l expresidente de Bolivia, Evo Morales, sindicado de impulsar las movilizaciones en el país, desafió el lunes al presidente Rodrigo Paz a que lo detenga en el Chapare, donde presuntamente se encuentra, y aseguró que el mandatario está siguiendo una línea de Estados Unidos.

“Presidente, ministros, no me voy a escapar. Agárrenme aquí o mátenme aquí, se los digo de frente, no voy a escapar”, sostuvo, según reportaron los diarios La Razón y Los Tiempos,.

Morales añadió que estará en ese lugar o en Lauca Ñ y que hasta ahí pueden llegar las autoridades a detenerlo.

“Están manejando al F10, a los Rangers, que vengan acá. Si tienen que atacar por tierra o por aire ataquen”, afirmó el exmandatario, que gobernó entre 2006 y 2019.

En su declaración, denunció que policías y militares instalaron cercas para escuchar las llamadas que realiza en el trópico con el objetivo de conocer sus movimientos.

La declaración de Morales, este martes, se produce un día después de que el presidente Rodrigo Paz promulgara la ley que regula el Estado de Excepción.

Además, Morales acusó a Paz de seguir la línea de Estados Unidos y lo responsabilizó por cualquier derramamiento de sangre en el Chapare.

“Estoy acá, si tienen que atacar por tierra por aire, ataquen. Cuántos muertos habrá, su responsabilidad. Lo que hizo ayer Rodrigo Paz es amenazar a Evo Morales, amenazar al trópico de Cochabamba, cualquier muerto herido es su responsabilidad”, declaró en la radio Kawsachum Coca, con sede en el trópico de Cochabamba.

Durante la promulgación de la Ley de Estados de Excepción, Paz denunció que los bloqueos en el país son impulsados por el narcotráfico.

Ante ello, Morales consideró que esa declaración es un ataque.

En una publicación en X dada a conocer el lunes, Morales afirmó que la nueva Ley de Estados de Excepción “debilita las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos. La norma presume la legalidad de las actuaciones estatales, limita los controles judiciales y parlamentarios, y amplía la intervención militar en conflictos internos”.

Un tribunal del departamento boliviano de Tarija declaró este lunes en rebeldía al expresidente Evo Morales Ayma, tras la inasistencia del exmandatario a la audiencia inaugural del juicio en su contra por el presunto delito de trata agravada de personas, vinculado a una presunta relación con una menor de edad durante su gestión de gobierno.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, manifestó que se han cumplido todas las formalidades de rigor para la instalación y la apertura del juicio oral.

Como anunció la defensa del expresidente, ni Morales ni su equipo jurídico acudieron al Tribunal Primero de Sentencia, presidido por el juez Carlos Oblitas, quien dispuso la declaratoria de rebeldía, una medida que implica la emisión de una orden de captura, arraigo migratorio y otras restricciones judiciales, reportó el sitio Nueva presencia y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Tras la declaratoria de rebeldía, el tribunal emitió una orden de captura contra el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), quien se encuentra actualmente en la región cocalera del Chapare. La fiscalía investiga la presunta relación de Morales con una adolescente con la que habría tenido una hija, un caso que el expresidente no ha negado públicamente, pero que sus abogados califican de montaje, agrega la información.

El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, informó que el Ministerio Público cuenta con una base sólida para el proceso.

“Se han logrado recolectar más de 170 pruebas en contra del exmandatario que sustentan la acusación de trata agravada”, aseguró Mogro.

Por su parte, el equipo jurídico de Morales, encabezado por el exprocurador Wilfredo Chávez, justificó la ausencia de su cliente alegando fallas en el procedimiento de notificación. Chávez afirmó que el proceso es una “persecución política” diseñada para desviar la atención de la crisis económica y los conflictos sociales que atraviesa el país bajo la administración de Rodrigo Paz.

En la misma línea, el abogado Nelson Cox sostuvo que el tribunal no está respetando los estándares internacionales, reiterando que la causa es una instrumentalización de la justicia que inició en 2024 bajo el gobierno de Luis Arce y que continúa en la actualidad.

El gobierno de Bolivia formalizó este jueves una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales ante la Fiscalía, acusándolo de terrorismo, instigación a delinquir y otros delitos, en el marco de los bloqueos de caminos que paralizan regiones clave del país.

La acción legal marca un nuevo punto de inflexión de la crisis política y social que vive ese país, con el crecimiento de puntos de bloqueo de 13 a 27 a nivel nacional, a menos de tres meses de unas elecciones generales decisivas.

El ministro de Justicia boliviano, César Siles, explicó a los periodistas que la querella no solo apunta a Morales, sino también a quienes resulten cómplices o ejecutores de las movilizaciones violentas. "Hemos solicitado que el Ministerio Público actúe con celeridad. Las víctimas son todos los bolivianos, principalmente enfermos sin atención, personas con discapacidad sin tránsito y pueblos indígenas aislados", dijo Siles.

La denuncia abarca delitos como terrorismo, obstrucción del proceso electoral, desobediencia a resoluciones constitucionales, atentado contra la libertad de trabajo y la seguridad de los servicios públicos, además de la destrucción de bienes del Estado.

El Ejecutivo asegura contar con pruebas de que Morales habría instruido "cercar ciudades" y bloquear para evitar las elecciones. Desde el lunes, la situación en las rutas del país se ha deteriorado rápidamente. Los puntos de bloqueo se duplicaron en solo 48 horas pasando de 13 a 27, según datos actualizados de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

La mayoría se concentran en el departamento de Cochabamba (centro), bastión del líder cocalero y expresidente. También se reportan cortes en Potosí (sudoeste), Oruro (oeste), La Paz (oeste) y Santa Cruz (este).

Las medidas de presión son impulsadas por sectores afines a Morales que exigen su habilitación como candidato presidencial, pese a no contar con un partido político acreditado y a las resoluciones del Tribunal Constitucional que lo inhabilitan.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Marcelo Montenegro, estimó que las pérdidas diarias por los cortes de ruta oscilan entre 150 y 200 millones de dólares.

"Ya vivimos una paralización similar el año pasado que costó más de 3.000 millones. No podemos repetir ese escenario por intereses personales de alguien que no puede ser candidato", afirmó.

El exmandatario Evo Morales quedó al margen de las elecciones presidenciales de agosto próximo en Bolivia, al no poder registrar su candidatura, informó este martes el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La noticia corría como reguero de pólvora en los medios internacionales durante las últimas horas ya que seguidores de Morales intentaron inscribirlo infructuosamente como postulante hasta la noche del lunes por el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-bol).

Pero la organización no tiene reconocimiento legal, explicó el secretario de Cámara del TSE, Luis Fernando Arteaga, según lo reflejó el sitio RFI.

"Pan-bol tiene su personalidad jurídica cancelada, por lo tanto, no pueden hacer registro de candidatos", precisó Arteaga en rueda de prensa.

Morales eligió Pan-bol a última hora, tras renunciar en febrero pasado al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) que quedó bajo control del presidente Luis Arce, su exaliado.

El mismo TSE anuló la personería jurídica de Pan-Bol a principios de mes, porque no superó el 3% de los votos en las pasadas elecciones presidenciales de 2020. 

La medida alcanzó también a otro partido, Frente Para la Victoria (FPV), por la misma razón.

Esta situación generó bloqueos de caminos desde este martes, medida que tomaron los seguidores de Morales, quien permanecía atrincherado en la región cocalera del Chapare, sin poder salir desde hace siete meses, por existir una orden judicial de captura por un caso de trata de menor que él niega.

Sin embargo, ese no es el único impedimento legal que afronta Morales para competir por la primera magistratura de su país, destacó el medio francés.

El ex presidente de Bolivia Evo Morales fue denunciado por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en su país durante su gobierno desde enero de 2006 a noviembre de 2019 consistentes en masacres contra la población, torturas y trato inhumano y se reclamó que se lo investigue en base al principio de justicia universal.

La presentación hecha entre otros por el Foro Argentino por la Democracia recayó por sorteo en el juzgado federal 5 a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti en los tribunales federales de Retiro, informaron fuentes judiciales.

Según la denuncia los hechos deberían juzgarse en Argentina porque en Bolivia el sistema judicial “no tiene condiciones para actuar con independencia”.

Para ello, se cita la ley 26.200 que implementa el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para el juzgamiento en base al principio de justicia universal de crímenes de lesa humanidad.

Según relata la presentación que firman además ciudadanos de ese país, en el gobierno de Morales se habrían documentado el "uso excesivo de la fuerza estatal" en represión de protestas, entre otros hechos contra la población civil y en particular contra opositores políticos.

“La falta de garantías judiciales en Bolivia torna inoperante cualquier intento de justicia local, motivo por el cual esta acción ante tribunales argentinos resulta necesaria”, sostienen los denunciantes.

La Fiscalía boliviana imputó al ex presidente Evo Morales (2006-2019) por el delito de trata de personas y emitió una orden de detención, en el marco de una investigación que lo vincula con un caso de presunto estupro agravado. La fiscal departamental de Tarija (sur), Sandra Gutiérrez, afirmó en rueda de prensa que se está a la espera de que la Justicia disponga una fecha para la audiencia de medidas cautelares.

"Hemos iniciado una investigación ante un informe que nos ha presentado inteligencia (...) Ante cualquier denuncia que se presente, siendo estos delitos de orden público, tenemos nosotros la obligación (como Ministerio Público) de realizar la investigación", indicó Gutiérrez al recordar que está vigente la orden de aprehensión emitida el pasado 16 de octubre. Agregó que se solicitó una alerta migratoria contra Morales para evitar cualquier intento de fuga.

La investigación se centra en un caso de 2015, cuando Morales aún ejercía la Presidencia de Bolivia.  Las leyes en Bolivia establecen la privación de libertad de 10 a 15 años para quienes incurran en el delito de trata de personas.

A raíz de estas acusaciones, Morales, figura clave en la política boliviana en las últimas dos décadas y símbolo del movimiento indígena y campesino, enfrenta el riesgo estar impedido para liderar las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba (el mayor sindicato cocalero del país) y el ala "evista" del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). 

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) denunció este martes martes que es víctima de una "guerra jurídica" que busca impedir su candidatura en las elecciones presidenciales del próximo año y que pueda asumir un nuevo mandato.  "Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal Guerra Jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce", difundió Morales en redes sociales.

Morales sostuvo que los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso le son vulnerados. "No respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso; me condenan y fusilan jurídica, política y mediáticamente. No tienen pruebas, solo consignas y odio desenfrenado", aseveró.

El exmandatario consideró que su "único delito" fue lograr una "economía justa", así como un país más inclusivo y libre de la intromisión extranjera. "El único delito que cometí es que siendo el primer presidente indígena logré un país con una economía justa para el pueblo; una Bolivia Plurinacional con inclusión de los siempre excluidos; no haber permitido la intromisión y abuso del imperio norteamericano", expresó.

Denunció, además, un "constante bombardeo" de difamaciones en su contra y que el Gobierno del presidente Arce busca eliminarlo. "El Gobierno tiene un ejército de fiscales, jueces, policías y militares que no solo buscan eliminarme política y moralmente, sino físicamente. Por eso intentaron envenenarme y matarme", difundió Morales.