El Gobierno enviará al Congreso Nacional una nueva Ley de Salud Mental, según comunicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni a través de su cuenta de X. 

Fuentes del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, revelaron que el proyecto contempla una actualización de la Ley de Salud Mental, sancionada en 2010, con intención de “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”. 

“Busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”, argumentaron, al tiempo que revelaron que aspiran a “clarificar” conceptos y criterios. 

Para la tarea se realizó un relevamiento de testimonios de familiares, pacientes y profesionales de la salud mental, pero también de actores del ambito judicial y legislativo para detectar los problemas en la práctica diaria. 

Entre los impedimientos se detectó que solo 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley y que solo existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental.

En la administración libertaria aseguran que el término “padecimiento mental” es “ambiguo” y “demasiado amplio”, lo que complicaría los diagnósticos y demoras en la intervención. “El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”, sostuvieron desde la cartera. 

Asimismo, se reemplaza el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con intención de dar lugar a “intervenciones más oportunas y preventivas”.

Sin embargo, aclaran que la internación continuará siendo un “recurso excepcional”, pero “necesario”, y remarcan que los psiquiatrás podrá indicar una “internación involuntaria”, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario. “Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia”, sostuvieron. 

En otro pasaje del proyecto, propone fortalecer la red de atención en salud mental, con hospitales especializados, en detrimento a la ley vigente que impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos. Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas. 

Además, se propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, con la incorporación de áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR.

El presidente Javier Milei anticipó que el Gobierno avanzará con medidas judiciales e institucionales frente a la presunta campaña de desinformación atribuida a una red rusa, al advertir que se trata de “una gravedad institucional pocas veces vista en la historia” y asegurar que su administración buscará identificar a todos los responsables.

El mandatario sostuvo que la investigación revelada a partir de documentos filtrados muestra apenas “la punta del iceberg” de una estructura más amplia. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, afirmó en redes sociales, al fijar la postura oficial frente a la controversia.

Según los informes difundidos por un consorcio internacional de periodistas, una organización denominada “La Compañía” habría desplegado entre abril y octubre de 2024 una campaña orientada a desacreditar al gobierno argentino. Los documentos mencionan un presupuesto cercano a los 283.000 dólares destinado a financiar más de 250 artículos críticos publicados en distintos medios digitales, además de acciones en redes sociales y otras iniciativas de influencia.

De acuerdo con los registros analizados, los contenidos difundidos incluían cuestionamientos al programa de ajuste económico, críticas al impacto social de las medidas oficiales y objeciones al alineamiento internacional del país con Ucrania. También se detectaron firmas inexistentes, autores ficticios y material presuntamente fabricado con herramientas digitales.

El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia.Los "periodistas" y "medios" vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande.Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los…

El accionar del Gobierno frente a esta situación se orienta a tres ejes principales: la investigación judicial, el refuerzo de los mecanismos de inteligencia y el seguimiento diplomático del caso. La Secretaría de Inteligencia del Estado ya había confirmado en 2025 la detección de una presunta red de agentes extranjeros y aseguró haber dado intervención a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal. “Su propósito era difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros”, indicaron desde el organismo.

En paralelo, el Ejecutivo mantiene una postura de alerta institucional, con el objetivo de identificar intermediarios locales, circuitos de financiamiento y mecanismos de difusión utilizados para amplificar los contenidos. Desde el oficialismo consideran que la operación buscó erosionar la imagen del Gobierno en un momento de definiciones en política exterior y en el marco del apoyo argentino a Ucrania.

La polémica sumó un capítulo diplomático luego de que la Embajada de la Federación de Rusia en la República Argentina rechazara las acusaciones. La delegación calificó las denuncias como “infundadas” y advirtió sobre un intento de “enturbiar” la relación bilateral. En ese contexto, Moscú sostuvo que las versiones responden a intereses de terceros actores y negó desarrollar operaciones de desinformación en el país.

El conflicto abre un frente sensible en la política exterior argentina, ya que el Gobierno de Milei combina su alineamiento con Occidente con la intención de preservar canales diplomáticos. Sin embargo, la decisión oficial es avanzar con la investigación sin descartar consecuencias institucionales si se comprueba la injerencia.

La controversia también generó repercusiones en el ámbito periodístico. Diversos medios mencionados en los documentos negaron haber recibido financiamiento o haber participado de campañas coordinadas, aunque algunos reconocieron que los artículos cuestionados llegaron a través de intermediarios. En paralelo, el Foro de Periodismo Argentino había advertido previamente sobre mecanismos de desinformación vinculados a actores internacionales y colaboró en el análisis de estas prácticas.

Mientras la investigación continúa, el Gobierno insiste en que la prioridad será esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. En ese marco, Milei ratificó la línea de acción oficial: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, una señal de que el Ejecutivo buscará avanzar tanto en el plano judicial como en el institucional frente a la presunta operación de influencia extranjera.

El Gobierno postergó nuevamente la actualización en el impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL), al trasladar los efectos de la suba para mayo, mediante el Decreto 217/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

De esta manera, el Ejecutivo definió volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono, derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

En el documento oficial, se explicó que se resolvió posponer el incremento “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, considerando “necesario, para los productos en cuestión, volver a diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.

La decisión se da en un escenario de creciente presión sobre los precios energéticos por la guerra en Medio Oriente, buscando evitar un mayor impacto en los surtidores y atenuar el efecto en la inflación que se viene acelerando en los últimos meses.

El Ejecutivo viene realizando ajustes parciales de los impuestos a los combustibles. Desde septiembre del año pasado dispuso que las subas se calculen en base a la inflación y se actualicen de forma trimestral. 

Además, estableció un monto fijo diferencial para el gasoil destinado a consumo en las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.

La nueva fecha para aplicar los incrementos diferidos es mayo, a la espera de que cese el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos e Israel y el petróleo se aleje de la zona de los US$100.

Desde mediados de 2024, la administración de Javier Milei desdobló o postergó en varias oportunidades la actualización de los impuestos fijados a los combustibles, con el objetivo de evitar un impacto considerable en los precios exhibidos en los surtidores y por consiguiente en la inflación.

Las postergaciones de los aumentos impositivos a los combustibles dispuestas en 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por un total de US$2.326 millones, de acuerdo a la estimación de la consultora Economía y Energía.

La guerra en el Golfo Pérsico tuvo hasta ahora un impacto limitado en la economía argentina. El más notable fue la inevitable suba de la nafta. El aumento llegó a casi 20% e implica unas décimas más de inflación en marzo, que finalmente se ubicaría en torno al 3 por ciento.

La suba del barril de petróleo, que el viernes ya estaba por encima de los USD 110 generará un mayor ingreso de divisas. Las exportaciones energéticas podrían dejar hasta USD 5.000 millones más en el año. Las cotizaciones de las empresas argentinas del sector reflejan estas ganancias extraordinarias. Vista Energy, por ejemplo, ya sube 50% en el año, pero también hubo subas significativas en otros papeles como TGS, YPF o Pampa.

El mercado cambiario ni se enteró de la guerra. El peso argentino, de hecho, fue una de las pocas monedas del mundo que se fortalecieron en medio del conflicto bélico. La cotización minorista incluso llegó a caer por debajo de los $1.400 y el Banco Central compró todos los días, como lo viene haciendo desde principios de año.

En el primer trimestre el BCRA adquirió unos USD 3.500 millones. Pero la cifra debería aumentar significativamente en el segundo trimestre, teniendo en cuenta la liquidación de la cosecha gruesa en lo que fue una campaña agrícola muy favorable. No sería extraño que la cifra de compras sea por lo menos un 50% mayor que la del primer trimestre.

Los índices de aprobación del Gobierno y de la gestión económica cayeron en los primeros meses del año. Pero la buena noticia para Javier Milei es que sus niveles de apoyo se mantienen entre el 35% y el 40%, en un contexto de inflación en alza, deterioro del poder adquisitivo y aumento del desempleo.

El inicio del segundo trimestre presenta mejores perspectivas. En primer lugar, hay buenas chances que la inflación presente una desaceleración significativa. El impacto de la suba de la nafta se supone que fue por única vez. Además, ya en la segunda parte de marzo se notó una fuerte desaceleración en el rubro alimentos y bebidas, el que más incidencia tiene en la medición.

La tranquilidad cambiaria es un factor relevante para que los precios se estabilicen en los próximos meses. Ya la inflación mayorista de febrero fue de solo 1%, lo que marca una menor presión sobre los costos de las empresas. Por eso es esperable que el proceso de aceleración de precios que ya lleva diez meses toque un pico en marzo. Abril sería el primer mes en casi un año en el que se registraría una baja mensual. La última vez había sido mayo de 2025, cuando el IPC tocó un piso de 1,5% mensual.

La baja de 5 puntos de encajes que decidió el Banco Central es una señal clara para avanzar en el proceso de remonetización que se anunció a fines de 2025 y que hasta ahora no se había puesto en marcha. Los pesos emitidos para la compra de dólares fueron luego esterilizados en las licitaciones del Tesoro y también por distintos instrumentos emitidos por el Banco Central.

Ahora se avanza en una reversión de las medidas de emergencia que se tomaron en medio de la crisis cambiaria en la previa de las elecciones legislativas. En ese momento, se avanzó con un fuerte apretón monetario para controlar al dólar, que tuvo efectos secundarios: alza de la tasa de interés, freno del crédito, aumento de la morosidad y caída del consumo interno.

La baja de 5 puntos implica liberarle a los bancos unos 2,6 billones, aunque los efectos en el mercado serán menores. Sucede que la porción de los encajes que les liberaron a las entidades son los integrados con bonos y no con efectivo.

El anuncio generó un primer impacto, aunque no significativo, en la cotización del dólar. El oficial saltó desde un piso de $1.390 a $1.405 y el contado con liquidación saltó a niveles de 1.450 pesos.

El tipo de cambio real volvió a retrasarse en esta primera parte del año. La combinación de una inflación más alta y la caída nominal del dólar reabrieron la discusión sobre si la Argentina está muy cara en dólares. Imposible ponerse de acuerdo: el transporte público es “regalado” si se lo mide en moneda dura. Los autos bajaron de precio y la ropa va en el mismo camino. Pero comer afuera, el abono del celular o cortarse el pelo (es decir el segmento de servicios) se encarecieron fuertemente.

Luis “Toto” Caputo volvió sobre la cotización del dólar esta semana: “Si no estuviéramos comprando el dólar se iría a $ 1.200 o incluso menos”. A pesar de la presión bajista sobre el tipo de cambio, no hay por el momento señales de una mayor liberación del mercado. Tanto Javier Milei como Caputo prefieren manejarse con cautela y evitar cualquier sorpresa. Sobre todo prefieren llegar al 2027 sin arriesgarse a otra corrida. “Si el año pasado enfrentamos una corrida de USD 30.000 millones, imagínate en un año de elecciones presidenciales”.

La discusión de los últimos días en materia económica estuvo centrada en la evolución de la actividad. Como bien señaló un informe de la consultora Invecq los últimos datos muestran que la economía marcha con sectores que van a dos velocidades. Algunos muy dinámicos y otros que todavía no logran remontar.

Uno de los sectores que viene con peor comportamiento es el consumo masivo: los datos de ventas de supermercados no levantan, lo que marca las dificultades de las familias para hacer frente a necesidades básicas. Sin embargo, la venta de autos sigue sostenida, lo mismo que el sector de electrodomésticos, aún con leves bajas en los últimos meses.

Los últimos datos de actividad divulgados por el INDEC muestran algo notable: el consumo de bienes importados presenta una suba del 54% interanual.

Todos tienen algo de razón. Los comerciantes cuando se quejan por la caída de ventas y también Caputo cuando habla de “consumo récord”. Sin embargo, hay un desvío de la demanda hacia productos importados que se consumen localmente o directamente a través de plataformas internacionales.

Por ahora los pronósticos sobre la evolución del PBI para el año son variados. Todos coinciden que será otro año de crecimiento, a partir de una muy buena cosecha y otros sectores que traccionan, especialmente energía. Las proyecciones van desde 2 a 4%. La aceleración o no con el correr de los meses dependerá del comportamiento del mercado interno.

El nivel de actividad siguió positivo en enero ayudado por subas en sectores “perdedores”: industria y construcción crecieron 1,5% mensual y comercio +1,4 por ciento. “De esta forma, vemos que en enero los sectores ganadores cayeron, pero se mantienen +15,3% respecto al nivel de noviembre de 2023, mientras que los perdedores tuvieron una mejora, pero continúan -4,9% por debajo del nivel del inicio del gobierno”, agregan en Invecq.

El fallo favorable para Argentina en los tribunales de Nueva York por la causa YPF representa un gran alivio para el país. El Gobierno se saca de encima el posible pago de USD 16.000 millones por la expropiación, que hubiera desestabilizado las cuentas públicas.

Pero también representa un resonante triunfo para Axel Kicillof, sobre todo pensando en que será posiblemente protagonista de la elección presidencial del 2027. Un fallo contrario lo hubiera perseguido en todo el proceso preelectoral, pues se lo hubiera señalado como el gran responsable de aquella decisión. Ahora no solo no deberá dar explicaciones sino que además aprovechará (como ya lo viene haciendo) para reivindicar todo lo actuado.

No es casual que el Presidente haya optado por salir a celebrar por cadena nacional el fallo en EEUU. Lo atribuyó a la defensa judicial que se llevó adelante durante su gestión.

La expectativa por las elecciones ya empieza a sentirse en el mercado. El viernes el Tesoro colocó el nuevo Bonar 2028 y pagó un rendimiento del 8,5% anual. El mismo título pero que vence un año antes está debajo del 6 por ciento. La diferencia entre uno y otro es la incertidumbre que pasa factura relacionada con el proceso electoral y las dudas por el recambio de gobierno a fines del año próximo.

La discusión sobre la presión impositiva que enfrenta la industria automotriz volvió al centro de la escena en un momento en que las exportaciones no logran recuperarse y la producción continúa por debajo de los niveles del año pasado. En ese contexto, el Gobierno avanzó con una definición que el sector esperaba: un esquema para reducir de manera gradual la carga de impuestos sobre los envíos al exterior.

El equipo económico tiene listo el decreto que dispone una baja gradual de las retenciones a la exportación de autos, una medida que ya se le comunicó a las terminales nucleadas en la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). Sin embargo, y aunque la decisión está tomada, su oficialización depende de una variable central: el resultado de la recaudación tributaria correspondiente a marzo, según indicaron a Infobae fuentes oficiales y privadas.

Se desconoce cuál es el número que esperan, pero lo cierto es que los ingresos vienen en caída en términos reales desde los últimos siete meses. Ocurre que a la baja de gravámenes, como el impuesto PAIS, las retenciones y los aranceles a la importación -y ahora desde abril, también el fin del impuesto a los autos de lujo- se suma la caída en los niveles de actividad, que impacta directamente en la recaudación.

En febrero, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), las tres fuentes de ingresos tributarios -DGI, Aduana y Anses- recaudaron en conjunto $16,23 billones, lo que implica una suba nominal de 20,1% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los precios aumentaron 32,4% en el mismo período. Es decir, hubo una caída en términos reales. Si la tendencia continúa en marzo, el Ejecutivo demorará el decreto que mantiene en vilo a toda la industria automotriz.

Según indicaron fuentes del sector, que les informó Economía, el esquema diseñado contempla una reducción progresiva del derecho de exportación, que hoy se ubica en 4,5%, hasta alcanzar el 0% hacia fines de 2026. La iniciativa forma parte de una agenda orientada a mejorar la competitividad de la industria automotriz, en un contexto en el que las exportaciones continúan con desempeño débil.

Actualmente, los vehículos exportados desde Argentina tributan un derecho de exportación del 4,5% y reciben un reintegro del 7%, mientras que en el caso de las autopartes —como las cajas de transmisión— no se aplican retenciones y el reintegro alcanza el 5,5%. Este esquema se mantiene vigente y constituye uno de los puntos de discusión entre el sector privado y el Gobierno. En el caso de que se eliminen gradualmente los derechos, los reintegros se mantendrán, ya que tienen que ver con todos los tributos que hay sobre la cadena de valor y el objetivo es exportar menos impuestos.

En las terminales automotrices sostienen que la carga fiscal continúa siendo un factor determinante en la pérdida de competitividad frente a otros países de la región. En ese marco, la reducción de retenciones aparece como una herramienta directa para mejorar las condiciones de exportación y recuperar volumen.

De acuerdo con estimaciones de la industria, la eventual eliminación del tributo podría generar un incremento de entre 20.000 y 25.000 unidades adicionales destinadas a exportación. Ese aumento impactaría también en los niveles de producción, en un contexto marcado por caídas interanuales tanto en fabricación como en ventas externas.

Los datos más recientes publicados por Adefa reflejan esa situación. Durante febrero se fabricaron 29.632 vehículos, lo que representó una suba del 41,1% respecto de enero. Sin embargo, la comparación interanual mostró una caída significativa del 30,1% frente a las 42.419 unidades producidas en el mismo mes de 2025.

En el acumulado del primer bimestre, la producción totalizó 50.630 unidades en 36 días laborales, con un promedio de 1.406 vehículos diarios. Ese resultado implicó una caída del 30,1% respecto del mismo período del año anterior.

Las exportaciones, en tanto, tampoco mostraron una recuperación respecto del año pasado. En febrero se enviaron al exterior 15.991 vehículos, lo que representó el 54% de la producción mensual. Ese volumen implicó una mejora del 63,9% frente a enero, pero marcó una caída del 28,9% en la comparación con febrero de 2025.

En el acumulado de los dos primeros meses del año, las exportaciones alcanzaron 25.750 unidades, con una baja del 23,4% respecto del mismo período del año anterior. Estos datos consolidaron la preocupación del sector, que identifica a las ventas externas como el principal desafío.

El desempeño del mercado brasileño también influyó en esa dinámica. Entre enero y febrero, Brasil compró 2.815 vehículos menos que en el mismo bimestre de 2025, un dato relevante para una industria que depende en gran medida de ese destino.

Desde la industria señalaron que la caída de las exportaciones se vinculó con el peso de los costos fiscales sobre la producción local. Aun con la incorporación de nuevos modelos orientados a mercados externos, el volumen exportado no logró sostenerse.

En la exportación de vehículos 0 km, una parte significativa del precio final está compuesta por tributos. Hace dos años esa incidencia se ubicaba en torno al 20% y, si bien hoy descendió a aproximadamente el 13%, todavía se mantiene en niveles elevados. Esta carga impositiva sobre la industria automotriz afecta la competitividad de los autos producidos en el país y complica su inserción en mercados internacionales.

En ese escenario, la baja de retenciones aparece como una de las principales herramientas en evaluación para modificar esa tendencia. El antecedente más cercano fue la suspensión, durante el año pasado, del esquema que contemplaba la eliminación del tributo para exportaciones incrementales, una decisión que respondió a restricciones fiscales.

Hasta el año pasado, estaba vigente un esquema que quitaba las retenciones sobre las exportaciones adicionales que superaran el nivel de operaciones registrado en 2020. Ese umbral se fijó en 137.000 unidades, en línea con la cantidad de vehículos 0 km enviados al exterior en ese año. En la práctica, esto implicaba que las exportaciones hasta ese tope abonaban el gravamen, mientras que las unidades que excedían ese volumen quedaban liberadas del recargo. A modo de referencia, en 2024 se exportaron cerca de 314.000 vehículos, por lo que casi la mitad de ese total se colocó en el exterior sin carga impositiva adicional, un dato nada menor.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que no tiene nada que esconder y aseguró que se puso a disposición de la Justicia. Así lo expresó en conferencia de prensa en relación con el viaje a Nueva York con su esposa y otro en avión privado a Punta del Este.

“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Quiero dejar algo en claro, ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra”, dijo Adorni.

En la misma línea, sostuvo que “no son lo mismo que los que estuvieron antes y la gente lo sabe” y aseguró que no va a permitir que le den “clases de ética” aquellos que “viven del Estado desde que nacieron” o  “los que se robaron un PBI”.

“Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas", manifestó.

El Gobierno argentino celebró el anuncio de la Comisión Europea de comenzar a aplicar el acuerdo Mercosur-Unión Europea a partir del 1 de mayo venidero y “de manera previsional”, lo que para el canciller Pablo Quirno permitirá “consolidar nuestra inserción internacional”.

En un comunicado difundido por la Comisión Europea anunció la aplicación provisional del acuerdo, lo que incluye una eliminación de tarifas en ciertos productos desde el 1 de mayo, "creando reglas predecibles para el comercio y las inversiones", destacaron en el comunicado.

Quirno, a través de una publicación en su cuenta de X, destacó que “Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas para el canciller argentino se trata de “un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”.

El Senado convalidó el acuerdo UE-Mercosur, en febrero último, y a fines de ese mismo mes el Gobierno promulgó la Ley N.º 27.800, que pone en vigencia el tratado internacional entre los países miembros del Mercosur y la Unión Europea, que establece una asociación estratégica y comercial.

"Apruébase el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por una parte, y la Unión Europea, por otra parte, celebrado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 17 de enero de 2026″, señaló la promulgación.

Desde la UE se asegura que el acuerdo "creará cadenas de suministro más resilientes y fiables, cruciales en particular para el flujo predecible de materias primas críticas".

El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, aseguró que ningún medicamento tiene que ser retirado del mercado ni incrementarse su precio a partir de los cambios en el régimen de propiedad intelectual impulsados por el Gobierno.

El funcionario buscó llevar tranquilidad frente a las críticas generadas por la modificación normativa y explicó que la medida no afecta a los medicamentos actualmente disponibles. “Es un incentivo de acá para adelante, para nuevas drogas que se traigan y lleguen más rápido”, sostuvo.

Cacace detalló que la reforma implicó la derogación de una resolución vigente desde 2012 que, según indicó, imponía restricciones adicionales para la aprobación de patentes farmacéuticas. “En la práctica, hacía que no se otorgaran prácticamente patentes o tenían una altísima tasa de rechazo”, explicó por Splendid AM 990.

En ese sentido, remarcó que el nuevo esquema respeta los estándares internacionales y mantiene la duración de las patentes en 20 años. “Reconoce que si alguien desarrolla una droga o una tecnología, eso tiene que ser reconocido”, afirmó.

Para despejar dudas sobre el impacto en el mercado, el funcionario explicó que el Gobierno realizó un cruce entre las solicitudes de patentes y los medicamentos aprobados. “Todos esos productos pueden seguir siendo comercializados sin cambios, sin exclusión ni retribución alguna”, detalló.

Además, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, negó que la medida tenga efectos sobre los costos del sistema de salud. “Queremos transmitir tranquilidad a la ciudadanía: esto no va a generar aumentos de precios ni impacto en las cuotas”, insistió.

El eje de la reforma, según explicó, es revertir la falta de incentivos a la inversión en el sector. “Esto desalentó la llegada de nuevas terapias y la inversión de laboratorios extranjeros”, indicó, y agregó que la nueva normativa busca acelerar el acceso a innovaciones.

En esa línea, destacó que ya hubo señales concretas tras el cambio regulatorio. “Se anunció la creación de un centro global de investigaciones de Pfizer en la Argentina”, afirmó, y anticipó la llegada de más proyectos vinculados a la investigación clínica.

El funcionario también vinculó la reforma con la estrategia de apertura económica. “Integrarse al mundo implica respetar las reglas de propiedad intelectual”, señaló, y recordó que la Argentina busca alinearse con sus socios comerciales.

Por otra parte, Cacace subrayó la necesidad de avanzar en reformas similares en el sector agropecuario, particularmente en el mercado de semillas. “No reconocer la renta de la innovación genera subinversión y pérdida de productividad”, advirtió.

Finalmente, enmarcó estas medidas dentro de una agenda más amplia de desregulación. “Ya llevamos alrededor de 15.000 normas modificadas o derogadas”, precisó, aunque reconoció que aún queda un largo camino por recorrer. “Falta mucho para lograr una plena integración a los mercados desarrollados”, concluyó.

En una de sus últimas mediciones, el Termómetro Ciudadano que elabora la consultora Opinaia marca que “el 40% de los encuestados considera que el esfuerzo económico actual no vale la pena”.

Por su parte, el 42% sigue pensando que vale la pena, aunque las mejoras se verán a largo plazo, y solo el 18% sostiene que ya son visibles. En ese marco, el desempleo se afirma como la principal preocupación de los argentinos, según el estudio relevado en marzo de este año.

Las estadísticas del Indec difundidas en la semana ratifican esta percepción social.

Los números sugieren que algo está empezando a cambiar. La caída de puestos de trabajo es un dato que siempre inquieta. Confirma la sensación de que las expectativas están resquebrajándose. Y, al mismo tiempo, abre la puerta a un fenómeno que ha tenido varios capítulos en la historia reciente.

La resonancia pública de casos en los que se investigan posibles maniobras ilícitas en el seno del gobierno deja expuesta la sensación de que la tolerancia frente a la corrupción depende de las percepciones sociales sobre la marcha de la economía. En este caso, se activan preocupaciones sociales que habían quedado en segundo plano desde la asunción de Milei. Un contexto internacional de creciente tensión, una inflación que, aunque contenida respecto de picos anteriores, sigue siendo elevada para los estándares de normalidad que maneja el mundo, el encogimiento de las actividades productivas y la incertidumbre sobre el empleo, entre otros factores, son determinantes para configurar una atmósfera distinta. 

La estabilidad y la promesa de bienestar luego del esfuerzo habían amortiguado tensiones. Pero varias de ellas están comenzando a ubicarse en el centro de la escena.  En este punto, desde Maquiavelo, el realismo político sugiere que al gobernante se le perdona casi todo si garantiza la prosperidad. Aunque la figura pueda parecer de otro tiempo, cuando los índices de confianza en un gobierno comienzan a caer, escándalos como el de $Libra trepan a la tapa de los diarios. Y muchos siguen escalando hasta volverse incontrolables.

Este comportamiento social es un patrón recurrente. Carlos Menem fue reelegido con amplio respaldo mientras la estabilidad de la Convertibilidad contenía los costos de muchos episodios de corrupción. Fernando de la Rúa llegó con una promesa de ética pública que se desmoronó en paralelo al deterioro económico y el escándalo de la Banelco. Durante los años del kirchnerismo, las denuncias de maniobras corruptas coexistieron con altos niveles de apoyo que erosionaron cuando el estancamiento y la inflación se convirtieron en preocupaciones. En el gobierno de Mauricio Macri, la agenda ética perdió gravitación frente a la crisis de 2018. Y la crisis desatada tras la foto de Olivos durante la pandemia mostró cómo un episodio puntual puede demoler una gestión cuando el malestar social ya está en marcha.

Entonces, en el momento en que la ciudadanía vuelve a preguntarse si el esfuerzo tiene sentido, crece el impacto de episodios que golpean al gobierno. Entre ellos, las revelaciones periodísticas del caso $Libra -vinculadas a posibles irregularidades en el manejo de fondos-, las investigaciones sobre la Andis -bajo sospecha por maniobras bajo investigación- y el revuelo generado por los viajes del jefe de Gabinete –“deslices éticos” que hacen crujir relatos que proponen lo contrario-.

Frente a estos sucesos, las respuestas institucionales han sido débiles. Por caso, el flamante ministro de Justicia incluso planteó la posible nulidad de algunas investigaciones. Se trató de una defensa de los funcionarios más cercana al rol de abogado que al del funcionario que debe garantizar el funcionamiento judicial.

Por fortuna para el gobierno, ese proceso convive con la memoria reciente. La reaparición de Cristina Fernández de Kirchner, con su tono confrontativo, su jactancia y su monólogo en el juicio del caso Cuadernos -que solo refuerza la adhesión de su militancia incondicional-, reactivó el recuerdo de experiencias asociadas a la corrupción y el deterioro económico. Esa memoria funciona todavía, aunque no se puede precisar hasta cuándo, como dique de contención.

En este contexto, asoma un tiempo en el que el gobierno tendrá que enfrentar un cambio de escenario. La historia reciente enseña que llega un momento en el que el crédito basado en expectativas ya no alcanza por sí solo. Entonces, la percepción social se desplaza hacia resultados económicos que despejen la incertidumbre y, al mismo tiempo, con un rigor que no se manifiesta en épocas de cierta bonanza o expectativas de cambio, hacia demandas más estrictas de transparencia.

El umbral de la tolerancia parece acercarse. Un punto de inflexión en el que las denuncias, las controversias, las internas y la opacidad dejan de ser hechos aislados para convertirse en síntoma.

El Gobierno nacional modificó las normas vigentes para flexibilizar el otorgamiento de patentes químico-farmacéuticas, en cumplimiento del acuerdo comercial con los Estados Unidos.

Para hacer efectivo el cambio derogó las pautas de patentabilidad para invenciones en el sector que estaban vigentes desde el año 2012 y le otorgó más facultades al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

La medida se efectivizó mediante la Resolución Conjunta 1/2026, suscrita por los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que procesó Agencia Noticias Argentinas.

La decisión administrativa implica el fin de un marco normativo que restringía el otorgamiento de patentes en el sector salud bajo criterios específicos de examen.

A partir de la entrada en vigencia de esta norma, el INPI recupera la facultad de evaluar cada solicitud de forma individual, aplicando los requisitos generales de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial establecidos en la Ley de Patentes.

“Con la derogación Argentina se alinea con los estándares internacionales de propiedad intelectual que respetan todos nuestros socios comerciales — incluyendo Estados Unidos, con quien avanzamos en un acuerdo que como contraparte de esta normalización le abre todo su mercado doméstico a nuestra industria farmacéutica”, señaló el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger.

El ministro afirmó que “el INPI analizará cada solicitud de patente caso por caso, conforme a la ley, sin restricciones adicionales” y aclaró que la derogación rige hacia adelante. Esto implica que los productos farmacéuticos que ya están en el mercado “no se verán afectados de ninguna manera y podrán seguir comercializándose sin restricciones ni retribución”.

Según los considerandos, “el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual es importante para promover la innovación e incrementar la disponibilidad de nuevos productos químico-farmacéuticos”.

Asimismo, el documento señala que contar con regímenes de patentamiento de productos farmacéuticos aumenta "la velocidad a la que nuevas drogas son lanzadas a los mercados", incluidos los países en desarrollo.

La regulación derogada establecía limitaciones técnicas para diversas categorías de invenciones. Por ejemplo, en relación con los polimorfos —diferentes formas cristalinas de una misma sustancia— la norma de 2012 dictaminaba que "tales reivindicaciones no son admisibles" por considerarse una mera identificación de una propiedad de la materia.

También excluía a las sales, ésteres y otros derivados, al definirlos como "la misma sustancia ya conocida por el estado de la técnica". La normativa previa también rechazaba las patentes de "segunda indicación médica" y de "dosificación/dosis", tratándolas como métodos de tratamiento médico no patentables.

Con el cambio de régimen, el análisis de patentabilidad se realizará "caso por caso, teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la Ley N° 24.481".

El Gobierno sostiene que la derogación busca generar "condiciones de previsibilidad y seguridad jurídica que faciliten la introducción de innovaciones" y el bienestar general.

Argumentan que mantener las guías anteriores resultaba inapropiado frente a la "pérdida de beneficios para la sociedad en su conjunto asociados a la innovación".

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, aseguró este martes que el Gobierno tiene la intención de "continuar con la baja de las retenciones en la Argentina”.

“Con responsabilidad fiscal, en la medida que nos permita el tema fiscal, vamos a continuar con la baja de las retenciones en la Argentina”, resaltó Iraeta.

Al respecto, continuó: "Ya lo hicimos de manera permanente, parcial para algunos productos y total en otros, pero ese es el camino. Este es solo un ejemplo de lo que piensa el gobierno nacional respecto de la carga impositiva al campo”.

En la primera jornada de Expoagro, el funcionario del gobierno de Javier Milei indicó: “No podemos negar que ha cambiado el paradigma respecto de la visión que tienen las autoridades nacionales con el sector agropecuario argentino”.

El secretario participó primero de la inauguración y el tradicional corte de cintas en el predio de San Nicolás, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, y el ex presidente Mauricio Macri, entre otros.

Desde primera fila lo escucharon también los integrantes de la Mesa de Enlace, Andrea Sarnari, titular de Federación Agraria Argentina (FAA); Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Lucas Magnano, presidente de Coninagro; y Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Iraeta destacó los principales acuerdos y negociaciones de la gestión nacional, como el tratado Unión Europea-Mercosur, la ampliación del cupo de exportación de carne a Estados Unidos, la baja de aranceles y otros puntos clave como las simplificaciones y desregulaciones destinadas al sector.

“Saben perfectamente todo lo que estamos haciendo por el campo, lo que pensamos del campo”, dijo el secretario, y agregó: “La pasión por la tierra que anida en el corazón de los productores”.

El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley N.º 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y fija la edad de imputabilidad en 14 años, dos menos que el límite vigente hasta ahora. La oficialización se realizó a través del Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial, aunque la normativa comenzará a regir recién dentro de 180 días.

La iniciativa había sido aprobada por el Senado durante las sesiones extraordinarias del 27 de febrero, con 44 votos a favor y 27 en contra, lo que significó un nuevo respaldo legislativo para el oficialismo.

 Entre los principales cambios, la ley introduce un sistema de penas graduadas, que contempla tanto la edad del adolescente como el contexto en el que se cometió el delito. En ese marco, se prevé la aplicación de distintas medidas socioeducativas orientadas a la reinserción social.

 El régimen incluye programas educativos obligatorios, capacitación laboral, participación en actividades deportivas, recreativas o culturales y programas de formación ciudadana. También contempla la posibilidad de tratamientos médicos o psicológicos y asistencia a servicios de salud acordes a la edad de los jóvenes.

 Entre las sanciones previstas figuran la amonestación judicial, la prohibición de acercamiento a la víctima, restricciones para concurrir a determinados lugares o espectáculos, la prohibición de conducir vehículos en algunos casos, el monitoreo electrónico y la prestación de servicios comunitarios.

 En los casos en que corresponda una pena privativa de la libertad, el régimen establece distintas modalidades de cumplimiento, como detención domiciliaria, permanencia en institutos abiertos o alojamiento en institutos especializados para adolescentes. La ley también establece que los menores no podrán permanecer detenidos junto a personas adultas.

 Además, prohíbe la aplicación de prisión perpetua o reclusión perpetua para adolescentes y fija que el plazo máximo de privación de libertad será de 15 años.

 El proyecto original impulsado por el oficialismo proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pero durante el debate parlamentario se modificó el límite a 14 años tras negociaciones con bloques opositores dialoguistas, entre ellos el PRO y la UCR, que consideraron ese umbral como un punto de equilibrio más cercano a los estándares de la región.

El Gobierno nacional convocó a la reapertura de paritarias de la Administración Pública Nacional para este viernes 6 de marzo a las 14, en una reunión que se llevará a cabo en la sede que la Secretaría de Trabajo posee en 25 de Mayo 633 de la capital.

El Estado nacional convocó a la discusión paritaria a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) que encabeza Andrés Rodríguez, y a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que lidera Rodolfo Aguiar, los dos sindicatos que nuclean a la mayoría del personal del sector público.

La convocatoria se produce tras el cuarto intermedio que la Secretaría de Trabajo dispuso en diciembre 2025, cuando los reclamos de los gremios estaban muy lejos de los ofrecimientos del Estado en su carácter se sector patronal.

ATE se encuentra reclamando una recomposición salarial del orden del 45 por ciento, para “recomponer lo perdido durante la gestión de Javier Milei”, según señalo el sindicato a través de sus redes sociales, en las que exigió, además, una “suma fija de 4.000.000 de pesos” por única vez para compensar lo perdido.

“En los últimos dos años se destruyó el poder adquisitivo de los estatales”, señaló Aguiar, titular de ATE Nacional, al tiempo que aseguró que “este Gobierno es responsable de haber expulsado a la pobreza a decenas de miles de trabajadores estatales”.

El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, reemplazará a Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia, según informó el presidente Javier Milei en su cuenta oficial de X.

Milei recibió esta mañana a Cúneo Libarona con el objetivo de resolver la novela por la conducción de la cartera tras de varios intentos del abogado mediático por renunciar al cargo, que decantó en el nombramiento de Mahiques.

En su cuenta de X, Mahiques le agradeció a Milei “por la confianza para asumir” el cargo y agregó: “Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”.

Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo.El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente.VLLC! pic.twitter.com/gbCwjXMlZu

“Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, escribió el funcionario judicial.

Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible. Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con… https://t.co/8K0qeG4WsF

El flamante designado en la cartera será secundado por Santiago Viola, un abogado muy ligado al círculo de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los Menem, Eduardo y Martín. 

El Gobierno dio a conocer oficialmente este miércoles que, en caso de una ausencia temporal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el lugar lo ocupará la titular de Capital Humano, Sandra Pettivello o el ministro de Defensa, Carlos Presti.

Así se indicó en el Decreto N° 130/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, donde se dispuso la sustitución del artículo 9 del Decreto N° 977, que fue publicado el 6 de julio de 1995 y, según explicaron las autoridades, los cambios en la norma tienen el objetivo de “lograr un mejor funcionamiento de la Administración Pública Nacional”.

A partir de ahora, el lugar deberá ser ocupado interinamente por el titular del Ministerio de Capital Humano, actualmente en manos de Sandra Pettovello, mientras que además se indicó que, en caso de que la persona a cargo del Ministerio de Capital Humano no estuviera disponible, el segundo en la sucesión será la autoridad máxima del Ministerio de Defensa que hoy es dirigido por Carlos Presti.

La Cámara Federal de la Seguridad Social dejó sin efecto este jueves la resolución que había dado de baja la pensión no contributiva de la ex presidenta Cristina Kirchner por el fallecimiento del ex mandatario Néstor Kirchner, por lo que la ex vicepresidenta volverá a cobrar esa pensión.

La Cámara resolvió “declarar formalmente admisible el recurso” presentado por Cristina Kirchner y, en consecuencia, “suspender los efectos” de la resolución de la ANSES que había dado de baja la pensión por la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010.

Hasta hace dos años, cuando fue suspendida, la pensión rondaba los 8 millones de pesos mensuales.

De todos modos, el Ministerio de Capital Humano interpondrá a través del ANSES un recurso extraordinario federal contra la sentencia dictada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

La decisión de la Cámara llegó después de una apelación que la defensa de la ex mandataria había presentado en noviembre del año pasado, después de que la jueza del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, Karina Alonso Candis, hubiera rechazado una medida cautelar que buscaba frenar la quita del beneficio.

El abogado Gregorio Dalbón, que representa a la ex mandataria en causas civiles, dijo que “se hizo justicia” porque el propio tribunal “fue claro” al consignar que "en esta etapa inicial, el acto administrativo no exhibe un ‘nexo causal claro y suficiente’ entre los motivos invocados y la baja del beneficio.

“En términos simples, el Estado no puede quitar un derecho previsional de naturaleza alimentaria sin una fundamentación sólida, proporcional y jurídicamente consistente”, dijo desde sus redes sociales.

También señaló que es “relevante que la Cámara haya precisado que esta decisión no interfiere con la ejecución penal. Son planos distintos. El derecho previsional no se convierte automáticamente en pena accesoria por voluntad administrativa”, subrayó.

El Gobierno nacional pidió el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil, luego de haberlo enviado ayer al Congreso de la Nación, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas. 

Unas de las razones centrales fue que el oficialismo incluyó en el dictamen remitido con fijar la edad imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado. 

El proyecto que crea un régimen penal reforma penal juvenil. Según pudo corroborar la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto es muy similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025, con la salvedad que, en esta oportunidad, el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.

En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.

En la nueva versión, se disponen más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Por otra parte, el proyecto tal como ingresó reduce la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años, mientras que aquel dictamen situaba la edad mínima punible en los 14 años.

Desde el pasado 1° de febrero, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) puso en vigencia un nuevo formato del pasaporte argentino. La actualización incorpora cambios de diseño y tecnología orientados a reforzar la seguridad del documento, prevenir el fraude y agilizar los controles de identidad en aeropuertos y pasos fronterizos, en línea con los estándares internacionales.

La implementación del nuevo pasaporte vino acompañada de una actualización en los valores del trámite. De acuerdo a la información oficial, el costo del pasaporte regular en 2026 es de 70.000 pesos. Esta modalidad es la más utilizada y tiene los plazos habituales de entrega.

Para quienes necesitan el documento con mayor rapidez, el Renaper mantiene habilitado el trámite exprés, que tiene un valor de 150.000 pesos y permite recibir el pasaporte en un plazo de 96 horas hábiles. En tanto, para situaciones de extrema urgencia, existe la opción del pasaporte al instante, que se entrega en aproximadamente seis horas en sedes habilitadas, con un costo de 250.000 pesos.

El organismo también informó que el valor del pasaporte para extranjeros o refugiados quedó fijado en 70.000 pesos. Además, aclaró que, en caso de error u omisión atribuible al organismo al momento de la emisión, la reposición del documento se realiza sin cargo.

Desde el Gobierno nacional remarcaron que los pasaportes emitidos con el diseño anterior siguen siendo plenamente válidos hasta su fecha de vencimiento. Por ese motivo, no es necesario renovarlos de manera anticipada, salvo que el documento esté próximo a vencer, haya sido robado o extraviado, o presente un deterioro que impida la correcta lectura de los datos.

En cuanto al procedimiento, el trámite para obtener el nuevo pasaporte es sencillo. Se debe solicitar un turno previo a través de la aplicación Mi Argentina, elegir el Registro Civil o centro de documentación correspondiente y presentarse el día asignado con el DNI vigente y el comprobante de pago. También, a través Turnos Web en la página de la municipalidad de San Francisco. Una vez finalizado el trámite, el pasaporte es enviado al domicilio declarado y puede ser recibido por cualquier persona mayor de 18 años que cuente con la constancia. En el caso de menores de edad, el trámite debe realizarse con la presencia de los padres o de un representante legal con la documentación correspondiente.

El Gobierno nacional concretó este jueves un nuevo avance en su agenda internacional al firmar un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos.

La noticia fue confirmada hace instantes por el canciller Pablo Quirno, quien comunicó la finalización del encuentro con las autoridades norteamericanas. A través de sus redes sociales, el funcionario expresó: "Acabamos de salir de la firma... Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep (Representante Comercial de EE.UU.) por construir juntos este gran acuerdo".

Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo. 🇦🇷🤝🇺🇸La Argentina será próspera! pic.twitter.com/TSXaFCzwnu

El convenio apunta a fortalecer el intercambio bilateral y fomentar la llegada de capitales, en línea con la estrategia de alineamiento geopolítico de la Casa Rosada. "La Argentina será próspera", concluyó Quirno en su mensaje tras sellar el pacto.

El “ala dura” del Gobierno mantiene su postura de reducir el Impuesto a las Ganancias para sociedades que está contemplado en la reforma laboral, pese a la resistencia y la predisposición de los gobernadores para negociar ese punto del articulado en el proyecto de ley.

La información fue brindada por la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales después de la reunión de mesa política que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este miércoles en la Casa Rosada.

“La discusión pasa por mantener o eliminarla reducción de Ganancias para sociedades, y por ahora prevalece la posición del ‘ala dura’”, indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes al tanto de la reunión, en referencia al grupo que encabezan el asesor Santiago Caputo y el ministro de Economía, Luis Caputo. 

Es más, los Caputo señalan que “si se tiene que caer, que se caiga la ley, pero no se va a modificar nada”.

Ese punto es fuertemente resistido por algunos gobernadores, incluso aliados, que contraponen que la baja del tributo afecta la recaudación de las provincias. por lo que proponen su eliminación o un esquema de compensación para los distritos.

El Gobierno se muestra inflexible con ese pedido a pesar del apoyo que la mayoría de los jefes provinciales le dieron a Javier Milei para el debate por la reforma laboral. Desde el entorno del ministro del Interior, Diego Santilli, aseguran incluso que la reunión de los mandatarios prevista para este miércoles en el CFI se suspendió por “gestión directa” del funcionario.

En el ala de los negociadores, mientras tanto, están la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el propio Santilli, quienes se muestran abiertos a consensuar posturas e introducir cambios durante la sesión.

Incluso, ante un eventual escenario complejo para el grueso del articulado, este grupo no descartan dejar afuera la demanda. Pero por ahora se imponen los Caputo.