CORDOBA (Corresponsalía)-. “Que no sea en vano”. La frase, pronunciada por Elizabeth Heredia, abuela de Agostina Vega, resumió el sentimiento que recorrió las calles de Córdoba durante una movilización que, según informaron los organizadores y fuentes policiales, reunió a más de 100 mil personas. Fue un pedido de justicia por la adolescente de 14 años asesinada, pero también una exigencia colectiva para que ninguna otra familia tenga que atravesar el mismo dolor.

A lo largo de 13 cuadras, miles de personas acompañaron a la familia de Agostina. Hubo lágrimas, abrazos, aplausos y carteles. Hubo bronca. Hubo memoria. Y hubo una certeza compartida: el caso de la adolescente no sólo conmueve por la brutalidad del desenlace, sino porque volvió a exponer interrogantes sobre la respuesta institucional ante una desaparición y los femicidios.

“Que tomen en serio a las madres cuando van a pedir ayuda por sus hijas. Si después aparece, mejor. Pero si no, que investiguen desde el primer momento”, reclamó Elizabeth. También sostuvo que la madre de Agostina, Melisa Heredia, intentó aportar información y no fue escuchada. “Ella fue a denunciar la pérdida de su hija que había desaparecido y nadie la escuchó”, afirmó. Y agregó: “Queremos que haya justicia y que caigan todos los que tienen que caer porque ese tipo no lo pudo haber hecho solo”.

“¡Atrás de la barredora, atrás de la barredora!”. La orden que salió desde un megáfono funcionó como punto de partida para una columna inmensa que comenzó a avanzar lentamente. Era una marcha cargada de emociones, y atravesada por el dolor.

Desde adentro, la sensación era difícil de describir. Filas y filas de mujeres, familias enteras, adolescentes, jubiladas y también muchos hombres. Algunos acompañaban a sus hijas, parejas o amigas. Otros marchaban solos. Todos parecían movilizados por una realidad que los interpela de manera cada vez más directa.

La presencia masculina fue una de las imágenes que los propios movimientos feministas reconocen como parte de los cambios culturales producidos en los últimos años. Cambios que, paradójicamente, avanzan empujados por tragedias que siguen golpeando a la sociedad.

La movilización coincidió con un nuevo aniversario de Ni Una Menos y estuvo atravesada por una sensación compartida: once años después de aquella primera marcha histórica, muchas de las demandas siguen vigentes.

“Mucho más organizadas”

Antes de la movilización, en el Archivo Provincial de la Memoria, LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con Yanina Luna, integrante del colectivo Ni Una Menos Córdoba. El escenario no fue casual. El excentro clandestino de detención D2, hoy convertido en espacio de memoria y derechos humanos, también resguarda las huellas de las luchas actuales.

Consultada sobre cómo atraviesa el colectivo este nuevo femicidio ocurrido en vísperas de una nueva conmemoración, respondió: “Totalmente conmovidas por el horror y a 11 años repitiendo las mismas consignas, pero a diferencia de hace 11 años, mucho más organizadas”.

Para Luna, el balance de estos años muestra avances y retrocesos. “Se crearon secretarías de género, protocolos. Este gobierno nacional de turno ha desarticulado todos esos marcos institucionales que habíamos logrado para proteger tanto a las niñas como a las mujeres. Pero creemos que se ha avanzado a nivel social”, sostuvo.

Yanina destacó que ante casos como el de Agostina existe una sociedad más informada y movilizada. “Cuando vemos casos como los de Agostina, donde falla la institución, también vemos una sociedad movilizada y al tanto de que existen protocolos, que existe una herramienta como la Alerta Sofía y la reclaman”, explicó.

Las fallas que expuso el caso Agostina

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la actuación institucional durante la desaparición de la adolescente. Para Luna, el problema no es la inexistencia de herramientas, sino su aplicación. “Los protocolos existen. Lo que está faltando es la aplicación de una mirada de género”, afirmó.

La referente cuestionó especialmente que la investigación se guiara por hipótesis iniciales vinculadas a declaraciones familiares. “No le corresponde a la madre saberlo, le corresponde a la institución tomar las medidas que se estipulan. Hay protocolos en el caso de desaparición de menores que es figurarse el peor escenario para evitarlo”, señaló.

También consideró que la Alerta Sofía debió activarse antes. “Cuando desaparece una menor se tiene que configurar el peor escenario. Lo que dice el protocolo es que si desaparece una menor se comunica para que no pueda salir de las fronteras. En el caso de Agostina fue luego de las 72 horas”, sostuvo. Remarcó la importancia de escuchar las denuncias y atender los antecedentes de violencia cuando existen señales previas.

A lo largo de la conversación insistió en una idea: “Necesitamos que la perspectiva de género se aplique transversalmente en las instituciones públicas, desde el colegio, a los espacios de trabajo, a los sindicatos y sobre todo en la Justicia”. Y “necesitamos no solamente mujeres con perspectiva de género, sino varones que piensen discutir en sus propios ámbitos qué pueden hacer para no convalidar las violencias de género”, agregó.

Estadísticas que explican la indignación

La magnitud de la movilización también encuentra explicación en cifras. Según un reciente informe de Mumalá Córdoba, el 75% de las mujeres asesinadas en los últimos once años en Argentina tenía orden de restricción; un 12% contaba con botón antipánico y un 9% había denunciado previamente a sus agresores. Además, el 60% de los 3.096 femicidios registrados entre el 3 en junio de 2015 y el 30 de mayo de 2026 fueron cometidos por parejas, exparejas o familiares.

“Fuera Quintero. Fuera Garzón”, se reclamaba en la marcha. Al ser consultada sobre los pedidos de destitución de los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón, además de otros funcionarios provinciales como el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros (Rodríguez había intervenido en una causa previa por violencia de género contra Claudio Barrelier), Luna cuestionó que el ahora imputado por el femicidio de Agostina hubiera recuperado la libertad.

La preocupación además alcanza a los proyectos que, según entiende, pueden desalentar las denuncias. Sobre la iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada vinculada a falsas denuncias, Luna sostuvo que “deslegitima la lucha, deslegitima los datos y tira para atrás años de construcción y de análisis en materia de género”. Además, remarcó que las estadísticas muestran que este tipo de casos “representan un porcentaje mínimo en comparación con el total de denuncias vinculadas a situaciones de violencia”.

Luna también apuntó a los discursos que, según consideró, buscan desacreditar al movimiento feminista. “El Gobierno nacional viene poniéndonos a las feministas y al feminismo en discusión y etiquetándonos de enemigas, cuando lo único que queremos nosotras es un país libre de violencia”, expresó. En ese sentido, señaló que “los feminismos han contribuido a visibilizar situaciones de violencia y a impulsar herramientas de prevención y acompañamiento para las víctimas”.

Mientras la columna avanzaba por las calles de Córdoba, las palabras de Elizabeth seguían resonando como una síntesis de todo lo vivido. La marcha fue por Agostina, pero también por miles de historias anteriores y por las que todavía pueden evitarse.

“La única forma de cambiar las cosas es haciéndose cargo de que la lucha esté en nosotras”, afirmó Luna. Y quizás por eso, entre los cánticos, los carteles y las lágrimas, la movilización dejó una imagen poderosa: la de una sociedad que sigue reclamando respuestas, justicia y prevención.

Porque once años después del primer Ni Una Menos, el dolor continúa. Pero también continúa la organización. Y en las calles de Córdoba, donde más de 100 mil personas caminaron detrás del nombre de Agostina Vega, volvió a escucharse un pedido que ya es colectivo: que no sea en vano.

La noticia del femicidio ocurrido en Córdoba de Agostina Vega, de apenas 14 años, volvió a estremecer a la sociedad. Otra adolescente que no regresó a su casa. Otra familia atravesada por un dolor imposible de explicar. Otra historia que se suma a una larga lista de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de la violencia machista.

La conmoción remite inevitablemente a otro nombre que marcó un antes y un después en la Argentina: Chiara Páez. Tenía también 14 años cuando fue asesinada en 2015. Su femicidio generó una reacción colectiva inédita y dio origen al movimiento Ni Una Menos. Once años después de aquella primera movilización masiva, las calles vuelven a llenarse de voces que reclaman por las que ya no están y por quienes aún viven bajo distintas formas de violencia.

Sin embargo, mucho antes de que la palabra femicidio formara parte del debate público, San Francisco y la región ya habían conocido historias atravesadas por la crueldad y la desigualdad.

Uno de los primeros casos que quedó grabado en la memoria colectiva fue el de Jaqueline Pucheta. La joven, de 25 años, fue asesinada el 5 de octubre de 1991 por Walter Ferreyra. Tres años después, en agosto de 1994, desapareció Mónica Parolini, de 14 años. Su cuerpo fue hallado semanas más tarde en un zanjón de un camino rural cercano al entonces basural de la ciudad. Los responsables fueron condenados y cumplieron sus penas.

La década siguiente también estuvo marcada por hechos de extrema violencia. En 1999 fue hallada muerta Stella Maris Vanegas en un descampado. Un año más tarde, Viviana Urquía apareció sin vida en la zona de las vías del ferrocarril Belgrano. Estaba envuelta en una sábana, atada y asfixiada. El crimen tuvo como autor a Mario Acosta.

En enero de 2003 desapareció María Victoria Juncos, una niña de 13 años. Durante casi dos meses, familiares y vecinos la buscaron sin descanso. El 17 de marzo fue encontrada enterrada. La investigación determinó que había sido asesinada por su padrastro, José Cortez, con la colaboración de su madre, Marcela Juncos. Ambos recibieron condenas de prisión perpetua.

Cinco años después, en 2008, la ciudad volvió a conmocionarse con el asesinato de Mónica Beatriz Negrete, de 44 años. Fue hallada sin vida en su vivienda de calle Ayacucho. El autor fue su pareja, Omar Mansilla, quien posteriormente se quitó la vida.

Uno de los casos más recordados ocurrió en 2009. Natalia Vercesi tenía 27 años y estaba embarazada cuando fue asesinada dentro de su vivienda. Su esposo, el kinesiólogo y ex basquetbolista Alejandro Bertotti, intentó presentar el hecho como un robo, pero la investigación judicial comprobó que se trató de un crimen planificado. Tanto Bertotti como Leonardo Forti fueron condenados a prisión perpetua. Con Natalia también murió el hijo que esperaba.

La violencia alcanzó igualmente a jóvenes sanfrancisqueñas fuera de la ciudad. En 2012, Dayana Capacio, de 17 años, desapareció en Rosario. Fue encontrada asesinada en General Lagos. Su exnovio, Maximiliano Tessone, fue condenado por el crimen.

En 2015, el mismo año en que el país gritó por primera vez “Ni Una Menos”, María Eugenia “Marita” Lanzetti fue asesinada en su lugar de trabajo. Tenía 45 años y había realizado numerosas denuncias por violencia. Su agresor, Mauro Bongiovanni, se convirtió en uno de los primeros condenados bajo la figura legal de femicidio incorporada al Código Penal argentino.

La nómina de víctimas continuó creciendo. También recuerda a Alejandra Rodríguez y a sus hijos Vanesa, Jorge y Rocío, asesinados en la denominada masacre de barrio Acapulco, en 2006 en Josefina. A ellas se suman María Belén Cuello, hallada sin vida en 2015 cerca de la ruta nacional 19; Noemí Salvaneschi, asesinada en Frontera en 2017; y Paola Pirra, madre de dos niños, fallecida ese mismo año.

En 2018 se registraron otros hechos que dejaron profundas marcas. Giuliana Cáceres, de 15 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza en un confuso episodio ocurrido mientras se encontraba junto a su novio. Sandra Martín fue asesinada por estrangulamiento. También ocurrió el crimen de Micaela Herrador, de 21 años, hallada sin vida junto al cuerpo de Alexis Ramírez en Estación Frontera.

En agosto de 2017, Yuliana Chevallier, de 20 años, falleció tras recibir un disparo de arma de fuego en una vivienda de barrio La Milka, en San Francisco. Mientras la investigación no lo considera femicidio, la familia continúa reclamando otra interpretación de los hechos. Su pareja, el expolicía Alejandro Lovera, irá a juicio acusado de homicidio culposo. 

En 2019, María Paz, una adolescente sanfrancisqueña de 16 años, fue asesinada en Frontera. El autor fue su novio, también menor de edad.

Los años recientes tampoco estuvieron exentos de tragedias. En noviembre de 2024, la región quedó conmocionada por el crimen de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada en Brinkmann. La investigación determinó que fue abusada sexualmente y murió antes del incendio provocado en la vivienda donde fue hallado su cuerpo. Por el caso permanecen detenidos Rocío Milagros Rauch, madre de la víctima; Matías Ezequiel Simeone, pareja de Rauch y padrastro de Aralí; y Cristian Hernán Varela, amigo de Simeone, a la espera del juicio.

Ese mismo mes, en Saturnino María Laspiur, Lucía Claribel Montaño, de 23 años y madre de cuatro hijos, fue asesinada. La Justicia condenó a prisión perpetua a su pareja, tras acreditar un contexto sostenido de violencia.

Cada uno de estos nombres representa una historia interrumpida. Son vidas truncadas, familias devastadas y comunidades marcadas por la ausencia. A once años del nacimiento de Ni Una Menos, el reclamo sigue vigente porque detrás de cada estadística hay una mujer que ya no está, una silla vacía y una pregunta que aún duele: cuántas más faltarán para que no falte ninguna.

La Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) publicó la edición 2025 del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), en el que resalta una incidencia levemente inferior en Córdoba en relación con las tasas de ocurrencia de estos crímenes de género en el país.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, la provincia de Córdoba registró un total de 10 víctimas directas de delitos tipificados como femicidio por la Justicia. Esta cifra representa una reducción en comparación con los datos de 2024, año en el cual se habían contabilizado 17 víctimas en la jurisdicción, lo que implica un descenso de 7 casos.

En términos de incidencia poblacional, la tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres en Córdoba fue de 0,50 durante 2025 . Este indicador sitúa a la provincia por debajo de la media nacional y refleja que se produjo un femicidio directo cada 201.172 mujeres en el territorio cordobés.

Según el informe, "los datos que se informan responden al estado de avance de las causas judiciales al 31 diciembre de 2025". Esto significa que casos en curso o en investigación no cerrados a esa fecha pueden modificar la cuenta final.

Un dato específico sobre la dinámica de los hechos en Córdoba es la identificación de víctimas desaparecidas. El registro señala que 4 víctimas estuvieron desaparecidas antes del hallazgo de sus cuerpos o la judicialización de la causa, de un total de 31 casos de desaparición registrados a nivel nacional en este periodo.

Asimismo, en lo que respecta al perfil de los sujetos activos, en Córdoba se informaron 2 casos cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad, específicamente pertenecientes a la seguridad privada y en situación de actividad al momento del hecho.

Al relacionar los datos provinciales con el total país, se observa que Córdoba aportó el 5% de las 200 víctimas directas de femicidio registradas en Argentina durante 2025.

A nivel federal, se iniciaron 204 causas judiciales por violencia de género letal: 191 por femicidios directos y 13 exclusivamente por femicidios vinculados.

La tasa nacional de femicidios se estableció en 0,85 cada 100.000 mujeres, valor superior al 0,50 registrado en la jurisdicción cordobesa. El informe de la OM-CSJN destaca que, a nivel país, se produjo una víctima directa de femicidio cada 44 horas.

En la distribución territorial, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad absoluta con 78 víctimas, mientras que las tasas más elevadas por cada 100.000 mujeres se localizaron en Chaco (1,80), Misiones (1,77) y Neuquén (1,69).

El análisis longitudinal (2017-2025) muestra una tendencia general a la baja en Argentina. "Si se toma el período completo (2017-2025), hubo una caída del 20,6%, ya que pasó de 252 víctimas directas de femicidio registrado en 2017 a 200 víctimas en 2025".

Córdoba es mencionada como una de las jurisdicciones que, junto a Buenos Aires, Salta y Entre Ríos, contribuyó a la reducción neta de casos entre 2024 y 2025.

La elaboración de estos registros por parte de la OM-CSJN se basa en criterios metodológicos establecidos en un protocolo específico que revisa un universo amplio de causas judiciales.

El informe aclara que se parte de la "hipótesis inicial de femicidio" para incluir hechos donde no se pudo descartar la motivación de género según el avance de la investigación.

El registro emplea el concepto de femicidio de la Ley Modelo de MESECVI, el cual define la violencia letal motivada por el género.

En cuanto a las imputaciones, el 67% de las causas a nivel nacional incluyeron la agravante del artículo 80, inciso 11 del Código Penal de la Nación, referida al homicidio de una mujer perpetrado por un hombre mediando violencia de género. En otros casos, se aplicaron agravantes por el vínculo (inciso 1) u odio de género (inciso 4).

Aunque el eje del análisis es Córdoba, el informe nacional proporciona datos descriptivos que contextualizan la realidad de las víctimas en todo el territorio.

El promedio de edad de las 200 víctimas directas fue de 40,8 años, siendo el grupo de 25 a 34 años el más afectado. El 98% eran mujeres cis y el 2% mujeres trans o travestis.

En cuanto al vínculo, en el 83% de los casos existía un conocimiento previo entre la víctima y el sujeto activo.

El 59% de los vínculos correspondía a parejas, ex parejas o relaciones sexo-afectivas.

Además, en el 44% de los vínculos analizados se registraron antecedentes de violencia de género, ya sea por denuncia formal o por otros medios.

Sobre los sujetos activos, el promedio de edad fue de 38,4 años. El informe destaca una preocupación estadística: "Al menos 20 sujetos activos (9,5%) pertenecían o habían pertenecido a distintas fuerzas de seguridad, lo que marca la segunda proporción más elevada desde su primer relevamiento en 2017". De estos sujetos, 10 utilizaron armas de fuego reglamentarias para cometer el femicidio.

Al cierre del registro el 31 de diciembre de 2025, el 62% de las causas judiciales en el país se encontraban en etapa de investigación y el 17% en etapa de juicio.

En el caso de Córdoba, se notificó que una de sus causas se encuentra bajo seguimiento del "Observatorio de causas y sentencias del RNFJA", lo que podría derivar en su inclusión en futuras actualizaciones rectificadas del registro.

El informe concluye que, si bien se observa una tendencia descendente en la cantidad de víctimas directas tanto en Córdoba como a nivel nacional, la violencia de género persiste como un fenómeno estructural. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema subraya que estos datos son fundamentales para el diseño de políticas públicas y el seguimiento de la respuesta judicial ante hechos de violencia extrema.

María Leonor Godoy, la mujer de 58 años que había sido apuñalada y abusada por su pareja Concordia, murió el lunes después de haber permanecido internada durante más de 20 días.

La víctima ingresó al hospital Masvernat el 4 de abril con múltiples heridas. Se encontraba en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria.

El ataque ocurrió ese mismo día cerca de las 6 en una casa ubicada en la intersección de Sargento Cabral y calle 53. Según precisaron fuentes policiales, testigos que estaban dentro de la vivienda escucharon gritos de auxilio de una de las habitaciones.

Cuando se acercaron al lugar, vieron salir corriendo a Juan Pablo Estigard, de 37 años, señalado como el agresor. Dentro de la habitación encontraron a la mujer tirada en el piso y con sangre.

Poco después, una unidad sanitaria asistió a la víctima y la trasladó de urgencia al hospital. De acuerdo con el parte médico, presentaba politraumatismos graves, múltiples heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo y otras lesiones. Desde su ingreso, su cuadro había sido considerado crítico.

Tras confirmarse su muerte, la causa judicial tendrá un cambio en su calificación. Estigard había sido detenido el mismo día del ataque en un procedimiento policial y desde entonces permanece alojado en la Unidad Penal N° 8 de Federal.

La investigación había comenzado bajo la carátula de homicidio en grado de tentativa en contexto de violencia de género, pero ahora avanzará con una nueva imputación tras el fallecimiento de la víctima. A eso se sumó un dato surgido de los peritajes: la existencia de indicios de abuso sexual durante el ataque, una circunstancia que podría agravar aún más la situación procesal del acusado.

La causa continúa en manos de la Justicia, que deberá establecer las responsabilidades penales a partir de las pruebas reunidas.

Karen, la hija mayor de María Leonor, aseguró que su madre ya había denunciado a Estigard en noviembre de 2025 después de una golpiza que le dejó secuelas físicas y psicológicas.

“Yo la acompañé a hacer la denuncia a la Policía Central y a Tribunales. En ese momento se dictó una restricción de acercamiento que vencía recién este mes”, contó al medio 7Páginas.

Según relató, aquel episodio derivó en una internación en el área de Psiquiatría del hospital Felipe Heras por un cuadro de miedo extremo. “Ella estaba convencida de que Pablo la iba a matar”, recordó.

Sin embargo, luego de recibir el alta médica, María Leonor retomó la relación con Estigard y se distanció de su entorno familiar en medio de un vínculo atravesado por la violencia reiterada y la dependencia emocional. Sus familiares también señalaron que la mujer se había alejado de sus hijos para volver con el acusado, quien no trabajaba y le quitaba dinero para sostener sus adicciones.

Después de conocerse la muerte, Karen Vergara despidió a su madre con un mensaje en redes sociales y volvió a pedir justicia. “La peleaste hasta lo último como toda una guerrera, como la mujer valiente que siempre fuiste”, escribió y agregó: “Que descanses y que encuentres la paz. Te llevaré siempre en mi mente y corazón”.

Además, en declaraciones posteriores, expresó: “Ella luchó 23 días. Nosotros estábamos ahí y vimos mejoras, pero de repente decayó”.

También se refirió al proceso judicial y sostuvo: “No me siento satisfecha. Sí estoy tranquila de que esté preso, pero quiero que pague por todo lo que le hizo”.

En un contexto nacional marcado por el incremento de los femicidios y la discusión sobre las políticas de género, el juez Andrés Peretti, a cargo del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco, advirtió que “actualmente, nuestro Juzgado recibe entre 9 y 10 denuncias nuevas por día”. Aunque reconoció un aumento sostenido en los casos, aclaró que “no podemos hablar de saturación”, y remarcó que se trabaja con 46 botones  antipánico activos y medidas de protección inmediatas.

Además, confirmó que avanza la creación del Centro Integral de Varones en San Francisco, iniciativa destinada a trabajar con hombres que ejercen violencia; una herramienta para revisar creencias sobre la masculinidad y prevenir nuevas agresiones.  Para Peretti, el desafío es claro: “Mientras no exista un cambio cultural profundo, seguiremos teniendo víctimas y victimarios”.

-          Según MuMaLá, se registraron 11 femicidios en Argentina solo en octubre. ¿Ha percibido un aumento de denuncias o casos graves de violencia familiar en su circunscripción en los últimos meses?

Sí, en nuestra circunscripción (San Francisco, Devoto, La Francia, Freyre, Porteña, S. M. Laspiur y localidades aledañas) advertimos un aumento de las denuncias por violencia familiar y de género en lo que va de este año 2025. Actualmente, nuestro Juzgado recibe entre 9 y 10 denuncias nuevas por día, a lo que hay que sumar los incumplimientos a medidas ya dispuestas previamente. Tenemos activos 46 dispositivos Salva (botones antipánico) y hasta hace poco tiempo, teníamos otorgados 2 duales (tobilleras electrónicas), los que fueron retirados porque los agresores fueron privados de su libertad. De cara al final de año, las denuncias suelen aumentar como consecuencia de las elevadas temperaturas, el consumo de drogas, el alcohol en exceso y las fiestas de fin de año, entre otros factores que potencian la violencia física, psicológica e incluso sexual.

-          ¿Cómo interpreta este incremento en el marco de la tendencia histórica de violencia de género en nuestro país?

Es propio del contexto que vivimos como sociedad. Compartiendo el enérgico repudio realizado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba ante el doble femicidio del que fueron víctimas Luna Giardina y Mariel Zamudio, los discursos de odio, el negacionismo sobre la violencia de género, la difusión de la noción de “falsas denuncias” y el desmantelamiento de políticas de igualdad promueven prácticas misóginas que alcanzan su extremo en los femicidios y erosionan los consensos democráticos que sostienen una sociedad libre de violencias. Incluso, el cambio climático también repercute en la violencia doméstica y de género. Según la ONU, las condiciones meteorológicas extremas, los desplazamientos, la inseguridad alimentaria y la inestabilidad económica son factores clave que aumentan la prevalencia y la gravedad de la violencia de género. Ese informe concluye que cada aumento de 1° C de la temperatura global se asocia a un incremento del 4,7% de la violencia de pareja. En un escenario de calentamiento de 2° C, es probable que 40 millones de mujeres y niñas más sufran violencia de pareja cada año de aquí a 2090. En un escenario de 3,5° C, esa cifra se duplicaría con creces. De hecho, los femicidios en el mundo aumentaron un 28% como consecuencia de las olas de calor.

-          ¿Con qué recursos cuenta la justicia en su jurisdicción para abordar casos de violencia familiar y femicidios?

Desde el Poder Judicial las herramientas son limitadas. Además de las medidas de protección que establecen las leyes provinciales N° 9.283 y N° 10.401 –perimetrales, exclusión de agresor, botones antipánico, tobilleras electrónicas, rondas policiales, incautación de armas, guarda y alimentos provisorios, ordenar tratamiento psicológico o psiquiátrico, entre otras, nuestra sede cuenta con un equipo técnico formado por psicólogas y trabajadoras sociales que brinda respuesta interdisciplinaria. De todas maneras, un mundo libre de violencia implica respetar la dignidad humana y la libertad, y por ello, tenemos que accionar en lugar de reaccionar.

El Poder Judicial interviene cuando la violencia tuvo lugar, es decir, reaccionamos, tomamos medidas de protección para las víctimas, ordenamos capacitaciones y tratamientos, entregamos botones antipánico, pero mientras no exista un profundo cambio cultural, seguiremos teniendo víctimas y victimarios. En dicha misión, para lograr ese cambio cultural y poder prevenir situaciones de violencia en general y contra niños, niñas y adolescentes en especial, necesitamos contar con políticas públicas por parte del Estado, es decir, diseñar, planificar e implementar un andamiaje externo que ayude a la concientización para erradicar la violencia en todas sus manifestaciones, sea física, sexual, psicológica, etc.

Es fundamental educar en igualdad, capacitar en género en los establecimientos educativos, es un debate que nos debemos como sociedad, pero se recomienda desde el nivel inicial o primario, aplicar firmemente la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), avanzar con campañas de difusión y prevención teniendo en cuenta quiénes son las víctimas, su edad, su condición económica, su accesibilidad a la tecnología y nivel de educación, mejorar los espacios y la tecnología para recibir denuncias y capacitar y sensibilizar al personal que trabaja con niños, niñas y adolescentes, entre otros, siendo esencial que la nación, las provincias y los municipios coordinen, articulen y se integren. Prueba de ello es la “Iniciativa Spotlight”, una campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, que exige integración de todos los niveles de la política climática, es decir, acción climática eficaz debe dar prioridad a la seguridad, la equidad y el liderazgo de mujeres y niñas.

Más allá de la necesidad de contar una fiscalía especializada en violencia de género y familiar, desde el juzgado venimos trabajando conjuntamente con el Polo Integral de la Mujer y la municipalidad de San Francisco para crear el Centro Integral de Varones, herramienta central para revisar las creencias sobre la masculinidad, buscando identificar cómo se ejercen los distintos tipos de violencia y la consecuencia de esto en ellos mismos, sus parejas y su grupo familiar.

-          ¿Considera que los tribunales y fiscalías están saturados ante la demanda de denuncias de violencia de género?

En las cuestiones de violencia familiar/doméstica y de género, no sólo interviene nuestro juzgado. También participan las fiscalías y eventualmente, el Juzgado de Control y la Cámara del Crimen, pero desconozco su situación actual. En nuestro caso, Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil, no podemos hablar de saturación. Si bien existe un aumento de denuncias e incumplimientos, debemos ser más efectivos y eficientes en nuestra labor e instar a las demás partes intervinientes a trabajar en ese sentido.

-          En el reciente caso de Luna Giardina, la jueza María Victoria Jalil, a cargo de la causa, pidió la colocación de la tobillera electrónica para Pablo Laurta, pero finalmente no se la colocaron. ¿Qué obstáculos enfrentan los jueces para hacer cumplir medidas de protección en tiempo y forma?

En el caso referido, sólo tengo conocimiento por los medios de comunicación. Las diversas notas publicadas refieren que la jueza Jalil ordenó la colocación de la tobillera electrónica, pero que no se pudo concretar porque el denunciado estaba viviendo en Uruguay. Ante esta situación, los medios informaron que la jueza remitió oficios –notificaciones– a Migraciones, pero que no hubo respuesta porque el agresor utilizaba medios –avioneta o lancha– para evadir los controles migratorios. En nuestro caso, no resulta habitual que existan problemas en la implementación y notificación de las medidas de protección. Puede suceder que el agresor no pueda ser notificado de las medidas dispuestas por nuestro juzgado, que no sea encontrado para colocar la tobillera electrónica y situaciones similares, pero son la excepción.

-          En 2014, la Corte Suprema encomendó a la Oficina de la Mujer la elaboración del Primer Registro Nacional de Femicidios, indicando que “concebir de esta forma los asesinatos de mujeres por razones de género permite una comprensión más profunda del fenómeno y sus causas”. ¿Cree que este registro ha contribuido a una mejor prevención y políticas públicas más efectivas?

Totalmente. A partir del registro de datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investiga muertes violentas de mujeres cis y de mujeres trans/travestis por razones de género elaborado por la Corte, se impulsaron políticas como el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (2020-2022) y la Ley “Brisa” N° 27.452. Nuestra provincia, a través del Tribunal Superior de Justicia, también lleva adelante su registro, lo que permite identificar patrones y elaborar mecanismos para prevenir la violencia doméstica y de género.

-          La ONU indica que el 56% de todos los homicidios de mujeres en el mundo son cometidos por parejas íntimas u otros miembros de la familia, mientras que solo el 11% de los homicidios de hombres ocurren en el ámbito privado. ¿Cómo interpreta estos datos en relación con la situación en San Francisco?

Si bien el femicidio es la expresión máxima de violencia en contra de las mujeres, el último informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte comunica que los vínculos de parejas o exparejas fueron los más frecuentes entre las personas afectadas y las denunciadas (46%), seguido por vínculos filiales (34%). Dentro de los vínculos de parejas, el 75% correspondió a exparejas, el 23% a parejas convivientes y/o cónyuges, y el 2% a novias o novios. En cuanto a las víctimas, el 74% eran mujeres y el 26% varones, mientras que las personas denuncias, el 70% eran varones y el 30% mujeres. Estos datos nacionales se coinciden sustancialmente con nuestra ciudad y zonas aledañas.

-          El Gobierno nacional propuso la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal Argentino. ¿Cuál es su opinión sobre esta iniciativa y cómo podría afectar la protección de las víctimas y la persecución penal de estos crímenes?

Compartiendo la visión de la Dra. Aída Tarditti, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, el femicidio no es cualquier muerte. Tiene componentes especiales que la sociedad y los ciudadanos, sean o no abogados, pueden distinguir. De hecho, en nuestra provincia, los juicios por femicidios son juzgados por jurados populares. Eliminar la figura de femicidio del Código Penal no sólo violaría compromisos internacionales asumidos por Argentina, sino que además, rompería con la igualdad real o sustantiva, tratando como iguales a personas que no lo son.

-          ¿Qué acciones coordinadas entre la Justicia, la Policía y organizaciones sociales considera prioritarias para prevenir femicidios y proteger a las víctimas?

Para promover la igualdad de género, mejorar el acceso a la justicia y los servicios de apoyo a las víctimas, sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de la violencia de género y su impacto en la vida de las mujeres, niñas, es necesario priorizar acciones interpoder e interdisciplinarias. La violencia doméstica y de género es una cuestión sociocultural, creada, sostenida e implementada durante siglos, años y años de estereotipos que generan aferramiento a prácticas machistas. Por ello, no resulta suficiente el abordaje unidimensional por parte del Poder Judicial en su carácter de órgano de aplicación de la normativa internacional. Es necesario contar con la visión y labor de otras disciplinas como la psicología, la sociología, asistentes y trabajadores sociales. Además de campañas de difusión y prevención, es necesario contar con espacios preparados y con amplitud horaria para recibir las denuncias, así como también con personal capacitado y sensibilizado sobre la temática de violencia familiar/doméstica y de género. Sobre esto último, debemos fortalecer las competencias de los trabajadores no especialistas, tales como educación y sus instituciones (docentes y no docentes), salud (medicina, psicología, psiquiatría, enfermería, acompañamiento terapéutico), personal policial, clubes,  familiares, agrupaciones políticas, dependencias públicas y privadas, empresas y medios de comunicación, tanto en relación a los estándares vigentes en materia de género, como así también en la detección y abordaje de prácticas anteriores y desajustadas.

-          ¿Cómo evalúa la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil en la prevención de la violencia de género?

Se está trabajando, pero nunca es suficiente. Es nuestra misión como sociedad terminar definitivamente con la violencia en general y contra los niños, niñas y adolescentes en concreto. La violencia en general es un círculo o un ciclo, un espiral que crece día a día. Este flagelo no se soluciona solo, por el mero transcurso del tiempo. Requiere un abordaje, ser trabajado. El reciente doble femicidio exige un avance participativo que permita la implementación y ensanchamiento de las políticas públicas para lograr un mundo libre de violencia con respeto a la dignidad humana y la libertad de las personas.

-          ¿Algún comentario final?

Agradecer infinitamente al equipo que se desempeña en el Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco que orgullosamente presido, por su compromiso diario.

 Frente a los 11 femicidios registrados en los primeros 14 días de octubre, la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) adelantó su informe mensual y reclamará en el Congreso la declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género. Según el relevamiento, en lo que va de 2025 hubo 196 femicidios, uno cada 35 horas, y en octubre la frecuencia aumentó a una víctima cada 28 horas.

 MuMaLá advirtió sobre la eliminación de políticas públicas y la necesidad de restituir programas de prevención y asistencia a víctimas. “El gobierno nacional ha desmantelado las políticas de género”, afirmó Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal, quien pidió “asumir la gravedad del contexto”. El informe también destacó que el 73% de los femicidios fueron cometidos por parejas o ex parejas y que 120 niños quedaron huérfanos. Desde 2015, se registraron 2.589 femicidios y trans/travesticidios en el país.

Los rastrillajes en Entre Ríos para encontrar las otras partes del cuerpo hallado en la tarde del lunes, que podría tratarse del remisero Martín Sebastián Palacio que trasladó a Pablo Laurta, continúan este miércoles.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, en la jornada de hoy se están rastrillando la zona de Yeruá con caballos y drones.

Estos operativos se realizan debido a que el cuerpo encontrado estaba desmembrado y descuartizado, y solo se encontró en el lugar el torso.

Ahora, ante la falta de las otras partes, desde este martes siguieron llevando a cabo rastrillajes, los últimos en General Campos: “Están ampliando la búsqueda”.

Los operativos se efectúan mientras Laurta, el acusado de doble femicidio, crimen y secuestro, está siendo indagado por la fiscal Daniela Montangie.

Se espera que, luego de su testimonial, quede alojado en dicha fiscalía hasta que en las próximas horas sea trasladado a la provincia de Córdoba donde la fiscal a cargo de la causa por los dos femicidios le tome indagatoria.

Un cuerpo fue encontrado en la ciudad entrerriana de Concordia y la Justicia investiga si pertenece a Matías Sebastián Palacios, el remisero desaparecido que trasladó a Pablo Laurta, el acusado de asesinar a su ex pareja y su ex suegra y de secuestrar a su hijo de 5 años.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el cadáver fue hallado en cercanías del arroyo Yeruá, en el camino que une esa localidad con General Campos.

Las autoridades provinciales informaron que este domingo se llevaron a cabo rastrillajes en la trayectoria del recorrido que hizo el auto Toyota Corolla, aunque se cree que en un momento ya no lo conducía Palacios, si no que era Laurta.

Las cámaras de seguridad captaron que el vehículo en cuestión realizó este trayecto: Ruta Provincial N°22, autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N°18, San Salvador, Villaguay y luego Córdoba.

 Tras una intensa búsqueda que movilizó a fuerzas de seguridad de todo el país, Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, el niño de cinco años que había sido secuestrado en Córdoba luego del asesinato de su madre y su abuela, fue hallado este domingo por la noche en perfecto estado de salud en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, Entre Ríos.

El menor se encontraba junto a su padre, Pablo Laurta, quien fue detenido en el lugar y trasladado bajo estrictas medidas de seguridad. Laurta está señalado como el principal sospechoso de los femicidios ocurridos el sábado en una vivienda del barrio Villa Serrana, en la capital cordobesa, donde fueron encontradas sin vida su ex pareja y la madre de ésta, ambas con heridas de arma de fuego.

El hallazgo del niño fue posible gracias al trabajo conjunto entre las policías de Córdoba y Entre Ríos, que actuaron tras la activación del Alerta Sofía y una orden de búsqueda internacional emitida por Interpol.

“El menor fue encontrado en buenas condiciones físicas y ya está bajo resguardo del Estado”, confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, que además informó que el niño será asistido por un equipo interdisciplinario de contención psicológica.

Según la investigación, Laurta mantenía una obsesión por recuperar a su hijo, de quien no tenía la tenencia legal. Había creado páginas en internet y publicado mensajes en redes sociales con acusaciones sin fundamento hacia su ex pareja. “La víctima había denunciado reiteradamente situaciones de maltrato y contaba con una orden de restricción, aunque no logró activar el botón antipánico a tiempo”, señalaron fuentes judiciales.

El crimen ocurrió en la mañana del sábado 11 de octubre. Vecinos del barrio Villa Serrana relataron que escucharon disparos y vieron al hombre salir de la vivienda con el niño en brazos. “Fue todo muy rápido. Escuchamos los tiros y cuando salimos ya se estaba yendo en un taxi”, contó una vecina a medios locales.

A partir de ese momento, se montó un operativo nacional de búsqueda que incluyó controles en rutas, terminales y aeropuertos. La pista que llevó al hallazgo se originó en Entre Ríos, cuando personal policial detectó movimientos sospechosos en un hotel céntrico de Gualeguaychú.

 El comisario a cargo del operativo indicó que “la ubicación del sospechoso se logró gracias al alerta nacional y a la colaboración de la ciudadanía, que brindó información clave sobre sus desplazamientos”. Laurta fue detenido sin ofrecer resistencia y se encuentra a disposición de la Justicia de Córdoba.

Mientras tanto, los investigadores analizan una posible conexión entre el caso y un incendio ocurrido casi al mismo tiempo en una iglesia evangélica cercana, donde murieron dos niños de uno y cinco años, hijos de una familia uruguaya que residía en el lugar. Aunque por el momento no se confirmó un vínculo directo, las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación celebraron el hallazgo del niño y destacaron el trabajo articulado entre las provincias. “El rápido accionar de las fuerzas y la coordinación del Alerta Sofía permitieron salvar una vida”, expresaron voceros oficiales.

Con el menor a salvo y el principal sospechoso bajo custodia, el caso continúa su curso judicial. Laurta será trasladado en las próximas horas a Córdoba para prestar declaración indagatoria, mientras los equipos de investigación avanzan en la recolección de pruebas y testimonios.

El hallazgo de Pedro trajo alivio después de más de 24 horas de desesperación y angustia. “Está bien, está contenido y resguardado. Lo importante es que está vivo”, aseguró una fuente cercana a la familia, en medio de un caso que conmociona al país por su brutalidad y su desenlace esperanzador.

A veces, las grandes pasiones nacen en silencio, sin fuegos artificiales, en la intimidad de una búsqueda personal. Así comenzó la historia de Luis Emilio Benavento, un joven de 15 años que, lejos de las inquietudes habituales de su edad, dedica sus días a desentrañar los crímenes que sacudieron a San Francisco y sus alrededores. Su proyecto no es menor: está escribiendo un libro de investigación criminal que recorre hechos trágicos, algunos del pasado reciente, otros que ocurrieron incluso antes de su nacimiento, pero todos con un denominador común: marcaron profundamente a la sociedad.

Estudiante de cuarto año en el Ipem 145 “Dr. Francisco Ravetti”, Luis Emilio confiesa con naturalidad su fascinación por el derecho penal, vocación que asoma con fuerza en cada palabra. “Desde chico me gusta investigar. Veía programas del periodista Ricardo Canaletti y me llamaban mucho la atención. El primer homicidio que investigué fue el de Natalia Vercesi”, recuerda, haciendo referencia a uno de los crímenes más conmocionantes de 2009, cuando Vercesi fue asesinada por su esposo Alejandro Bertotti, con la complicidad de Leonardo Forti.

Ese primer caso fue el punto de partida. Desde entonces, Luis Emilio no paró: bucea en archivos periodísticos, revisa expedientes judiciales y realiza entrevistas a protagonistas directos de las causas. Entre ellos, el exfiscal de Delitos Complejos Bernardo Alberione, el médico forense Mario Vignolo y el abogado penalista Mario Ruiz. “Accedí primero a noticias por internet, luego fui recolectando contactos. Me ayudaron mucho con documentos, sentencias, análisis de los casos. Fue clave el apoyo de quienes aceptaron hablar conmigo”, relata a Posta / LA VOZ DE SAN JUSTO.

Con su libro, al que analiza titular “Las otras caras de San Francisco”, el joven autor tiene claro que quiere dejar una huella. “Sería un honor que Alberione escribiera el prólogo”, afirma con una mezcla de admiración y entusiasmo. La profesora Carolina Astegiano lo está guiando en el proceso de edición y será quien publique el libro a través de su editorial.

El enfoque de Luis Emilio es serio, meticuloso y respetuoso. Lejos del morbo o la espectacularización de la violencia, su intención es ofrecer una mirada técnica y objetiva. “No opino, no incluyo impresiones personales. Es un trabajo de análisis judicial y forense. No es literatura ni ficción, y tampoco busco impactar con el dolor, sino entender y recordar”, aclara.

En su investigación se encuentran casos de enorme repercusión como el de Marita Lanzetti, víctima de femicidio hace poco más de una década; el del ginecólogo Daniel Casermeiro, asesinado en circunstancias que aún despiertan preguntas; el misterioso crimen cometido por el veterinario  Hernán Vietti Colomé, con un trasfondo de herencias, sicarios y traiciones familiares; y los asesinatos de Mónica Parolini y Victoria Juncos, que también conmocionaron a la ciudad. Incluso incluye un caso del año 1933, para el cual entrevistó al historiador Arturo Bienedell, del Archivo Gráfico y Museo Histórico.

“Me motiva pensar que estos hechos no deben quedar en el olvido. Recordar es también una forma de concientizar sobre la violencia”

“Mi objetivo es ver desde lo técnico qué pasó, qué elementos se analizaron en las escenas del crimen, cómo actuó la Justicia. Algunos casos ocurrieron cuando yo ni había nacido, pero eso no me impidió interesarme”, explica con claridad. La curiosidad y la vocación son sus motores. “No hay costo emocional en este trabajo, al contrario, me motiva pensar que estos hechos no deben quedar en el olvido. Recordar es también una forma de concientizar sobre la violencia”.

Aunque no entrevistó a familiares de las víctimas, el joven autor asegura que trata cada caso con el máximo respeto. “No quiero afectar a nadie. Espero que si leen mi libro, puedan ver que lo hago desde un lugar sincero, de memoria y aprendizaje”, subraya.

“Espero tenerlo terminado para finales de este año. Me encantaría verlo en una Feria del Libro o en librerías. Ojalá eso pase”

Luis Emilio vive en el barrio Dos Hermanos y, aunque sus familiares y amigos inicialmente vieron su proyecto como algo inusual para su edad, hoy lo acompañan con orgullo. “Me apoyan. Al principio lo vieron como raro, pero entendieron que esto es lo que me gusta”, dice con una sonrisa tímida.

El libro también tendrá un componente visual: contará con ilustraciones de Bruno Reyna, otro talento joven de la ciudad. “Espero tenerlo terminado para finales de este año. Me encantaría verlo en una Feria del Libro o en librerías. Ojalá eso pase”, sueña en voz alta.

Pero más allá de la publicación, hay una semilla que ya ha germinado: Luis Emilio se proyecta en el futuro como abogado penalista, y este primer trabajo ya lo ubica en el camino. “Me gustaría dedicarme al derecho penal. Esta experiencia me está ayudando a ver si de verdad es lo mío… y creo que sí lo es”.

Mientras tanto, sigue escribiendo, investigando, entrevistando. A sus 15 años, no quiere cambiar el mundo de golpe, pero sí aportar su grano de arena. “Me gustaría que este libro sirviera para reflexionar, para pensar, para recordar. Porque hoy sigue habiendo homicidios, femicidios. La violencia está todos los días en la calle. Y si algo de lo que escribo ayuda a que tomemos conciencia, entonces valdrá la pena”.