Un hombre de 29 años resultó herido de arma de fuego durante la tarde de este lunes en la ciudad de Frontera, provincia de Santa Fe, y debió ser trasladado al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, donde quedó internado en observación.

Según informó la Unidad Regional Departamental San Justo, el hecho se registró alrededor de las 17:20, cuando personal policial tomó conocimiento del ingreso al nosocomio de un hombre con heridas de arma de fuego.

De acuerdo con lo manifestado por el propio damnificado, momentos antes se encontraba sentado en la vereda de un domicilio de la ciudad de Frontera cuando se aproximaron dos hombres a bordo de una motocicleta.

Siempre según su relato, el acompañante efectuó dos disparos de arma de fuego, uno de los cuales impactó en su rodilla y otro en el tobillo.

El hombre fue asistido por personal médico en el Hospital J. B. Iturraspe y quedó internado en observación, a la espera de estudios complementarios.

Un joven de 18 años ingresó durante la madrugada de este sábado al Hospital J.B. Iturraspe con una herida de arma de fuego en la pierna derecha.

El episodio se suma a otro hecho ocurrido pocas horas antes, cuando un hombre ingresó al mismo nosocomio con una herida de bala en el miembro inferior derecho y manifestó que había sido atacado mientras circulaba en motocicleta por Frontera. En ese caso, los médicos constataron además una fractura de tibia.

En el nuevo caso, el joven fue asistido por personal médico y se le realizaron los estudios correspondientes, tras lo cual quedó en observación.

Al ser entrevistado por personal policial, manifestó que momentos antes circulaba por una calle de Frontera, cuando escuchó una detonación.

Según su relato, posteriormente advirtió que había resultado herido, aunque no pudo observar quién efectuó el disparo.

Las circunstancias del hecho son materia de investigación.

Un hombre ingresó por sus propios medios al Hospital J. B. Iturraspe durante la noche de este jueves y fue asistido por una herida de arma de fuego en el miembro inferior derecho.

 Tras recibir atención médica, se constató que presentaba una fractura de tibia, por lo que quedó bajo asistencia en el nosocomio.

Al ser entrevistado por personal policial, el hombre manifestó que momentos antes circulaba a bordo de una motocicleta Honda Biz por la localidad de Frontera.

 Según su relato, mientras transitaba por esa localidad, un hombre que se desplazaba a pie efectuó un disparo que le provocó la lesión.

A partir de lo ocurrido, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del episodio y determinar la identidad del autor del disparo.

La investigación judicial por la muerte de “Tita”, la perra comunitaria asesinada en San Francisco, continúa y el hombre señalado como el autor del hecho ya fue imputado. Ahora, la causa se encuentra a la espera de que la Fiscalía avance con su indagatoria para continuar con las actuaciones correspondientes.

El acusado deberá designar un abogado defensor y posteriormente, la Fiscalía deberá determinar cómo continúa el proceso. 

El hombre, de 33 años, había sido identificado la semana pasada durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en calle 7 al 200, en Frontera . El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional Departamental San Justo, con colaboración de la PDI Frontera, a partir de una orden judicial. Cabe destacar que el agresor reconoció el hecho ante el personal policial.

Durante el operativo se secuestraron prendas de vestir y otros elementos que fueron incorporados a la investigación. Según la información difundida tras el procedimiento, las tareas investigativas incluyeron el análisis de registros de cámaras de seguridad y la incorporación de nuevos elementos a la causa.

Se precisó que la imputación ya fue formalizada y que ahora resta avanzar con la declaración del acusado ante la Fiscalía. Luego, la Jusiticia evaluará las medidas que correspondan dentro del proceso judicial. Por el momento, el hombre permanece en libertad. La situación podría ser revisada a partir del avance de las actuaciones y de las decisiones que adopte la Fiscalía luego de la indagatoria.

Al acusado se le atribuye una calificación legal vinculada con la Ley 14.346 de protección contra el maltrato y la crueldad hacia los animales. En particular, señaló que la imputación se realiza por infracción a los artículos 1 y 3, inciso 7, de la Ley 14.346.

Qué significan los artículos

La causa se inició a partir de la muerte de Tita, ocurrida el 31 de mayo de 2026. El caso generó una fuerte repercusión en San Francisco y posteriormente trascendió a nivel nacional.

Personal policial realizó un allanamiento en una vivienda de la ciudad de Frontera, en el marco de la investigación por la muerte de “Tita”, una perra comunitaria que vivía en el centro de San Francisco y cuyo asesinato generó repercusión en la comunidad.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde de este miércoles en un domicilio ubicado sobre calle 7 al 200, en Frontera, provincia de Santa Fe. La medida fue realizada por personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional Departamental San Justo, con colaboración de la PDI Frontera, a partir de una orden judicial.

Durante el operativo fue identificado un hombre de 33 años, señalado en el marco de la investigación. Además, los efectivos secuestraron prendas de vestir y otros elementos que serán incorporados a las actuaciones judiciales.

Según la información aportada en el marco de la investigación, el procedimiento se produjo luego de distintas tareas investigativas, entre ellas el análisis de registros de cámaras de seguridad y la incorporación de nuevos elementos a la causa.

El hombre identificado no fue detenido y permanecerá en libertad por el momento. Deberá ser citado posteriormente por la Fiscalía para prestar declaración, mientras la investigación continúa y se determina su situación procesal.

La causa está relacionada con un hecho ocurrido el 31 de mayo de 2026, cuando Tita fue asesinada a patadas por el sujeto identificado . La situación que generó gran repercusión y trascendencia pública en el país.

La investigación continúa bajo las directivas de la Fiscalía de Cuarto Turno, a cargo de la Dra. Quaglia, con el objetivo de determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte del animal y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

Un incendio provocó importantes daños en una vivienda y una panadería de la ciudad de Frontera. El hecho afectó a la familia de Pablo Vargas, propietario de la casa y de la Panadería Evenecer, ubicada en Ángel Fantino 880.

Según relató Vargas a La Voz de San Justo, el fuego se inició en la sala de elaboración del comercio. La familia se encontraba en el lugar cuando advirtió las llamas y debió salir de la vivienda junto a sus tres hijos, de 9, 5 y 3 años.

“Se prendió fuego lo que es la parte de la cuadra, la sala de elaboración de la panadería”, explicó Pablo. Según le indicaron posteriormente, el origen habría sido un cortocircuito, aunque aclaró que los bomberos no pudieron especificarle con precisión cómo se inició el incendio.

El propietario contó que en ese momento se encontraba bañándose cuando su esposa comenzó a alertarlo a los gritos por la presencia del fuego. Al salir, intentó apagar las llamas con agua y posteriormente utilizó un matafuego de la camioneta, aunque la magnitud del incendio hizo que los esfuerzos fueran insuficientes.

“Me metí al fuego cuatro veces, tratando de apagar el incendio con agua. Después vine al patio, agarré el matafuego de la camioneta, tiré el polvo ese, pero no, fue en vano, ya era demasiado el fuego”, relató.

Finalmente, la familia debió abandonar el lugar. Pablo señaló que los vecinos también colaboraron en ese momento, principalmente con sus hijos. “Los vecinos atendieron a mis hijos, los llevaron, los contuvieron ahí. Ellos son chiquitos”, contó.

El incendio provocó la destrucción total de los elementos utilizados para el funcionamiento de la panadería. Entre las pérdidas, Vargas mencionó el horno, el armador de pan y distintas herramientas de trabajo.

“Se me quemó el horno, se me quemó el trinchador que es armador de pan, se me quemaron herramientas de mano como cuchillo,  termofusionadora, o sea, todo lo que es para elaboración, para empaquetado. Eso lo perdí todo porque agarró todo el fuego”, detalló.

Además de los daños materiales en el comercio, el fuego afectó parte de la estructura de la vivienda. De acuerdo con lo que le informaron los bomberos, una de las paredes deberá ser derribada y reconstruida debido al riesgo de derrumbe.

“Me dijeron que la parte donde fue directo a la pared hay que tumbarla, hay que hacerla de nuevo porque tiene peligro de derrumbe. En partes se partió, en otras partes el revoque saltó también”, explicó.

Pablo y su esposa comenzaron con la panadería hace aproximadamente diez años. El comercio lleva el nombre de Ebenezer, una denominación vinculada a las creencias religiosas de la familia.

“Nosotros somos creyentes, somos cristianos, y bueno, Ebenezer significa ‘hasta aquí nos ha llevado el Señor’, por eso tiene ese nombre”, explicó.

El incendio significó la pérdida de años de trabajo para la familia. “Perder todo de 10, 15 minutos, todo el trabajo es duro, es fuerte”, expresó Pablo.

El comerciante también explicó que actualmente no cuenta con un seguro para la vivienda. Según relató, había tenido cobertura anteriormente, pero decidió darla de baja en el contexto de una reducción de gastos.

“Yo la verdad tenía seguro, pero cuando empezamos con los recortes de esto, lo di de baja. Una de las primeras cosas que vimos de baja fue el seguro de la casa. Así que bueno, lamentablemente no tengo seguro”, señaló.

Tras el incendio, vecinos de Frontera comenzaron a organizar una campaña para acompañar a la familia y colaborar con la reconstrucción.

Pablo contó que fueron los propios vecinos quienes, además de asistir a sus hijos durante el incendio, impulsaron una colecta y difundieron un video para solicitar ayuda.

“Ver la colaboración de la comunidad, que todos ponen un granito de arena que están poniendo, bueno, eso es de fortaleza y nos hace sentir que no estamos solos”, expresó.

La familia deberá afrontar ahora la reconstrucción de la parte afectada de la vivienda y, especialmente, la recuperación de la panadería, que sufrió pérdidas totales en sus instalaciones, herramientas y elementos necesarios para la elaboración y comercialización de sus productos.

Datos para colaborar

El hombre acusado de haber colocado un psicotrópico en el mate de un compañero de trabajo en Frontera recuperó su libertad luego de una audiencia de medidas cautelares realizada este miércoles en los Tribunales de Rafaela.

Según la información del medio Rafaela Noticias, el juez de Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Bumaguin, dispuso la libertad de Marcos Javier Vale, de 56 años, quien está imputado por lesiones leves dolosas. La Fiscalía había solicitado que permaneciera detenido con prisión preventiva, pero el magistrado resolvió aplicar medidas alternativas.

El hecho investigado ocurrió el pasado 6 de agosto, alrededor de las 7.55, en una empresa metalúrgica ubicada sobre calle 5, en la ciudad de Frontera. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, Vale habría aprovechado que su compañero se ausentó durante unos minutos para manipular su recipiente de mate.

Al regresar y consumir la bebida, el hombre habría percibido un sabor y olor anómalos y posteriormente presentó náuseas, confusión y dificultades para hablar. Fue trasladado a un sanatorio de San Francisco, donde permaneció internado hasta recibir el alta al día siguiente.

La investigación incorporó registros de las cámaras de seguridad del establecimiento, en los que se habría observado al imputado acercándose al puesto de trabajo de su compañero y realizando movimientos sobre el mate.

Además, durante un allanamiento realizado posteriormente en el domicilio de Vale, la Policía secuestró un gotero que contenía clonazepam al 25%. Según las primeras pericias, el conflicto entre ambos trabajadores habría comenzado por diferencias salariales.

Durante la audiencia, el fiscal Pedro Machado solicitó la prisión preventiva sin plazo al considerar que existió premeditación y que la situación podía haber generado un riesgo grave debido a que ambos se encontraban trabajando con maquinaria pesada. También estimó una pena en expectativa de entre seis meses y dos años de prisión efectiva.

La defensa, ejercida por el abogado Carlos Farías Demaldé, sostuvo que se trató de una “broma de mal gusto” y cuestionó la gravedad de las consecuencias para la víctima. Además, señaló que el informe médico forense no constató lesiones persistentes ni riesgo de vida.

Finalmente, el juez Bumaguin rechazó el pedido de prisión preventiva y concedió la libertad bajo determinadas condiciones. Entre ellas, Vale deberá fijar domicilio en San Francisco y presentarse semanalmente en la comisaría correspondiente.

También se estableció una prohibición absoluta de acercamiento y contacto con la víctima y los testigos. A su vez, se aceptó su desvinculación laboral formal de la empresa para evitar que comparta espacio de trabajo con el damnificado y se fijó una caución personal para garantizar su sujeción al proceso.

La causa continúa en investigación y el hombre permanecerá en libertad mientras avanza el proceso judicial.

La Hidráulica volvió a celebrar en el clásico de Frontera. El conjunto dirigido por Marcos Luna derrotó este domingo por 5 a 2 a Defensores, en el encuentro correspondiente a la novena fecha de la Zona Sur de la Primera B de la Liga Rafaelina, y ratificó su buen presente con una actuación sólida de principio a fin.

El partido se disputó en la cancha de Atlético Esmeralda, donde Defensores hizo de local debido a que su estadio no se encuentra en condiciones para albergar encuentros oficiales.

Desde el inicio, La Hidráulica tomó el control del juego y rápidamente marcó diferencias. Santiago Díaz abrió el marcador a los 11 minutos y, apenas cuatro más tarde, Maximiliano Taborda amplió la ventaja. Antes del descanso apareció Ezequiel Lescano, que a los 27 minutos estableció el 3 a 0 con el que ambos equipos se fueron al entretiempo.

En el complemento, Defensores intentó reaccionar y descontó por intermedio de Gómez, pero la visita respondió de inmediato. Lescano, a los 20 minutos, y nuevamente Taborda, a los 27, estiraron la diferencia para sellar la goleada. Sobre el final, Trainoni convirtió el segundo tanto del conjunto local y le dio cifras definitivas al encuentro.

En Reserva, el clásico terminó igualado 1 a 1. El gol de La Hidráulica fue convertido por Benjamín Eichemberger, en un encuentro donde la visita generó las mejores situaciones, aunque no logró capitalizarlas para quedarse con la victoria.

Tras este compromiso, La Hidráulica comenzará una nueva etapa del campeonato: el próximo viernes iniciará su participación en el Torneo Revalida, cuando visite a Florida en busca de seguir por la senda del triunfo.

La Justicia investiga un caso caratulado como “tentativa de homicidio” a partir de una denuncia realizada por una mujer de 57 años, luego de que su esposo sufriera una grave descompensación y debiera ser internado en el Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco.

De acuerdo con la información publicada por el medio Rafaela Noticias, el episodio habría ocurrido durante la tarde del jueves 6, cuando el hombre se encontraba en su lugar de trabajo y compartió unos mates con un compañero.

Según relató la mujer en la denuncia, luego de que su esposo quedara internado, un compañero de trabajo del hombre se presentó en su domicilio y le habría manifestado que colocó en el mate “unas gotas que toma mi esposa para el cáncer”.

A partir de esa declaración, la Justicia busca establecer qué sustancia habría sido incorporada a la infusión y si tuvo relación con la descompensación que sufrió el hombre.

La investigación está a cargo del fiscal Pedro Machado, quien deberá determinar las circunstancias del episodio, la sustancia involucrada y los motivos por los cuales el compañero de trabajo habría colocado el producto en el mate.

La causa fue caratulada como “tentativa de homicidio”, aunque la investigación se encuentra en curso y resta establecer qué ocurrió y cuáles fueron las responsabilidades en el hecho.

Un hombre de 45 años resultó baleado durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Frontera y debió ser trasladado al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hombre presentaba una herida de arma de fuego en el rostro, por lo que fue derivado al establecimiento sanitario local para recibir atención médica.

En principio, el episodio habría ocurrido en el marco de un intento de robo, aunque las circunstancias en las que se produjo el ataque todavía no fueron determinadas y son materia de investigación.

En el caso trabaja personal policial de Frontera, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el hecho.

Un hombre fue detenido este miércoles por personal de Infantería en barrio Sarmiento de San Francisco, luego de que los efectivos recuperaran una motocicleta que contaba con pedido de secuestro vigente.

El procedimiento se desarrolló cerca de las 11.30 en la intersección de Salta y Brigadier López, cuando los uniformados intervinieron tras el aviso de un vecino que reconoció el rodado como el que había sido sustraído días atrás a su madre en la localidad de Frontera.

Durante el control, los efectivos solicitaron la documentación correspondiente al conductor. Al verificarla, constataron que la cédula exhibida pertenecía a otro vehículo. Posteriormente, mediante la consulta en el sistema, confirmaron que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente.Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del conductor, quien fue trasladado para su revisión médica y posteriormente quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente.

En tanto, la motocicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar su restitución al propietario.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, realizó un allanamiento en una vivienda de calle 60 al 100 de la ciudad de Frontera, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

La causa es dirigida por el fiscal Juan Manuel Puig y se originó a partir de tareas de análisis criminal desarrolladas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, en el marco del Plan de Persecución Penal del Ministerio Público de la Acusación.

La investigación comenzó tras una denuncia que alertaba sobre la presunta venta de estupefacientes en un inmueble alquilado de la ciudad. A partir de distintas tareas investigativas, los agentes reunieron los elementos necesarios para solicitar la orden de allanamiento.

Durante el operativo, dos hombres intentaron escapar al advertir la presencia policial, pero fueron localizados y aprehendidos minutos después en viviendas cercanas.

Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron 64,7 gramos de cocaína, una balanza digital, un teléfono celular, una réplica de pistola de plástico, un cortaplumas, 74.800 pesos en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa.

Por disposición del fiscal interviniente, las personas identificadas con las iniciales R.P.L.A. y A.A.A. fueron detenidas y notificadas por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y violación de domicilio, quedando a disposición de la Justicia.

En tanto, J.M.M. y D.F.B. fueron notificados en estado de libertad por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

Del procedimiento también participaron efectivos del Distrito Operativo Rafaela y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional V.

Momentos de enorme tensión se vivieron durante la noche del miércoles en la ciudad de Frontera, cuando una niña de 8 años sufrió un atragantamiento con comida y debió ser asistida de urgencia por efectivos policiales, cuya rápida intervención resultó clave para salvarle la vida.

El hecho ocurrió alrededor de las 20, cuando personal del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional V intervino para asistir a la menor, que presentaba una obstrucción de la vía aérea.

Ante la gravedad de la situación, los uniformados realizaron maniobras de desobstrucción mientras trasladaban a la niña al Hospital Iturraspe de San Francisco, con el objetivo de mantenerla estable hasta su llegada al centro de salud.

Una vez en el hospital, el equipo médico logró estabilizar a la paciente, quien posteriormente recibió el alta.

Los suboficiales Emmanuel Arce y Franco Romang fueron reconocidos por su rápida y efectiva actuación durante la emergencia, que permitió que el episodio tuviera un desenlace favorable.

Estefanía Gisel Ayala, de 30 años, fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por delitos cometidos con un arma de fuego en la ciudad de Frontera.

La sentencia fue dictada por el juez Javier Bottero al finalizar un juicio oral desarrollado en los tribunales de Rafaela. La investigación y la acusación estuvieron a cargo del fiscal Martín Castellano, integrante de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5 del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tras conocerse el fallo, Castellano manifestó su conformidad con la resolución. Si bien señaló que aún no se conocen los fundamentos del juez, destacó que la condena se dictó en línea con las calificaciones penales planteadas por la Fiscalía durante la acusación y los alegatos.

Los hechos por los que fue condenada ocurrieron minutos después de las 16.30 del miércoles 8 de enero de 2025. Según informó el fiscal, Ayala efectuó dos disparos contra la fachada de una vivienda ubicada en Calle 5 al 100.

Luego se dirigió a otro domicilio, situado en Calle 54 al 100, donde volvió a disparar hacia el frente de la vivienda. Como consecuencia de uno de los disparos, una mujer que se encontraba en el interior recibió un impacto de bala en la pierna izquierda.

De acuerdo con la investigación, Ayala utilizó un arma de fuego de puño que no estaba legalmente autorizada a portar ni a tener. Además, tras retirarse del lugar a bordo de un automóvil, continuó realizando disparos en distintas direcciones mientras se alejaba.

El tribunal la declaró autora de los delitos de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y lesiones graves dolosas agravadas por el empleo de arma de fuego, imponiéndole una pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La reciente condena a 10 años de prisión efectiva contra la exjefa de la Comisaría 6ª de Frontera, María Silvina Asís, por delitos vinculados a corrupción institucional, dejó al descubierto un entramado delictivo que sacudió a la región. Sin embargo, una nueva y grave denuncia que involucra a la exfuncionaria policial no formó parte del expediente que derivó en la sentencia.

Se trata del caso denunciado por Paola Andrea Aichino, una remisera de San Francisco que aseguró que su automóvil, un Fiat Cronos rojo robado en abril de este año en Frontera, fue hallado semanas después en un inmueble donde, según testimonios que recibió, residía o permanecía Asís.

La mujer relató a LA VOZ DE SAN JUSTO que el vehículo desapareció durante la madrugada del 27 de abril, luego de haber quedado estacionado frente a la vivienda de su padre, en calle 5 entre 92 y 94 de Frontera. “Cuando llegué me encontré con que el auto no estaba. Mi papá ya había hecho la denuncia, pero yo sentía que no se estaba haciendo nada”, afirmó.

Según contó, durante los días posteriores la familia comenzó a recibir distintos datos sobre el posible paradero del vehículo. Incluso, aseguró que personas desconocidas intentaron exigir dinero para devolverlo. “Querían que les comprara mi propio auto. Me dijeron: ‘¿Tenés la plata?’. Les respondí que no tenía dinero y me contestaron: ‘Entonces te vamos a desarmar todo el auto’”, recordó.

Aichino sostuvo que tanto ella como su familia realizaron numerosas consultas ante la policía local y reclamaron el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores de Frontera. “Yo insistía con las cámaras. Había domos por todos lados y siempre me respondían que estaban esperando órdenes. Sentía que no se hacía nada”, expresó.

La situación tomó un giro inesperado el 25 de mayo, cuando una persona le informó que el automóvil estaría guardado en una vivienda vinculada a la excomisaria ahora condenada. “Nos dijeron que el auto estaba ahí y que la persona que vivía en ese lugar era una expolicía. Ahí empezamos a desconfiar todavía más”, señaló.

La denunciante aseguró que acudió a la Policía Federal en busca de orientación y posteriormente continuó insistiendo ante las autoridades provinciales. Según su relato, las órdenes judiciales para realizar el allanamiento demoraron varios días. “Yo les dije que si ellos no iban a buscar el auto, iba a ir yo. Sentía mucha impotencia”, afirmó.

De acuerdo con la versión de Aichino, un familiar logró observar el vehículo dentro del inmueble y fotografiarlo. Finalmente, el allanamiento se concretó y el automóvil fue secuestrado. “La orden salió recién el viernes y el auto fue retirado del lugar ese día. A mí me lo devolvieron el domingo”, indicó.

La mujer sostuvo además que el vehículo presentaba importantes daños. “Le habían arrancado todo el sistema eléctrico, tenía golpes, le faltaban partes y habían sacado elementos de seguridad. También le faltaban las patentes”, relató.

Aichino indicó que la información obtenida por su familia provenía de vecinos y personas cercanas al entorno de la exfuncionaria policial. “El auto lo encontramos gracias a los vecinos y a gente que se animó a hablar. Todos lo veían, menos la policía”, aseguró.

La denunciante también manifestó que envió documentación y elementos vinculados a su caso a la fiscal que intervino en el juicio contra Asís, aunque señaló que no recibió respuesta. “La causa por el robo de mi auto no fue tenida en cuenta. Yo mandé fotos, información y todo lo que tenía”, sostuvo.

Además, denunció presuntas amenazas dirigidas a su familia. “A mi papá le dijeron que se iba a encontrar el auto quemado con las cenizas de su hija adentro”, expresó.

Respecto del accionar policial, fue contundente: “No me sentí escuchada. Incluso llegaron a insinuar que lo del auto podía haber sido un autorrobo”.

La jueza Cecilia Álamo condenó a María Silvina Asís a 10 años de prisión e inhabilitación por 20 años para ejercer funciones policiales. La investigación, impulsada por la fiscal Fabiana Bertero, determinó que la exjefa policial integró una asociación ilícita junto a otros efectivos entre 2020 y 2022.

La Justicia la encontró responsable de asociación ilícita agravada, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, encubrimiento agravado y secuestro coactivo agravado por su condición de funcionaria pública.

La investigación incluyó escuchas telefónicas, testimonios, registros audiovisuales y diversas denuncias que permitieron reconstruir el funcionamiento de una estructura delictiva integrada por miembros de la fuerza de seguridad.

Sin embargo, días después del veredicto, en una audiencia de apelación realizada en la Sala N.° 2, el juez José Boaglio rechazó el planteo de la fiscalía y resolvió que la imputada continúe en libertad condicional.

La historia reciente de Frontera vuelve a quedar atravesada por una condena judicial que excede a una funcionaria policial y obliga a mirar más profundo. La sentencia de diez años de prisión impuesta a la exjefa de la Comisaría 6ª, María Silvina Asís, no sólo representa el desenlace de una investigación por corrupción institucional, sino que reactualiza una pregunta que desde hace años acompaña a la ciudad del oeste santafesino: hasta qué punto algunos sectores de las fuerzas de seguridad formaron parte de las mismas tramas delictivas que debían combatir.

Frontera se convirtió en una referencia habitual de las crónicas policiales. Con alrededor de 10.000 habitantes, la ciudad aparece vinculada a hechos de violencia armada, conflictos asociados al narcotráfico y disputas territoriales. Aunque las autoridades destacan una disminución de los homicidios durante el último año, la problemática de la seguridad continúa ocupando un lugar central.

Su ubicación geográfica explica parte del fenómeno. Situada en el límite entre Santa Fe y Córdoba y conectada por corredores estratégicos como las rutas nacionales 19 y 34, además de numerosos caminos rurales, Frontera constituye un punto de circulación y distribución de drogas. La captura de Héctor Argentino Gallardo, alias “el Patrón”, señalado como líder de una organización criminal que operaba entre ambas provincias, en los últimos meses volvió a colocar a la ciudad en el centro de la agenda pública.

Sin embargo, esta vez la noticia no surgió de una banda narco ni de un hecho de violencia callejera, sino desde el interior de la propia institución policial.

El pasado jueves, la jueza Cecilia Álamo condenó a María Silvina Asís a una década de prisión efectiva e impuso además una inhabilitación de 20 años para ejercer funciones policiales. El fallo se conoció tras un juicio oral realizado en Rafaela y coincidió con la acusación impulsada por la fiscal Fabiana Bertero, integrante de la Sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional 5.

La investigación estableció que entre septiembre de 2020 y febrero de 2022 la exjefa policial integró una asociación ilícita conformada por efectivos de la fuerza. Según la acusación, el grupo utilizaba recursos estatales y atribuciones propias de la función policial para cometer delitos.

Para la Fiscalía, Asís ocupó un rol de liderazgo junto al entonces jefe de Zona de Inspección, Gastón Ezequiel Eletti, quien ya había sido condenado en la misma causa mediante un juicio abreviado.

Entre las maniobras investigadas aparecieron actas con información falsa, omisión de informar hechos a los fiscales de turno, custodias irregulares y la obtención de beneficios económicos mediante dádivas. El expediente también incluyó episodios concretos que, según la Justicia, demostraron el abuso de autoridad.

Uno de ellos ocurrió el 21 de septiembre de 2020, cuando un periodista que cubría incidentes frente a la dependencia policial fue detenido ilegalmente y se confeccionó un acta con contenido falso. Otro hecho se registró en noviembre de 2021, cuando se incorporaron declaraciones apócrifas al libro de guardia y un adolescente fue privado ilegítimamente de la libertad durante varias horas.

La condena incluyó los delitos de asociación ilícita agravada en calidad de jefa, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, encubrimiento agravado y secuestro coactivo agravado por la condición de funcionaria pública.

El caso Asís no constituye un episodio aislado en Frontera. Diez años antes, otro proceso judicial ya había colocado a la policía local bajo la lupa.

En 2016, el excomisario Carlos Alberto Flores fue condenado a seis años de prisión por distintos delitos cometidos durante 2014. Entre ellos sobresalió el caso del “crucificado”, el joven Víctor Robledo, quien apareció atado con cintas a una cruz de madera del lado de San Francisco junto a un cartel que decía “No robarás”.

Robledo denunció haber sido golpeado por policías santafesinos antes de ser abandonado en esas condiciones. Flores fue condenado por lesiones gravísimas agravadas, privación abusiva de la libertad, severidades, vejaciones y apremios ilegales.

Aquella causa había generado una fuerte conmoción social y se transformó en uno de los antecedentes más graves de violencia institucional vinculados a la fuerza santafesina en la región.

Hoy, la nueva condena vuelve a colocar a Frontera frente a una realidad incómoda. En una ciudad marcada por el avance del narcotráfico y la violencia, los expedientes judiciales muestran que parte de las respuestas estatales también quedaron bajo sospecha.

Las investigaciones, las escuchas telefónicas, los testimonios y las pruebas reunidas en la causa contra Asís expusieron una estructura que, según la Justicia, utilizó la autoridad policial para cometer delitos. El fallo no sólo sanciona conductas individuales: también reabre el debate sobre los mecanismos de control interno y la capacidad del Estado para evitar que quienes deben garantizar la seguridad terminen integrando organizaciones delictivas.

En Frontera, donde la violencia suele ocupar los titulares, la corrupción policial volvió a convertirse en noticia.

La Justicia de Rafaela condenó a 10 años de prisión efectiva a María Silvina Asís (41), exjefa de la Comisaría 6ª de Frontera, al encontrarla responsable de diversos delitos cometidos mientras se desempeñaba como funcionaria policial en las localidades de Frontera y Josefina.

La sentencia fue dictada por la jueza Cecilia Álamo al término de un juicio oral realizado en los tribunales rafaelinos. Además de la pena de prisión, Asís fue inhabilitada por 20 años para ejercer funciones dentro de la fuerza policial.

La fiscal Fabiana Bertero, a cargo de la Sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional 5, representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el debate. Tras conocerse el fallo, destacó que la magistrada resolvió condenar a la acusada en línea con lo solicitado por la Fiscalía.

Según se acreditó durante el proceso, entre septiembre de 2020 y el 1 de febrero de 2022 Asís integró una asociación ilícita junto con otros efectivos policiales. De acuerdo con la acusación, la organización tenía como objetivo la comisión de delitos aprovechando los recursos y facultades propias de la función policial.

La Fiscalía sostuvo que, en su condición de jefa de la comisaría de Frontera, Asís ocupó un rol de liderazgo dentro de la estructura junto al entonces jefe de Zona de Inspección, Gastón Ezequiel Eletti, quien ya fue condenado en la misma causa mediante un juicio abreviado.

Entre las maniobras atribuidas a la organización se mencionaron la confección de actas con información falsa o adulterada, la omisión de comunicar hechos delictivos a los fiscales de turno, la prestación irregular de custodias policiales y la obtención de beneficios económicos mediante el cobro de dádivas.

La condena también incluyó hechos puntuales ocurridos durante el período investigado. Uno de ellos se remonta al 21 de septiembre de 2020, cuando un periodista que cubría incidentes frente a la comisaría de Frontera fue detenido ilegalmente por Asís, quien además confeccionó un acta con contenido falso, según sostuvo la acusación.

Asimismo, la Justicia consideró acreditado que el 15 de noviembre de 2021 la entonces jefa policial ordenó incorporar declaraciones falsas en el libro de guardia de la dependencia y que ese mismo día privó ilegítimamente de la libertad a un adolescente, a quien mantuvo retenido en un calabozo durante varias horas.

Asís fue condenada como coautora de asociación ilícita agravada en calidad de jefa, privación ilegítima de la libertad por abuso funcional, falsedad ideológica en instrumento público y encubrimiento agravado. La jueza también la consideró autora del delito de secuestro coactivo agravado por su condición de funcionaria pública.

La investigación se apoyó en escuchas telefónicas, testimonios, denuncias y registros audiovisuales. El expediente es considerado uno de los casos más relevantes de corrupción institucional investigados en la región y expuso el accionar de una estructura delictiva integrada por miembros de la fuerza de seguridad santafesina.

El caso que sacudió a la Policía de Santa Fe y expuso una presunta estructura de corrupción enquistada en dependencias policiales de Frontera y Josefina se acerca a una definición judicial. En los Tribunales de Rafaela se desarrolla el juicio oral contra María Silvina Asís, exjefa de la Comisaría 6ª de Frontera, para quien la Fiscalía solicitó una condena de 12 años de prisión efectiva.

La acusación sostiene que Asís integró una organización delictiva conformada por efectivos policiales que, aprovechando los cargos y recursos del Estado bajo su control, habrían cometido distintos delitos entre septiembre de 2020 y febrero de 2022.

Según la investigación impulsada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la estructura estaba integrada por Asís, el entonces jefe de la Zona de Inspección Nº 5, Gastón Eletti, y el agente de la Brigada Motorizada Juan Manuel Villafañe, además de otros efectivos que prestaban servicio en distintas dependencias de la región.

La causa se construyó a partir de escuchas telefónicas, denuncias, declaraciones testimoniales y registros audiovisuales que permitieron a la Fiscalía sostener la hipótesis de una asociación ilícita dedicada a cometer delitos aprovechando la función policial.

Entre las conductas investigadas figuran asociación ilícita, apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales y encubrimiento agravado.

La fiscal Gabriela Lema había señalado durante las primeras audiencias que los hechos fueron cometidos de manera habitual y continua, en el marco de una organización que no interrumpió su funcionamiento durante el período investigado.

Uno de los aspectos más graves de la acusación apunta a que algunos integrantes del grupo habrían omitido denunciar o perseguir a personas identificadas como autoras de delitos. También se investigaron presuntos pedidos de dinero o beneficios materiales a particulares para realizar determinadas intervenciones o favorecer situaciones de impunidad.

La investigación ya produjo condenas. En 2023, Gastón Eletti aceptó un juicio abreviado y recibió una pena de siete años de prisión efectiva tras reconocer su responsabilidad en diversos delitos. Por su parte, Juan Manuel Villafañe también fue condenado en un procedimiento abreviado luego de admitir los hechos atribuidos por la Fiscalía.

Asís, en cambio, no acordó una salida abreviada y decidió enfrentar un juicio oral, cuyo desenlace se conocerá en los próximos días.

Tras la declaración de decenas de testigos y la producción de pruebas durante el debate, la fiscal Fabiana Bertero solicitó que la exjefa policial sea condenada a 12 años de prisión. El jueves está prevista la lectura del veredicto que determinará si la Justicia considera acreditada su participación en la presunta organización delictiva que operó desde la fuerza de seguridad provincial.

La Policía Federal Argentina llevó adelante un operativo antidrogas en Frontera que culminó con la detención de tres personas y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y diversos elementos de interés para la causa.

El procedimiento se desarrolló durante la tarde del martes en una vivienda ubicada sobre calle 106, entre calles 17 y 19, en el sector conocido como San Javier. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la División Antidrogas San Francisco, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Según se informó, las tareas investigativas permitieron detectar movimientos compatibles con la comercialización de drogas en el inmueble allanado. A partir de vigilancias, seguimientos y otras medidas de inteligencia criminal, los investigadores reunieron elementos que derivaron en la orden judicial para concretar el procedimiento.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron dosis de clorhidrato de cocaína, fragmentos de la misma sustancia que presuntamente estaban destinados al fraccionamiento para su venta, además de dinero en efectivo y otros elementos considerados relevantes para el avance de la investigación.

Como resultado del operativo fueron detenidos dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La medida fue ordenada por el Juzgado Penal de Primera Instancia de la Quinta Circunscripción Judicial de Rafaela, con intervención de la Fiscalía Regional de Rafaela y de la fiscal adjunta Analía Abreu.

De acuerdo con la información oficial, la investigación permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes que funcionaba en la zona y avanzar sobre una estructura vinculada al narcomenudeo. La causa continúa bajo la órbita judicial mientras se desarrollan nuevas actuaciones para determinar el alcance de las actividades investigadas.

Comenzó el Torneo Clausura de la Zona Sur de la Liga Rafaelina y los equipos de Frontera tuvieron un estreno con sensaciones mayormente positivas. 

En uno de los partidos más esperados de la jornada, La Hidráulica fue ampliamente superior y derrotó 4 a 0 a La Trucha FC. El conjunto dirigido por Marcos Luna dominó las acciones de principio a fin y construyó una victoria contundente que lo posiciona como uno de los animadores en el inicio del certamen.

Maximiliano Taborda abrió el camino con un doblete durante la primera etapa, mientras que Emilio Moyano y Bruno Carabolante completaron la goleada en el complemento para desatar el festejo del elenco fronterense.

La otra alegría de la jornada llegó de la mano de Defensores de Frontera, que dio el golpe como visitante al imponerse 3 a 1 sobre Atlético Florida de Clucellas.

Tomás Sottelo abrió el marcador para la visita, Marcos Páez amplió la diferencia e Ignacio Lerín, de penal, terminó de asegurar el triunfo. El descuento del conjunto local fue obra de Facundo Ferreyra.

Con estos resultados, dos de los tres representantes de Frontera comenzaron el Clausura con el pie derecho y buscarán sostener este buen arranque para mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia de la Zona Sur.

La segunda fecha del campeonato está programada para el próximo domingo 7 de junio y tendrá los siguientes cruces: