Una profunda conmoción atraviesa a la localidad de Pilar, situada a unos 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba, luego de que se confirmara la muerte de Iris Blanco, de 33 años, quien permanecía internada desde hacía casi tres semanas tras haber sido golpeada por su pareja.

La agresión ocurrió el 14 de febrero, en el marco de una discusión. Según la investigación, el ataque fue perpetrado por Ernesto Romagnoli, de 36 años. Tras el hecho, la mujer fue asistida en un centro de salud de Pilar y posteriormente derivada al Hospital Misericordia de la capital provincial debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Después de más de dos semanas de internación, los médicos confirmaron que falleció como consecuencia de los traumatismos provocados por la golpiza.

Romagnoli fue detenido el 15 de febrero en calle Zenón López al 1300, en Pilar, en cumplimiento de un decreto de detención por violencia familiar vinculado al episodio. El hombre contaba con antecedentes penales por violencia de género y se encontraba en libertad al momento del hecho.

Tras el fallecimiento de la víctima, la imputación fue agravada a femicidio en la causa que instruye la Fiscalía de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies.

Blanco era enfermera, oriunda de Pilar, y trabajaba en el Hospital de Río Segundo. Además, era madre de dos hijos pequeños, de acuerdo con lo señalado por personas de su entorno.

El caso generó un fuerte impacto tanto en Pilar como en Río Segundo. En redes sociales y entre allegados comenzaron a difundirse mensajes en su memoria y pedidos de justicia, mientras la investigación judicial continúa su curso.

Un hombre es buscado de manera intensa por la Policía acusado de haber asesinado a tiros a la ex pareja de su novia en una estación de servicio de la ciudad de Zárate.

El crimen ocurrió este domingo por la noche en una estación ubicada sobre Lavalle y Teodoro Fels, Zárate, en el momento en el que la víctima se acercó para buscar a su hija que regresaba de un viaje con amigos.

Allí, según el medio local Infozc, comenzó una discusión con el actual novio de su ex pareja, quien sacó un arma y efectuó seis disparo, dándose luego a la fuga.

La víctima fue identificada como Leonel Ezequiel Martínez, de 33 años, quien falleció en minutos después en el Hospital Virgen del Carmen producto de los disparos que recibió, según supo la Agencia Noticias Argentinas. 

Se pudo saber que los dos sujetos tenían conflictos de vieja data y que días antes ya hubo una discusión, la que podría estar asociada a los celos.

El cuerpo de la mujer asesinada, que fue hallada el pasado 1 de enero en un camino rural de la ciudad cordobesa de Villa María, fue identificado y se trata de una joven de 22 años.

El análisis de las pericias forenses y las declaraciones realizadas por los médicos permitieron confirmar que la víctima es Delfina Aimino, oriunda de Villa María.

Desde el inicio de la investigación, la Fiscalía de Instrucción en Feria de dicha ciudad mantiene como principal enfoque un posible femicidio y por el hecho se encuentra detenido Tomás Mulinetti, de 23 años.

Los restos de la víctima se encontraban sobre los pastizales de un descampado al este de la Sociedad Rural y detrás de un predio de la Universidad Nacional, allí se esclareció que contaba con signos de extrema violencia, entre golpes y lesiones cortantes.

En tanto, la fiscalía había ordenado tareas de relevamiento y pericias a personal de la Policía Científica y de la División Investigaciones de la Unidad Departamental General San Martín por lo que, tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia.

Las autoridades debieron constatar la identidad en dicho establecimiento ya que la joven no llevaba documento, así como se relevaron heridas y marcas en el cadáver, tales como una lastimadura previa al crimen por la que la víctima fue asistida por profesionales de la salud.

Esa herida resultó un puntapié fundamental en la identificación ya que las autoridades averiguaron en establecimientos de salud por dicha atención y, junto con el cotejamiento de huellas dactilares, se dio con el nombre de la joven.

La detención del único sospechoso se realizó en el marco de un operativo en un domicilio emplazado en la calle General Lonardi, en el barrio Trinitarios donde, además, se incautó un vehículo Ford Ka, ropa, una navaja, documentación y otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, se conoció que los investigadores consideran que Aimino habría conocido al imputado a través de una aplicación de citas. No obstante, aún se encuentran en proceso de peritaje, las cámaras de seguridad y el análisis de comunicaciones.

El factor determinante para dar con el victimario y fue el ticket de la estación de servicio donde la pareja se habría detenido a cargar combustible previo al macabro hecho. 

La fiscal Silvia Maldonado, quien está al frente del caso, sostuvo que los uniformados asistieron a la casa de la joven, donde vivía con su madre, y obtuvieron mayor información, lo que terminó de orientar la investigación junto con un cruce de datos.

Mulinetti se encuentra imputado por homicidio calificado por violencia de género, femicidio, el primero del año 2026, aunque la pesquisa continúa y podrían disponerse otras diligencias adicionales con líneas de investigación abiertas. 

El 1º de enero de 2026 tuvo un hallazgo aberrante en Villa María. Una joven de 22 años fue encontrada muerta en un camino rural y después de que se iniciara una investigación por posible femicidio detuvieron a un chico de 23.

La Policía confirmó el arresto este viernes 2 y lo acusan de “presunto autor de homicidio calificado”. Según detallaron desde la fuerza, lo detuvieron tras un allanamiento en una casa de la calle Gral. Lonardi al 1.800.

Además, secuestraron un auto Ford Ka, ropa, documentación y una navaja, entre otros elementos que estarían relacionados al hallazgo de la víctima. El sospechoso fue trasladado a una dependencia policial y se aguardan las diligencias de la fiscal Silvia Maldonado, a cargo del caso.

La joven de 22 años, de la cual aún no trascendió la identidad, fue hallada entre pastizales de un camino rural ubicado al este de la Sociedad Rural y detrás del predio de la Universidad Nacional de Villa María. Es materia de investigación cuándo y cómo fue asesinada.

La ciudad de Esperanza quedó conmocionada este domingo tras una secuencia de hechos que terminó con una mujer asesinada y el principal sospechoso muerto mientras escapaba en moto. La víctima fue identificada como Cecilia Ojeda, de 40 años, quien fue hallada sin vida en su vivienda ubicada en la zona de Moreno y Bosch.

El hecho salió a la luz cerca del mediodía de ayer, cuando un llamado al 911 alertó sobre una posible situación de violencia. Fue el hermano de la mujer quien encontró el cuerpo al acercarse al domicilio debido a la falta de respuesta de Ojeda a sus llamados. Según medios locales, la víctima presentaba lesiones compatibles con un fuerte traumatismo. Aunque vecinos llamaron a emergencias, los médicos sólo pudieron confirmar su fallecimiento.

En el lugar trabajó Policía Científica, realizando el relevamiento de rastros, toma de muestras y documentación fotográfica para avanzar en la reconstrucción del crimen.

Las primeras averiguaciones señalaron como principal sospechoso a Diego Durán, expareja de Ojeda y padre de sus dos hijos. Sobre él pesaba una restricción judicial vigente, y testigos lo vieron retirarse en moto del domicilio tras el ataque. Con esos datos, se activó un operativo de búsqueda.

Minutos después, se reportó un choque fatal en la Ruta Provincial 6. Un motociclista había impactado contra un camión y murió en el acto. Tras la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI), se confirmó que la identidad, la vestimenta y el vehículo coincidían con las características de Durán.

La investigación quedó dividida en dos expedientes: la fiscal Laura Giordanino interviene en el caso por el crimen de Cecilia Ojeda, mientras que su colega María Laura Arri quedó a cargo de las actuaciones por el siniestro vial. Ambas ordenaron autopsias y peritajes para determinar con precisión el recorrido de los hechos.

Los dos hijos menores de la pareja quedaron bajo custodia y se encuentran actualmente a resguardo.

La Justicia de San Francisco condenó a prisión perpetua a Drago Quico Demetrio, de 19 años, por el femicidio de Lucía Claribel Montaña, una joven de 24 años asesinada en Saturnino María Laspiur. El fallo fue dictado por la Cámara del Crimen, con la participación de jurados populares.

El crimen ocurrió entre el sábado 16 y el domingo 17 de noviembre, cuando Montaña fue hallada sin vida en un predio descampado, con una lesión en el cuello compatible con estrangulamiento. En un inicio, se evaluó la posibilidad de que la herida hubiese sido provocada con un arma blanca, hipótesis luego descartada.

NOTA EN DESARROLLO

La próxima semana se desarrollará en los Tribunales de San Francisco el juicio por el femicidio de Lucía Claribel Montaña, una joven de 24 años asesinada en la localidad de Saturnino María Laspiur.

En el banquillo de los acusados estará Demetrio Drago, de 19 años, quien era su pareja al momento del hecho.

Según la investigación, el crimen ocurrió entre el sábado 16 y el domingo 17 de noviembre. Montaña fue hallada sin vida en un predio descampado, con una lesión en el cuello que habría sido producida por estrangulamiento. En un primer momento, se barajó la posibilidad de que la herida hubiera sido causada con un arma blanca.

Efectivos policiales acudieron al lugar tras un llamado anónimo que advertía sobre un episodio de violencia de género en una vivienda de calle Juan José Paso. Posteriormente, los agentes hallaron el cuerpo de la víctima.

Por el hecho fue detenido Drago, quien presentaba algunas heridas. Fue imputado por “homicidio calificado”, agravado por el vínculo y por mediar una cuestión de género. En su momento, se abstuvo de declarar ante la fiscalía de Delitos Complejos de San Francisco.

Montaña pertenecía a la comunidad gitana y habría llegado hacía un tiempo a Laspiur proveniente de Dean Funes (Córdoba) de donde era oriunda.

Entre 2017 y 2024, al menos 1.685 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre en la Argentina como consecuencia de lois femicidios.

Los datos surgen del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que presentó un nuevo tablero interactivo para consultar estadísticas por jurisdicción y período.

El informe, que consolida información judicial de todo el país, da cuenta de 1.958 víctimas directas de femicidio en los últimos ocho años y 187 víctimas de femicidio vinculado.

Estas últimas son personas asesinadas con el propósito de dañar a la víctima principal o por intentar protegerla. Del total de femicidios vinculados, el 67% fueron varones cis (126 casos) y el 33% mujeres cis (61 casos).

En Córdoba, entre 2017 y 2024, el Registro judicial contabiliza 140 víctimas directas de femicidio y 12 femicidios vinculados.

A partir de esos crímenes, al menos 110 niñas, niños y adolescentes menores de 18 años quedaron huérfanos.

Se trata de un dato que pone en evidencia no sólo la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres, sino también el impacto estructural que deja sobre las infancias, muchas veces invisibilizadas en las estadísticas oficiales.

En los últimos años, Córdoba ha registrado casos emblemáticos como el reciente doble femicidio de Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio, asesinadas en octubre de este año y por el cual está imputado Pablo Laurta, progenitor del hijo de Luna, de seis años.

Cada uno de esos crímenes deja, además del dolor social, niños y niñas que deben ser contenidos y acompañados por el Estado.

El tablero interactivo de la Corte Suprema permite consultar los datos actualizados de femicidios y su impacto en las infancias por provincia y por año.

Al ingresar, se puede seleccionar una jurisdicción en el mapa y filtrar por período. También permite combinar ambas variables o visualizar los totales nacionales.

Según informó la Oficina de la Mujer, la herramienta busca facilitar el acceso público a información judicial verificada y contribuir al diseño de políticas de prevención, atención y reparación.

Luego de un femicidio, además de la muerte de una mujer, hay una familia y una comunidad que cambiarán su vida para siempre.

Por un lado los niños quedaron sin madre y muchas veces sin padre también (cuando éstos fueron quienes mataron a sus madres), por otro la de quienes tienen que sostener ese cuidado, en lo emocional, en lo económico de por vida.

En un reciente informe de La Voz, se informó que en la mayoría de los casos, son tías o abuelas maternas las que asumen la crianza, cargando con el duelo, la burocracia y el peso emocional de un trauma que atraviesa generaciones y hasta disputas con familiares del padre agresor en torno a lo que les cuentan a los niños.

“La mayoría de los niños quedan al cuidado de la familia materna, por sentido común y por salud emocional. Es muy fuerte que queden con la familia paterna. No todos los abuelos pueden asumir que su hijo es un femicida, y muchas veces eso deriva en negación o en narrativas falsas hacia los chicos”, explicó una fuente judicial de Tribunales de Familia.

Sobre el cuidado, fue claro: “Es muy fuerte que queden bajo el cuidado de la familia paterna… no todos los abuelos van a decir ‘mi hijo es un femicida’, razón por la cual puede haber negación”.

Ruth Ahrensburg, fundadora de la Asociación Con Voz, acompañó varios de estos procesos. “Los femicidios no solo dejan a los chicos sin madre, también destruyen la estructura familiar. Los abuelos o tíos deben hacerse cargo en medio del shock y del dolor. No hay tiempo para duelar, porque hay que cocinar, acompañar a la escuela, tramitar papeles. Se impone un rol para el que nadie está preparado”, explicó.

Ahrensburg detalló que, en muchos casos, los cuidadores son adultos mayores. “Personas que estaban jubiladas, con sus propios problemas de salud, que de pronto deben criar otra vez. Eso altera su vida, sus derechos y su economía. Muchos dependen de pensiones mínimas o de trabajos informales para sostener hogares ampliados”, agregó.

Un brutal femicidio conmociona a Santa Fe. Durante la madrugada del martes, un hombre asesinó a su expareja a puñaladas frente a sus hijos en una vivienda del barrio Loyola Norte. La víctima fue identificada como Rosa Gabriela Villagra de la Rosa, de 45 años.

El crimen ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando el agresor ingresó por la fuerza a la casa y atacó a la mujer con un cuchillo. En medio del horror, una de sus hijas, de 25 años, intentó detenerlo y sufrió una herida en la mano. Tras cometer el ataque, huyó por el portón principal llevándose el arma homicida.

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, que llamaron de inmediato a la Policía. Cuando los efectivos llegaron, encontraron a los hijos de la víctima —una joven de 25 y un chico de 21 años— tratando de reanimar a su madre con maniobras de RCP, pero fue en vano. Los médicos constataron el fallecimiento en el lugar.

La Policía de Santa Fe desplegó un amplio operativo de búsqueda en la zona norte de la ciudad y en los márgenes del río Salado, aunque el acusado continúa prófugo.

El caso fue caratulado como femicidio, y la Justicia provincial trabaja para dar con el paradero del agresor. La comunidad permanece conmocionada por el crimen y el impacto que causó en los hijos de la víctima, que presenciaron el ataque.

 El espeluznante caso del doble femicidio ocurrido en Villa Serrana, Córdoba, sumó un nuevo capítulo esta semana con el traslado del hijo de Pablo Rodríguez Laurta (39), acusado de asesinar a su ex pareja, Luna Micaela Giardina (26), y a su ex suegra, Mariel Zamudio (54), antes de huir con el niño.

El menor, que acaba de cumplir 6 años, fue trasladado desde Entre Ríos hasta Córdoba y pasó algunas horas en San Francisco, donde se realizó el trasbordo con intervención de equipos especializados de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF).

Clarisa Sack, presidenta del Consejo del Menor y la Familia de Entre Ríos (Copnaf), explicó que en tras la detención de Laurta en Gualeguaychú, el niño “fue trasladado a una residencia de tránsito para abordar la urgencia y garantizar su bienestar”. Relató que durante las primeras horas “necesitaba mucha contención, afecto y abrigo”, y que el equipo interdisciplinario le proporcionó ropa, comida, juguetes y acompañamiento constante.

El operativo de traslado fue coordinado entre los organismos de ambas provincias. “Allí hicimos el trasbordo”, confirmó Sack sobre el paso por San Francisco, donde el menor fue recibido por personal técnico de la SeNAF antes de ser llevado a Córdoba capital.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano de Córdoba, la ministra Liliana Montero destacó que “el niño nunca estuvo ni va a estar en una institución, porque entendemos que no es lo adecuado. Está en una familia de resguardo dentro de su comunidad, que lo conoce y lo contiene”. Subrayó que el objetivo es “mantener su entorno, su escuela y su red afectiva para aliviar el impacto emocional que atraviesa”.

El proceso judicial para definir quién quedará al cuidado del niño recién comienza. Entre las posibilidades, se analizan los pedidos de una tía materna que viajó desde Chile y de la abuela paterna. “Lo principal siempre es el interés superior del niño. Los procesos deben hacerse sin pausa, pero sin prisa”, enfatizó Montero.

“Todo fue por justicia”. Eso dijo Pablo Rodríguez Laurta a los periodistas que cubrían el traslado que se hacía a Tribunales de Entre Ríos, para su declaración indagatoria.

También dijo: “Hay que venerarlo, es un mártir”, una frase críptica, que parecía otra forma de autojustificación.

Eso mencionó en el traslado, pero frente a la fiscal Daniela Montangie, quien lo citó a declarar por el homicidio de Martín Sebastián Palacios, el conductor de una app que lo iba a trasladar desde Concordia hasta Córdoba, se abstuvo de hacer cualquier declaración, por consejo de su abogado, un asesor letrado oficial, provisto por el Estado.

Una vez confirmada la identidad de los restos que “en un 99%” pertenecen a Palacios, la fiscal tiene que dictar o no la prisión preventiva.

El traslado a Córdoba está supeditado a lo que suceda con Laurta en Entre Ríos. Está previsto que la fiscal le dicte la medida que confirma la sospecha como autor del crimen del conductor. Para ese trámite, el acusado debe estar presente. Una vez “liberado”, ya podrá ser trasladado a esta provincia para responder por las otras causas.

Mientras se resuelve esta situación, la Policía de Córdoba y el área de Seguridad continúan diagramando el operativo especial con el grupo Eter para realizar el traslado desde Entre Ríos hacia la cárcel de Bouwer, en Córdoba.

Está previsto que un grupo especial de uniformados se encargue del traslado hasta la cárcel, donde ya quedará bajo custodia del Servicio Penitenciario de Córdoba.

El procedimiento podría ser realizado el próximo lunes, aunque, como se dijo, depende de que se cumplan los trámites procesales en Entre Ríos.

Laurta tiene que ser indagado en Córdoba por el fiscal Gerardo Reyes, del Fuero de Violencia Familiar, por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio, en Villa Serrana. También tendrá que responder por haberse llevado por la fuerza a su hijo, P., tras los dos homicidios.

En paralelo, Laurta está imputado en Córdoba por haber quemado el auto robado a Palacios, cuyo cuerpo desmembrado fue hallado días atrás en las afueras de Concordia. El Toyota Corolla blanco robado apareció calcinado en barrio Villa Esquiú, periferia norte de la capital cordobesa. Luego de haber quemado el auto, se cometió el doble femicidio de Luna Giardina y de Mariel Zamudio.

El fiscal Andrés Godoy, quien lo tiene acusado por incendio doloso, giraría sus actuaciones a la fiscal entrerriana que investiga el homicidio del conductor.

Por su parte, ya quedó completamente descartada la posibilidad de participación criminal de Laurta en el incendio en una iglesia evangélica en la ciudad de Córdoba, en la que murieron dos niñas uruguayas, de 1 y de 5 años.

Fue una notable coincidencia la proximidad de este lugar con la casa donde Laurta habría cometido el doble femicidio, pero el hombre ya habría estado en fuga hacia Entre Ríos, en un taxi contratado en la Terminal de Ómnibus de Córdoba, cuando se desató por “una llama libre”, de una vela o de un encendedor, el fuego que prendió en un sector con camas y cuchetas donde se alojaba el contingente de visitantes para la celebración religiosa.

Ricardo Juri, licenciado en investigación criminal, analizó este miércoles en La Voz en Vivo el perfil criminal de Laurta.

“Lo que nosotros hacemos es un análisis de estructura del delito, nosotros lo posicionamos en una estructura paranoide del delito”, aseguró el licenciado.

Según lo afirmado por Juri, parte del proceso de Laurta es la victimización y busca en “Varones Unidos” sentirse comprendido en su supuesta falta de derechos. “Dentro de esta estructura, lo importante es el dominio. Esta persona necesita tener control y dominio de su entorno”, dijo.

Sobre el crimen de Martín Sebastián Palacios, el remisero que lo trajo de Concordia a Córdoba, aseguró: “Lo interesante de esto es el tiempo de planificación. El remisero en realidad es una víctima logística. Acaba con su vida no por una cuestión emocional, sino por una cuestión práctica. Busca evitar ser denunciado y reconocido posteriormente”.

Al mismo tiempo, afirmó que el asesinato de Palacios estaba completamente planificado: “Él sabía que lo iba a matar a la hora de contratarlo”.

“El grupo ‘Varones Unidos’ no es el que mata, el matar es una cuestión individual. Sin embargo hay una metodología errada en el abordaje de la violencia de género”, aseguró el especialista.

En lo que va de octubre ya hubo once femicidios en la Argentina y las diversas organizaciones advierten sobre el estado de emergencia en el que se está viviendo en el país frente al incremento de crímenes ligados a la violencia de género. En el último tiempo trascendieron los asesinatos de las tres chicas en Florencio Varela, las dos mujeres en Córdoba y una joven en Chaco.

La Organización MuMaLá informó que desde el 1° de enero de 2025 ya hubo 195 femicidios, es decir un asesinato cada 35 horas. Sumado a esa alarmante cifra, destacaron que en lo que va de octubre “hubo 11 víctimas fatales del machismo en su modalidad más extrema, uno cada 28 horas”.

El último informe del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos”, publicado a fines de septiembre, detalla que hubo 182 femicidios y se registraron 758 intentos de asesinato.

El 14% de las víctimas denunciaron a su agresor, el 73% fue cometido por una ex pareja o familiar y el 70% de las mujeres, lesbianas, travestis y trans fueron asesinadas en su vivienda.

Otro dato alarmante que destacaron es que, producto de la violencia, 120 niños y adolescentes se quedaron sin su madre.

Los casos más resonantes de los últimos meses son los crímenes de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela; también el de Luna Giardina y su mamá Mariel Zamudio en Córdoba; el de Gabriela Arací Barrios en Chaco; y también el de Adriana Velázquez y su hija Mariana Bustos en Bahía Blanca.

Este año se cumplieron 10 años del primer Ni Una Menos y desde MuMaLá dieron a conocer datos de lo que ocurrió en esta década en la Argentina: “Desde el 1° de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2025, registramos 2.589 femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios. Esto significa que una mujer o persona trans fue asesinada cada 33 horas”.

Mientras la conmoción, la bronca y el desconsuelo se potencian tras el brutal doble crimen de Luna Giardina (24) y de su madre, Mariel Zamudio (50), ultimadas a balazos en su vivienda del barrio Villa Serrana, de Córdoba capital, el principal acusado Pablo Laurta fue detenido en Entre Ríos y será trasladado a la cárcel de Bouwer con la imputación inicial de doble homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio) y por uso de arma de fuego.

Laurta, de nacionalidad uruguaya y de ideas antifeministas, fue atrapado el domingo al mediodía en Gualeguaychú por una comisión de investigadores policiales que le seguían sus pasos, ya que se había llevado secuestrado a su pequeño hijo de 5 años.

Se sospecha que el pequeño habría estado presente cuando su madre y su abuela fueron asesinadas a disparos en Córdoba.

La criatura, afortunadamente, se encuentra en buen estado. Se espera que en las próximas horas se defina su destino: qué familia quedará a cargo de su tutela.

“Si no hubiéramos actuado rápidamente, con todos los elementos que teníamos, el niño ya estaría en Uruguay y sería una verdadera complicación poder ubicarlo y traerlo”, dijo a La Voz En Vivo el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

“En medio de la desgracia de este suceso, que pudiéramos lograr detener a Laurta y rescatar al pequeño es un alivio”, remarcó el funcionario, quien ratificó que el presunto femicida será investigado y juzgado en Córdoba.

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó el Alerta Sofía para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, un niño de 5 años desaparecido desde este sábado en el barrio Argüello, al norte de la ciudad de Córdoba.

La desaparición del menor está directamente vinculada a una investigación por homicidio doblemente calificado, ocurrida en la misma fecha y lugar. La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º Turno, a cargo de la causa, informó que el caso está bajo una intensa búsqueda nacional e internacional. Además de la activación del Alerta Sofía, se emitieron pedidos de captura a Interpol.

El presunto responsable de los crímenes y del secuestro del niño es Pablo Laurta, padre del menor y de nacionalidad uruguaya. Según los informes policiales, Laurta habría ingresado a la vivienda de su expareja, ubicada en calle San Pedro de Toyos, el sábado por la mañana, donde asesinó a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio, utilizando un arma de fuego. Posteriormente, habría huido llevándose a Pedro, su hijo de cinco años.

Fuentes judiciales indicaron que el hombre podría intentar fugar hacia Uruguay, por lo que las fuerzas de seguridad mantienen un operativo de búsqueda en todo el país y en los pasos fronterizos.

Pedro es de cabello castaño oscuro, ojos marrón oscuro, mide aproximadamente 1,25 metros, camina “chuequito”, presenta dificultades en el habla y tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA).

La tragedia se inscribe en un contexto de violencia de género preexistente. Según se conoció, Luna Giardina había escapado de Uruguay con su hijo Pedro hace casi tres años, luego de que Laurta intentara ahorcarla en una ocasión anterior. Pese a que existían denuncias previas por violencia y que la víctima contaba con un botón antipánico, no llegó a activarlo en el momento del ataque.

Además, el presunto femicida es señalado como creador de una cuenta en redes sociales denominada “Varones Unidos”, vinculada a discursos misóginos y de odio hacia las mujeres.

El Ministerio de Seguridad solicitó la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que permita localizar al niño. Quienes puedan ofrecer datos relevantes deben comunicarse al 134, la línea nacional habilitada para este tipo de emergencias.

El 10 de junio de 2013, Ángeles Rawson, una adolescente de 16 años, desapareció tras regresar a su casa de su clase de gimnasia en el barrio porteño de Palermo. Las cámaras de seguridad del edificio donde vivía, ubicado en Ravignani 2360, la registraron ingresando a las 9:50 de la mañana, y esa fue la última vez que se la vio con vida. Su madre intentó contactarla más tarde, pero el celular sonó sin respuesta.

Un día después, el 11 de junio, los trabajadores de la planta de residuos de CEAMSE en José León Suárez hallaron el cuerpo de Ángeles en bolsas de basura. La autopsia confirmó que había muerto por asfixia, presentaba signos de estrangulamiento, múltiples golpes y fracturas, y que había intentado defenderse. También se detectaron lesiones compatibles con abuso sexual no consumado.

La investigación avanzó rápidamente y, en un primer momento, la policía interrogó a familiares y allegados. La atención se centró en Jorge Mangeri, encargado del edificio donde vivía Ángeles, y el 14 de junio fue citado a declarar. Durante la madrugada del 15 de junio, en sede judicial, confesó el crimen, pero más tarde intentó retractarse y alegó haber sido presionado por la policía.

Las pericias confirmaron la responsabilidad de Mangeri, ya que halló su ADN debajo de las uñas de la víctima y en las sogas utilizadas para atar su cuerpo. También se comprobaron lesiones y fracturas en costillas, clavícula y vértebra, compatibles con un forcejeo.

El juicio comenzó en febrero de 2014 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 9, luego el 15 de julio de 2015, Mangeri fue condenado a prisión perpetua por abuso sexual en grado de tentativa y homicidio agravado por femicidio. La Cámara del Crimen y la Corte Suprema confirmaron la condena en 2018.

En 2018, la Legislatura porteña rebautizó la Plaza Jacarandá como “Plaza Ángeles Rawson”, en memoria de la adolescente y se colocó un banco rojo como símbolo contra la violencia de género. A una década del crimen, en 2023, medios y familiares recordaron el caso con actos conmemorativos.

Finalmente en 2025 se publicaron nuevos videos de la indagatoria de Mangeri, renovando el interés público, mientras que continúa cumpliendo su condena.

El hombre se encuentra cumpliendo prisión perpetua por el femicidio agravado y abuso sexual en grado de tentativa contra Ángeles Rawson, sentencia confirmada por la Corte Suprema en julio de 2018. 

Desde diciembre de 2023, está alojado en el penal federal de Rawson, Chubut, trasladado desde el módulo 1 del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde pasó más de una década con buena conducta, trabajando como limpiador y estudiando sociología. Su traslado lo separó geográficamente de su esposa, Diana Saettone, quien aún mantiene la relación y lo visita en la cárcel patagónica. 

En Rawson, desempeña tareas informales en el pabellón y envía el salario penitenciario, no supera los 180.000 ARS mensuales, a su mujer. Su nueva abogada, Patricia Croitoru, presentó pedidos para revertir su traslado y regresarlo a Ezeiza. 

En cuanto a su salud, un informe médico de 2015 lo describía “clínicamente compensado”, con lesiones menores sin mayores complicaciones. No se encontraron reportes de problemas serios de salud desde entonces. 

A nivel jurídico, tramita un recurso de revisión ante la defensa oficial en el fuero de ejecución penal, con la intención de solicitar copia de material probatorio completo, y contempla eventuales instancias en tribunales internacionales. La defensa también podría intentar solicitar prisión domiciliaria a partir de 2038, cuando cumpla 70 años o por razones de salud.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, volvió a apuntar contra el colectivo feminista y ratificó que, durante su gestión, los femicidios “bajaron un 14%”.

En declaraciones televisivas, manifestó que no tiene comunicación con la organización Ni Una Menos e, implícitamente, se refirió al Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires y le sugirió que “en vez de decir que las cifras son mentiras”, deberían reconocer el trabajo de su cartera.

“Nosotros hemos logrado, sin Ministerio la Mujer, sin presupuesto y sin campañas que no que le servían más que a la burocracia que había ahí adentro, la cifra más alta (sic). En vez de decir ‘qué bien que la Argentina bajó el 14% los homicidios vinculares y los homicidios por violencia de género’ dicen que eso es mentira. Y no es mentira, están los números”, sostuvo la funcionaria.

Estas expresiones fueron realizadas en respuesta a los dichos de la Ministra de Mujeres bonaerense, Estala Díaz, quien señaló que la gestión del presidente Javier Milei, “abandona y desprotege” a las mujeres, incluso cuando se encuentran “en situaciones de riesgo y de peligro de vida” y desmintió a la ministra de Seguridad Nacional sobre la baja en los números de los femicidios.

“La atención sobre violencia por razones de género está a cargo de cada una de las provincias y si hay reducción de las cifras es porque las provincias siguen presentes, asistiendo y dando respuestas, en las peores condiciones que les genera el Gobierno Nacional”, sostuvo ayer Díaz, durante el acto del #3J por los 10 años de la primera movilización bajo la consigna Ni Una Menos.

Por otra parte, Bullrich destacó que, en este momento, Argentina tiene la tasa más baja de homicidios en América Latina y que del 100%, “el 80 son hombres, el 20 son mujeres” y dentro de ese 20% “también hay niños y personas grandes” porque pertenecen a casos de violencia intrafamiliar.

“Por supuesto, que esto es en colaboración con las policías provinciales, con el esfuerzo de la Policía Federal y el que hace el Ministerio de Seguridad Nacional. Además, estamos presentando una ley sobre homicidios vinculares; estamos trabajando sobre el tema y estamos teniendo resultados”, concluyó la ministra.

Cada 3 de junio se conmemora el  #NiUnaMenos, un día de lucha para las mujeres, en él se organizan diferentes marchas y movilizaciones a lo largo y ancho de todo el país, por la muerte de una mujer cada 33 horas, desde aquel junio de 2015 hasta ahora se registraron 2590 femicidios, por eso hoy se deben levantar los puños para recordar a todas ellas que no están.

El Observatorio “Mujeres, Disidencias y Derechos” de la organización MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) documentó 2.590 femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios en Argentina. En estos diez años de lucha bajo la consigna #NiUnaMenos, el informe indica que el año más cruento fue 2017, cuando se registraron 304 casos, y que el promedio anual se ubica entre 250 y 270 femicidios. El documento también advierte un aumento en los intentos de femicidio, ya que en los últimos cinco años se contabilizaron 2.647 tentativas.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Victoria Aguirre, presidenta de MuMaLá y vocera del relevamiento nacional, señaló: “Hoy por hoy estamos hablando de un femicidio cada 33 horas y lo que realmente nos preocupa es que, por cada uno, hay dos intentos. Esa es la violencia que se expresa cotidianamente y de la peor de las formas”.

El informe elaborado por MuMaLá da cuenta de un monitoreo constante de medios, portales judiciales y colaboraciones territoriales. En lo que va de 2025, ya se contabilizaron 95 femicidios.

“Ayer y antes de ayer hubo dos casos más. Es realmente muy difícil seguirlo diariamente con tantas situaciones de violencia que están ocurriendo todo el tiempo. Si no tenés territorialidad como la que tenemos nosotras por MuMaLá, muchas cosas que ocurren en el Chaco profundo las desconoces”, explicó Aguirre.

Al ser consultada sobre la distribución geográfica, afirmó que “Buenos Aires es la provincia con más casos registrados, con 44 femicidios en 2025”. Sin embargo, advirtió que eso debe analizarse en relación a su densidad poblacional: “Lo preocupante es Mendoza con 6, Córdoba con 6, Chaco con 5, Santa Fe con 8. En estos territorios, por la baja cantidad de habitantes, los números impactan más fuerte”.

Aguirre también remarcó que el único año donde se registró una baja significativa fue 2021, en plena pandemia: “Lo que sí creció abruptamente en ese momento fueron los intentos de femicidio. Estar 24/7 con un vínculo violento era realmente un problema”.

En el marco de este nuevo aniversario, Andrea Lescano, madre de Micaela García, asesinada en 2017, también brindó su testimonio. “Mañana es un día muy importante para todas las organizaciones que trabajamos con el feminismo. Yo lo hago por mi hija, que hoy no está, y por todas las chicas que acompañamos desde la fundación. Es una forma de que Mica siga viva”, declaró emocionada.

Andrea impulsó la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en género para los tres poderes del Estado. A su entender, la ley visibilizó la problemática, pero aún queda mucho camino por recorrer.

“Muchos hoy dicen: estoy sufriendo violencia económica, violencia psicológica, algo que antes no se identificaba. Pero también es cierto que han eliminado políticas, y este gobierno no pone el foco en esto. Siempre trabajé en empresas privadas y sé que cuando hay crisis económica, lo primero que se corta son las capacitaciones”, agregó Lescano.

Además, insistió en la necesidad de que los talleres se realicen de forma presencial y con instancias de intercambio: “La virtualidad no alcanza. Esta temática requiere contacto humano. Yo, que estoy en esto, hice talleres virtuales y no me quedó nada. Necesitaba consultar, intercambiar, y eso no está”.

Este 3 de junio, Andrea participará de la jornada que organiza la Fundación Micaela García en un barrio de Concepción del Uruguay. “Nosotros siempre tratamos de hacer actividades donde la gente no va. Y esta vez, justo nos tocó en la zona donde vivo. Después vamos a la marcha. Lo hacemos el mismo día, como se decidió en la mesa interfeminista, porque son 10 años”.

Por último, compartió qué es lo que más extraña de su hija: “Esa fuerza de voluntad que le ponía a todo. Tenía una mirada muy amplia y resolvía las cosas más sencillas con una claridad tremenda. Hoy estamos enredadas y no podemos salir adelante como lo hacía ella”.

El detenido por el brutal femicidio en la provincia de Córdoba realizó una cruel llamada a los hijos de la víctima después del crimen donde les confesó “le volé los sesos por culpa tuya y de tu hermano”.

Rosana Silvina Rochen fue asesinada por su pareja Adrián Pérez dentro de la vivienda donde vivían en la localidad cordobesa de Los Reartes. En medio de un clima de conmoción, se dieron a conocer detalles escalofriantes respecto a los movimientos que realizó el asesino, quien ya se encuentra detenido.

De acuerdo a la información brindada, Pérez se comunicó con los hijos de Rochen y les anunció que asesinó a su madre.

“Mi mamá empezó a enviar mensajes raros a proveedores y ellos le avisaron a mi hermano. Él la llamó y como no atendía, lo llamó a él y él le dijo: ‘¿ahora te acordas de tu mamá? ya es tarde’”, contó la hija de la víctima a ElDoceTv.

En medio de la incertidumbre, la joven señaló que el acusado les mandó un audio por WhatsApp donde confesó: “Le volé los sesos por culpa tuya y de tu hermano”.

Rochen y Pérez eran oriundos de Rosario y se habían ido a vivir hace poco tiempo a Los Reartes. Conforme a lo detallado por fuentes del caso, “había una relación conflictiva porque ella se quería separar”.

Otro de los datos que llamaron la atención de los investigadores es lo que escribió el femicida en una de las paredes de la vivienda con tiza: “En la vida hay que ser justo, pagá lo que debés”. 

Una mujer fue hallada asesinada en la caja de la camioneta familiar y su pareja quede detenida acusada del crimen. Se trata de un nuevo femicidio que golpea a la provincia de Córdoba.

El martes por la tarde los vecinos de la localidad cordobesa de Los Reartes se vieron conmovidos por el femicidio de Rosana Silvina Rochen, de 51 años, y la detención de Andrés Pérez, de 54.

De acuerdo a la información aportada por el Ministerio Público Fiscal provincial, ambos oriundos de Rosario y residían en Los Reartes desde hace unos meses.

Asimismo, detallaron que el femicidio ocurrió en un contexto de una discusión dentro de la vivienda ubicada en la calle Los Talas 1385 y que el agresor fue detenido en el mismo domicilio.

La causa quedó a cargo de la fiscal de Río Tercero, Paula Bruera, quien indicó que habría sido el propio acusado quien se comunicó con uno de los hijos de Rochen a través de WhatsApp y le confirmó el crimen.

“Cuando llegamos, encontramos a la mujer sin vida dentro de la caja de una camioneta y con un impacto de arma de fuego”, contó Bruera.

La fiscal también sumó que “había una relación conflictiva porque ella se quería separar”, aunque indicaron que no existían denuncias contra Pérez.

Este lunes 15 de abril se cumplieron 10 años del femicidio de María Eugenia “Marita” Lanzetti (45), la docente de nivel inicial que fue asesinada a puñaladas por su exmarido, Mauro Bongiovanni, dentro del jardín de infantes “Estrellitas Traviesas", justo cuando daba clases, en barrio Jardín, en San Francisco. El crimen no solo conmovió a la ciudad, sino que marcó un hito judicial local: fue la primera vez que se utilizó la figura de femicidio.

A una década del hecho, el exfiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, quien tuvo a su cargo la investigación del caso, publicó en redes sociales una profunda y dura reflexión titulada: “La víctima siempre muere”. En ese texto, denunció el desequilibrio entre la protección legal al acusado y la soledad que suelen enfrentar las víctimas.

“Hoy, a diez años de la muerte de Marita, vuelve a crujir nuevamente en mi interior ese sinsabor de los casi treinta años de Fiscal de delitos complejos. El delito, como del que fue víctima Marita, que muere físicamente ¿es una muerte evitable?; ‘Sí’. ¿Quién pudo haberla evitado? El Estado, el sistema que pregona y abandona”, escribió Alberione.

El exfiscal apuntó contra el sistema judicial por ofrecer garantías extensas y sostenidas a los acusados, mientras que la protección a las víctimas se diluye tras la denuncia: “El victimario tiene derecho desde el primer momento. Está representado legalmente, acompañado, escuchado. Tiene acceso a salud, contención psicológica, recreación y condiciones dignas de encierro. Todo garantizado por el Estado”, señaló.

“Ahora bien, esto tiene otra cara, la cara de la víctima. La víctima, que rara vez es supuesta, que como dije fue acompañada por el sistema hasta la denuncia. Después de eso, si ha logrado sobrevivir, el Estado brilla por su ausencia”, afirmó con contundencia.

Según Alberione, las víctimas que sobreviven —o sus familias, en caso contrario— quedan desamparadas: “No cuentan con representación legal, salvo que puedan pagarla. La asistencia psicológica, si la hay, es del sistema público colapsado. El Estado se desentiende de todo: su salud, su vida, su economía. Cero Pero a ese cero debemos restarle: marginación, abandono, dolor”.

El 26 de agosto de 2016, la Cámara del Crimen de San Francisco condenó a Bongiovanni a reclusión perpetua por homicidio doblemente calificado (por el vínculo y por violencia de género), desobediencia a orden judicial y portación de arma de uso civil sin autorización. El veredicto fue unánime: tres jueces técnicos y diez jurados populares votaron la pena máxima. En julio de 2019, el Tribunal Superior de Justicia confirmó la sentencia.

“El Estado tiene abierta una vía legal que funciona para el acusado, pero ¿y para la víctima? Es como si, luego de denunciar, desapareciera del mapa institucional”, expresó Alberione en una cita indirecta.

A diez años de aquel crimen que sacudió a toda la comunidad, la reflexión del exfiscal interpela no solo al sistema judicial, sino también a la sociedad entera. “Todas las personas tienen derecho a que se las respete, sea cual fuere su condición, y el Estado debe velar por ello. Pero la víctima también es persona. Y en este sistema, siempre muere”, concluyó.