Las declaraciones de testigos en el jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por negligencia grave y mal desempeño en el caso por el crimen de Nora Dalmasso en noviembre de 2006, concluyeron y de este modo comienza el camino hacia el futuro de los procuradores para saber si son destituidos o continúan en su cargo.

Ayer lunes dieron testimonio los ex fiscales generales Vidal Lascano, que estuvo en ese cargo entre 2004 y 2007, y Darío Vezzaro, entre 2007 y 2012. Ambos dieron a conocer cuáles fueron sus funciones en el caso hasta sus renuncias.

Además, declaró el fiscal de Cámara de Río Cuarto, Julio Rivero, quien absolvió al viudo Marcelo Macarrón en el juicio y pidió que se siga buscando la verdad. En esta ocasión, sostuvo que la pesquisa fue un derrotero y que el asesino “está en el cinto de la bata”, haciendo entender que desde un comienzo la pista principal estuvo en el objeto con el que se mató a Dalmasso.

“La aparición de Roberto Bárzola es un hallazgo casual, no producto de una exclusiva actividad investigativa”, manifestó.

Por último, una de las declaraciones más esperadas fue la de Pablo Javega, quien se desempeña como fiscal de instrucción desde octubre de 2022 en la causa y que logró la obtención de ADN de Bárzola.

El fiscal detalló durante su testimonial que, tras la absolución de Macarrón, comenzaron a relevar el expediente y detectar los puntos más importantes. Allí, según expuso, identificaron dos elementos clave: un ADN mitocondrial en un pelo y un haplotipo “Y” -masculino- desconocido detectado en el cinto, informado en 2008.

Tras el cierre de la rueda de declaraciones, se dictó cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 6 de mayo cuando comiencen los alegatos finales. Aunque no se estipuló fecha, se espera que antes de fin de dicho mes se conozca la decisión del jurado sobre el futuro de los tres fiscales.

 El flamante fiscal de la ciudad de Frontera, Pedro Ignacio Machado, asumió su cargo con la misión de enfrentar una de las zonas más complejas de la región, marcada por delitos contra la propiedad, violencia armada y narcotráfico. En diálogo con la prensa, habló del mayor desafío de su carrera, de las principales problemáticas que detecta en el territorio, de la cercanía que quiere mantener con las víctimas y dejó un mensaje directo a los vecinos de Frontera y Josefina, descreídos de la Justicia.

 “Es el desafío más importante que he tenido en mi carrera desde que me recibí; tengo la expectativa de hacerlo bien y obtener buenos resultados”, afirmó Machado durante la rueda de prensa en la sede judicial. A sus 42 años, el funcionario asumió el cargo que había quedado vacante luego de que Nicolás Stegmayer fuera designado juez penal, en 2022.

 Entre Stegmayer y Machado, la región experimentó un aumento sostenido de delitos graves, que incluyeron homicidios, violencia armada, narcotráfico, búnkeres de drogas y tiroteos cotidianos. La ausencia de un fiscal radicado de manera permanente generó en los vecinos una sensación de vulnerabilidad que ahora Machado busca revertir, ofreciendo una presencia constante y un contacto directo con la comunidad.

 Machado nació en la ciudad de Santa Fe y cursó la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Posee múltiples posgrados, entre ellos en Derecho Penal, Ejercicio de la Magistratura en la Universidad Católica en Rosario, y Garantías Condicionales de Investigación y del Justo Penal en España. También completó una diplomatura en Análisis Criminal Forense en la Universidad Nacional de Rosario y está finalizando una maestría en Argumentación Jurídica.

 Machado comenzó su recorrido profesional como pasante en organismos públicos de Santa Fe y posteriormente tuvo breves experiencias en estudios jurídicos y tribunales, realizando investigaciones prácticas antes de recibirse. Más adelante, se trasladó a Rafaela, donde trabajó en el Juzgado de Faltas y luego en el Juzgado de Instrucción de primera nominación antes de ingresar a la Fiscalía Regional Nº5 en noviembre de 2016. Allí adquirió experiencia en todas las áreas, incluyendo flagrancia, violencia de género y delitos complejos y económicos.

 “La decisión de ser fiscal o de intentarlo era natural según las decisiones que venía tomando previamente. Después de muchos años de trabajo y aprendizaje, me sentí capacitado para dar este paso”, expresó Machado, quien destacó que rindió dos concursos con buenos resultados antes de recibir su actual nombramiento.

 Consultado sobre la proximidad con la ciudad de San Francisco, el fiscal reconoció que existen complejidades debido a los diferentes códigos procesales y autoridades policiales de cada provincia: “Si no lo manejamos bien y no lo coordinamos puede perjudicar algunas investigaciones, pero haremos todo lo posible para que sea lo menos burocrático y lograr objetivos concretos en las investigaciones”.

 Respecto a los recursos de la ciudad, Machado destacó la sede fiscal y el personal disponible: “Aquí cuento con Cintia Navarro, abogada de amplia experiencia que trabajó con el anterior fiscal, y con personal policial de calle y de investigaciones (PDI). Es un apoyo constante que permitirá abordar los casos con mayor eficiencia y rapidez”.

 Además, subrayó que la coordinación con la Fiscalía Regional Nº5 y con las demás fiscalías de la circunscripción será permanente, garantizando que los procesos se desarrollen sin demoras y con una supervisión constante por parte de los superiores, incluyendo al fiscal regional Carlos María Vottero, quien cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en casos complejos.

“La principal problemática son los delitos contra la propiedad, robos y hurtos, pero los hechos con armas y los homicidios son prioritarios y requieren la mayor atención"

 Uno de los principales objetivos de Machado es garantizar la presencia permanente de la justicia en Frontera. “Voy a estar todos los días en la oficina y radicado en la ciudad. La idea es revertir la desconfianza y que los vecinos sientan la presencia de la Justicia”, afirmó.

 El fiscal explicó que las distancias, la ausencia prolongada de un funcionario judicial y la vulnerabilidad de las víctimas —ya sea económica, física o emocional— habían generado un sentimiento de desconfianza en la comunidad. “La presencia de un fiscal en la sede de manera permanente puede tener un impacto positivo y ser un elemento relevante para garantizar los derechos de las víctimas”, destacó.

 Machado señaló que el contacto directo con las personas afectadas por delitos será permanente y que la Fiscalía trabajará para garantizar que sus derechos sean respetados y que las investigaciones se realicen de manera efectiva.

 En cuanto a los delitos más frecuentes, el fiscal indicó que “según los datos estadísticos, la principal problemática son los delitos contra la propiedad, robos y hurtos, pero los hechos con armas y los homicidios son prioritarios y requieren la mayor atención”. También hizo hincapié en la relevancia de los delitos rurales, especialmente por las características geográficas y socioeconómicas de la región.

 Explicó que los delitos de mayor agresividad requieren atención prioritaria y que la Fiscalía debe garantizar investigaciones con resultados concretos. “La Fiscalía debe estar presente y actuar con seriedad para que las investigaciones se desarrollen de manera efectiva, garantizando los derechos de quienes sufren los delitos”, agregó.

 Machado detalló cómo la transformación del sistema judicial de Sata Fe, con la implementación del modelo acusatorio, impacta en localidades como Frontera. “La separación de tareas dentro del proceso permite que la Fiscalía asuma el rol de defensa de los intereses de las víctimas y del impulso del proceso penal, mientras los jueces resuelven las controversias y la defensa actúa en su ámbito. Esto garantiza que los derechos de las víctimas sean protegidos”.

 “Desde la vigencia de la ley de víctimas, la Fiscalía es el principal promotor de que esos derechos se cumplan, asegurando protección, acceso a la justicia y la posibilidad de aportar evidencia”, subrayó Machado, destacando la planificación estratégica y la especialización de los equipos de investigación.

 Consciente de la complejidad de su territorio y de la elevada tasa de homicidios en el departamento Castellanos –con Frontera y Josefina a la cabeza-, Machado reconoció la presión que implica asumir el cargo. “Sí, me genera estar alerta para tomar las decisiones correctas cuando llegue el momento, pero cuento con el apoyo de la Fiscalía Regional Nº5 y de otros fiscales con amplia experiencia”, señaló.

 El fiscal también insistió en la importancia de reconstruir la confianza de la comunidad: “Los vecinos quedaron vulnerables por la falta de presencia de la justicia, y nuestro objetivo es revertir ese sentimiento, acercarnos y garantizar que sus derechos sean respetados”.

 Machado concluyó con un mensaje claro: “Es un territorio con complicaciones, pero me siento preparado y motivado. La idea es que los habitantes de Frontera y alrededores vean que la justicia está presente y que pueden confiar en su funcionamiento”.

 “La expectativa es trabajar de manera constante, garantizar la protección de las víctimas y obtener resultados concretos que restauren la confianza de la comunidad en la justicia”, afirmó el nuevo fiscal, quien desde septiembre se convirtió en el referente judicial de la ciudad y sus alrededores.

A pocas horas de asumir como fiscal de Frontera, Pedro Machado ya enfrentaba un caso complejo: la investigación del homicidio del mecánico sanfrancisqueño Javier Gustavo Ortiz (53).

La causa avanza. Quedó en prisión preventiva Ariel Gorosito (34), acusado de exceder los límites de la legítima defensa tras una pelea entre ambos. La decisión la tomó el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Gustavo Bumaguin, en una audiencia en Rafaela, a pedido de Machado, quien solicitó que el imputado permanezca privado de libertad por al menos 45 días.

Según relató el fiscal, el domingo 14 de este mes, Ortiz llegó a la vivienda de Gorosito con una barra de hierro de 60 centímetros y 2 kilos. Tras agredirlo, Gorosito logró escapar hacia la casa de un vecino y tomó un palo tipo “gomero” para defenderse. La pelea continuó en la vereda, donde Ortiz recibió un golpe en el costado izquierdo que le provocó serias dificultades para respirar. Ambos fueron trasladados al Hospital Iturraspe: Gorosito recibió curaciones leves y Ortiz quedó internado en terapia intensiva, falleciendo tres días después por shock hipovolémico y falla multiorgánica.

Machado precisó que “el imputado excedió los límites de la legítima defensa, tanto en intensidad como en extensión”, y que utilizó un palo para golpear a Ortiz en distintas partes del cuerpo. La pelea, indicó, se dio en el marco de un conflicto personal que involucraría también a una mujer.

El fiscal informó además que el 8 de agosto, Gorosito ingresó sin autorización a la vivienda de su expareja, la amenazó de muerte, le dijo que prendería fuego la casa, la agredió físicamente y rompió su cartera, en un contexto de violencia de género.

Machado señaló que “con el grado de probabilidad requerido, el juez dio por acreditado que los hechos ocurrieron como se planteó desde la Fiscalía”. La calificación incluye homicidio con exceso en legítima defensa; lesiones leves dolosas; amenazas coactivas; violación de domicilio y daño.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, informó que el lunes se reunirá con 23 gobernadores en Buenos Aires para plantear la situación fiscal de los distritos, debido a la disminución de la coparticipación nacional, la baja en el consumo y la caída de las actividades comerciales e industriales. 

“Vamos a llevar casos concretos de actividades productivas, industriales y comerciales que se van cerrando, que van dejando a gente sin trabajo o adelantando vacaciones”, dijo y adelantó que viajará el domingo por la noche. “Vamos a hablar no solo del Estado provincial, sino también de la actividad privada. Al paso que vamos va a haber un costo social muy importante en la República Argentina si el Gobierno nacional no reacciona en tiempo y en forma”, aseveró Jaldo.

En esa línea, remarcó que “la Nación tiene que tener un diálogo más profundo con las provincias y lo dice alguien que ha sido calificado como un gobernador dialoguista desde el primer momento”. Sin embargo, aseguró: “Ahora, yo puedo ser dialoguista, pero yo dialogo a favor de la provincia de Tucumán. Cuando nos tocan lo que nos corresponde a los tucumanos vamos a dialogar más fuerte”.

“A la Nación tiene que irle bien, pero con las provincias incluidas. Que no pretenda el presidente (Javier Milei) que le vaya bien al gobierno nacional y a los 23, 24 distritos del interior nos vayan mal. Eso no existe en ninguna posibilidad. O nos va bien a todos o nos va mal a todos. El Presidente lo tiene que tener claro y no va a poder gobernar si no gobierna con los gobernadores. Que no se equivoque”, sostuvo Jaldo. 

Por último, el Gobernador advirtió: “El gobierno nacional tiene que entender que solo no va a poder gobernar. Necesita el acompañamiento de las provincias. De la misma manera nosotros necesitamos el acompañamiento de la Nación”.

La investigación por la desaparición de cocaína y marihuana secuestrada en Córdoba por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llega hasta el fiscal Raúl Ramírez, el funcionario que tiene a cargo las fiscalías de Lucha Contra el Narcotráfico en Carlos Paz, Cosquín y Cruz del Eje.

El fiscal Juan Pablo Klinger, quien investiga el faltante de estupefacientes en la FPA, ahora pidió indagar la posible participación de Ramírez en las maniobras de encubrimiento. Esa tarea quedó en manos del juez de Control N° 3, Pablo Agustín Cafferata.

La causa ya tiene a siete policías, otro funcionario judicial y a tres civiles imputados por la desaparición de cocaína y marihuana que habían sido secuestrada en operativos de la FPA. 

Semanas atrás, Klinger ordenó la detención de seis policías de la FPA: el jefe de la brigada en Cruz del Eje, Néstor Márquez, y los agentes Sergio Ruiz, Eduardo Ruiz, Luis Benavídez e Isidro Rivero, todos de la misma delegación, y Raúl Moreno, quien ahora prestaba servicios en Deán Funes. La figura penal que los engloba es la de asociación ilícita.

La investigación nació a fines de 2023 luego de que la propia FPA detectara un faltante de más de 300 gramos de cocaína cuando se realizó un inventario de lo secuestrado en sus dependencias. Según se corroboró, faltaban tres secuestros de estupefacientes que estaban bajo la supervisión de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico: en total, 357 gramos de cocaína y 158 gramos de marihuana, publicó Cadena 3.

Tras haberse conocido las primeras detenciones, Klinger advirtió en declaraciones a Telenoche que los agentes habrían utilizado la droga como “moneda de cambio” para obtener información de parte de los dateros y conseguir procedimientos positivos.

Con la prueba recolectada durante la pesquisa, para Klinger surgieron motivos suficientes para sospechar que el fiscal Ramírez tenía conocimiento de lo que pasaba. Como no puede investigar de manera directa a su colega le corrió vista al Juzgado de Control para que avance con el proceso.

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El gobernador santafesino Omar Perotti envió a la legislatura provincial los pliegos para la designación de nuevos fiscales y fiscales adjuntos del Ministerio Público de la Acusación y Defensores Públicos y Defensores Públicos Adjuntos del Servicio Público de Defensa Penal de las Circunscripciones Judiciales Nro. 1, 2, 3, 4 y 5. 

De esta forma se da cumplimiento a unos de los compromisos asumidos por tanto por Perotti como el senador Alcides Calvo de cubrir las vacantes de las fiscalías en la circunscripción judicial N°5, jurisdicción de Rafaela, Sunchales y Frontera, dando un fuerte espaldarazo a la justicia en materia penal del Departamento Castellanos. 

"En total propuso 16 postulantes para los cargos de defensores y 32 para fiscales que surgieron de la evaluación del Consejo de la Magistratura para cubrir las vacantes en estas circunscripciones, algo que era sumamente solicitado", destacó el senador provincial Alcides Calvo.

En la circunscripción judicial N°5, y cumpliendo por unos de los compromisos asumidos por el gobernador Omar Perotti como por el senador provincial Alcides

Para la Fiscalía en Frontera se propone al doctor Pedro Ignacio Machado para cubrir la vacante que dejó Nicolás Stegmayer; para la Fiscalía en Rafaela,  al doctor Ardían Darío Soria, en tanto que para la de Sunchales, se propuso a doctor Juan Manuel Puig, lo que configura un hecho histórico ya que sería el primer Fiscal del MPA en esta ciudad dando cumplimiento a una Ley autoría del senador Calvo donde se creaba esta Fiscalía para Sunchales, lo que por otra parte cumple en su totalidad con el compromiso del Gobernador y del Senador no solo cubriendo esta vacante, sino también finalizar la Comisaría 3ra y además crear un Comando Radioelectrico para luchar contra la inseguridad y el delito.

En términos generales Calvo manifestó que “con la llegada de estos pliegos a la legislatura por parte de Omar Perotti me siento muy contento de que una Ley de mi autoría respondiendo una demanda que toda la comunidad sunchalense venía planteando se comienza a hacer realidad con la posibilidad de conseguir el acuerdo legislativo del profesional propuesto”.