La asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete de la Nación aparece como un relanzamiento político del gobierno libertario. Luego de las denuncias judiciales por las irregularidades patrimoniales de Manuel Adorni y de tres meses de parálisis el gobierno parece buscar el camino para retomar la iniciativa y encontrar algo de normalidad política en su gestión.

Con la salida de Manuel Adorni, Milei se convirtió en el presidente con más jefes de Gabinete en un solo mandato desde 1994: cuatro en apenas dos años y medio (Posse, Francos, Adorni y ahora Santilli). La duración promedio  en el cargo es la más baja entre todos los períodos presidenciales desde 1994, por debajo incluso de la de Fernando de la Rúa.

Mientras la Justicia avanza sobre las denuncias vinculadas con el patrimonio de Manuel Adorni, las limitaciones de la figura constitucional de la Jefatura de Gabinete volvieron a quedar expuestas. En este sentido, es válido preguntarse si esas limitaciones no eran ya evidentes después de más de tres décadas de vigencia.

Fruto del Pacto de Olivos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín, la incorporación de la Jefatura de Gabinete de Ministros en la reforma constitucional de 1994 tenía como propósito declarado atenuar el presidencialismo y establecer un nexo institucional más intenso entre el Ejecutivo y el Congreso. La experiencia demuestra que aquella promesa no se materializó. Por el contrario, lejos de morigerar el poder presidencial, reforzó las prácticas conocidas hasta quedar empantanada en tareas de coordinación administrativa y sin el peso político que los constitucionalistas pretendieron otorgarle.

Un repaso cronológico permite advertir que ningún jefe de Gabinete construyó una legitimidad institucional equivalente a la de un primer ministro. Eduardo Bauzá, el primero en ocupar el cargo, era un hombre de máxima confianza de Carlos Menem. Esto señala que, desde el comienzo, la Jefatura operó como una extensión del círculo presidencial. Alberto Fernández adquirió mayor gravitación política durante los primeros años del kirchnerismo, pero su permanencia también dependió de esa confianza y concluyó tras el conflicto por las retenciones móviles de 2008. Marcos Peña concentró poder de coordinación durante el macrismo, sin que ello lo convirtiera en un funcionario responsable ante el Congreso. Juan Manzur fue designado en 2021, después de la derrota oficialista en las elecciones legislativas, como parte de una reconfiguración política del gobierno de Alberto Fernández. En la administración de Milei, finalmente, la rápida rotación de jefes de Gabinete volvió a confirmar que el nombramiento y la continuidad en el cargo dependen, ante todo, de la confianza presidencial.

Es posible que la metáfora solo sea interpretada por los mayores, pero ciertamente la Jefatura de Gabinete fue “traída con fórceps”. Su incorporación formó parte de la transacción política que hizo posible la reelección de Carlos Menem tras el Pacto de Olivos. A cambio, Raúl Alfonsín logró incluir instituciones destinadas a moderar el poder presidencial e introdujo innovaciones institucionales valiosas. Sin embargo, el texto surgido de la Convención Constituyente no consiguió, al menos hasta ahora, limitar de manera efectiva la concentración de poder en la presidencia.

La idea era incorporar elementos propios de sistemas democráticos semiparlamentarios. Los artículos 100 y 101 de la Constitución reformada en 1994 establecieron sus atribuciones y determinaron que el Legislativo puede remover de su función al jefe de Gabinete con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, lo que podría ser una válvula de escape frente a las crisis recurrentes que se producen en el país.

Sin embargo, la Jefatura nació de un canje político y encontró contrapesos que aumentan el poder del presidente en el mismo texto constitucional (decretos de necesidad y urgencia, delegaciones legislativas ante emergencias y regulaciones de veto y promulgación parcial de las leyes, entre otros). Es decir, el intento de limitar el presidencialismo fue compensado con herramientas que lo reforzaron. Además, el jefe de Gabinete tiene “responsabilidad política ante el Congreso”, pero es nombrado y removido libremente por el presidente. No requiere aprobación parlamentaria para asumir.

Un informe del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, titulado “La devaluada figura del jefe de Gabinete de Ministros”, señala que el cargo combina amplias atribuciones y responsabilidad política ante el Congreso. Sin embargo, esa responsabilidad nunca se tradujo en una autonomía efectiva. En la práctica, quedó más cerca de una delegación de tareas burocráticas del presidente que del desempeño de un “súper ministro” con capacidad de equilibrar el poder del Ejecutivo.

El mismo informe advierte que la obligación constitucional de concurrir mensualmente al Congreso para informar sobre la marcha del gobierno no se cumplió con la regularidad prevista. El caso de Juan Manzur resulta ilustrativo: durante su gestión como jefe de Gabinete del gobierno de Alberto Fernández transcurrió casi un año sin que asistiera a la Cámara de Diputados. A más de tres décadas de creada la institución, se sucedieron numerosos titulares en el cargo, pero sus exposiciones ante el Parlamento no lograron consolidar un control político efectivo. Con frecuencia, los informes quedaron reducidos a documentos extensos y burocráticos.

Al mismo tiempo, la responsabilidad ante el Congreso fue reemplazada por una dependencia exclusiva del presidente. Es verdad que, en las últimas semanas, el voto de censura pudo haberse concretado, pero a lo largo del tiempo, quienes ejercieron el cargo lo dejaron por decisión presidencial, por crisis internas o por reconfiguraciones políticas, no por pérdida de confianza parlamentaria. Ningún jefe de Gabinete fue removido por el Congreso.

El caso Adorni confirmó la subordinación política de una institución atravesada desde su origen por la ambigüedad. En la práctica, nunca logró consolidarse como una instancia responsable ante el Parlamento, sino que funcionó como un engranaje subordinado a la voluntad y a las necesidades del poder presidencial. De esta manera, la Jefatura de Gabinete es una promesa incumplida. El semiparlamentarismo quedó reducido a una ficción.

El Gobierno oficializó este viernes la eliminación del Ministerio del Interior y el traslado de sus funciones a la Jefatura de Gabinete a cargo de Diego Santilli, quien coordinará la gestión diaria del Ejecutivo y conservará la relación política con los gobernadores.

Así se indicó en el Decreto 571/2026, publicado en el Boletín Oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en el cual se detalló que “por razones de gestión resulta necesario suprimir el Ministerio del Interior reasignando sus competencias al Jefe de Gabinete de Ministros”.

“Para una mejor gestión resulta conveniente que el Jefe de Gabinete de Ministros sea asistido por un Vicejefe de Gabinete y un Vicejefe de Gabinete del Interior”, señaló el escrito en el cual se añadió: “Por otra parte, procede crear la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios, ambas dependientes de la Presidencia de la Nación”.

En tanto, indicó: “El jefe de Gabinete de Ministros y ocho ministros tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación. Los Ministerios serán los siguientes: Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano y Desregulación y Transformación del Estado”.

“Las tareas necesarias para posibilitar la actividad del Presidente de la Nación serán atendidas por las siguientes Secretarías Presidenciales: General; Legal y Técnica; Inteligencia de Estado; Vocería Presidencial; Comunicación y Medios y Cultura”, añadió el documento.

Por medio del Decreto 574/2026 firmado por el presidente Javier Milei y por Santilli, se le aceptó la renuncia al licenciado Guillermo Ignacio Devitt al cargo de Secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros y se lo designó “en el cargo de Vicejefe de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

El área en la que estará a cargo Devitt mantiene intervención en la articulación parlamentaria, la centralización de pedidos del Congreso y el seguimiento de las votaciones legislativas, mientras que además quedan bajo su órbita Asuntos Estratégicos, Innovación y Ciencia, además de Turismo, Ambiente y Deportes.

En tanto, a través del Decreto 575/2026 se le aceptó la renuncia al licenciado en Ciencia Política Gustavo Javier Coria al cargo de Secretario de Interior del entonces Ministerio del Interior y se lo designó “en el cargo de Vicejefe de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Según se informó, esta Vicejefatura tendrá bajo su control Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, Relación con Provincias, Relación con Municipios, Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral, el Renaper, el INAI, la AABE, la Corporación Puerto Madero y Parques Nacionales.

En el Decreto 573/2026 se le aceptó la renuncia a Fabián Horacio Fernández al cargo de Secretariado de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete de Ministros y se lo designó como “Secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación”.

Además, en el Decreto 572/2026 se indicó: “Desígnase en el cargo de Secretario de Vocería Presidencial de la Presidencia de la Nación al doctor Adrián Osvaldo Ravier”.

El Gobierno nacional implementó este miércoles la reducción de la alícuota de derecho de exportación para unos 1000 productos industriales, con fuerte impacto en la industria automotriz.

Lo hizo a través del Decreto 566/2026, publicado en el Boletín Oficial y que procesó la Agencia Noticias Argentinas.

La baja gradual, que comenzará a partir de julio, culminará en la eliminación definitiva de las retenciones en junio de 2027.

En la práctica se redujo a cero la alícuota para productos químicos, acero, aluminio, cobre, zinc, estaño, otros metales industriales y parte de la producción automotriz.

Se implementó también una reducción progresiva para petroquímicos específicos como benceno, tolueno y metanol; plásticos y resinas como polietileno, polipropileno y PVC; fertilizantes seleccionados; caucho natural y sintético; abrasivos; y una parte importante de la cadena automotriz, que incluye automóviles, pick-ups, camiones, ómnibus, carrocerías y algunas autopartes.

Esta decisión se enmarca en el camino iniciado por el Gobierno Nacional con la eliminación, en 2025, de retenciones al 88% de los productos industriales, oficializada mediante el Decreto 305/2025, que alcanzó a más de 4.400 productos y benefició a casi el 40% de las empresas exportadoras argentinas, en su mayoría PyMEs.

Se suma también la eliminación en enero de 2025 de los derechos de exportación de actividades agroindustriales de las economías regionales y sus cadenas de valor, como la textil algodonera, papel, cartón, alimentos y bebidas, además de la reducción de las retenciones a los principales productos agropecuarios.

“En un contexto en que acaba de entrar en vigencia el acuerdo de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, con un gran potencial para los productos argentinos y con otros acuerdos en negociaciones avanzadas (países del EFTA: Noruega, Islandia, Liechtenstein, Suiza), la baja de retenciones acompaña este proceso, mejora los precios del exportador, genera incentivos para invertir y para la generación de empleo”, señaló el Gobierno en un comunicado.

En un fallo de impacto institucional, la Cámara Nacional Electoral (CNE) declaró la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo que transfería la competencia para otorgar la ciudadanía argentina a la Dirección Nacional de Migraciones, un órgano dependiente del Ministerio de Seguridad.

El tribunal consideró que el Presidente se excedió en sus atribuciones constitucionales al avanzar sobre facultades que le corresponden exclusivamente al Poder Legislativo, tal como pudo consignar Agencia Noticias Argentinas.

La resolución de la Cámara se basó en dos ejes centrales que fulminan la legalidad del decreto. En concreto, habla de invasión en materia electoral. Porque los jueces recordaron que otorgar la ciudadanía está directamente ligado a la adquisición de los derechos políticos (como el voto). La Constitución Nacional, en su artículo 99 inciso 3°, prohíbe de forma expresa y "bajo pena de nulidad absoluta e insanable" que el Poder Ejecutivo dicte DNUs que regulen la materia electoral.

A su vez, marca una falta de urgencia real: El tribunal desmontó los argumentos del Gobierno al señalar que no existían razones de "rigurosa excepcionalidad" que impidieran que este cambio de leyes se discutiera de manera ordinaria en el Congreso de la Nación.

"Los tribunales deben resguardar el principio de jerarquía normativa", explicaron los magistrados, argumentando que la Justicia tiene la obligación de hacer valer las leyes por encima de cualquier decreto que intente modificarlas sin cumplir con los requisitos de la Carta Magna.

Tras declarar la invalidez de la norma, la CNE ordenó revocar un fallo de primera instancia que le había negado la ciudadanía a un solicitante bajo el paraguas del polémico DNU.

Además, informó que se notificó formalmente al Ministerio de Seguridad de la Nación para que instruya a la Dirección Nacional de Migraciones a dar marcha atrás con la medida. Por último, la resolución fue enviada a todos los jueces federales con competencia electoral del país para unificar el criterio: a partir de ahora, el otorgamiento de la ciudadanía argentina vuelve a ser una facultad estrictamente judicial.

El Gobierno nacional insistió este martes en que “la economía va bien” y que “lo peor ya pasó” y prometió que los avances se profundizarán a partir de la baja de la inflación y de la recuperación del crédito.

No obstante, reconoció que existen sectores que aún no están sintiendo la recuperación de la economía, como el comercio y la industria, pero que lo conseguirán en los próximos meses.

A su vez, afirmó que el equipo económico “está blindando a la Argentina” para afrontar un posible escenario de incertidumbre financiera en 2027.

Estas fueron las principales definiciones en materia económica que dejó el flamante vocero, Adrián Ravier, en su primera conferencia de prensa ante los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno.

“Creemos que la economía va bien y el camino es por acá”, remarcó Ravier y reiteró que “lo peor ya pasó” y que “vendrán los mejores 18 meses” para el país.

No obstante, admitió que existe “preocupación por el nivel de actividad y el consumo”, que se irá superando a partir de la baja de la inflación y de la recuperación del crédito.

En esa línea, adelantó que los datos anticipados marcan que la inflación de junio perforaría el 2%.

"No estamos corriendo, pero estamos de pie. El paciente está mejor. Sabemos que falta, pero sabemos que este es el camino y que pronto la situación va a mejorar para todos", insistió.

Respecto de la evolución del dólar, Ravier aseguró que el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo "están blindando a la Argentina" mediante una serie de medidas para "adelantarse a los hechos".

La estrategia pasa por fortalecer la posición del Banco Central para hacer frente a un escenario de incertidumbre como el que se produjo antes de la elección de 2025.

“Caputo y su equipo están blindando a la Argentina adelantándose a estos hechos”, dijo Ravier, y agregó: “Hay un riesgo ‘kuka’ de que un cambio de gobierno implique un cambio de reglas, lo cual pueda derivar en que inversiones hundidas se pierdan”.

Ravier recordó que, además de las medidas internas, Argentina cuenta con respaldo de organismos internacionales y de los Estados Unidos para soportar cualquier zozobra. Asimismo, consideró “razonable” que los argentinos sigan refugiando sus ahorros en el dólar.

Por otro lado, destacó que en el mes de mayo marcó un récord histórico en producción de petróleo, alcanzando los 903.700 barriles diarios, lo que significó un crecimiento del 19,6% respecto al mismo mes del año anterior.

Asimismo, subrayó que la participación de Vaca Muerta fue del 69%, contabilizando un total de 95,4 millones de metros cúbicos diarios.

También destacó que la producción de gas alcanzó los 156,6 millones de metros cúbicos diarios, con un crecimiento mensual del 11,4% e interanual del 6%.

Un nuevo aumento en las jubilaciones, en la Prestación Básica Universal (PBU) y en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) fueron oficializados este martes por el Gobierno a través del Boletín Oficial.

Según la Resolución 186/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se estableció que “el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de julio de 2026 será de 411.989,33”, mientras que “el haber máximo será de $2.772.298,06”.

Además, en la misma resolución también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima para el período devengado julio de 2026: el valor mínimo será de $138.757,90, mientras que el máximo ascenderá a $4.509.567,41.

También, se indicó que la Prestación Básica Universal (PBU) se fijará en $188.466,31 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $329.591,46 a partir de julio de 2026.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó este viernes que es un "honor" ser la voz del presidente Javier Milei. Lo hizo en su primera aparición pública en el cargo que hasta hace pocos días ocupó Manuel Adorni.

En su presentación, Ravier elogió a Milei, con quien escribió un libro meses atrás, e hizo un minucioso repaso de lo que, a su criterio, fueron los logros económicos y triunfos legislativos del oficialismo en el Congreso. 

"Milei empezó en solitario una batalla cultural que impactó en los jóvenes y, desde allí, se impregnó en toda la sociedad. A muchos sorprendió que en 2023 haya sido electo Presidente, esto es porque subestimaron el poder de las ideas", dijo Ravier.

En esa línea, continuó: "No solo eso, en apenas dos años transformó la economía, sacándola de terapia intensiva para ponerla de pie". Según Ravier, la Argentina en la que asumió Milei estaba "desequilibrada en lo fiscal, monetario, cambiario, con parches y mucho dolor en la sociedad".

"En 2025 ya se podía ver orden y no me refiero solo al orden público, sin piquetes y con avances sólidos en seguridad, me refiero también al orden en las cuentas públicas, en la hoja de balance del Banco Central y en la eliminación de restricciones en el mercado de cambios", siguió.

El funcionario, que jurará de manera oficial cuando Milei vuelva de su gira por España, resaltó la baja de la inflación e indigencia y sintetizó: "Por supuesto que sigue habiendo problemas. Estamos a mitad de camino. Pero es por acá".

También destacó los proyectos en los que avanzó La Libertad Avanza en el ámbitos legislativo destacando la Ley Bases, Modernización Laboral; Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi), entre otras iniciativas oficialistas.

En otro tramo, Ravier aseguró que es un "honor" ser la voz de Milei y agregó: "Recibí miles de mensajes de aprecio en estos días y aprovecho a pedir disculpas por no responder a todos. Pero quizás el más oportuno fue aquel que señaló que se agrandó el aula".

"En los últimos meses, la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del Gobierno. Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros que tuvo un gobierno y la conversación pública", reflexionó Ravier. 

El portavoz dijo que uno de sus objetivos será "comunicarles a los ciudadanos, de la manera más clara y contundente posible, cómo las reformas que hemos logrado tienen impacto en la vida y en el futuro de todos los argentinos".

No obstante, aclaró: "Por supuesto, en la búsqueda del orden fiscal advertimos que losrecursos son finitos y es legítimo el reclamo de fondos en algunas áreas. Este Gobierno no imprime moneda ni toma deuda para financiar al fisco. Reasigna partidas para mantener el equilibrio fiscal como eje central de su modelo económico".

Sobre el final de la lectura de su discurso, Ravier dijo que concibe "al periodismo como uneje central en la democracia de nuestro país".

"Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de larealidad", resaltó y señaló que brindará una conferencia de prensa cada martes a las 11. 

La Corte Suprema de Justicia desestimó la queja presentada por el Poder Ejecutivo Nacional en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otros contra el Estado por el Decreto 759/25, al concluir que el recurso extraordinario no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable.

En una resolución firmada este jueves, el máximo tribunal también rechazó el pedido de excusación formulado en el expediente y remitió a lo resuelto el 4 de junio de 2026 en el incidente de recusación con causa correspondiente a la misma causa.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la Corte sostuvo que el recurso extraordinario, cuya denegación parcial dio origen a la queja, no cumplía con el requisito de dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable, conforme al artículo 14 de la Ley 48.

En consecuencia, el Tribunal desestimó tanto el pedido de excusación como la presentación directa e intimó al recurrente para que, en el ejercicio financiero correspondiente, haga efectivo el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyo pago se encontraba diferido de acuerdo con la Acordada 47/91.

La queja fue interpuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano - Secretaría de Educación, en su carácter de parte demandada. El expediente tuvo origen en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 y luego intervino la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

El Gobierno ultima detalles para el envío de ayuda humanitaria a Venezuela, luego de que el país sufriera dos derremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejó el saldo de 164 muertos y 971 heridos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra a cargo de la coordinación de la mesa para el envío de rescatistas que colaborarán con las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros en distintas zonas del país.

Esta mañana, la presidenta interina Delcy Rodríguez decretó la emergencia nacional tras el sismo.  A través de un comunicado publicado por la Oficina del Presidente de la República Argentina, la administración libertaria expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reveló que sigue de cerca la evolución de la situación.

Asimismo, manifestó su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera ser necesaria. Con el presidente Javier Milei rumbo a Madrid, trabaja en la coordinación del envío el ministro coordinador, que deberá seguir la sesión de este jueves en la que los aliados del PRO intentarán tratar sobre tablas el pedido de interpelación. 

El Gobierno aumentó más de un 560% la Tasa de Seguridad de la Aviación para los vuelos de cabotaje por lo que aumentará el costo de los pasajes para viajar por el país a partir de esta semana.

El ajuste en la mencionada tasa aeroportuaria fue instrumentado por el Ministerio de Seguridad Nacional, mediante la Resolución 565/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La última suba había sido a principios de 2023.

La medida busca adecuar los recursos destinados al servicio de seguridad en los aeropuertos que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), frente a la suba de los costos operativos necesarios para garantizar la protección de la aviación civil.

Al respecto, el Ejecutivo explicó en el texto oficial que es “necesario actualizar el valor de la citada Tasa, atento al incremento significativo de los costos operativos necesarios para la prestación del servicio público de seguridad de la aviación civil, con el fin de preservar una razonable correspondencia entre el costo del servicio público efectivamente prestado y el tributo que lo financia, manteniendo así los principios de equilibrio y proporcionalidad”.

El tributo es abonado por los pasajeros que embarcan en vuelos de transporte regular desde aeropuertos pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA). La actualización entrará en vigencia a los tres días de su publicación oficial, es decir a partir del sábado 27 de junio, y será aplicable para aquellos pasajes emitidos con posterioridad a esa fecha.

Entre las funciones de la PSA se encuentran la vigilancia y control de instalaciones, aeronaves, tripulaciones, equipajes y carga, así como la respuesta inmediata ante situaciones de crisis o actos de interferencia ilícita.

La Ley 27.701 faculta a la cartera de Seguridad a fijar el monto de esta tasa, con el límite de que su valor no supere el 0,25% del sueldo básico de un oficial principal del escalafón general de la PSA.

El Gobierno dispuso la apertura de un programa voluntario destinado de forma exclusiva al personal de la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo que se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La convocatoria está dirigida a todos aquellos agentes públicos que gocen del régimen de estabilidad laboral contemplado en el artículo 8° de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional).

A través de la Resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa se acopla a las directrices fijadas por el Poder Ejecutivo destinadas a centralizar, agilizar y achicar la dimensión del aparato administrativo del Estado.

La implementación operativa del nuevo esquema quedó delegada en la Dirección General de Recursos Humanos de la APN. Esta dependencia será la encargada de coordinar los circuitos internos, confeccionar las declaraciones juradas y los formularios de adhesión obligatorios, y canalizar los datos correspondientes para los trabajadores que opten por desvincularse de la institución.

La Administración de Parques Nacionales funciona como un ente autónomo regulado por la Ley N° 22.351, abocado a la preservación y resguardo de las reservas y monumentos naturales del país.

El reglamento del plan estipula pautas de control administrativo recíproco dentro del gabinete nacional. Toda acta de desvinculación formalizada bajo esta modalidad deberá ser remitida de inmediato a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, perteneciente a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, así como también a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, asume informalmente este lunes su nuevo rol en el Poder Ejecutivo con una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, su antecesor en el cargo.

Segúninformación de Agencia Noticias Argentinas, los funcionarios ultimaron detalles antes del desembarco formal relativos al puesto, el alcance del área y el perfil que tendrá la Vocería Presidencial.

Se trata del primer contacto del actual diputado pampeano que pedirá licencia en la banca para asumir su nuevo compromiso tras la designación del presidente Javier Milei que busca motorizar la comunicación empantanada por la polémica abierta por el ministro coordinador, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Fuentes al tanto del intercambio revelaron a esta agencia que no se descarta la organización una conferencia de prensa para esta semana en la que el portavoz presidencial se presentará ante la prensa acreditada.

Lo cierto es que la elección de Ravier, de vínculo directo con el mandatario, apuesta a aceitar la comunicación en materia económica y reactivar la Vocería Presidencial que se encuentra temporalmente suspendida a raíz de la causa judicial que investiga al ministro coordinador.

Desde Balcarce 50 anticiparon además que habrá nuevos cambios en la administración libertaria que podrían ser anunciados en las próximas horas.

El Gobierno volvió a extender el plazo para que prepagas y obras sociales implementen la “cuota transparente”, adecuando sus contratos al nuevo sistema, mediante la Resolución 1080/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida establece una nueva prórroga a la Resolución 1725/2025, que busca estandarizar la información que reciben los usuarios, obligando a las empresas a detallar con precisión qué se está pagando y qué servicios incluye cada plan.

Con la extensión dispuesta, las entidades contarán con 30 días adicionales para readecuar sus sistemas de facturación y contratos de cobertura. De esta manera, desde que se comunicó la medida van 210 días de margen para concretar la puesta en marcha, ya que previamente se extendió tres meses y luego dos veces otro mes, el plazo inicial que fijaba solo 30 días.

Al argumentar la nueva prórroga, el Ejecutivo explicó que “a la fecha no se encuentran dadas las condiciones necesarias para la efectiva implementación del régimen”, al indicar que está demorada “la adecuación de los sistemas de facturación y la adaptación integral de los instrumentos contractuales por parte de las entidades alcanzadas”.

En relación al efecto de la decisión, sostuvo que “la presente medida no altera los objetivos ni el contenido sustantivo de la resolución, sino que procura facilitar su ejecución efectiva, manteniendo la tutela de los derechos de los beneficiarios y/o usuarios y asegurando la transparencia en la administración de los recursos del sistema de salud”.

El nuevo modelo de factura y estado de cuenta obligatorio tiene como fin que el afiliado no reciba un monto cerrado sin explicaciones. Con este sistema, las prepagas deberán desglosar:

Las entidades de salud tienen ahora otro mes extra para cargar sus contratos actualizados en el aplicativo oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó este miércoles la firma de un acuerdo con las universidades públicas para destrabar el conflicto por el financiamiento del sistema educativo, luego de más de dos años de reclamos, marchas, paros y una disputa judicial que llegó hasta la Corte Suprema.

El entendimiento fue suscripto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes. Según informó la cartera conducida por Sandra Pettovello, el acta establece una recomposición salarial del 24,33% para el sector universitario.

De acuerdo al comunicado oficial, el Poder Ejecutivo transferirá a las universidades nacionales los fondos necesarios para incrementar la masa salarial en un 21,33% en junio, sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y en un 3% adicional en octubre, sobre los básicos de septiembre. Además, las partes acordaron que las paritarias universitarias se convoquen al menos cada tres meses durante lo que resta del año.

El acuerdo también incluye una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026, junto con fondos adicionales para áreas sensibles del sistema. En ese esquema, se prevé un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios, que se sumará a los $80.000 millones ya contemplados para esos centros de salud.

A su vez, el convenio incorpora una suba del 50% para las Becas Manuel Belgrano desde junio de 2026, destinadas a carreras universitarias y terciarias vinculadas a áreas estratégicas. En cambio, no se incluyó una actualización para las becas Progresar, uno de los puntos que también formaba parte de los reclamos del sector.

Además, Capital Humano informó que se garantizarán fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes. También indicó que las universidades nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme a la legislación vigente.

La firma del acta llega tras semanas de negociaciones entre el Gobierno y el CIN, en un conflicto que tuvo como telón de fondo cuatro marchas federales universitarias, clases públicas, tomas de colegios, paros docentes, votaciones en el Congreso, vetos presidenciales y presentaciones judiciales. El acuerdo se alcanzó luego de que el Ministerio de Economía autorizara una partida de $800.000 millones para atender los compromisos asumidos con el sistema universitario.

Según datos del CIN, el deterioro salarial derivó en la renuncia de unos 10.000 docentes en universidades nacionales, uno de los puntos que los rectores y gremios llevaron a la mesa de negociación.

Aunque la firma del acta representa un avance en la negociación, en sectores sindicales universitarios todavía persiste malestar entre las bases. Los gremios seguirán de cerca la recomposición salarial y la ejecución de los fondos comprometidos.

Pese al acuerdo alcanzado, el frente judicial continuará abierto. Las universidades habían reclamado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el Gobierno recurrió a la Corte Suprema luego de fallos adversos en instancias anteriores. Las casas de estudio, por su parte, seguirán monitoreando la ejecución de los fondos comprometidos y la evolución de los salarios del sector.

El Gobierno derogó 58 normas vinculadas al comercio interior entre las que se destacan las normativas de los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados junto con las regulaciones que obligan a las escuelas privadas a notificar sus aranceles.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, publicadas este martes en el Boletín Oficial, en el marco del plan de modernización y simplificación del Estado que lleva adelante la administración de Javier Milei.

Desde el Ejecutivo explicaron que las derogaciones “buscan contribuir a una mayor claridad del marco legal y, a su vez, facilitar la interpretación de la normativa estatal, eliminando ambigüedades regulatorias y reduciendo la incertidumbre jurídica”.

En este sentido, en los considerandos oficiales, se explicó que las resoluciones y disposiciones eliminadas habían perdido vigencia, carecían de objeto o generaban distorsiones en el mercado.

Con esta decisión, se dieron de baja 22 normativas del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un mecanismo de intervención directa que buscaba controlar precios en la cadena triguera.

En este sentido, en la resolución se detalló que tras disponerse la revocación del contrato y la consecuente liquidación del fideicomiso del “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”, “toda la normativa complementaria y reglamentaria dictada para la implementación y operatividad de dicho Fondo ha quedado carente de objeto y de sustento legal”.

Asimismo, quedaron eliminadas definitivamente 30 normativas de Ahora 12 y Cuota Simple, junto con una normativa accesoria al programa Precios Cuidados.

Al respecto, en el texto oficial se argumentó que “han perdido vigencia los programas de fomento al consumo y la producción de bienes y servicios, al no haberse dispuesto su prórroga”, explicando que “la no renovación de dichos programas se inscribe en el marco de un proceso de normalización del mercado de crédito, buscando restablecer las señales de precio y eliminar las distorsiones en la asignación de capital”.

También se derogaron 4 normativas que obligaba a instituciones privadas de enseñanza a notificar anticipadamente sus aranceles, ya que según el Gobierno incentivaba “la distorsión de precios al fijarse aumentos preventivos y arbitrarios por parte de los colegios”.

En esa línea, remarcó que la obligación informar los valores con antelación y contar con el aval gubernamental para aplicarlos “limitaba su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos, creándoles asimismo una situación de incertidumbre económica”.

Además, quedó sin efecto una normativa que duplicaba mecanismos de atención ya existentes para adolescentes consumidores. De esta manera, el Ejecutivo explicó que "se elimina esta superposición y se concentran los reclamos en un canal especializado que garantiza una respuesta más ágil y eficiente".

Al resaltar la continuidad de la senda desregulatoria, el Gobierno indicó que "desde diciembre de 2023, la Secretaría de Industria, Comercio y PyME impulsa una revisión integral de la normativa vigente orientada a simplificar el entramado regulatorio y adecuarlo al marco legal actual" y remarcó que "a la fecha se han derogado 240 normas para simplificar el comercio, desburocratizar la gestión y dotar de transparencia al mercado".

El Gobierno aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las principales distribuidoras de gas natural y propano indiluido del país, mediante una serie de resoluciones, publicadas este jueves en el Boletín Oficial.

El ajuste tarifario, dispuesto por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), impacta en usuarios de diversas regiones y responden a la readecuación de costos en el marco de la emergencia energética vigente, extendida hasta el 31 de diciembre de 2027.

Las normativas formalizan la actualización del valor del gas propano indiluido por redes. Siguiendo instrucciones de la Secretaría de Energía, el ENREGE dispuso que el valor de este insumo se fije en un 60% del precio calculado según los procedimientos técnicos vigentes.

Esta medida busca estandarizar los costos para aquellas localidades que no cuentan con acceso al gas natural convencional y dependen de este sistema de abastecimiento, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El nuevo esquema mantiene la obligatoriedad de reflejar en las facturas las bonificaciones correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), para asegurar que los sectores vulnerables mantengan el beneficio de la asistencia estatal.

Los nuevos cuadros tarifarios entran en vigencia a partir de su publicación oficial, pero las distribuidoras tienen la obligación de publicarlos en diarios de gran circulación dentro de sus áreas licenciadas durante al menos tres días, garantizando así el derecho a la información de los usuarios.

Para el Gobierno, es vital que este año se trate el proyecto de ley de reforma electoral, que elimina las PASO, entre otros puntos, y el ministro del Interior, Diego Santilli, volvió a mostrarse como uno de los promotores de la sanción al sostener que “la gente no quiere votar tantas veces”.

El funcionario se encuentra hablando del tema con los gobernadores dialoguistas con la Casa Rosada sobre esta iniciativa que construyó el asesor Santiago Caputo y que se presentó en abril pasado. Y tiene confianza de que puede ser tratado entre junio y julio, siempre y cuando exista consenso.

En este marco, Santilli realizó declaraciones para marcar la relevancia de que se apruebe en el Parlamento.  “La gente no quiere votar tantas veces”, afirmó al defender una reforma que apunta a reducir costos y simplificar el sistema electoral.

Para el integrante de la gestión Jaier Milei le puso números a las primarias obligatorias: dijo que cuestan a los argentinos hasta US$ 250 millones.

Santilli señaló, previo a su participación en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a gobernadores, que en el último tiempo la sociedad ha demostrado señales claras de rechazo hacia la multiplicación de instancias electorales.

"Hay una merma en la cantidad de votantes porque la gente no quiere tener tantas elecciones previas", sostuvo. En ese sentido, afirmó que los argentinos no estarán dispuestos a concurrir a las urnas en reiteradas oportunidades el año que viene.

"Si se sostiene el mismo sistema electoral que ahora, vamos a tener PASO provinciales para gobernadores en las elecciones que se adelanten, PASO para las presidenciales y después las presidenciales. La gente no quiere votar tantas veces", remarcó.

Por esta suma de motivos, habló de la importancia con el objetivo de eliminar las PASO, reducir costos para el Estado y simplificar el calendario electoral, algo que desde su visión tiene aval de la sociedad.

El Gobierno nacional oficializó el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que se abonará en junio de 2026 a jubilados, pensionados y otros beneficiarios del sistema previsional administrado por la ANSES.  

La medida fue establecida mediante el Decreto 399/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro Federico Sturzenegger, y entró en vigencia el día de su dictado.  

Según el texto oficial, el bono alcanzará a titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y personas que perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables.  

El decreto establece que quienes perciban un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado cobrarán el bono completo de hasta $70.000. En tanto, quienes superen ese haber recibirán un monto equivalente al necesario para alcanzar el tope resultante de sumar el haber mínimo y el bono máximo previsto.  

La norma señala que los beneficios deberán encontrarse vigentes en el mensual en que se efectúe la liquidación para acceder al pago y dispone que el bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será computable para otros conceptos.  

Asimismo, se determinó que, en los casos de pensiones con copartícipes, estos serán considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del beneficio. La ANSES quedará facultada para dictar las normas complementarias necesarias para su implementación, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a partir del decreto publicado oficialmente. 

El Poder Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores de menores ingresos y dispuso que la Jefatura de Gabinete realice las adecuaciones presupuestarias correspondientes para cumplir con la medida.

En un contexto marcado por las diferencias entre el gobierno del presidente Javier Milei y distintos referentes de la Iglesia católica, el obispo de San Francisco, monseñor Sergio Buenanueva, difundió un texto en redes sociales en el que reflexionó sobre el papel de los pastores en el debate público y defendió la legitimidad de las críticas eclesiásticas hacia los gobiernos democráticos.

La publicación apareció luego del mensaje pronunciado por Jorge Ignacio García Cuerva durante el tradicional Tedeum del 25 de Mayo, donde el arzobispo formuló cuestionamientos hacia la situación social y política del país, en un discurso interpretado como una crítica directa hacia la administración nacional.

En ese marco, Buenanueva sostuvo que “del retorno al orden constitucional en 1983 a la fecha, bajo cada presidente democrático, la voz de los pastores de la Iglesia ha sido crítica de diversos aspectos de la gestión”.

El obispo agregó que “los gobiernos han reaccionado también de forma diversa. En ocasiones, con molestia manifiesta; en otras, con más aceptación”, y remarcó que las reacciones también se repiten entre dirigentes opositores, ciudadanos y medios de comunicación según el contexto político.

“Por una parte, así debe funcionar un sistema democrático que se funda en la pluralidad de voces y en la libertad para expresar públicamente el disenso”, expresó.

“De esa legítima pluralidad de voces forma parte la voz de las comunidades religiosas, en este caso, de los obispos católicos”, señaló.

Buenanueva también defendió la autonomía de la Iglesia para pronunciarse sobre cuestiones sociales y económicas. “La Iglesia siente el deber de hacer oír su voz en el debate público, sobre todo, para que se atienda la situación de los más pobres y heridos de la sociedad”, afirmó.

El obispo hizo referencia a quienes cuestionan el momento en que la Iglesia expresa sus críticas. “‘Ahora hablan los que antes callaron’. En algún punto puede ser verdad, pero no toda la verdad”, sostuvo, al tiempo que afirmó que esas posiciones críticas “se han oído, con distintos acentos, desde 1983 a la fecha”.

Finalmente, el obispo concluyó que “las comunidades cristianas, con sus más y sus menos, siguen caminando y aportando la luz del Evangelio a la vida de nuestro pueblo argentino”.

Luego del Tedeum por el 25 de mayo que dejó postales sobre los protagonistas de la interna libertaria, este martes se volverá a reunir la mesa política con el objetivo central de ordenar la agenda legislativa.

En ese marco volverán a verse cara a cara el asesor presidencial, Santiago Caputo, y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al que las Fuerzas del Cielo apuntar por administrar una cuenta anónima con la que lanzaba dardos a su sector.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro de la mesa política tendrá lugar este martes a las 11 en Casa Rosada.

El objetivo del presidente Javier Milei es volver a manejar la interna por carriles subterráneos, a diferencia de lo que sucedió en los últimos días, cuando la pelea estalló a cielo abierto.

Con las tribus en tensión a lo largo de la semana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió convocar a una reunión del reducido círculo designado por el libertario, por lo que Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem volverán a sentarse en la misma mesa.

Este lunes, en el marco de la celebración del 25 de mayo, los Menem se saludaron con el asesor y "hermano" del presidente, tal como el propio Milei lo definió.

Si bien el temario es más amplio e incluye las estrategias para sancionar los últimos proyectos girados al Congreso, se espera que haya alusión a la discusión entre las Fuerzas del Cielo y los alfiles de Karina Milei. 

Al menos dos fuentes del Gabinete confirmaron a esta agencia el malestar que le generó al mandatario la necesidad de tener que hablar públicamente del tema para apaciguar la escalada.

Expuesto, minimizó el conflicto virtual para evitar así tener que tomar partido por alguno de los dos campamentos. No obstante las tropas digitales optaron por refutar la versión y señalaron que "le mienten" al Presidente.