El Gobierno nacional apeló el fallo de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario y lo obligaba a cumplir con la normativa.

El recurso presentado por el Ministerio de Capital Humano, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, rechaza la decisión del juez Martín Cormick que dejó sin efecto el Decreto 759/2025 por considerar que causa un “gravamen irreparable”.

Para el Gobierno, la sentencia causa “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” ya que ordena la ejecución de la ley “sobre la base de una interpretación arbitraria y fragmentaria del régimen presupuestario aplicable y sin dar adecuada respuesta a defensas centrales oportunamente introducidas por el Estado Nacional”.

En medio de la pelea universitaria, Grabois cruzó a Pettovello: “Fanática de los desacatamientos judiciales"

En ese sentido, apuntan que el cumplimiento de la normativa “proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas”, ya que acusan que no identifica una “fuente de financiamiento específica y suficiente”.

Desde la cartera comandada por Sandra Pettovello cuestionaron la improcedencia del amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dado que no es una “vía idónea para resolver en forma definitiva una controversia que requiere determinar hechos, montos, fuentes de financiamiento y alcances normativos controvertidos”.

Sobre los recursos para su cumplimiento, remarcaron que afecta al equilibrio fiscal, y que la Ley 24.629 debe ser interpretada “armónicamente” junto con las leyes 24.156 y 27.798 que establecen normas para autorizar y ejecutar el gasto público.

“Si los mayores gastos deben financiarse mediante reasignaciones, ello supone necesariamente reducir créditos destinados a otras finalidades”, enfatizaron. En esa línea, aseguraron que la Ley de Financiamiento Universitario “exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional”.

Por otro lado, manifestaron que la confirmación del fallo afectaría a la “división de poderes” al “imponer al Poder Ejecutivo la ejecución de gastos sin resolver previamente su compatibilidad con el régimen legal de administración financiera y con la Ley de Presupuesto vigente”.

De esta forma, el Gobierno busca revocar la sentencia que declaró parcialmente inconstitucional el Decreto 759/2025 y diluir los plazos para el cumplimiento de la ley, en medio de los reclamos del sector universitario para que se otorguen las partidas presupuestarias y se avance en la paritaria para docentes y no docentes.

“Si los mayores gastos deben financiarse mediante reasignaciones, ello supone necesariamente reducir créditos destinados a otras finalidades”, enfatizaron. En esa línea, aseguraron que la Ley de Financiamiento Universitario “exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional”.

Por otro lado, manifestaron que la confirmación del fallo afectaría a la “división de poderes” al “imponer al Poder Ejecutivo la ejecución de gastos sin resolver previamente su compatibilidad con el régimen legal de administración financiera y con la Ley de Presupuesto vigente”.

De esta forma, el Gobierno busca revocar la sentencia que declaró parcialmente inconstitucional el Decreto 759/2025 y diluir los plazos para el cumplimiento de la ley, en medio de los reclamos del sector universitario para que se otorguen las partidas presupuestarias y se avance en la paritaria para docentes y no docentes.

El Ministerio de Salud de la Nación invitó a representes de la Conferencia Episcopal Argentina a una reunión para abordar la problemática en discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan por su cuidado, acompañamiento e inclusión. antes de la visita del papa León XIV, en noviembre venidero.

El encuentro está previsto para las 11 de hoy en la sede de la cartera sanitaria y fue convocado a partir de una invitación del Gobierno nacional, según informó el Episcopado mediante un comunicado. La delegación será recibida por el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y funcionarios del área.

En representación de la CEA participarán su secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad.

Ese espacio fue constituido recientemente por el Episcopado con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten.

La Conferencia Episcopal agradeció la invitación y valoró la

oportunidad de diálogo para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector.

El Gobierno nacional oficializó los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país. Además, el martes 10 también será feriado exclusivamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esta manera, los cordobeses tendrán dos días consecutivos de descanso por la visita del pontífice, que tendrá actividades en la provincia durante su paso por Argentina.

El decreto fundamentó la decisión en las necesidades de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación que generarán las actividades y los desplazamientos previstos.

Antes de la llegada del Papa habrá otro fin de semana largo. El lunes 12 de octubre será feriado nacional y permitirá un descanso de tres días, desde el sábado 10.

Luego llegará noviembre, con las dos jornadas vinculadas a la visita de León XIV:

Diciembre tendrá así uno de los descansos más extensos del tramo final del año: del sábado 5 al martes 8, combinando el fin de semana, el día no laborable turístico y el feriado por la Inmaculada Concepción.

Navidad también permitirá un fin de semana largo, ya que el 25 de diciembre caerá viernes, seguido por el sábado 26 y el domingo 27.

Además, el decreto creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, que funcionará dentro de la Jefatura de Gabinete para coordinar las acciones vinculadas con la visita y tendrá una vigencia máxima de 12 meses.

El Gobierno nacional evalúa decretar un feriado o asueto durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. La medida continúa bajo análisis y todavía no hay una definición oficial.

El pontífice llegará desde Montevideo, Uruguay, y desarrollará actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Durante su estadía, mantendrá encuentros con el presidente Javier Milei, empresarios y sindicalistas.

Los detalles de la visita fueron presentados en una conferencia de prensa en Casa Rosada por el vocero presidencial, Adrián Ravier; el canciller Pablo Quirno; y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. También participaron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, y el nuncio apostólico en el país, monseñor Michael Wallace Banach.

La recorrida incluye actividades en la Universidad Católica Argentina (UCA), la cárcel de Devoto y el Cottolengo Don Orione, entre otros lugares.

Quirno destacó la relación "histórica y profunda" entre la Argentina y la Santa Sede y expresó el deseo del Ejecutivo de que la gira represente "una oportunidad de encuentro" para los ciudadanos.

Banach remarcó que León XIV llegará "como jefe de Estado, pero principalmente como pastor, para fortalecer la fe", y definió la visita como de "carácter eminentemente pastoral". En nombre de la Santa Sede, agradeció la invitación y extendió ese reconocimiento a las autoridades locales que participan de la organización.

Por su parte, Colombo expresó la "alegría" de la Iglesia argentina por la confirmación del viaje. "Es un punto de llegada y de partida. El Papa viene a animar a una renovada misión para evangelizar, animar la comunión y la unidad nacional", manifestó.

"Queremos ser artífices de un tiempo nuevo, de diálogo. Que sea un encuentro de hermanos, que sea una fiesta", agregó el presidente del Episcopado.

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que establece nuevas sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados y contempla un régimen que alcanza actividades relacionadas con recursos renovables y no renovables en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo.Uno de los principales cambios consiste en reemplazar el esquema vigente desde 2011, concentrado en las actividades hidrocarburíferas, por un régimen con alcance sobre distintas formas de aprovechamiento de recursos naturales.

Las personas o compañías que realicen actividades prohibidas podrían recibir multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de afrontar la suspensión o cancelación de permisos.

El texto también establece inhabilitaciones de entre cinco y 20 años y prevé un endurecimiento de las penas cuando las actividades involucren la exploración o explotación de recursos naturales no renovables.

En esos casos, las condenas previstas van de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización argentina, las penas serían de entre 15 y 20 años.

Además, las multas podrían alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo y las sanciones también podrían involucrar a proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales con conocimiento de su destino.

Para los proveedores que participen de esas actividades, la iniciativa establece penas de entre cinco y siete años de prisión. Las sociedades involucradas también podrían afrontar restricciones para operar o contratar con el Estado.

Entre las medidas contempladas aparecen la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años y, en determinados casos, la disolución o liquidación de las compañías responsables.

Una empresa inhabilitada tampoco podría desarrollar actividades económicas en el país durante el período de la sanción y perdería permisos y determinados beneficios impositivos o previsionales.

El proyecto incorpora además un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes abandonen las actividades cuestionadas y cumplan determinadas condiciones económicas o de inversión dentro de la Argentina.

Otro de los capítulos crea un Sistema de Seguridad Nacional que articulará áreas diplomáticas, económicas, jurídicas, cibernéticas, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras consideradas críticas.

El órgano rector será el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado, entre otros funcionarios, por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía.

La iniciativa también establece procedimientos para responder ante aeronaves consideradas hostiles y contempla distintas medidas de intervención en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre.

En el caso de los buques, el texto contempla desde advertencias y maniobras de interposición hasta disparos de advertencia e inutilización, una vez agotadas alternativas menos lesivas.

El hundimiento quedaría reservado como una medida militar excepcional frente a un buque hostil y requeriría autorización presidencial, mientras que el proyecto prohíbe utilizar esa acción contra embarcaciones civiles como sanción o mecanismo policial.

Con el texto ya enviado a Diputados, comenzará ahora la etapa de negociación parlamentaria para avanzar con su tratamiento y definir el cronograma de las comisiones que intervendrán en el debate.

El Gobierno destacó las declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre las Islas Malvinas en medio de la tensión con Gran Bretaña: "Son a favor de una solución pacífica". El ministro de Defensa, Carlos Presti, dijo que las afirmaciones del republicano no fueron "en contra de nadie". El republicano advirtió recientemente sobre "un desastre potencial" en caso de un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas.

Presti dijo en declaraciones a Aire de Noticias, por Radio Mitre: "Lo veo como una declaración del presidente de Estados Unidos referente a esta situación que para mí, para mi punto de vista, no es en contra de nadie, sino a favor de buscar una solución pacífica a este tema, que en el Gobierno se lo trabaja de manera muy integrada y muy articulada. Seguramente el presidente Javier Milei o el canciller Pablo Quirno, que son los responsables de la política exterior, estarán pensando y analizando las declaraciones de Trump".

El ministro de Defensa dijo que Malvinas es "una causa nacional" y que "la única manera de recuperar la soberanía plena sobre las Islas es la diplomática, pacífica": "Nuestro reclamo de soberanía es inclaudicable, las relaciones internacionales se manejan por otros andariveles". Además destacó la relación con Estados Unidos: "Desde el punto de vista de defensa tenemos esta alianza estratégica con los Estados Unidos en materia de defensa que nos permite, obviamente, equiparnos y posicionarnos a nivel hemisférico".

Trump dijo el sábado que la Argentina y el Reino Unido son dos países que actualmente están "enfadados" entre sí: "Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo".

El presidente de EE.UU. mencionó que, cuando era chico, los británicos "entraron y se apoderaron de ellas", en referencia a las Islas, aunque puso en duda que Londres estuviera dispuesto a repetir una operación de ese tipo en la actualidad.

El republicano dijo: "(Los británicos) Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos, hablamos de semanas en barcos".

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, afirmó este miércoles que su gobierno será "implacable" a la hora de defender la soberanía sobre las Islas Malvinas.

El político compareció ante la Cámara de los Comunes -según informaron medios internacionales consultados por la Agencia Noticias Argentinas-, en su primera alusión a la cuestión luego de que Donald Trump lo amenazara con quitarle apoyo en el tema y de que el presidente argentino Javier Milei anunciara sanciones a empresas que operan en las Islas.

En una sesión de preguntas parlamentarias y en respuesta a la líder conservadora Kemi Badenoch, Burnham repitió la postura que todos los gobiernos británicos, laboristas o conservadores, vienen pronunciando sobre la cuestión desde la gestión de Margaret Thatcher (1982) a la fecha.

“Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos”, apuntó Burnham, en alusión al último referéndum en las islas.

En tanto, comentó que “esto nunca cambiará con este Gobierno” y lanzó la frase: “Vamos a ser implacables a la hora de defenderlo”.

La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) puso en marcha este lunes la primera licitación de fondos destinada a fortalecer el financiamiento de créditos hipotecarios y el monto de ofertas recibidas fue por $258.640.000.000, aunque el adjudicado fue de $200.000.000.000.

La cantidad de posturas presentadas fue de 42, los bancos participantes fueron 18 y los bancos adjudicatarios terminaron siendo 13, detalló el Banco Central (BCRA) en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La convocatoria forma parte de un programa que busca ampliar el acceso a préstamos para la primera vivienda.

Se trata de la primera etapa del esquema anunciado a fines de agosto por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Este primer tramo tiene un plazo de un año con un monto de $35.570.677.389 con una tasa de UVA más un spread promedio ponderado de 2,67%, se detalló.

El segundo tramo tendrá un plazo de cinco años con un monto de $164.429.322.611 con una tasa de UVA más un spread promedio ponderado de 4,94%.

La iniciativa contempla movilizar hasta $2 billones del FGS mediante las sucesivas licitaciones y que los bancos adjudicatarios luego ofrezcan créditos hipotecarios bajo las condiciones establecidas por la cartera nacional.

Cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20% del monto total de cada subasta. El objetivo oficial es que los bancos tengan acceso a fondeo de mayor plazo y puedan ampliar la oferta de préstamos destinados a las familias que buscan acceder a una vivienda.

El ministro Caputo había aclarado que el FGS no asumirá el riesgo de los préstamos otorgados por los bancos.

"No es correr ningún riesgo crediticio de personas humanas, ese es el trabajo de los bancos", había señalado al presentar el programa. Y agregó: "El FGS simplemente provee de liquidez a los bancos y son los bancos encargados de dar el crédito, evaluar ese crédito y correr las consecuencias naturales de ese negocio".

Los gremios de docentes y no docentes universitarios rechazaron este martes la propuesta salarial presentada por el Gobierno en la reunión paritaria y convocaron a un paro nacional para este miércoles 2 de septiembre.

La medida se resolvió luego de que las representaciones sindicales consideraran insuficiente la oferta oficial y cuestionaran que no contempla la pérdida del poder adquisitivo acumulada ni cumple con lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario y una medida cautelar vigente.

Desde la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) señalaron que la propuesta fue rechazada de manera conjunta por las organizaciones gremiales que participan de la negociación.

Según los sindicatos, para cumplir con la normativa vigente la recomposición salarial debería alcanzar el 32%, a lo que debería sumarse la inflación correspondiente a junio, julio y agosto.

Sin embargo, la propuesta presentada por el Gobierno contempla aumentos equivalentes a la inflación de esos tres meses, además de un 3% para septiembre y otro 3% para octubre.

Los gremios remarcaron que el incremento de octubre ya había sido acordado en la paritaria anterior, por lo que consideran que la única mejora nueva de la oferta oficial es el 3% previsto para septiembre.

Las organizaciones docentes sostienen que la propuesta no permite recuperar la pérdida salarial acumulada y que tampoco alcanza para cumplir con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario.

Ante la falta de acuerdo en la negociación, los gremios resolvieron avanzar con un paro nacional universitario durante este miércoles, en el marco del conflicto que mantienen con el Gobierno por los salarios y el financiamiento del sistema universitario.

El Gobierno publicó este lunes en Boletín Oficial las modificaciones salariales que se venían gestionando en las últimas semanas, incluso algunos ya confirmados. Se trata de incrementos escalonados para el personal de la Administración Pública Nacional y las fuerzas de seguridad federales, con vigencia a partir de septiembre y hasta el 31 de diciembre. Las subas quedaron instrumentadas mediante los decretos 832/2026 y 834/2026 y la resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional.

La iniciativa será un incremento acumulado del 12,22% sobre el haber entre septiembre y diciembre de 2026. El primer aumento será del 6,9% desde el 1° de septiembre y alcanzará a todo el personal de las Fuerzas Armadas sin distinción de grado ni jerarquía, así como a los suplementos calculados sobre esa base.

Los incrementos se aplican en cuatro tramos mensuales consecutivos y alcanzan a los trabajadores permanentes y no permanentes del Estado comprendidos en el convenio colectivo homologado por el decreto 214/06.

En lo que refiere a las fuerzas de seguridad, la actualización para el personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) comprende el haber mensual, el suplemento por Funciones de Prevención Barrial y la compensación por Recargo de Servicio para el personal con estado militar de gendarme. Además, se amplía el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) a los efectivos desplegados en los Planes Operativos del Ministerio. La medida alcanza a 3.510 efectivos, con una mejora de entre 20% y 30% del haber neto, y hasta 35% en las jerarquías más bajas.

Por su parte, Prefectura Naval Argentina (PNA), tendrá una suba que abarca el haber mensual y la compensación por Recargo de Servicio para el personal con estado policial en actividad. También se crea el mismo suplemento para el personal desplegado en esos planes y un suplemento de Alto Riesgo para la Agrupación Albatros. Tanto Gendarmería como Prefectura actualizan el Suplemento Zona, con nuevos destinos y coeficientes, alcanzando aproximadamente a 16.500 efectivos, con incrementos de entre 10% y 30%.

Mientras, la Policía Federal Argentina (PFA) recibió una actualización del haber mensual del 30%, el suplemento por Zona, el valor del Servicio de Policía Adicional y las compensaciones de Custodia y Custodia Ferroviaria.

En lo que respecta a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se actualizaron algunos ítems del decreto 836/08 y la compensación por Recargo de Servicio, como también se crea una bonificación por Destino de Alta Complejidad para Aeroparque y Ezeiza, que alcanza a 2.100 efectivos y representa hasta un 15% de incremento del haber neto para las categorías más bajas.

En el caso del Servicio Penitenciario Federal (SPF), vio modificados el haber mensual, las compensaciones por Fijación de Domicilio y Variabilidad de Vivienda, el complemento por Función Ejecutiva, los suplementos por Zona Sur y Título Académico, el Régimen de Viáticos, el Resarcimiento de Gastos y el Reintegro de Gastos de Sepelio. También se crean los Servicios Adicionales y los Recargos de Servicios y se regulariza la situación de los Cadetes de Primer Año y los Aspirantes.

Esta medida había sido anticipado por Infobae a partir de la información de una fuente relacionada con el tema sobre los valores que constan en los anexos que integran la medida. En los últimos meses, hubo diferentes incrementos salariales y bonos extraordinarios destinados a este sector, y todos estos beneficios fueron oficializados por resoluciones del Poder Ejecutivo.

De hecho hace algunos meses se estableció un suplemento salarial específico dirigido a todo el personal de las Fuerzas Armadas que acredite la obtención de títulos superiores. Esta disposición comenzó a regir desde el 1° de julio y está destinada tanto al personal en actividad como a los retirados y pensionados. Dicho reconocimiento económico por la formación académica y la profesionalización del capital humano militar, forma parte de los valores actualizados.

En paralelo se conocieron también los ajustes para los empleados de la Administración Pública. El acuerdo paritario, homologado por el decreto 832/2026, fijó subas del 1,90% a partir del 1° de septiembre de 2026, del 1,80% desde el 1° de octubre, del 1,60% desde el 1° de noviembre y del 1,50% desde el 1° de diciembre, siempre sobre las retribuciones vigentes al último día del mes anterior. Cada porcentaje se aplica de forma acumulativa sobre la base actualizada del mes previo.

El mismo decreto estableció la prórroga del Premio Estímulo a la Asistencia hasta fin de año —con actualización de sus montos— y mantuvo las sumas fijas remunerativas y no bonificables previstas por el decreto 56/20 en idénticos valores hasta fin de año.

El Gobierno nacional presentó un programa de $2 billones destinado a impulsar los créditos hipotecarios para la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

La iniciativa no implica que la Anses otorgará directamente los préstamos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) colocará depósitos a plazo fijo en los bancos, que luego deberán utilizar esos recursos para ofrecer créditos hipotecarios a personas humanas.

El mecanismo fue presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el director general de Inversiones del FGS, Juan Cruz Micele. Según informaron, los fondos se distribuirán mediante licitaciones de $200.000 millones cada una y la primera se realizará la próxima semana.

El FGS licitará depósitos a plazo fijo en pesos, ajustados por UVA más una tasa adicional.

Los bancos competirán para acceder a ese financiamiento y deberán ofrecer un rendimiento igual o superior al mínimo establecido para cada tramo.

El programa contempla dos modalidades:

-Depósitos a un año, con una tasa mínima de UVA más 2,5%.

-Depósitos a cinco años, con una tasa mínima de UVA más 4,5%.

Cada entidad financiera podrá ofertar por un máximo equivalente al 20% de los fondos disponibles en cada licitación. El límite busca evitar que los recursos queden concentrados en pocos bancos.

Caputo explicó que el programa intenta resolver uno de los principales problemas del mercado hipotecario argentino: la diferencia entre los plazos de los depósitos que reciben los bancos y la duración de los préstamos para vivienda.

Mientras gran parte del fondeo bancario proviene de cuentas a la vista o plazos fijos de alrededor de 30 días, los créditos hipotecarios suelen extenderse durante 15, 20, 25 o 30 años. Los depósitos del FGS permitirán que las entidades cuenten con recursos por períodos más largos.

Los fondos adjudicados no podrán utilizarse para cualquier actividad. Las entidades tendrán un plazo de 90 días corridos, desde la constitución del depósito, para destinarlos a créditos hipotecarios para la primera vivienda.

Los préstamos surgidos del programa deberán respetar las siguientes condiciones:

-Una tasa máxima para el cliente de UVA más 7,5%.

-Un plazo mínimo de 15 años.

-Un monto máximo de 150.000 UVA por crédito.

Según se explicó durante la conferencia, el tope de 150.000 UVA representa aproximadamente 200.000 dólares. Caputo señaló que el monto promedio de los créditos hipotecarios otorgados hasta ahora se encuentra por debajo de ese límite.

El programa estará destinado a personas que busquen adquirir, construir, ampliar o refaccionar su primera vivienda. Sin embargo, cada banco conservará la facultad de evaluar la capacidad de pago y los antecedentes crediticios de los solicitantes.

El Gobierno no anunció un ingreso mínimo general para acceder. Ese requisito dependerá de las condiciones que establezca cada entidad, como la relación entre la cuota y los ingresos familiares.

Durante la presentación, Caputo utilizó como ejemplo una vivienda valuada en 106.000 dólares. Si el banco financiara el 75% del precio, el préstamo sería de aproximadamente 80.000 dólares, equivalentes a unos $114 millones.

En una operación a 25 años y con una tasa de UVA más 7%, la cuota inicial sería cercana a los $865.000. Si ese pago representara como máximo el 25% de los ingresos, el grupo familiar debería acreditar aproximadamente $3.460.000 netos mensuales.

El ministro indicó que, bajo esos parámetros, una pareja con dos ingresos de alrededor de $1.800.000 cada uno podría acceder al financiamiento. Se trata, no obstante, de un caso ilustrativo y no de un requisito uniforme para todos los créditos.

Además, las cuotas y el capital estarán expresados en UVA, por lo que se actualizarán de acuerdo con la evolución de la inflación.

El Ministerio de Economía dio a conocer el menú con el que enfrentará la segunda y última licitación de agosto, en la que buscará lograr un rollover de vencimientos por $14 billones y sin ir tras la suma de más dólares, dado que no consignó la posibilidad de licitar por el AO29.

La Secretaría de Finanzas presentó el menú compuesto por la oferta de una serie de bonos en pesos y dólar linked con vencimiento de corto plazo dentro del actual mandato de Javier Milei, abandonando la política de estirar la duración.

A su vez, será la primera licitación en la que no consignará bonos en dólares. La secretaría que conduce Federico Furiase no publicó los parámetros para licitar por el Bonar 2029 (AO29).

"Esperamos que esta vez la oferta se incline hacia alternativas de corta duración. La lógica detrás de esta expectativa también pasa por el equilibrio entre tasas y dólar. En su intento por ponerle un techo a las tasas, el Gobierno permitió que el tipo de cambio superara la barrera virtual de los $1.500, mientras los rendimientos en pesos comenzaron a comprimirse", precisó el informe matutino de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Previo a la licitación, las secretarías de Finanzas y Hacienda dispusieron un canje para descomprimir el vencimiento que afrontará. "El monto de la operación todavía no fue informado, por lo que aún no sabemos cuánto se redujeron efectivamente los vencimientos del jueves", sostuvo PPI.

Mediante esta medida, el Tesoro le canjeó al Banco Central (BCRA) tenencias de una Letra Capitalizable en pesos con vencimiento en agosto de este año (LECAP S31G6) por un Bono Capitalizable con vencimiento en junio de 2027 (BONCAP T30J7).

Para instrumentar el canje, la resolución amplió la emisión de este último título en hasta $1,5 billones de valor nominal original.

Según la norma, publicada este martes en el Boletín Oficial, la operación se realizó el 21 de agosto pasado y se liquidó el 24 de agosto, con precios en pesos determinados según las cotizaciones registradas antes de las 13.30 horas en las pantallas de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) con liquidación en 24 horas.

"Un dato a tener en cuenta: según nuestras estimaciones, la tenencia de la LECAP a agosto estaba enteramente en manos privadas, por lo que la posición del BCRA podría provenir de compras realizadas en el mercado secundario", concluyó el reporte.

Entre los instrumentos ofrecidos se encuentra uno atado a la evolución del dólar mayorista, el cual superó -por primera vez- la barrera de los $1.500 y se posicionó sobre los $1.511,5 (+0,1%). El D30O6 es un instrumento denominado "dólar linked" dada su correlación directa con el tipo de cambio mayorista. Es decir, la suba impacta de lleno en esta letra, por lo que el Gobierno verá cuál es el apetito que predomina en los inversores al momento de licitar por la misma.

El Ministerio de Salud dispuso a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad una actualización del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente a agosto de 2026, según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 2775/2026 firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas y la actualización se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, mientras que la misma alcanza a todas las prestaciones sin distinción de tipo.

“Establécese una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de agosto del año en curso, consistente en un incremento del 2,10 %, sin diferencia por tipo de prestación”, indicó el escrito.

En el mismo se señaló además que el porcentaje es “calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de julio de 2026” y además añadió: “Reconócese un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica”.

El Gobierno formalizó la adjudicación de la concesión de ocho tramos de rutas nacionales, en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales, mediante la Resolución 1379/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, aprueba lo actuado en la segunda etapa de la licitación pública comunicando las empresas que pasarán a administrar ocho tramos estratégicos de la “Red Federal de Concesiones - Etapa III”.

El proceso licitatorio determinó a los ganadores para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional bajo el régimen de concesión por peaje por un plazo de 20 años.

Los corredores concesionados en esta ocasión suman más de 3.900 kilómetros, atravesando distintas regiones del país, y completan un total superior a los 9.000 kilómetros adjudicados entre los distintos tramos licitados.

En esta última etapa, las rutas concesionadas atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.

La Comisión Evaluadora declaró inadmisible la propuesta presentada por el consorcio Lemiro Pablo Pietroboni S.A. - Merco Vial S.A. - Frontera S.A. para los tramos Centro Norte y Noroeste. Además, se desestimaron ofertas de peso, entre las que se destaca la de la firma CPC S.A., que había pujado por la totalidad de los ocho tramos de la licitación.

Asimismo, se aplicó el régimen de incompatibilidades previsto en los pliegos generales, los cuales limitan la cantidad de tramos que un mismo oferente puede adjudicarse individualmente para fomentar la competencia.

Esta adjudicación se enmarca en la Ley Bases, que declaró a la empresa Corredores Viales como “sujeta a privatización”. Posteriormente, el Decreto 97/2025 autorizó el procedimiento para su privatización total bajo la modalidad de concesión de obra pública.

El objetivo de estas concesiones no solo abarca el mantenimiento y reparación de las calzadas, sino también la ampliación de la infraestructura y la posibilidad de realizar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.

Con esta modalidad, el Ejecutivo busca delegar en el sector privado la gestión de importantes nodos viales en busca de aplacar las crecientes quejas por el estado de las rutas que presentan falta de mantenimiento y se vuelven inseguras para transitar.

En el marco de un proceso de auditoría y depuración del sistema de salud privado, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) excluyó a 18 entidades de medicina prepaga y mutuales del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). Esta decisión se tomó como parte de la política de control y reordenamiento impulsada por el Gobierno nacional desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El objetivo es garantizar que el registro incluya sólo a aquellas organizaciones que realmente cumplen con la normativa y ofrecen prestaciones efectivas a sus afiliados. Ya son más de 180 las que fueron dadas de baja.

La SSS fundamentó estas medidas en la necesidad de asegurar transparencia y confiabilidad en el padrón de agentes del seguro de salud. Las auditorías detectaron que varias entidades no desarrollaban actividades comprendidas por la Ley N° 26.682, no contaban con afiliados activos o no presentaban la documentación respaldatoria exigida por la reglamentación vigente. Ante la falta de cumplimiento, el organismo notificó e intimó a las empresas a regularizar su situación y, al no obtener respuestas satisfactorias, procedió a rechazar sus solicitudes de inscripción definitiva y a dar de baja sus registros provisorios.

En cada caso, la SSS publicó edictos en el Boletín Oficial para informar a los usuarios sobre el inicio del procedimiento de baja y sobre la resolución definitiva adoptada. El organismo subrayó que estas bajas no afectan a los usuarios del sistema de salud privado, ya que las entidades excluidas carecían de beneficiarios activos al momento de la inspección y no ofrecían prestaciones ni servicios efectivos.

La última serie de exclusiones comprende a 18 entidades, entre empresas, mutuales y cooperativas, cuyas denominaciones y números de registro figuran en la lista oficial de la Superintendencia. De acuerdo con la información oficial, el procedimiento de saneamiento responde a la intención de fortalecer los mecanismos de control y promover un funcionamiento más eficiente dentro del sector. Además, la SSS enfatizó que la depuración del registro es una herramienta para “garantizar reglas claras para los agentes y mayor seguridad para los usuarios”.

Este proceso de depuración se inició en los primeros meses de la actual administración nacional, cuando los relevamientos oficiales detectaron la existencia de numerosas entidades inscriptas que no contaban con estructura operativa, afiliados, ni la documentación básica que exige la legislación. En muchos casos, se trataba de agentes “fantasmas”, habilitados formalmente pero sin actividad real ni capacidad prestacional.

Las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial alcanzaron a firmas y organizaciones de distintos perfiles, distribuidas en diferentes jurisdicciones del país. Las compañías afectadas no cumplieron con la documentación ni las condiciones indispensables para mantenerse en el registro. La SSS especificó que la exclusión del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga implica la imposibilidad de operar y ofrecer servicios en el territorio nacional bajo ninguna modalidad.

Algunas de las entidades dadas de baja se encontraban bajo registro provisorio. El proceso de revisión incluyó notificaciones formales y plazos para regularizar la situación, pero la ausencia de respuesta o la falta de cumplimiento motivó la exclusión definitiva. El organismo de control sostiene que “el objetivo es contar con un registro transparente, integrado únicamente por agentes que compitan libremente y brinden prestaciones de calidad a sus afiliados”.

En paralelo, la Superintendencia declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos (R.N.A.S. Nº 1-0460-3) debido a incumplimientos que superaron los parámetros de criticidad establecidos por el Decreto N° 1400/2001. El organismo detectó irregularidades en aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario, además de indicadores económico-financieros y de capacidad de repago. La entidad debe presentar un plan de contingencia con acciones concretas para regularizar su situación.

La SSS dispuso que las áreas técnicas del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis monitoreen el avance de ese plan y verifiquen el cumplimiento de las medidas comprometidas. La declaración de situación de crisis constituye una herramienta para intensificar la fiscalización sobre los agentes que presentan indicadores críticos y exigir acciones orientadas a la regularización.

Desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, el reordenamiento del sistema de salud privado se convirtió en uno de los ejes de la agenda oficial en materia de control y fiscalización. El organismo regulador continúa publicando resoluciones y comunicados oficiales en los que detalla los avances de este proceso, que busca limitar la presencia de entidades sin actividad real y fortalecer la competencia entre prestadores activos.

El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y determinar los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo en un encuentro que se llevará a cabo el próximo viernes 28 de agosto de manera virtual.

Así se informó a través de la Resolución 1/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas donde se indicó que de la reunión participarán “ad-honorem” representantes de los empleadores y de los trabajadores.

“Convócase a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, a reunirse en sesión plenaria ordinaria el día 28 de agosto de 2026, a las 12:30 horas mediante plataforma virtual. Déjase establecida la convocatoria a segunda sesión para las 14:00 horas de ese mismo día”, indicó el Artículo 1°.

En tanto, en la Resolución se señaló que “el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil estará integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores, que serán ad-honorem y designados por el Poder Ejecutivo, y por un Presidente designado por el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y durarán cuatro años en sus funciones”.

En el Artículo 2° de dicha Resolución se manifestó que se fije como Orden del Día la “designación de dos Consejeros presentes de cada sector para la suscripción del acta y la consideración de los temas elevados al plenario por la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y prestaciones por desempleo”.

“Convócase a los integrantes de la Comisión a reunirse en sesión el día 28 de agosto de 2026, a las 10:00, mediante plataforma virtual”, se informó en el escrito que especificó que en la misma se van a tratar la “determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil y sus modificatorias y la determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo”.

El Gobierno convoca a licitación pública nacional e internacional para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza.

El anuncio lo realizó el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, a través de su cuenta en la red social X y la resolución será publicada mañana en el Boletín Oficial.

“Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza: 7.594 km de vías en 16 provincias, con conexión a los principales puertos del país y a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay”, escribió Caputo.

Agregó que “la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones Obligatorias y la posibilidad de acceder a los beneficios del RIGI para quienes inviertan al menos USD 200 millones en la renovación de vías”.

Caputo puntualizó que “durante décadas el Estado sostuvo un sistema que se deterioraba año tras año pese al gasto creciente de los contribuyentes. Desde 1970 la producción agropecuaria, principal demandante del servicio, se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces”.

“Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente. Por eso, nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló”, afirmó el ministro.

Y concluye el texto señalando que “el sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener. Esta licitación busca precisamente eso: encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas. Este es un paso más en el proceso de transformación del sector ferroviario y del programa de privatizaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional”.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía, avanza con la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL) mediante el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza, según informaron esta tarde desde la Secretaría de Transporte.

Apuntaron que la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para quienes inviertan en infraestructura ferroviaria.

Remarcaron que el objetivo es incorporar capital y capacidad de gestión privada para recuperar una infraestructura que durante décadas acumuló deterioro, falta de mantenimiento e inversiones insuficientes, pese a los crecientes recursos destinados por el Estado Nacional.

Al inicio de la actual gestión, BCyL presentaba una situación operativa y financiera crítica. Los informes técnicos señalaron significativas pérdidas económicas de la empresa, sumado a un deterioro importante de la infraestructura, una elevada cantidad de descarrilamientos, falta de mantenimiento cíclico y un incumplimiento de entre el 20% y el 40% del mantenimiento programado del parque tractivo durante 2023.

Frente a esta situación, el nuevo modelo busca que sea el sector privado quien aporte el capital y la experiencia, y asuma el riesgo empresario necesario para recuperar y desarrollar el sistema, mientras el Estado Nacional mantiene sus funciones de regulación, fiscalización y control.

El esquema de acceso abierto a la infraestructura ferroviaria permitirá la participación de distintos operadores bajo condiciones objetivas y no discriminatorias. Además, contempla Obras Obligatorias que deberán ejecutarse durante los primeros cinco años de las concesiones, junto con obras optativas que podrán ser comprometidas por los oferentes y serán ponderadas durante el proceso de adjudicación.

El plazo de 50 años posibilitará generar las condiciones necesarias para realizar inversiones ferroviarias de gran escala y largo período de recuperación, otorgando previsibilidad para el desarrollo de nueva infraestructura y la incorporación de capital privado. A su vez, el horizonte de largo plazo permitirá acompañar la maduración de nuevas cargas y garantizará que el concesionario tenga incentivos para mantener y renovar la red durante toda la vigencia del contrato.

Entre las intervenciones previstas se encuentran obras para eliminar el cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe y recuperar el ramal azucarero de la Línea Belgrano; rehabilitar la capacidad, confiabilidad y regularidad del corredor principal de la Línea San Martín; y recuperar el ramal troncal de la Línea Urquiza.

La licitación también contempla la posibilidad de que los concesionarios adquieran el material rodante correspondiente a cada línea. Los recursos provenientes de la venta y remate de locomotoras y vagones serán destinados a un fideicomiso específico para financiar parcialmente las Obras Obligatorias, permitiendo que los activos existentes del sistema contribuyan a financiar su propia recuperación.

Con este llamado a licitación, el Gobierno Nacional avanza en la transformación del sistema ferroviario de cargas y en el programa de privatizaciones previsto por la Ley Bases, dejando atrás un modelo deficitario y avanzando hacia un sistema con mayor inversión privada, mayor eficiencia y mejores condiciones logísticas para la producción y las exportaciones argentinas.

El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó este mediodía que el Gobierno aplicará sanciones a los trabajadores portuarios por el paro en los servicios de practicaje que mantiene paralizadas las terminales fluviales de todo el país en rechazo a un decreto desregulador firmado por el Poder Ejecutivo.

“No tengo detalle sobre las sanciones que van a ocurrir, pero van a ocurrir”, afirmo el funcionario en su habitual conferencia de prensa de los martes en la Casa Rosada.

Agregó que el conflicto se originó porque “el Gobierno está tratando de bajar el costo argentino y eso se resuelve con competencia, se busca permitir que puedan entrar nuevos ‘jugadores’ (al sector portuario) con precios más competitivos para lograr un costo menor”.

El vocero se refirió de ese modo, ante una pregunta del periodismo, al paro en el servicio de los denominados ‘prácticos’, que asisten a los barcos de gran porte en las maniobras de ingreso y egreso de los puertos, por lo que el tráfico permanece interrumpido tras la implementación del Decreto 690/2026, que desreguló el reglamento vigente para la actividad desde 1991.

“La desregulación, que es parte de un proyecto que se debe enviar al Congreso, se aprobó con un decreto para adelantar los tiempos y que los costos logísticos bajen. Es un servicio esencial y estas personas tienen la obligación de mantenerlo. No tengo detalle sobre las sanciones, pero van a ocurrir”, subrayó.

Más adelante, y ante otro cuestionamiento, aseguró que el Gobierno no es “insensible” ante los altos niveles de endeudamiento crediticio de las familias argentinas, y dijo que el Poder Ejecutivo “está preocupado” por esa situación, pero no la resolverá con un “plan platita” como la administración anterior.

“No somos para nada insensibles, estamos preocupados por esto, pero hay una solución en marcha entre privados”, manifestó.

Ravier puntualizó que “esto es un contrato entre privados” para lo cual “hay soluciones de mercado”, y mencionó que “los bancos se está sentando con sus clientes en mora para darles refinanciación a plazos más largo y con tasas más bajas. El Estado puede ayudar con la estabilidad”.

“El presidente Milei dijo que si pretendemos ayudar a los que las están pasando mal poniendo (plata) del bolsillo de otras personas, eso viola un derecho de propiedad, no vamos a darle un plan platita a la gente que la pasa mal para dar una solución parcial, ese modelo ya lo vivimos y nos llevó a la miseria total”, enfatizó.

Describió seguidamente que “más del 50% de la gente llegó a estar por debajo de la línea de la pobreza y estuvimos más de 12 años sin crecimiento económico, con un alto nivel de inflación de más del 200%, casi hiperinflación, producto del plan platita”, añadió.

Además, el vocero rechazó que el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se encuentra en tratamiento en el Senado pueda afectar la soberanía del país, al eliminar restricciones para que extranjeros adquieran tierras.

“No afecta de ninguna manera la soberanía, cualquier extranjero que compre tierras deberá respetar nuestras leyes”, dijo y agregó que “los derechos de propiedad privada son la base del progreso y el crecimiento” de un país.

Finalmente dijo no tener información sobre la posibilidad de que el Presidente vuelva a viajar a Brasil para apoyar la campaña electoral de Flavio Bolsonaro.

“Nuestro presidente es un líder en la región para todos los candidatos que buscan ampliar la libertad de las personas. Los Bolsonaro son personas alineadas a esto. No tengo información si va a viajar a Brasil, pero sí que hay un apoyo los Bolsonaro”, subrayó.

El Gobierno nacional dispuso un incremento parcial del componente impositivo de los precios de los combustibles para agosto.

Asimismo, postergó para septiembre el remanente total de las actualizaciones de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026 que estaban pendientes.

Para las naftas sin plomo (hasta 92 RON y más de 92 RON) y la nafta virgen, el incremento del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos en agosto es de $10,572 por unidad de medida, más $0,648 del Impuesto al Dióxido de Carbono.

Para el gasoil, el incremento del componente del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos es de $9,511, más $5,150 del diferencial para el área patagónica y el departamento Malargüe (artículo 7° inciso d de la Ley 23.966), más $1,084 del Impuesto al CO₂. Estos importes son los que se suman a los montos ya vigentes en agosto.

Los aumentos se aplican a partir del Decreto 693/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial.

La medida replica el esquema de dosificación mensual del impacto en precios que el Gobierno aplica desde agosto de 2025, evitando que el traslado de la actualización acumulada genere un salto único en el precio en surtidor.

Luego resta definir si las petroleras disponen un ajuste por decisión propia comercial lo que daría el incremento final.

El Gobierno Nacional anunció este martes a través de su vocero Adrián Ravier, un acuerdo entre el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y Starlink para llevar internet satelital de alta velocidad a 6.000 escuelas rurales y establecimientos ubicados en zonas aisladas de la Argentina, con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar el acceso a herramientas tecnológicas para cientos de miles de estudiantes y docentes.

La medida fue oficializada por la Vocería Presidencial, luego de que el presidente Javier Milei la adelantara durante su discurso en la inauguración de la 138° Exposición Rural de Palermo. Damos un paso histórico para reducir la brecha digital en la Argentina, sostuvo el vocero presidencial al presentar la iniciativa.

Según informó el Gobierno, el programa beneficiará tanto a escuelas estatales como a instituciones privadas de cuota cero que actualmente cuentan con una conectividad limitada o directamente no tienen acceso a internet.

La implementación estará a cargo de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, que trabajará junto con las provincias y los municipios para identificar y georreferenciar los establecimientos que serán incorporados.

El proyecto se desarrollará mediante un esquema de cooperación entre el sector público y el privado. Starlink, la empresa de internet satelital fundada por Elon Musk, aportará 6.000 kits completos de conectividad, que incluyen antenas, equipos, accesorios, logística y dos años de servicio de internet prioritario de ultra baja latencia, con una capacidad de hasta cinco terabytes de consumo por escuela.

De acuerdo con la información oficial, esa contribución representa una inversión cercana a los 10 millones de dólares. Por su parte, el Fondo del Servicio Universal, administrado por ENACOM, destinará alrededor de 12 millones de dólares para financiar el tercer año del servicio, la instalación de los equipos, el soporte técnico y el monitoreo de toda la red, por lo que la inversión total del programa alcanzará aproximadamente los 22 millones de dólares.

Durante la presentación, el vocero presidencial destacó que el objetivo es que ningún estudiante quede aislado por falta de conectividad y remarcó que la iniciativa busca que todos los chicos tengan las mismas oportunidades para aprender, crecer y desarrollar su futuro, sin importar dónde hayan nacido.

En el anuncio, el Gobierno también volvió a destacar el vínculo del presidente Milei con Elon Musk y recordó que el mandatario suele agradecer públicamente al empresario por el desarrollo de Starlink, al considerar que su tecnología permite conectar a internet incluso a los lugares más remotos del país.