Un hombre fue detenido este miércoles por personal de Infantería en barrio Sarmiento de San Francisco, luego de que los efectivos recuperaran una motocicleta que contaba con pedido de secuestro vigente.

El procedimiento se desarrolló cerca de las 11.30 en la intersección de Salta y Brigadier López, cuando los uniformados intervinieron tras el aviso de un vecino que reconoció el rodado como el que había sido sustraído días atrás a su madre en la localidad de Frontera.

Durante el control, los efectivos solicitaron la documentación correspondiente al conductor. Al verificarla, constataron que la cédula exhibida pertenecía a otro vehículo. Posteriormente, mediante la consulta en el sistema, confirmaron que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente.Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del conductor, quien fue trasladado para su revisión médica y posteriormente quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente.

En tanto, la motocicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar su restitución al propietario.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, realizó un allanamiento en una vivienda de calle 60 al 100 de la ciudad de Frontera, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

La causa es dirigida por el fiscal Juan Manuel Puig y se originó a partir de tareas de análisis criminal desarrolladas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, en el marco del Plan de Persecución Penal del Ministerio Público de la Acusación.

La investigación comenzó tras una denuncia que alertaba sobre la presunta venta de estupefacientes en un inmueble alquilado de la ciudad. A partir de distintas tareas investigativas, los agentes reunieron los elementos necesarios para solicitar la orden de allanamiento.

Durante el operativo, dos hombres intentaron escapar al advertir la presencia policial, pero fueron localizados y aprehendidos minutos después en viviendas cercanas.

Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron 64,7 gramos de cocaína, una balanza digital, un teléfono celular, una réplica de pistola de plástico, un cortaplumas, 74.800 pesos en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa.

Por disposición del fiscal interviniente, las personas identificadas con las iniciales R.P.L.A. y A.A.A. fueron detenidas y notificadas por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y violación de domicilio, quedando a disposición de la Justicia.

En tanto, J.M.M. y D.F.B. fueron notificados en estado de libertad por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

Del procedimiento también participaron efectivos del Distrito Operativo Rafaela y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional V.

Momentos de enorme tensión se vivieron durante la noche del miércoles en la ciudad de Frontera, cuando una niña de 8 años sufrió un atragantamiento con comida y debió ser asistida de urgencia por efectivos policiales, cuya rápida intervención resultó clave para salvarle la vida.

El hecho ocurrió alrededor de las 20, cuando personal del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional V intervino para asistir a la menor, que presentaba una obstrucción de la vía aérea.

Ante la gravedad de la situación, los uniformados realizaron maniobras de desobstrucción mientras trasladaban a la niña al Hospital Iturraspe de San Francisco, con el objetivo de mantenerla estable hasta su llegada al centro de salud.

Una vez en el hospital, el equipo médico logró estabilizar a la paciente, quien posteriormente recibió el alta.

Los suboficiales Emmanuel Arce y Franco Romang fueron reconocidos por su rápida y efectiva actuación durante la emergencia, que permitió que el episodio tuviera un desenlace favorable.

Estefanía Gisel Ayala, de 30 años, fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por delitos cometidos con un arma de fuego en la ciudad de Frontera.

La sentencia fue dictada por el juez Javier Bottero al finalizar un juicio oral desarrollado en los tribunales de Rafaela. La investigación y la acusación estuvieron a cargo del fiscal Martín Castellano, integrante de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5 del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tras conocerse el fallo, Castellano manifestó su conformidad con la resolución. Si bien señaló que aún no se conocen los fundamentos del juez, destacó que la condena se dictó en línea con las calificaciones penales planteadas por la Fiscalía durante la acusación y los alegatos.

Los hechos por los que fue condenada ocurrieron minutos después de las 16.30 del miércoles 8 de enero de 2025. Según informó el fiscal, Ayala efectuó dos disparos contra la fachada de una vivienda ubicada en Calle 5 al 100.

Luego se dirigió a otro domicilio, situado en Calle 54 al 100, donde volvió a disparar hacia el frente de la vivienda. Como consecuencia de uno de los disparos, una mujer que se encontraba en el interior recibió un impacto de bala en la pierna izquierda.

De acuerdo con la investigación, Ayala utilizó un arma de fuego de puño que no estaba legalmente autorizada a portar ni a tener. Además, tras retirarse del lugar a bordo de un automóvil, continuó realizando disparos en distintas direcciones mientras se alejaba.

El tribunal la declaró autora de los delitos de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y lesiones graves dolosas agravadas por el empleo de arma de fuego, imponiéndole una pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La reciente condena a 10 años de prisión efectiva contra la exjefa de la Comisaría 6ª de Frontera, María Silvina Asís, por delitos vinculados a corrupción institucional, dejó al descubierto un entramado delictivo que sacudió a la región. Sin embargo, una nueva y grave denuncia que involucra a la exfuncionaria policial no formó parte del expediente que derivó en la sentencia.

Se trata del caso denunciado por Paola Andrea Aichino, una remisera de San Francisco que aseguró que su automóvil, un Fiat Cronos rojo robado en abril de este año en Frontera, fue hallado semanas después en un inmueble donde, según testimonios que recibió, residía o permanecía Asís.

La mujer relató a LA VOZ DE SAN JUSTO que el vehículo desapareció durante la madrugada del 27 de abril, luego de haber quedado estacionado frente a la vivienda de su padre, en calle 5 entre 92 y 94 de Frontera. “Cuando llegué me encontré con que el auto no estaba. Mi papá ya había hecho la denuncia, pero yo sentía que no se estaba haciendo nada”, afirmó.

Según contó, durante los días posteriores la familia comenzó a recibir distintos datos sobre el posible paradero del vehículo. Incluso, aseguró que personas desconocidas intentaron exigir dinero para devolverlo. “Querían que les comprara mi propio auto. Me dijeron: ‘¿Tenés la plata?’. Les respondí que no tenía dinero y me contestaron: ‘Entonces te vamos a desarmar todo el auto’”, recordó.

Aichino sostuvo que tanto ella como su familia realizaron numerosas consultas ante la policía local y reclamaron el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores de Frontera. “Yo insistía con las cámaras. Había domos por todos lados y siempre me respondían que estaban esperando órdenes. Sentía que no se hacía nada”, expresó.

La situación tomó un giro inesperado el 25 de mayo, cuando una persona le informó que el automóvil estaría guardado en una vivienda vinculada a la excomisaria ahora condenada. “Nos dijeron que el auto estaba ahí y que la persona que vivía en ese lugar era una expolicía. Ahí empezamos a desconfiar todavía más”, señaló.

La denunciante aseguró que acudió a la Policía Federal en busca de orientación y posteriormente continuó insistiendo ante las autoridades provinciales. Según su relato, las órdenes judiciales para realizar el allanamiento demoraron varios días. “Yo les dije que si ellos no iban a buscar el auto, iba a ir yo. Sentía mucha impotencia”, afirmó.

De acuerdo con la versión de Aichino, un familiar logró observar el vehículo dentro del inmueble y fotografiarlo. Finalmente, el allanamiento se concretó y el automóvil fue secuestrado. “La orden salió recién el viernes y el auto fue retirado del lugar ese día. A mí me lo devolvieron el domingo”, indicó.

La mujer sostuvo además que el vehículo presentaba importantes daños. “Le habían arrancado todo el sistema eléctrico, tenía golpes, le faltaban partes y habían sacado elementos de seguridad. También le faltaban las patentes”, relató.

Aichino indicó que la información obtenida por su familia provenía de vecinos y personas cercanas al entorno de la exfuncionaria policial. “El auto lo encontramos gracias a los vecinos y a gente que se animó a hablar. Todos lo veían, menos la policía”, aseguró.

La denunciante también manifestó que envió documentación y elementos vinculados a su caso a la fiscal que intervino en el juicio contra Asís, aunque señaló que no recibió respuesta. “La causa por el robo de mi auto no fue tenida en cuenta. Yo mandé fotos, información y todo lo que tenía”, sostuvo.

Además, denunció presuntas amenazas dirigidas a su familia. “A mi papá le dijeron que se iba a encontrar el auto quemado con las cenizas de su hija adentro”, expresó.

Respecto del accionar policial, fue contundente: “No me sentí escuchada. Incluso llegaron a insinuar que lo del auto podía haber sido un autorrobo”.

La jueza Cecilia Álamo condenó a María Silvina Asís a 10 años de prisión e inhabilitación por 20 años para ejercer funciones policiales. La investigación, impulsada por la fiscal Fabiana Bertero, determinó que la exjefa policial integró una asociación ilícita junto a otros efectivos entre 2020 y 2022.

La Justicia la encontró responsable de asociación ilícita agravada, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, encubrimiento agravado y secuestro coactivo agravado por su condición de funcionaria pública.

La investigación incluyó escuchas telefónicas, testimonios, registros audiovisuales y diversas denuncias que permitieron reconstruir el funcionamiento de una estructura delictiva integrada por miembros de la fuerza de seguridad.

Sin embargo, días después del veredicto, en una audiencia de apelación realizada en la Sala N.° 2, el juez José Boaglio rechazó el planteo de la fiscalía y resolvió que la imputada continúe en libertad condicional.

La historia reciente de Frontera vuelve a quedar atravesada por una condena judicial que excede a una funcionaria policial y obliga a mirar más profundo. La sentencia de diez años de prisión impuesta a la exjefa de la Comisaría 6ª, María Silvina Asís, no sólo representa el desenlace de una investigación por corrupción institucional, sino que reactualiza una pregunta que desde hace años acompaña a la ciudad del oeste santafesino: hasta qué punto algunos sectores de las fuerzas de seguridad formaron parte de las mismas tramas delictivas que debían combatir.

Frontera se convirtió en una referencia habitual de las crónicas policiales. Con alrededor de 10.000 habitantes, la ciudad aparece vinculada a hechos de violencia armada, conflictos asociados al narcotráfico y disputas territoriales. Aunque las autoridades destacan una disminución de los homicidios durante el último año, la problemática de la seguridad continúa ocupando un lugar central.

Su ubicación geográfica explica parte del fenómeno. Situada en el límite entre Santa Fe y Córdoba y conectada por corredores estratégicos como las rutas nacionales 19 y 34, además de numerosos caminos rurales, Frontera constituye un punto de circulación y distribución de drogas. La captura de Héctor Argentino Gallardo, alias “el Patrón”, señalado como líder de una organización criminal que operaba entre ambas provincias, en los últimos meses volvió a colocar a la ciudad en el centro de la agenda pública.

Sin embargo, esta vez la noticia no surgió de una banda narco ni de un hecho de violencia callejera, sino desde el interior de la propia institución policial.

El pasado jueves, la jueza Cecilia Álamo condenó a María Silvina Asís a una década de prisión efectiva e impuso además una inhabilitación de 20 años para ejercer funciones policiales. El fallo se conoció tras un juicio oral realizado en Rafaela y coincidió con la acusación impulsada por la fiscal Fabiana Bertero, integrante de la Sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional 5.

La investigación estableció que entre septiembre de 2020 y febrero de 2022 la exjefa policial integró una asociación ilícita conformada por efectivos de la fuerza. Según la acusación, el grupo utilizaba recursos estatales y atribuciones propias de la función policial para cometer delitos.

Para la Fiscalía, Asís ocupó un rol de liderazgo junto al entonces jefe de Zona de Inspección, Gastón Ezequiel Eletti, quien ya había sido condenado en la misma causa mediante un juicio abreviado.

Entre las maniobras investigadas aparecieron actas con información falsa, omisión de informar hechos a los fiscales de turno, custodias irregulares y la obtención de beneficios económicos mediante dádivas. El expediente también incluyó episodios concretos que, según la Justicia, demostraron el abuso de autoridad.

Uno de ellos ocurrió el 21 de septiembre de 2020, cuando un periodista que cubría incidentes frente a la dependencia policial fue detenido ilegalmente y se confeccionó un acta con contenido falso. Otro hecho se registró en noviembre de 2021, cuando se incorporaron declaraciones apócrifas al libro de guardia y un adolescente fue privado ilegítimamente de la libertad durante varias horas.

La condena incluyó los delitos de asociación ilícita agravada en calidad de jefa, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, encubrimiento agravado y secuestro coactivo agravado por la condición de funcionaria pública.

El caso Asís no constituye un episodio aislado en Frontera. Diez años antes, otro proceso judicial ya había colocado a la policía local bajo la lupa.

En 2016, el excomisario Carlos Alberto Flores fue condenado a seis años de prisión por distintos delitos cometidos durante 2014. Entre ellos sobresalió el caso del “crucificado”, el joven Víctor Robledo, quien apareció atado con cintas a una cruz de madera del lado de San Francisco junto a un cartel que decía “No robarás”.

Robledo denunció haber sido golpeado por policías santafesinos antes de ser abandonado en esas condiciones. Flores fue condenado por lesiones gravísimas agravadas, privación abusiva de la libertad, severidades, vejaciones y apremios ilegales.

Aquella causa había generado una fuerte conmoción social y se transformó en uno de los antecedentes más graves de violencia institucional vinculados a la fuerza santafesina en la región.

Hoy, la nueva condena vuelve a colocar a Frontera frente a una realidad incómoda. En una ciudad marcada por el avance del narcotráfico y la violencia, los expedientes judiciales muestran que parte de las respuestas estatales también quedaron bajo sospecha.

Las investigaciones, las escuchas telefónicas, los testimonios y las pruebas reunidas en la causa contra Asís expusieron una estructura que, según la Justicia, utilizó la autoridad policial para cometer delitos. El fallo no sólo sanciona conductas individuales: también reabre el debate sobre los mecanismos de control interno y la capacidad del Estado para evitar que quienes deben garantizar la seguridad terminen integrando organizaciones delictivas.

En Frontera, donde la violencia suele ocupar los titulares, la corrupción policial volvió a convertirse en noticia.

La Justicia de Rafaela condenó a 10 años de prisión efectiva a María Silvina Asís (41), exjefa de la Comisaría 6ª de Frontera, al encontrarla responsable de diversos delitos cometidos mientras se desempeñaba como funcionaria policial en las localidades de Frontera y Josefina.

La sentencia fue dictada por la jueza Cecilia Álamo al término de un juicio oral realizado en los tribunales rafaelinos. Además de la pena de prisión, Asís fue inhabilitada por 20 años para ejercer funciones dentro de la fuerza policial.

La fiscal Fabiana Bertero, a cargo de la Sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional 5, representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el debate. Tras conocerse el fallo, destacó que la magistrada resolvió condenar a la acusada en línea con lo solicitado por la Fiscalía.

Según se acreditó durante el proceso, entre septiembre de 2020 y el 1 de febrero de 2022 Asís integró una asociación ilícita junto con otros efectivos policiales. De acuerdo con la acusación, la organización tenía como objetivo la comisión de delitos aprovechando los recursos y facultades propias de la función policial.

La Fiscalía sostuvo que, en su condición de jefa de la comisaría de Frontera, Asís ocupó un rol de liderazgo dentro de la estructura junto al entonces jefe de Zona de Inspección, Gastón Ezequiel Eletti, quien ya fue condenado en la misma causa mediante un juicio abreviado.

Entre las maniobras atribuidas a la organización se mencionaron la confección de actas con información falsa o adulterada, la omisión de comunicar hechos delictivos a los fiscales de turno, la prestación irregular de custodias policiales y la obtención de beneficios económicos mediante el cobro de dádivas.

La condena también incluyó hechos puntuales ocurridos durante el período investigado. Uno de ellos se remonta al 21 de septiembre de 2020, cuando un periodista que cubría incidentes frente a la comisaría de Frontera fue detenido ilegalmente por Asís, quien además confeccionó un acta con contenido falso, según sostuvo la acusación.

Asimismo, la Justicia consideró acreditado que el 15 de noviembre de 2021 la entonces jefa policial ordenó incorporar declaraciones falsas en el libro de guardia de la dependencia y que ese mismo día privó ilegítimamente de la libertad a un adolescente, a quien mantuvo retenido en un calabozo durante varias horas.

Asís fue condenada como coautora de asociación ilícita agravada en calidad de jefa, privación ilegítima de la libertad por abuso funcional, falsedad ideológica en instrumento público y encubrimiento agravado. La jueza también la consideró autora del delito de secuestro coactivo agravado por su condición de funcionaria pública.

La investigación se apoyó en escuchas telefónicas, testimonios, denuncias y registros audiovisuales. El expediente es considerado uno de los casos más relevantes de corrupción institucional investigados en la región y expuso el accionar de una estructura delictiva integrada por miembros de la fuerza de seguridad santafesina.

El caso que sacudió a la Policía de Santa Fe y expuso una presunta estructura de corrupción enquistada en dependencias policiales de Frontera y Josefina se acerca a una definición judicial. En los Tribunales de Rafaela se desarrolla el juicio oral contra María Silvina Asís, exjefa de la Comisaría 6ª de Frontera, para quien la Fiscalía solicitó una condena de 12 años de prisión efectiva.

La acusación sostiene que Asís integró una organización delictiva conformada por efectivos policiales que, aprovechando los cargos y recursos del Estado bajo su control, habrían cometido distintos delitos entre septiembre de 2020 y febrero de 2022.

Según la investigación impulsada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la estructura estaba integrada por Asís, el entonces jefe de la Zona de Inspección Nº 5, Gastón Eletti, y el agente de la Brigada Motorizada Juan Manuel Villafañe, además de otros efectivos que prestaban servicio en distintas dependencias de la región.

La causa se construyó a partir de escuchas telefónicas, denuncias, declaraciones testimoniales y registros audiovisuales que permitieron a la Fiscalía sostener la hipótesis de una asociación ilícita dedicada a cometer delitos aprovechando la función policial.

Entre las conductas investigadas figuran asociación ilícita, apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales y encubrimiento agravado.

La fiscal Gabriela Lema había señalado durante las primeras audiencias que los hechos fueron cometidos de manera habitual y continua, en el marco de una organización que no interrumpió su funcionamiento durante el período investigado.

Uno de los aspectos más graves de la acusación apunta a que algunos integrantes del grupo habrían omitido denunciar o perseguir a personas identificadas como autoras de delitos. También se investigaron presuntos pedidos de dinero o beneficios materiales a particulares para realizar determinadas intervenciones o favorecer situaciones de impunidad.

La investigación ya produjo condenas. En 2023, Gastón Eletti aceptó un juicio abreviado y recibió una pena de siete años de prisión efectiva tras reconocer su responsabilidad en diversos delitos. Por su parte, Juan Manuel Villafañe también fue condenado en un procedimiento abreviado luego de admitir los hechos atribuidos por la Fiscalía.

Asís, en cambio, no acordó una salida abreviada y decidió enfrentar un juicio oral, cuyo desenlace se conocerá en los próximos días.

Tras la declaración de decenas de testigos y la producción de pruebas durante el debate, la fiscal Fabiana Bertero solicitó que la exjefa policial sea condenada a 12 años de prisión. El jueves está prevista la lectura del veredicto que determinará si la Justicia considera acreditada su participación en la presunta organización delictiva que operó desde la fuerza de seguridad provincial.

La Policía Federal Argentina llevó adelante un operativo antidrogas en Frontera que culminó con la detención de tres personas y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y diversos elementos de interés para la causa.

El procedimiento se desarrolló durante la tarde del martes en una vivienda ubicada sobre calle 106, entre calles 17 y 19, en el sector conocido como San Javier. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la División Antidrogas San Francisco, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Según se informó, las tareas investigativas permitieron detectar movimientos compatibles con la comercialización de drogas en el inmueble allanado. A partir de vigilancias, seguimientos y otras medidas de inteligencia criminal, los investigadores reunieron elementos que derivaron en la orden judicial para concretar el procedimiento.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron dosis de clorhidrato de cocaína, fragmentos de la misma sustancia que presuntamente estaban destinados al fraccionamiento para su venta, además de dinero en efectivo y otros elementos considerados relevantes para el avance de la investigación.

Como resultado del operativo fueron detenidos dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La medida fue ordenada por el Juzgado Penal de Primera Instancia de la Quinta Circunscripción Judicial de Rafaela, con intervención de la Fiscalía Regional de Rafaela y de la fiscal adjunta Analía Abreu.

De acuerdo con la información oficial, la investigación permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes que funcionaba en la zona y avanzar sobre una estructura vinculada al narcomenudeo. La causa continúa bajo la órbita judicial mientras se desarrollan nuevas actuaciones para determinar el alcance de las actividades investigadas.

Comenzó el Torneo Clausura de la Zona Sur de la Liga Rafaelina y los equipos de Frontera tuvieron un estreno con sensaciones mayormente positivas. 

En uno de los partidos más esperados de la jornada, La Hidráulica fue ampliamente superior y derrotó 4 a 0 a La Trucha FC. El conjunto dirigido por Marcos Luna dominó las acciones de principio a fin y construyó una victoria contundente que lo posiciona como uno de los animadores en el inicio del certamen.

Maximiliano Taborda abrió el camino con un doblete durante la primera etapa, mientras que Emilio Moyano y Bruno Carabolante completaron la goleada en el complemento para desatar el festejo del elenco fronterense.

La otra alegría de la jornada llegó de la mano de Defensores de Frontera, que dio el golpe como visitante al imponerse 3 a 1 sobre Atlético Florida de Clucellas.

Tomás Sottelo abrió el marcador para la visita, Marcos Páez amplió la diferencia e Ignacio Lerín, de penal, terminó de asegurar el triunfo. El descuento del conjunto local fue obra de Facundo Ferreyra.

Con estos resultados, dos de los tres representantes de Frontera comenzaron el Clausura con el pie derecho y buscarán sostener este buen arranque para mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia de la Zona Sur.

La segunda fecha del campeonato está programada para el próximo domingo 7 de junio y tendrá los siguientes cruces:

La investigación por una serie de violentos robos calificados registrados en San Francisco sumó este lunes un nuevo avance con la detención de otro presunto integrante de la banda delictiva que es investigada por distintos asaltos armados ocurridos en los últimos meses.

Según informó la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, a cargo del fiscal Oscar Gieco, durante la jornada se realizaron diversos allanamientos en la ciudad de Frontera, con participación de personal de la División Investigaciones de la Departamental San Justo de Policía de Córdoba y colaboración de la Policía de Investigaciones (PDI) santafesina.

Como resultado de los procedimientos fue detenido uno de los presuntos autores del robo calificado ocurrido en abril en una vivienda de calle Jonas Salk de barrio Catedral. Además, se secuestró un arma de fuego.

En aquella oportunidad, un hombre de 62 años (empresario vinculado al rubro de limpieza) y una mujer de 60 fueron sorprendidos por delincuentes armados que ingresaron por el patio de la propiedad. Los ladrones sustrajeron dinero en efectivo, realizaron una transferencia bancaria utilizando el teléfono de la víctima, se apoderaron de un celular y escaparon en un Fiat Argo que fue recuperado horas después. Ambas víctimas permanecieron atadas durante aproximadamente una hora.

El detenido se suma a otro sospechoso arrestado el pasado 28 de mayo en el marco de la misma causa.

De acuerdo con la investigación, el arma secuestrada hoy sería la misma utilizada durante otro violento asalto en barrio Cottolengo, caso por el cual ya se encontraban detenidos e imputados por robo calificado un adolescente de 15 años y un joven de 22, ambos con antecedentes penales.

La causa tiene su origen en el violento asalto perpetrado en mayo pasado en una vivienda de calle José Hernández al 3100. Allí, un hombre de 64 años denunció haber sido sorprendido por delincuentes armados que lo maniataron, lo golpearon y lo sometieron durante varias horas para exigirle dinero y objetos de valor.

De acuerdo con la investigación, los asaltantes se llevaron 200 dólares, un millón de pesos y un automóvil Fiat Uno. El damnificado fue auxiliado luego de que vecinos escucharan sus pedidos de ayuda y alertaran a las autoridades.

En el marco de las tareas investigativas, la Policía de Santa Fe logró hallar posteriormente el Fiat Uno robado en un sector de Frontera. El vehículo había sido abandonado y presentaba impactos de bala. En las inmediaciones también fueron detenidos dos hombres que tenían en su poder elementos sustraídos durante el asalto.

Los investigadores sostienen además distintas líneas de trabajo para determinar si los sospechosos integran una misma organización delictiva vinculada a otros robos de similares características registrados en la región.

Paralelamente, la Justicia analiza posibles conexiones con el millonario robo ocurrido en una escribanía ubicada sobre calle Belisario Roldán al 400 de San Francisco. En ese hecho, dos delincuentes armados y con los rostros cubiertos redujeron a empleados, clientes y otras personas presentes en el lugar para apoderarse de teléfonos celulares y una importante suma de dinero.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo, pocas horas después de ese asalto, de un automóvil Fiat Siena rojo en la zona de Los Eucaliptos de Frontera, vehículo que habría sido utilizado durante la fuga de los autores.

Con la nueva detención y el secuestro del arma de fuego, la fiscalía busca profundizar la reconstrucción de los hechos y establecer si existe una estructura criminal común detrás de los distintos robos calificados que mantienen en alerta a San Francisco y la región.

La Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante un procedimiento antidrogas en la ciudad de Frontera, que culminó con la desarticulación de un punto de comercialización de estupefacientes y la detención de dos personas mayores de edad.

El operativo fue realizado durante la tarde del sábado por personal de la División Antidrogas San Francisco, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. La medida consistió en un allanamiento efectuado en una vivienda ubicada en calle 102, entre calles 15 y 17, donde los investigadores habían detectado previamente movimientos compatibles con actividades de microtráfico de drogas.

Según se informó, la intervención judicial fue ordenada por el Juzgado Penal de Primera Instancia de la Quinta Circunscripción Judicial de Rafaela, a cargo del juez Nicolás Stegmayer. La causa es impulsada por la Fiscalía Regional de Rafaela, encabezada por el fiscal Carlos Vottero.

La investigación fue desarrollada por efectivos federales mediante tareas de inteligencia criminal, vigilancia y recolección de pruebas. Esas actuaciones permitieron acreditar la existencia de un punto de expendio de drogas que abastecía a consumidores de la zona.

Durante el allanamiento, los agentes secuestraron más de un centenar de dosis de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización, dinero en efectivo presuntamente relacionado con la actividad investigada y otros elementos considerados de interés para el avance de la causa.

Además, dos personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar el alcance de la actividad investigada.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de las acciones que lleva adelante el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia de Santa Fe.

La investigación por el crimen de Mauricio Calcia (30) continúa avanzando luego del violento episodio registrado el lunes por la noche en la intersección de calles 74 y 9, en la ciudad de Frontera. El hombre falleció en la madrugada del martes en el Hospital Iturraspe, tras haber recibido dos disparos que le provocaron graves heridas en el pulmón y la columna.

Por el hecho, permanece detenido Hugo Alberto B., de 35 años, pareja de la mujer que habría sido víctima de agresiones previas dentro de la vivienda donde ocurrió el ataque. El sospechoso quedó imputado por homicidio calificado y fue aprehendido poco después del hecho por personal policial en calles 74 y 3.

De acuerdo a los datos incorporados a la causa, el episodio se habría originado a partir de una violenta discusión familiar. Según la investigación, la concubina del imputado pidió ayuda tras ser amenazada de muerte dentro del domicilio. Además, el hombre habría provocado destrozos en la vivienda y tomado una botella de vidrio rota con intenciones de agredirla.

Ante esa situación, la mujer logró comunicarse con su hija para pedir auxilio. Minutos después, Calcia llegó al lugar acompañado por su pareja con la intención de intervenir y asistir a la víctima. En ese contexto, el acusado habría comenzado a agredir físicamente a los presentes.

El agresor ingresó nuevamente a la vivienda, tomó un arma de fuego y efectuó al menos tres disparos. Dos de ellos impactaron en Calcia, quien cayó gravemente herido, mientras el atacante escapó a pie.

En las últimas horas, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe secuestraron el sistema DVR de cámaras de seguridad de la zona para analizar las imágenes y reconstruir los movimientos previos y posteriores al crimen. A su vez, la Policía Científica realizó peritajes en la escena y, durante una requisa en la vivienda donde ocurrió el ataque, se incautaron cartuchos de distintos calibres y otros elementos considerados de interés para la causa.

La investigación es dirigida por la Fiscalía, que continúa reuniendo pruebas para esclarecer completamente la mecánica del homicidio.

La Justicia santafesina ratificó este martes la prisión preventiva para Héctor Alejandro “el Patrón” Gallardo, acusado de ser presunto instigador del homicidio de Carlos Miguel Cabrera, ocurrido el 23 de abril de 2022 en Frontera.

La resolución fue tomada durante una audiencia realizada en los Tribunales de Rafaela, donde se trató el recurso de apelación presentado por la defensa del imputado, de acuerdo a la información del medio Rafaela Noticias.

El debate estuvo encabezado por el juez de Segunda Instancia, Sergio Alvira, quien finalmente resolvió rechazar el planteo impulsado por el abogado defensor Federico Scarinci y mantener la medida cautelar de máxima gravedad contra Gallardo, de 54 años.

Por el lado del Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Martín Castellano defendió firmemente la resolución de primera instancia. El representante del MPA sostuvo la vigencia de los riesgos procesales y la solidez de los elementos probatorios acumulados hasta el momento en la investigación, los cuales vinculan a Gallardo con el crimen por encargo de Carlos Cabrera.

Finalmente, Alvira resolvió no dar lugar al pedido de la defensa y dispuso ratificar de manera íntegra la prisión preventiva para "el Patrón" Gallardo, entendiendo que persisten las condiciones que justifican que el acusado transite el proceso judicial tras las rejas.

La ciudad de Frontera volvió a quedar marcada por un hecho de sangre luego de siete meses sin homicidios registrados. Mauricio Alejandro Calcia, de 30 años, falleció durante la madrugada de este martes en el Hospital “J. B. Iturraspe” de San Francisco, donde permanecía internado en grave estado tras haber recibido múltiples disparos.

El episodio ocurrió cerca de la medianoche en una vivienda ubicada en la intersección de calles 74 y 9. Según las primeras informaciones, todo se habría desencadenado en medio de una discusión entre la víctima y la pareja de su suegra.

En ese contexto, el agresor habría extraído un arma de fuego y efectuado varios disparos contra Calcia, quien sufrió heridas de extrema gravedad.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia por su pareja hasta el Hospital Iturraspe. Los médicos constataron impactos de bala en la zona dorsal del hemotórax izquierdo y en el miembro inferior izquierdo, lesiones que le provocaron compromiso pulmonar y daños en dos vértebras.

Calcia fue derivado a terapia intensiva con pronóstico reservado, pero finalmente murió durante la madrugada de este martes.

Por el hecho, el presunto autor del ataque habría sido detenido por personal policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.

El último homicidio registrado en Frontera había ocurrido el 22 de octubre del año pasado. Sin embargo, en febrero de este año se produjo otro grave episodio que terminó con la muerte de un joven de 20 años tras recibir un disparo en la cabeza durante una reunión de adolescentes, causa que continúa bajo investigación judicial para determinar si se trató de una manipulación imprudente de un arma de fuego.

Un hombre de 30 años, identificado como Mauricio Alejandro Calcia, falleció durante la madrugada de este martes en el Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, donde permanecía internado en estado crítico luego de haber recibido múltiples disparos en un episodio ocurrido en la ciudad de Frontera.

El hecho se registró cerca de la medianoche en una vivienda ubicada en la intersección de calles 74 y 9, donde, de acuerdo a las primeras informaciones, se habría originado una discusión entre la víctima y la pareja de su suegra.

Siempre según los datos que trascendieron, en medio del altercado el agresor habría extraído un arma de fuego y efectuado varios disparos contra el joven, provocándole heridas de gravedad.

Tras el ataque, Calcia fue trasladado en un vehículo particular por su pareja hasta el Hospital Iturraspe, donde ingresó por el sector de urgencias. Allí, el personal médico constató heridas de bala en la zona dorsal del hemotórax izquierdo y en el miembro inferior izquierdo.

Las lesiones le ocasionaron un severo cuadro clínico, con compromiso pulmonar y daños en dos vértebras, por lo que fue derivado a la unidad de terapia intensiva, donde permaneció con pronóstico reservado hasta que finalmente se produjo su deceso.

En tanto, trascendió que el presunto autor del ataque habría sido detenido por personal policial, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del episodio.

Un joven de 26 años ingresó este lunes al Hospital “J. B. Iturraspe” tras haber recibido un disparo en un hecho ocurrido horas antes en el barrio San Javier, de la ciudad de Frontera.

Según informaron, el herido llegó por sus propios medios al nosocomio local, donde fue asistido por personal médico que constató una herida de arma de fuego con orificio de ingreso en el glúteo derecho, quedando el proyectil alojado en el cuerpo.

Afortunadamente, el paciente no presenta riesgo de vida y permanece internado bajo observación.

El episodio que tuvo lugar en barrio San Javier de Frontera, y las circunstancias en las que se produjo son materia de investigación. No se descarta que el joven pueda ser derivado a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Córdoba.

Marcelo Eduardo Troncoso, de 28 años, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión por haber agredido con un arma de fuego a la pareja de una mujer con la que había mantenido una relación sentimental en la ciudad de Frontera.

La sentencia fue dictada por el juez Javier Bottero en el marco de un juicio oral y público que concluyó el miércoles al mediodía en los tribunales de Rafaela.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Martín Castellano, quien también representó al Ministerio Público de la Acusación durante el debate oral. Tras conocerse el fallo, el funcionario judicial señaló que desde la Fiscalía consideran “positivo el fallo condenatorio”, aunque aclaró que la pena impuesta fue menor a la solicitada durante los alegatos.

“Una vez que contemos con los fundamentos del juez, decidiremos los pasos a seguir”, expresó Castellano.

Según precisó el fiscal, la pena de ocho años y seis meses surgió de la unificación de una condena de seis años de prisión con otra sentencia previa que Troncoso aún no había terminado de cumplir.

El hecho había ocurrido el miércoles 3 de julio de 2025, alrededor de las 19.30, en inmediaciones de un domicilio ubicado sobre calle 72, a pocos metros del camino interprovincial.

De acuerdo con la acusación, Troncoso se movilizaba en una motocicleta conducida por otra persona y desde allí efectuó disparos con un arma calibre 32 contra la víctima, que se encontraba en la vía pública.

“El hombre agredido recibió el impacto de tres proyectiles y sufrió heridas en distintas partes del cuerpo”, indicó Castellano.

Además, el fiscal remarcó que el condenado portaba el arma sin autorización legal y que ese delito fue agravado debido a que contaba con antecedentes penales condenatorios por hechos cometidos con armas de fuego.

Troncoso fue condenado como autor de lesiones graves dolosas agravadas por el uso de arma de fuego y por portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.

Un hombre de 49 años ingresó en la tarde de este viernes al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco con heridas de arma de fuego en ambos miembros inferiores.

Según se informó, el episodio en el que resultó lesionado se habría producido en Frontera, aunque por el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias del hecho.

Tras recibir las primeras curaciones y ser asistido por personal médico, se dispuso su derivación a un hospital de la ciudad de Santa Fe para una mejor atención y evaluación de las heridas.

En el nosocomio intervino personal policial de Frontera, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación del caso.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe informó que durante el primer cuatrimestre del año se registraron 48 homicidios dolosos, la cifra más baja en dos décadas. Desde la gestión provincial destacaron que la disminución responde a una política sostenida en materia de seguridad.

“Es el resultado de un plan de seguridad sólido, con inversión, planificación y trabajo sostenido”, afirmó la vocera del gobierno, Virginia Coudannes. En ese sentido, también remarcó que en el mismo período de 2023 se habían contabilizado 156 homicidios, lo que marca una fuerte reducción y “revierte niveles de violencia muy elevados en la provincia”.

Las estadísticas históricas reflejan que los picos más altos se dieron en 2014, con 172 homicidios, y en 2023. A partir de allí, los registros comenzaron a descender: 84 en 2024 y 80 en 2025, hasta llegar al actual mínimo.

En el desglose territorial, Rosario concentró 31 homicidios en los primeros cuatro meses del año, 19 menos que en igual período de 2025. En tanto, la ciudad de Santa Fe registró 10 casos, ocho menos que el año anterior.

Sin embargo, fuera de los grandes centros urbanos, persisten focos de alta conflictividad. La localidad de Frontera, en el departamento Castellanos y lindante con San Francisco (Córdoba) aparece como uno de los puntos más sensibles. Con poco más de 10.000 habitantes, registró 7 homicidios en 2025 y presenta una de las tasas más elevadas en relación a su población, además de un alto número de búnkers de droga desarticulados.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que en el último año se reforzó la presencia policial en la zona, con mayor despliegue de patrullajes y la intervención de fuerzas como la Policía de Acción Táctica, la Guardia Provincial y la Guardia Rural Los Pumas. También se ampliaron las capacidades del Ministerio Público de la Acusación, con la radicación del fiscal Pedro Machado.

Aunque el último homicidio registrado en Frontera data del 22 de octubre del año pasado, las autoridades advierten que no hay margen para relajar las políticas de seguridad debido a las condiciones estructurales que sostienen el delito.

En ese contexto, en febrero de este año se produjo un hecho que derivó en la muerte de un joven de 20 años tras recibir un disparo en la cabeza. El episodio, ocurrido en el marco de una reunión de adolescentes, es investigado por la Justicia para determinar si se trató de una manipulación imprudente de un arma de fuego. La causa continúa en curso, con distintas medidas probatorias para esclarecer lo sucedido.