El Juzgado Federal de Córdoba Nº 1 resolvió la situación procesal de varios imputados en una causa que investiga presuntas maniobras de evasión fiscal, emisión de facturas apócrifas y asociación ilícita fiscal.

La resolución fue dictada el 3 de septiembre de 2026 por el juez federal subrogante Carlos Arturo Ochoa, con intervención de la Secretaría Penal a cargo de Facundo Troncoso, en el expediente FCB 8191/2020, caratulado “Imputado: Pizzi, Mauricio Andrés y otros s/infracción Ley 24.769”.

En ese marco, el magistrado dispuso el sobreseimiento de María Florencia Alisio, Nancy María Magdalena Dupraz de Alisio, Juan Pablo Alisio, Domingo José Benso y Miguel Ángel Montali.

En el caso de María Florencia Alisio, Nancy Dupraz de Alisio y Juan Pablo Alisio, las imputaciones estaban vinculadas con el delito de alteración dolosa de registros fiscales, en calidad de coautores. Respecto de Benso y Montali, la acusación estaba relacionada con el delito de asociación ilícita fiscal.

El juzgado consideró que el dictamen del Ministerio Público Fiscal se encontraba debidamente fundamentado en la prueba incorporada al expediente y que no existían elementos suficientes para sostener las imputaciones contra esas cinco personas. Los sobreseimientos fueron dictados conforme al artículo 336, inciso 4, del Código Procesal Penal de la Nación.

La pesquisa tuvo como eje una presunta estructura destinada a crear contribuyentes sin capacidad económica, patrimonial u operativa que luego habrían sido utilizados para emitir comprobantes electrónicos apócrifos.

La investigación analizó la emisión de miles de comprobantes y la utilización de distintas direcciones IP para operar en los sistemas fiscales. La hipótesis sostenía que las facturas cuestionadas podían generar créditos fiscales y gastos ficticios para reducir obligaciones correspondientes al IVA y al impuesto a las Ganancias.

También se investigó una presunta simulación dolosa de pagos mediante la rectificación irregular de declaraciones juradas de IVA, con el objetivo de generar saldos a favor y compensar deudas impositivas posteriores.

Según los datos incorporados al expediente, fueron detectados 8.368 comprobantes electrónicos por un importe aproximado de 500 millones de pesos. Además, se analizaron pagos impositivos presuntamente simulados por más de 32 millones de pesos y un universo de facturación electrónica que superaba los 1.022 millones de pesos.

Respecto de Miguel Ángel Montali, la Fiscalía señaló que algunos de los contribuyentes investigados eran clientes de su estudio contable y que existían coincidencias entre domicilios y direcciones IP. Sin embargo, no pudo acreditarse su intervención concreta en la emisión, intercambio o administración de las facturas cuestionadas. Tampoco se hallaron escuchas, documentos o archivos digitales que demostraran que hubiera instrumentado o conocido la maniobra.

En relación con Domingo José Benso, el tribunal tuvo especialmente en cuenta información aportada por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Devoto. Según ese informe, la dirección IP vinculada con los hechos funcionaba como una puerta de entrada común para numerosos abonados, por lo que no permitía identificar al usuario particular que se conectó en los horarios en que fueron emitidas las facturas. La resolución entendió que la vinculación de Benso con esa IP se explicaba por su condición de representante de la cooperativa y no permitía atribuirle participación delictiva.

En cuanto a María Florencia Alisio, Nancy Dupraz de Alisio y Juan Pablo Alisio, la Fiscalía consideró que la administración efectiva de las sociedades que operaban en el domicilio investigado estaba a cargo de Oscar Alfredo Alisio, fallecido el 9 de noviembre de 2018. También se destacó que Leum Distribuciones S.A. fue constituida el 26 de marzo de 2019, después del período en el que se habrían emitido las facturas cuestionadas.

La resolución también declaró extinguida la acción penal respecto de César Orlando Zibechi, Hermes Inocencio Dupraz y Oscar Alfredo Alisio debido a sus respectivos fallecimientos.

Las fechas consignadas en la resolución son el 16 de junio de 2018 para Hermes Inocencio Dupraz, el 9 de noviembre de 2018 para Oscar Alfredo Alisio y el 30 de agosto de 2021 para César Orlando Zibechi.

Como consecuencia de los sobreseimientos, el juzgado ordenó levantar la prohibición de salida del país que pesaba sobre María Florencia Alisio, Nancy María Magdalena Dupraz de Alisio, Juan Pablo Alisio, Domingo José Benso y Miguel Ángel Montali.

En las últimas horas, se llevaron a cabo 18 allanamientos en San Francisco y otras localidades del este de Córdoba, en un operativo solicitado por la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni. El despliegue contó con la participación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Unidad de Investigaciones de Gendarmería Nacional de San Francisco.

La investigación se centra en la supuesta utilización de facturas truchas, lo que podría constituir maniobras delictivas en contra de la ley penal tributaria. De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, se realizaron 13 allanamientos en domicilios particulares: siete en San Francisco, dos en Saturnino Laspiur y otros en Devoto, Marull, Río Primero y Frontera (Santa Fe). Además, se registraron dos estudios contables en Marull y San Francisco, así como tres empresas, dos en San Francisco y una en La Paquita.

Durante los operativos, se secuestraron elementos relevantes para la causa. La fiscal Schianni informó que se detuvo a una persona en un domicilio de Devoto.