El Gobierno propuso ratificar en el Presupuesto 2025 la fórmula de ajuste de las jubilaciones en base a la inflación, tal como había sido establecido en el decreto 274, según se conoció hoy en la presentación del plan de gastos para el año próximo.   

Después de que la Cámara de Diputados confirmara el veto presidencial a la ley sancionada por el Congreso donde se establecía un incremento del 8,1 por ciento a las jubilaciones en compensación de la inflación, el Gobierno incluyó un artículo para ratificar el decreto sobre aumento de los haberes de la clase pasiva.   

De esta manera, para el 2025 se establece que los haberes de la clase pasiva se aumentarán cada mes en base a la inflación de los dos meses anteriores. 

También se estableció que el monto destinado al pago de deudas previsionales con sentencia firme es de 390.050 millones de pesos. Además se fija en 355.000 millones de pesos el monto para el pago de sentencias por retroactivos para las fuerzas de seguridad.

Luego de que el Senado haya sancionado la ley por la nueva movilidad jubilatoria, el presidente Javier Milei vetó totalmente el proyecto. El decreto, que firmó el viernes por la noche, se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial y así la decisión se hizo efectiva. En simultáneo, el Ejecutivo oficializó un nuevo bono de 70 mil pesos para los jubilados en el marco del sistema de actualizaciones vigente. Lo que aún no se definió pero está bajo estudio es un incremento extra que podría rondar el 8%.

El decreto 782/2024 alega que la iniciativa aprobada por el Congreso es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. Este fue el principal argumento que sostiene el Ejecutivo desde la sanción de la ley. También plantearon que el proyecto “padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación”.

En este sentido, AM 1050 dialogó con el abogado previsionalista, Fernando Viera, quien se refirió al conflicto entre el poder Ejecutivo y el Legislativo sobre el futuro de la seguridad social del país.

“Esta Ley tiene varios puntos en cuestión, el primero de todos ratifica el aumento por inflación que dispuso Milei con el decreto 274 en abril, , eso quiere decir que van a seguir aumentando por inflación. Por otra parte, se establece que una vez al año hay que comparar si los sueldos le ganaron a la inflación y si eso da resultado positivo, el 50% de ese valor va a ser lo que van a aumentar una vez al año las jubilaciones de manera adicional. Esa pauta en particular lo que permite es darle una vida útil a la movilidad porque si le va bien a la Argentina y se controla la inflación, los jubilados no tendrían ningún tipo de aumento y no recomponen lo perdido años atrás, entonces esta ley lo que dice es que te mantiene el poder adquisitivo a lo largo del tiempo y en los años en los cuales a la Argentina le vaya bien, el país reconozca una diferencia para que los jubilados recompongan el haber”, manifestó Viera.

Por otra parte, el abogado detalló cual sería la jubilación mínima si se aprobará la ley e indicó: “Otro de los puntos en discusión es que se establecía una nueva jubilación mínima para las personas que tuvieran un sólo beneficio, en donde te calculaban 1.09 veces la canasta básica total de un adulto, ese valor a julio daba una jubilación mínima de 317 mil pesos. Además, se modificaba los índices de actualización de remuneraciones para los cálculos de la jubilación”.

A su vez, Viera explicó cómo sería el financiamiento del aumento y señaló la postura del Gobierno Nacional. "En el artículo 10 había una cláusula que era bastante costosa también para el Gobierno y que era pagar la deuda que tiene con la Caja de Jubilaciones no transferidas y pagar los juicios previsionales con sentencia firme, hacerlo en el plazo de seis meses, pero hacerlo con los impuestos que tiene la asignación específica, uno de estos impuestos con asignaciones específicas para la Seguridad Social es el impuesto país, entonces si promulgará esta ley ya le costaría más al Gobierno", argumentó.

Finalmente, indicó que entiende las dos posturas, la del Ejecutivo y la de los jubilados. "Los dos tienen razón, si vos te paras del lado de los jubilados esta ley es útil no es la panacea, pero es útil es mejor que lo que tenemos, pero desde el punto de vista del Gobierno hay que pagarla también. No es que uno sea el malo y el otro sea el bueno, lo que sí evidentemente al medio están metidos los jubilados en una pelea", concluyó.

Entrevista completa a Fernando Viera:

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El Gobierno nacional también advierte en el considerando del decreto que la iniciativa complicaría la recuperación del sistema previsional al proyectar que generaría futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios al no especificarse la fuente del financiamiento.

Para ejemplificar sus argumentos, el Ejecutivo mencionó que el impacto estimado de la medida asciende a 6.160.000.000.000 para el año 2024, es decir seis billones ciento sesenta mil millones de pesos, y unos 15.430.000.000.000 para el año próximo. Estos números “equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquel, estimado para el año entrante”.

Con respecto al gasto previsional que implicaría para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), calculan que dichos importes representan un incremento del 18,5% para el año 2024 y de 29,2% para el año 2025. Además, indicaron que si las erogaciones citadas se relacionaran con el gasto primario de la Administración Nacional, previsto en el presupuesto vigente, la medida “conllevaría un aumento de aproximadamente el 8% del referido presupuesto en términos anuales”.

Tras el veto, el Congreso puede insistir con la nueva fórmula, por lo que la oposición deberá someterla nuevamente a votación y contar con el apoyo de los dos tercios de los miembros presentes en ambas Cámaras. Primero será tratado en Diputados, cámara de origen y, luego, en el Senado.

Por esto mismo, desde la aprobación en el Congreso, el Gobierno se focalizó en fortalecer los lazos con los legisladores aliados del oficialismo: el PRO y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). De esta manera, se reunió el viernes con los principales dirigentes para explicar por qué la medida no sería promulgada.

En este contexto, el PRO se comprometió a apoyar la decisión del Ejecutivo, pese a que sus legisladores habían votado a favor de la actualización de las jubilaciones.

Mientras tanto, el Ejecutivo oficializó un nuevo bono extraordinario previsional de 70 mi pesos para los titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES; aquellos beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más; y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo del organismo de la seguridad social.

Este monto se fijó en el decreto 783/2024, también publicado esta madrugada. La normativa establece además que “para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono extraordinario”.

“En el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del Bono Extraordinario Previsional que se otorga”, dispone el decreto.

Luego de la media sanción de Diputados a la nueva fórmula jubilatoria, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó la decisión del presidente Javier Milei en hacer uso del veto en caso de que el proyecto se convierta en ley. 

Además, alertó que si el Congreso llegara a voltear el veto, deberán hacer recortes de partidas presupuestarias para cubrir ese gasto.

En declaraciones radiales, Francos indicó que "el proyecto tendrá que seguir su curso, ver si se aprueba en el Senado, si viene con esa propuesta el Poder Ejecutivo la va a vetar, no hay ninguna posibilidad que el Gobierno pueda cubrir el gasto que significa ese aumento, no tiene los recursos".

El funcionario afirmó que si el Congreso insiste con el proyecto y logra dos tercios de los votos en ambas Cámaras, lo que se traduciría en un rechazo al veto, el Ejecutivo cumplirá con la norma pero deberá reasignar partidas.

“Si el Congreso insiste con los dos tercios de los votos el Gobierno deberá cumplir la ley. En ese caso la decisión del presidente Javier Milei es mantener el equulibrio fiscal y cortar otras partidas presupuestarias para eso”, completó Francos.

El presidente Javier Milei reaccionó contra los diputados que aprobaron una modificación a la fórmula jubilatoria diciendo que “defenderé la caja a veto puro” y “no voy a entregar el equilibrio fiscal”. 

“Les dejo este tweet para que le quede claro a todo el mundo: no voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario. A puro déficit fiscal empobrecieron al país, por lo que de ningún modo voy a permitir que esto se repita. VLLC !!!”, apuntó el presidente esta madrugada.

A través de un acuerdo entre Unión por la Patria, la UCR y otros bloques dialoguistas, la oposición logró pasada la medianoche asestar un duro golpe al oficialismo al arribar en la Cámara de Diputados a la media sanción de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria alternativa a la que el Gobierno estableció a través de un decreto de necesidad y urgencia.

Después de casi 14 horas de sesión, la iniciativa, que surgió a partir de la unificación entre las propuestas del kirchnerismo, la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica, cosechó 160 votos positivos, 72 rechazos y ocho abstenciones.

Para responder a los legisladores a través de las redes sociales, Milei utilizó una publicación adjudicada a “Milei Shelby”, que puso “Degenerados fiscales, porque 160 diputados de la oposición aprobaron un proyecto para aumentar el gasto un 15% y romper con el equilibrio fiscal”.

DEFENDER LA CAJA II... pic.twitter.com/Vs6DNQd0Ko

La iniciativa tanto de UP como de los bloques dialoguistas (UCR, Hacemos, Coalición Cívica e Innovación Federal) es introducir un 8,1% adicional a ese 12,6% para llegar a un total de 20,6% de recomposición, equivalente a la inflación del mes de enero que se perdió en el empalme entre la fórmula de movilidad anterior y la establecida por el Gobierno a través del DNU. 

Además de actualizar los haberes por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la propuesta establece un aumento adicional una vez al año (en marzo) por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo (si existiera una recuperación del salario por encima de la inflación).

Se fijó en la redacción que el haber mínimo será de 1.09 respecto del valor de la canasta básica total de un adulto, por lo que un jubilado que cobra la mínima pasaría a cobrar 285 mil pesos.

Por último, acordaron que la ANSES tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales, y de pagar las sentencias firmes a favor de jubilados, pero no a partir de lo producido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como había insistido Hacemos, sino con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional (impuesto al cheque, impuesto PAIS e IVA).