Los ataques verbales y las acusaciones de Javier Milei contra las autoridades brasileñas en un acto partidario de la oposición bolsonarista generaron una seria controversia diplomática con el país vecino, principal socio comercial de la Argentina.

¿Es normal que un jefe de Estado se inmiscuya en la política interna de otro Estado y apoye a los candidatos opositores? Para Milei, sí lo es. “Parte de nuestra misión como gobierno es advertir a las demás naciones para que cambien a tiempo, seguiremos ofreciendo nuestro testimonio en todas partes contra las mentiras del socialismo”, dijo en esa ocasión. A confesión de parte, relevo de pruebas. Es decir, ya no son solo gritos o acusaciones. Si bien este tipo de episodios no es nuevo, la forma en que se manifiestan altera criterios que durante décadas orientaron las relaciones entre los Estados.

En verdad, la política exterior en general descansa sobre el principio de que, en democracia, los gobiernos cambian, pero los intereses nacionales permanecen. En teoría, la máxima inicial de la diplomacia moderna se basa en que las relaciones entre los países pretenden alcanzar los objetivos surgidos de aquellos intereses. Así, los temas son el comercio, la seguridad, las fronteras, la infraestructura y la energía. Todo esto y mucho más debería sobrevivir a los cambios electorales.

Sin embargo, en especial desde los albores de este siglo, las alianzas forjadas en la sintonía ideológica parecen romper con aquella tradición. Estarían dando nacimiento a la diplomacia identitaria a partir del principio del alineamiento ideológico. Si no tienen ideas similares, los gobernantes dejan de vincularse con sus pares. Lo hacen con los dirigentes con ideas afines que están en la oposición. Ya no se observa al otro país como un vecino con el que se comparten intereses comunes y se hacen negocios. Se lo categoriza como un enemigo en la batalla cultural e ideológica.

En este tiempo, abundan los ejemplos en los que la política exterior empezó a adoptar la lógica de las redes sociales. La diplomacia crea disputas en el fangoso terreno electoral. Los tradicionales y pacatos comunicados de las cancillerías compiten con los discursos de campaña. Y las posturas de un país se miden más por los aplausos de la propia tribuna que por los resultados. De este modo, la dogmatización ideológica o la personalización de los vínculos internacionales prevalecen.

Por cierto, este fenómeno no es nuevo ni propio de una línea política. La historia registra fuertes alineamientos ideológicos no siempre vinculados con la defensa de los intereses de un país en particular. Un ejemplo fue la Cumbre del ALCA en Mar del Plata, en 2005. Allí, ante más de 30 mil militantes, Hugo Chávez utilizó ese encuentro de mandatarios americanos como escenario de confrontación. Logró el rechazo al ALCA e inició la construcción de un bloque latinoamericano de gobiernos afines.

Asimismo, Lula tampoco fue ajeno a los intentos de influir en la política argentina. Expresó públicamente su respaldo a Daniel Scioli en 2015, mantuvo una relación cercana con Alberto Fernández y Cristina Kirchner y, según versiones, el oficialismo brasileño colaboró con asesores en la campaña de Sergio Massa. Incluso visitó a la expresidenta en el domicilio donde cumple su condena. Sin embargo, es necesaria la aclaración, esa participación no se expresó mediante discursos pronunciados en actos partidarios en territorio argentino para descalificar al gobierno de turno.

No obstante, la irrupción de Donald Trump en el escenario mundial aceleró la tendencia que Chávez había impulsado. Así, se incrementó la organización de los liderazgos como redes que trascienden fronteras. Y lo hacen con una intensidad manifiesta que llega hasta las descalificaciones o a la posible contradicción entre el objetivo de consolidar la prevalencia de una ideología y los intereses permanentes de una Nación.

Más allá del retiro de su embajador en la Argentina, Brasil seguirá siendo el principal socio comercial argentino y el Mercosur continuará siendo estratégico por más discursos de campaña que Milei pronuncie contra Lula. Quizás este modo de relacionarse con países que no comparten su visión sirva para reforzar la adhesión de las huestes libertarias. Como se infiere de sus palabras en el acto de apoyo a Flavio Bolsonaro, la meta es formar un bloque de países cuyos gobiernos comparten principios ideológicos. Nada nuevo. Esto ya lo ensayó el chavismo. Y, a la luz de lo que se observa en la actualidad, los frutos fueron perecederos.

Es que condicionar la diplomacia a la simpatía personal e ideológica entre líderes políticos termina infantilizando la diplomacia.

Terminó el Mundial. La selección argentina fue subcampeona. A la decepción por no conseguir el título le siguió una reacción popular que fue muy distinta a la que se presentó frente a otras finales perdidas. Se reconoció el proceso y el trabajo en equipo. También los liderazgos austeros y sensatos, exentos de posturas demagógicas y con la sensibilidad a flor de piel.

Es verdad que el cierre del Mundial también dejó episodios que deslucieron parcialmente ese recorrido. Las reacciones de unos pocos jugadores resultaron innecesarias y alimentaron interpretaciones conspirativas sobre un supuesto sentimiento antiargentino en otras latitudes. Las hogueras virtuales de las redes sociales hicieron el resto, amplificando esos episodios hasta darles una dimensión mayor que la que realmente tuvieron. Sin embargo, el reconocimiento a los valores que encarnó esta selección quedó por encima de esos excesos, que merecen una revisión crítica, pero no alcanzan a opacar lo construido durante todo el proceso.

El Mundial significó un tiempo muerto para los grandes temas del país. El Congreso se aletargó y proyectos de ley trascendentes volvieron a su cajón. También varias decisiones en materia económica parecieron suspenderse debido a que la atención de la opinión pública estaba centrada en los partidos de la selección. Así, mientras el país miraba las remontadas de Messi y sus muchachos, la política se dedicó a esperar. “El 2027 empieza después del Mundial”, fue la consigna.

Y ya empezó. Como si el Mundial hubiera sido apenas un paréntesis en una dinámica que nunca cambió y de la que la dirigencia pretendió arrimar a su propio arco algunas enseñanzas de la "Scaloneta" para mejorar el clima político. Todo volvió a medirse en clave electoral, con la mirada puesta en las legislativas del año próximo. Se reactivó la confrontación entre las distintas fuerzas y también dentro de cada una de ellas. El cortoplacismo volvió a imponerse tanto en los discursos como en las decisiones, mientras la agenda pública acumula problemas que no admiten demoras.

El gobierno y los sectores autodenominados progresistas quedaron en offside frente a “ola antiargentina” que se desplegó luego de la final que ganó España. Los libertarios procuraron capitalizar este hecho para su batalla cultural. No tuvieron mayor éxito. En la vereda de enfrente fueron muchos los que no pudieron conciliar el sueño al escuchar  las acusaciones de discriminación y racismo que hicieron personajes representativos en el mundo de las ideas que defienden.  

La confusión se mantuvo cuando, era inevitable, se retomó una agenda política que había quedado eclipsada por el Mundial. Volvieron a discutirse las reformas que el Gobierno pretende impulsar -entre ellas la electoral y el futuro de las Paso-, la polémica por la ley de tierras y las modificaciones al régimen de inocencia fiscal. También regresó al centro del debate el desafío de consolidar la estabilidad sin resignar la demorada reactivación económica, en medio de declaraciones oficiales -como la de Luis Caputo sobre los dólares "en el colchón"- que remitieron a situaciones similares del pasado.

Al mismo tiempo, la política volvió a organizarse en función del calendario electoral. Mientras el oficialismo procura reordenar su estrategia y exhibe una unidad que las fotografías muestran más sólida de lo que en realidad es, las distintas expresiones de la oposición continúan inmersas en sus propias incertidumbres, con dirigentes enfrascados en disputas personales y movimientos destinados a despejar sospechas sin terminar de definir un rumbo común. La "rosca" recuperó protagonismo y también los gobernadores comenzaron a tomar decisiones con la mirada puesta en el tiempo electoral que se avecina.

Ni siquiera el fútbol quedó al margen del regreso de la política. El “Chiqui” Tapia de traje blanco inmaculado, observó el horizonte judicial detrás de sus anteojos negros, bajó del avión, cruzó la alfombra roja y esbozó una mueca con sorna. Sonreía.  Pese a que en Estados Unidos ya se investigan las sospechosas operaciones financieras de la dirigencia del fútbol nacional, sabe que en algunos ámbitos tribunalicios continúan aquí jugando su propio partido. Un pase para adelante, varios para el costado y otro al arquero. No solo es lentitud.

La discutida pausa de hidratación del Mundial sirvió, en algunos casos, para corregir errores, reorganizar posiciones y replantear estrategias de cara a los tramos decisivos de un partido. La pregunta es si la dirigencia hizo eso durante las semanas en las que estuvimos pendientes de la selección o simplemente aguardó a que pasara el campeonato pensando que un nuevo título fungiría como un bálsamo que acomodase la realidad a sus propios intereses.

Después de su golazo a Inglaterra, Enzo Fernández hizo el “Topo Gigio”. Para el columnista Luciano Román, en La Nación, ese gesto “tiene algo de desafío y de desahogo, pero también podría leerse como la predisposición a escuchar. A veces toca oír el aliento, la felicitación, el fervor de la idolatría; otras veces, la crítica constructiva y hasta las preguntas incómodas”.

Después de esta larga pausa de hidratación, la política volvió a la cancha. En el Mundial, los equipos aprovecharon ese intervalo para corregir errores, redefinir estrategias y escuchar a su entrenador. La dirigencia argentina, en cambio, volvió a jugar como si nada hubiera ocurrido. Es difícil corregir estrategias o tomar decisiones acertadas si antes no existe la disposición a escuchar.

Un aficionado la arrojó al campo de juego donde la selección festejaba el épico triunfo sobre Inglaterra. Giovanni Lo Celso y Lisandro Martínez la tomaron de sus puntas y la levantaron hacia la tribuna.

No era una bandera oficial. Mucho menos un documento diplomático ni una declaración gubernamental. Se trataba de una simple sábana de hotel convertida en pancarta. Algo que en cualquier otro contexto pasaría inadvertido se transformó luego del partido en un objeto con un valor simbólico extraordinario.

¿Cuál es la razón por la que un objeto precario, pintado con aerosol, puede adquirir esa potencia emocional? No es la sábana. Ni siquiera la frase, la misma que desde hace años puebla las carteleras y pizarrones de nuestras escuelas. Es el contexto en el que apareció.

La masividad del Mundial de Fútbol estableció el significado. Un campeonato que cada cuatro años rompe las prácticas de lo que el sociólogo -británico, vaya paradoja- Michael Billig denomina “nacionalismo banal”. Esto es, los mecanismos rutinarios y formas cotidianas por las que la Nación es recordada en forma permanente.

La escarapela en el pecho, la bandera en el mástil, los carteles sobre Malvinas son recordatorios que permanecen “mudos” hasta que alguna efeméride o la efervescencia social por algún acontecimiento los amplifica y les devuelve su poder. La bandera que antes colgaba desapercibida en un colegio ahora se reconvierte en pintura facial, en decenas de miles de camisetas celestes y blancas e insignias que pueblan las tribunas.  Ocurre lo mismo en todas las latitudes, según Billig. Los símbolos nacionales adquieren su fuerza cuando una comunidad los rescata para expresar sus sentimientos y reforzar su identidad.

En este marco, es preciso señalar que la reivindicación argentina sobre las Malvinas existe desde hace casi dos siglos. Esa porción usurpada de nuestro territorio forma parte del sentimiento nacional. Un sentimiento amplificado por el recuerdo del conflicto de1982 y por el ejemplo de los excombatientes. También figura desde siempre en los mapas escolares, en los carteles de las rutas  y, aun con idas y vueltas,  es un tema permanente de política exterior. Antecede al Mundial. El fútbol es parte de nuestra identidad, pero no es el generador del reclamo. Sin embargo, enfrentar a Inglaterra lo hizo visible otra vez. Aquí sí una contienda deportiva disparó la emocionalidad que está instalada en los argentinos.

La polémica llegará pronto a su cima. Y la espuma dialéctica terminará por desvanecerse. Sin embargo, se hace necesaria una distinción. No toda apelación al sentimiento nacional supone lo mismo. Una cosa es reivindicar un reclamo de soberanía, ampliamente compartido por la sociedad argentina, y otra muy distinta convertir al rival en objeto de descalificaciones por su ideología o su origen nacional o étnico. Entre ambas posturas existe una gran diferencia que el fervor del Mundial no debería borrar. Los episodios registrados en distintos países, donde incluso se ha cuestionado la pertenencia nacional de futbolistas hijos de inmigrantes, muestran hasta dónde el nacionalismo puede derivar en expresiones xenófobas que nada tienen que ver con la defensa de una postura soberana.

No obstante, la respuesta a la pregunta del comienzo quizás sea más sencilla. Era esperable que aparecieran símbolos asociados al reclamo por Malvinas en el estadio de la ciudad de Atlanta. De todos modos, no se trató de una operación ideológica o de inteligencia ni de una declaración diplomática con pretensiones de incidir en la larga controversia sobre la soberanía de las islas. Tampoco resolverá la discusión sobre la conveniencia o no de haberse exhibido al final del partido.

Pero una improvisada pancarta confirmó que el fútbol puede ser el contexto propicio para convertir un objeto común en una expresión de pertenencia colectiva. Durante unos minutos, esa sábana pintada en un hotel expresó la necesidad de reconocernos en un "nosotros", sin exigirle a un plantel de  jugadores que cargue sobre sus espaldas el peso del histórico reclamo por Malvinas.

Un adulto de casi 40 años llora como un chico al final de un partido de fútbol. Acaba de liderar una de las remontadas más memorables de la historia de los mundiales. Ya ganó todo lo que podía ganar. Lo que se le pedía y hasta lo que no se le exigía. Hace tiempo que superó el reproche estulto de muchos -muchos en serio- que hoy lo alaban, pero durante años dictaban sentencia: no cantaba el Himno, no sentía la camiseta o no obtenía títulos con ella, la misma que vuelve a vestir ese martes al mediodía.

Todavía debe soportar a ideólogos que le espetan acusaciones por “no estar del lado correcto de la vida”, que es el de ellos y el que exigen que todos transitemos. Y aguantar también a miles de voces airadas que profieren sinsentidos esparcidos por las redes sociales.

El tipo llora. ¿Qué se puede decir de él que no se haya dicho?  Mirá si va a ser tibio. Continúa siendo objeto de comparación, a veces intencionadamente aviesa, con el genial Diego. A lo largo de dos décadas nadie como él logró encarar y atropellar -en el buen sentido- a sus rivales. Consiguió el milagro de que la pelota sea una extensión de sus pies. Aún regatea con el encanto de los elegidos. Cuando camina en la cancha analiza la mejor alternativa. Sigue batiendo récords. Tiene un romance perenne con las redes rivales. No genera conflictos. Respeta. Y se hace respetar.

Hace 11 años, luego de dos finales perdidas, este cronista recordó en LA VOZ DE SAN JUSTO cómo nació su pasión por el fútbol. Y evocó a Rojitas, una de las máximas figuras de la historia de Boca Juniors, a quien nunca vio jugar, que solo ganó un par de títulos locales, pero sigue siendo una referencia personal ineludible. Es que, en tiempos de escasas pantallas, la radio despertaba la imaginación. La idea de aquella nota pasaba por señalar que, incluso sin títulos, ese adulto que llora ya significaba un canto a la belleza del deporte más bonito. Había que darle las gracias y pedirle perdón por tanto destrato. Porque, como casi siempre sucedía, cuando se hacía del balón podía ocurrir lo imposible.

Como ocurrió en ese tremendo partido del martes. El que al finalizar lo hizo lagrimear.

Aquellas reflexiones de hace más de una década se basaron en un texto del periodista catalán Martí Perarnau, publicado en el portal español Sport en julio de 2015, que vale la pena releer: “Cuando ya no esté, el fútbol nos parecerá un deporte diferente y habrá un gran vacío. Se vivirá un duelo inmenso, largo como un ayuno. Un duelo de proporciones colosales. Un vacío en el estómago del fútbol. Cuando no esté cambiará nuestra mirada sobre el fútbol porque andaremos angustiados recordando lo que fue y ya no es. Porque es lo más próximo a una certeza. Es la certeza de que ocurrirá lo impensable, lo incierto, lo improbable. Que por difícil que sea, sucederá”.

Continúa Perarnau: “Cuando ya no esté, el balón será un huérfano en busca de alguien que lo acune y le pasee por caminos divertidos. Harta de ser maltratada, la pelota será la primera que llorará por el adiós de quien tanto la quiso. Ya llora un poco ahora que Xavi se va y Pirlo empieza a irse. Lloró cuando Zidane se fue y Ronaldinho se aniquiló, pero nada será comparable a su adiós, que abrirá un paréntesis sin final, un agujero ignoto. Cuando no esté, el tiempo dará marcha atrás y regresaremos a algún lugar prehistórico donde todo vuelva a empezar, de nuevo la larga marcha en busca del elegido”.

Durante años, ganaban el partido las voces de la crítica, a veces despiadada. Cuando el pitazo final parece estar asomando, esos cultores del pesimismo pierden fuerza. Ya no tienen razón de ser. Se van diluyendo en las lágrimas de ese chico de casi 40 años.

Quizás vuelva a suceder lo de Qatar y dentro de una semana volveremos juntos a llorar de alegría. O quizás esta noche, tras el partido con Suiza, ya no esté más con la celeste y blanca. Y lagrimearemos junto a él.

Pero mientras los quizás no se conviertan en certezas, una expectativa hermosa y contradictoria sacude a millones de argentinos habituados a sufrir por un resultado y también a disfrutar de su magia.

Es verdad: el tiempo dará marcha atrás cuando deje la selección. El vacío será inmenso. Y la pelota llorará.

Pero tranquilos. Messi todavía está.

La asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete de la Nación aparece como un relanzamiento político del gobierno libertario. Luego de las denuncias judiciales por las irregularidades patrimoniales de Manuel Adorni y de tres meses de parálisis el gobierno parece buscar el camino para retomar la iniciativa y encontrar algo de normalidad política en su gestión.

Con la salida de Manuel Adorni, Milei se convirtió en el presidente con más jefes de Gabinete en un solo mandato desde 1994: cuatro en apenas dos años y medio (Posse, Francos, Adorni y ahora Santilli). La duración promedio  en el cargo es la más baja entre todos los períodos presidenciales desde 1994, por debajo incluso de la de Fernando de la Rúa.

Mientras la Justicia avanza sobre las denuncias vinculadas con el patrimonio de Manuel Adorni, las limitaciones de la figura constitucional de la Jefatura de Gabinete volvieron a quedar expuestas. En este sentido, es válido preguntarse si esas limitaciones no eran ya evidentes después de más de tres décadas de vigencia.

Fruto del Pacto de Olivos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín, la incorporación de la Jefatura de Gabinete de Ministros en la reforma constitucional de 1994 tenía como propósito declarado atenuar el presidencialismo y establecer un nexo institucional más intenso entre el Ejecutivo y el Congreso. La experiencia demuestra que aquella promesa no se materializó. Por el contrario, lejos de morigerar el poder presidencial, reforzó las prácticas conocidas hasta quedar empantanada en tareas de coordinación administrativa y sin el peso político que los constitucionalistas pretendieron otorgarle.

Un repaso cronológico permite advertir que ningún jefe de Gabinete construyó una legitimidad institucional equivalente a la de un primer ministro. Eduardo Bauzá, el primero en ocupar el cargo, era un hombre de máxima confianza de Carlos Menem. Esto señala que, desde el comienzo, la Jefatura operó como una extensión del círculo presidencial. Alberto Fernández adquirió mayor gravitación política durante los primeros años del kirchnerismo, pero su permanencia también dependió de esa confianza y concluyó tras el conflicto por las retenciones móviles de 2008. Marcos Peña concentró poder de coordinación durante el macrismo, sin que ello lo convirtiera en un funcionario responsable ante el Congreso. Juan Manzur fue designado en 2021, después de la derrota oficialista en las elecciones legislativas, como parte de una reconfiguración política del gobierno de Alberto Fernández. En la administración de Milei, finalmente, la rápida rotación de jefes de Gabinete volvió a confirmar que el nombramiento y la continuidad en el cargo dependen, ante todo, de la confianza presidencial.

Es posible que la metáfora solo sea interpretada por los mayores, pero ciertamente la Jefatura de Gabinete fue “traída con fórceps”. Su incorporación formó parte de la transacción política que hizo posible la reelección de Carlos Menem tras el Pacto de Olivos. A cambio, Raúl Alfonsín logró incluir instituciones destinadas a moderar el poder presidencial e introdujo innovaciones institucionales valiosas. Sin embargo, el texto surgido de la Convención Constituyente no consiguió, al menos hasta ahora, limitar de manera efectiva la concentración de poder en la presidencia.

La idea era incorporar elementos propios de sistemas democráticos semiparlamentarios. Los artículos 100 y 101 de la Constitución reformada en 1994 establecieron sus atribuciones y determinaron que el Legislativo puede remover de su función al jefe de Gabinete con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, lo que podría ser una válvula de escape frente a las crisis recurrentes que se producen en el país.

Sin embargo, la Jefatura nació de un canje político y encontró contrapesos que aumentan el poder del presidente en el mismo texto constitucional (decretos de necesidad y urgencia, delegaciones legislativas ante emergencias y regulaciones de veto y promulgación parcial de las leyes, entre otros). Es decir, el intento de limitar el presidencialismo fue compensado con herramientas que lo reforzaron. Además, el jefe de Gabinete tiene “responsabilidad política ante el Congreso”, pero es nombrado y removido libremente por el presidente. No requiere aprobación parlamentaria para asumir.

Un informe del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, titulado “La devaluada figura del jefe de Gabinete de Ministros”, señala que el cargo combina amplias atribuciones y responsabilidad política ante el Congreso. Sin embargo, esa responsabilidad nunca se tradujo en una autonomía efectiva. En la práctica, quedó más cerca de una delegación de tareas burocráticas del presidente que del desempeño de un “súper ministro” con capacidad de equilibrar el poder del Ejecutivo.

El mismo informe advierte que la obligación constitucional de concurrir mensualmente al Congreso para informar sobre la marcha del gobierno no se cumplió con la regularidad prevista. El caso de Juan Manzur resulta ilustrativo: durante su gestión como jefe de Gabinete del gobierno de Alberto Fernández transcurrió casi un año sin que asistiera a la Cámara de Diputados. A más de tres décadas de creada la institución, se sucedieron numerosos titulares en el cargo, pero sus exposiciones ante el Parlamento no lograron consolidar un control político efectivo. Con frecuencia, los informes quedaron reducidos a documentos extensos y burocráticos.

Al mismo tiempo, la responsabilidad ante el Congreso fue reemplazada por una dependencia exclusiva del presidente. Es verdad que, en las últimas semanas, el voto de censura pudo haberse concretado, pero a lo largo del tiempo, quienes ejercieron el cargo lo dejaron por decisión presidencial, por crisis internas o por reconfiguraciones políticas, no por pérdida de confianza parlamentaria. Ningún jefe de Gabinete fue removido por el Congreso.

El caso Adorni confirmó la subordinación política de una institución atravesada desde su origen por la ambigüedad. En la práctica, nunca logró consolidarse como una instancia responsable ante el Parlamento, sino que funcionó como un engranaje subordinado a la voluntad y a las necesidades del poder presidencial. De esta manera, la Jefatura de Gabinete es una promesa incumplida. El semiparlamentarismo quedó reducido a una ficción.

Una mujer recorre cámara en mano un vestidor de dimensiones exageradas, casi un departamento dentro de otro. Mientras filma, abre cajones, cajas, valijas. Adentro, ordenados con una prolijidad elogiable, se observan fajos de dólares en bolsas de plástico termoselladas. Todos organizados. Casi con la fecha en la que llegaron a ese vestidor.

No es difícil hacer inferencias. Alguien pensó que esa montaña de dinero iba a durar mucho tiempo allí, hasta que fuese posible disfrutar de semejante suma. Y alguien decidió registrar imágenes. Las razones por las que lo hizo importan menos que la escena de dinero

cuidadosamente preservado, aislado y protegido del paso del tiempo.

Los billetes sellados, ordenados y apilados en un vestidor funcionan como metáfora de una costumbre que existe en la Argentina desde hace varias décadas. Alguna parte de su dirigencia practica el termosellado como modo de gestionar la realidad para que los hechos no modifiquen su narrativa.

Utilizando la lógica esgrimida por el todavía hoy jefe de Gabinete en su intento por explicar su crecimiento patrimonial, sería posible afirmar que Martín Insaurralde hubiese “ahorrado en negro como todos los argentinos”. Pero Manuel Adorni no podría hoy salir a “defender” a quien ocupó un cargo similar en el actual gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sus desventuras mediáticas y judiciales se lo impiden. Mucho más luego de las fallidas explicaciones sobre su patrimonio que obligaron a reproducir el mecanismo clásico de esconder, guardarse y esperar.

Frente a esa realidad, la decisión fue encapsular. Termosellar a Adorni, despojarlo de algunas de sus funciones y manejar los tiempos en el Congreso para evitar la interpelación y una posterior moción de censura. Retirarlo de la primera plana mientras se espera que los hechos permitan decidir si se lo rescata o descarta.

No obstante, la operación de “guardado” no alcanzó la prolijidad de los fajos alojados en el vestidor de Insaurralde. Porque la envoltura narrativa que pretende morigerar el impacto choca con la épica discursiva de un gobierno que construyó buena parte de su capital afirmando que venía a combatir los privilegios de la vieja casta política. Y también porque la maquinaria de termosellado libertario todavía está en construcción. Se está fabricando en tiempo real. En esto difiere del kirchnerismo, que ya lo tiene consolidado. La diferencia está en el grado de desarrollo de las acciones tendientes a proteger el relato cuando los hechos amenazan con desmentirlo.

El caso de los billetes de Insaurralde le quita -otra vez- el velo al ya varias veces expuesto termosellado kirchnerista. Los espacios políticos construidos alrededor de un ideas férreas o de liderazgos intensos se articulan en la forja de una identidad ideológica definida. Y crean su propio sistema inmune. Cuando un hecho los amenaza, se activan anticuerpos que no modifican creencias, sino que adaptan los hechos al discurso. Se cava una trinchera en la que la posverdad florece.

El kirchnerismo duro es dueño de una narrativa repetida sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner. La Justicia no es independiente, los jueces responden al poder de turno, los tribunales son una herramienta de persecución política, las causas son construcciones destinadas a eliminar a la única líder capaz de representar al pueblo. Lawfare, exclaman.

Y entonces, aparecen los videos de Cirio e Insaurralde. Y los hechos deben reinterpretarse.

El ministro bonaerense Carlos Bianco, vocero del gobierno de Kicillof, aseguró que el caso "deberá esclarecerlo el Poder Judicial, que determinará de dónde provienen esos fondos y, si se comprueba la existencia de un delito, definirá las sanciones que correspondan". Ninguna referencia a lawfare. Ninguna sospecha sobre los jueces. Ninguna mención a la persecución política. La Justicia, de repente, es un árbitro confiable al que hay que dejar trabajar.

Se asiste de este modo a un termosellado ideológico en el que se procura descomponer una contradicción evidente. Es verdad que son situaciones judiciales diferentes, difíciles de equiparar y con expedientes que transitan instancias distintas. La cuestión es el cambio de valoración que se hace del Poder Judicial. Entonces, surge el interrogante: ¿por qué el Poder Judicial es una herramienta de persecución cuando el expediente tiene el nombre de Cristina, y una instancia confiable cuando tiene el de Insaurralde?". Más allá de las críticas legítimas que puedan formularse sobre el funcionamiento de la Justicia, son los jueces quienes deben determinar responsabilidades en ambos casos.

Es una postura que exhibe inconsistencias y reflota la lógica del termosellado. Una costumbre que refleja la mayor o menor capacidad de cualquier espacio político para procesar un hecho incómodo sin alterar su discurso. Si el escándalo viene de adentro y daña la imagen, se protege al protagonista hasta que resulta imposible hacerlo. En ese momento, se lo eyecta y se sigue. Si el escándalo viene de afuera, se interpreta como persecución, se denuncia y se sigue.

No se aprende, no se corrige, no se cuestiona. La máquina selladora no distingue el contenido de su envase. Solo importa que el paquete se cierre para seguir.

 Los periodistas Maggie Haberman y Jonathan Swan revelaron en The New York Times los entresijos de la decisión de Donald Trump de lanzar un ataque contra Irán, luego de intensas reuniones con sus principales colaboradores y los líderes del gobierno de Israel, en febrero de este año.

En un párrafo de esa nota esclarecedora, señalan que el periodista Tucker Carlson -polémico vocero de la derecha norteamericana y defensor del movimiento Maga- “había acudido varias veces al Despacho Oval durante el año anterior para advertir a Trump que una guerra con Irán destruiría su presidencia”. Agregan que el presidente intentó tranquilizarlo por teléfono. “Sé que te preocupa, pero todo va a salir bien”, dijo. Carlson le preguntó cómo lo sabía. “Porque siempre es así”, respondió Trump.

La frase clausura cualquier discusión. Para el presidente de Estados Unidos, sus decisiones son acertadas. Aunque es válido interrogarse si es así en todo momento. Desde la lógica, basta encontrar un caso en que no hayan funcionado para que la afirmación tajante pierda validez. Además, pretender que un proceso político que incluye acciones militares de magnitud ingrese en la categoría de “siempre funciona” es, cuanto menos, una simplificación excesiva.

En términos retóricos, las afirmaciones absolutas buscan transmitir seguridad y control, pero justamente por eso pueden generar sospecha. Porque suenan más a una construcción discursiva que a descripción honesta de la realidad. Quizás como pocos líderes políticos de este -y otros- tiempos Trump abusa de este recurso, descarta la posibilidad de otros significados, no invita a debatirlos, cierra el sentido de modo terminante.

Ese tipo de afirmaciones también revela rasgos de personalidad. Algunos analistas hablan, incluso, de un perfil “ozempico”, en referencia al medicamento que hace adelgazar de modo rápido. Una forma de liderazgo que exhibe cambios rápidos, intensidad y una confianza extrema, casi artificial, en la propia eficacia. En Trump, esa combinación de histrionismo, poca empatía y vocación de control se convierte en una necesidad política.

Así, quien por la mañana amenaza con extinguir a una civilización como la persa y por la tarde promete un futuro esplendoroso para ese mismo pueblo y otros de Medio Oriente, desorienta y provoca desconcierto. También confunde, según el artículo publicado en el diario neoyorquino, a sus más consecuentes -algunos obsecuentes- colaboradores.

Para Trump, ser el eje central de cualquier proceso es una de las claves -aunque no la única- de su accionar. La coherencia no le preocupa en lo más mínimo. De otro modo no puede comprenderse que alterne amenazas con promesas, condenas con elogios o superponga mensajes opuestos sin ruborizarse. Como “siempre funciona” la contradicción no es un error, es un método, un sistema.

De este modo, no tiene problemas en advertir sobre escenarios catastróficos en Medio Oriente y, al día siguiente, anunciar prosperidad infinita; se lanza a cuestionar a Rusia por su invasión a Ucrania y luego afirma que Vladimir Putin es un viejo amigo; agrede al Papa León XIV y postea imágenes en las que se presenta como líder religioso; promete a su pueblo que no se inmiscuirá en conflictos bélicos y, tras cartón, ordena bombardeos fulminantes; se presenta como garante del orden internacional mientras dinamita consensos, amenaza con anexar Groenlandia o retirarse de la Otan.En verdad, la reconstrucción del New York Times sobre la decisión de atacar a Irán, publicada en abril pasado, exhibe que hubo dudas y vacilaciones, se generaron tensiones internas y se plantearon escenarios no favorables. Por ello, aquello de que todo funcionará solo puede ingresar en el terreno del relato, de una determinada narrativa de supuesta omnipotencia.

Hace más de medio siglo, el sociólogo belga radicado en Chile, Armand Mattelart, publicó un libro que durante largo tiempo fue de lectura casi obligatoria para estudiantes de periodismo y comunicación social, titulado “Para leer al Pato Donald”. Allí sostenía que las historietas de Walt Disney difundían una ideología acorde con los valores del capitalismo y con una visión del mundo favorable a los intereses estadounidenses. El texto fue una invitación a la polémica en el marco de las luchas ideológicas en los años 70 especialmente.

En esa obra crítica a la cultura de masas de la que, para Mattelart, Disney sería portavoz, leer al Pato Donald implicaba el intento de hallar una matriz comunicacional que pretendía instalar una visión en la que Estados Unidos definía el tablero geopolítico y los hechos se subordinaban a ese objetivo. 

En el mundo de las historietas de Disney, el Pato es un personaje que obliga a un esfuerzo para comprenderlo, debido a su lenguaje enrevesado y su comportamiento impulsivo y temperamental. Porque no se puede verificar cada palabra que pronuncia y porque sus reacciones a veces no son las que pueden esperarse en un contexto determinado. Y, aunque el dibujo animado tiene la intención de generar humor, la consecuencia similar: quienes interactúan con él casi siempre se alejan porque no lo comprenden.

Analogía mediante, tal vez el problema para comprender al personaje político que lleva el mismo nombre no pase tanto por desentrañar si dice la verdad o si se contradice. Porque sus palabras, sus impulsos y sus acciones van de la mano con su convicción de que siempre tiene razón. Como en aquel viejo libro será necesario captar lo que está implícito para tratar de entender a un Donald convencido de que todo lo que hace “siempre funciona”. Difícil tarea para quien ha generado con sus acciones un berenjenal geopolítico de proporciones y una realidad en la que van alejándose sus potenciales aliados.

Y, de modo más general, siempre es necesario encender las alarmas cuando cualquier personaje con poder asegura ser infalible.

Bajo aplausos y vítores ingresó al ring de la Cámara de Diputados. “¡Vamos Manuel!”, se le escuchó gritar al presidente en modo barra.  Todo el oficialismo le tributó una bienvenida repleta de algazara, de la que se podía inferir la trascendencia política del combate que se aprestaba a librar.

Manuel Adorni, sentado en el centro del recinto, se dedicó a cumplir con el guion previsto. Leyó durante largas horas, recobró algunos tonos altaneros que había perdido en los escarceos surgidos tras la serie de denuncias en su contra y se volcó con toda decisión a cumplir con el objetivo propuesto: subsistir.

Lo consiguió. No lo noquearon. Pero tampoco logró que le levantaran la mano en señal de triunfo. Sostenido por un ruidoso “rincón”, liderado por el presidente de la Nación quien volvió a desplegar todo su arsenal de improperios y acusaciones, pudo terminar el round de pie, aunque sigue entre las cuerdas.

Como en tantos combates extensos, la pelea se definió más por la resistencia que por los golpes certeros. Hubo momentos de intensidad, cruces ásperos y gestos de confrontación, que no lograron torcer el resultado. El paso de las horas fue consolidando una lógica en la que sobrevivir se volvió más importante que imponerse y en la que el desenlace quedó abierto.

Con los matices propios de un Congreso que no siempre está a la altura de las circunstancias, la institucionalidad no sufrió. Puede afirmarse, entonces, que la estrategia legalista pergeñada por el oficialismo salió airosa.

Más allá de que la frecuencia mensual de presentaciones en el Congreso nunca ha existido ni en este ni en ningún gobierno anterior, se cumplió lo que establece el artículo 101 de la Constitución Nacional sobre los informes del jefe de Gabinete a las cámaras del Parlamento. Este “partido formal” exhibió escasas alternativas sobresalientes. Los cruces entre Milei y la izquierda extrema atrajeron los focos. Mientras, tomando como eje la cuestión patrimonial del jefe de Gabinete, los legisladores kirchneristas interrumpían con gritos y amagaban con una moción de censura que finalmente no se produjo.

Adorni no perdió el control de su discurso y tampoco dejó frases desafortunadas como en otras ocasiones. Mantuvo un tono firme y, como podía esperarse, hizo una defensa férrea del gobierno. Su estrategia tenía un fin claro: antes que intentar la victoria había que trabajar para no perder. Llegó al final sin mayores desbordes, aplaudido por las gradas libertarias y apuntalado por la falta de eficacia política de una oposición que no logró acorralarlo. Resultó ser, al final, un nuevo episodio de una conocida saga de la política argentina de la que el Congreso es escenario, pero no herramienta.

El jefe de Gabinete dará explicaciones en la Justicia. Así lo reafirmó en el momento en que finalizaba su faena. Logró mantenerse en pie, protegido por el respaldo del poder. Pero dejó intactas las sospechas que lo persiguen desde hace varias semanas.

Es decir, cumplió desde lo institucional. Pero sus deudas se mantienen y no solo tienen como acreedoras a ignotas jubiladas. También la ciudadanía merece respuestas. Mientras las espera, la opinión pública se pregunta si, como tantas otras veces, en las cuestiones más sensibles seguirá “estando de Adorni”.

En el comienzo del escándalo político y de las instancias judiciales que lo tienen como protagonista por supuesto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondió a una consulta con la frase “apenas sos un periodista”, intentando subrayar que la prensa no tiene el rol de juez para evaluar sus gastos personales.

Días después, el presidente Javier Milei dejó al descubierto -por lo menos hasta el momento de escribir estas líneas- que la estrategia del gobierno para defender a Adorni pasa por redoblar los ataques a la prensa. Entonces, volvió a apelar a la agresión señalando que el 95% de los periodistas son “delincuentes”. Asimismo, cuando viajó a Israel, insistió en que gran parte de los periodistas juegan para “las fuerzas del mal”.  Insiste en reiterar el repertorio que le sirvió para hacerse conocido en las redes sociales hace algunos años, pero que resulta riesgoso si es utilizado por un presidente.

También se reveló, según una investigación de organizaciones periodísticas internacionales, que algunos medios de comunicación y periodistas alineados con posiciones contrarias al gobierno habrían recibido pagos para difundir información falsa con la intención de erosionar la confianza pública. De acuerdo con ese informe, los fondos estarían relacionados con  organizaciones con posibles vínculos con intereses rusos, con antecedentes de campañas de desinformación detectadas en otros países.

En ese marco y en medio de esas denuncias, la relación conflictiva con la prensa alcanzó un nuevo punto de tensión cuando el gobierno prohibió el ingreso a la Casa Rosada primero a los periodistas de los medios que habrían actuado en esa campaña de desinformación. Y escaló luego, denunciando filmaciones difundidas por un canal de noticias que “podrían afectar la seguridad nacional”, retiró las credenciales de todos los trabajadores de prensa destacados allí, en una decisión que no tiene antecedentes ni siquiera en la última dictadura militar.

Se podrá señalar que la arremetida contra la prensa no figura entre los temas urgentes que afectan la vida de los argentinos. Pero estos episodios, en especial la prohibición, afectan el esencial principio de libre expresión y roen el derecho a la información de una sociedad.

Bajo aquello de que  “no odiamos suficiente a los periodistas” se reflotan acusaciones con agresividad verbal y desdén hacia la función de la prensa.

De todos modos, vale aclarar que la tirria del poder contra el periodismo no es nueva. Solo cambian las épocas, los personajes, los tonos y los modos de deslegitimación. Van desde la censura lisa y llana en tiempos lejanos, pasando por restricciones más sutiles como presión económica e intentos de imposición cotidianos, pero solapados; hasta llegar a “pedidos de cabezas”,  “invitaciones” a salivar las fotografías de los periodistas, proferir insultos de toda laya y exclamar agresivamente generalizaciones incomprobables que terminaron esta semana una decisión prohibitiva que la historia no registra.

Es preciso admitir  la crisis de la comunicación masiva por imperio de factores internos y externos que han irrumpido con fuerza.  Este es el contexto en el que aparecen prácticas que degradan al periodismo. Algunas desplazan la verificación por la operación y la búsqueda de la verdad por intereses ajenos a la tarea informativa. En ese mismo sentido, influyen las posturas que dejan de lado la imprescindible mirada crítica sobre la realidad para adoptar la militancia en  favor de alguna facción.

Pero ni siquiera tomando en consideración estas circunstancias que afectan a la prensa y a los medios en un tiempo de profundas reconfiguraciones éticas, políticas, tecnológicas y discursivas, pueden justificarse ataques indiscriminados. Además, se ignora el aporte valioso que el periodismo hace a la salud republicana cuando revela hechos de corrupción y pone en evidencia a sus protagonistas, casi siempre cercanos al poder.

El próximo 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La efeméride se presentará como una ocasión propicia para reflexionar sobre aquella frase de Adorni. Un concepto que puede dejar de ser un agravio para transformarse en una definición. No para aceptar los intentos de desacreditación generalizados. Tampoco como respuesta a quienes tildan al 95% de los hombres de prensa como delincuentes ni para reclamar a quienes prohíben el trabajo del periodismo en el recinto del poder. Sí como una forma de rescatar el valor social de este oficio frente a los cuestionamientos de los gobernantes de ahora y de todos los tiempos.

Los intentos de deslegitimación, las presiones y los agravios continuarán. Y obligarán a redoblar la mirada hacia adentro del oficio. Porque, como sostiene el periodista sanfrancisqueño Ricardo Trotti, la crisis de la prensa no se resuelve con mejores herramientas tecnológicas sino con estándares éticos más exigentes que se encarnen en las tareas centrales de preguntar, investigar, verificar y relatar con honestidad intelectual.

Ser “apenas un periodista” es nada más que eso. Nada menos que eso.

En declaraciones periodísticas, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el hecho de que funcionarios del gobierno y legisladores hayan accedido a créditos hipotecarios del Banco Nación. Estos préstamos originaron un pedido de investigación impulsado por diputados opositores.  

Las palabras del funcionario resonaron con fuerza: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, dijo. Afirmó que él mismo incentivó el uso de estas líneas: “Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única”.

La misma mirada, aunque más “penetrante”, fue exhibida por el presidente de la Nación en una entrevista reciente. Milei minimizó la controversia argumentando que su uso no causó muertes, ni afectó la libertad de las personas. Agregó que los préstamos se tomaron a tasas de mercado, con lo que cerró cualquier posibilidad de debate e ignoró aspectos como la desigualdad en el acceso o la discusión sobre el destino de los fondos públicos.

En verdad, la legalidad de estos créditos estaría fuera de discusión. No obstante, en el plano de la ética pública es donde aquellas explicaciones pierden consistencia. En la Argentina nos hemos acostumbrado a que ciertos sectores o personajes tienen privilegios a la hora de alcanzar algunos beneficios. Saltarse la cola para acceder antes que los demás a determinados privilegios es un hecho de una habitualidad lamentablemente naturalizada.

En este sentido, el caso del vacunatorio VIP durante la pandemia permite entender el propio límite del razonamiento presidencial: allí sí pueden identificarse consecuencias graves, incluso muertes, producto de las decisiones discrecionales de los funcionarios kirchneristas. Pero si ese fuera el único umbral para cuestionar una conducta, quedarían fuera del análisis una serie de prácticas que, sin provocar daños inmediatos ni restringir libertades, afectan principios esenciales de la ética pública y erosionan la ilusión de muchos ciudadanos que apostaron a la llegada de un outsider que venía a “limpiar” los privilegios y abusos de una casta política responsable, sin dudas, de la decadencia nacional.

La distinción entre lo legal (lo permitido por las normas) y lo ético (lo correcto en función de valores como el bien común y la equidad) es un debate clásico de la filosofía política. Por ello, los préstamos que recibieron altos funcionarios bien pueden ser cuestionados desde la ética administrativa y la transparencia que debe reclamarse a las acciones de gobierno.

Aunque el ministro de Economía diga que los préstamos del Nación están disponibles “para todos”, acceder a los montos que se han publicado no es habitual. Los salarios de la administración pública, aun cuando quien lo reciba ocupe una alta función, tampoco permitirían préstamos millonarios. Asimismo, funcionarios del área económica o del oficialismo pueden verse beneficiados por tener información privilegiada, hecho que sí ingresaría en el terreno del derecho. De igual modo, si el acceso a los préstamos es facilitado por la cercanía política o por el otorgamiento de favores, también la cuestión legal juega en el análisis.

Reducir la ética pública a la ausencia de daño visible es confundir legalidad con legitimidad. La historia reciente ofrece ejemplos elocuentes: las designaciones de familiares en cargos estatales antes de su prohibición no produjeron muertes ni restringieron libertades, pero sí lesionaron principios básicos como la igualdad de oportunidades. Las habituales excepciones en los procesos licitatorios que direccionan los recursos a los “amigos del poder” pueden estar revestidas de legalidad si cumplen determinados requisitos, pero los principios de transparencia y competencia, pilares de la ética pública, se debilitan al extremo.

Es decir, la evaluación ética de una decisión gubernamental no debería agotarse en observar si produjo un daño inmediato (según Milei, muertes o pérdida de libertades), sino que puede ser cuestionable si consolida desigualdades o compromete recursos públicos que podrían destinarse hacia otros fines. Por ejemplo, no hay ilegalidad en que una diputada oficialista por Salta destine los pasajes de avión que recibe cada mes para que su hijo pueda estudiar en Buenos Aires. Pero reducir la discusión a que no hay daños graves para otros implica una mirada minimalista de la ética. Además, en una república los recursos del Estado deben orientarse al bien común, no solo a operaciones “correctas”.

En este contexto, el valor de la equidad se ve afectado. El acceso al crédito para el ciudadano promedio es caro, difícil o burocrático y el hecho de que altos miembros del gobierno utilicen el cupo de préstamos de un banco público trastoca el orden de las prioridades que deberían guiar la misión de esa entidad financiera.

En definitiva, lo que está en discusión no es si algo puede hacerse, sino si debe hacerse. En el primer caso, la Justicia dilucidará la cuestión. En el segundo, referido a la ética, las zonas grises abundan.

La petrolera YPF es, desde hace días, protagonista de la realidad nacional. Viene ajustando los precios de los combustibles en un contexto internacional tensionado por la guerra en Medio Oriente, entre otros factores. A eso se suma el fallo de la Justicia de Estados Unidos, que fue recibido con estruendoso alivio por el gobierno nacional.

Lo que en términos judiciales constituye un resultado favorable -al menos en esta instancia- fue rápidamente presentado como un triunfo político y utilizado como proyectil para arrojar a los adversarios. Es decir, se evita el pago de 16 mil millones de dólares (o más según algunas interpretaciones), pero apenas la política toma nota de la auspiciosa novedad, la convierte en un elemento de la batalla ideológica. “Me atribuyo el éxito y humillo al otro”, es frase de cabecera.

Atreverse a señalar que hubo continuidad en la estrategia defensiva en los tribunales de Nueva York resulta difícil de explicar. No es sencillo sostener este argumento en un país donde los líderes políticos están enfrentados y no se dirigen la palabra. Lo que puede denominarse “continuidad” fue más inercia que empuje. No hubo coordinación estratégica entre gobiernos sucesivos. Lo que existió fue la persistencia de una línea defensiva que ningún gobierno reformuló de manera integral, no por acuerdo estratégico sino por falta de alternativas claras y de consensos, lo que impide -en este caso y en muchos otros- alcanzar el estatus de política de Estado.

En ese marco, Milei y Kicillof, los protagonistas de esta saga, usaron el fallo para conseguir oxígeno político. Y no dudaron en convertirlo en herramienta de la batalla ideológica y cultural.

El presidente celebró la decisión del tribunal norteamericano con su tono agresivo habitual. Aprovechó para insistir en descalificar a quienes, embebecidos en su lógica ideológica, tomaron decisiones que sentaron al país en el banquillo. En ese contexto, la sentencia judicial también contribuyó, al menos momentáneamente, a desplazar el impacto de las semanas de zozobra que atraviesa el gobierno por la “confusión” entre lo público y lo privado de su jefe de Gabinete.

Por su parte, el fallo le quitó a Axel Kicillof el mayor peso de su potencial campaña presidencial: enfrentar debates en los que tendría que justificar ante los contribuyentes un gasto tan elevado decidido por él mismo. El gobernador de Buenos Aires entrevió la oportunidad de reivindicarse como el impulsor exitoso de la YPF estatal y utilizó el fallo para escalar su “cruzada” cuyo objetivo es convertirse en el líder del peronismo. Los abucheos que recibió en un acto de egreso de policías de su provincia son signo de está todavía lejana de alcanzar esa condición. Además, en su mochila todavía pesan las críticas de los jueces sobre la violación del estatuto de la empresa y la inseguridad jurídica que sembró.

Así, en ambos casos, la narrativa del triunfo histórico asoma efímera porque funciona en el corto plazo, pero no tiene la consistencia necesaria para sostenerse más allá de la coyuntura. De este modo, la épica con la que la política abordó el éxito en los tribunales neoyorquinos forma parte de una dinámica de calesita en la que predomina la incapacidad estructural de la dirigencia para construir sentido común compartido. Es un movimiento constante sin desplazamiento, en el que la sortija no sale.

En definitiva, la política argentina sigue rodando en círculos. Hasta lo que puede considerarse un triunfo queda atrapado en una lógica de confrontación que impide encontrar nuevos puntos de partida.

“Cuando enseño en Berkeley, en el primer curso de Ciencia Cognitiva, lo primero que hago es darles a los estudiantes un ejercicio. El ejercicio es: no pienses en un elefante. Hagas lo que hagas, no pienses en un elefante”.

Así comienza uno de los capítulos del libro del lingüista norteamericano George Lakoff, titulado precisamente “No pienses en un elefante”, que analiza el discurso y el lenguaje de la política. El autor revela que, después de varios años, “no he encontrado todavía a un estudiante capaz de hacerlo”. Todos piensan en un elefante y activan un marco, un escenario en el que se les aparece el paquidermo.

La conclusión de Lakoff es que “cuando negamos el marco, evocamos el marco”. Recuerda al respecto que cuando se descubrió que Richard Nixon estaba involucrado en el escándalo Watergate, “se dirigió al país por  televisión. Se presentó ante los ciudadanos y dijo: ‘No soy un criminal’. Y todo el mundo pensó que lo era”.

Sobran los ejemplos de personajes públicos -no solo de la política- acorralados por denuncias que apelan al lenguaje defensivo y promueven el conflicto con sus interlocutores para evitar las explicaciones que deben brindar a la opinión pública sobre los hechos que protagonizan. El objetivo es que el contenido del mensaje se diluya en la confrontación.

La última conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acuciado por las denuncias sobre sus viajes en aviones privados y sus supuestas omisiones de bienes en sus declaraciones juradas, mantuvo esa dirección. “No tengo nada que esconder”; “vos no sos juez”;  “no me voy a sentar a que me den clases de ética”, fueron las frases que más resonaron luego de su exposición. Su estrategia discursiva se apoyó en un marco. Pero la repercusión de sus dichos cruzó de vereda. La regla de Lakoff no se cumplió. En la comunicación política, “negar en negativo” no neutraliza ni atenúa las imputaciones. Muchas veces las refuerza.  

Por cierto, las estrategias discursivas pueden variar. Y, sin embargo, producir efectos similares.  “Me acusan de ser responsable de 203 casos de cohechos pasivos, coimas. ¿Dónde, cuándo, cómo, quién las recibió? ¿Yo? ¿De quién? ¿Cuándo, cómo, cuánto? Pero además, ¿dónde está toda esa plata?”; “Si me hubiera robado miles de millones no estaría sentada acá”. Las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en su alegato frente a los jueces que la juzgan en la causa Cuadernos procuraron, además de negar, amplificar los márgenes del debate hasta volver difuso el eje central. Cuestiona la verosimilitud de las acusaciones, pero no las refuta.  

Este modo de defensa, al correrse de los hechos concretos hacia contextos más generales, no esclarece. Por el contrario, la expansión del mensaje hacia otros planos mediante un exceso de lenguaje, el uso de consignas reiteradas y la diseminación de acusaciones hacia otros terrenos no desmiente ni oculta los hechos.  Y termina generando la misma consecuencia: se niega el marco, pero quien recibe el mensaje lo evoca.

Debe admitirse no obstante que, en este tiempo, hay quienes no comprenden o no asumen los efectos de este tipo de lógicas discursivas en la política. Especialmente esto ocurre entre quienes conviven en las “cámaras de eco” de las redes sociales. Sistemas de circuito cerrado en los que sus participantes hablan y se escuchan entre ellos, instalados en la comodidad de un territorio donde no son contradichos y en el que se difunden mensajes para negar -otra vez este verbo- el marco en el que ocurren los hechos.

En octubre de 2022, Javier Milei, desde siempre un activo usuario de estas redes, denunciaba que el gobierno anterior saturaba el relato para ocultar la situación económica. En ese contexto, escribió: “¿Cómo se hace para esconder a un elefante? Se lo rodea de una cantidad enorme de elefantes”. Por estos días, uno de sus principales funcionarios utiliza la misma estrategia. Un recurso discursivo que el kirchnerismo utilizó frecuentemente cuando dominaba la escena y que reaparece ahora en los estrados judiciales. Al menos en este punto, distintos pero parecidos.

Cuando se enfrentan a la imposibilidad de explicar sus acciones, los políticos de todo el mundo intentan disolverlas mediante un exceso de lenguaje, negaciones sistemáticas, elaboración de teorías conspirativas y consignas, entre otros recursos. Son los elefantes que terminan ocultando lo esencial.

En un ensayo político titulado “Post populismo: la nueva ola que sacudirá a Occidente”, el politólogo francés Thibauld Muzergues plantea la aparición de una nueva fase política que surge tras la "disrupción populista" de la década anterior. Lo hace a partir del análisis de la experiencia del gobierno derechista de Giorgia Meloni en Italia.

A partir de los giros pragmáticos de la líder italiana, establece que podría comenzar un período en el que las tendencias políticas de derecha superen las lógicas populistas clásicas y adopten rasgos mixtos entre el liberalismo económico, el conservadurismo político y nuevas formas de gestión que podrían alterar la manera en la que históricamente se han concebido las instituciones democráticas.

La “nueva ola” procuraría superar la dicotomía populistas de “nosotros versus ellos” para regresar a un debate ideológico más tradicional en las que las categorías “derecha – izquierda” volverían a aflorar, aun cuando pudieran aparecer nuevos términos para denominarlas.

En este marco, el autor sostiene que Meloni va camino a convertirse en una líder post populista: en política exterior rompió con la tradición de la derecha radical europea de coquetear con Rusia, apoya la Otan y a Ucrania y se asume europeísta. Además, su gestión, no exenta de sobresaltos, mantiene la estabilidad de los mercados y ha moderado la retórica extremista con la que llegó al poder en la cresta de la ola populista. Esto da paso a que se la observe como una estadista fiable, que, sin embargo, no renuncia a su agenda conservadora. Para Muzergues, el camino de la primera ministra italiana es el que probablemente sigan las derechas que quieran sobrevivir a largo plazo.

A partir de ese análisis, mientras aún resuenan los ecos del estruendoso, por momentos escandaloso, episodio de un presidente vociferando desde un atril en el Congreso de la Nación contra un sector de la oposición que tampoco se quedó atrás en sus airadas manifestaciones y en el momento en el que la humanidad experimenta  otra preocupante experiencia de guerra que exhibe todavía la vigencia de lógicas populistas, podría pensarse que la Argentina todavía navega en el encrespado mar del populismo, aunque con indicios de que podría surgir algo similar a eso denominado post populismo. Es decir, se viviría un tiempo híbrido.

Por un lado, el discurso del Congreso reprodujo con claridad el antagonismo planteado por Ernesto Laclau: la retórica inflamada para marcar la frontera entre “nosotros y ellos”. La teatralización estudiada del presidente para su presentación en el Parlamento encaja de lleno en el populismo clásico.

No obstante, diferencia de las prácticas populistas previas que buscaban alianzas "antihegemónicas", Milei ha declarado un alineamiento incondicional con EE. UU. e Israel. Asimismo, con alteraciones coyunturales y varias contradicciones, el gobierno insiste en ejecutar un programa rígido, en el que aparecen claves ideológicas tradicionales que lo acercan al planteo post populista. La épica del lenguaje populista centrada en la lucha contra “la casta” -destinataria de insultos varios del presidente durante su discurso en el Congreso- convive con el lenguaje técnico de administración sana, promesas (aunque sin precisiones) de nuevas y numerosas reformas y búsqueda de previsibilidad macroeconómica.

Un último dato dispara interrogantes. Se trata del  anuncio sobre  “modificar la arquitectura institucional” que refuerza las dudas acerca de cómo se concibe el funcionamiento de las instituciones democráticas, un flanco que abre caminos potencialmente riesgosos.

En definitiva, mientras el eco del atril sigue resonando, el outsider que llegó para derribar con la motosierra un sistema político decadente utiliza las formas populistas de siempre, aunque muestra indicios de que podría transitar un camino hacia el post populismo.

Algo similar podría ocurrir en el laberinto opositor. Mientras los sectores más radicalizados mantienen lógicas que no logran mover el termómetro electoral, la posibilidad cierta de que el gobierno sea ratificado el año próximo en las urnas comienza a impulsar intentos de reunir facciones cercanas a la tradicional categoría ideológica de la izquierda o centroizquierda, bajo la premisa -al menos declarativa- de no repetir prácticas populistas fracasadas. Siguiendo el razonamiento del autor francés, también allí podría registrarse un viraje hacia el “post”.

Quizás el rasgo dominante de esta etapa sea la hibridez. Esto es, una realidad política en la que el eco del atril muestra al populismo clásico, pero que empezaría a insinuar algo diferente.

Alcanza ribetes insólitos -hasta llega a extremos de ridiculez- la decisión de la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino de suspender la novena fecha del torneo de la Liga Profesional, debido a que los máximos dirigentes de esa entidad fueron citados a declarar ante la Justicia en una causa por una supuesta millonaria evasión fiscal.

La trama del anunciado lockout futbolero revela, una vez más, que el ejercicio del poder está plagado de gestos y decisiones cargados de significación. En este caso, se confirma aquello de que los sistemas de poder construyen su propio relato con la intención de perpetuarse.

Asimismo, las reacciones de los protagonistas cuando se hallan en problemas están escritas en los manuales: negación o minimización, búsqueda de chivos expiatorios, denuncia de persecuciones, aumento del control, cooptación de aliados e intensificación en la toma de decisiones que tienen como objetivo aparentar firmeza o resistencia. A veces, por la tensión existente, bajo la presión y la amenaza de que se derrumbe lo “construido”, algunas de estas estrategias afloran en decisiones de una torpeza manifiesta.  La huelga del fútbol parece ser uno de esos casos.

Si bien no se relacionan directamente con la causa que motivó la citación judicial de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, sus apellidos atraviesan otros asuntos que son materia de investigaciones en los tribunales. En uno de ellos, el sobrevuelo de drones sobre una fastuosa residencia en Pilar, Buenos Aires, cuya propiedad estaría vinculada al tesorero de la AFA , permitió descubrir la existencia de un extravagante helipuerto. En un extremo del sitio donde aterrizaban helicópteros que habrían transportado a encumbrados personajes cercanos a ámbitos de poder (como el judicial) para participar de lujosas celebraciones, aparece el nombre de Servicios Neurus, una firma asociada al opaco entorno de este personaje siempre agresivo en sus apariciones en redes sociales. Quizás sea coincidencia. Tal vez no. Pero esa denominación activa la memoria cultural compartida y remite a un dibujo animado que marcó a generaciones: Hijitus.

El poder caricaturizado

En aquella inolvidable creación de Manuel García Ferré, Neurus es el autoritarismo hecho caricatura. El profesor tiene la obsesión de concentrar el poder. Y, para ello, monopoliza la palabra y reduce a los demás a meros ejecutores. Una frase muy repetida, condensa este modo de actuar: “Uno para ti, otro para ti y cien para mí”. Expresa una concepción del orden basada en la desigualdad, ajena a la justicia o al mérito y apoyada en decisiones que no admiten discrepancia. La legalidad y el sentido común se subordinan a la conveniencia del que manda y ordena.

Para que exista esta manera de ejercer el poder se necesitan personajes como Pucho, cuyas limitaciones -personales o contextuales- reducen su capacidad de respuesta y generan una obediencia que no nace de la racionalidad, sino de la dependencia, y que, a veces, deriva en complicidad.

Así, la semiología -disciplina que, a veces y con alguna razón, es calificada como excesivamente abstracta- encuentra aquí una aplicación concreta. En la AFA, dos Neurus, uno de los cuales incluso estampó ese nombre en un helipuerto, protagonizan un guion en el que el poder se encierra para proteger sus propios intereses, aun a costa de perjudicar al conjunto. Y varios Pucho, dirigentes de ligas o clubes, otorgan callando, replican en sus redes comunicados de apoyo calcados o deben salir a explicar a la afición que no son “corderitos”. Mientras, las tribunas rugen.

El paro del fútbol ya lanzado y los evidentes gestos de obediencia dirigencial que delatan dependencia conforman una trama que excede largamente las peripecias judiciales de Tapia y Toviggino, pues revela cómo el poder se representa a sí mismo y de qué modo su afán de autoprotección comunica, de forma cada vez más explícita, el objetivo de alcanzar impunidad.  

Sin embargo, en la entrañable historieta, por torpeza o falta de malicia, el ayudante del autoritario profesor termina complicándole la vida al soberbio estratega que piensa y ejecuta buscando su propio beneficio. Puede inferirse entonces que hay espacio para la esperanza de que aparezcan algunos Pucho involucrados en el mundo del fútbol que se propongan neutralizar a los Neurus de la AFA.

Varias frases utilizadas en las crónicas periodísticas para explicar situaciones que se producen en las contiendas deportivas están cargadas de significados oportunos para aplicar a la palpitante y convulsa política nacional. Mucho más en una semana agitada, en la que el gobierno volvió a enredarse solo, cometió errores de principiante y dejó la pelota picando en la puerta del arco… De su propio arco.

En este juego de analogías, resulta inevitable evocar aquel entretiempo del Mundial de 1990, cuando, tras haber sufrido un verdadero baile ante Brasil, el entonces director técnico de la selección nacional se limitó a advertirles a sus jugadores que “si se la siguen dando a los de amarillo vamos a perder”. Si bien en la simbología política argentina el amarillo se identifica con lo que queda del PRO, aliado del gobierno, la lógica de aquella frase de Carlos Bilardo, personaje al que públicamente el presidente le expresa admiración, también aplica a lo ocurrido.

El gobierno se vio contra las cuerdas cuando advirtió que el artículo referido a las licencias por enfermedad incluido en el proyecto de reforma laboral había caído muy mal, incluso en muchos de sus propios votantes. El episodio expuso, una vez más, una seguidilla de errores no forzados. Nadie se hizo cargo de la inclusión de ese texto, aprobado a ciegas por senadores que dieron muestras de amateurismo parlamentario, y las explicaciones posteriores del ministro Federico Sturzenegger definitivamente embarraron la cancha. El intento de “arreglarlo” luego vía decreto reglamentario fue percibido como una jugada antirreglamentaria. La intención de cambiar las reglas de juego cuando el partido se estaba jugando evocó de inmediato las argucias de la actual dirigencia de la AFA. Finalmente, algo de cordura apareció y el artículo 44 fue eliminado del proyecto que, no sin sobresaltos, aprobó Diputados y remitió nuevamente al Senado.

Gracias a los desajustes tácticos y estratégicos del gobierno, la CGT, que venía perdiendo todos los rounds, se despabiló. Encontró argumentos, clima y oportunidad para llamar a un paro general. Cuando todo indicaba que estaba por tirar la toalla, la oposición más dura se paró de nuevo en el centro del ring. La votación favorable en Diputados aminoró el fallido que casi provoca el despiste del oficialismo y recordó aquella memorable asistencia de Maradona para que Caniggia definiera el cotejo en el que le daban todas las pelotas a los de amarillo y sellara el pase a la siguiente ronda.

La aprobación de la reforma sin el texto más resistido y la expectativa de su pronta sanción definitiva atenuaron el barquinazo. Pero el partido, claramente, no ha terminado. El cierre de Fate fue un golpe seco, de esos que hacen tambalear incluso al que va ganando. Se da en un contexto económico que empieza a mostrar efectos sociales evidentes. Tanto que hasta el Fondo Monetario Internacional habló de “mitigar los costos de transición”. Es un banderín en alto que advierte sobre la necesidad de encontrar recetas para no caer en “offside” frente a una problemática muy sensible.  

Sin embargo, pese a que la actuación de su equipo tiene aspectos que desconciertan,  Milei sigue conservando un importante nivel de aceptación. La explicación vuelve a estar en la política: no aparecen alternativas sólidas, ni liderazgos que disputen el dominio del juego. Escenas como la de una diputada desconectando micrófonos y lanzando insultos en plena sesión funcionan como muestras del desenchufe de una oposición que no logra conectar en la cancha.

Todo indica que el oficialismo buscará exhibir la sanción definitiva de la reforma laboral como trofeo en la próxima apertura de sesiones del Congreso. En verdad, sería una victoria relevante para un gobierno no peronista. Pero el juego sigue. Y varios funcionarios parecen haberse acostumbrado a meter dentro de su propio arco las pelotas que van afuera. Por eso, frente a lo acontecido en los últimos días y aunque el tablero marque ventaja, prevalece la cautela.

Tras la agitada semana que se vivió, si esto fuera un tuit, el jefe de Gabinete escribiría “fin”. Pero en la política argentina, como en el fútbol, el alargue y los penales siempre traen sorpresas.¿Fin?

La semana que pasó estuvo marcada por el triunfo oficialista en el Senado. Por primera vez desde el retorno democrático, un gobierno no peronista logró avanzar sobre un terreno que había resultado inaccesible para Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. La reacción presidencial no se tiñó de sus habituales estridencias: hubo celebración medida, quizás como resultado de que la media sanción fue posible a fuerza de pragmatismo y una dosis de realismo político.

De todos modos, el gobierno alcanzó una victoria política relevante que rompe con el estigma del fracaso recurrente de los gobiernos no peronistas en materia laboral. Es verdad que debió negociar con estructuras como el sindicalismo y los gobernadores y resignar parte del contenido original del proyecto. No obstante, la media sanción alcanzó para quebrar una inercia histórica. Por primera vez, el statu quo sindical y la resistencia combinada de algunos sectores gremiales y políticos no lograron bloquear por completo una reforma laboral. No se demolió el viejo modelo, pero sí se lo fisuró.

El proyecto que salió del Senado rumbo a Diputados sufrió más de 50 modificaciones respecto del dictamen original. Una victoria de los gremios fue conservar la facultad de cobrar compulsivamente los llamados “aportes solidarios”, con un tope del 2%. Como gesto de equilibrio, se mantuvieron también los aportes obligatorios de las cámaras empresarias, limitados al 0,5%. Asimismo, el gobierno dio marcha atrás en la reducción de la carga patronal destinada a las obras sociales sindicales.

Los gobernadores lograron la eliminación del artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias del 35% al 31%. No hubo reforma tributaria y tampoco alivio fiscal para el sector productivo. En ese terreno, el cambio quedó postergado. Asimismo, el Fondo de Asistencia Laboral fue aprobado sin sobresaltos. En materia de servicios esenciales, educación y cuidado de menores deberán garantizar un 50% de prestación durante medidas de fuerza. También, se avanzó en el traspaso del fuero laboral federal a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, aspectos como el régimen de licencias por enfermedad, las vacaciones y los bancos de horas podrían ser factibles de modificaciones, pese a la intención oficial de que en Diputados el proyecto se apruebe tal como llegó del Senado.

Así, resulta evidente que el proyecto aprobado no constituye una solución integral a los problemas del mercado laboral. Pero tampoco lo habría sido una norma más ambiciosa o ideológicamente más “pura”. Son muchos los aspectos de la vida política y económica que deben transformarse en el país, y por eso es un error suponer que una sola ley pueda revertir décadas de decadencia.

Los sindicalistas, beneficiarios directos de una legislación obsoleta, no lograron articular una respuesta contundente. No hubo paro general porque no había adhesión. La CGT marchó, pero se marchó tan pronto como comenzaron los incidentes. Sus líderes mostraron un silencio casi satisfecho. Salvaron la caja, conservaron algo de su poder y evitaron una confrontación frontal. Los gremios combativos quedaron fuera de la discusión real. Y la izquierda extrema volvió a refugiarse en la violencia, las bombas molotov, los piedrazos y su retórica agarrotada. Habría que sugerirle que proyecte alguna reforma en este aspecto porque sus métodos generan amplísimo rechazo.

La modernización laboral, si se convierte en ley, fungirá como una señal del debilitamiento del peronismo y del sindicalismo tradicional. Fragmentación, falta de liderazgo y ausencia de una alternativa creíble explican el desenlace distinto. Para peor, el kirchnerismo sigue ofreciendo las mismas recetas, con la promesa de repetirlas con mayor fervor ideológico.

En su libro “Gracias por llegar tarde”, el prestigioso periodista estadounidense Thomas Friedman advierte que el mundo del trabajo cambió de manera irreversible. Sostiene que pretender sostener estructuras del siglo XX en una economía del siglo XXI conduce a más informalidad, menos empleo registrado y un sistema previsional al borde del colapso, variables verificables en la Argentina de hoy.

Frente a esta realidad, la reforma laboral que ahora tratará la Cámara de Diputados no destruye el viejo modelo, pero tampoco lo eterniza. Quizás no sea la que el oficialismo soñó. Pero es la primera vez que se está a punto de atravesar un muro que durante décadas fue inexpugnable.

“La  confianza (de una sociedad en sus gobernantes) solo es posible en un estado medio entre saber y no saber. Confianza significa: a pesar del no saber en relación con el otro, construir una relación positiva con él. La confianza hace posibles acciones a pesar de la falta de saber. Si lo sé todo de antemano, sobra la confianza. La transparencia es un estado en el que se elimina todo no saber. La exigencia de transparencia se hace oír precisamente cuando ya no hay ninguna confianza”.

El filósofo coreano Byung Chul Han, en su libro “La sociedad de la transparencia”, escribe que confianza y transparencia son caras opuestas de una misma moneda. Cuando se rompe la confianza, asoma la necesidad de la transparencia. Por extensión, cuando los indicadores que marcan la vida de la sociedad no son confiables, el reclamo porque lo sean se torna imperativo y la necesidad de explicaciones cristalinas aparece con nitidez.

La renuncia del economista Marco Lavagna a la titularidad del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos abrió el escenario de sensaciones descripto más arriba. Recobró vigor la histórica desconfianza en los guarismos que se difunden sobre la inflación, aumentada a niveles estratosféricos luego del estropicio cometido por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno entre 2007 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas cuando se alteraron de manera escandalosa los números. En la semana han vuelto a escucharse reclamos de transparencia. Algo atenuados por cierto desde quienes intentan minimizar aquella destrucción del prestigio del Indec. En estos casos, según Pablo Mendelevich, se simula “una  equiparación de pecados, por llamarlos de alguna manera, con eventuales debilidades de sus adversarios y así licuar culpas”. El mensaje sería, “vieron, hacen lo mismo que Moreno”, aunque sin cuestionar lo que hizo este singular personaje.

No sorprende, por cierto, que el gobierno de Milei haya vuelto a dejar la pelota en la red al cometer un nuevo error no forzado. La susceptibilidad sobre las mediciones del Indec se había atenuado en los últimos dos años. Más allá de su filiación política, el funcionario renunciante había continuado trabajando luego de la asunción de este gobierno y su figura fue elogiada por las más altas autoridades. Se había transformado en un ejemplo simbólico de la primacía de las instituciones por sobre los intereses partidarios. Tras el portazo, hoy es vilipendiado por las usinas mileístas en las redes sociales. Asumir actitudes similares al kirchnerismo no figuraba entre las promesas de los actuales gobernantes.

Lo cierto es que la salida de Marco Lavagna reavivó la desconfianza en las estadísticas oficiales. El Indec no es hoy el espacio militante y falaz de la época de Moreno ni atraviesa hoy una crisis comparable a la de otros períodos. Sin embargo, la renuncia de su titular -motivada porque el Ejecutivo rechazó el cambio de metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor- generó preocupación en la ciudadanía. Y también en los organismos internacionales, los potenciales inversores y actores económicos que toman decisiones a partir de los datos oficiales.

Al mismo tiempo, el ruido sobre la estratégica económica se intensificó. La desaceleración inflacionaria es uno de los activos políticos más significativos del gobierno. ¿Lo sigue siendo luego de un episodio en el que se refuerza la idea de oportunismo en el manejo de las estadísticas? El carácter retórico del interrogante impide advertir que se ha erosionado la narrativa oficial que había recuperado el prestigio del Indec y, con ello, se debilitó la credibilidad de sus mediciones aun cuando los datos puedan seguir siendo técnicamente correctos.

En ese contexto, reabrir el debate sobre el Indec se transformó en un ruido innecesario. Porque la sensación que se filtra es que el gobierno volvió a subestimar el costo político de determinadas decisiones, confiando en que los números bastan para clausurar cualquier discusión.

Así, otra vez el eje se ha cambiado. Ya no se habla de “cuánto” subieron los precios. Sino “cómo se mide” la inflación. El debilitamiento del mensaje gubernamental es evidente consecuencia del despropósito que significa anunciar un nuevo método y frenar su implementación de modo imprevisto, generando otra crisis innecesaria y con escasos recursos para brindar explicaciones claras.

“La exigencia de transparencia se hace oír precisamente cuando no hay confianza”, dice Chul Han.

El verano político argentino transcurre con episodios que marcan el clima de época. Mientras la rosca se mueve entre sombras, algunas playas bonaerenses, teatros marplatenses y festivales cordobeses son escenario propicio para la aparición de gobernantes con la intención de “bañarse” de aplausos y vítores. Negociaciones arduas para sumar adhesiones a la reforma laboral y un suspenso que mantiene en vilo a los actores de la política nacional.

En este marco, el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso prevé ajustadas expectativas. Todo parece indicar que el Senado aprobará el proyecto de reforma laboral, aunque deberá ceder en algunos aspectos puntuales, especialmente referidos a disposiciones tributarias que son resistidas por varios gobernadores. Llamativo es este aspecto: sobre una ley que reformula o moderniza las condiciones de trabajo de los argentinos se discuten las aún no resueltas cuestiones impositivas y fiscales entre Nación y provincias.

Esta situación, además, expone los límites reales del poder. Y coloca a la ley laboral en el sitial que ocupan las pruebas de gobernabilidad. El debate exigirá la acción de equilibristas políticos que, pragmatismo mediante, asuman con realismo hasta dónde se puede tensar la cuerda ante un respaldo que existe, pero que exhibe condicionamientos.

La negociación encarnada en las giras por el interior del ministro Santilli no constituye un dato sorprendente. Sí lo es la ausencia de un conflicto mayor. Puede ser que el verano haya amainado los reclamos. Sin embargo, ante la inminencia del debate y pese a las amenazas de algunos gremios combativos, la conducción de la CGT solo expresa su oposición de modo verbal. La resistencia históricamente explosiva a los anteriores intentos de reformas laborales aún no se manifiesta. Es muy posible que esta circunstancia exprese la incapacidad de buena parte de la dirigencia política para leer el presente político y sus disrupciones nacionales e internacionales.

Sin haber demostrado todavía que se aprendieron las lecciones de los fracasos legislativos del año pasado, el gobierno confía en que la reforma laboral saldrá del Senado. Es así como Milei mantiene su protagonismo oscilando entre anuncios de racionalidad (tendremos leyes de “países normales”, dijo) y su habitual histrionismo especialmente cuando se encuentra con los militantes más fervorosos. Sus apariciones públicas, sus números musicales en festivales folklóricos cordobeses y el teatro marplatense le sirvieron para captar la existencia de un clima que mantendría las expectativas expresadas en las urnas en septiembre pasado. Es su estilo confrontador y polémico. Pero también una manera de ocupar el espacio que otros han dejado vacante.

El discurso que pronunció Milei en la Cumbre de Davos no hizo ruido como el del año pasado, cuando arremetió sin miramientos contra la cultura “woke”. Sin embargo, los conceptos allí expuestos permiten entender la controversia abierta a partir de la decisión oficial de adjudicar a una empresa extranjera -con una oferta más competitiva- una licitación millonaria para la provisión de caños destinados a un oleoducto en Vaca Muerta. La disputa expresa la mirada tajante que descarta la intervención del Estado para beneficiar a actores locales, en nombre de un “capitalismo justo”. Y, al mismo tiempo, ratifica el intento de producir un quiebre de las prácticas económicas y empresariales del pasado, al exponer a un poderoso grupo industrial de origen nacional como símbolo de discrecionalidad y búsqueda de beneficios.

Tanto es así, que no hesitó en colocarle el apodo de “Dr. Chatarrín” a uno de los empresarios más poderosos del país, quien se quejó porque una empresa de la India obtuvo la referida licitación. De este modo, repuso en la escena nacional la discusión tan añeja como no resuelta, que enfrenta a las posturas aperturistas con las proteccionistas que, por imperio de las disrupciones de Donald Trump, hoy también envuelve al mundo.

Lejos del estilo didascálico de Davos y aun considerando las enormes diferencias entre los auditorios, su discurso en el evento “Derecha Fest” renovó su faceta más ácida y provocadora. “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, sostuvo en clara alusión a las críticas que hizo el líder del grupo Techint. Y afirmó que “siempre existen piedras en el camino”, en referencia directa al apellido Rocca. 

Así, entre ironías, excesos, “Rock del gato”, “Amores salvajes”, viajes a las provincias del ministro del Interior, poroteos en el Senado, reclamos provinciales ante la posible merma de recursos que pueda generar la reforma laboral, incertidumbre de dirigentes opositores y gremiales que no aciertan en su lectura del presente y  el sonoro choque con un peso pesado del empresariado,  transcurre un verano argentino en el que afloran las mismas controversias no saldadas de siempre -coparticipación, importaciones versus producción nacional, por caso. Para no perder la costumbre, el estío nos encuentra -otra vez- hasta los caños.

El Boletín Oficial del primer día hábil de este año llegó con una sorpresa. Un extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (el 941/25) estableció modificaciones importantes a la Ley de Inteligencia Nacional. De inmediato se abrió un debate político y jurídico que fue creciendo aun cuando funcionarios, legisladores y magistrados judiciales están hoy más atentos al oleaje del mar que a las vicisitudes políticas e institucionales.

El decreto reforma la estructura y amplía las atribuciones de la Secretaría Inteligencia del Estado (Side).  El nuevo esquema combina disposiciones que buscan actualizar el sistema frente a amenazas contemporáneas con otras que despiertan serias dudas por su posible impacto sobre derechos y garantías constitucionales.

Por cierto, el contexto político es un dato clave para analizar el futuro de este decreto. Luego de las últimas elecciones de medio término, la actual conformación del Parlamento dificulta reunir mayorías en ambas cámaras para rechazar un DNU

Aprovechando la insólita  estructura normativa que volvió casi inexpugnables a los decretos presidenciales -diseñada durante el kirchnerismo-, Milei decidió avanzar. Y es posible que se tome revancha de la derrota que sufrió cuando pretendió asignar millonarios fondos a la Side y el Congreso, por primera vez en la historia, anuló esa decisión “de necesidad y urgencia”.

La historia de los servicios de inteligencia argentinos es controvertida y también poco recordada. Desde la creación de la Cide durante el primer peronismo hasta la Side y sus múltiples reformulaciones, la inteligencia estatal estuvo durante largos períodos asociada al control político interno. Espionaje a personajes públicos de varios ámbitos, superposición de organismos y vínculos con prácticas represivas forman parte de un pasado que no distingue ideologías.

Como recuerda Pablo Mendelevich en La Nación, el problema no es nuevo: la cultura del espionaje político se consolidó mucho antes de la actual administración y nunca fue plenamente desmantelada, ni siquiera cuando se intentó hacerlo por vía legal con la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 en 2001. La paradoja, como señala el periodista, es que sectores del peronismo y otras fuerzas políticas que hoy se presentan como defensores de la República rara vez revisaron su propia responsabilidad en la construcción de un sistema opaco y proclive a excesos.

El DNU reorganiza el sistema de inteligencia nacional y actualiza algunas funciones frente a nuevas amenazas, en especial en materia de ciberinteligencia y protección de infraestructuras críticas ante eventuales ataques tecnológicos. Además, reafirma -al menos en el plano declarativo-, que no se podrá hacer inteligencia o contrainteligencia “sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Sin embargo, junto a estas afirmaciones generales aparecen disposiciones que generan fundada preocupación jurídica e institucional. En primer lugar, el decreto no cumpliría con los requisitos constitucionales para legislar por DNU, ya que no justificaría por sí mismo la urgencia exigida por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Otro punto crítico es la caracterización de todas las actividades de inteligencia como “encubiertas”, un término ambiguo que provoca confusión.

El aspecto más sensible es la habilitación para detener personas en el marco de actividades de inteligencia sin una intervención judicial. Esta facultad abre la puerta a decisiones arbitrarias y afecta garantías básicas constitucionales. En el mismo sentido, la ampliación de funciones de la Side, combinada con controles debilitados, podría restringir la labor judicial en la investigación de supuestos delitos.

Se espera que, una vez reanudada la actividad parlamentaria, la agenda oficial estará concentrada en la reforma laboral. El gobierno confía en que la actual composición del Congreso le permitirá neutralizar los intentos de rechazo del DNU. Es probable que abunden las denuncias y las proclamas opositoras, pero con escaso margen para avanzar más allá de ese plano.

En este escenario, la Justicia aparece nuevamente como la barrera última para poner límites a una posible vulneración de normas y derechos ciudadanos, en un país donde el espionaje político ha sido, durante décadas, una añeja y censurable costumbre.

Rushworth M. Kidder fue un pensador norteamericano dedicado a la ética aplicada en las sociedades contemporáneas. Fundó en 1990 el Instituto para la Ética Global y escribió un libro revelador titulado “Cómo las buenas personas toman decisiones difíciles”.

En esa obra ofrece herramientas prácticas para afrontar los complejos dilemas morales que deben enfrentarse en la vida cotidiana. El autor identifica situaciones en las que entran en conflicto valores considerados positivos tanto por las personas como por las sociedades. Uno de esos dilemas es el enfrentamiento entre la verdad y la lealtad.

La situación que atraviesa hoy el fútbol argentino -donde se superponen visiones ideológicas sobre la estructura institucional del deporte, intereses de las dirigencias de los clubes y revelaciones sobre presuntos manejos irregulares de carácter deportivo, económico y político que investiga la Justicia- ha colocado a varios de sus protagonistas frente a ese dilema: ajustarse a la verdad o sostener una lealtad exigida desde el poder.

A partir del campeonato “fantasma” que la dirigencia de la AFA entregó a Rosario Central, se ha desatado una ola de informaciones y sucesos que cada día generan más escándalo. La conducción de la entidad madre del fútbol, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y secundada por el hoy muy comprometido tesorero, Pablo Toviggino, ya no logra percibir el hastío que generan los reglamentos modificados sobre la marcha, los arbitrajes bajo sospecha y el crecimiento artificial de determinados clubes bajo el ala del poder. Y tampoco puede encontrar argumentos sólidos para defenderse del vendaval de acusaciones vinculadas al manejo y destino de fondos millonarios que esconden negocios nada transparentes,  vinculaciones con lo peor de la política, posibles maniobras relacionadas con el juego clandestino, operaciones judiciales encubiertas y la ostentación de lujosos bienes propia de quienes se creen impunes, entre otras “virtudes”.

Hasta hace poco tiempo, todas las críticas y acusaciones contra esta gestión en enmarcaban en la batalla contra las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Desde la AFA se promovió un escenario binario. Quien no apoyaba decididamente la postura de los máximos dirigentes del fútbol quedaba automáticamente asociado a la privatización de los clubes. El debate sobre la transparencia en el deporte quedaba de lado, aun cuando las situaciones opacas dentro y fuera de los estadios han dejado de ser meras sospechas para adquirir connotaciones públicas y judiciales.

En el marco de esa disputa ideológica, la dirigencia deportiva se vio obligada, a finales de 2023, a emitir manifiestos de apoyo con textos casi calcados que expresaban el rechazo a las SAD. Puede sostenerse, con fundamentos, que la existencia de los clubes como asociaciones civiles sigue siendo una convicción mayoritaria y legítima. Hasta allí, el problema era de visiones diferentes sobre el modelo deportivo, con los inevitables matices políticos.

Sin embargo, mientras se acumulan las denuncias y se activan los procesos judiciales contra los popes afistas, muchos dirigentes parecen haber caído en lo que podría denominarse la “trampa de la lealtad”. Varios clubes emitieron comunicados -también de similar tenor- en defensa de los dirigentes hoy investigados. Son declaraciones que huelen más a una "orden de arriba" que a una convicción genuina. La actitud del “secanucas” se repite. Es decir, figuras que asienten solo para sobrevivir en un sistema de premios y castigos, ignorando que esa misma estructura debilita la competitividad de sus clubes y erosiona su credibilidad.

Es verdad que muchas otras instituciones no se han expresado. Por prudencia o temor. Quizás también porque siguen las cavilaciones sobre cómo resolver el dilema entre la verdad de los hechos y la lealtad que se pretende imponer.  Esta vacilación solo es comprensible en un determinado momento. Al respecto, el referido Rushworth Kidder señala que “todos nos enfrentamos a situaciones difíciles. A veces las evadimos. A veces las confrontamos. Incluso cuando las confrontamos, sin embargo, no siempre decidimos resolverlas. A veces simplemente meditamos sin cesar sobre los posibles resultados o nos atormentamos buscando salidas alternativas. Incluso cuando si tratamos de resolverlas, no siempre lo hacemos por medio de una autorreflexión activa. A veces simplemente nos abrimos paso urgidos por las circunstancias o a fuerza de impaciencia y dogmatismo, como si resolver el problema fuera más importante que hacer lo correcto”.

Menudo dilema vive el fútbol argentino a las puertas de otro Mundial. Porque no se discute la nobleza de la lealtad como valor ético. Pero cuando se la utiliza para encubrir la arbitrariedad o la corrupción, se convierte en una trampa.