estatales.

En paralelo, los gremios también evalúan avanzar con una presentación judicial conjunta contra la reforma previsional.

No obstante, el consejo jurídico que recibieron apunta a esperar la aplicación concreta de los cambios impulsados por el Gobierno provincial, sobre todo en el caso de los jubilados, algo que recién se reflejaría en los haberes de febrero o marzo.

Desde el Centro Cívico, en tanto, buscan llevar tranquilidad. “Si bien la reforma se aplicará a activos y pasivos con los haberes de diciembre, nadie cobrará menos que en noviembre”, aseguró el presidente de la Caja de Jubilaciones, Adrián Daniele.

Según explicó el funcionario llaryorista, los jubilados provinciales que perciban haberes superiores a los 3,5 millones de pesos sufrirán descuentos, aunque estos serán “a cuenta de futuros aumentos”.

Es decir, no habrá un recorte directo del haber actual, sino que los descuentos se aplicarán sobre los incrementos futuros que reciban los activos y que también impactan en el sector pasivo.

En medio del conflicto con los estatales, el Gobierno provincial confirmó el pago de un bono no remunerativo para los docentes que perciban salarios inferiores a los 2,8 millones de pesos.

La medida alcanzará a casi el 90% del sector docente, cuyos ingresos se encuentran por debajo de ese monto.

El bono había sido reclamado desde hace varios meses por la conducción provincial de la UEPC que conduce Roberto Cristalli, aunque recién ahora la gestión llaryorista aceptó abonarlo.

Cabe recordar que el pasado 15 de diciembre, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) ya había recibido un beneficio similar, acordado en la última negociación paritaria.

A partir de ese antecedente, la UEPC intensificó las gestiones para obtener el mismo reconocimiento salarial.

En el arco gremial no dudan en vincular este anuncio con el conflicto previsional. El bono –que también alcanza al personal de las fuerzas de seguridad provinciales– aparece como parte de una estrategia política del gobernador para dividir el frente sindical y evitar que docentes y afiliados al SEP se sumen a las protestas callejeras.

Hasta ahora, la UEPC participó de todas las movilizaciones con una columna numerosa.

La estrategia oficial apunta a concentrar la pulseada con los gremios de salarios más altos y, según el propio oficialismo, de menor reconocimiento social, como el Suoem, los bancarios, Luz y Fuerza y los judiciales.

Estos cuatro sindicatos serán los más perjudicados por los cambios previsionales, con una suba de los aportes de los activos, y un recorte para los pasivos que cobren haberes de más de 3,5 millones de pesos.

En el Centro Cívico consideran que, con la aprobación legislativa de la reforma previsional y el desgaste de las protestas callejeras, lograron inclinar la balanza a su favor.

Sin embargo, la disputa promete trasladarse ahora a los tribunales. Tras la feria judicial de enero, los gremios estatales presentarán demandas para que la Justicia determine si los cambios impulsados por Llaryora afectan o no derechos adquiridos.

El camino judicial aparece como la última carta de los sindicatos. Desde febrero, además, el conflicto previsional se entrelazará con la discusión paritaria de 2026.

La UEPC será el primer gremio estatal en sentarse a negociar salarios el año próximo, en una mesa que también estará atravesada por la reforma previsional.

Todo esto ocurre en un contexto en el que, además del ajuste para los activos y pasivos de mayores ingresos y del bono no remunerativo para quienes cobran menos de 1,3 millones de pesos, el gobernador decidió aumentar en un punto los descuentos destinados a Apross, la obra social provincial, que –al igual que la Caja de Jubilaciones– arrastra un fuerte déficit financiero.

El descuento para la Apross preocupa a los gremios con afiliados con menores ingresos, como el SEP, por ejemplo. Este tema también está presente en la mesa de negociación paritaria.

La posible aplicación del artículo 64 del Presupuesto provincial encendió una fuerte reacción entre los sindicatos estatales de Córdoba. El texto, aprobado en primera lectura en la Legislatura, habilita al Poder Ejecutivo a incrementar hasta un 4% los aportes personales a la Caja de Jubilaciones, un cambio que —según advierten los gremios— impactaría de forma directa en los salarios de los trabajadores públicos.

Dirigentes sindicales recordaron que, antes de la gestión de Martín Llaryora, los empleados provinciales aportaban un 18%. Luego, ese porcentaje fue elevado al 22%, lo que generó resistencias que ahora vuelven a emerger ante la posibilidad de un nuevo incremento. Para organizaciones como el SUOEM, la UEPC y otros gremios estatales, la medida es “un golpe más al bolsillo”.

En total, unos 15 gremios confirmaron que marcharán este martes hacia la Legislatura para participar de la audiencia pública y exigir la suspensión de la disposición. Las movilizaciones comenzaron a partir de las 9:30 y convergieron en la Unicameral, donde se anticipaba una jornada tensa.

Roberto Cristali, referente de la UEPC, expresó en diálogo con Cadena 3: “Rechazamos rotundamente esta posibilidad. El Ejecutivo quedó facultado a aplicar descuentos de hasta un 4% para la Caja de Jubilaciones y no vamos a permitirlo”. El dirigente recordó el ajuste anterior y señaló: “Ya hicimos el esfuerzo el año pasado cuando nos aumentaron los aportes”.Cristali agregó que insistirán con reclamos pendientes. “Vamos a seguir exigiendo el adicional extraordinario de fin de año para activos y jubilados”, afirmó. También cuestionó el impacto salarial del eventual incremento: “Hoy aportamos el 4% más el 11% que es por ley. Tenemos el 15% de aportes y con esto llegaríamos al 19%. Se reduciría $10.000 por cada millón de nuestro salario”.

El dirigente docente sostuvo además que “los docentes no somos deficitarios para nada porque aportamos contribuciones de personal y patronal”, y criticó la medida al señalar que implicaría “una nueva baja de salario” para el sector.Mientras los gremios redoblan la presión en las calles, el Gobierno provincial argumenta que la facultad de aumentar los aportes responde al déficit de la Caja de Jubilaciones y a la necesidad de equilibrar sus finanzas. Sin embargo, los sindicatos insisten en que la medida trasladaría la carga del ajuste directamente a los trabajadores.

El Gobierno nacional anunció hoy –vía decreto que se publicará en el Boletín Oficial– la eliminación de la jornada no laborable del 27 de junio para los empleados estatales, Día del Empleado Público.  

El vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que “el Estado no es un lugar donde deban tomarse un sabático o privilegio que el trabajador del sector privado carece”, y resaltó que el día se paga “con el aporte de cada contribuyente del país”.  

Además, afirmó que la decisión “va en consonancia con la concepción del Estado de este gobierno” y que “la Argentina que rendía culto al estatismo en detrimento del privado es cosa del pasado”. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general, Rodolfo Aguiar, rechazó con dureza la medida. En su cuenta de X aseguró:

“El único que goza de privilegios del Estado sos vos, Adorni, cara dura…” y advirtió que solo “el Congreso puede derogar una Ley que el mismo sancionó”, calificando el decreto como "un acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático” 

Adorni también vinculó la eliminación del asueto a una reducción de privilegios en el Estado. En su discurso criticó las gestiones previas al señalar: “la Argentina que rendía culto al estatismo […] es cosa del pasado”. Además, defendió la coherencia del gobierno al aseverar que el empleo público debe enfocarse en “ofrecer un servicio esencial” y no en ventajas propias del estatismo .

La Ley 26.876, sancionada en 2013, estableció el 27 de junio como Día del Trabajador del Estado, aunque su caracterización como jornada no laborable depende del poder ejecutivo. A nivel nacional, el decreto implica que este año el viernes 27 será laborable, aunque algunas provincias podrían mantener el asueto localmente. La medida refuerza la estrategia del Ejecutivo de “quita de privilegios” y de reducir el tamaño del Estado, en línea con el discurso de eficiencia y austeridad de la administración actual.

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este jueves que el Gobierno descontará de sus haberes el día no trabajado a los empleados estatales nacionales que adhieran el próximo miércoles al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) porque "el salario es una contraprestación" y aseveró que "el que no trabaja, no cobra"."Se ha tomado la decisión de descontar el salario a todos los empleados estatales nacionales que adhieran a la medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaje, no cobrará", dijo Adorni en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.En esta línea, indicó que el Gobierno continúa "esperando argumentos para el paro" programado por la central obrera porque, a su criterio, "no termina de quedar claro" el motivo de la medida de fuerza.

Asimismo, Adorni reiteró que estará abierta la línea telefónica 134 para "todos aquellos que se sientan extorsionados, amenazados o obligados a parar. La línea es gratuita y anónima", reiteró.El funcionario consideró que la Argentina "está en una situación de urgencia" y el cambio es necesario para "sacarla de la decadencia".

Por ese motivo, estimó que "no existe razón para el paro o, al menos, las explicaciones de los porqués son casi infantiles"."No los entendemos. En cuanto a términos jurídicos, llegado al caso habrá novedades sobre el punto en cuestión", remarcó Adorni en referencia a las consecuencias legales que podría tener descontar el día a los estatales.Finalmente, el vocero sostuvo que el Gobierno nacional tiene intención de reunir el Consejo de Salario Mínimo a fin de mes y que "no hay una demora al respecto"."Cuando esté la fecha para plantear el Salariel o Mínimo Vital y Móvil la daremos, se va a convocar en los próximos días", concluyó.

El vocero presidencial afirmó que el gobierno está "convencido" de la futura sanción de la ley de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", pero advirtió que "en el plano hipotético de que no se apruebe, el ajuste, por supuesto, va a tener que reverse".

Adorni indicó que en el programa económico hay "algunos pasos más importantes que otros, y hoy el paso que estamos dando es la ley de Bases".

En su habitual conferencia de prensa matutina, el portavoz también hizo referencia a la reunión que el presidente Javier Milei mantuvo ayer en la ciudad suiza de Davos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de una presentación del primer mandatario en el Foro Económico Mundial que calificó como "absolutamente sensacional".

Al preguntársele si se tomarán medidas ante la suba de las cotizaciones de los dólares financieros y en el mercado informal, insistió en la necesidad de contar con la aprobación legislativa de la ley de Bases y que de esa decisión del Congreso "dependerá cuáles sean los pasos a seguir".

Respecto de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien dijo que no se había abandonado el camino hacia la dolarización, Adorni recordó que "durante meses el presidente Milei, incluso en su campaña, siempre habló de la competencia de monedas y se sigue trabajando en esa línea, ese es nuestro norte".

"Esto es un camino que va teniendo sus pasos, algunos más importantes que otros, y hoy el paso que estamos dando es la ley de Bases", expresó.

Al respecto, planteó que de la aprobación o no de la ley "dependerá cuáles sean los pasos a seguir".

"Estamos convencidos de que no hay razón para que la ley no llegue a buen destino, pero en el plano hipotético de que no se apruebe, el ajuste, por supuesto, va a tener que reverse", señaló.

Adorni se refirió a la reunión de Milei con Georgieva y aseguró que en el FMI "están entusiasmados con el rumbo" tomado por el gobierno argentino, y que "confían en que los planes que estamos llevando a cabo terminen con la inflación y promuevan el crecimiento económico a partir del desarrollo del sector privado, que tan maltratado ha sido en los últimos años en la Argentina".

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, anunció que denunciaron penalmente al presidente Javier Milei por el mega-DNU que firmó el 20 de diciembre.

A través de un posteo en X (ex Twitter), Aguiar detalló los puntos de la denuncia, entre los que se encuentra abuso y usurpación de autoridad. 

Uno por uno, la denuncia: 

• Abuso de Autoridad, previstos y reprimidos en el art. 248 del C.P.

• Usurpación de Autoridad (art. 243, inc. 3, del C.P.) 

• Delito tipificado en el art. 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su gobierno.

Por los despidos en el Estado, ATE se sumará mañana a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo en repudio al DNU de Milei. 

En esa línea, la razón principal por la que ATE se plegará a la manifestación es por el nuevo decreto del Gobierno por la no renovación de los contratos estatales firmados desde el 1 de enero de 2023, en adelante. 

“Desde #ATE vamos a movilizar este miércoles en una nueva Jornada Nacional de Lucha para reclamar contra el decreto mediante el cual se pretende despedir a 7.000 #trabajadores de la Administración Pública Nacional. Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido”, anunció Aguiar.