Este lunes se realizarán las pericias para determinar cómo se inició el incendio en el Polígono Industrial Spegazzini, ubicado en Ezeiza, que comenzó en la noche del viernes, mientras que algunos focos ígneos todavía siguen activos y las autoridades informaron que van a esperar a que se apaguen solos.

La causa se encuentra bajo la investigación de la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, quien ordenó que las pericias judiciales se realicen este lunes por la mañana al destacar que ya no hay riesgo en la zona, según supo la Agencia Noticias Argentinas de información del medio Infobae.

En las últimas horas las aseguradoras de las diversas fábricas se hicieron presentes para constatar el daño sufrido. Se estiman pérdidas millonarias.mKgMMg

La idea es saber si el incendio se desató de manera intencional o si se trató de un desperfecto, para dar así transcurso a una causa penal.

Se estima que el foco inicial fue en la empresa Logischem, lo que provocó que los daños alcancen a otras industrias del lugar como, por ejemplo, Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast. 

Aquella mañana del 3 de noviembre de 1995 es de ésas que se recuerdan para siempre. Marcaron miles de historias de vida. La explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero fue un acontecimiento bisagra. Porque la rutina de una planta industrial de material militar se volvió un caos. Y la ciudad que había crecido gracias su desarrollo se convirtió en un escenario propio de una guerra.

Proyectiles y esquirlas cayeron sobre viviendas y escuelas; el cielo se tiñó de humo negro y el pánico se adueñó de la población. Siete personas murieron, cientos resultaron heridas y miles perdieron sus hogares. Peor aún: aquella tragedia fue el comienzo de una página oscura y vergonzosa. Una herida que no puede cerrarse, pese al enorme esfuerzo de los riotercerenses que no cejan en su reclamo de justicia.

La investigación judicial desnudó una triste verdad. Las explosiones fueron intencionales. El objetivo fue borrar las pruebas del contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Pero la justicia tardó casi dos décadas en reconocer que se trató de un atentado planificado. En 2014, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó a exdirectivos de Fabricaciones Militares por “estrago doloso agravado”, y se estableció que la ciudad fue víctima de un crimen de Estado. Pero la condena a los responsables políticos de esta tragedia nunca llegó. La impunidad volvió a ganar.

Treinta años después, la deuda con Río Tercero se mantiene. La ley de reparación económica, aprobada hace años, avanza con pasmosa lentitud. Apenas una mínima porción de los reclamos fue pagada, mientras miles de vecinos continúan esperando una compensación por los daños sufridos. Sin embargo, el reclamo más profundo es el moral. Porque el dinero no devuelve la paz ni borra la humillación. Ninguna indemnización repara el trauma de haber sido víctimas de la explosión ni el dolor de ser testigos de cómo la verdad se diluye entre demoras judiciales, olvidos y silencios.

Río Tercero es un espejo en el que también se reflejan los nombres de tragedias que el país aún no logra cerrar. Al mismo tiempo, es el más claro ejemplo de cómo una comunidad puede dar lecciones de dignidad. A lo largo de tres décadas, vecinos, familiares y sobrevivientes sostuvieron su lucha contra el olvido. Treinta años después, el reclamo de verdad persevera.  Y esa verdad, todavía esquiva, es condición para cualquier reparación posible. En este marco, es imprescindible remarcar que la justicia tardía es una forma de injusticia.

Así como muchos recuerdan qué hacían y dónde se hallaban cuando la metralla horadaba la vida de los habitantes de Río Tercero, tampoco puede olvidarse un reclamo que sigue siendo el mismo: que el Estado repare no solo los daños materiales, sino sobre todo los morales. Si ello no ocurre, la herida seguirá abierta.

Dos hombres resultaron heridos tras la explosión del neumático de una sembradora en un galpón de la localidad de Porteña. El hecho fue reportado por una vecina que manifestó haber escuchado una fuerte detonación proveniente del lugar, ubicado frente a su domicilio.

Según los primeros datos, la explosión ocurrió mientras se realizaban tareas de arreglo sobre la maquinaria agrícola. Producto del estallido, los trabajadores sufrieron lesiones y debieron ser asistidos por un servicio de emergencias que los trasladó al Hospital “J.B. Iturraspe” de San Francisco para su atención médica.

Tras el incidente, intervino la Fiscalía de 1º Turno, que ordenó cerrar el perímetro del galpón y solicitó la presencia de personal de Policía Científica para llevar adelante las pericias correspondientes.

Las autoridades trabajan para determinar con precisión las causas de la explosión.