El Estado nacional apeló la resolución del juez federal N° 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, que había ordenado al Pami y al Ministerio de Salud normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad.

La medida cautelar había fijado un plazo de 72 horas para restablecer los pagos. Sin embargo, la Nación presentó la apelación sobre la hora, cuando estaba por cumplirse el vencimiento dispuesto por el magistrado.

A partir de esa presentación, el juez debe resolver ahora las apelaciones y definir si rechaza el planteo del Estado nacional e insiste con el cumplimiento de la cautelar.

En caso de que la resolución quede firme y no sea acatada, Vaca Narvaja ya había advertido que podría analizarse la posible comisión de algún delito por parte de autoridades nacionales.

El conflicto afecta a prestadores vinculados a la atención de personas con discapacidad, que reclaman la regularización de los pagos para garantizar la continuidad de los servicios.

El Ministerio de Economía dispuso un auxilio financiero de $580.000 millones al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp) en medio de fuertes reclamos por cortes de servicio y falta de entrega de medicamentos.

En los considerandos se señaló que la medida tiene como objetivo que el organismo pueda “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.

Esta decisión administrativa responde a la "crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto", según se detalla.

De acuerdo con la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este viernes en el Boletín Oficial,  el financiamiento se realizará mediante la ampliación de la emisión de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (Lecaps) con vencimientos programados para el año en curso.

O sea, esto implica que el Gobierno nacional tomará deuda para realizar el aporte.

El primer tramo del aporte, correspondiente al 33% del total, se integrará con letras que vencen el 31 de julio de 2026, con un valor nominal original de 173.672.159.684 pesos.

Un segundo tramo, también del 33%, se cubrirá con instrumentos con vencimiento al 31 de agosto de 2026, por un valor nominal de 164.037.509.356 pesos.

El 34% restante se completará con letras que vencen el 30 de septiembre de 2026, lo que representa un valor nominal de 187.363.497.440 pesos.

Los instrumentos financieros serán entregados a su valor técnico calculado al 18 de mayo de 2026.

La normativa establece que estas Letras del Tesoro deben ser "reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan", en cumplimiento con la Ley de Presupuesto General para 2026.

La resolución lleva las firmas de los secretarios de Finanzas, Federico Furiase, y de Hacienda, Carlos Guberman.

El Gobierno nacional aseguró que convocará a las universidades para avanzar en una mesa de diálogo luego de la marcha universitaria que tendrá lugar este martes y anticipó que buscará rediseñar el esquema de distribución de fondos, con foco en los hospitales universitarios.

Desde la Casa Rosada señalaron que la intención es abrir una instancia de conversaciones con los rectores para discutir la asignación presupuestaria y los mecanismos de control sobre los recursos destinados al sistema universitario.

El Ejecutivo planea convocar especialmente a representantes de hospitales universitarios para revisar el funcionamiento y la distribución de partidas destinadas a esas instituciones.

Fuentes oficiales remarcaron que el Gobierno mantiene la decisión de auditar el uso de fondos públicos en las universidades y defendieron la necesidad de “transparentar” el sistema de financiamiento.

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, aseguró que el Gobierno convocará después de la movilización de este martes a todos los rectores de universidades con hospitales, con el objetivo de rediseñar la distribución de los fondos.

La convocatoria se dará luego de la masiva movilización en defensa de la universidad pública, en la que rectores, docentes y estudiantes reclamaran una actualización del presupuesto frente al impacto de la inflación.

En el oficialismo reconocieron la necesidad de sostener el diálogo con las universidades, aunque insistieron en que cualquier incremento de partidas deberá estar acompañado de mecanismos de control y rendición de cuentas.

Desde distintos sectores universitarios vienen reclamando mayores recursos para afrontar gastos de funcionamiento, salarios y el sostenimiento de hospitales y áreas de investigación.

El conflicto entre el Gobierno y las universidades se convirtió en uno de los principales focos de tensión política de las últimas semanas, tras las advertencias de rectores sobre las dificultades para sostener el normal funcionamiento de las casas de estudio.

El Senado sesionará este jueves para dar ingreso parlamentario de una veintena de pliegos de jueces, defensores y fiscales ya girados por el Poder Ejecutivo, sumado a otra tanda de candidatos a la justicia que el Gobierno enviará entre hoy y mañana para cumplir con el reclamo de los senadores dialoguistas.

La sesión ordinaria que será convocada para el jueves a la tarde contempla también votar la prórroga del mandato por cinco años de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia; aprobar un proyecto que autoriza al Gobierno a pagar a dos fondos buitres; y convertir en ley un proyecto de regularización de armas de fuego.

Para la LLA es clave que ingresen esa nueva tanda de pliegos de jueces, defensores y fiscales para cubrir vacantes en el interior del país, ya que los senadores dialoguistas condicionan su respaldo a otros 47 postulantes si previamente no envían los candidatos a la justicia de las provincias, según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas

El presidente Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete para este viernes a las 14:00 hs: el encuentro se llevará a cabo en la Casa Rosada, donde se espera que el mandatario analice junto a sus ministros el avance de las medidas económicas y la agenda legislativa de las próximas semanas, hoy en tratativas y sin avances concretos.

Se trata de la primera acción oficial de todo el cuerpo de gobierno luego de la conferencia de prensa de Manuel Adorni y las novedades sobre de la investigación judicial sobre el ex panelista televisivo y radial.

El oficialismo intentó retomar la iniciativa en medio de la situación judicial de su ministro coordinador que entrega novedades semana a semana.

Y, además, será la primera actividad de Milei tras su gira por Los Angeles, Estados Unidos. El jefe de Estado participará de reuniones organizadas por el Instituto Milken en busca de inversiones.

El Gobierno nacional aumentó un 38% los montos de la Prestación Alimentar, anteriormente conocida como Tarjeta Alimentar, mediante la Resolución 161/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La medida instrumentada por el Ministerio de Capital Humano entra en vigencia a partir del presente mes de mayo y tiene el objetivo de fortalecer la recomposición del poder de compra de los sectores más vulnerables.

De acuerdo a lo establecido en la normativa firmada por la ministra Sandra Pettovello, los importes mensuales de la prestación se ajustarán según la composición del grupo familiar:

Hasta abril, los valores de la prestación que garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria iban entre $52.250 y $108.062.

Al fundamentar el incremento, la resolución destaca que la Prestación Alimentar, junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), ha sido un pilar fundamental en la mejora de los indicadores sociales registrados recientemente.

Según datos oficiales del INDEC citados en la norma, la pobreza se redujo del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 28,2% en el mismo periodo de 2025. Por su parte, la indigencia descendió al 6,3% hacia fines del año pasado.

Desde la cartera de Capital Humano señalaron que, ante esta evolución favorable y en un contexto de estabilización macroeconómica, resulta necesario “fortalecer las acciones” de asistencia para consolidar el bienestar social.

La prestación está dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Asignación por Hijo con Discapacidad y la Pensión No Contributiva para Madres de 7 o más hijos. El beneficio se acredita de manera mensual y automática como un complemento dinerario no remunerativo destinado exclusivamente a la adquisición de alimentos.

El Gobierno volvió a extender el plazo para que prepagas y obras sociales implementen la “cuota transparente”, adecuando sus contratos al nuevo sistema, mediante la Resolución 843/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida establece una nueva prórroga a la normativa original (Resolución 1725/2025), que busca estandarizar la información que reciben los usuarios, obligando a las empresas a detallar con precisión qué se está pagando y qué servicios incluye cada plan.

Con la extensión dispuesta, las entidades contarán con 30 días adicionales para readecuar sus sistemas de facturación y contratos de cobertura. De esta manera, desde que se comunicó la medida van 180 días de margen para concretar la puesta en marcha, ya que previamente se extendió tres meses y luego otro mes el plazo inicial que fijaba solo un mes.

Al argumentar la nueva prórroga, el Ejecutivo explicó que “a la fecha no se encuentran dadas las condiciones necesarias para la efectiva implementación del régimen”, al indicar que está demorada “la adecuación de los sistemas de facturación y la adaptación integral de los instrumentos contractuales por parte de las entidades alcanzadas”.

En relación al efecto de la decisión, sostuvo que “la presente medida no altera los objetivos ni el contenido sustantivo de la resolución, sino que procura facilitar su ejecución efectiva, manteniendo la tutela de los derechos de los beneficiarios y/o usuarios y asegurando la transparencia en la administración de los recursos del sistema de salud”.

El nuevo modelo de Factura y Estado de Cuenta obligatorio tiene como fin que el afiliado no reciba un monto cerrado sin explicaciones. Con este sistema, las prepagas deberán desglosar:

Las entidades de salud tienen ahora un mes extra para cargar sus contratos actualizados en el aplicativo oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

El Gobierno nacional oficializó este lunes la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una herramienta que busca reducir la presión fiscal sobre las empresas para estimular la creación de puestos de trabajo.

Mediante el Decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y sus principales ministros, se estableció una reducción de las contribuciones patronales por un plazo de cuatro años para quienes contraten personal no registrado.

La puesta en marcha de este capítulo laboral ocurre tras el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que levantó la medida cautelar que mantenía suspendida la reforma. De esta manera, el Ejecutivo avanza con la implementación de beneficios para las relaciones laborales que se inicien y registren ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.

El régimen está diseñado para alcanzar a cuatro grupos específicos de trabajadores: personas que carecían de un empleo formal al 10 de diciembre de 2025, ciudadanos que hayan permanecido en situación de desempleo durante el semestre previo a su contratación, ex monotributistas que no hayan trabajado en relación de dependencia en el ámbito privado en los últimos seis meses, y trabajadores cuyo último empleo registrado haya sido en cualquier nivel del sector público (nacional, provincial o municipal).

La normativa analizada por la Agencia Noticias Argentinas aclara que las nuevas incorporaciones bajo este sistema no podrán exceder el 80% de la plantilla total del empleador. Asimismo, se advierte que el incumplimiento de las condiciones obligará a la empresa a abonar las contribuciones adeudadas junto con las sanciones e intereses pertinentes, bajo la supervisión y control sistémico de ARCA.

El Gobierno nacional liberó el mercado de vapeadores y bolsas de nicotina creando un nuevo marco regulatorio que incluye la implementación de un registro obligatorio para fiscalizar la comercialización e importación.

El nuevo marco normativo para los productos de tabaco y nicotina de nueva generación fue aprobado por el Ministerio de Salud mediante la Resolución 549/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Desde el Ejecutivo explicaron que “la medida tiene como objetivo reemplazar el esquema de prohibición vigente por un sistema de registro, control y fiscalización específico que permita establecer estándares mínimos de calidad y seguridad sanitaria para su comercialización”.

Asimismo, argumentaron que “la decisión se fundamenta en que la prohibición previa no logró impedir el acceso ni el consumo de estos productos”. Según datos recientes, los vapeadores y cigarrillos electrónicos registraron una prevalencia de consumo del 35,5% en adolescentes durante el último año, posicionándose entre las sustancias de mayor consumo en este grupo etario.

Frente a este escenario, la cartera sanitaria nacional avanzó en un modelo regulatorio alineado con experiencias internacionales implementadas en países como Estados Unidos y el Reino Unido.

Según lo establecido por la nueva resolución, los cigarrillos electrónicos, vapeadores, dispositivos de tabaco calentado, líquidos para vaporización y bolsas de nicotina son considerados productos elaborados con tabaco y deben cumplir con las disposiciones previstas en la Ley N° 26.687 y su normativa reglamentaria.

Esto implica la obligatoriedad de incorporar advertencias sanitarias en los envases, la prohibición de utilizar elementos de diseño que resulten atractivos para niños y adolescentes, imágenes de celebridades o mensajes engañosos, y restricciones específicas sobre aromas autorizados.

La norma, analizada por la Agencia Noticias Argentinas, también limita los sabores autorizados para su comercialización. Solo se permiten líquidos y sticks con sabor tabaco y bolsas de nicotina con sabor tabaco o mentol.

Asimismo, prohíbe expresamente los cigarrillos electrónicos desechables con soluciones precargadas, “considerados uno de los formatos de mayor atractivo para la iniciación juvenil”, según remarcaron desde Salud.

En este marco, también se creó el Registro Nacional de Productos de Tabaco y Nicotina (RNPTN) para “clasificar los productos según su tecnología y modalidad de uso, construir herramientas de monitoreo epidemiológico y ajustar las regulaciones en función de la evidencia científica disponible”.

Sobre este punto, desde la cartera que conduce Mario Lugones advirtieron que “aquellos productos que no se encuentren contemplados dentro de las categorías previstas no podrán ser importados ni comercializados en el país”.

La normativa también incorpora exigencias económicas y técnicas para productores e importadores. Las empresas deberán tramitar la inscripción de cada producto a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), presentar declaraciones juradas, fórmulas completas, información toxicológica y certificados de análisis de emisiones emitidos por laboratorios acreditados.

Además, deberán informar datos vinculados a volumen de ventas y grupos etarios consumidores para fortalecer la vigilancia sanitaria y el monitoreo del acceso de menores. La inscripción tendrá una vigencia de cinco años y estará sujeta a renovación periódica, permitiendo al Estado reevaluar las condiciones de autorización de cada producto.

El Gobierno destacó la actualización normativa al señalar que “incorpora un modelo de regulación activa que fortalece la capacidad de fiscalización del Estado sobre productos cuyo consumo continúa expandiéndose, especialmente entre adolescentes y jóvenes”.

Además, resaltó que “a través de herramientas de registro, trazabilidad y vigilancia sanitaria, el Ministerio de Salud de la Nación busca reducir los riesgos asociados al consumo, prevenir el acceso de menores y combatir la comercialización ilegal de productos sin control sanitario”.

Luego de dos meses marcados por la quietud y el silencio, el Gobierno Nacional confía en haber dado vuelta la página de la polémica abierta a raíz de los viajes y las propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y lo reafirma al frente de la comunicación de la gestión.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, una vez pasado el informe del 29 de abril, que contó por primera vez en la historia con la presencia del presidente Javier Milei y el Gabinete completo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, resolvió en una reunión con el ministro coordinador, la vuelta a las conferencias de prensa que tendrá lugar a principios de semana.

“Creemos que comunicar es importante. Además, queríamos darle la bienvenida a los periodistas”, sostuvo una fuente de llegada al exvocero para justificar el retorno a las habituales comunicaciones.

Asimismo, el Poder Ejecutivo le levantará la restricción a la prensa acreditada, impedida de ingresar a Casa Rosada desde el jueves 23 de abril por orden directa del mandatario libertario.

Lo cierto es que los hermanos Milei apuestan a que el funcionario, señalado por la oposición e investigado por presunto enriquecimiento ilícito, continúe siendo la cara de la administración libertaria por lo que aspiran a que levante el perfil.

Se trata de una decisión respaldada por la plana completa que no impide que algunas voces sostengan que no hay otro funcionario para hacerse cargo de la difusión de las actividades.

“Al Gobierno necesita un vocero y nadie habla públicamente. La verdad es que por ahora no apareció una mejor idea”, se sinceró un alfil libertario que recorre diariamente los pasillos de Balcarce 50.

Las seis horas y media de exposición ante la Cámara de Diputados parecen haber conformado a varios integrantes del oficialismo que aseguran que la polémica mediática debería quedar atrás y se muestra optimistas con el descenlace de la causa judicial. “Cuando se esclarezca, Adorni va a salir fortalecido”, garantiza una fuente importante del oficialismo.

Con una línea discursiva definida para responder las más de 4500 preguntas de la oposición en el Congreso —instancia que la mesa política fijó como bisagra—, el exvocero prepara por estos días su retorno a la exposición pública, tras las fallidas explicaciones que intentó el 25 de marzo ante la prensa acreditada.

Para eso, el viernes, brindó una primera entrevista radial en la que reafirmó que no renunciará al cargo y negó estar arrepentido por los viajes realizados con su familia. “La causa no tiene gollete y no va a prosperar de culpabilidad. Es una causa que no tiene ningún sustento. No quiero pecar en entrar a interferir en la causa, pero no solo que no soy culpable, sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia”, sostuvo en declaraciones al observador. __IP__

Al tanto, un importante integrande del Gabinete aseguró ante esta agencia que la idea de la conferencia es “retomar la normalidad” de la gestión, y volver a exponerse ante las preguntas de la prensa acreditada. Además, descartan el acompañamiento de funcionarios y legisladores como ocurrió en la de mediados de marzo.

Con una abultada agenda legislativa, en Casa Rosada se esperanzan con reactivar la agenda diaria y reimpulsar la actividad. Para eso, trabajan en nuevas convocatorias a mesa política y reuniones de Gabinete para las próximas semanas. “Debiéramos poner quinta a fondo”, se esperanzan desde el entorno de Milei.

Los periodistas acreditados en la Casa Rosada podrán volver a ingresar a la sala de prensa este lunes, luego de que la misma estuviera cerrada durante una semana entera.

De acuerdo con la información de la Agencia Noticias Argentinas, “se habilita el ingreso a los periodistas a la Casa Rosada de este lunes a la sala de prensa”, aclarando que habrá lugares habilitados para que puedan moverse y otros permanecerán acotados.

Además, se anuncia que para este lunes habrá una conferencia de prensa, a las 11 de la mañana, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Todavía no se informó si habrá preguntas y de haberlas si se sortearán los periodistas.

“Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal”, expresó Javier Lanari, vocero oficial, en su cuenta de la red social X.

El funcionario, que no indicó hasta cuando se extenderá la prohibición, aclaró que la medida se adoptó con “el único fin de garantizar la seguridad nacional”.

Lanari se refirió ese modo a la decisión del presidente Javier Milei, que no tiene antecedentes desde el retorno democrático de 1983, de cerrar la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno.

Según había trascendido, la medida obedeció a una filmación no autorizada que habría realizado un programa de la señal de noticias TN, que fue denunciado por la Casa Militar, el organismo que tiene a su cargo la seguridad del Presidente y de la sede gubernamental.

El Gobierno nacional concretó la tercera compra de los Derechos Especiales de Giro (DEG) al Tesoro de los Estados Unidos, en la antesala del pago por intereses ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La información fue publicada por el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés) estadounidense.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la operación se concretó el 28 de abril y fuepore US$819 millones, monto que deberá pagar el Gobierno al organismo multilateral el 1° de mayo. Al ser una compra directa, no se activa el swap acordado entre ambos países ni implica un aumento en el nivel de la deuda.

Es la tercera vez que la Argentina activa este mecanismo: la primera tuvo lugar el 15 de octubre —previo a las elecciones de medio término— por US$872 millones, mientras que la segunda se efectuó en enero de este año por US$808 millones.

De esta manera, se espera que el pago tenga cierto impacto en el nivel de las reservas del Banco Central (BCRA). Al cierre de la semana, contabilizaron US$44.483 millones, al tiempo que la entidad financiera adquirió US$207 millones en el mercado mayorista.

El pago al FMI se realiza en medio de la espera de que el Directorio del organismo apruebe el desembolso de US$1.000 millones acordado durante las Reuniones de Primavera.__IP__

Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, y la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, confirmaron la aprobación de la segunda revisión del acuerdo por US$20.000 millones, resta todavía la habilitación final del Directorio. 

La CGT concretó este jueves su marcha por el Día del Trabajador en la Plaza de Mayo, donde sus referentes lanzaron críticas contra la gestión de Javier Milei y llamaron a “ponerle un límite a este modelo que excluye”. La protesta tuvo la adhesión de movimientos sociales y políticos, con distintos referentes del peronismo en el lugar.

En el acto sobre el escenario montado frente a la Casa Rosada, los oradores fueron los tres secretarios generales de la central obrera: Octavio Argüello (Camioneros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros).

Pero antes habló un destacado cura villero, el Padre Lorenzo "Toto" de Vedia, el párroco de la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé en la Villa 21-24 de Barracas. Un referente del Equipo de Sacerdotes para las villas quien no ahorró críticas contra el Gobierno y con el recordatorio de su referente, Jorge Bergoglio.

El siguiente orador fue Argüello, quien dio el discurso con el tono más duro contra el Ejecutivo: “Le decimos a este gobierno que no se soporta más que siga ajustando al pueblo, quitando derechos. Basta a este gobierno corrupto y explotador, lo tenemos que hacer en una unidad, es la única forma de terminar con este flagelo”, disparó el ladero de Hugo Moyano.

Luego fue el turno de Jerónimo, quien reivindicó el comportamiento de la central obrera ante las críticas de otros sectores : “A quienes nos critican, esta CGT siempre estuvo al frente de esta lucha, a los 15 dias de este gobierno hizo el primer paro general”. “No venimos a confrontar por confrontar, venimos a marcar un limite a este gobierno”, agregó.

Por último, Sola dio el último mensaje y dijo: “Nos oponemos a un gobierno que es de derecha, que tiene conciencia de derecha”. Además, cuestionó la baja de la pobreza que informó el INDEC: “Dónde están los pibes que dicen que ya no están en la pobreza”, se preguntó.

Entre los presentes, se destacaron miembros de las distintas vertientes del peronismo, desde integrantes de La Cámpora como la diputada nacional Paula Penacca, o Raquel Olmos, cercana a Juan Manuel Olmos. Hasta dirigentes de la izquierda combativa, como Alejandro Crespo del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA).

Esta protesta, que la CGT calificó como “masiva e “histórica”, puede ser la antesala de un nuevo paro general, el quinto en la era libertaria. Dependerá del consenso interno pero, tal como admiten fuentes sindicales, de un clima social que los líderes cegetistas ven en plena ebullición.

En la marcha también se leyó un documento de la CGT en el que se quejó de “un gobierno que, en lugar de tender puentes de unión y reconocimiento, divide al pueblo, promueve el enfrentamiento, la descalificación, el odio y el resentimiento, pone en riesgo la paz social”.

“A pesar del discurso oficial, la inflación sigue impactando en el poder adquisitivo de los salarios, agravado por los topes a las paritarias, que impacta en el poder adquisitivo de los salarios La realidad indica que hoy hay cierre masivo de empresas (de dic. 2023 a marzo 2026 cerraron 24.180 establecimientos, según datos de la Secretaría de Trabajo), con una escalada creciente del flagelo de la desocupación y de la informalidad laboral”, se agregó.

El Gobierno dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles para mayo de 0,5% que impactará en los surtidores y difirió para junio el resto del ajuste pendiente, mediante el Decreto 302/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa, determinó el incremento en los montos de los impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de mayo de 2026.

De esta manera, en el caso de la nafta sin plomo y nafta virgen, el costo trepa $10,398 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y $0,637 en el impuesto al dióxido de carbono.

En cuanto al gasoil, el tributo sube $9,269 en el impuesto a los combustibles líquidos, a $5,019 en el tratamiento diferencial para algunas regiones y a $1,056 en el impuesto al dióxido de carbono.

El ajuste rige en todo el país, con una aplicación diferente para el gasoil destinado a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.

Asimismo, el Ejecutivo estipuló en el decreto que los efectos de los incrementos remanentes en los montos de los impuestos de las actualizaciones correspondientes al 2024 y al 2025, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, no se apliquen completamente en mayo sino que pasan a junio.

Al respecto, en el texto oficial se argumentó que “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.

La decisión se da en un escenario de creciente presión sobre los precios energéticos por la guerra en Medio Oriente, buscando evitar un mayor impacto en los surtidores y atenuar el efecto en la inflación que se viene acelerando en los últimos meses.

De esta forma, la administración de Javier Milei continúa desdoblando y postergando los aumentos impositivos plenos sobre los combustibles, con el objetivo de evitar un impacto considerable en los precios al público y por consiguiente en la inflación.

Las postergaciones de los aumentos impositivos a los combustibles dispuestas en 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por un total de US$2.326 millones, de acuerdo a la estimación de la consultora Economía y Energía.

El Gobierno nacional reconoció formalmente el acuerdo vigente con la provincia de Córdoba para el financiamiento de su Caja de Jubilaciones, en el marco de una respuesta escrita al diputado Juan Schiaretti durante el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La consulta apuntaba a conocer el estado de la deuda que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene con Córdoba por la falta de transferencias al sistema previsional no transferido, un reclamo histórico de la Provincia basado en compromisos asumidos por la Nación.

En su respuesta, el Ministerio de Capital Humano señaló que el compromiso del organismo previsional es "respetar el Consenso Fiscal de 2017 y el financiamiento a las provincias que no transfirieron sus cajas".

Además, indicó que toda deuda que sea determinada de manera fehaciente y acordada con la jurisdicción correspondiente “será oportunamente honrada”, en función de las posibilidades fiscales y presupuestarias.

El texto oficial no precisa un monto actualizado de la deuda ni su discriminación por períodos, capital e intereses, tal como había sido solicitado. Sin embargo, confirma que el proceso se encuentra en etapa de auditoría y validación de datos.

En ese sentido, el Gobierno nacional remarcó que resulta clave contar con la información aportada por las provincias y su posterior revisión técnica para garantizar su "veracidad y razonabilidad".

Respecto del caso específico de Córdoba, la respuesta detalla que equipos técnicos de Anses y de la Provincia trabajan de manera conjunta en el marco de convenios firmados el 14 de mayo de 2025 y el 25 de febrero de 2026.

Actualmente, se encuentra en proceso la auditoría correspondiente al ejercicio 2024, cuyos cálculos preliminares ya fueron remitidos a la Provincia para su análisis.

La definición del monto final de la deuda y un eventual esquema de regularización dependerán de la finalización de estas auditorías y de los acuerdos que se alcancen entre ambas partes.

El Ministerio de Economía reordenó una de sus áreas sensibles tras la renuncia de Carlos Frugoni a la Secretaría de Coordinación de Infraestructura. El ministro Luis Caputo aceptó la dimisión del funcionario, que había asumido en enero, y designará en su reemplazo a Fernando Herrmann, hasta ahora secretario de Transporte. En paralelo, Mariano Plencovich quedará al frente de la Secretaría de Transporte.

La salida de Frugoni se precipitó luego de que se hiciera público que omitió declarar siete propiedades en Estados Unidos, ubicadas en Miami y Palm Beach, adquiridas entre 2020 y 2022 mediante sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware. Según la información difundida, esas propiedades no habían sido incluidas en sus declaraciones juradas ni ante los organismos correspondientes, lo que abrió una crisis de confianza sobre la transparencia patrimonial del funcionario.

El caso también tuvo derivación judicial. De acuerdo con la información publicada por Infobae, Frugoni fue denunciado en Comodoro Py tras la revelación de las propiedades y sociedades en Estados Unidos que no figurarían declaradas en la Argentina. Además, el funcionario admitió ante el periodista Nicolás Wiñazki la omisión: “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, reconoció.

El reemplazante elegido por Caputo es Fernando Herrmann, un funcionario que ya formaba parte del esquema económico del Gobierno. No se trata de una incorporación externa, sino de un movimiento interno: Herrmann venía desempeñándose como secretario de Transporte y ahora pasará a ocupar la Secretaría de Coordinación de Infraestructura.

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales. También cuenta con un Executive Master en Administración de Empresas del IAE y trayectoria vinculada con el desarrollo de obras de infraestructura, gestión y actividad académica.

Según reconstruyó La Nación, antes de llegar al Gobierno nacional se desempeñó durante más de tres décadas como director general de Estudio Herrmann y Arquitectos Asociados y también tuvo experiencia como socio gerente de Arquigrupo SRL. Además, ejerció como docente en instituciones vinculadas a la arquitectura y el urbanismo.

La Secretaría de Coordinación de Infraestructura tiene un rol central dentro del Ministerio de Economía porque articula áreas vinculadas con obras, rutas nacionales, concesiones y transporte. En el esquema del Gobierno, Infraestructura quedó bajo la órbita de Caputo, en línea con la decisión de concentrar bajo Economía las áreas con impacto fiscal, regulatorio y de inversión.

El recambio llega en un momento sensible para la agenda oficial. Por un lado, el Gobierno busca sostener la señal de ajuste y control del gasto público. Por otro, necesita avanzar con proyectos de infraestructura, reordenamiento del transporte y concesiones, áreas que tienen impacto directo en costos logísticos, competitividad y actividad económica.

Con la designación de Herrmann, Caputo intenta cerrar rápido una crisis interna que escaló por el frente patrimonial. El cambio busca mostrar continuidad administrativa, pero también marcar distancia respecto de un caso que abrió cuestionamientos sobre la integridad en la función pública.

Herrmann llega a Infraestructura con un perfil técnico y de gestión, pero también con una tarea política inmediata: ordenar el área, sostener la agenda de Caputo y evitar que el escándalo por los bienes no declarados de su antecesor siga contaminando una Secretaría clave para el funcionamiento económico del Gobierno.

La salida de Herrmann de Transporte será cubierta por Mariano Plencovich, quien asumirá como nuevo secretario del área. Plencovich ya había tenido experiencia dentro del organigrama de Transporte: en 2023 fue designado subsecretario de Transporte Automotor y luego dejó ese cargo en 2025. Ahora vuelve al área, pero con rango de secretario.

Transporte es una de las áreas de mayor sensibilidad económica por su relación con subsidios, tarifas, logística, transporte automotor, trenes y concesiones. Por eso, el movimiento no sólo implica un reemplazo de nombres, sino también una reorganización interna en un sector atravesado por la discusión sobre costos, eficiencia y financiamiento.

El Gobierno Nacional anunció el llamado a licitación pública para modernizar la terminal de transporte automotor de pasajeros ubicada en el barrio porteño de Retiro, centro neurálgico para la conexión con el interior del país y que lleva años de deterioro.

Lo hizo a través del Decreto 273/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial -que procesó Agencia Noticias Argentinas- en el que declaró al proyecto de de interés público.

“Esta decisión pone fin a la concesión de la empresa TEBA S.A., iniciada en 1993, cuyo contrato se encontraba vencido y presentaba un deterioro sostenido en la calidad del servicio”, señaló el gobierno en un comunicado.

La terminal es un nodo logístico clave por el que circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año y opera más de 300 mil servicios anuales hacia todo el país y el exterior.

El decreto precisa que la iniciativa "se desarrollará bajo el régimen de concesión de obra, infraestructura y servicio público, con financiamiento íntegramente privado, lo que permitirá avanzar sin comprometer recursos del Estado".

Además, el contrato de concesión tendrá una vigencia de 30 años.

Durante este periodo, la empresa adjudicataria "asumirá la totalidad de la inversión y la operación del sistema, percibiendo los ingresos derivados de su explotación, y deberá abonar un canon mensual al Estado Nacional".

El Ministerio de Economía será el organismo responsable de elaborar los pliegos y realizar la adjudicación.

Las obras previstas incluyen la modernización y ampliación del edificio, la incorporación de nuevas dársenas y mejoras en la seguridad e iluminación.

Para evitar interrupciones en el transporte de larga distancia, se "garantizará la continuidad del servicio mediante el operador actual hasta tanto se adjudique la nueva concesión".

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) oficializó la baja de nuevas entidades de medicina prepaga, con lo que elevó a 166 el número total de empresas excluidas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp) desde el inicio de la actual gestión. A través de la publicación de edictos en el Boletín Oficial, el organismo profundizó el proceso de reordenamiento del sistema sanitario, centrado en la depuración de agentes que no cumplen con los requisitos operativos y administrativos fundamentales.

En la última resolución, el organismo inhabilitó a cuatro entidades de manera definitiva: Su Medicina Asistencia S.A., Instituto Panamericano de Salud S.A., Imedical S.A. y Seres. Según explicaron fuentes de la SSS, estas organizaciones no lograron demostrar el cumplimiento de la normativa vigente ni acreditaron la capacidad operativa necesaria para prestar servicios de salud. La medida responde a una auditoría integral que busca garantizar la transparencia en el sector y asegurar que el padrón refleje únicamente a prestadores con actividad real.

El proceso de fiscalización, que culmina -al menos momentáneamente- en estas 166 bajas, se originó en los primeros meses de gestión del Gobierno de Milei, con una primera etapa que detectó un gran número de entidades calificadas como “fantasmas”.

Desde la SSS detallaron que el objetivo principal de este relevamiento es el saneamiento del sistema para proteger a los usuarios. La presencia de empresas inactivas o insolventes en el registro distorsiona la competencia y genera falta de previsibilidad en el mercado de la salud privada. La fiscalización actual pone el foco en que cada agente inscripto mantenga un estándar mínimo de solvencia patrimonial y una estructura de servicios acorde a los planes ofrecidos.

Las causas de las bajas son recurrentes en la mayoría de los expedientes analizados por la autoridad de control. La falta de presentación de los padrones de beneficiarios y la ausencia de los planes de cobertura actualizados son dos de los motivos principales. Asimismo, muchas de las entidades dadas de baja no habían informado durante años sus estados financieros ni los convenios con prestadores, condiciones indispensables para asegurar la continuidad de la atención médica a los afiliados.

Desde el organismo rector subrayaron que esta depuración no afecta la cobertura de los pacientes activos, ya que en la gran mayoría de los casos las firmas inhabilitadas no poseían cartera de clientes real al momento de la intervención. En los casos donde se detectó algún tipo de afiliación residual, el Gobierno dispone de mecanismos para asegurar la transición de esos usuarios hacia otros Agentes del Seguro de Salud, garantizando que no se interrumpan los tratamientos en curso.

La medida forma parte de un plan estratégico más amplio que busca que los prestadores compitan libremente y con reglas claras. Según los informes técnicos, la proliferación de sellos sin actividad funcional complicaba la trazabilidad del sistema y facilitaba irregularidades administrativas. Con la salida de estas 166 entidades, la Superintendencia de Servicios de Salud pretende optimizar la supervisión sobre las prepagas que sí operan de forma efectiva en el país, concentrando los recursos de fiscalización en el cumplimiento de las cartillas y el servicio de atención al cliente.

Las auditorías continuarán de forma permanente, por lo que no se descartan nuevas inhabilitaciones en los próximos meses si se comprueba que otras empresas mantienen incumplimientos normativos o falta de actividad prestacional comprobable.

La lista detallada por el Gobierno nacional incluye desde pequeñas cooperativas y mutuales regionales hasta sociedades anónimas que habían perdido su capacidad operativa o que nunca llegaron a conformar una estructura de servicios de salud real conforme a la Ley 26.682. La transparencia del padrón es considerada un paso clave para el nuevo esquema de libre elección de prestadores que impulsa la administración central.

El Gobierno nacional giró al Senado el proyecto de ley para derogar las elecciones primarias (PASO), modificar el financiamiento de las campañas proselitistas y establecer requisitos más restrictivos para el reconocimiento de partidos políticos.

La iniciativa también contempla la Ficha Limpia para que no puedan ser candidatos aquellos dirigentes que tengan una condena por corrupción en segunda instancia, que fue rechazada hace un año en el Senado.

El proyecto impulsado por el Gobierno ingresó a las 18.

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El proyecto de manera anticipada de la reforma electoral integral que el Gobierno nacional envió al Congreso. Un texto que plantea cambios estructurales en el sistema político argentino, que ya fue remitido formalmente al Senado.

Entre los puntos centrales del proyecto se encuentra la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mediante la derogación del régimen vigente, junto con una serie de modificaciones en la Ley de Partidos Políticos que refuerzan los requisitos de afiliación, funcionamiento y reconocimiento de las agrupaciones.

Además, el proyecto incorpora el criterio de “Ficha Limpia”, que impediría ser candidatos a quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos, y establece nuevas condiciones para la oficialización de listas y la presentación de candidaturas en elecciones nacionales.

El texto también introduce cambios en el financiamiento de la política, con nuevas reglas sobre aportes públicos y privados, controles más estrictos y límites a las contribuciones, en el marco de una reforma que apunta a redefinir el funcionamiento del sistema electoral en su conjunto.

El Gobierno nacional envió este sábado al Congreso una reforma a la Ley de Salud Mental y otra a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con lo que busca reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas.

Así lo confirmaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas, y señalaron que ambos proyectos ingresaron por la Cámara de Senadores.

La estrategia fue definida tras una reunión de la "mesa chica" en Casa Rosada, de la que participaron figuras como Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. 

Las dos reformas ingresaron por el Senado, donde el gobierno logró construir una mayoría sólida y le servirá que sea Cámara de origen, por si aparecen modificaciones en el debate en Diputados.

Con estos temas, el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además de los nuevos proyectos, el Ejecutivo evalúa acelerar el tratamiento de las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca.

La idea del Gobierno es avanzar con Hojarasca el martes en comisión y, de no mediar dificultades, llevarlo al recinto al día siguiente.

Respecto a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el debate continúa abierto en el Senado, aunque sin fecha de dictamen debido a reparos de la oposición dialoguista sobre modificaciones que no fueron consensuadas tras la defensa del ministro Federico Sturzenegger en comisiones. Debido a los plazos reglamentarios, se estima que su llegada al recinto ocurriría recién en mayo.