La exjueza de Menores Esther Martínez aseguró que el caso de Agostina Vega expone falencias estructurales en la protección de niños y adolescentes y advirtió que muchas situaciones de riesgo no están siendo abordadas a tiempo. En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, sostuvo que existe una creciente desprotección de las infancias y reclamó la recuperación de mecanismos preventivos que, según su visión, funcionaban de manera más eficaz años atrás.

“Desde la perspectiva de la protección de las infancias, el caso Agostina nos muestra al desnudo que no se está haciendo prevención de menores en la provincia de Córdoba. La protección de las infancias está fallando”, afirmó.

Martínez vinculó esa situación con los cambios normativos impulsados durante las últimas décadas. En ese sentido, reivindicó el sistema que regía anteriormente en Córdoba y cuestionó la transferencia de las funciones preventivas al Poder Ejecutivo.

“En el gobierno de José Manuel de la Sota, y no estoy haciendo partidismo alguno, se derogó la mejor ley de minoridad que tuvo la provincia y el país, la Ley 9053. Tenía un procedimiento cuidado, con plazos estrictos en cada caso que hubiera un menor en riesgo y llegaba hasta su resolución”, recordó la ex titular del Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de los Tribunales de San Francisco.

Sostuvo que el esquema comenzó a modificarse a partir de una ley nacional sancionada durante los gobiernos kirchneristas “que la prevención de los menores debe estar a cargo del Poder Ejecutivo”. Y agregó: “Para mí fue una decisión populista. No se protege más a los niños y adolescentes de ese modo porque en el Poder Ejecutivo los atiende gente menos preparada. Mientras en el Poder Judicial se rinden concursos, en el Ejecutivo no. Empleados administrativos toman, sin procedimiento ni plazo alguno, decisiones cruciales sobre la vida de bebés, niños y adolescentes”.

 “Si hubiera estado interviniendo el Juzgado de Menores, la escuela habría denunciado a la semana de faltas sin certificado médico de Agostina. La Justicia habría citado a la menor, a su padre y a su madre para averiguar las circunstancias de esas inasistencias injustificadas”, aseguró.

“La escuela como señal de riesgo iba a permitir conocer la causa real por la cual esa menor no estaba asistiendo. Entonces, a esa menor se la habría prevenido judicialmente. El aprendizaje que saco de este hecho y que el gobernador Martín Llaryora debería obtener también es que, por más que se trató de que Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familiar) y las Uder funcionaran, no funciona”, afirmó. En esa línea, pidió que la Provincia revise el modelo vigente.

“Aun jubilada, quiero llegar al señor gobernador para pedirle el retorno al sistema y a la ley anterior. Se está llegando tarde a los casos que se podrían prevenir”, consideró.

Martínez recordó que años atrás existía una coordinación permanente entre distintas instituciones que permitía detectar situaciones de riesgo antes de que escalaran. “Funcionábamos articulados y con buenísimos resultados. Los hospitales colaboraban, los centros vecinales, los vecinos, los parientes, los jueces de paz y los equipos técnicos. De parte de los hospitales hemos detectado cantidad de abusos”, señaló.

“Lo que estoy reclamando es que exista una articulación efectiva entre Justicia, Policía, salud, escuela y todas las áreas que protegen a los niños”, remarcó.

La exmagistrada también manifestó preocupación por las transformaciones sociales que impactan sobre las familias y terminan afectando a niños y adolescentes. “Los chicos quedan solos muchas horas, no siempre tienen otro familiar que los contenga. Cuando los papás salen a trabajar, se crían solos, toman entonces los peores ejemplos, que son las redes y la televisión. No hacen deportes, no tienen límites”, advirtió. Y añadió: “El Estado viendo esa situación de la familia debe estar a través de sus poderes conteniendo a la familia y a sus miembros, porque sabemos que la familia es la base de la sociedad”.

Martínez también alertó sobre otros fenómenos que observa en la actualidad. “Me preocupa la soledad de los niños, la tecnología invasiva, la medicación indiscriminada y la falta de modelos a seguir. Los chicos están mal, muy mal. Le dan muy poco valor a la vida. Están queriendo rápido cosas materiales, sin esfuerzo, inducidos por la sociedad de consumo”, expresó.

Además, planteó que la perspectiva de niñez continúa siendo entendida de manera limitada dentro de muchos ámbitos institucionales y judiciales. “Tener perspectiva de niñez no es sacar resoluciones en que en un párrafo le hablan en lenguaje claro para que entienda –siguió-. Incorporar perspectiva de niñez es salir de la interpretación machista al recibir denuncias y al investigar. Es un cambio de perspectiva en el abordaje de la violencia. Desde la primera pregunta que se hace a una niña o a una madre. No creer que la niña se fugó para irse con el noviecito. Y si fuera así, la buscamos igual desde la primera hora”.

“Incorporar perspectiva de niñez es que el juez dé la cara, no que esté escondido y después saque algo por escrito. Es estar presente en las audiencias, conociendo al menor sujeto de derecho, conociendo a su familia. Esa es incorporar a la niñez, escucharla”, acotó.

“La inmediatez es fundamental”, dijo, al insistir en que la protección efectiva de niños y adolescentes requiere intervención temprana, compromiso institucional y una red articulada capaz de actuar antes de que los riesgos se transformen en tragedias.

Por último, opinó sobre la instrucción de la causa por el femicidio de Agostina: “Creo que el fiscal Raúl Garzón está llevando adelante una investigación correcta, muy diferente a lo que hizo el fiscal Iván Rodríguez en 2025 con la denuncia contra Claudio Barrelier. En aquel momento lo dejó en libertad al considerar que no era peligroso y que, en caso de condena, recibiría una pena condicional. Sin embargo, se trataba de hechos graves, como un secuestro agravado por el uso de armas y un intento de abuso. Por eso considero que Rodríguez debería ser sometido a un jury”.

La convocatoria pública para adoptar a una adolescente de 17 años lanzada días atrás en Córdoba, convocando a personas, familias o parejas radicadas en San Francisco, volvió a poner en discusión un tema que aún parece insoluble frente al derecho de los niños a tener una familia. 

Dicha convocatoria se sumó a una pública general lanzada semanas atrás, destinada a restituirles su derecho a crecer en una familia a un grupo de 38 adolescentes que se encuentran al cuidado y protección del Estado, en instituciones de la provincia.

En este sentido, una de las voces que se hizo eco del tema es la ex jueza de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de San Francisco, Esther Martínez, quien analizó los desafíos que enfrenta la Justicia en cuanto a los niños, niñas y adolescentes, así como también las herramientas legales con la que cuenta actualmente.  Según Martínez, esto es parte de un combo que hace que todavía el sistema de adopción no funcione de forma aceitada.

“La cantidad de posibles adoptantes a medida que avanza la edad de los menores cae considerablemente. En otras palabras, a los ‘niños grandes’ les resulta difícil conseguir una familia que los adopte”, dijo la ex magistrada y las estadísticas lo avalan: solo el 1,81% de los inscriptos en el Registro Único d Adopción aceptaría un hijo de hasta 12 años, ya que el grueso de las familias quiere adoptar un bebé, o a lo sumo chicos de hasta 2 años, de acuerdo a datos que maneja, por ejemplo, la Fundación Adoptar Villa María. 

Martínez sostuvo que cierta burocracia obstaculiza las adopciones. “Creo que esta convocatoria  está confirmando que el proceso, el tiempo que transcurre para declarar la situación de adaptabilidad de un menor es eterno –opinó-. Desde que el Poder Ejecutivo a través de la Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) se ocupa de ello, son tantas las oportunidades que se le da a la familia, al padrino, al vecino, al papá del compañero de escuela…, que a ese niño o niña se le pasa la vida. Dándole la Senaf la oportunidad a los padres o a otros pierde el niño la oportunidad de tener una vida estable, digna y equilibrada, lo que sería la base de una personalidad sana, o lo más sana posible , dado que ese menor ya está marcado por una pérdida en su historia”.

Martínez instó a “no generar, a partir de la burocracia de Senaf, otras pérdidas. Cuando el Poder Judicial sale a gritos, como ahora, en convocatorias pública para buscar un hogar para alguien de 17 años, antes que cumpla la mayoría de edad, yo a gritos también digo, este sistema falló, debe caducar, hay que hacer un cambio”.

“Respecto a la Ley Penal Juvenil, vuelvo sobre el tema porque no puede incidir aquella legislación que se dicte o exista en materia de prevención y adopción de menores. Tiene una gran concatenación con las disposiciones para prevención de menores y contención de los mismos, con la Ley Penal Juvenil. Un niño, niña o adolecente que no encuentra su centro de vida por años y pasa de padres abandónicos  a familiares que también son abandónicos y luego va a un instituto para después probar otros hogares de tránsito, tendrá altas probabilidades de delinquir ante esta falta de políticas de minoridad”. 

“Creo que la política de prevención de la niñez y la adolescencia ha retrocedido en lugar de avanzar en este último tiempo –indicó la ex jueza-. No importa el nombre que le pongamos, pero sí hay que darle la real importancia que la minoridad o la niñez y juventud deben tener. Cuando comencé a trabajar en 1980, existía en Córdoba el Consejo del Menor, dependiente del Ministerio de Bienestar Social provincial, y todas las medidas que se tomaban desde los juzgados de menores eran con el Consejo, era una oficina enorme que decidía qué menores podían ser dados en adopción y quienes podía adoptar”. 

“El problema que tome la decisión el Consejo del Menor era que pertenecía al Poder Ejecutivo y ¿qué garantías no tenemos cuando la minoridad está en manos del Poder Ejecutivo o gran parte de eso? No tenemos garantía que las personas sean apartidarias; tampoco nos garantizan si estamos en una lista de adopción que nos toque realmente el turno y que no le va a tocar a un amigo”, continuó Martínez. Al “Poder Ejecutivo no es por concurso, se llega más por amiguismo. Entonces no podemos dejar a algo tan vulnerable como es la minoridad en manos de los amigos del poder de turno, aunque tengan un título y estén capacitados. Hubo casos puntuales en Córdoba y muy conocidos por la opinión pública en que la falta de comunicación entre el Poder Judicial y el Consejo del Menor llevó a que hubiera niños dados en guarda que luego fueron víctima de violencia; la entrevista estuvo mal hecha, se eligió mal el hogar de guarda o adopción, hubo mala comunicación y malas decisiones”.

La cuestión de la minoridad es un tema de vital importancia para el desarrollo de la sociedad. A través de su extensa trayectoria en el Poder Judicial, la ex jueza de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil, Esther Martínez, desarrolló una visión particular sobre los desafíos que enfrenta la Justicia en cuanto a los niños, niñas y adolescentes, así como sobre las herramientas legales y sociales necesarias para garantizar sus derechos y bienestar.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, la ex magistrada –que se desempeñó en los Tribunales de la Quinta Circunscripción Judicial, con sede en San Francisco- analizó la situación actual de la minoridad, el proyecto de ley que baja la edad de imputabilidad y remarcó la importancia que tuvo la Ley 9053 en Córdoba,  como un paso importante en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero fue superada por la Ley 9944/2011, que representa el marco legal hoy vigente.

La propuesta de reducir la edad de imputabilidad en la Argentina de 16 a 13 años presentada por el gobierno de Javier Milei que busca combatir la inseguridad, generó un intenso debate a nivel nacional e internacional. Al respecto, la ex jueza Martínez consideró que ante la situación que se vive con la minoridad en riesgo “no queda otra que bajar la edad de imputabilidad” y remarcó que es importante que el “proyecto esté bien hecho”.

Martínez se refirió a la Ley 9053 y afirmó que, con esa normativa, ya derogada, “llegamos a un momento de excelencia en la provincia de Córdoba en materia de menores”.

“La minoridad debe tener una política de Estado. Sería bueno que a nivel nacional se estudie este procedimiento que plantea la 9053 y que invitaran a las provincias a que adhieran. Considero que a nivel provincial se debe volver a la Ley 9053 de protección judicial del niño y el adolescente, derogando la Ley 9944 de protección de niños, niñas y adolescentes. Los niños son el interés superior por el que tenemos que velar porque son los ciudadanos del futuro”, afirmó Martínez.

-Actualmente la propuesta de bajar la edad de imputabilidad causa polémica. ¿Cree que se debe bajar la edad?

No queda otra que bajar la edad de imputabilidad como sociedad. Sabemos que un chico de 10 años está armado y muchos delinquen. A un chico de 12 o 13 años no se le va a aplicar el régimen de prisión, si no que se tratará de re sociabilizar, aplicando límites que sean aprendizaje. Es importante que el proyecto esté bien hecho. Desde la teoría está mal visto decir que se baje la edad por eso creo que los políticos harían un gran favor si nos llamaran para escucharnos un poco a quienes tuvimos la experiencia de estar en el terreno con la minoridad. Mi deseo del corazón también sería que ningún niño pueda ser imputable si tiene tan corta edad como 12 o 13 años, pero hay que tener los pies en la tierra y esta es la realidad que supimos conseguir para el pueblo argentino, una minoridad abandonada a su suerte. Se destrozó el sistema que había, podemos encontrar personas que vivieron en la Casa del Niño que era parte de un sistema que formaba gente útil para la sociedad. Empezaron a creer que las residencias no servían y no es tan así, porque cuando un niño no tiene una familia dónde estará contenido. También se destrozó con comenzar a aprobar a los chicos en el colegio, a no controlar las faltas. Debilitamos la escuela, debilitamos organismos de contención, la droga invadió la comunidad. Dejamos la escuela que era ente primario de captación del caso riesgo, porque se daban cuenta si había abandono, maltrato o violencia familiar. Hubo una gran pérdida de valores y respeto por la autoridad y los chicos quedaron flotando en lo peor que tiene la sociedad.

-¿Cómo ve actualmente a la política de minoridad en el país?

Creo que la política de prevención de la niñez y la adolescencia ha retrocedido en lugar de avanzar en este último tiempo. No importa el nombre que le pongamos, pero si hay que darle real importancia que la minoridad o la niñez y juventud debe tener. Cuando comencé a trabajar en 1980, existía en Córdoba el Consejo del Menor, dependiente del Ministerio de Bienestar Social provincial, y todas las medidas que se tomaban desde los juzgados de menores eran con el Consejo, era una oficina enorme que decidía qué menores podían ser dados en adopción y quienes podía adoptar. El problema que tome la decisión el Consejo del Menor era que pertenecía al Poder Ejecutivo y ¿qué garantías no tenemos cuando la minoridad está en manos del Poder Ejecutivo o gran parte de eso?. No tenemos garantía que las personas sean apartidarias, tampoco nos garantizan si estamos en una lista de adopción que nos toque realmente el turno y que no le va a tocar a un amigo. Lamentablemente el Poder Ejecutivo no es por concurso, se llega más por amiguismo. Entonces no podemos dejar a algo tan vulnerable como es la minoridad en manos de los amigos del poder de turno, porque esa es la gente que ingresa a trabajar aunque tenga un título y esté capacitada. Hubo casos puntuales en Córdoba y muy conocidos por la opinión pública en que la falta de comunicación entre el Poder Judicial y el Consejo del Menor llevó a que hubiera niños dados en guarda que luego fueron víctima de violencia, la entrevista estuvo mal hecha, se eligió mal el hogar de guarda o adopción, hubo mala comunicación y malas decisiones.

-¿Por qué considera que la Ley 9053 fue y es un ejemplo para llevar adelante?

Con la llegada de la democracia se trabajó en una ley provincial para proponer un procedimiento y se dictó la Ley 9053 con la que llegamos a un momento de excelencia en la provincia de Córdoba en materia de menores. La normativa incorpora a los Juzgados de Menores equipos técnicos que con psicólogos psiquiatras y asistentes sociales. De esta manera la evaluación de cada caso se podía hacer de manera interdisciplinaria y dentro del mismo edificio con celeridad y con cercanía física de quienes intervienen en la decisión del caso, en el mismo poder del Estado sin tener que conectarse con unidades del Poder Ejecutivo. Se le debe dar la ocasión a un padre o una madre que recupere a su hijo y si no lo hace, hay que pensar en el interés superior del menor y darle a ese menor un estatus jurídico, porque el daño que le hacemos no dándole un lugar dentro de una familia es inconmensurable. 

-¿Qué ventajas tenía esta ley?

Creo que el error está en dejar en manos, no solo del Ejecutivo sino de personas preparadas en su mayoría en psicología y asistencia social, que están muy bien preparadas, pero para lo de ellos y gente nueva que no tiene la experiencia suficiente y la experiencia es muy importante porque enseña mucho. En los juzgados de las ciudades grandes por la gran cantidad de trabajo no se resolvía pronto la situación de un menor, si bien se lo estaba estudiando. Con esta ley, a más tardar en un año el juez tenía un plazo para resolver la situación del menor. Si era dudosa la situación de los padres se prorrogaba el plazo de resolución, pero como máximo era de un año y medio. El juez no podía prorrogar por su cuenta, sino que debía pedir permiso a la Cámara Civil de su ciudad. Este sistema comenzó a funcionar muy bien, como un mecanismo bien aceitado. En ese año y medio se le estaba haciendo el menor daño posible al chico y que volviera a tener un estatus de familia, porque qué pienso yo si el niño tiene un estatus de familia, se siente alguien en un grupo familiar estamos ayudando en gran parte a fundar la salud mental de ese menor para cuando sea un adulto claro. El presidente de aquel momento lo que podría haber hecho era invitar a todas las provincias argentinas a imitar la ley de Córdoba en procedimiento de minoridad. Córdoba fue siempre una pionera, revolucionaria en minoridad, una provincia muy Jesuita. La gente que escribió la ley fue a trabajar como voluntaria a los hogares de menores, que vivió el terreno. Para mí, que todo el país tuviera esa legislación hubiera sido fundamental. Creo que hoy, si hubiera seguido esa ley, la gente que quiere adoptar tendría más pronto las respuestas, porque se estaría siguiendo un procedimiento. No podemos esperar que un niño se acomode en su familia seis años, porque mientras tanto se acomodó su infancia, su vida y su psiquismo.

-¿Qué cambió con la nueva normativa, la Ley 9944?

Cuando llegó la presidencia de Cristina Kirchner a nivel nacional se estableció que la minoridad en riesgo es un tema del Poder Ejecutivo, entonces establecieron que el Ejecutivo vuelva a decidir sobre la minoridad. Además, invitó a todas las provincias a que todas adhieran a esta disposición y no solo por voluntad, sino que distribuyó importantes partidas de dinero. De esta manera la minoridad pasó en gran parte al Poder Ejecutivo y la Justicia solo iba a dar el visto bueno. No estoy en contra de los funcionarios de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) ni de la Unidad de Desarrollo Regional (Uder), que tienen pequeños equipos en los pueblos, sino que creo que ellos hacen una parte, pero quien tiene que resolver y haber hecho previamente la prevención es el juez. No puede intentar hacer la prevención otra gente, otro poder del Estado con otros criterios porque abrazan banderas políticas, no tienen una formación apartidaria incluso en estos temas de minoridad. Entonces no llevemos partidismo a aquello que es para toda la población porque la directiva será defectuosa.

La Ley 9053 ya ha sido derogada. Fue un hito en su momento, pero actualmente la normativa vigente que regula los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la provincia de Córdoba es la Ley 9944/2011.

Si bien ya no está en vigencia, es importante conocer los lineamientos generales de la Ley 9053 para comprender la evolución de la legislación sobre la infancia y la adolescencia en Córdoba.

Esta ley, promulgada en 2002, tenía como objetivo principal actualizar y modernizar el marco legal vigente hasta ese momento, brindando una protección integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Algunos de sus puntos clave eran:

La Ley 9053 fue derogada ante la evolución de la sociedad y las necesidades de los niños, niñas y adolescentes también cambian. La Ley 9944/2011, que la reemplazó, incorporó nuevos enfoques y herramientas para garantizar un cumplimiento más efectivo de los derechos de los menores, adaptándose a los estándares internacionales y a las realidades actuales.

La Ley vigente en la actualidad es la 9944/2011. Esta ley profundiza y amplía los principios establecidos en la Ley 9053, ofreciendo una protección más integral y actualizada a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la provincia de Córdoba. Fuente: Sistema Argentino de Información Jurídica, Legislatura de la Provincia de Córdoba.