Más de 82 mil ampollas de fentanilo contaminado, por el que se analizan 173 muertes, se recuperaron en el país durante estos seis meses de investigación tras una serie de allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe. 

El caso es considerado una de las mayores tragedias sanitarias de los últimos años en la Argentina.

En el marco del “Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado” y bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina llevaron varios operativos donde se incautaron más de 82 mil ampollas del opioide alterado.

La causa se inició hace medio año cuando la Justicia comenzó a recibir las primeras denuncias por posibles muertes ligadas al fentanilo, cifra que continuó en aumento.

A raíz de los hechos, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) radicó una denuncia ante la División Delitos contra la Salud Pública de la PFA, alertando sobre irregularidades cometidas por alguno de los laboratorios proveedor.

La causa recayó sobre el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, que instruyó profundizar las tareas de investigación.

Con el avance de la pesquisa se logró constatar que detrás del opioide adulterado con bacterias se encontraban los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., ambos pertenecientes al mega empresario Ariel García Furfaro, quien se encuentra detenido y procesado.

También fueron detectadas 187 droguerías, sanatorios y clínicas vinculadas a la distribución del producto, de los cuales 40 establecimientos habían recibido ampollas pertenecientes a los lotes comprometidos.

De este modo, las autoridades judiciales ordenaron allanamientos en los centros de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Formosa, los cuales concluyeron con el secuestro de más de 82 mil ampollas.

Todo el material secuestro quedó al resguardo, bajo custodia, en las instalaciones de la ANMAT, así como también fue puesto a disposición del magistrado interviniente

El pasado martes cazadores furtivos mataron y carnearon a un yaguareté en la localidad formoseña de Estanislao del Campo y la noticia -dada a conocer por el Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa- causó indignación.

Se trata de una especie que fue declarada en 2018 Monumento Natural Provincial en esa provincia por la Ley 1.673, sin embargo quedan menos de 20 ejemplares en la región chaqueña. 

En este contexto, la organización Greenpeace advirtió que si se continúa con la caza indiscriminada, sumado a la deforestación “es prácticamente una condena al yaguareté”.

Dicha organización presentó en 2019 un proyecto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declare la 'deforestación cero' en ambientes de las yungas, la región chaqueña y el litoral argentino. Ahora advirtieron: “recientemente se han entregado contundentes informes que demuestran cómo se viola la Ley de Bosques en las provincias demandadas, entre las que se encuentra Formosa. Esperamos un pronto pronunciamiento de la Corte, ya que ha quedado claro cómo se arrasa con el hábitat y los últimos yaguareté del Gran Chaco argentino”.

El yaguareté está en peligro en extinción en la Argentina y su captura se encuentra prohibida, sin embargo un grupo de cazadores furtivos mataron ilegalmente en Formosa a uno de los últimos cinco ejemplares de la especie que están registrados en la zona. 

Este hecho ocurrió en la zona de Estanislao del Campo y el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia de Formosa informó que los autores del hecho ya fueron detenidos y que se encuentran a disposición de la Justicia provincial.

Las autoridades formoseñas confirmaron que el animal fallecido era un macho de gran porte que ya había sido detectado por las cámaras trampa el 27 de febrero de este año por primera vez y también en abril, por lo que el asesinato del animal amenaza aún más el peligro en extinción del yaguares en la Argentina. 

Luego de que se confirmó la muerte del animal se realizó una denuncia policial y finalmente intervino el Juzgado de Instrucción y Correccional de la localidad de Las Lomitas que está a cargo de Gabriela Soledad Plazas. 

"Se logró corroborar, a través de las primeras fotos obtenidas del yaguareté muerto y que resultaron determinantes para la investigación que desencadenó en la detención de las personas involucradas en el hecho, por lo cual  informamos que a la fecha se encuentra esclarecido respecto a los autores de esta lamentable matanza de un valioso animal que se encuentra protegido por leyes nacionales y provinciales”, destacó Plazas en su declaración.

En este contexto, la Administración de Parques Nacionales, a cargo de Cristian Hansen, emitió un comunicado en el que avisa que pretende que “la causa pase a la Justicia Federal” para en dicho ámbito “constituirse en parte querellante por ser la autoridad de aplicación a cargo del resguardo del Monumento Natural Yaguareté”.

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Las penas para este tipo de delitos están previstas en los artículos 25 y 26 de la Ley de Conservación de Fauna y van de dos meses a dos años con cinco años de inhabilitación especial. La pena se eleva de cuatro meses a tres años de prisión e inhabilitación especial por diez años cuando la caza fuera cometida de modo organizado o con el concurso de tres o más personas o con armas, artes o medios prohibidos por la autoridad de aplicación. También corresponde una multa económica significativa calculada en función del daño ambiental.

En el país se considera al yaguareté en peligro crítico, ya que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en un futuro inmediato, siendo las principales causas de ello la destrucción y degradación de ambientes, la caza furtiva y la escasez de presas naturales. Por eso, debemos denunciar su persecución y el comercio ilegal de sus productos.

Agentes de la Dirección General de Aduanas descubrieron y denunciaron una maniobra de contrabando de combustible por $2.600 millones en la frontera con Paraguay, informó el organismo.

La operación ilegal se habría materializado en la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, a través de pasos fronterizos no habilitados. El personal aduanero detectó destinatarios de camiones cargados con gasoil y nafta que estaban domiciliados en localidades cercanas a Formosa y, además, comprobó que ninguno tenía capacidad económica ni financiera que permita justificar la compra de las grandes cantidades de combustible que realizaban.

La maniobra consistía en adquirir el insumo a través de compradores ficticios para poder transportar el combustible hasta localidades fronterizas sin ser detectados por las fuerzas de seguridad, explicó la Aduana, en un comunicado.

También puntualizó que una vez que estaban cerca de la frontera, y a través de estaciones de servicio de bandera blanca, el combustible era trasladado a tanques cisternas hasta propiedades ubicadas cerca de la frontera con Paraguay.

Tras descubrir la maniobra, el organismo realizó la denuncia ante la Justicia Federal por asociación ilícita y lavado de activos, de acuerdo con la información oficial.

Fuente: NA

Una mujer de 47 años murió en las últimas horas tras ser atacada por sus tres perros en la localidad Las Lomitas, en Formosa. Su cuerpo presentaba múltiples de heridas por mordeduras.  

María Beatriz Coronel estaba ingresando el sábado a las 4.30 a su casa ubicada en la calle Paraguay e Ingeniero Huergo, en el barrio Guarda La Tosca, cuando fue agredida por sus mascotas. 

Los tres animales la mordieron sin parar. La desesperación de la mujer fue tal que un vecino la escuchó y se acercó hasta su domicilio para ver qué estaba pasando. Es que los perros tampoco paraban de ladrar.

Al llegar, vio que la mujer estaba tirada en el piso, mientras que los animales seguían atacándola. El hombre la ayudó para que pudiera salvarse. Si bien dejaron de morderla, el resultado fue fatal.

“El hombre hizo lo que pudo, pero ya era tarde. Con el correr de los minutos estaban calmados, pero vaya uno a saber por qué actuaron de esa manera y atacaron a su dueña”, expresó el comisario general jefe de la Unidad Regional N°5 de Las Lomitas, Cristóbal Torres, a medios locales.

Una ambulancia la atendió en su casa y luego la trasladó hacia un hospital de la zona, donde la mujer ya no presentaba signos vitales.

Las mordidas de los perros generaron lesiones graves en los brazos y en el cuello, aunque también la lastimaron en las piernas. 

De raza mestiza, sus mascotas permanecen en custodia hasta que la jueza tome una decisión sobre ellos. Se les realizaron estudios y detectaron manchas hemáticas.

Intervienen en la causa la jueza de Instrucción y Correccional, Gabriela Plaza, y el fiscal Garío Gon. En el lugar, trabajó la Policía Científica.