En el comienzo del escándalo político y de las instancias judiciales que lo tienen como protagonista por supuesto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondió a una consulta con la frase “apenas sos un periodista”, intentando subrayar que la prensa no tiene el rol de juez para evaluar sus gastos personales.

Días después, el presidente Javier Milei dejó al descubierto -por lo menos hasta el momento de escribir estas líneas- que la estrategia del gobierno para defender a Adorni pasa por redoblar los ataques a la prensa. Entonces, volvió a apelar a la agresión señalando que el 95% de los periodistas son “delincuentes”. Asimismo, cuando viajó a Israel, insistió en que gran parte de los periodistas juegan para “las fuerzas del mal”.  Insiste en reiterar el repertorio que le sirvió para hacerse conocido en las redes sociales hace algunos años, pero que resulta riesgoso si es utilizado por un presidente.

También se reveló, según una investigación de organizaciones periodísticas internacionales, que algunos medios de comunicación y periodistas alineados con posiciones contrarias al gobierno habrían recibido pagos para difundir información falsa con la intención de erosionar la confianza pública. De acuerdo con ese informe, los fondos estarían relacionados con  organizaciones con posibles vínculos con intereses rusos, con antecedentes de campañas de desinformación detectadas en otros países.

En ese marco y en medio de esas denuncias, la relación conflictiva con la prensa alcanzó un nuevo punto de tensión cuando el gobierno prohibió el ingreso a la Casa Rosada primero a los periodistas de los medios que habrían actuado en esa campaña de desinformación. Y escaló luego, denunciando filmaciones difundidas por un canal de noticias que “podrían afectar la seguridad nacional”, retiró las credenciales de todos los trabajadores de prensa destacados allí, en una decisión que no tiene antecedentes ni siquiera en la última dictadura militar.

Se podrá señalar que la arremetida contra la prensa no figura entre los temas urgentes que afectan la vida de los argentinos. Pero estos episodios, en especial la prohibición, afectan el esencial principio de libre expresión y roen el derecho a la información de una sociedad.

Bajo aquello de que  “no odiamos suficiente a los periodistas” se reflotan acusaciones con agresividad verbal y desdén hacia la función de la prensa.

De todos modos, vale aclarar que la tirria del poder contra el periodismo no es nueva. Solo cambian las épocas, los personajes, los tonos y los modos de deslegitimación. Van desde la censura lisa y llana en tiempos lejanos, pasando por restricciones más sutiles como presión económica e intentos de imposición cotidianos, pero solapados; hasta llegar a “pedidos de cabezas”,  “invitaciones” a salivar las fotografías de los periodistas, proferir insultos de toda laya y exclamar agresivamente generalizaciones incomprobables que terminaron esta semana una decisión prohibitiva que la historia no registra.

Es preciso admitir  la crisis de la comunicación masiva por imperio de factores internos y externos que han irrumpido con fuerza.  Este es el contexto en el que aparecen prácticas que degradan al periodismo. Algunas desplazan la verificación por la operación y la búsqueda de la verdad por intereses ajenos a la tarea informativa. En ese mismo sentido, influyen las posturas que dejan de lado la imprescindible mirada crítica sobre la realidad para adoptar la militancia en  favor de alguna facción.

Pero ni siquiera tomando en consideración estas circunstancias que afectan a la prensa y a los medios en un tiempo de profundas reconfiguraciones éticas, políticas, tecnológicas y discursivas, pueden justificarse ataques indiscriminados. Además, se ignora el aporte valioso que el periodismo hace a la salud republicana cuando revela hechos de corrupción y pone en evidencia a sus protagonistas, casi siempre cercanos al poder.

El próximo 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La efeméride se presentará como una ocasión propicia para reflexionar sobre aquella frase de Adorni. Un concepto que puede dejar de ser un agravio para transformarse en una definición. No para aceptar los intentos de desacreditación generalizados. Tampoco como respuesta a quienes tildan al 95% de los hombres de prensa como delincuentes ni para reclamar a quienes prohíben el trabajo del periodismo en el recinto del poder. Sí como una forma de rescatar el valor social de este oficio frente a los cuestionamientos de los gobernantes de ahora y de todos los tiempos.

Los intentos de deslegitimación, las presiones y los agravios continuarán. Y obligarán a redoblar la mirada hacia adentro del oficio. Porque, como sostiene el periodista sanfrancisqueño Ricardo Trotti, la crisis de la prensa no se resuelve con mejores herramientas tecnológicas sino con estándares éticos más exigentes que se encarnen en las tareas centrales de preguntar, investigar, verificar y relatar con honestidad intelectual.

Ser “apenas un periodista” es nada más que eso. Nada menos que eso.

En declaraciones periodísticas, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el hecho de que funcionarios del gobierno y legisladores hayan accedido a créditos hipotecarios del Banco Nación. Estos préstamos originaron un pedido de investigación impulsado por diputados opositores.  

Las palabras del funcionario resonaron con fuerza: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, dijo. Afirmó que él mismo incentivó el uso de estas líneas: “Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única”.

La misma mirada, aunque más “penetrante”, fue exhibida por el presidente de la Nación en una entrevista reciente. Milei minimizó la controversia argumentando que su uso no causó muertes, ni afectó la libertad de las personas. Agregó que los préstamos se tomaron a tasas de mercado, con lo que cerró cualquier posibilidad de debate e ignoró aspectos como la desigualdad en el acceso o la discusión sobre el destino de los fondos públicos.

En verdad, la legalidad de estos créditos estaría fuera de discusión. No obstante, en el plano de la ética pública es donde aquellas explicaciones pierden consistencia. En la Argentina nos hemos acostumbrado a que ciertos sectores o personajes tienen privilegios a la hora de alcanzar algunos beneficios. Saltarse la cola para acceder antes que los demás a determinados privilegios es un hecho de una habitualidad lamentablemente naturalizada.

En este sentido, el caso del vacunatorio VIP durante la pandemia permite entender el propio límite del razonamiento presidencial: allí sí pueden identificarse consecuencias graves, incluso muertes, producto de las decisiones discrecionales de los funcionarios kirchneristas. Pero si ese fuera el único umbral para cuestionar una conducta, quedarían fuera del análisis una serie de prácticas que, sin provocar daños inmediatos ni restringir libertades, afectan principios esenciales de la ética pública y erosionan la ilusión de muchos ciudadanos que apostaron a la llegada de un outsider que venía a “limpiar” los privilegios y abusos de una casta política responsable, sin dudas, de la decadencia nacional.

La distinción entre lo legal (lo permitido por las normas) y lo ético (lo correcto en función de valores como el bien común y la equidad) es un debate clásico de la filosofía política. Por ello, los préstamos que recibieron altos funcionarios bien pueden ser cuestionados desde la ética administrativa y la transparencia que debe reclamarse a las acciones de gobierno.

Aunque el ministro de Economía diga que los préstamos del Nación están disponibles “para todos”, acceder a los montos que se han publicado no es habitual. Los salarios de la administración pública, aun cuando quien lo reciba ocupe una alta función, tampoco permitirían préstamos millonarios. Asimismo, funcionarios del área económica o del oficialismo pueden verse beneficiados por tener información privilegiada, hecho que sí ingresaría en el terreno del derecho. De igual modo, si el acceso a los préstamos es facilitado por la cercanía política o por el otorgamiento de favores, también la cuestión legal juega en el análisis.

Reducir la ética pública a la ausencia de daño visible es confundir legalidad con legitimidad. La historia reciente ofrece ejemplos elocuentes: las designaciones de familiares en cargos estatales antes de su prohibición no produjeron muertes ni restringieron libertades, pero sí lesionaron principios básicos como la igualdad de oportunidades. Las habituales excepciones en los procesos licitatorios que direccionan los recursos a los “amigos del poder” pueden estar revestidas de legalidad si cumplen determinados requisitos, pero los principios de transparencia y competencia, pilares de la ética pública, se debilitan al extremo.

Es decir, la evaluación ética de una decisión gubernamental no debería agotarse en observar si produjo un daño inmediato (según Milei, muertes o pérdida de libertades), sino que puede ser cuestionable si consolida desigualdades o compromete recursos públicos que podrían destinarse hacia otros fines. Por ejemplo, no hay ilegalidad en que una diputada oficialista por Salta destine los pasajes de avión que recibe cada mes para que su hijo pueda estudiar en Buenos Aires. Pero reducir la discusión a que no hay daños graves para otros implica una mirada minimalista de la ética. Además, en una república los recursos del Estado deben orientarse al bien común, no solo a operaciones “correctas”.

En este contexto, el valor de la equidad se ve afectado. El acceso al crédito para el ciudadano promedio es caro, difícil o burocrático y el hecho de que altos miembros del gobierno utilicen el cupo de préstamos de un banco público trastoca el orden de las prioridades que deberían guiar la misión de esa entidad financiera.

En definitiva, lo que está en discusión no es si algo puede hacerse, sino si debe hacerse. En el primer caso, la Justicia dilucidará la cuestión. En el segundo, referido a la ética, las zonas grises abundan.

La petrolera YPF es, desde hace días, protagonista de la realidad nacional. Viene ajustando los precios de los combustibles en un contexto internacional tensionado por la guerra en Medio Oriente, entre otros factores. A eso se suma el fallo de la Justicia de Estados Unidos, que fue recibido con estruendoso alivio por el gobierno nacional.

Lo que en términos judiciales constituye un resultado favorable -al menos en esta instancia- fue rápidamente presentado como un triunfo político y utilizado como proyectil para arrojar a los adversarios. Es decir, se evita el pago de 16 mil millones de dólares (o más según algunas interpretaciones), pero apenas la política toma nota de la auspiciosa novedad, la convierte en un elemento de la batalla ideológica. “Me atribuyo el éxito y humillo al otro”, es frase de cabecera.

Atreverse a señalar que hubo continuidad en la estrategia defensiva en los tribunales de Nueva York resulta difícil de explicar. No es sencillo sostener este argumento en un país donde los líderes políticos están enfrentados y no se dirigen la palabra. Lo que puede denominarse “continuidad” fue más inercia que empuje. No hubo coordinación estratégica entre gobiernos sucesivos. Lo que existió fue la persistencia de una línea defensiva que ningún gobierno reformuló de manera integral, no por acuerdo estratégico sino por falta de alternativas claras y de consensos, lo que impide -en este caso y en muchos otros- alcanzar el estatus de política de Estado.

En ese marco, Milei y Kicillof, los protagonistas de esta saga, usaron el fallo para conseguir oxígeno político. Y no dudaron en convertirlo en herramienta de la batalla ideológica y cultural.

El presidente celebró la decisión del tribunal norteamericano con su tono agresivo habitual. Aprovechó para insistir en descalificar a quienes, embebecidos en su lógica ideológica, tomaron decisiones que sentaron al país en el banquillo. En ese contexto, la sentencia judicial también contribuyó, al menos momentáneamente, a desplazar el impacto de las semanas de zozobra que atraviesa el gobierno por la “confusión” entre lo público y lo privado de su jefe de Gabinete.

Por su parte, el fallo le quitó a Axel Kicillof el mayor peso de su potencial campaña presidencial: enfrentar debates en los que tendría que justificar ante los contribuyentes un gasto tan elevado decidido por él mismo. El gobernador de Buenos Aires entrevió la oportunidad de reivindicarse como el impulsor exitoso de la YPF estatal y utilizó el fallo para escalar su “cruzada” cuyo objetivo es convertirse en el líder del peronismo. Los abucheos que recibió en un acto de egreso de policías de su provincia son signo de está todavía lejana de alcanzar esa condición. Además, en su mochila todavía pesan las críticas de los jueces sobre la violación del estatuto de la empresa y la inseguridad jurídica que sembró.

Así, en ambos casos, la narrativa del triunfo histórico asoma efímera porque funciona en el corto plazo, pero no tiene la consistencia necesaria para sostenerse más allá de la coyuntura. De este modo, la épica con la que la política abordó el éxito en los tribunales neoyorquinos forma parte de una dinámica de calesita en la que predomina la incapacidad estructural de la dirigencia para construir sentido común compartido. Es un movimiento constante sin desplazamiento, en el que la sortija no sale.

En definitiva, la política argentina sigue rodando en círculos. Hasta lo que puede considerarse un triunfo queda atrapado en una lógica de confrontación que impide encontrar nuevos puntos de partida.

“Cuando enseño en Berkeley, en el primer curso de Ciencia Cognitiva, lo primero que hago es darles a los estudiantes un ejercicio. El ejercicio es: no pienses en un elefante. Hagas lo que hagas, no pienses en un elefante”.

Así comienza uno de los capítulos del libro del lingüista norteamericano George Lakoff, titulado precisamente “No pienses en un elefante”, que analiza el discurso y el lenguaje de la política. El autor revela que, después de varios años, “no he encontrado todavía a un estudiante capaz de hacerlo”. Todos piensan en un elefante y activan un marco, un escenario en el que se les aparece el paquidermo.

La conclusión de Lakoff es que “cuando negamos el marco, evocamos el marco”. Recuerda al respecto que cuando se descubrió que Richard Nixon estaba involucrado en el escándalo Watergate, “se dirigió al país por  televisión. Se presentó ante los ciudadanos y dijo: ‘No soy un criminal’. Y todo el mundo pensó que lo era”.

Sobran los ejemplos de personajes públicos -no solo de la política- acorralados por denuncias que apelan al lenguaje defensivo y promueven el conflicto con sus interlocutores para evitar las explicaciones que deben brindar a la opinión pública sobre los hechos que protagonizan. El objetivo es que el contenido del mensaje se diluya en la confrontación.

La última conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acuciado por las denuncias sobre sus viajes en aviones privados y sus supuestas omisiones de bienes en sus declaraciones juradas, mantuvo esa dirección. “No tengo nada que esconder”; “vos no sos juez”;  “no me voy a sentar a que me den clases de ética”, fueron las frases que más resonaron luego de su exposición. Su estrategia discursiva se apoyó en un marco. Pero la repercusión de sus dichos cruzó de vereda. La regla de Lakoff no se cumplió. En la comunicación política, “negar en negativo” no neutraliza ni atenúa las imputaciones. Muchas veces las refuerza.  

Por cierto, las estrategias discursivas pueden variar. Y, sin embargo, producir efectos similares.  “Me acusan de ser responsable de 203 casos de cohechos pasivos, coimas. ¿Dónde, cuándo, cómo, quién las recibió? ¿Yo? ¿De quién? ¿Cuándo, cómo, cuánto? Pero además, ¿dónde está toda esa plata?”; “Si me hubiera robado miles de millones no estaría sentada acá”. Las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en su alegato frente a los jueces que la juzgan en la causa Cuadernos procuraron, además de negar, amplificar los márgenes del debate hasta volver difuso el eje central. Cuestiona la verosimilitud de las acusaciones, pero no las refuta.  

Este modo de defensa, al correrse de los hechos concretos hacia contextos más generales, no esclarece. Por el contrario, la expansión del mensaje hacia otros planos mediante un exceso de lenguaje, el uso de consignas reiteradas y la diseminación de acusaciones hacia otros terrenos no desmiente ni oculta los hechos.  Y termina generando la misma consecuencia: se niega el marco, pero quien recibe el mensaje lo evoca.

Debe admitirse no obstante que, en este tiempo, hay quienes no comprenden o no asumen los efectos de este tipo de lógicas discursivas en la política. Especialmente esto ocurre entre quienes conviven en las “cámaras de eco” de las redes sociales. Sistemas de circuito cerrado en los que sus participantes hablan y se escuchan entre ellos, instalados en la comodidad de un territorio donde no son contradichos y en el que se difunden mensajes para negar -otra vez este verbo- el marco en el que ocurren los hechos.

En octubre de 2022, Javier Milei, desde siempre un activo usuario de estas redes, denunciaba que el gobierno anterior saturaba el relato para ocultar la situación económica. En ese contexto, escribió: “¿Cómo se hace para esconder a un elefante? Se lo rodea de una cantidad enorme de elefantes”. Por estos días, uno de sus principales funcionarios utiliza la misma estrategia. Un recurso discursivo que el kirchnerismo utilizó frecuentemente cuando dominaba la escena y que reaparece ahora en los estrados judiciales. Al menos en este punto, distintos pero parecidos.

Cuando se enfrentan a la imposibilidad de explicar sus acciones, los políticos de todo el mundo intentan disolverlas mediante un exceso de lenguaje, negaciones sistemáticas, elaboración de teorías conspirativas y consignas, entre otros recursos. Son los elefantes que terminan ocultando lo esencial.

En un ensayo político titulado “Post populismo: la nueva ola que sacudirá a Occidente”, el politólogo francés Thibauld Muzergues plantea la aparición de una nueva fase política que surge tras la "disrupción populista" de la década anterior. Lo hace a partir del análisis de la experiencia del gobierno derechista de Giorgia Meloni en Italia.

A partir de los giros pragmáticos de la líder italiana, establece que podría comenzar un período en el que las tendencias políticas de derecha superen las lógicas populistas clásicas y adopten rasgos mixtos entre el liberalismo económico, el conservadurismo político y nuevas formas de gestión que podrían alterar la manera en la que históricamente se han concebido las instituciones democráticas.

La “nueva ola” procuraría superar la dicotomía populistas de “nosotros versus ellos” para regresar a un debate ideológico más tradicional en las que las categorías “derecha – izquierda” volverían a aflorar, aun cuando pudieran aparecer nuevos términos para denominarlas.

En este marco, el autor sostiene que Meloni va camino a convertirse en una líder post populista: en política exterior rompió con la tradición de la derecha radical europea de coquetear con Rusia, apoya la Otan y a Ucrania y se asume europeísta. Además, su gestión, no exenta de sobresaltos, mantiene la estabilidad de los mercados y ha moderado la retórica extremista con la que llegó al poder en la cresta de la ola populista. Esto da paso a que se la observe como una estadista fiable, que, sin embargo, no renuncia a su agenda conservadora. Para Muzergues, el camino de la primera ministra italiana es el que probablemente sigan las derechas que quieran sobrevivir a largo plazo.

A partir de ese análisis, mientras aún resuenan los ecos del estruendoso, por momentos escandaloso, episodio de un presidente vociferando desde un atril en el Congreso de la Nación contra un sector de la oposición que tampoco se quedó atrás en sus airadas manifestaciones y en el momento en el que la humanidad experimenta  otra preocupante experiencia de guerra que exhibe todavía la vigencia de lógicas populistas, podría pensarse que la Argentina todavía navega en el encrespado mar del populismo, aunque con indicios de que podría surgir algo similar a eso denominado post populismo. Es decir, se viviría un tiempo híbrido.

Por un lado, el discurso del Congreso reprodujo con claridad el antagonismo planteado por Ernesto Laclau: la retórica inflamada para marcar la frontera entre “nosotros y ellos”. La teatralización estudiada del presidente para su presentación en el Parlamento encaja de lleno en el populismo clásico.

No obstante, diferencia de las prácticas populistas previas que buscaban alianzas "antihegemónicas", Milei ha declarado un alineamiento incondicional con EE. UU. e Israel. Asimismo, con alteraciones coyunturales y varias contradicciones, el gobierno insiste en ejecutar un programa rígido, en el que aparecen claves ideológicas tradicionales que lo acercan al planteo post populista. La épica del lenguaje populista centrada en la lucha contra “la casta” -destinataria de insultos varios del presidente durante su discurso en el Congreso- convive con el lenguaje técnico de administración sana, promesas (aunque sin precisiones) de nuevas y numerosas reformas y búsqueda de previsibilidad macroeconómica.

Un último dato dispara interrogantes. Se trata del  anuncio sobre  “modificar la arquitectura institucional” que refuerza las dudas acerca de cómo se concibe el funcionamiento de las instituciones democráticas, un flanco que abre caminos potencialmente riesgosos.

En definitiva, mientras el eco del atril sigue resonando, el outsider que llegó para derribar con la motosierra un sistema político decadente utiliza las formas populistas de siempre, aunque muestra indicios de que podría transitar un camino hacia el post populismo.

Algo similar podría ocurrir en el laberinto opositor. Mientras los sectores más radicalizados mantienen lógicas que no logran mover el termómetro electoral, la posibilidad cierta de que el gobierno sea ratificado el año próximo en las urnas comienza a impulsar intentos de reunir facciones cercanas a la tradicional categoría ideológica de la izquierda o centroizquierda, bajo la premisa -al menos declarativa- de no repetir prácticas populistas fracasadas. Siguiendo el razonamiento del autor francés, también allí podría registrarse un viraje hacia el “post”.

Quizás el rasgo dominante de esta etapa sea la hibridez. Esto es, una realidad política en la que el eco del atril muestra al populismo clásico, pero que empezaría a insinuar algo diferente.

Alcanza ribetes insólitos -hasta llega a extremos de ridiculez- la decisión de la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino de suspender la novena fecha del torneo de la Liga Profesional, debido a que los máximos dirigentes de esa entidad fueron citados a declarar ante la Justicia en una causa por una supuesta millonaria evasión fiscal.

La trama del anunciado lockout futbolero revela, una vez más, que el ejercicio del poder está plagado de gestos y decisiones cargados de significación. En este caso, se confirma aquello de que los sistemas de poder construyen su propio relato con la intención de perpetuarse.

Asimismo, las reacciones de los protagonistas cuando se hallan en problemas están escritas en los manuales: negación o minimización, búsqueda de chivos expiatorios, denuncia de persecuciones, aumento del control, cooptación de aliados e intensificación en la toma de decisiones que tienen como objetivo aparentar firmeza o resistencia. A veces, por la tensión existente, bajo la presión y la amenaza de que se derrumbe lo “construido”, algunas de estas estrategias afloran en decisiones de una torpeza manifiesta.  La huelga del fútbol parece ser uno de esos casos.

Si bien no se relacionan directamente con la causa que motivó la citación judicial de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, sus apellidos atraviesan otros asuntos que son materia de investigaciones en los tribunales. En uno de ellos, el sobrevuelo de drones sobre una fastuosa residencia en Pilar, Buenos Aires, cuya propiedad estaría vinculada al tesorero de la AFA , permitió descubrir la existencia de un extravagante helipuerto. En un extremo del sitio donde aterrizaban helicópteros que habrían transportado a encumbrados personajes cercanos a ámbitos de poder (como el judicial) para participar de lujosas celebraciones, aparece el nombre de Servicios Neurus, una firma asociada al opaco entorno de este personaje siempre agresivo en sus apariciones en redes sociales. Quizás sea coincidencia. Tal vez no. Pero esa denominación activa la memoria cultural compartida y remite a un dibujo animado que marcó a generaciones: Hijitus.

El poder caricaturizado

En aquella inolvidable creación de Manuel García Ferré, Neurus es el autoritarismo hecho caricatura. El profesor tiene la obsesión de concentrar el poder. Y, para ello, monopoliza la palabra y reduce a los demás a meros ejecutores. Una frase muy repetida, condensa este modo de actuar: “Uno para ti, otro para ti y cien para mí”. Expresa una concepción del orden basada en la desigualdad, ajena a la justicia o al mérito y apoyada en decisiones que no admiten discrepancia. La legalidad y el sentido común se subordinan a la conveniencia del que manda y ordena.

Para que exista esta manera de ejercer el poder se necesitan personajes como Pucho, cuyas limitaciones -personales o contextuales- reducen su capacidad de respuesta y generan una obediencia que no nace de la racionalidad, sino de la dependencia, y que, a veces, deriva en complicidad.

Así, la semiología -disciplina que, a veces y con alguna razón, es calificada como excesivamente abstracta- encuentra aquí una aplicación concreta. En la AFA, dos Neurus, uno de los cuales incluso estampó ese nombre en un helipuerto, protagonizan un guion en el que el poder se encierra para proteger sus propios intereses, aun a costa de perjudicar al conjunto. Y varios Pucho, dirigentes de ligas o clubes, otorgan callando, replican en sus redes comunicados de apoyo calcados o deben salir a explicar a la afición que no son “corderitos”. Mientras, las tribunas rugen.

El paro del fútbol ya lanzado y los evidentes gestos de obediencia dirigencial que delatan dependencia conforman una trama que excede largamente las peripecias judiciales de Tapia y Toviggino, pues revela cómo el poder se representa a sí mismo y de qué modo su afán de autoprotección comunica, de forma cada vez más explícita, el objetivo de alcanzar impunidad.  

Sin embargo, en la entrañable historieta, por torpeza o falta de malicia, el ayudante del autoritario profesor termina complicándole la vida al soberbio estratega que piensa y ejecuta buscando su propio beneficio. Puede inferirse entonces que hay espacio para la esperanza de que aparezcan algunos Pucho involucrados en el mundo del fútbol que se propongan neutralizar a los Neurus de la AFA.

Varias frases utilizadas en las crónicas periodísticas para explicar situaciones que se producen en las contiendas deportivas están cargadas de significados oportunos para aplicar a la palpitante y convulsa política nacional. Mucho más en una semana agitada, en la que el gobierno volvió a enredarse solo, cometió errores de principiante y dejó la pelota picando en la puerta del arco… De su propio arco.

En este juego de analogías, resulta inevitable evocar aquel entretiempo del Mundial de 1990, cuando, tras haber sufrido un verdadero baile ante Brasil, el entonces director técnico de la selección nacional se limitó a advertirles a sus jugadores que “si se la siguen dando a los de amarillo vamos a perder”. Si bien en la simbología política argentina el amarillo se identifica con lo que queda del PRO, aliado del gobierno, la lógica de aquella frase de Carlos Bilardo, personaje al que públicamente el presidente le expresa admiración, también aplica a lo ocurrido.

El gobierno se vio contra las cuerdas cuando advirtió que el artículo referido a las licencias por enfermedad incluido en el proyecto de reforma laboral había caído muy mal, incluso en muchos de sus propios votantes. El episodio expuso, una vez más, una seguidilla de errores no forzados. Nadie se hizo cargo de la inclusión de ese texto, aprobado a ciegas por senadores que dieron muestras de amateurismo parlamentario, y las explicaciones posteriores del ministro Federico Sturzenegger definitivamente embarraron la cancha. El intento de “arreglarlo” luego vía decreto reglamentario fue percibido como una jugada antirreglamentaria. La intención de cambiar las reglas de juego cuando el partido se estaba jugando evocó de inmediato las argucias de la actual dirigencia de la AFA. Finalmente, algo de cordura apareció y el artículo 44 fue eliminado del proyecto que, no sin sobresaltos, aprobó Diputados y remitió nuevamente al Senado.

Gracias a los desajustes tácticos y estratégicos del gobierno, la CGT, que venía perdiendo todos los rounds, se despabiló. Encontró argumentos, clima y oportunidad para llamar a un paro general. Cuando todo indicaba que estaba por tirar la toalla, la oposición más dura se paró de nuevo en el centro del ring. La votación favorable en Diputados aminoró el fallido que casi provoca el despiste del oficialismo y recordó aquella memorable asistencia de Maradona para que Caniggia definiera el cotejo en el que le daban todas las pelotas a los de amarillo y sellara el pase a la siguiente ronda.

La aprobación de la reforma sin el texto más resistido y la expectativa de su pronta sanción definitiva atenuaron el barquinazo. Pero el partido, claramente, no ha terminado. El cierre de Fate fue un golpe seco, de esos que hacen tambalear incluso al que va ganando. Se da en un contexto económico que empieza a mostrar efectos sociales evidentes. Tanto que hasta el Fondo Monetario Internacional habló de “mitigar los costos de transición”. Es un banderín en alto que advierte sobre la necesidad de encontrar recetas para no caer en “offside” frente a una problemática muy sensible.  

Sin embargo, pese a que la actuación de su equipo tiene aspectos que desconciertan,  Milei sigue conservando un importante nivel de aceptación. La explicación vuelve a estar en la política: no aparecen alternativas sólidas, ni liderazgos que disputen el dominio del juego. Escenas como la de una diputada desconectando micrófonos y lanzando insultos en plena sesión funcionan como muestras del desenchufe de una oposición que no logra conectar en la cancha.

Todo indica que el oficialismo buscará exhibir la sanción definitiva de la reforma laboral como trofeo en la próxima apertura de sesiones del Congreso. En verdad, sería una victoria relevante para un gobierno no peronista. Pero el juego sigue. Y varios funcionarios parecen haberse acostumbrado a meter dentro de su propio arco las pelotas que van afuera. Por eso, frente a lo acontecido en los últimos días y aunque el tablero marque ventaja, prevalece la cautela.

Tras la agitada semana que se vivió, si esto fuera un tuit, el jefe de Gabinete escribiría “fin”. Pero en la política argentina, como en el fútbol, el alargue y los penales siempre traen sorpresas.¿Fin?

La semana que pasó estuvo marcada por el triunfo oficialista en el Senado. Por primera vez desde el retorno democrático, un gobierno no peronista logró avanzar sobre un terreno que había resultado inaccesible para Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. La reacción presidencial no se tiñó de sus habituales estridencias: hubo celebración medida, quizás como resultado de que la media sanción fue posible a fuerza de pragmatismo y una dosis de realismo político.

De todos modos, el gobierno alcanzó una victoria política relevante que rompe con el estigma del fracaso recurrente de los gobiernos no peronistas en materia laboral. Es verdad que debió negociar con estructuras como el sindicalismo y los gobernadores y resignar parte del contenido original del proyecto. No obstante, la media sanción alcanzó para quebrar una inercia histórica. Por primera vez, el statu quo sindical y la resistencia combinada de algunos sectores gremiales y políticos no lograron bloquear por completo una reforma laboral. No se demolió el viejo modelo, pero sí se lo fisuró.

El proyecto que salió del Senado rumbo a Diputados sufrió más de 50 modificaciones respecto del dictamen original. Una victoria de los gremios fue conservar la facultad de cobrar compulsivamente los llamados “aportes solidarios”, con un tope del 2%. Como gesto de equilibrio, se mantuvieron también los aportes obligatorios de las cámaras empresarias, limitados al 0,5%. Asimismo, el gobierno dio marcha atrás en la reducción de la carga patronal destinada a las obras sociales sindicales.

Los gobernadores lograron la eliminación del artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias del 35% al 31%. No hubo reforma tributaria y tampoco alivio fiscal para el sector productivo. En ese terreno, el cambio quedó postergado. Asimismo, el Fondo de Asistencia Laboral fue aprobado sin sobresaltos. En materia de servicios esenciales, educación y cuidado de menores deberán garantizar un 50% de prestación durante medidas de fuerza. También, se avanzó en el traspaso del fuero laboral federal a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, aspectos como el régimen de licencias por enfermedad, las vacaciones y los bancos de horas podrían ser factibles de modificaciones, pese a la intención oficial de que en Diputados el proyecto se apruebe tal como llegó del Senado.

Así, resulta evidente que el proyecto aprobado no constituye una solución integral a los problemas del mercado laboral. Pero tampoco lo habría sido una norma más ambiciosa o ideológicamente más “pura”. Son muchos los aspectos de la vida política y económica que deben transformarse en el país, y por eso es un error suponer que una sola ley pueda revertir décadas de decadencia.

Los sindicalistas, beneficiarios directos de una legislación obsoleta, no lograron articular una respuesta contundente. No hubo paro general porque no había adhesión. La CGT marchó, pero se marchó tan pronto como comenzaron los incidentes. Sus líderes mostraron un silencio casi satisfecho. Salvaron la caja, conservaron algo de su poder y evitaron una confrontación frontal. Los gremios combativos quedaron fuera de la discusión real. Y la izquierda extrema volvió a refugiarse en la violencia, las bombas molotov, los piedrazos y su retórica agarrotada. Habría que sugerirle que proyecte alguna reforma en este aspecto porque sus métodos generan amplísimo rechazo.

La modernización laboral, si se convierte en ley, fungirá como una señal del debilitamiento del peronismo y del sindicalismo tradicional. Fragmentación, falta de liderazgo y ausencia de una alternativa creíble explican el desenlace distinto. Para peor, el kirchnerismo sigue ofreciendo las mismas recetas, con la promesa de repetirlas con mayor fervor ideológico.

En su libro “Gracias por llegar tarde”, el prestigioso periodista estadounidense Thomas Friedman advierte que el mundo del trabajo cambió de manera irreversible. Sostiene que pretender sostener estructuras del siglo XX en una economía del siglo XXI conduce a más informalidad, menos empleo registrado y un sistema previsional al borde del colapso, variables verificables en la Argentina de hoy.

Frente a esta realidad, la reforma laboral que ahora tratará la Cámara de Diputados no destruye el viejo modelo, pero tampoco lo eterniza. Quizás no sea la que el oficialismo soñó. Pero es la primera vez que se está a punto de atravesar un muro que durante décadas fue inexpugnable.

“La  confianza (de una sociedad en sus gobernantes) solo es posible en un estado medio entre saber y no saber. Confianza significa: a pesar del no saber en relación con el otro, construir una relación positiva con él. La confianza hace posibles acciones a pesar de la falta de saber. Si lo sé todo de antemano, sobra la confianza. La transparencia es un estado en el que se elimina todo no saber. La exigencia de transparencia se hace oír precisamente cuando ya no hay ninguna confianza”.

El filósofo coreano Byung Chul Han, en su libro “La sociedad de la transparencia”, escribe que confianza y transparencia son caras opuestas de una misma moneda. Cuando se rompe la confianza, asoma la necesidad de la transparencia. Por extensión, cuando los indicadores que marcan la vida de la sociedad no son confiables, el reclamo porque lo sean se torna imperativo y la necesidad de explicaciones cristalinas aparece con nitidez.

La renuncia del economista Marco Lavagna a la titularidad del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos abrió el escenario de sensaciones descripto más arriba. Recobró vigor la histórica desconfianza en los guarismos que se difunden sobre la inflación, aumentada a niveles estratosféricos luego del estropicio cometido por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno entre 2007 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas cuando se alteraron de manera escandalosa los números. En la semana han vuelto a escucharse reclamos de transparencia. Algo atenuados por cierto desde quienes intentan minimizar aquella destrucción del prestigio del Indec. En estos casos, según Pablo Mendelevich, se simula “una  equiparación de pecados, por llamarlos de alguna manera, con eventuales debilidades de sus adversarios y así licuar culpas”. El mensaje sería, “vieron, hacen lo mismo que Moreno”, aunque sin cuestionar lo que hizo este singular personaje.

No sorprende, por cierto, que el gobierno de Milei haya vuelto a dejar la pelota en la red al cometer un nuevo error no forzado. La susceptibilidad sobre las mediciones del Indec se había atenuado en los últimos dos años. Más allá de su filiación política, el funcionario renunciante había continuado trabajando luego de la asunción de este gobierno y su figura fue elogiada por las más altas autoridades. Se había transformado en un ejemplo simbólico de la primacía de las instituciones por sobre los intereses partidarios. Tras el portazo, hoy es vilipendiado por las usinas mileístas en las redes sociales. Asumir actitudes similares al kirchnerismo no figuraba entre las promesas de los actuales gobernantes.

Lo cierto es que la salida de Marco Lavagna reavivó la desconfianza en las estadísticas oficiales. El Indec no es hoy el espacio militante y falaz de la época de Moreno ni atraviesa hoy una crisis comparable a la de otros períodos. Sin embargo, la renuncia de su titular -motivada porque el Ejecutivo rechazó el cambio de metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor- generó preocupación en la ciudadanía. Y también en los organismos internacionales, los potenciales inversores y actores económicos que toman decisiones a partir de los datos oficiales.

Al mismo tiempo, el ruido sobre la estratégica económica se intensificó. La desaceleración inflacionaria es uno de los activos políticos más significativos del gobierno. ¿Lo sigue siendo luego de un episodio en el que se refuerza la idea de oportunismo en el manejo de las estadísticas? El carácter retórico del interrogante impide advertir que se ha erosionado la narrativa oficial que había recuperado el prestigio del Indec y, con ello, se debilitó la credibilidad de sus mediciones aun cuando los datos puedan seguir siendo técnicamente correctos.

En ese contexto, reabrir el debate sobre el Indec se transformó en un ruido innecesario. Porque la sensación que se filtra es que el gobierno volvió a subestimar el costo político de determinadas decisiones, confiando en que los números bastan para clausurar cualquier discusión.

Así, otra vez el eje se ha cambiado. Ya no se habla de “cuánto” subieron los precios. Sino “cómo se mide” la inflación. El debilitamiento del mensaje gubernamental es evidente consecuencia del despropósito que significa anunciar un nuevo método y frenar su implementación de modo imprevisto, generando otra crisis innecesaria y con escasos recursos para brindar explicaciones claras.

“La exigencia de transparencia se hace oír precisamente cuando no hay confianza”, dice Chul Han.

El verano político argentino transcurre con episodios que marcan el clima de época. Mientras la rosca se mueve entre sombras, algunas playas bonaerenses, teatros marplatenses y festivales cordobeses son escenario propicio para la aparición de gobernantes con la intención de “bañarse” de aplausos y vítores. Negociaciones arduas para sumar adhesiones a la reforma laboral y un suspenso que mantiene en vilo a los actores de la política nacional.

En este marco, el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso prevé ajustadas expectativas. Todo parece indicar que el Senado aprobará el proyecto de reforma laboral, aunque deberá ceder en algunos aspectos puntuales, especialmente referidos a disposiciones tributarias que son resistidas por varios gobernadores. Llamativo es este aspecto: sobre una ley que reformula o moderniza las condiciones de trabajo de los argentinos se discuten las aún no resueltas cuestiones impositivas y fiscales entre Nación y provincias.

Esta situación, además, expone los límites reales del poder. Y coloca a la ley laboral en el sitial que ocupan las pruebas de gobernabilidad. El debate exigirá la acción de equilibristas políticos que, pragmatismo mediante, asuman con realismo hasta dónde se puede tensar la cuerda ante un respaldo que existe, pero que exhibe condicionamientos.

La negociación encarnada en las giras por el interior del ministro Santilli no constituye un dato sorprendente. Sí lo es la ausencia de un conflicto mayor. Puede ser que el verano haya amainado los reclamos. Sin embargo, ante la inminencia del debate y pese a las amenazas de algunos gremios combativos, la conducción de la CGT solo expresa su oposición de modo verbal. La resistencia históricamente explosiva a los anteriores intentos de reformas laborales aún no se manifiesta. Es muy posible que esta circunstancia exprese la incapacidad de buena parte de la dirigencia política para leer el presente político y sus disrupciones nacionales e internacionales.

Sin haber demostrado todavía que se aprendieron las lecciones de los fracasos legislativos del año pasado, el gobierno confía en que la reforma laboral saldrá del Senado. Es así como Milei mantiene su protagonismo oscilando entre anuncios de racionalidad (tendremos leyes de “países normales”, dijo) y su habitual histrionismo especialmente cuando se encuentra con los militantes más fervorosos. Sus apariciones públicas, sus números musicales en festivales folklóricos cordobeses y el teatro marplatense le sirvieron para captar la existencia de un clima que mantendría las expectativas expresadas en las urnas en septiembre pasado. Es su estilo confrontador y polémico. Pero también una manera de ocupar el espacio que otros han dejado vacante.

El discurso que pronunció Milei en la Cumbre de Davos no hizo ruido como el del año pasado, cuando arremetió sin miramientos contra la cultura “woke”. Sin embargo, los conceptos allí expuestos permiten entender la controversia abierta a partir de la decisión oficial de adjudicar a una empresa extranjera -con una oferta más competitiva- una licitación millonaria para la provisión de caños destinados a un oleoducto en Vaca Muerta. La disputa expresa la mirada tajante que descarta la intervención del Estado para beneficiar a actores locales, en nombre de un “capitalismo justo”. Y, al mismo tiempo, ratifica el intento de producir un quiebre de las prácticas económicas y empresariales del pasado, al exponer a un poderoso grupo industrial de origen nacional como símbolo de discrecionalidad y búsqueda de beneficios.

Tanto es así, que no hesitó en colocarle el apodo de “Dr. Chatarrín” a uno de los empresarios más poderosos del país, quien se quejó porque una empresa de la India obtuvo la referida licitación. De este modo, repuso en la escena nacional la discusión tan añeja como no resuelta, que enfrenta a las posturas aperturistas con las proteccionistas que, por imperio de las disrupciones de Donald Trump, hoy también envuelve al mundo.

Lejos del estilo didascálico de Davos y aun considerando las enormes diferencias entre los auditorios, su discurso en el evento “Derecha Fest” renovó su faceta más ácida y provocadora. “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, sostuvo en clara alusión a las críticas que hizo el líder del grupo Techint. Y afirmó que “siempre existen piedras en el camino”, en referencia directa al apellido Rocca. 

Así, entre ironías, excesos, “Rock del gato”, “Amores salvajes”, viajes a las provincias del ministro del Interior, poroteos en el Senado, reclamos provinciales ante la posible merma de recursos que pueda generar la reforma laboral, incertidumbre de dirigentes opositores y gremiales que no aciertan en su lectura del presente y  el sonoro choque con un peso pesado del empresariado,  transcurre un verano argentino en el que afloran las mismas controversias no saldadas de siempre -coparticipación, importaciones versus producción nacional, por caso. Para no perder la costumbre, el estío nos encuentra -otra vez- hasta los caños.

El Boletín Oficial del primer día hábil de este año llegó con una sorpresa. Un extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (el 941/25) estableció modificaciones importantes a la Ley de Inteligencia Nacional. De inmediato se abrió un debate político y jurídico que fue creciendo aun cuando funcionarios, legisladores y magistrados judiciales están hoy más atentos al oleaje del mar que a las vicisitudes políticas e institucionales.

El decreto reforma la estructura y amplía las atribuciones de la Secretaría Inteligencia del Estado (Side).  El nuevo esquema combina disposiciones que buscan actualizar el sistema frente a amenazas contemporáneas con otras que despiertan serias dudas por su posible impacto sobre derechos y garantías constitucionales.

Por cierto, el contexto político es un dato clave para analizar el futuro de este decreto. Luego de las últimas elecciones de medio término, la actual conformación del Parlamento dificulta reunir mayorías en ambas cámaras para rechazar un DNU

Aprovechando la insólita  estructura normativa que volvió casi inexpugnables a los decretos presidenciales -diseñada durante el kirchnerismo-, Milei decidió avanzar. Y es posible que se tome revancha de la derrota que sufrió cuando pretendió asignar millonarios fondos a la Side y el Congreso, por primera vez en la historia, anuló esa decisión “de necesidad y urgencia”.

La historia de los servicios de inteligencia argentinos es controvertida y también poco recordada. Desde la creación de la Cide durante el primer peronismo hasta la Side y sus múltiples reformulaciones, la inteligencia estatal estuvo durante largos períodos asociada al control político interno. Espionaje a personajes públicos de varios ámbitos, superposición de organismos y vínculos con prácticas represivas forman parte de un pasado que no distingue ideologías.

Como recuerda Pablo Mendelevich en La Nación, el problema no es nuevo: la cultura del espionaje político se consolidó mucho antes de la actual administración y nunca fue plenamente desmantelada, ni siquiera cuando se intentó hacerlo por vía legal con la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 en 2001. La paradoja, como señala el periodista, es que sectores del peronismo y otras fuerzas políticas que hoy se presentan como defensores de la República rara vez revisaron su propia responsabilidad en la construcción de un sistema opaco y proclive a excesos.

El DNU reorganiza el sistema de inteligencia nacional y actualiza algunas funciones frente a nuevas amenazas, en especial en materia de ciberinteligencia y protección de infraestructuras críticas ante eventuales ataques tecnológicos. Además, reafirma -al menos en el plano declarativo-, que no se podrá hacer inteligencia o contrainteligencia “sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Sin embargo, junto a estas afirmaciones generales aparecen disposiciones que generan fundada preocupación jurídica e institucional. En primer lugar, el decreto no cumpliría con los requisitos constitucionales para legislar por DNU, ya que no justificaría por sí mismo la urgencia exigida por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Otro punto crítico es la caracterización de todas las actividades de inteligencia como “encubiertas”, un término ambiguo que provoca confusión.

El aspecto más sensible es la habilitación para detener personas en el marco de actividades de inteligencia sin una intervención judicial. Esta facultad abre la puerta a decisiones arbitrarias y afecta garantías básicas constitucionales. En el mismo sentido, la ampliación de funciones de la Side, combinada con controles debilitados, podría restringir la labor judicial en la investigación de supuestos delitos.

Se espera que, una vez reanudada la actividad parlamentaria, la agenda oficial estará concentrada en la reforma laboral. El gobierno confía en que la actual composición del Congreso le permitirá neutralizar los intentos de rechazo del DNU. Es probable que abunden las denuncias y las proclamas opositoras, pero con escaso margen para avanzar más allá de ese plano.

En este escenario, la Justicia aparece nuevamente como la barrera última para poner límites a una posible vulneración de normas y derechos ciudadanos, en un país donde el espionaje político ha sido, durante décadas, una añeja y censurable costumbre.

Rushworth M. Kidder fue un pensador norteamericano dedicado a la ética aplicada en las sociedades contemporáneas. Fundó en 1990 el Instituto para la Ética Global y escribió un libro revelador titulado “Cómo las buenas personas toman decisiones difíciles”.

En esa obra ofrece herramientas prácticas para afrontar los complejos dilemas morales que deben enfrentarse en la vida cotidiana. El autor identifica situaciones en las que entran en conflicto valores considerados positivos tanto por las personas como por las sociedades. Uno de esos dilemas es el enfrentamiento entre la verdad y la lealtad.

La situación que atraviesa hoy el fútbol argentino -donde se superponen visiones ideológicas sobre la estructura institucional del deporte, intereses de las dirigencias de los clubes y revelaciones sobre presuntos manejos irregulares de carácter deportivo, económico y político que investiga la Justicia- ha colocado a varios de sus protagonistas frente a ese dilema: ajustarse a la verdad o sostener una lealtad exigida desde el poder.

A partir del campeonato “fantasma” que la dirigencia de la AFA entregó a Rosario Central, se ha desatado una ola de informaciones y sucesos que cada día generan más escándalo. La conducción de la entidad madre del fútbol, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y secundada por el hoy muy comprometido tesorero, Pablo Toviggino, ya no logra percibir el hastío que generan los reglamentos modificados sobre la marcha, los arbitrajes bajo sospecha y el crecimiento artificial de determinados clubes bajo el ala del poder. Y tampoco puede encontrar argumentos sólidos para defenderse del vendaval de acusaciones vinculadas al manejo y destino de fondos millonarios que esconden negocios nada transparentes,  vinculaciones con lo peor de la política, posibles maniobras relacionadas con el juego clandestino, operaciones judiciales encubiertas y la ostentación de lujosos bienes propia de quienes se creen impunes, entre otras “virtudes”.

Hasta hace poco tiempo, todas las críticas y acusaciones contra esta gestión en enmarcaban en la batalla contra las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Desde la AFA se promovió un escenario binario. Quien no apoyaba decididamente la postura de los máximos dirigentes del fútbol quedaba automáticamente asociado a la privatización de los clubes. El debate sobre la transparencia en el deporte quedaba de lado, aun cuando las situaciones opacas dentro y fuera de los estadios han dejado de ser meras sospechas para adquirir connotaciones públicas y judiciales.

En el marco de esa disputa ideológica, la dirigencia deportiva se vio obligada, a finales de 2023, a emitir manifiestos de apoyo con textos casi calcados que expresaban el rechazo a las SAD. Puede sostenerse, con fundamentos, que la existencia de los clubes como asociaciones civiles sigue siendo una convicción mayoritaria y legítima. Hasta allí, el problema era de visiones diferentes sobre el modelo deportivo, con los inevitables matices políticos.

Sin embargo, mientras se acumulan las denuncias y se activan los procesos judiciales contra los popes afistas, muchos dirigentes parecen haber caído en lo que podría denominarse la “trampa de la lealtad”. Varios clubes emitieron comunicados -también de similar tenor- en defensa de los dirigentes hoy investigados. Son declaraciones que huelen más a una "orden de arriba" que a una convicción genuina. La actitud del “secanucas” se repite. Es decir, figuras que asienten solo para sobrevivir en un sistema de premios y castigos, ignorando que esa misma estructura debilita la competitividad de sus clubes y erosiona su credibilidad.

Es verdad que muchas otras instituciones no se han expresado. Por prudencia o temor. Quizás también porque siguen las cavilaciones sobre cómo resolver el dilema entre la verdad de los hechos y la lealtad que se pretende imponer.  Esta vacilación solo es comprensible en un determinado momento. Al respecto, el referido Rushworth Kidder señala que “todos nos enfrentamos a situaciones difíciles. A veces las evadimos. A veces las confrontamos. Incluso cuando las confrontamos, sin embargo, no siempre decidimos resolverlas. A veces simplemente meditamos sin cesar sobre los posibles resultados o nos atormentamos buscando salidas alternativas. Incluso cuando si tratamos de resolverlas, no siempre lo hacemos por medio de una autorreflexión activa. A veces simplemente nos abrimos paso urgidos por las circunstancias o a fuerza de impaciencia y dogmatismo, como si resolver el problema fuera más importante que hacer lo correcto”.

Menudo dilema vive el fútbol argentino a las puertas de otro Mundial. Porque no se discute la nobleza de la lealtad como valor ético. Pero cuando se la utiliza para encubrir la arbitrariedad o la corrupción, se convierte en una trampa.

 En “Orden y decadencia de la política”, Francis Fukuyama se anima a trazar, en líneas generales, qué futuro le espera a la democracia en un contexto de parálisis política que parece haber echado raíces en Occidente. Según el autor, las democracias modernas enfrentan un riesgo no solo cuando deben debatir reformas, sino cuando sus propias instituciones carecen de capacidad para procesarlas sin desbordes.

Los acontecimientos de esta semana en la política argentina parecen reforzar esa tesis.

Diputados trasnochando en una sesión que se extendió hasta altas horas, volvieron a exhibir un paisaje conocido. Gritos, desorden y papeletas desparramadas sobre las bancas acompañaron discursos que invocan la palabra libertad de manera selectiva, ya sea para referirse a Palestina o a Cristina. Al mismo tiempo, los autoproclamados defensores de la libertad quedaron atrapados en un esquema de negociación de corto plazo, propio de la lógica de “toma y daca” que dicen combatir, y lo hicieron además con un amateurismo difícil de justificar a esta altura.

Para alcanzar el objetivo de aprobar el Presupuesto, la Casa Rosada distribuyó recursos como nunca en el año. Se afirma que el 30% de las transferencias discrecionales a las provincias se concentró en las últimas dos semanas. De este modo, diputados que responden a gobiernos peronistas del norte acompañaron al oficialismo en la votación en general. Sin embargo, el desconcierto en la bancada oficialista fue evidente cuando estos mismos legisladores pulsaron el botón rojo y así rechazar el capítulo 11 que derogaba las leyes vinculadas al  financiamiento del Garrahan, las universidades y la discapacidad. Luego de este tropezón autoprovocado incluso trascendió que el gobierno analizaba vetar  su propio Presupuesto.

Tratando de disimular esta “sorpresa” y demostrar pericia a la hora de hacer política, el sector del gobierno que responde a la hermana del presidente y  los primos Menem acordó con el kirchnerismo duro la designación, en plena madrugada, de miembros de la Auditoría General de la Nación. El insólito episodio de hacer jurar a funcionarios a las tres de la mañana terminó dinamitando acuerdos previos con los bloques dialoguistas.

Mientras los diputados se retiraban a descansar, la calle recuperó protagonismo con la movilización de la CGT y sectores opositores. Plaza colmada, consignas previsibles y amenazas de paros generales contra la reforma laboral mostraron un clima ya conocido. Hubo, sin embargo, un dato distinto. Las figuras sindicales más desgastadas ya no ocuparon el centro de la escena.

En este contexto, la decisión de llevar a febrero el debate de la ley de modernización laboral aparece como la única situación racional de esta agitada semana. Por cierto, la decisión no respondió a una estrategia de construcción de consenso, sino fundamentalmente a la necesidad oficialista de reformular su estrategia luego de la extraña y confusa sesión de la Cámara de Diputados.

 Es el sistema

Así, la reforma laboral se convierte en un caso testigo de la tesis inicial. Porque, más allá de su contenido, ya no cabe preguntarse si es una reforma necesaria, sino si el sistema político argentino está en condiciones de impulsarla y asumir los cambios sin generar nuevos desequilibrios, como ha ocurrido cada vez que se impulsaron transformaciones similares en las últimas décadas.

En definitiva, lo sucedido esta semana demostraría que la Argentina no enfrenta solo un problema de reformas pendientes y necesarias, sino algo más profundo que radicaría en la liquidez de un sistema político incapaz de procesarlas sin entrar en crisis recurrentes.

Fukuyama sostiene que muchas democracias actuales enfrentan el desafío de “llegar a Dinamarca”, entendido como el ideal de una sociedad próspera, democrática, segura, bien gobernada y con bajos niveles de corrupción. El dato alentador es que ese objetivo no se alcanzó de manera inmediata ni siquiera en Dinamarca. Por eso, el autor advierte que algunos observadores proponen moderar las expectativas y aspirar, al menos en una primera etapa, a  instituciones “suficientemente buenas”, antes que a un modelo ideal.Incluso bajo esta perspectiva menos ambiciosa, estamos lejos de Dinamarca.

La difusión del proyecto de ley denominado de Libertad Educativa, que vendría a reemplazar a la actual Ley de Educación Nacional, ha comenzado a generar repercusiones en varios ámbitos y, con ello, se ha iniciado un debate crucial para el futuro de nuestro país.

La discusión sobre la estructura del sistema educativo -sus bases, su operatividad y sus resultados- implica ingresar en el terreno ideológico y, fundamentalmente, en el filosófico. Es lógico que se produzcan perturbaciones en los sectores más involucrados en esta problemática cuando se pretende modificar qué se debe enseñar, cómo debe hacerse y qué forma debe adquirir la arquitectura del sistema. Bienvenidas sean. Porque abren la posibilidad de revertir la decadencia educativa de la Argentina. En este punto, es preciso sostener con énfasis que no cambiar nada es la peor opción.

El cruce de ideas sobre cómo debe encararse la educación en el país se verifica en el contraste entre la Ley Nacional que rige desde 2006 y el proyecto difundido días atrás por el actual gobierno. El objetivo es el mismo: regular el sistema educativo. Pero los paradigmas filosóficos son bien distintos. La mirada sobre el rol del Estado -como actor principal del sistema o como ente subsidiario- es ejemplo de cuán difícil puede ser encontrar puntos de conexión que habiliten consensos.

Las diferencias conceptuales, filosóficas y operativas entre la ley vigente y la que pretende reemplazarla son evidentes. En este contexto, algunos análisis provenientes de sectores interesados -como los sindicatos docentes, por caso- son legítimos y deben ser receptados aun con los sesgos que provienen de la posición en el sistema y las visiones ideológicas que encarnan.

El papel del Estado y de la familia constituye el núcleo sobre el que se edifican estas normas. Actualmente, el primero tiene una misión indelegable y la segunda es considerada un agente natural, aunque inmersa en una política de Estado que la contiene. En lo que, si se aprueba, sería el nuevo sistema educativo, se refuerza el rol subsidiario del Estado y la familia asume mayores responsabilidades en el ejercicio del derecho a elegir la educación de sus hijos. En este punto, una reflexión publicada días atrás en un diario capitalino merece analizarse: “Un vínculo saludable entre Estado, familias y escuelas no descansa en la subordinación, sino en la corresponsabilidad. El Estado garantiza derechos; la escuela educa; la familia acompaña, apoya y participa. La igualdad de oportunidades no se construye vaciando la responsabilidad familiar, sino fortaleciéndola”, escribió Edgardo Zablotsky, miembro de la Academia Nacional de Educación.

A partir de allí, el proyecto avanza hacia temas sensibles como la posibilidad de otorgar mayor autonomía pedagógica e institucional para definir planes de estudio a partir de contenidos mínimos comunes; distintos modos de organización escolar; evaluaciones permanentes con resultados públicos que servirían como base para el financiamiento escolar y la elección familiar de los institutos, entre otras consideraciones.

También legaliza formas alternativas de enseñanza fuera de la escuela, como la educación en el hogar o en entornos virtuales, que deben validarse a través de exámenes. Introduce asimismo el examen nacional de egreso del Nivel Secundario, que sería voluntario pero orientado a la inserción laboral y al acceso a la educación superior. Además, decreta modificaciones que, seguramente, serán motivo de arduas polémicas: declara la educación como servicio esencial, lo que limitaría el derecho de huelga; promueve -como en otros países de la región- el financiamiento directo a las familias a través de vouchers; no brinda precisiones sobre el financiamiento del sistema ni determina el porcentaje del presupuesto nacional destinado a la educación; elimina la estabilidad automática de maestros y profesores, quienes serían evaluados cada cuatro años; y cambia la fórmula de distribución de los recursos universitarios.

Si el proyecto de ley de Libertad Educativa avanza en el Parlamento, se agitarán las discusiones políticas e ideológicas entre pedagogos, legisladores, políticos, sindicalistas, docentes y estudiantes. Es de esperar que ese “ruido” alcance también a otros ámbitos, que no sea solo una contienda de “expertos”. Es verdad que asoma el riesgo de no llegar a puerto. Sin embargo, no asumir el debate sobre el cambio educativo es más peligroso.

Immanuel Kant, en la introducción de sus Reflexiones sobre la educación, definió a la educación como “el problema mayor y más difícil que puede planteársele al hombre”. Porque “las luces dependen de la educación y la educación depende de las luces”. La necesidad de que las luces aparezcan es, posiblemente, el primer motivo para abordar la educación como prioridad.

Por eso, la mejor noticia es que convierta en tema de discusión nacional.

En la última de sus habituales visitas a Estados Unidos, el presidente Javier Milei afirmó: “Llevamos adelante un plan de estabilización exitoso con consenso social, sí, pero sin consenso político”. La frase, que pretendió ser un autoelogio, sintetiza, asimismo, el dilema que desde hace tiempo experimenta. Tiene la necesidad de transformar el apoyo ciudadano -que puede ser momentáneo y volátil- en acuerdos concretos dentro del sistema político. 

Fortalecido por su triunfo electoral, el oficialismo avanza con las reformas que considera indispensables. En esa estrategia, el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, aparece como el encargado de articular los consensos necesarios para garantizar la gobernabilidad y sostener las transformaciones.

El consenso social expresado en las urnas implica la adhesión mayoritaria a valores y creencias compartidos. Pero la democracia requiere, además, de un consenso político que traduzca esas coincidencias en concreciones efectivas. Ese ha sido, hasta ahora, el déficit de una gestión que, en ocasiones, ha oscilado entre la intransigencia ideológica y la soberbia de algunos que creían haber atado definitivamente a la vaca.  

La elección parlamentaria ratificó que existe una voluntad de cambio, pero también quedó claro que ese mandato no equivale a un cheque en blanco. Muchos votantes, con matices y hasta cuestionamientos al gobierno, le dieron su apoyo porque en ellos prevaleció el temor latente de regresar a un pasado de frustraciones.

No obstante, a partir del 26 de octubre, se instalaron las condiciones para acordar. Así, la aprobación del Presupuesto, el impulso a las reformas laboral y tributaria y la del Código Penal tendrían hoy un campo propicio en el Congreso. No sería complicado reunir voluntades para tener quórum y lograr la sanción de estas iniciativas. De todos modos, se mantiene la exigencia de lograr consensos con los distintos actores políticos que hoy están dispuestos a escuchar. 

Es amplio el espectro político que tendría vocación de acordar. Acompañará el PRO, más allá de que Macri se sienta desplazado por un presidente que -según cree- le debe buena parte de su triunfo y se ha visto obligado a pasar del rol de mentor al de observador. También lo que queda de la UCR puede ser aliado, aunque el histórico partido naufraga en la impotencia tanguera de haber sido y ya no ser. Y convergerían incluso sectores del peronismo tradicional y federal, anclado en las provincias. 

Por su parte, el kirchnerismo vive el comienzo de una guerra que Cristina Kirchner dice querer evitar, aunque todo indica que dinamita los puentes para acelerarla. La disputa es ideológica y generacional. Una contienda política típica. Pero del pasado. En blanco y negro. En su seno ya se levantan voces que advierten que esa facción viene perdiendo su condición de alternativa y cuestionan abiertamente el liderazgo de la expresidenta condenada. Además, comenzó el histórico juicio por la causa Cuadernos que lejos está de ser un “show judicial” y la nueva conducción de una CGT solo tiene de nuevos los nombres del triunvirato, aunque evitó a los sectores más radicalizados. 

En este marco, la política argentina de fin año se mueve entre la necesidad de acordar y la tentación de preservar identidades rígidas. Una realidad en la que todos los actores intentan descifrar los entresijos de una trama de cambio de época. Deberán tomar nota de que una variable permanece inmutable: la de los necesarios acuerdos políticos.

Tras el triunfo de La Libertad Avanza, se multiplicaron las interpretaciones sobre las razones del contundente apoyo al oficialismo nacional. Entre los factores señalados, se destaca la efectividad de la boleta única de papel, que simplificó el proceso electoral y desactivó sospechas sobre maniobras clientelistas. También influyó el viraje discursivo del presidente y el impacto emocional del respaldo de Donald Trump, cuya polémica frase -“Si gana, lo seguiremos apoyando”- fue catalizadora. En contrapartida, aquel “ya saben a quién votar” de Cristina Kirchner, al intentar desacreditar ese apoyo, reforzó la decisión de un amplio sector que sabía exactamente a quién no elegir.

El resultado dejó al kirchnerismo en una posición difícil: sufrió una derrota que acentuó su repliegue territorial y las tensiones internas. Su discurso, anclado en categorías ideológicas añejas, aparece desconectado de una amplia porción de jóvenes. Tampoco logró instalarse la “avenida del medio”. Como resumió el politólogo Andrés Malamud, el magro desempeño de estas opciones ratificó que, en tiempos de polarización, “el agua tibia nunca es nítida; el agua caliente o fría te convencen, la tibia no”.

Pasada la elección, la atención se centró en la actitud del presidente y sus aliados. Su primera aparición pública, de tono moderado, disipó temores, y la posterior convocatoria a los gobernadores que “saben que dos más dos es cuatro” exhibió un giro pragmático. La foto del encuentro simbolizó el posible comienzo de un nuevo tiempo. Que, quizás, sea el fruto del “aprendizaje forzoso” -según admitió Milei- nacido de la derrota en la elección provincial bonaerense.

El desafío de este nuevo escenario político reside en consolidar la convicción de que el equilibrio fiscal, el orden macroeconómico, el control de la inflación y las reformas de fondo en campos como el laboral y el tributario se perciban no como imposiciones, sino como compromisos imprescindibles.

En la teoría política, este fenómeno se explica por el concepto de la “ventana de Overton”, en referencia a Joseph P. Overton, analista estadounidense que en los años noventa describió cómo un conjunto de ideas inicialmente inaceptables, ignoradas o rechazadas por una comunidad y sus líderes políticos puede, con el tiempo, transformarse en políticamente viables o socialmente deseables.

Esa “ventana” se desliza como consecuencia de variados factores: cambios en la opinión pública, el fracaso de algunas teorías, la sucesión de malas experiencias políticas, la irrupción de líderes carismáticos, eventos históricos o movimientos sociales. Hoy, las redes y los medios digitales aceleran este desplazamiento, mientras que la polarización ideológica lo hace más brusco.

El voto popular induce a reflexionar que aquellas ideas pueden estar atravesando la ventana. De ser vistas como falacias defendidas por “gorilas”, un objetivo imposible o consignas tecnocráticas de sectores que solo pretenden aumentar su influencia y su poder económico, se asumen ahora como de sentido común, factibles, razonables y hasta populares.

Overton describe los pasos de este fenómeno: una idea rechazada radicalmente comienza a discutirse. A partir de allí, se vuelve más tolerable para la sociedad y, con el tiempo, debido a factores sociales, culturales y políticos, empieza a percibirse como una opción razonable. La ventana se atraviesa cuando el apoyo popular se hace manifiesto. Que no se cierren los postigos dependerá, finalmente, de que se convierta en política pública perdurable.

Como un estudiante que aprobó una materia sin haber estudiado demasiado, Milei admite haber tomado nota de que hay que aceitar las bisagras.

Luego de la reunión con los gobernadores, es posible las cortinas se estén descorriendo.  

 Refundar la Argentina cada dos años es una tarea demencial que surge de la ineptitud de la dirigencia para generar acuerdos básicos que permitan una relativa normalidad y proyectar el futuro más allá de una elección legislativa. Como ya ha sucedido en la historia reciente, otra vez el sano ejercicio del voto es presentado por la política como un hecho en el que están en juego los sueños, los anhelos y la vida de los argentinos. Volvemos a espejarnos en nuestros desencuentros.

El tembladeral financiero de las últimas semanas -que no pudo ser contenido ni siquiera con la intervención del Departamento del Tesoro de la principal potencia mundial- refleja incertidumbre y falta de confianza. Y, exceptuando a los fanáticos, también descreimiento. Descreimiento, en algunos casos, sobre la capacidad del gobierno para administrar los sobresaltos, morigerar sus luchas internas y atenuar sus errores políticos. Esto se verifica incluso entre quienes reconocen que la base de la recuperación económica pasa por la eliminación del déficit fiscal, la reducción de la inflación y observan como favorables ciertos aspectos de la denominada “batalla cultural” y el alineamiento con Estados Unidos.

Similar desconfianza recae sobre el kirchnerismo y otras fuerzas que se presentan como alternativas a la polarización, pero que conservan muchos de los vicios que sumieron al país en la decadencia. Para los más fervientes opositores, la consigna se resume en adquirir la fuerza para “Frenar a Milei”, aunque sin ofrecer ideas distintas a las que ya fracasaron bajo sus gobiernos. Quienes hicieron del Estado su propio botín hoy se presentan como adalides de los valores republicanos, después de haberlos menospreciado. Como se leyó esta semana, son quienes “se horrorizan porque falta una alfombra después de haber saqueado la casa”.

Con el dólar como protagonista, también se discutió si los resultados electorales debían difundirse distrito por distrito o a nivel nacional. El debate se disipó rápidamente, porque en definitiva solo importa la cantidad de bancas que cada lista obtenga. Ese número trazará la nueva relación de fuerzas en el Congreso a partir de diciembre y, con ella, llegarán las interpretaciones políticas.

Sin embargo, las lecturas posibles se multiplican: ¿hasta dónde podrá el oficialismo considerar que obtuvo apoyo político? ¿Con cuántas bancas “se conformará”? ¿Qué tipo de oposición y de oficialismo surgirán? ¿Habrá espacio para acuerdos partidarios, estrategias de consenso o gestos de racionalidad que superen las desmesuras? ¿Qué pasara con el apoyo de EE.UU. si el resultado es negativo para el oficialismo? De las respuestas a estos interrogantes -y de algunas otras circunstancias imprevisibles- dependerá el avance en las llamadas “reformas de segunda generación”, necesarias para remontar definitivamente la cuesta.

Las urnas se abrirán mañana en un escenario signado por los sobresaltos, varias incertezas y apatía o indiferencia ciudadana generada por el envilecimiento político y las pulseadas financieras. Por la noche, aparecerán aquellas interpretaciones del resultado. El relato de cada facción intentará arrimar agua al molino propio. Habrá terminado la elección y habrá que reponer fuerzas para retomar las actividades cotidianas. 

El lunes nos espera. Qué lunes nos espera.

Los particulares protagonistas de la política de este tiempo suelen ofrecer escenas dignas de un guion que mezcla el drama y la comedia. La reunión entre Javier Milei y Donald Trump dejó varias de esas imágenes: los pulgares para arriba, un elogio hasta desmedido del magnate hacia el presidente argentino, una conferencia de prensa interminable y, también, una frase que repercutió en todos los ámbitos y volvió a alterar los mercados. “Si pierde con un candidato de extrema izquierda no seremos generosos”, dijo el presidente estadounidense. Traducido: ganá las elecciones o no aparezcas de nuevo por acá.

El título -“Trumpa” o “Trumpolín”- supone un juego retórico que resume interpretaciones que se han hecho de ese encuentro en la Casa Blanca. Por un lado, la trampa diplomática en la que el gobierno argentino pudo haber caído por haber creído que ya gozaba de hegemonía en la política interna: la de depender del ego, la imprevisibilidad deliberada y el humor de un mandatario que acostumbra alterar el tablero con declaraciones y actitudes intempestivas, mucho más cuando hoy está envalentonado por el éxito que obtuvo en la primera fase del plan para terminar la guerra en Medio Oriente. Por el otro, la posibilidad de que esa misma advertencia, si el oficialismo obtiene un buen resultado en las elecciones legislativas, se convierta en trampolín. Es decir, sea un punto de apoyo para recuperar iniciativa política luego de un período en el que ha sufrido serias derrotas legislativas y ha cometido gruesos errores en la interpretación de los procesos políticos.

Más allá de las obligadas aclaraciones que debieron hacerse luego de aquella frase que convirtió la reunión en la Casa Blanca en episodio de una especie de tragicomedia, si el resultado electoral es adverso, Milei deberá quizás enfrentar la mirada desconfiada del socio del norte, cuya promesa de “no generosidad” podría traducirse en restricciones concretas desde el Tesoro estadounidense y de la caída de las prometidas inversiones de empresas norteamericanas. Funestas consecuencias posibles.  Si, en cambio, logra un desempeño que pueda exhibirse como victoria, el respaldo de Washington podría convertirse en combustible político para que, exageración mileísta mediante, “los dólares nos salgan hasta por las orejas”. No obstante, restará definir qué entiende el polémico mandatario norteamericano por “ganar”: ¿el porcentaje de votos?, ¿la cantidad de bancas?, ¿el control del Congreso? ¿Ahora o en 2027?  “Trump no tiene ningún problema en ser imprevisible”, afirmó Bob Woodward, uno de los “héroes” del Watergate.

Lo cierto es que la frase altisonante pronunciada en Washington se convirtió en principal adorno de la campaña electoral. En este marco, la comparación con el histórico Braden o Perón reapareció en varios análisis periodísticos, aunque los contextos no sean comparables. En 1946, la injerencia de un diplomático extranjero ayudó a consolidar al peronismo: “Tendríamos que hacerle una estatua”, declaró Perón alguna vez. Mientras desde todos los costados del espectro político hubo empeño en adecuar a sus intereses la interpretación de la extemporánea proclama “trumpiana”, el kirchnerismo celebró esas palabras como la reedición de aquel duelo que dio origen al peronismo. Trump o Cristina podría ser un lema “original”.

Así, entusiasmada, desde su cómoda celda, la expresidenta condenada por la Justicia decretó que los argentinos que “ya saben lo que tienen que hacer”. Si hacen lo que ella ordena hacer, quizás agradezca públicamente el exabrupto de Trump, remedando la ironía de aquel líder al que no admira. Por el contrario, también sería posible que esta “orden” sea acatada por los que piensan que “lo que tienen que hacer” es impedir que el kirchnerismo retorne el poder. 

En este punto, los caminos se bifurcan: ¿estas circunstancias habrán sido el germen de una más pronunciada polarización, con los votantes blandos saliendo del placar para votar “en contra de” y, gracias a un resultado que pueda interpretarse como favorable, el oficialismo acceda a un “Trumpolín” que le permita afianzar su gestión? ¿O serán una “Trumpa” que torne eufórica a la liturgia opositora y sea difícil de eludir si los guarismos de las urnas son adversos?

Resta escribirse el final de este guion. 

Falta una semana.

Tras las elecciones bonaerenses y la seria derrota de La Libertad Avanza, surgieron numerosas interpretaciones acerca de los motivos de este hecho que modificó la coyuntura política y abrió un interrogante gigante de cara a los comicios parlamentarios del próximo 26 de octubre.

El triunfo peronista en Buenos Aires operó como si se hubieran realizado las suspendidas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). Es que las consecuencias de la elección fueron similares, aunque no parecen haber alcanzado el dramatismo de ocasiones anteriores. Podría decirse que, con la excepción del número de inflación de agosto, la mayoría de los indicadores económicos están emitiendo luces de alerta.  En verdad, los mercados se alteraron -con el dólar como referencia inevitable-. El remezón que significó el golpe electoral para el oficialismo generó una intranquilidad que la Argentina ya ha experimentado en ocasiones anteriores y que da paso a nuevas cuotas de incertidumbre.

Tras el shock inicial de su derrota, el gobierno quedó en estado de deliberación: la interna recrudeció, las respuestas fueron endebles. Mientras, el “perokirchnerismo” celebró, aunque sigue atravesado por sus propias grietas y elevó el tono con algunas consignas que bien pueden ser calificadas como destituyentes.

En paralelo, abundaron los interrogantes sobre las razones del pobre desempeño “violeta”: ¿cuánto pesó el ajuste económico que al inicio tuvo cierto consenso, pero terminó afectando a varios sectores? ¿Cómo afectó la recesión productiva que se abatió en los últimos meses? ¿Cómo repercutieron los vetos de normas aprobadas por el Congreso que referían a paliar la realidad de los más vulnerables? ¿Cuánto los errores en la conformación de la coalición bonaerense? ¿La nacionalización de una elección local? ¿El desprecio por las formas y el ninguneo a los dialoguistas? ¿La abstención de votantes no peronistas que apoyaron al presidente en 2023 solo para evitar un triunfo de Massa? ¿La incidencia de los audios en los que se ventilan supuestos casos de corrupción y el intento de censura previa protagonizado por la hermana del primer mandatario?

Todas estas preguntas intentaron ser respondidas por analistas, politólogos y periodistas y, pese a lógicos matices y diferencias, las conclusiones remitieron siempre a la obligación de cambiar actitudes, renovar caras y revisar políticas en las semanas que restan para la elección crucial de octubre, determinante para el futuro del gobierno libertario.

La primera reacción, la del domingo en la que el presidente debió asumir la derrota, fue un oxímoron. Vamos a cambiar, pero vamos a seguir igual. En la semana, el maquillaje fue superficial. La nueva cosmética incluyó la formación de un par de mesas “políticas” con las mismas caras y la resucitación del Ministerio del Interior para reflotar el atascado diálogo con los gobernadores.

Al respecto, poco antes de los comicios del pasado domingo, el “mago del Kremlin”, Santiago Caputo, publicó en la red social X un decálogo de “verdades incómodas” de la era mileísta. La número 7 señala que “el diálogo solo es un valor si conduce a un país más libre”. Una simple exégesis sugiere que se dialoga únicamente bajo condiciones de lo que significa “un país libre” definidas por los ideólogos del gobierno. Así, la convocatoria a las provincias corre riesgo de fracasar: salvo los que han sellado alianzas electorales con el gobierno nacional, varios mandatarios ya advirtieron que no quieren fotos, sino respuestas concretas a sus demandas. El encuentro de gobernadores de ayer en Río Cuarto confirmó esta interpretación. A esto se suma la nueva cascada de vetos de leyes que, se acuerde o no con ellos, es un hecho que agrega tensión.

Cuando falta poco más de un mes para los comicios parlamentarios, este marco permite inferir que aquello de “pintar de violeta el país” es, todavía, una aspiración lejana. Quedó en evidencia que la estrategia “violeta o nada” no surtió efecto: alejó a votantes “blandos”, redujo márgenes de error y enturbió la ya complicada coyuntura. 

El porrazo electoral en Buenos Aires dejó al gobierno con los ojos amoratados. Tiene pocas semanas para advertir la diferencia: el morado es bastante más oscuro que el violeta.

 El escándalo de los audios del “spagnuologate” y los que permitieron conocer la voz de la secretaria general de la Presidencia primero generaron estupor en el gobierno nacional. Luego de varios días se diseñó una contraofensiva que, al menos en parte, consiguió que se hablara más de teorías conspirativas que de los supuestos hechos de corrupción. Claro que esas elucubraciones tuvieron sus bemoles. Algunas rozaron el disparate, otras se atribuyeron al trabajo de espías rusos y venezolanos que, con sorprendente libertad, se habrían manejado en las oficinas de la Rosada y la Cámara de Diputados y las últimas desembocaron en una presentación judicial que obtuvo una medida insólita censura previa.  La estrategia de calzarse los guantes surtió algún efecto. Empero, se mantienen las dudas sobre el supuesto entramado de coimas y aparecen interpretaciones que bien podrían servir como variables del berenjenal en el que se ha metido, por sus errores no forzados, el gobierno nacional.

Por un lado, la grabación de algunos audios demostraría un pase de facturas interno en las fuerzas libertarias más que una operación ilegal de una potencia como Rusia, especialista en colocar “topos” en las cloacales cañerías del submundo de la política. Los audios en los que hasta ahora se escuchó la voz de la hermana del presidente, podrían provenir de improvisadas maniobras de los que están molestos por el resultado de la rosca política. Se parecen, por momentos mucho, a la chapucería con la que actuaron los denominados “plomeros de la Casa Blanca” que, allá por comienzos de los años 70, urdieron un plan avalado por el entonces presidente estadounidense Richard Nixon, para colocar micrófonos en las oficinas del Partido Demócrata ubicadas en el edificio de Watergate. 

Por el otro, se constata el derrumbe, al menos parcial, de la frase con la que Milei resumió lo que sería su programa de gobierno. Porque quedó rengo aquello del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en la defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Al menos en lo que a la libertad se refiere. Más precisamente a la libertad de expresión. La palabra censura aplica en toda su significación al insólito fallo de un juez muy cuestionado que ordenó “el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada”, advirtiendo que esas grabaciones podrían afectar por su contenido, al que no ha tenido acceso, “la intimidad y el honor” de la secretaria de la Presidencia y “la seguridad institucional” del país.

Como no podía ser de otro modo, los más reconocidos constitucionalistas argentinos, independientemente de sus posiciones ideológicas o partidarias, cuestionaron con dureza la medida cautelar dispuesta por el juez Maraniello. Los argumentos son tan sólidos como prácticamente irrebatibles. Claramente viola el derecho a la libertad de expresión de la prensa y el derecho a la información de la ciudadanía.

Sonaría ingenuo sostener que lo ocurrido es una isla en un océano tranquilidad para el ejercicio del oficio periodístico en el país. Desde hace años, las técnicas de coerción y presión de la política hacia la prensa se hicieron más sutiles aunque manteniendo la pretensión de alcanzar un par de objetivos. El primero es el mismo de siempre: controlar la información que la prensa difunde. El segundo evitar cualquier escándalo que deteriore la imagen pública del gobernante. El problema es que el panorama se agravó pues, el temperamento presidencial inundó hoy de insultos el debate y el cinismo de las redes sociales es capaz de convencer de que siempre existió una costumbre desestabilizadora en los medios de información. Esto último es reminiscencia del kirchnerismo.

Por fortuna, en medio de la agitación política frente a las elecciones de mañana en la provincia de Buenos Aires y la incertidumbre financiera, un episodio anterior que intentó imponer censura previa volvió al presente. En 1992, la jueza federal María Servini -por entonces de Cubría- obtuvo un fallo para censurar la apertura del programa del recordado Tato Bores y evitar que se pronuncie su nombre. El genial humorista hizo colocar el cartel de “censura judicial” a las partes que la Justicia le impedía emitir. Y organizó luego uno de los momentos más sublimes de la historia de la televisión: destacadas personalidades de la cultura y el periodismo cantaron “la jueza Barú Budú Budía, es lo más grande que hay”.

Por este nuevo extravagante intento censurador, “el jefe” como la llama su hermano, se ha convertido en la “Barú Budú Budía” del siglo XXI. Y, reinstalando la idea de que en la Argentina todo puede cambiar en diez minutos, pero nada en varias décadas, 33 años después de aquella emisión de “Tato de América”, la original “Barú Budú Budía” sigue sentada en su despacho de jueza federal.