“Los fiscales tienen que trabajar en el territorio, lo más cerca posible del lugar donde suceden los hechos”. Con esta definición, Emilio Drazile resume el espíritu con el que asumió en mayo como fiscal de instrucción del Tercer Turno en San Francisco. Desde su llegada, prioriza una justicia cercana, con presencia real en las calles.

Esta perspectiva, que coincide con el nuevo Plan de Gestión Territorial que lanzó el Gobierno de Córdoba en la capital provincial, no es nueva para San Francisco. “En localidades como esta, ya se viene trabajando de esa manera. La territorialidad no es un proyecto, es una realidad”, asegura Drazile. 

A su lado, el secretario de la Fiscalía, Oreste Gaido, con una larga trayectoria en Delitos Complejos, refuerza esta visión: “Trabajamos con conocimiento de campo, en contacto permanente con la Policía, y atentos a los patrones delictivos que se repiten. Eso permite no solo investigar, sino también prevenir”.

En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, ambos coinciden en que el mapa del delito en San Francisco se ha complejizado. “Hay muchos hechos de violencia familiar, delitos contra la propiedad, y casi siempre aparece el consumo problemático de drogas o alcohol detrás”, explica Drazile. “La droga atraviesa todos los delitos. Es una problemática generalizada en la provincia y el país”, agrega Gaido.

En los últimos meses, las denuncias por violencia familiar aumentaron de manera sostenida. “Sí, se incrementó mucho más –afirma Gaido–. Tiene que ver con la situación económica, familias que vuelven a convivir en un mismo espacio. Si bien no son todos casos de gravedad, sigue siendo violencia”.

Uno de los temas que más interpela al sistema judicial es la percepción ciudadana de que si no hay detenidos, no hay justicia. Sobre esto, Drazile aclara: “La mayoría de los hechos ingresan a la fiscalía con detenidos. Son casos de flagrancia, donde la Policía actúa en el momento o minutos después”. Y detalla: “En los casos de violencia familiar, evaluamos la gravedad para determinar si corresponde la detención. Otras causas, tras la investigación, también derivan en aprehensiones”.

Gaido añade: “Entendemos esa demanda social. Pero tenemos un Código de Procedimiento Penal que respetar. No es que liberamos a todos, pero si hay riesgo procesal, no dudamos en ordenar la detención”.

"Hay muchos hechos de violencia familiar, delitos contra la propiedad, y casi siempre aparece el consumo problemático de drogas o alcohol detrás”

Los fiscales también observaron un fenómeno que se repite: personas que delinquen en San Francisco y provienen de localidades vecinas. “Hay muchos casos que vienen del lado de Santa Fe”, confirman. Por eso, valoran la reciente conformación de la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad, impulsada por la Región Centro. 

“Todo lo que apunte a la prevención es bien recibido. Celebramos estos acuerdos, sobre todo en zonas donde las fronteras provinciales están tan cerca. Si Santa Fe y Córdoba actúan en conjunto, eso va a impactar en una baja de la delincuencia”, opina Drazile. Gaido coincide: “Estos comités sirven, pero hay que coordinar bien entre fuerzas. San Francisco tiene muchas y hay que saber dónde focalizar”.

En relación con los recursos disponibles, Drazile es claro: “Siempre es bueno tener más, pero San Francisco está bien dotado. El desafío es investigar todos los delitos, llegar a resoluciones, y eso se logra con esfuerzo, trabajo policial y coordinación”.

Destaca el trabajo articulado con las fuerzas de seguridad: “Mantengo reuniones constantes con todas ellas. Nuestra actuación tiene que ir de la mano”.

Además del trabajo en territorio, destacan el aporte de los sistemas de alerta temprana. “Funcionan muy bien herramientas como Ojos en Alerta, el 911 o los tótems de seguridad. No recibimos denuncias anónimas, pero sí muchos llamados ciudadanos”, cuenta Drazile.

El fiscal también valoró el sistema de cámaras de vigilancia: “Ayuda a prevenir y da fluidez a la intervención policial. La comunicación entre la gente y las fuerzas es más rápida”.

El reciente caso del médico Pablo Ghisoni, acusado y luego absuelto por abuso sexual, puso en foco la problemática de las denuncias falsas. Aunque en la Fiscalía del Tercer Turno no se registraron situaciones similares, los fiscales ofrecieron su mirada. “Nosotros no manejamos la psique de la persona denunciante. Lo que hacemos es investigar con rapidez para que no haya consecuencias negativas si se trata de una denuncia infundada”, aclaró Drazile.

Gaido agregó: “Hay recursos para proteger a quien denuncia, y también para investigar con seriedad. Si alguien asume el compromiso de aportar datos, tiene que saber que puede ser resguardado”.

Para ambos fiscales, el objetivo es claro. “Darle una respuesta concreta a quien acude a la justicia es el principal desafío de una fiscalía”, resume Drazile. Su apuesta, junto a Gaido, es por una fiscalía con los pies en el barrio, sensible a las necesidades sociales y firme ante los delitos.

El fiscal federal Ramiro González dio por cerrada hoy la investigación por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández y comenzó los trámites de consulta a su defensa y a la querella de Fabiola Yañez para el envío del caso a juicio oral.

"Sin perjuicio de que las partes consideren que aún restan por producirse medidas de prueba, esta representación del Ministerio Público Fiscal entiende que se han materializado todas aquellas pertinentes de modo que se debe dar por concluida la instrucción del sumario respecto de la participación que le cabe a Alberto Ángel Fernández por los hechos que le fueron imputados y por los que se encuentra procesado", explicó el dictamen del fiscal según información de Noticias Argentinas.

El fiscal consideró que "se debe dar por concluida la instrucción del sumario" e iniciar los pasos para sortear el caso ante un tribunal oral.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron hoy al Tribunal Oral Federal 2 que rechace el pedido de prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner, condenada a seis años de cárcel en la causa Vialidad.

Según informaron fuentes judiciales, el dictamen al que accedió la Agencia Noticias Argentinas que no es vinculante para el Tribunal se entregó a media mañana de hoy y los fiscales argumentaron que "no se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria" a la ex presidenta, de 72 años.

"La privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández", agregaron, mientras que con este dictamen el Tribunal ya quedó en condiciones de resolver.

A partir del análisis de las constancias del expediente y de la presentación de la defensa, el Ministerio Público sostuvo que “no se advierten las razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria”.

“No se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”, añadió. En el informe socioambiental del 12 de junio, Cristina Kirchner dijo estar bien de salud a nivel general,  remarcaron.

"La defensa no ha demostrado –ni se advierte– que la privación de libertad en el establecimiento carcelario suponga, por sí misma, un menoscabo a la vida o a la integridad personal de la peticionante, más allá de las restricciones propias que implica la ejecución de una pena privativa de libertad”, analizaron.

Y compararon, por ejemplo, que el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, denegó ese beneficio al ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime, condenado y preso en la cárcel de Ezeiza por la tragedia  de Once, quien también argumentó haber cumplido 70 años y razones de salud. En el caso de que a Cristina Kirchner se le conceda la prisión domiciliaria, Luciani y Mola exigieron que sea con tobillera electrónica.

En cuanto a los motivos de seguridad por el intento de asesinato que sufrió y por su rol institucional como ex presidenta y ex vicepresidenta de la Nación, los fiscales remarcaron que el Ministerio de Seguridad garantizó en su informe que puede ser "preservada" en un establecimiento carcelario.

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola tienen previsto presentar este martes su dictamen en respuesta a la solicitud de arresto domiciliario, presentada por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, para dar cumplimiento de la condena a seis años de prisión que pesa sobre ella y que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la semana pasada.

La decisión de los fiscales ya estaría tomada: se opondrán a concederle el beneficio. El dictamen llega en la víspera del vencimiento del plazo de cinco días hábiles que el Tribunal Oral Federal N.º 2 otorgó a todos los condenados para presentarse voluntariamente en los tribunales de Retiro.

De esta manera, el plazo finaliza el miércoles, día en que Cristina Kirchner anunció que se presentará en Comodoro Py. Pero antes de eso, la Fiscalía dejará asentada su postura, que, todo indica, se alineará con los planteos previos en los que exigieron la “inmediata detención” de la ex mandataria, sin esperar el cumplimiento del plazo otorgado por el Tribunal.

Con este escenario en marcha, el juez Jorge Gorini, integrante del TOF 2, será quien quede en condiciones de resolver el pedido de arresto domiciliario. Lo hará una vez que tenga sobre la mesa el dictamen de los fiscales. La incógnita, por ahora, es si tomará la decisión este martes o si aguardará hasta el miércoles, justo cuando Kirchner ponga un pie en los tribunales.

Además, se notificó a la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal, que funciona en el mismo edificio judicial, para que esté preparada para recibir a los detenidos. De concretarse la detención de la ex presidenta de forma presencial, no se descarta que transite al menos parte del procedimiento en esa dependencia.

En este contexto, convocaron a una marcha hacia Comodoro Py desde el domicilio de Cristina Kirchner, ubicado en la calle San José 1100, en el barrio porteño de Constitución. La movilización fue anunciada por La Cámpora, sectores del peronismo y diversos sindicatos.

En ese contexto, el Ministerio de Seguridad nacional informó al Tribunal sobre distintos lugares posibles para una eventual detención en dependencias de fuerzas de seguridad, aunque toda esa información fue entregada de forma confidencial y quedó reservada en un sobre cerrado dentro de una caja fuerte.

La defensa de la expresidenta solicitó que se le permita cumplir su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, sin tobillera electrónica. En su presentación, argumentaron motivos de seguridad vinculados a su historial institucional, su edad —72 años— y el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022.

A pesar de eso, se descarta que Luciani y Mola acompañen ese pedido. De hecho, en dos escritos anteriores sostuvieron que Cristina Kirchner y el resto de los condenados debían ser detenidos sin demoras.

Desde el gobierno nacional, la postura es clara: se busca evitar una escalada de tensión. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, manifestó que le parecería “absolutamente lógico que las medidas de notificación puedan hacerse sin que la ex presidenta tenga que concurrir hasta los tribunales”. Y agregó: “Eso no va a generar nada positivo, va a ser un momento de tensión, de cortes, de movilización de fuerzas federales”, en una entrevista con A24.

Es por ello que el Tribunal analiza notificar a Cristina vía Zoom. Algunas fuentes del área de seguridad deslizaron que una eventual decisión favorable al arresto domiciliario podría ser anunciada este martes, como una forma de reducir el impacto de la marcha.

El reloj ya corre. Con el dictamen de los fiscales en manos del tribunal, comenzará a delinearse la escena final del caso que mantuvo en vilo a la política argentina durante años. La respuesta del juez Gorini será determinante, no solo por sus efectos judiciales, sino por lo que implica en términos institucionales y sociales.

María Florencia Bortolussi (44) acaba de asumir al frente de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico en San Francisco, en reemplazo del retirado Bernardo Alberione. Nacida en Santiago del Estero y formada en la Universidad Nacional de Córdoba, se desempeñó durante años en fiscalías de la capital provincial y de Villa María, enfocándose en delitos económicos, contra la propiedad y homicidios. Aunque reconoce que el narcotráfico no era su área de trabajo habitual, asumió el nuevo rol con firmeza y convicción. “Si tuviéramos miedo, nadie trabajaría en esto”, asegura.

San Francisco y su zona de influencia —particularmente Frontera y Josefina, del lado santafesino— han sido históricamente señaladas como espacios de fuerte presencia del narcotráfico y narcomenudeo. La designación de Bortolussi cierra una vacante que había sido reclamada incluso por Alberione ante el gobernador Martín Llaryora antes de retirarse. “La gente tiene que saber que quien comete un delito va a la cárcel. Esa es la señal que hay que dar”, afirma la fiscal en entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO.

—¿Qué la motivó a asumir este cargo en el área de narcotráfico?

Cuando me designaron, valoré el desafío de ver cosas nuevas y conocer otra realidad. La temática me interesaba y sabía que iba a enfrentar algo muy complicado. Hay todo un trasfondo en la lucha contra el negocio de la droga que no se ve, pero que es necesario destacar. A eso vine. Creo que si tuviéramos miedo, nadie trabajaría en esto. ¿Por qué tendría que tener miedo de enfrentar esto? Si tuviéramos miedo, no habría nadie en estos lugares.

—¿Cuál fue su experiencia previa en este tipo de delitos?

No tuve cargos vinculados específicamente al narcotráfico. Mi experiencia ha sido más en delitos económicos, homicidios, robos. Me gusta mucho investigar y ese es un rasgo que me acompaña. Pero el narcotráfico es un nuevo campo para mí.

—¿Cuáles serán sus prioridades al frente de esta fiscalía?

Yo quiero desbaratar a quienes comercializan drogas. Pero también ir más allá en la trama detrás de esos bunkers o “kioscos” que afectan la vida cotidiana de los vecinos. Cuando una vecina dice “Mirá, ese vende ahí”, eso ya es un llamado de atención. Quiero que ese vendedor que de golpe aparece con un auto cero kilómetro, mientras la mujer que trabaja todos los días anda en bicicleta, tenga consecuencias. Ese mal ejemplo social es el que quiero erradicar. ¿Cómo le explica una madre a su hijo que está bien trabajar, si el que vende droga anda en un auto importado?”.

- ¿No es insuficiente la represión del delito sino va acompañada de políticas sociales complementarias? 

—Por supuesto. Pero mi rol es atacar el delito. Mi mensaje es claro: quien las hace, las paga. En todo acto ilícito debe haber consecuencias. La justicia penal no resuelve los problemas sociales de fondo, pero sí tiene la obligación de actuar con firmeza cuando se infringe la ley.

—¿Planea implementar algún cambio en la forma de investigar o perseguir este tipo de delitos?

Me encontré con un equipo excelente. Están muy actualizados, los expedientes están al día. No encontré sorpresas. Es un equipo profesional que sabe lo que hace. Si bien aún no me reuní con Alberione, valoro profundamente la trayectoria que tuvo y el equipo que dejó. Mi línea será mantener una fiscalía ejecutiva, resolutiva, que diga: “Vamos y lo hacemos”, pero también profundizando la investigación.

—¿Qué rol le asigna al trabajo conjunto con las fuerzas (FPA, Policía Federal, Gendarmería, Policía de Córdoba)?

—Es fundamental. Todos debemos trabajar juntos. No importa quién se lleva el logro, sino que la droga se combata en el barrio. A la gente no le interesa si fue la FPA, la Federal, Gendarmería o la Policía de Córdoba. Lo que quiere es que se actúe.

—¿Qué tipo de narco-organizaciones predominan en esta región?

Hace muy poco que asumí, pero ya pude ver en algunas causas que hay mucha droga circulando. Mi directiva hacia el equipo es siempre la misma: “Busquemos más, lleguemos hasta el origen de esa droga”. Necesitamos ir más allá del que vende en la esquina.

—¿Y cómo impacta el narcotráfico en otros delitos?

Muchísimo. En causas de violencia familiar, por ejemplo, es común ver padres que dicen: “No sé qué más hacer”, y terminan echando al hijo a la calle. Eso atraviesa todas las clases sociales. Cuando empecé en la Justicia, le preguntabas a un imputado si consumía y decía que no. Hoy, la mayoría te dice que sí, que consume cocaína o marihuana, aunque no beban alcohol. Además, me llamó la atención que en esta fiscalía la mayoría de las causas tienen sentencia. Llegan a juicio, ya sea por juicio abreviado ante la Cámara del Crimen, hay condena. Eso es clave: hay una respuesta concreta de la Justicia.

—¿Qué le diría a quienes sienten que el narcotráfico ya ganó?

Una de las cosas que más me duele es cuando dicen que la Justicia no hace nada. Acá se trabaja muchísimo, incluso fuera del horario formal. No es un trabajo administrativo, se necesita vocación y pasión. El Ministerio Público Fiscal es independiente del poder político o económico, pero también necesitamos herramientas. Las autoridades provinciales, municipales y las fuerzas de seguridad se pusieron a mi disposición. Me dijeron: “Vas a una zona caliente”. Bueno, allá vamos. Todos buscamos lo mismo: luchar contra el flagelo del narcotráfico.

—¿Cómo evalúa la situación del narcotráfico en Córdoba?

En Córdoba, quien delinque va preso. Capaz que la sociedad no se da cuenta, pero que digan que somos “muy carcelarios” nos deja tranquilos a quienes trabajamos en esto. Porque eso espera la sociedad: una respuesta concreta, aunque siempre dentro de la ley y el Código Procesal Penal.

— ¿Considera importante mantener una comunicación activa con la ciudadanía sobre los avances en la lucha contra el narcotráfico?

La mediatización excesiva de las causas no le sirve a nadie. Pero sí creo que la gente debe estar informada. La publicidad y la transparencia forman parte del Ministerio Público Fiscal. Es necesario que el ciudadano sepa qué se hace, sin poner en riesgo las investigaciones.

—¿Qué le gustaría haber logrado al final de su gestión?

Eso lo sabré con el tiempo. Pero me gustaría dejar una buena impronta. Poder caminar tranquila por la calle, tomar un café y que nadie te reproche nada. La imagen que la sociedad tiene de la Justicia se construye día a día. Muchas veces recién creen en la Justicia cuando son víctimas de un delito y reciben una respuesta. También quiero que la gente se anime a denunciar. El 0800-888-8080 es una herramienta clave. Es seguro, anónimo, y no deja rastros. Si no hay denuncia, no hay investigación.

En un contexto judicial cada vez más complejo, Alberto Arrieta, presidente del Colegio de Abogados de San Francisco, expresó su preocupación por las vacantes en diversas fiscalías de la ciudad y la región, lo que impacta negativamente en el servicio de justicia. El titular del Colegio advirtió que la falta de cobertura en puestos clave, como fiscales y asesores letrados, podría generar un retraso significativo en la tramitación de causas y una posible afectación en la calidad de las investigaciones.

Al comenzar el año 2025, San Francisco enfrenta una escasez crítica de fiscales. Entre las vacantes más destacadas, se encuentran la Fiscalía de Delitos Complejos, que quedó vacante tras la salida de Bernardo Alberione, y la Fiscalía de la 4ª nominación, luego de la jubilación de la fiscal Leonor Failla. Además, sigue pendiente la designación de un fiscal para el Fuero Antinarcotráfico, función que hasta su salida también desempeñaba Alberione y que hoy está bajo la responsabilidad temporal del fiscal Oscar Gieco, quien también está a cargo de la fiscalía 1ª.

“Estamos en una situación muy complicada porque San Francisco, con dos fiscales (Oscar Gieco y Silvana Quaglia), tiene que cubrir cinco fiscalías. Eso marca una urgencia por la designación de estos cargos”, señaló Arrieta en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO. Según el abogado, las vacantes son un problema crítico no solo para los abogados, sino también para la sociedad en general, que se ve afectada por la demora en la resolución de casos.

Además de las vacantes en las fiscalías, también se suman otras el ámbito de la asesoría letrada. Arrieta explicó que la ciudad tiene vacantes en este sector debido a que funcionarios como Lucio Sarnado, quien aprobó el concurso para trasladarse a Córdoba, dejarán su puesto, mientras que la asesora letrada de Las Varillas, Virginia de la Vega, también dejará su cargo tras obtener su traslado. “La situación es preocupante, especialmente en áreas como violencia de género, menores y causas relacionadas con víctimas que no tienen recursos económicos para contratar abogados privados. Esto genera un verdadero conflicto porque ni siquiera hay suficientes abogados para cubrir esos cargos”, afirmó Arrieta.

El presidente del Colegio de Abogados destacó el impacto negativo que estas vacantes tienen en la calidad y eficiencia del servicio judicial. “Uno de los principales problemas es la demora. Un solo fiscal para dos fiscalías no puede hacerse cargo de todas las causas con la misma eficacia que si tuviera otro funcionario a su lado. Esto, además, afecta la calidad de la investigación”, explicó. 

Por otro lado, Arrieta resaltó que la demora en la cobertura de vacantes no se debe a una falta de voluntad por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sino a los largos tiempos que lleva el proceso de selección de nuevos fiscales. “El proceso de convocatoria, corrección de concursos y la posterior designación puede demorar casi un año. Es un proceso que, aunque se realiza de manera automática, es demasiado largo”, expresó. Según Arrieta, esto obliga a buscar soluciones temporales, como la designación de fiscales reemplazantes, para al menos cubrir provisionalmente los cargos vacantes.

Consultado sobre el estado de las vacantes en el fuero civil, Arrieta aclaró que, en este ámbito, la situación es más favorable. “Los cargos en el fuero civil están todos cubiertos. La única vacante que persiste es la de una camarista laboral en los tribunales sanfrancisqueños”, dijo.

La situación en el ámbito federal es aún más grave, ya que el Juzgado Federal de San Francisco se encuentra sin juez ni fiscal. El juez Pablo Montesi falleció en 2024, y su puesto está siendo subrogado por Sergio Pinto, juez federal de Bell Ville. Por su parte, la fiscalía quedó vacante tras la destitución de Luis María Viaut, quien fue condenado por corrupción. La fiscalía está siendo temporalmente ocupada por la fiscal María Marta Schianni de Villa María.

“El fuero federal es mucho más grave porque no tenemos ni juez ni fiscal. Ya se abrió la inscripción para la designación de un nuevo juez, pero este proceso también llevará tiempo. Se deben cubrir tres cargos en la provincia, uno de ellos en San Francisco”, explicó Arrieta. En cuanto a la fiscalía, el Consejo de la Magistratura aún no ha convocado a concurso para cubrir el puesto de manera definitiva. 

Arrieta también hizo hincapié en los problemas que enfrenta el sistema judicial para cubrir las vacantes en los tribunales locales y federales. “El Tribunal Superior de Justicia realiza las convocatorias cuando se producen vacantes, pero el proceso de selección es muy lento. En el caso de los jueces federales, por ejemplo, el proceso de convocatoria será más rápido, pero en el ámbito provincial las demoras son considerables”, indicó.

El presidente del Colegio de Abogados destacó que uno de los principales retos es lograr una designación más ágil para evitar que los cargos queden vacíos por tanto tiempo. “Estamos trabajando en encontrar soluciones para acelerar los procesos de selección, pero por ahora la única opción es buscar reemplazantes temporales que al menos cubran las vacantes hasta que se resuelva el concurso”, añadió.

La Fiscalía que investiga por violencia de género al expresidente Alberto Fernández suspendió la declaración de dos testigos empleadas de la quinta de Olivos al recibir un planteo de la querella de la ex primera dama Fabiola Yáñez vinculado a una posible violación al deber de confidencialidad que se firma cuando se ingresa a trabajar a la residencia presidencial.

El fiscal federal Ramiro González resolvió al respecto citar a declarar como testigo al escribano que firmó actas donde cinco testigos de la defensa hicieron exposiciones de manera privada en su escribanía, que se guardaron en sobres cerrados y luego se entregaron en la Justicia, informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.

El escribano tendrá que presentarse durante esta jornada en la fiscalía ubicada en el quinto piso de Comodoro Py 2002 del barrio porteño de Retiro.

En el escrito que presentó la abogada de Yáñez, Mariana Gallego, se cuestionó la legalidad de las testimoniales de las actuales y exempleadas de la residencia presidencial que propuso en todos los casos la defensa de Fernández porque la ex primera dama no las relevó de su deber de guardar confidencialidad.

Según afirmaron dos de las testigos que ya declararon en la Justicia, sí quedaron relevadas por el expresidente, aunque es algo que no constaría en la causa.

Por ello, González dispuso formar un legajo aparte "para determinar los alcances de la confidencialidad esgrimida" y aclarar "pormenores" vinculados a cómo se confeccionaron las actas presentadas.

Por otro lado, el teléfono celular de Yáñez será peritado el próximo martes 8 de octubre en España, en un trámite que hará la fiscalía de ese país y consistirá en extraer la información para luego enviarla a la Justicia argentina.

La Fiscalía General de Estado de ese país notificó vía Cancillería al fiscal federal Ramiro González de la fecha de la diligencia.

El trámite estará a cargo del Ministerio Público español y luego la "copia forense" de los datos será remitida a la fiscalía de González para su análisis, en particular los mensajes entre la ex primera dama y el expresidente. De esta manera se cumplirá con el exhorto enviado por el fiscal al país donde en la actualidad reside Yáñez.

La rogatoria se firmó luego que la Cámara Federal porteña rechazó un recurso de queja de la defensa del expresidente, quien se oponía a este trámite a la distancia. 

La defensa de Fernández argumentaba que la medida debía llevarse a cabo en territorio nacional para garantizar el derecho a defensa y el "debido proceso" con el fin de "garantizar la integridad de la evidencia", un "mayor control de la cadena de custodia" y minimizar los "riesgos de manipulación o contaminación de los datos".

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah avalaron la realización de la medida en España y advirtieron que "ninguno de los argumentos de la defensa revela un gravamen irreparable" ni arbitrariedad.

"La información se descargará de un teléfono que no está secuestrado por la Justicia, sino en poder de la víctima -desde el momento de los presuntos hechos relevantes hasta hoy-" por lo cual "la obligación de asegurar la inalterabilidad de los datos es operativa desde que se toma conocimiento de aquellos y se los tiene a disposición", agregó esa resolución.

Un profesor de educación física está siendo investigado por la fiscalía de Delitos Complejos de San Francisco, tras recibir dos denuncias por presunto abuso sexual simple ocurridos en un gimnasio de la ciudad. 

Según fuentes cercanas a la investigación, las denunciantes son una menor de edad y una joven de 18 años. Ambas han indicado que los hechos involucraron "tocamientos".

De acuerdo a lo que pudo conocer este diario, la adolescente declaró en Cámara Gesell, mientras que la joven mayor de edad presentó su testimonio en calidad de adulta. El profesor señalado ha contratado un abogado defensor para seguir el desarrollo del proceso. Por el momento, no enfrenta cargos formales, pero en caso de ser imputado, se le tomará declaración indagatoria.