La jueza de Nueva York Loretta Preska volvió a fallar hoy a favor de los fondos especulativos a los que benefició con un inédito fallo que obliga a la República Argentina a pagarles USD 16.100 millones, por el error cometido por Cristina Kirchner cuando en el 2012 decidió expropiar la petrolera YPF, sin cumplir lo que fijaba el estatuto de la compañía.

Ahora, Preska pretende que el gobierno argentino presente en el marco del juicio un listado completo de todos los activos del país en el exterior, incluso los estratégicos de defensa.

La controvertida magistrada ya había dispuesto que la Argentina le informe cuáles son sus bienes en el extranjero. 

Pero la defensa argentina se negó, argumentando que tenía que hacer una lista específica. 

El gobierno argentino solicitó diferenciar bienes "comerciales" de aquellos estratégicos, como los que se utilizan en Defensa.

La Argentina solicitó limitar los requerimientos de discovery exclusivamente a activos potencialmente ejecutables”. 

Por eso, le pidió a Preska que reconsidere el caso, para delimitar la información que debía entregar. 

Pero, lejos de dar lugar a ese pedido, Preska le ordenó ahora a la Argentina que haga exactamente lo contrario: informar todos sus activos, tengan el origen que sea.

Preska dijo que, luego de recibir esa información, ella decidirá cuáles son los activos potencialmente "embargables" y cuáles podrían estar exentos de cumplir con obligaciones comerciales.

La Argentina había ganado una apelación en el Segundo Circuito de los tribunales de Manhattan, que le permitió no entregar ahora el 51% de las acciones de YPF, otra de las sorprendentes órdenes de Preska. 

Pero la magistrada reaccionó rápido y, unos días después, ratificó que la Argentina debe entregarle comunicaciones y chats de los ministros de Economía del país, siempre relacionados con el juicio que los fondos buitres Burford y Eton Park mantienen contra la República.

En el marco de esta causa, la Argentina tiene otras dos apelaciones pendientes: 

Las presentaciones orales se harán en los próximos meses. Una de las más relevantes está prevista para después de las elecciones legislativas de octubre.

Texto completo del comunicado de la Procuracion General del Tesoro

“La Procuración del Tesoro informa que la jueza Loretta Preska rechazó la moción de reconsideración presentada por la República Argentina en el caso YPF, que solicitaba limitar los requerimientos de discovery exclusivamente a activos potencialmente ejecutables”. 

“Esta decisión se suma a la decisión emitida la semana pasada, que también desestimó la solicitud de reconsideración referida a los pedidos de discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios”, indicó.

En ambas presentaciones, la República Argentina sostuvo que los requerimientos cuestionados resultan contrarios tanto a la jurisprudencia de los Estados Unidos como a la legislación argentina, respaldando sus mociones con abundante jurisprudencia relevante.

La Procuración del Tesoro considera que tales resoluciones son equivocadas y, en consecuencia, se encuentra evaluando las vías procesales adecuadas para su impugnación dentro de la estrategia general del juicio.

El próximo jueves 4 de septiembre se celebrará en Nueva York una audiencia previamente fijada en el marco del seguimiento del proceso de discovery.

La República Argentina reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todas las instancias judiciales, empleando todos los recursos legales disponibles.

Como resultado de una investigación iniciada hace meses, el Gobierno de Javier Milei ya echó a 60 funcionarios de la estratégica Procuración del Tesoro de la Nación, los abogados del Estado en litigios tan delicados como el que se ventila en Nueva York por la expropiación de YPF.

Según supo Noticias Argentinas, el caso comenzó cuando desde la Procuración empezaron a darse cuenta de que parte de las estrategias jurídicas que analizaba la República parecían ser anticipadas por los poderosos bufetes de abogados que litigan contra la Argentina. 

Por ahora, el Gobierno justificó los despidos en el marco de una "reestructuración que responde a una mayor eficiencia del organismo".

Pero la preocupación en la Casa Rosada es mayúscula, ya que este mega juicio llevó a la controversial jueza de Nueva York Loretta Preska a condenar a la Argentina a pagarle USD 16.100 millones a los fondos buitres, un monto inédito en la historia de los litigios de este tipo.

Ahora, los abogados del Estado argentino intentan frenar la resolución de la jueza neoyorquina, que pretende que la República entregue el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.

Hasta ahora, la Procuración del Tesoro, que depende del Ministerio de Justicia, no confirmó las versiones que circularon durante la jornada entre funcionarios de la Casa Rosada sobre supuestas filtraciones. Solo informaron los cambios en la estructura del organismo encabezado por Santiago Castro Videla.

Fuentes oficiales admitieron a Noticias Argentinas que existe malestar en el presidente Javier Milei por la estrategia que llevó adelante la Procuración del Tesoro en este juicio sin precedentes.

Algo de alivio llegó en las últimas horas cuando el gobierno de Donald Trump decidió intervenir en la disputa judicial y sumarse como “amicus curiae”, un formato que le posibilita a otro país soberano presentarse y dar su opinión sobre la marcha de una causa tan sensible como esta.

En el Ministerio de Economía y otras dependencias oficiales también consideran que hubo filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial argentina.

Se sospecha que esas supuestas filtraciones pudieron haber beneficiado al polémico fondo Burford -especialistas en este tipo de litigos-, que encabeza la demanda contra la Argentina por la polémica estatización de YPF, en 2013.

En el marco del achique, la Procuración pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales, y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. 

Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela.

Además, se anunciaron nuevas desvinculaciones de personal, que acumulan a más de 60 funcionarios del organismo desde el inicio de la gestión Milei. 

Entre los principales cambios se destaca la “reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas. Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales”.

Por ahora, Castro Videla seguiría, porque tiene como poderoso padrino a Santiago Caputo, uno de los integrantes del Triángulo de hierro, en términos explicados por el propio Javier Milei. 

Según informó Clarín, el nombramiento en su momento de Castro Videla, “llamó la atención, dado que es socio de un constitucionalista que apoyó la postura del fondo Burford contra YPF, en el litigio en el que que está en juego el pago de los 16 mil millones de dólares, el juicio más grande que afronta el Estado argentino”.

Ese medio también indicó que el jefe de los abogados del Estado “pertenece al estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, que colaboró con un bufete de abogados norteamericanos que llevó el juicio en Nueva York ante la jueza Preska”. 

En su momento, Burford presentó al constitucionalista Alberto Bianchi -el socio de Castro Videla- y los juristas Alejandro Garro y Alfredo Rovira, para que explicaran el sistema judicial argentino y el rol de YPF en la estructura del Estado. 

En estos casos, la figura del testigo no es la un testigo ocular, como en juicios penales, si no en la de un experto que explica los alcances de la legislación argentina, según Clarín.

Este martes el Gobierno logró que la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de las acciones de YPF, informó la Procuración. 

El tribunal bloqueó temporalmente la orden de la jueza Preska, que había ordenado que Argentina entregue su 51% en YPF a los demandantes en un caso de 16.000 millones de dólares.

La suspensión administrativa emitida por el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito permanecerá en vigor hasta que el panel de apelación pueda decidir si concede o no una suspensión definitiva, mientras Argentina apela la orden del 30 de junio dictada por la polémica magistrada.

La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la apelación solicitada por la República Argentina contra embargos de bonistas que siguen en default.

El país había intentado evitar un fallo anterior que habilitó a un grupo de acreedores a embargar activos soberanos por unos 310 millones de dólares, que estaban depositados en una cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la Reserva Federal de Estados Unidos, Alemania y Suiza.

Según trascendió, estos dólares, que están vinculados a los bonos Brady, emitidos durante los años 90’s y que vencieron en 2023, y serán tomados por los acreedores.

Ya en octubre del año pasado 2024, la Corte Suprema británica emitió un fallo en contra de la Argentina, en el juicio conocido popularmente como ‘Cupón PBI’ que obligó a pagar más de 1.300 millones de euros (sumado intereses) a un grupo de bonistas.

Los beneficiarios de este nuevo fallo realizarán formalmente un pedido de embargo a la jueza Loretta Preska y, de esa manera lo autorice y lo presente en las mesas de entrada de la Reserva Federal de Nueva York, tanto en la sede de Estados Unidos como en las otras dos.  

Con esa autorización, podrían tomar posesión de los 310 millones de dólares, aunque no cubra la totalidad del pago, dado que el monto final es de 450 millones.

Los acreedores integran un grupo de seis holdouts, que seguían sin cobrar una sentencia anterior del juez Thomas Griesa y, como Argentina no abonó lo que correspondía, actualmente poseen 450 millones de dólares en demandas y en sentencias firmes.

Especialistas afirman que se habían pedido el embargo de los bonos Brady que Argentina tiene en la Reserva Federal de Nueva York, que son alrededor de 250 millones de dólares, y en Basilea, unos 58 millones de euros.

El fondo buitre Burford, que espera cobrar US$16.099 millones tras haber ganado el juicio por la expropiación de YPF, le pidió a la justicia estadounidense autorización para solicitar embargos sobre bienes argentinos, porque considera que el país "no demuestra voluntad de pago".

"Le pedimos a su señoría que establezca que 30 días es un período de tiempo razonable, después de la emisión del fallo del 15 de septiembre, para iniciar los procedimientos de embargo y ejecución del fallo a partir del 16 de octubre", solicitaron los abogados de Burford ante el juzgado neoyorquino de Loretta Preska.

El gobierno argentino ya avisó que apelará la sentencia de la jueza Preska, lo que le permitiría ganar tiempo.

El reclamo se basa en que el Estado argentino, cuando tomó el control de la compañía en 2012 -durante el gobierno de Cristina Kirchner-, debió lanzar una oferta pública de acciones para los tenedores minoristas de la empresa, pero no lo hizo.

Dos sociedades de Petersen (Familia Eskenazi), despojadas del 25% de sus acciones, transfirieron el derecho a iniciar juicio por ese reclamo al fondo Burford, en una operación que es cuestionada por distintos sectores de la política.

En cambio, la Argentina debería haber lanzado una oferta pública de acciones, según lo establecido en el estatuto de la empresa. La Argentina enfrenta ahora el riesgo de embargos contra sus activos, en una causa que hacer recordar lo ocurrido cuando fondos buitres pidieron el embargo de la Fragata Libertad en un puerto internacional.

Fue cuando los fondos de inversión ganaron otro juicio contra la Argentina por los derechos de los acreedores de bonos que no habían entrado en el canje de deuda soberana (holdouts).

Las leyes estadounidenses disponen que no se pueden realizar embargos o ejecuciones de bienes hasta que el tribunal ordene ese embargo o ejecución, es decir, tras un período de tiempo "razonable", desde la emisión del fallo. Los abogados de Burford solicitaron que ese plazo sea de un mes desde la emisión del fallo.

"El estatuto no proporciona orientación adicional sobre el procedimiento, o el momento en que el tribunal debe determinar lo que constituye un período de tiempo razonable", según explican los abogados de Burford.

Argumentaron que la "práctica pasada, y actual, de Argentina en cuanto a eludir fallos judiciales emitidos en Estados Unidos, como en jurisdicciones extranjeras, así como las recientes declaraciones públicas de sus más altos funcionarios, demuestran que no tiene intención de cumplir el fallo".

Y se quejaron que los demandantes "han tenido que esperar más de una década para recibir el pago de la oferta de compra que se les adeuda, y una demora adicional en la ejecución sería innecesaria e irrazonable".

"Argentina no tiene intención de pagar el fallo, y sería falso que sugiriera lo contrario. Por lo tanto, los demandantes solicitan respetuosamente una conferencia previa a la presentación de su moción propuesta, de acuerdo con la sección 1610(c), solicitando una orden que establezca que la suspensión de 30 días prevista en la Regla 62(a), es un "período de tiempo razonable", y que la ejecución pueda comenzar después de eso", dijeron los abogados de Burford, en su presentación.