Un operativo de control realizado en la madrugada de ayer jueves terminó con el secuestro de una importante carga de pescado transportada en condiciones irregulares en San Francisco. El procedimiento, llevado adelante por Gendarmería Nacional con intervención del municipio, permitió incautar cerca de una tonelada de sábalos que eran trasladados sin cumplir con las normas sanitarias vigentes.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.30, a la altura del kilómetro 142 de la ruta nacional 19, donde efectivos detuvieron la marcha de un camión oriundo de Santa Rosa de Calchín que transportaba simultáneamente verduras y pescado. Durante la inspección, se constató que la mercadería no contaba con la cadena de frío adecuada ni con la habilitación correspondiente.

El inspector de Bromatología municipal, Jorge Rossi, explicó que “el accionar estuvo a cargo de personal de Gendarmería Nacional que participó de un procedimiento de control” y detalló que al revisar el vehículo “comprobaron la presencia del cargamento de pescado que resultó incautado”.

Según se informó, la carga estaba compuesta por 41 cajas con 10 sábalos cada una, lo que representa aproximadamente una tonelada. Rossi indicó que “regidos por el Código Alimentario Argentino, donde se prohíbe el traslado simultáneo de alimentos sin cadena de frío junto a otros con cadena de frío, se llevó a cabo la incautación”, y agregó que el pescado “venía congelado y sin procedencia registrada”.

Tras el secuestro, el Departamento de Control Alimentario dispuso el decomiso y traslado de la mercadería a una cámara de refrigeración, donde permanecerá hasta que la Justicia Administrativa de Faltas determine su destino final, ya que no se encuentra apta para consumo.

En tanto, el conductor del camión cuenta con cinco días hábiles para realizar su descargo ante las autoridades correspondientes.

San Francisco fue escenario este martes y miércoles de un operativo interfuerzas interprovincial, desarrollado con el objetivo de reforzar la seguridad en una región considerada “caliente” por su dinámica delictiva y su ubicación estratégica en el límite entre Córdoba y Santa Fe.

La acción, que contó con 63 efectivos y 24 móviles, se desplegó en barrios como Catedral y en diferentes sectores de la ciudad, bajo la coordinación de la Policía de Córdoba, la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional.

Los resultados dan cuenta de un abordaje integral: la Policía de Córdoba informó la detención de tres hombres con órdenes de detención vigentes, además del secuestro de una motocicleta con pedido de captura del 8 de julio de 2025 y otras 27 retenidas por infracción a la Ley 10.326. También se registró la aprehensión de un hombre con pedido de paradero del 9 de septiembre, siete actas por infracciones a la Ley 8560 —dos de ellas por alcoholemia positiva— y la identificación de 253 personas, junto con controles a 155 motos y 84 automóviles.

En tanto, la PFA realizó seis procedimientos por infracción a la Ley 23.737 de drogas, que dejaron siete imputados. En este marco, se controlaron 32 personas y 25 vehículos. Por su parte, la Gendarmería Nacional identificó a 15 personas y tres vehículos, además de constatar antecedentes en 10 personas y tres rodados.

La magnitud del despliegue no solo refleja la decisión de coordinar esfuerzos entre fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, sino también la preocupación por fortalecer la prevención en una zona de frontera interprovincial donde la circulación del delito, en particular, el narcomenudeo. 

Con controles focalizados en personas y vehículos, la acción buscó transmitir un mensaje de presencia estatal en el territorio y reforzar la seguridad ciudadana en el conglomerado urbano que integran San Francisco, Frontera y Josefina.

El fotoperiodista Pablo Grillo, herido de gravedad durante la represión policial a una marcha de jubilados el 13 de marzo último, volvió a terapia intensiva por complicaciones en su salud y su familia advirtió que “no está teniendo la evolución que se espera”.

Fabián Grillo, padre del joven que permanece internado en el hospital Ramos Mejía de esta capital, dijo esta mañana que “ayer se le cerró el drenaje de la válvula que le habían colocado” y que en la jornada de hoy “seguramente le harán una tomografía y verán cómo evoluciona”.

“El estado de él ayer era como que estaba adormilado y las tomografías daban que no se llenaba la cavidad generada por la colocación de la prótesis”, explicó y dijo que los médicos evalúan que “o está funcionando su sistema y la válvula está de más, o la válvula está funcionando mal”.

Agregó que los médicos que lo atienden "están viendo cómo evoluciona”, y hoy “le harán seguramente una tomografía para ver cómo evoluciona. Parecería que está drenando en demasía el líquido cefalorraquídeo", subrayó.

Además, a través de la cuenta de Instagram #justiciaporpablogrillo, los familiares puntualizaron que el joven, de 35 años está “clínicamente estable en terapia intensiva”, y que “neurológicamente, está en una meseta. No está teniendo la evolución que se espera”.

Puntualizaron que “el Líquido Cefalorraquídeo (LCR) no es suficiente para cubrir todo el cerebro”, y según “la última tomografía, el ventrículo cerebral derecho (por donde pasa el LCR) estaría dilatándose más que el izquierdo”.

A través de esa cuenta los familiares del fotoperiodista dijeron que “continúa luchando, está con fuerzas” y destacaron que “el cariño que le hacen llegar a él lo siente y lo necesita.

Grillo resultó herido de gravedad el 13 de marzo en la Plaza del Congreso, en el marco de una protesta de jubilados acompañados por organizaciones políticas y sociales, cuando fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno que impactó directamente en su cabeza.

Por el hecho está en marcha una causa judicial en la que está acusado el cabo de Gendarmería Hector Guerrero, autor del disparo de gas lacrimógeno.

El gobierno de Javier Milei oficializó una transformación estructural profunda de las fuerzas federales mediante la reforma de sus leyes orgánicas.

Estas modificaciones impactan directamente a la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), introduciendo cambios significativos en sus estructuras y funciones.

Esta serie de reformas fue concretada a través de cuatro decretos publicados en el Boletín Oficial este martes, estratégicamente un día antes de que vencieran las facultades delegadas que el Congreso le había otorgado al Presidente Javier Milei al aprobar la Ley Bases.

Las normativas, que llevan las firmas del Presidente, Guillermo Francos y Patricia Bullrich, tienen como objetivo primordial dotar a estas fuerzas de herramientas más modernas, eficaces y profesionales.

Es importante destacar que todas las fuerzas tienen un plazo de 90 días para presentar al Ministerio de Seguridad los proyectos de adecuaciones normativas que consideren pertinentes.

El Decreto 454/2025 marca un antes y un después para la Gendarmería Nacional, aprobando un nuevo estatuto.

Más allá de su rol tradicional en las zonas de frontera, la fuerza ahora tendrá la capacidad de actuar en el ciberespacio y combatir el ciberterrorismo.

Además, podrá participar activamente en misiones internacionales y asumir la protección de embajadas.

La GNA también presentará una nueva estructura con dependencias renovadas, reglas de ascensos actualizadas y mayores atribuciones en investigación criminal e inteligencia, para lo cual tendrá acceso a bases de datos tanto públicas como privadas.

Las modificaciones establecidas por el Decreto 457/2025 en la Ley N°18.398, que define la misión y funciones de la Prefectura Naval Argentina, refuerzan su rol.

La Prefectura ahora ejercerá el servicio de Policía de Seguridad de la Navegación, Policía de Prevención de la Contaminación proveniente de buques, Policía de Seguridad y Protección Marítima, Policía Judicial, y la Jurisdicción Administrativa de la Navegación, entre otras atribuciones.

La normativa enfatiza la aplicación de principios como celeridad, economía, sencillez, eficacia y eficiencia, además de la evaluación de costo-beneficio, impacto económico y las buenas prácticas internacionales en el ejercicio de sus potestades regulatorias y administrativas.

El Decreto 456/2025 introduce cambios significativos en la estructura, funciones y régimen del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Más allá de su deber tradicional, la PSA tendrá ahora como misión clave la protección de la Seguridad del Estado en el ámbito jurisdiccional aeroportuario.

A pedido del Ejecutivo Nacional, también podrá brindar otros servicios relacionados con la seguridad interior e incluso asumir la responsabilidad primaria de la seguridad en el transporte.

Entre sus funciones ampliadas, se destaca la prevención de delitos atentatorios contra la seguridad aeroportuaria y la aviación civil mediante investigaciones, análisis e inteligencia criminal proactiva, guiada por información, y siempre como auxiliar de la Justicia y en el marco de políticas definidas por el Ministerio de Seguridad Nacional.

Finalmente, el Decreto 455/2025 reemplaza el marco normativo del Servicio Penitenciario Federal.

El Gobierno consideró que esta modernización era indispensable para optimizar su funcionamiento, fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios, mejorar las condiciones de trabajo de sus funcionarios y promover su profesionalización y bienestar.

Asimismo, busca garantizar el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad, implementando un servicio renovado y eficiente acorde con las exigencias actuales.

La normativa también instruye al Ministerio de Seguridad Nacional a gestionar la desafectación del uso penitenciario de inmuebles situados en zonas urbanas y su posterior reubicación.

La cartera liderada por Patricia Bullrich será responsable de desarrollar, implementar y ejecutar un Plan de Infraestructura Penitenciaria

El fotoperiodista Pablo Grillo, baleado en la represión contra jubilados el 12 de mayo, volvió a terapia intensiva cuando días atrás esperaba recibir el alta en el Hospital Ramos Mejía.

El giro en su estado de salud se debió a el descubrimiento de un cuadro de hidrocefalia como consecuencia del traumatismo que le generó el impacto de un tubo de gas lacrimógeno que disparó un efectivo de Gendarmería.

“A raíz de que se controlaron las fístulas por las que perdía líquido cefalorraquídeo, se descubrió un cuadro de hidrocefalia", expresaron los familiares del joven de 35 años.

El equipo de salud que atiende a Grillo desde hace dos meses preveía darle el alta la semana pasada para que continúe su rehabilitación en el centro de salud Manuel Rocca, según informó Todo Noticias.

El 8 de mayo las imágenes del joven fotoperiodista en la terraza del hospital, con un gorro rojo de Independiente y junto a enfermeros, dieron esperanza sobre su estado de salud antes de la nueva intervención.

“A seguir rezando, enviando todo el amor y las energías positivas para que Pablo continúe luchando”, expresaron los familiares.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó este lunes Salta y en la recorrida recibió un reclamo de un padre de un gendarme disconforme con el aumento salarial del 5% para el sector, ante lo que prometió mejorar la situación y mencionó la chance de entregar casas del programa Procrear para los miembros de esa fuerza. 

"Mi hijo no tiene para comer, le sale 450 mil pesos el alquiler, no le alcanza con 5% (de aumento). Gana 25 mil pesos por día, no es nada", le dijo a Bullrich el padre de un gendarme, en imágenes que se viralizaron en las redes.

Ante eso, se observa que la funcionaria le respondió: "Ustedes tiene que confiar en nosotros, estamos con ustedes. Estamos trabajando para un plan Procear de viviendas".

"Le juro por Dios que estamos haciendo un esfuerzo enorme. El gobierno hizo un esfuerzo con el 5%, más el uno y medio más el uno es el 7,89%, nadie está recibiendo ese aumento", siguió Bullrich.

Y cerró: "Los alquileres los vamos a ir cambiando por casas porque vamos a agarrar todos los planes Procrear que son casas, téngame confianza que vamos a ir mejorando. Camioneros cerró el 1%".

Tras la respuesta de la ministra, el hombre del reclamo agregó: "Espero que sea pronto porque no va más".

Un importante operativo de Gendarmería Nacional logró frustrar el ingreso de un cuantioso cargamento de cocaína que tenía como destino final nuestra ciudad. El procedimiento, realizado en la provincia de Santiago del Estero, permitió la detención de tres personas oriundas de Salta y el decomiso de más de 116 kilos de estupefacientes.

El hecho se registró sobre la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 456, en el acceso a la localidad de Urutaú, departamento Copo en la provincia de Santiago del Estero, cuando efectivos de la sección Monte Quemado del Escuadrón 59 de Gendarmería Nacional realizaban tareas rutinarias de control vehicular.

De acuerdo con información publicada en un medio santiagueño, los investigadores detectaron un automóvil Chevrolet Onix con dos ocupantes que actuaba como "coche guía" o "puntero", una práctica común en el narcotráfico para alertar sobre la presencia de controles policiales. El nerviosismo evidente de sus ocupantes despertó las sospechas de los uniformados.

Durante el procedimiento, apareció en escena una camioneta Ford Ranger que, al advertir el control, intentó realizar una maniobra evasiva. La rápida acción de los gendarmes permitió interceptar el vehículo, conducido por un tercer individuo.

Una inspección exhaustiva de la camioneta, ordenada por el juez federal Guillermo Molinari, reveló modificaciones en diversos sectores del vehículo. Los gendarmes encontraron paquetes ocultos en las puertas laterales traseras, asiento y respaldo trasero, zócalo, parante trasero y rueda de auxiliar.

En total se secuestraron 114 paquetes rectangulares que contenían cocaína, con un peso total de 116.702 kilogramos. Según fuentes judiciales, el valor de la droga en el mercado ilegal superaría los 267 millones de pesos.

Situación judicial

Los tres detenidos, todos provenientes de la ciudad de Orán, Salta, quedaron incomunicados ya disposición del Juzgado Federal interviniente. Se espera que en los próximos días sean denunciados por el juez Molinari.

Como parte del procedimiento, también fueron secuestrados los teléfonos celulares de los imputados y los dos vehículos utilizados para el traslado de la droga.

El caso representa uno de los decomisos más importantes realizados en lo que va del año en la región, evidenciando la utilización de rutas del norte del país como corredor para el tráfico de estupefacientes hacia nuestra ciudad.

En las últimas horas, se llevaron a cabo 18 allanamientos en San Francisco y otras localidades del este de Córdoba, en un operativo solicitado por la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni. El despliegue contó con la participación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Unidad de Investigaciones de Gendarmería Nacional de San Francisco.

La investigación se centra en la supuesta utilización de facturas truchas, lo que podría constituir maniobras delictivas en contra de la ley penal tributaria. De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, se realizaron 13 allanamientos en domicilios particulares: siete en San Francisco, dos en Saturnino Laspiur y otros en Devoto, Marull, Río Primero y Frontera (Santa Fe). Además, se registraron dos estudios contables en Marull y San Francisco, así como tres empresas, dos en San Francisco y una en La Paquita.

Durante los operativos, se secuestraron elementos relevantes para la causa. La fiscal Schianni informó que se detuvo a una persona en un domicilio de Devoto.

Mientras la Gendarmería Nacional trabaja desde hace un tiempo en los controles de la ruta provincial 1 con un puesto móvil para combatir el narcotráfico, avanzan fuertemente las gestiones para la instalación de una base fija en la ciudad Morteros.

El municipio cedió las instalaciones para la sede que están siendo remodeladas y ahora se espera la concreción de la llegada de la fuerza de seguridad, pero ya de manera permanente con la apertura de ese espacio, en lo que se considera parte de la zona caliente del narcotráfico, que llevará seguridad y tranquilidad a los vecinos. 

El presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres confirmó a LA VOZ DE SAN JUSTO que la gestión para instalar la sede “avanza, aunque actualmente hubo una reestructuración en Gendarmería porque cambió su director, y la nueva autoridad está tomando conocimiento de todo lo que es el proyecto. Se está a la espera de la resolución del director nacional de la fuerza”.

“Por otra parte el municipio cumplió acabadamente con su parte ofreciendo las instalaciones que están siendo evaluadas para ser reacondicionadas y será luego el director de Gendarmería el que tome la decisión para concretar finalmente la instalación del puesto fijo en Morteros que cuente no solamente con seguridad, sino también con personal de investigación”, manifestó.

Aclaró que la Gendarmería “trabaja ya desde hace un tiempo con un puesto móvil que está dando cobertura a la seguridad ante la problemática del narcotráfico”.

“Lo que se busca es instalar un puesto más grande, que tenga personal de investigaciones para combatir el negocio ilegal de la droga en Morteros y la zona”, remarcó Sánchez Torres.

Por otra parte, la intendencia de Morteros anunció que una decena de agentes de Gendarmería Nacional y algunos efectivos del Servicio Especial de Operaciones Motorizadas (Seom) arribarán a dicha ciudad luego de gestiones realizadas con el Gobierno de Córdoba y Justicia Federal para trabajar en forma conjunta y reforzar la seguridad.

Cabe agregar que Morteros fue seleccionada para integrar Ciudades Seguras para la capacitación de equipos de gobierno, vecinos e instituciones.

Este viernes se realizó un amplio operativo interfuerzas en el camino Interprovincial y los barrios Hospital, La Milka, Roque Sáenz Peña, Vélez Sarsfield, Palmares, El Prado y San Cayetano de San Francisco, con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir delitos.

El operativo contó con la colaboración de diversas unidades especiales, entre ellas Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía Antinarcotráfico. Equipo Táctico Especial Recomendable (Eter), Policía Caminera, Guardia de Infantería, Sección Especial de Operaciones Motorizadas (Seom), Patrulla Rural, Policía de Frontera (Santa Fe), bomberos voluntarios, inspectores municipales y móviles del Cuerpo de Prevención Urbana.

El operativo obtuvo resultados positivos, incluyendo: 264 personas controladas, 45 automóviles controlados y 148 motocicletas controladas, de las cuales 15 fueron retenidas.

Además, se recuperaron  dos motocicletas con pedido de secuestro y se detuvo a dos mujeres: se detuvieron a dos mujeres a solicitud de la Fiscalía de Morteros.

Se secuestraron cinco motocicletas por infringir la Ley de Tránsito. También se realizó un allanamiento exitoso por un caso de robo calificado.

"Este operativo subraya el compromiso de las fuerzas de seguridad en la prevención del delito y la protección de los ciudadanos, destacando el trabajo coordinado entre diversas dependencias policiales y municipales", informaron las autoridades.

Una gendarme de la Escuela de Suboficiales de Jesús María fue procesada por abusado de su autoridad al obligar a 100 aspirantes mujeres con conductas denigrantes y de naturaleza sexual.

La noticia trascendió este martes, pero el hecho habría tenido lugar el pasado 4 de marzo de 2022. Las subordinadas habrían sido obligadas a desnudarse completamente y a realizar ejercicios en esa condición, con instrucciones de levantar las manos para evitar cubrirse.

La situación ocurrió al regresar de la merienda, cuando las jóvenes se preparaban para ducharse y la gendarme les habría ordenado alistarse al pie de sus camas. 

La acusada también habría hecho comentarios sobre la menstruación y forzado a algunas a recitar desnudas el Decálogo del Gendarme Argentino. 

La denuncia de ocho de las aspirantes revela que estas acciones causaron angustia, humillación y un sentimiento de vulnerabilidad, con posibles implicaciones de violencia sexual y de género.

Sin embargo, Mauricio Camilo Arriagada, el abogado defensor de la gendarme, contó en declaraciones a Cadena 3 que ésta apeló ante la Cámara Federal de Córdoba, que confirmó el procesamiento. 

De esta manera, la causa fue enviada a juicio, pero el Tribunal Oral Federal N°1 se declaró incompetente y devolvió el expediente. "La situación hoy es que está todo abierto; no es que se va a iniciar un juicio en este punto, porque se ha declarado incompetente también el tribunal", sostuvo.

El operativo antinarcotráfico  en Morteros, casi al límite entre Córdoba y Santa Fe, provocó un guiño del gobernador Martín Llaryora a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que este lunes visitará la provincia.

Durante un procedimiento en la ruta provincial 1, personal de Gendarmería Nacional secuestró más de 150 kilos de cocaína que eran trasladados en un camión cargado con maderas. El chofer y el acompañante fueron detenidos bajo directivas de la fiscal federal María Marta Schianni.

Ante el resultado en este control, Llaryora recalcó que “el trabajo conjunto y comprometido entre el Gobierno nacional y el provincial es lo que se necesita para avanzar en la lucha contra el narcotráfico”.

A través de su cuenta en X (ex Twitter), el gobernador subrayó: “Vamos a seguir profundizando operativos mancomunados con el objetivo de perseguir, cercar y llevar tras las rejas a los narcos”.

“Felicitaciones a la ministra Bullrich, a Gendarmería con asiento en San Francisco y a la Justicia Federal de San Francisco por el trabajo articulado que derivó en este exitoso operativo”, agregó el mandatario.

También se pronunció el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. “Córdoba es territorio hostil para el narcotráfico”, afirmó. Y añadió: “Felicitaciones a la ministra Bullrich, Gendarmería con asiento en San Francisco y fiscal Schianni por el operativo en Morteros”.

En su tuit, el ministro Quinteros resaltó: “150 kilos de cocaína que no podrán enfermar a nuestros jóvenes”.

El funcionario provincial además publicó una foto de la reciente reunión del Consejo de Seguridad Interior, y sostuvo que “el combate al narcotráfico necesita de la firme decisión del Gobierno nacional y del compromiso ineludible de los gobiernos provinciales”. Y cerró: “Cuenten con Córdoba para esta lucha sin cuartel”.

En días de mucha preocupación por el avance narco en Rosario, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, realizará este lunes una visita a Córdoba.

La agenda de la funcionaria en la capital tendrá lugar después de una semana de suma tensión ante las amenazas que llegaron hasta la Policía en San Francisco.

Bullrich, que durante su campaña presidencial del año pasado visitó con frecuencia la provincia, esta vez lo hará en su rol de ministra del gobierno de Javier Milei. Tiene previsto recorrer instalaciones de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal, además de reunirse con autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se adelantó.

Una semana atrás, la titular de Seguridad de la Nación presenció el operativo impulsado en Rosario después de una ola de crímenes que tuvo como víctimas a personas sin ningún tipo de vínculos con el narcotráfico. Allí, en diálogo con El Doce.tv, defendió la posibilidad de impulsar la ley antiterrorista para bandas narcos.

“Estas leyes lo que permiten es que uno tome a toda la banda y no solamente a uno, sabiendo que el otro queda afuera, cuando desde la cárcel le dan una instrucción. Así es la de nunca acabar”, declaró en medio de la conmoción por los asesinatos de inocentes.

En cuanto a la relación con Córdoba, Bullrich se mostró junto a las autoridades provinciales el 19 de enero cuando se expulsó del país a la familia de Adolfo “Fito” Macías, el peligroso capo narco ecuatoriano.

La ministra había brindado detalles del operativo junto con el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, luego de descubrir a los familiares de Macías en un country próximo a la capital.

El sábado, el Escuadrón Seguridad Vial Villa María, alrededor de las 19.30 en un control de Gendarmería sobre la ruta provincial 1, en jurisdicción de Morteros, detuvo la marcha de un camión que transportaba maderas.

Al consultar al chofer de 50 años, que era acompañado por otro hombre, manifestó que viajaba de Salta a Buenos Aires, lo que provocó sospechas, por lo que revisaron la carga encontrando un total de 156 kilogramos de cocaína y un millón de pesos en efectivo.

La fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, ordenó la detención de los dos hombres, además del secuestro del camión con la carga. La investigación continuará para determinar el destino de la droga.

La Gendarmería Nacional y los manifestantes que se reunieron frente al Congreso de la Nación para protestar contra la Ley Ómnibus vivieron momentos de tensión cuando las fuerzas de seguridad intentaron hacer cumplir el protocolo antipiquetes. 

En medio de una jornada de tensión frente al parlamento, donde la Cámara de Diputados se encuentra debatiendo el proyecto que impulsa el oficialismo, pasadas las 17, manifestantes del Partido Obrero, el PTS, el MST y el Frente de Izquierda bajaron de la plaza y ocuparon algunos carriles de la Av. Entre Ríos y de Av. Rivadavia.

En respuesta, sectores de infantería de la Policía Federal y Gendarmería formaron una fila para impedir que se cortara el tránsito, que estuvo detenido unos minutos mientras las fuerzas de seguridad avanzaban sobre las agrupaciones sociales que protestaban.

Cerca de las 18 se logró liberar un carril de la Av. Rivadavia, pero luego el transito volvió a interrumpirse.

Luego, la policía arrojó gas pimienta sobre los manifestantes, lo que incrementó la tensión en el lugar. Dentro del grupo de personas que protestaban se encontraba la legisladora del Frente de Izquierda, Celeste Fierro.

Más tarde, arribó al lugar una columna de Prefectura Naval Argentina equipados con escudos y cascos, lo que aumentó el nerviosismo entre las fuerzas del orden y los manifestantes. 

La concentración en el Congreso comenzó en horas del medio día y está anunciada una posterior "vigilia de necesidad y urgencia" en rechazo a la Ley Ómnibus.

El Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich había ultimado detalles para la activación del protocolo antipiquetes y el despliegue de un megaoperativo de seguridad para intentar mantener el control de la movilización convocada por la izquierda.

Decenas de efectivos de las distintas fuerzas de seguridad permanecen apostados en las inmediaciones del Congreso para evitar desmadres en la protesta.

Carros hidrantes, numerosos agentes de la Gendarmería y la Policía Federal rodean el perímetro que contempla los accesos al Parlamento en lo que configura un megaoperativo, delimitado por vallas que separan a los manifestantes del Parlamento.

Con la colaboración de Gendarmería,la ciudad de Río Cuarto lanzó este fin de semana un fuerte operativo antisaqueos, para prevenir eventuales robos en masa y también las hordas de motos.

Del mismo participan efectivos de la Policía de la Provincia y agentes del EPU y se hará foco, sobre todo, en el domingo, por los delincuentes que salen en banda en motocicletas, informó el diario local Puntal.

Según el video que se viralizó el domingo pasado, en la noche de los ataques a comercios, las hordas estuvieron conformadas por alrededor de 250 motos.

Los gendarmes fueron enviados a la ciudad por directas instrucciones del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo del ministro Aníbal Fernández. En la noche el viernes, Gendarmería ya estaba patrullando las calles de la ciudad con infantes y motocicletas.

El objetivo es prevenir eventuales nuevos hechos de vandalismo contra comercios, como ocurrió el fin de semana pasado.

“Gendarmería se sumó a los operativos con recursos propios en lo atinente al patrullaje y otras tareas de colaboración”, dijo ayer al diario Puntal el subdirector de Departamentales Sur, Gustavo Della Mea.

En tanto, la Municipalidad informó a los comerciantes sobre el refuerzo de los controles para el fin de semana.

Por su parte, el intendente Juan Manuel Llamosas aseguró que se reforzará la vigilancia en las calles de la ciudad, con la participación de Gendarmería, y pidió responsabilidad a la dirigencia política en estos momentos de zozobra.

El mensaje estuvo dirigido a los libertarios que este sábado se concentraban en la Plaza Roca.

El juez federal Gustavo Lleral sobreseyó a cuatro gendarmes acusados por la desaparición y posterior muerte del joven Santiago Maldonado ocurrida en agosto de 2017 en el sur de nuestro país. 

Maldonado murió luego de una protesta en la provincia de Chubut, en el paraje Pu Los de Cushamen y se investiga si la misma fue motivada por la participación de la Gendarmería Nacional. 

Los sobreseimientos recayeron sobre el gendarme Emmanuel Echazu, investigado por desaparición forzada de persona; y también sobre Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra, estos tres últimos acusados por los delitos de daño, abuso de autoridad y omisión de deberes de funcionario público.

A Maldonado se lo vio por última vez el 1 de agosto de 2017 y su cuerpo apareció recién el 17 de octubre de ese año. La sospecha siempre estuvo sobre el accionar de la Gendarmería Nacional ya que ese 1 de agosto se llevó a cabo un operativo en la comunidad Pu Los en Resistencia Cushamen, en inmediaciones de la Ruta 40, la cual era ocupada por la comunidad mapuche.

Los gendarmes ya habían sido sobreseídos pero años atrás la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó esa medida y ordenó seguir investigando ante la sospecha que Maldonado pudiese haber sido abandonado por los efectivos en el Río Chubut donde su cuerpo fue encontrado.

"Que la copiosa y vehemente prueba analizada en los pasajes precedentes, descartan de plano cualquier especulación o conjetura tendientes a sostener que el cuerpo de la víctima fue artificialmente colocado en donde fue hallado, para así ocultar algún escenario secundario”, sostuvo el juez.

El magistrado evaluó que la Gendarmería no detuvo en ese operativo ni a Maldonado ni a ninguna otra persona, y también que haya sido llevado a algún lugar por la fuerza de seguridad.

Además, de la autopsia realizada el 20 de octubre de 2017 se constató que el joven murió por asfixia por sumersión y que su ingreso a las frías aguas del Río Chubut fue cuando estaba con vida. Maldonado no sabía nadar y las bajas temperaturas de las aguas atrofiaron su cuerpo y hasta se especula con la supuesta pérdida de consciencia.

“Debo tener por probado que Santiago Andrés Maldonado falleció en el Río Chubut, a la altura del predio ocupado por la comunidad denominada Pu Lof en Resistencia Cushamen, en la hondonada de aproximadamente más de 2 (dos) metros de profundidad en la que se sumergió el 1 de agosto de 2017; y que su cuerpo sin vida permaneció ininterrumpidamente allí hasta que fue hallado el 17 de octubre de 2017, primero sumergido en el fondo del lecho y, pocos días antes de su rescate, flotando en la superficie de ese curso de agua”, concluyó el juez en su extenso fallo.

“Teniendo siempre en cuenta la totalidad de los hechos que componen el objeto de esta causa y de sus acumuladas, puedo afirmar con absoluta certeza que ninguno de los sucesos y ninguna de las acciones humanas analizados son susceptibles de ser considerados delitos, de los tipificados por nuestra ley penal”, agregó en su extenso fallo.

En ese sentido, afirmó que “ninguna de las conductas desplegadas por los integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina, que actuaron en el procedimiento, como ha quedado establecido a lo largo de este decisorio, puede ser considerada delito pues, como ya se vio, la actuación funcional de los uniformados fue ordenada judicialmente y siempre ajustada a la ley. Y ninguno de los funcionarios ejecutores de tales actos, incumplió, inobservó ni abusó de los deberes que tenían a su cargo en razón de su calidad funcional”

“Negarse a ver la realidad es materializar lo absurdo y vivir en la mentira. En el mejor de los casos, es abrazar una quimera”, concluyó el juzgado .

Ayer por la tarde, aproximadamente a las 21.20, personal de Gendarmería se encontraba realizando controles vehiculares en la ruta nacional 19, en el kilómetro 224, en cercanías a Arroyito, cuando detuvo a un automóvil conducido por un joven de 23 años.

El mismo tenía en su poder una escopeta sin la documentación correspondiente para su tenencia. Inmediatamente, el joven fue aprehendido y puesto a disposición de la unidad judicial de Arroyito. 

La Justicia ya inició las actuaciones sumariales correspondientes, con intervención de la Fiscalía de la ciudad de San Francisco.