La investigación por las falsas amenazas de bomba que generaron alarma en San Francisco durante marzo transita su etapa final y podría ser elevada a juicio en los próximos días. En ese marco, el principal imputado, un hombre de 38 años conocido como “Bomba”, fue excarcelado y esperará el proceso en libertad.

El caso está a cargo del fiscal de Primer Turno, Oscar Gieco, quien imputó al acusado por el delito de intimidación pública reiterada, previsto en el artículo 211 del Código Penal argentino, que contempla penas de entre dos y seis años de prisión.

Según se informó a LA VOZ DE SAN JUSTO desde la Fiscalía, al imputado se le atribuyen dos hechos reiterados vinculados a llamadas que generaron alarma pública y obligaron a activar protocolos de seguridad, incluyendo la intervención de la Brigada de Explosivos de la Policía de Córdoba.

La detención se había concretado tras un allanamiento en una vivienda de barrio Consolata, donde personal policial secuestró un teléfono celular Motorola E22, presuntamente utilizado para realizar las comunicaciones. De acuerdo con las pericias, el número de línea del dispositivo coincide con el que efectuó los llamados al 911.

La causa vincula al acusado con una amenaza de bomba en la guardería municipal de barrio Roque Sáenz Peña, situación que también afectó al jardín del colegio 2 de Abril y derivó en la suspensión de actividades. El segundo episodio ocurrió en la previa de un baile de Marcos Bainotti, en el salón del Gigante de Bomberos Voluntarios, donde una advertencia obligó a interrumpir momentáneamente el evento y desplegar un operativo de evacuación.

De acuerdo a la investigación, las llamadas habrían estado motivadas por un conflicto personal con su expareja, quien trabajaría en la guardería ubicada en el sector de las “800 viviendas”.

Además de la situación procesal, se dispuso que el imputado realice un tratamiento psicológico por consumo problemático de drogas. Mientras tanto, la Fiscalía avanza con los últimos pasos de la instrucción y no se descarta que en breve se formalice el pedido de elevación a juicio.

El representante juecista en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, presentó una denuncia contra la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Amelia López, por presuntos “gastos que no se corresponden con la actividad propia del organismo”.

En la presentación, Corvalán detalla que durante 2024 funcionarios de la Defensoría, entre ellos la propia López, viajaron a eventos internacionales con fondos públicos y que las estadías se extendieron más allá de las fechas oficiales, incluyendo destinos turísticos o recreativos fuera de la agenda institucional.

“Lo grave de esta situación es que los viajes se extendieron más allá del tiempo del evento y sumando destinos turísticos o recreativos por fuera de la actividad institucional”, expresa el texto.

Según la denuncia, los gastos observados incluyen consumo de bebidas alcohólicas, selección de asientos preferenciales y pagos por equipaje adicional en vuelos internacionales. Entre los ejemplos citados figura un viaje a Río de Janeiro, en septiembre de 2024, con consumo de cerveza a cargo del erario público, y otro a Roma, donde López habría extendido su estadía hasta Florencia, a más de 300 kilómetros del lugar del congreso.

Además, se menciona el caso de Milagros Jiménez López, funcionaria del organismo, cuyos costos por elección de asientos y equipaje adicional ascendieron a $565.000 en septiembre del año pasado. También se detalla un viaje de Jiménez López a Madrid y Roma entre el 11 de noviembre y el 6 de diciembre de 2024.

“Esa transgresión fue más allá, llegando al punto de gastar en el consumo de bebidas alcohólicas en destinos turísticos como Florencia (Italia) y Río de Janeiro (Brasil) y solicitar el reintegro de esos gastos para que sean financiados con fondos públicos”, agrega el texto presentado por Corvalán.

La denuncia fue formalizada ante los organismos de control y busca determinar si existió un uso indebido de recursos públicos asignados a la Defensoría.

Recordemos que  Amelia López había cuestionado públicamente en noviembre de 2024 al fiscal Oscar Gieco, quien entonces encabezaba la investigación del crimen de la niña Aralí Vivas, ocurrido en Brinkmann. En ese momento, la defensora acusó al funcionario judicial de difundir “datos sensibles” y pidió al Ministerio Público Fiscal que interviniera.

En aquel comunicado, la Defensoría sostuvo que Gieco “expuso innecesariamente” información sobre la víctima y sus hermanos, lo que —según López— generaba una revictimización. También cuestionó la labor del perito Mario Vignolo y del médico forense, al señalar una exposición mediática “absolutamente reprochable”.

La denuncia actual contra López reaviva el debate sobre la transparencia y el control del gasto público, especialmente en organismos vinculados a la protección de derechos. Hasta el momento, la funcionaria no se pronunció públicamente sobre las acusaciones en su contra.

A cinco meses del crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada el pasado 2 de noviembre en Brinkmann, la causa judicial se reactivó bajo la conducción del fiscal Oscar Gieco. El expediente, que había experimentado una pausa tras la salida de la fiscal Yamila Di Tocco, regresó a manos de Gieco, quien retoma la investigación en su rol de subrogante en Morteros.

Se trata de un caso que no solo conmocionó a la comunidad por la crudeza del hecho, sino también por el vínculo de los imputados con la víctima: su padrastro, Matías Ezequiel Simeone (33); un amigo de este, Cristian Hernán Varela (40); y su madre, Rocío Milagros Rauch (28), todos con imputaciones que los mantienen en prisión preventiva.

Simeone y Varela están acusados de homicidio criminis causae, una figura que contempla la prisión perpetua. Según la investigación, habrían abusado sexualmente de la niña antes de matarla y posteriormente incendiaron la vivienda para ocultar el crimen. La autopsia confirmó la ausencia de monóxido de carbono en los pulmones de la menor, lo que descartó la posibilidad de una muerte accidental por el fuego. El hallazgo de material genético masculino en el cuerpo de la víctima fue clave para agravar las imputaciones.

La madre de la niña, por su parte, enfrenta cargos por homicidio calificado por el vínculo, en calidad de omisión, lo que refleja una responsabilidad por no haber protegido a su hija. A día de hoy, se encuentra representada por la defensa oficial, mientras que los otros imputados esperan la designación de nuevos abogados tras la renuncia de sus defensores anteriores.

¿Qué falta para que el caso llegue a juicio? Aunque la instrucción está en su etapa final, restan aún algunos trámites técnicos: una pericia genética pendiente y otras medidas procesales menores. Sin embargo, con la prisión preventiva firme para los tres acusados, todo apunta a que el juicio podría celebrarse en los próximos meses.

El crimen de Aralí sigue generando impacto en Brinkmann y alrededores. La brutalidad del hecho, el perfil de los acusados y la corta edad de la víctima han convertido este caso en un símbolo del reclamo por mayor protección a la infancia y por una justicia más ágil y efectiva. La sociedad, aún conmovida, exige no solo condenas ejemplares, sino también mecanismos que eviten que tragedias como esta se repitan.

La reapertura formal del caso en manos del fiscal Gieco reanuda también las expectativas colectivas de que se haga justicia. En un país donde los delitos contra menores despiertan una sensibilidad especial, esta causa se transformó en un espejo de las deudas pendientes del Estado en materia de prevención, protección y respuesta ante la violencia intrafamiliar.

El fiscal Oscar Gieco tuvo un papel protagónico en este 2024 en materia de casos policiales que conmovieron no solo a nuestra ciudad y la región, sino que también tuvieron trascendencia nacional.

Tras la jubilación de Bernardo Alberione, Gieco tomó aun más protagonismo y sus actuaciones permitieron avances determinantes en la causas en las que intervino.

Entre los casos más resonantes en los que se desempeñó se pueden nombrar las amenazas al ex fiscal Alberione, por las que logró detener y llevar a juicio a una persona. Otro hecho que requirió de su investigación fue el crimen de calle Cabrera, que llamó la atención por los detalles macabros de la escena con que se encontró.

También participó en varios procedimientos relacionados con el narcotráfico y sin dudas el caso más resonante fue el del asesinato de la pequeña Aralí en Brinkmann. Su rápido accionar permitió la detención de los tres principales sospechosos del crimen.

Gieco tiene 64 años, hace 26 años que es fiscal y tiene 41 de antigüedad en el Poder Judicial.

Todos los protagonistas del año, seleccionados por el equipo periodístico de LVSJ.

La investigación por el atroz crimen de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada en Brinkmann, avanza y el fiscal Oscar Gieco, en las últimas horas, imputó tanto a la mamá, Rocío Milagros Rauch (28), como al padrastro, Matías Ezequiel Simeone (30), y al amigo de este, Cristian Hernán Varela (40), como presuntos coautores del delito de homicidio calificado por el vínculo, según confirmó el funcionario a LA VOZ DE SAN JUSTO.  

Inicialmente, Simeone y Varela enfrentaban cargos por homicidio simple, pero el análisis de llamadas telefónicas entre los tres acusados ha motivado el cambio en la imputación, lo que podría llevar a una condena de prisión perpetua. Según la investigación, las llamadas entre los acusados se registraron antes y después del asesinato, ocurrido en la madrugada del sábado 2 de noviembre, entre la 1 y las 6 de la mañana aproximadamente. No se encontraron mensajes de WhatsApp, los teléfonos de los imputados, considerados antiguos, no contaban con esa aplicación. En tanto, se detectó que Simeone habría pedido prestado teléfonos en un bar cercano para realizar las llamadas, y Varela también habría estado en ese mismo lugar en las horas posteriores al crimen.

El fiscal también destacó testimonios de vecinos y familiares que mencionaron posibles abusos en la vivienda donde vivía la niña, además de la presencia frecuente de los acusados en el lugar, lo que contribuyó a que se sumaran más pruebas en su contra.

En cuanto a Rauch, la madre de la niña, aunque no se la vincula directamente con la ejecución del crimen, el fiscal sostiene que su omisión en la protección de Aralí contribuyó al asesinato. Se considera que la madre no intervino para evitar el daño a su hija, lo que la convierte en supuesta partícipe necesario de homicidio calificado por el vínculo, por comisión por omisión.

Simeone y Varela, aunque no tienen un vínculo filial con la víctima, también son considerados coautores debido a su participación en los hechos, que se habrían desarrollado en un contexto de "comunicabilidad de las circunstancias". Por ello, el fiscal desistió de acusarlos por homicidio criminis causae (asesinato para asegurar la impunidad).

Los tres imputados permanecen detenidos en el complejo carcelario de Bouwer, en Córdoba, y serán indagados el próximo viernes mediante videoconferencia. Actualmente, los tres están siendo representados por un mismo defensor público.

Mientras tanto, el fiscal aguarda los resultados de las pericias forenses, que podrían confirmar si Aralí fue víctima de abuso sexual, lo que sumaría un agravante al caso.

En paralelo a los avances en la investigación sobre las causas de la muerte de Aralí, Gieco decidió dividir el proceso en dos líneas de investigación. Por un lado, se busca confirmar si la niña fue víctima de abusos sexuales por parte de los presuntos autores materiales del crimen, Simeone y Varela, y si el incendio que destruyó la casa (Caseros al 800) donde vivían fue un acto intencional para encubrir el asesinato.

Por otro lado, el funcionario judicial investiga el rol de la Unidad de Desarrollo Regional (UDER), organismo que depende de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que intervino en la situación de la niña y sus hermanos en el pasado.

"Se está llevando a cabo un análisis en conjunto para evaluar si hubo negligencia por parte de los organismos estatales en el cuidado de Aralí y sus hermanos", indicó una fuente cercana al caso. En particular, se busca determinar si hubo fallos en la supervisión y protección de los menores, quienes en algún momento estuvieron bajo la tutela de la justicia.

El fiscal respondió a las críticas de Amelia López, Defensora de la Niñez de la Provincia, quien lo había acusado este lunes de proporcionar detalles “delicados” del caso, que podrían haber revictimizado a los familiares de la niña.

En una entrevista con Noticiero Doce, Gieco defendió su actuación, asegurando que nunca mencionó el nombre completo de la víctima y que siempre utilizó sus iniciales en las declaraciones públicas. "En ningún momento utilicé el nombre de la menor, lo replicaron los medios, pero en la conferencia siempre me referí a las iniciales de ella", aclaró el fiscal. Además, subrayó que cuenta con el “respaldo total” del fiscal general Juan Manuel Delgado, quien también apoyó su enfoque en la investigación.

Gieco explicó que su objetivo ha sido ofrecer información sobre los avances de la investigación sin revictimizar a nadie. “Lo que hago son extractos de la investigación, de cuestiones reales de la causa y que efectivamente ocurrieron. No trato de revictimizar a nadie y siempre tratamos con mucha cautela el tema de los menores", manifestó.

En cuanto a las responsabilidades estatales, el fiscal detalló que los informes recibidos hace algunos meses por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) a través de la Unidad de Derechos de la Infancia de San Francisco, mencionaban el retiro de tres menores de su hogar. "Lo que estamos haciendo es pedir informes a los distintos organismos que estaban a cargo de ese reintegro para determinar si hubo o no negligencia", agregó Gieco, enfatizando que se están recabando antecedentes sobre el caso.

Por su parte, Amelia López, en su comunicado, expresó su preocupación por la exposición mediática del caso, señalando que las declaraciones del fiscal podrían haber “revictimizado” a los hermanos de Aralí y a su familia. En una entrevista con el mismo medio, López confirmó que habían solicitado informes a la Senaf para investigar cómo se realizó el seguimiento de la familia de la niña. "La Senaf tendrá que ver quiénes son las personas responsables y si hicieron adecuadamente o no el seguimiento correspondiente", dijo.

La Defensora aclaró que no cuestiona la instrucción del fiscal, sino la forma en que se comunicaron los avances del caso públicamente, destacando que la situación debería ser evaluada para evitar que se cause un daño innecesario a los menores involucrados.

Por ahora, el fiscal Gieco continúa con su investigación, recopilando información sobre posibles negligencias por parte de los organismos encargados del bienestar infantil. La instrucción sigue adelante mientras se evalúa la responsabilidad de los distintos actores en el contexto de este trágico crimen.

La investigación por la muerte de Aralí Vivas, ocurrida entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en Brinkmann, ha revelado detalles escalofriantes sobre un caso de violencia extrema y posible abuso sexual. Las autoridades han detenido a tres personas en relación con el crimen: el padrastro de la niña, Matías Ezequiel Simeone; su amigo, Cristian Varela; y la madre de la víctima, Rocío Rauch, quienes enfrentan acusaciones graves.

El fiscal Oscar Gieco, en diálogo con Cadena 3, indicó que el crimen de Aralí podría haber sido perpetrado para encubrir un abuso sexual previo. "La mataron para tapar un delito precedente", sostuvo Gieco, sugiriendo que el abuso sexual podría haber sido un móvil para el asesinato. El fiscal agregó que uno de los imputados, durante su detención, realizó una declaración impactante: "Era costumbre abusar de esa niña", una afirmación escuchada por tres policías presentes. Este testimonio se está evaluando como una prueba clave en la causa.

El caso podría ser elevado a una acusación por homicidio criminis causa, lo que implicaría una pena de prisión perpetua para los involucrados. Además, la fiscalía ha comenzado a considerar posibles responsabilidades de funcionarios de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), quienes habían informado que la familia era apta para la revinculación, a pesar de los antecedentes problemáticos.

La comunidad de Brinkmann se encuentra consternada por el trágico suceso, mientras los dos hermanos menores de Aralí están al cuidado de Betiana, prima de la madre, quien relató que "los niños están bien, tranquilos y bien contenidos". En una entrevista con Cadena 3, Betiana describió a la madre de Aralí como alguien "nunca estuvo en condiciones de tener a sus hijos", y destacó que hablar con ella era "imposible" debido a su comportamiento agresivo y problemas de adicción.

Por otro lado, el fiscal Gieco señaló que la Cámara del Crimen de San Francisco había dejado en libertad condicional a Simeone, a pesar de que un allanamiento reciente en su hogar había revelado la presencia de drogas y un arma de fuego. "Había indicios de un entorno problemático, pero aun así se le otorgó la libertad", afirmó Gieco.

La causa sigue avanzando, y se están realizando estudios complementarios al examen forense, mientras la sociedad aguarda respuestas y justicia por la muerte de Aralí y el bienestar de sus hermanos.

Las pericias psiquiátricas y psicológicas realizadas a la mujer de 36 años que profanó una tumba en el cementerio de San Francisco y cortó dos dedos a un cadáver han dictaminado su imputabilidad. De acuerdo con fuentes judiciales, los estudios realizados por un médico psiquiatra y una psicóloga del equipo de medicina forense indicaron que la imputada no comprendía la criminalidad de sus actos al momento del delito.

El informe psiquiátrico reveló que la mujer, imputada por daño calificado, sufría de un severo trastorno mental que le impidió discernir entre el bien y el mal durante el incidente ocurrido en la madrugada del 6 de julio en el sector oeste del cementerio local. Estos estudios se retrasaron aproximadamente dos semanas debido a que la mujer continuó con un cuadro severo de depresión tras el hecho. A partir de ahora, la imputada recibirá asistencia psicológica ambulatoria.

Actualmente, se está trabajando en la apertura del celular de la mujer para investigar la posible existencia de un chamán que podría haber influido en su decisión de realizar un "trabajo" para resolver sus problemas.

El incidente tuvo lugar en la medianoche del 6 de julio, cuando la Policía, alertada por una situación sospechosa en el sector oeste del cementerio, encontró a la mujer arrodillada sobre una tumba. Los agentes detectaron tierra recientemente removida y la tapa de un féretro abierta, revelando el cadáver de una mujer de 93 años, al que se le habían amputado los dos dedos índices de cada mano.

Durante el arresto, la Policía confiscó varios elementos de la presunta profanadora, incluyendo una tijera de podar, una pala de punta y un teléfono celular.