El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este miércoles el decreto reglamentario que regula la eutanasia, denominado “muerte digna”, que fue aprobado en el Senado en octubre de 2025.

De esta manera, Uruguay se convirtió en el tercer país de la región y undécimo en el mundo en legalizar la eutanasia activa, que se da cuando un médico induce a la muerte de un paciente en casos de extrema gravedad.

“Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha”, detalló Orsi, según reportó el diario El País. “La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas”, consideró.

“Hace seis meses avanzamos en garantizar los cuidados paliativos, porque acompañar, aliviar y cuidar es parte esencial de cualquier decisión en este terreno”, agregó y apuntó que, con esa base, firmó la ley de eutanasia “tras una conversación profunda, con raíces filosóficas, éticas y también personales, donde conviven distintas miradas, creencias y sensibilidades. Uruguay sigue construyendo acuerdo en los temas que más importan”.

La ley de muerte digna fue aprobada en el Senado, con el respaldo del oficialismo y parte de la oposición. La redacción contó con los 17 votos de la bancada del Frente Amplio, que tiene mayoría en la cámara alta; de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, y los senadores colorados, Ope Pasquet, que relevó por esa jornada a Robert Silva, y por Heber Duque, suplente de Andrés Ojeda.

Tras la aprobación de la misma redacción que tuvo luz verde en Diputados dos meses antes, Uruguay se convirtió ayer en el primer país de América Latina en regular la eutanasia por ley. Si bien Colombia y Ecuador despenalizaron hace años el procedimiento, fue a través de fallos de sus cortes constitucionales.

La ley aprobada habilita la eutanasia a personas mayores de edad, “psíquicamente aptas”, que cursen la “etapa terminal de una patología incurable e irreversible”, o padezcan por ello sufrimientos “insoportables”, con “grave y progresivo deterioro” de su calidad de vida, dice el informe.

Cada caso será analizado por un equipo multidisciplinario en los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, con informes médicos y psicológicos, y la voluntad del paciente podrá revocarse en cualquier momento.

La española Noelia Castillo Ramos, de 25 años, murió este jueves luego de recibir la eutanasia en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, en Cataluña, tras casi dos años de conflictos judiciales con su padre para impedir el procedimiento. Su caso se convirtió en uno de los más polémicos desde la aprobación de la ley de muerte asistida en España.

Castillo Ramos es la paciente más joven del país en acceder a la eutanasia y una de las pocas personas con padecimientos psiquiátricos y lesiones irreversibles que obtuvo autorización para el procedimiento.

La eutanasia estaba prevista originalmente para agosto de 2024, pero fue suspendida a último momento por una orden judicial solicitada por su padre con el apoyo de la organización Abogados Cristianos.

Desde entonces, el caso recorrió distintas instancias judiciales, incluyendo tribunales españoles y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que finalmente rechazó el último intento de frenar el procedimiento.

Con todas las resoluciones firmes, la muerte asistida fue programada para el 26 de marzo de 2026 y se realizó en la residencia donde la joven estaba internada.

Según trascendió, Noelia se despidió previamente de su madre y pidió atravesar el momento en un entorno que consideraba su “zona de confort”.

La joven había quedado parapléjica en 2022 tras arrojarse desde un edificio luego de atravesar una situación personal traumática.

El episodio le provocó una lesión medular completa, con secuelas permanentes, dolor neuropático constante, dependencia funcional e incontinencia, además de la necesidad de asistencia permanente.

Durante su tratamiento en el Instituto Guttmann de Badalona expresó por primera vez su voluntad de solicitar la eutanasia, que formalizó en 2024 ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.

Los informes médicos concluyeron que sufría un padecimiento grave, irreversible y con sufrimiento constante, por lo que cumplía los requisitos establecidos por la legislación española.

El padre de la joven se opuso desde el inicio y presentó múltiples recursos judiciales para impedir la eutanasia, lo que retrasó el procedimiento durante casi dos años.

La Justicia determinó que Noelia tenía capacidad para decidir de forma libre y autónoma, por lo que su voluntad debía prevalecer.

Durante entrevistas televisivas, la joven había defendido su decisión y expresó que deseaba terminar con el sufrimiento que arrastraba desde el accidente.

También relató una infancia marcada por conflictos familiares, problemas económicos y su paso por centros de menores, además de una agresión sexual que, según contó, influyó en su intento de suicidio.

La muerte de Noelia vuelve a poner en discusión los alcances de la ley de eutanasia en España, vigente desde 2021, que permite la muerte asistida en casos de enfermedad grave, incurable o sufrimiento crónico irreversible.

Mientras sectores médicos y jurídicos sostienen que el procedimiento cumplió con todos los requisitos legales, organizaciones religiosas y algunos especialistas cuestionan que no se exija un tratamiento psicológico obligatorio antes de autorizar la eutanasia.

El caso, que generó repercusión internacional, se convirtió en uno de los más emblemáticos en el debate sobre el derecho a morir y los límites de la intervención judicial en decisiones personales.

Uruguay legalizó este miércoles la eutanasia tras la votación que resultó en la aprobación del proyecto de ley de Muerte Digna, llevada a cabo en la Cámara de Senadores.

Fueron más de diez horas de debate durante las cuales los legisladores del partido oficialista, Frente Amplio, se expresaron a favor, así como también lo hicieron algunos de los opositores del Partido Colorado y el Partido Nacional.

El proyecto aprobado busca garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.

“Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República”, expresa el texto.

Ahora el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo que no exceda los 180 días desde su promulgación. Asimismo, la norma indica que desde la reglamentación correrá un plazo que no puede superar los 90 días para que quede conformada la Comisión Honoraria de Revisión que “será presidida por el Ministerio de Salud Pública y tendrá como objetivo la revisión de los procedimientos realizados en el marco del ejercicio del derecho de eutanasia”.

Dicha comisión “estará integrada por un representante del Ministerio de Salud Pública, un representante del Colegio Médico del Uruguay, un representante de la Universidad de la República y un representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo” del país y elaborará un informe anual que remitirá a esa cartera y a la Asamblea General.

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó en horas de la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que legaliza la eutanasia, una medida que, de ser ratificada por el Senado, colocaría al país como el tercero en América Latina en permitir la muerte asistida, junto con Colombia y Ecuador. La votación en Montevideo registró 64 votos a favor y 29 en contra, superando el mínimo requerido de 50 de los 99 escaños.

La iniciativa, debatida durante más de cinco horas, establece un marco legal para regular y garantizar “el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ellas determinen”. El texto aprobado por la cámara baja detalla que la medida busca ofrecer una muerte “indolora, apacible y respetuosa” a quienes lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos.

Según el proyecto, podrán acceder al procedimiento las personas mayores de edad, con capacidad psíquica plena, que atraviesen la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible o sufran dolores que resulten insoportables. La solicitud deberá contar con la aprobación de al menos dos profesionales de la salud. La norma limita el acceso a ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia acreditada.

“El debate sobre la muerte asistida no es nuevo, pero esta vez la sociedad y el Parlamento han avanzado en reconocerlo como un derecho”, expresó en la sesión el diputado del Frente Amplio Luis Enrique Gallo, uno de los impulsores del proyecto. “Cada uno tiene el mismo derecho a elegir su muerte que elegir su vida”, añadió.

En la región, Colombia cuenta con un marco regulatorio consolidado para la eutanasia desde 1997, reforzado por sentencias y protocolos médicos. Ecuador, por su parte, despenalizó la práctica en 2023 a través de un fallo de la Corte Constitucional, aunque no se ha aplicado hasta la fecha.

En Uruguay, el debate parlamentario sobre la eutanasia se inició formalmente en 2019, pero una propuesta similar presentada en 2022 fracasó en el Senado. Actualmente, la legislación uruguaya contempla desde 2013 el derecho de los pacientes terminales a rechazar tratamientos médicos que prolonguen la vida. Sin embargo, la eutanasia y el suicidio asistido continúan tipificados como “homicidio piadoso” en el Código Penal.

El texto aprobado este miércoles es el resultado de un trabajo legislativo impulsado por el Frente Amplio a inicios de 2025 y respaldado por sectores de la oposición. La Comisión de Salud de la cámara baja había dado su aval en julio.

Para su entrada en vigor, la norma debe ser ratificada por el Senado, donde el oficialismo cuenta con mayoría. De acuerdo con legisladores de la bancada, el objetivo es someterla a votación antes de que termine el año.

En el plano internacional, países como Bélgica, Países Bajos, España, Canadá y algunas jurisdicciones de Australia y Estados Unidos permiten la eutanasia o el suicidio asistido bajo diversas condiciones. La discusión suele centrarse en el equilibrio entre el respeto a la autonomía individual y las garantías éticas y médicas del procedimiento.

Según una encuesta de Factum realizada en 2022, un 77% de la población uruguaya se manifestó a favor de la legalización de la eutanasia en circunstancias específicas. El respaldo ciudadano, sumado a la mayoría parlamentaria, aumenta las posibilidades de que la iniciativa se convierta en ley en los próximos meses.