Los sindicatos y organizaciones gremiales de San Francisco difundieron un documento conjunto en el que expresan su rechazo a la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional y a la reforma previsional sancionada en la provincia de Córdoba.

En representación de sus trabajadores y trabajadoras, las entidades firmantes señalaron que la declaración surge de la necesidad de fijar “una postura técnica y política clara frente a normativas que, bajo el pretexto de la modernización o la emergencia económica, desmantelan décadas de conquistas sociales y perforan el piso de dignidad de nuestra comunidad”.

La ausencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional San Francisco como firmante institucional abrió interrogantes. Aunque la central no rubricó el documento, su secretaria general, Paula Cabrera, sí lo hizo al frente del sindicato de la madera. ¿Es una señal de matices internos dentro del movimiento obrero local o una decisión estratégica de la conducción cegetista? El dato introduce un elemento político que no pasó inadvertido en el escenario gremial de la ciudad.

En relación con la iniciativa nacional, los gremios sostuvieron que el nuevo marco normativo “constituye un retroceso sin precedentes que vulnera el principio de progresividad tutelado por la Constitución Nacional”.

En el documento cuestionan la modificación de los regímenes indemnizatorios, la extensión de los períodos de prueba y la flexibilización de las condiciones de contratación, al considerar que representan “un ataque directo a la estabilidad laboral y a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744”.

También calificaron como “particularmente despiadada” la regresión en materia de licencias por enfermedad inculpable. Según expresaron, se pretende “limitar la protección del trabajador en el momento de mayor fragilidad psicofísica, facilitando despidos en contextos de convalecencia y alterando el régimen de salarios caídos”.

Asimismo, afirmaron que el proyecto resulta inconstitucional por contravenir el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que ordena la protección del trabajo en todas sus formas. En ese sentido, indicaron de manera indirecta que la iniciativa dejaría al trabajador “en un estado de absoluta indefensión frente al capital, incluso ante contingencias biológicas o de salud”.

El bloque gremial también repudió la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial. En el texto señalaron que las modificaciones en el cálculo del haber inicial y el diferimiento de los aumentos para el sector pasivo “no son medidas de ajuste técnico, sino una confiscación de derechos adquiridos que atenta contra el carácter alimentario de la jubilación”.

Afirmaron además que la normativa “es nula de toda nulidad” por considerar que viola la garantía de movilidad jubilatoria y la proporcionalidad entre el salario del trabajador activo y el haber del pasivo. Según indicaron, la reforma vulnera el derecho a la propiedad de los aportantes y desnaturaliza la seguridad social integral e irrenunciable.

Frente a lo que definieron como “un escenario de regresión normativa”, los gremios ratificaron su “unidad institucional en defensa de la ley y el orden constitucional”.

“No aceptamos que el saneamiento de las cuentas públicas o las metas fiscales se logren mediante el despojo de los derechos laborales y el sustento de nuestros jubilados”, expresaron.

Además, adelantaron que agotarán “todas las vías legales pertinentes para impugnar estas medidas que atropellan la dignidad del pueblo trabajador” y concluyeron con una definición política contundente: “Los trabajadores y sus derechos no son la variable de ajuste”.

El documento fue suscripto por el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem); el Sindicato Regional de Luz y Fuerza; La Bancaria; Unión Obrera Metalúrgica (UOM); Sindicato de Camioneros; Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc); Judiciales Córdoba; Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac); Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social; y Sindicato Obreros de la Industria de la Madera.

La ciudad de Córdoba vivió este jueves una jornada de fuerte conflictividad social, con el microcentro y varios accesos clave prácticamente paralizados por una multitudinaria protesta sindical contra la reforma laboral impulsada a nivel nacional. Lo que comenzó como una movilización sectorial derivó en cortes simultáneos que bloquearon amplias zonas de la capital provincial.

Las columnas gremiales, encabezadas por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), avanzaron hacia la Legislatura y el Centro Cívico, acompañadas por judiciales, bancarios y personal de enfermería nucleado en el SUN. El clima estuvo marcado por momentos de tensión, especialmente en los cruces con efectivos policiales.

El impacto sobre el tránsito fue severo. El Puente Centenario permaneció bloqueado, al igual que sectores cercanos al Hospital de Urgencias y el boulevard Guzmán, lo que dejó a cientos de automovilistas atrapados en un radio de difícil circulación. Calles como Sarmiento, Olmos, Humberto Primo y Santiago del Estero se convirtieron en puntos neurálgicos del colapso urbano.

En ese contexto, los gremios endurecieron su postura y anticiparon nuevas medidas de fuerza. Desde las conducciones de la UOM y ATE señalaron que la protesta podría escalar a un paro general de alcance nacional. “No descartamos llamar al paro nacional en las próximas horas para frenar el tratamiento de la ley”, afirmaron referentes sindicales durante la movilización.

La advertencia apunta al miércoles próximo, jornada en la que el Senado debatirá la reforma laboral. La intención de las organizaciones es que ese día la actividad sea prácticamente nula en todo el país como forma de presión sobre los legisladores.

Durante la protesta también hubo expresiones políticas. La diputada electa por el MST, Celeste Fierro, calificó la iniciativa oficial como una “reforma esclavista y reaccionaria” y sostuvo que la movilización busca influir en el voto de los senadores, en particular de aquellos vinculados al gobernador Martín Llaryora.

Con la entrega de documentos en el Centro Cívico y un centro urbano virtualmente intransitable, el sindicalismo cordobés dejó sentada su posición y anticipó que el conflicto podría profundizarse en los próximos días, en la antesala de una definición clave en el Congreso.

Los sindicatos de Córdoba y de todo el país están alerta por el tratamiento de la reforma laboral, que empezará a debatirse en el recinto de la Cámara de Senadores el próximo miércoles 11 de febrero.

Por eso, organizaron movilizaciones masivas y prevén un paro general para ese día.

Este jueves, la rama nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), junto con las CGT y CTA regionales, en un frente que reúne a gremios de todo el país, llevan a cabo una protesta por las calles de la ciudad.

El objetivo final es presentar dos documentos al Centro Cívico de Córdoba, con la idea de que le lleguen a Martín Llaryora.

El secretario general de la UOM, Rubén Urbano, brindó detalles de la marcha que se llevará a cabo este jueves en Córdoba.

“No hay otra alternativa que la lucha y demostrar el descontento ante esta mal llamada reforma laboral que es totalmente regresiva. No tiene ningún artículo que beneficie a los trabajadores”, dijo a La Voz En Vivo.

La ciudad de Córdoba será mañana jueves el principal escenario de una protesta sindical de alcance nacional contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La movilización, convocada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) junto a las CGT y CTA regionales, reunirá a gremios públicos y privados en el marco de un plan de acción que también prevé un paro general y nuevas manifestaciones en otras provincias.

La protesta se inscribe en la antesala del tratamiento del proyecto en el Senado, previsto para el miércoles 11 de febrero. En ese contexto, los sindicatos buscan visibilizar su rechazo y exigirle al gobernador Martín Llaryora que instruya a los legisladores de su espacio para votar en contra de la iniciativa.

Desde la organización estiman una concurrencia de entre 7.000 y 8.000 personas. El objetivo inmediato es entregar dos documentos en el Centro Cívico: uno de alcance nacional, centrado en el rechazo a la reforma laboral, y otro firmado por los 23 gremios estatales que aportan a la Caja de Jubilaciones, con críticas a la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial.

“El diálogo con la Provincia es urgente, porque las modificaciones propuestas desde el Ejecutivo nacional no tienen ni un punto favorable para los trabajadores”, señalaron fuentes gremiales. En la misma línea, el secretario general de la UOM Córdoba, Rubén Urbano, en diálogo con La Voz del Interior cuestionó la falta de interlocución con el Gobierno provincial: “El propio gobernador nos tendría que haber llamado a nosotros, los gremios, pero no lo hizo”.

Urbano remarcó además que, desde que el tema ingresó en la agenda legislativa, “la negociación ha sido nula” y advirtió que los trabajadores “no son moneda de cambio” en la relación política con la Casa Rosada. Según expresó, el reclamo apunta a frenar una reforma que, a criterio de las organizaciones sindicales, implica un retroceso en derechos laborales.

Una fuente sindical confirmó que habrá una fuerte presencia de delegaciones de otras provincias: “Van a venir cerca de 1.500 sindicalistas de cuerpos orgánicos de Buenos Aires. También estarán todos los estatales y privados de Córdoba”. La columna avanzará hacia la zona de San Jerónimo y bulevar Guzmán, donde se prevé el acto central alrededor de las 11.

El plan de lucha no se agota en la movilización de este jueves. Las centrales obreras ya anunciaron una protesta similar en Rosario para el martes 10 de febrero y un paro general de actividades para el miércoles 11, jornada en la que también se realizará una manifestación frente al Congreso de la Nación.

Desde los gremios insisten en que la discusión excede el contenido puntual del proyecto y pone en juego la previsibilidad del sistema laboral. “Sin diálogo y sin consensos, cualquier reforma profundiza el conflicto”, advirtieron, al tiempo que reafirmaron su decisión de sostener las medidas mientras avance el tratamiento parlamentario.

Tras una sesión maratónica y en medio de fuertes protestas, la Legislatura de Córdoba aprobó esta semana una reforma del sistema previsional provincial, impulsada por el oficialismo, que incluye la creación de un adicional no remunerativo para acercar los haberes jubilatorios al 82 %, la facultad del Ejecutivo para aumentar los aportes de los trabajadores activos hasta el 8 % y la declaración de la emergencia de la Caja de Jubilaciones por cinco años.

La iniciativa fue sancionada junto con el Presupuesto provincial 2026, con los votos del bloque justicialista y aliados, mientras que la oposición votó en contra y cuestionó el alcance real de los cambios. Desde el Gobierno defendieron la norma como una herramienta necesaria para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional, que arrastra un déficit estructural, mientras que los gremios estatales rechazaron la reforma por considerar que no restituye el 82 % móvil y traslada el costo del desequilibrio financiero a los trabajadores.

El nuevo esquema no incorpora el 82 % móvil al haber jubilatorio de manera permanente, sino que lo establece a través de un adicional sujeto a reglamentación. Además, habilita incrementos en los aportes personales de los activos, sin definir aún escalas ni bandas concretas, y mantiene artículos que generan controversia, como la posibilidad de transferir subsistemas previsionales a entidades gremiales y la facultad de adecuar el régimen provincial a eventuales reformas nacionales.

En ese contexto, referentes sindicales de distintos sectores expresaron su rechazo y advirtieron sobre el impacto de la ley en los salarios actuales y futuros.

Uno de los pronunciamientos más duros fue el de Víctor Lescano, dirigente del Suoem San Francisco y Zona, quien calificó la reforma como una “confiscación” de los ingresos de los empleados públicos.

“Esto es meterle nuevamente la mano en el bolsillo a todos los trabajadores estatales, tengan sueldos altos o bajos, para cubrir una deuda que está dibujada como insostenible”, afirmó. En ese sentido, cuestionó que el Gobierno provincial avance con mayores descuentos a los activos mientras —según sostuvo— evita reclamar con la misma firmeza los fondos que la Nación adeuda a la Caja de Jubilaciones.

Lescano también puso en duda la promesa de restitución del 82 %. “Primero hablaron de un 4 %, el día de la sesión lo llevaron hasta un 8 % y todavía no está reglamentado. El famoso 82 % es una mentira”, señaló, y advirtió que los empleados públicos “terminan siendo siempre el pato de la boda”.

Como alternativa, planteó que la Provincia debería exigir a los municipios el blanqueo de trabajadores en negro para mejorar el financiamiento del sistema previsional. “Hace 30 años que la Caja está intervenida por funcionarios provinciales y ahora pretenden que la sociedad sostenga un déficit que no generamos los trabajadores”, remarcó.

Desde el sector bancario, Marcos Quaglino, secretario general de la seccional San Francisco de La Bancaria, coincidió en que los trabajadores no son responsables del déficit previsional y apuntó al incumplimiento del Estado nacional.

“Los trabajadores no somos responsables del manejo de la Caja de Jubilaciones. La deuda que la Nación tiene con la provincia es una deuda con cada uno de los trabajadores que aportaron durante toda su vida activa”, afirmó.

En ese marco, consideró que el Gobierno de Córdoba debería profundizar el reclamo ante la Corte Suprema y sumar formalmente a las entidades gremiales. “Las medidas adoptadas en las últimas horas son un paliativo que no resuelve de fondo el problema de la Caja”, sostuvo.

Por su parte, Roberto Cristalli, secretario general de la UEPC, advirtió que la reforma deja múltiples interrogantes abiertos y genera incertidumbre entre los trabajadores docentes.

“No está claro cómo se va a garantizar el 82 %, para quiénes, desde qué monto y tomando como parámetro qué salario”, señaló, y cuestionó la falta de definiciones sobre la aplicación de aportes de entre el 2 y el 8 %.

Cristalli alertó que, si esos descuentos impactan en el cálculo del haber jubilatorio, podrían reducir significativamente las futuras jubilaciones. “Hoy el cálculo para los docentes es el 82 del líquido, que es el 82 del 89. Si esto cambia, podríamos terminar con jubilaciones calculadas sobre el 85, el 84 o incluso menos”, explicó.

También expresó preocupación por otros artículos de la ley, como la posibilidad de aumentar aportes a APROSS, la falta de precisión sobre el tope para la aplicación del artículo 58 y la habilitación para transferir la administración de jubilaciones a sindicatos, lo que —según advirtió— “abre la puerta a una fragmentación del sistema o a una futura adecuación automática al régimen nacional”.

Los gremios coincidieron en que la reforma no garantiza el 82 % móvil y consolida nuevas quitas y aportes sobre los salarios, tanto de trabajadores activos como de futuros jubilados. En ese marco, anticiparon que el tema seguirá siendo eje de conflicto y formará parte de las discusiones paritarias. “Hay muchas dudas, pocas certezas y un denominador común: el ajuste vuelve a recaer sobre los trabajadores”, resumió Cristalli.

Pese a los esfuerzos por destrabar el conflicto, la reunión entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), celebrada este martes en la Secretaría de Trabajo, finalizó sin avances concretos.

Como consecuencia, el gremio mantiene firme el cronograma de diez jornadas de medidas de fuerza anunciadas por el gremio que agrupa a los controladores aéreos, que comenzará este viernes 11 de julio, en plena temporada alta por el receso invernal.

No obstante, ambas partes volverán a sentarse a negociar el próximo jueves, un día antes del inicio de la primera medida de fuerza que afectará la operación de los vuelos en todo el país, con especial impacto en los despegues.

El plan de lucha contempla paros los días: 11, 12, 13, 15, 18, 20, 24, 25, 27 y 30 de julio, con interrupciones de actividades a partir del mediodía en cada jornada. Las acciones se realizarán de manera alternada, lo que aumenta la incertidumbre en la programación de vuelos y logística de transporte aéreo.

Fuentes oficiales indicaron a Noticias Argentinas, que la medida “afectará a más del 50 por ciento de las programaciones del día” y sostienen que el paro “es una medida eminentemente política”, por la fecha elegida para concretarla.

El conflicto entre Atepsa y EANA se da en un momento especialmente sensible: las vacaciones de invierno, un período clave para el turismo interno y las medidas coinciden con el receso escolar en distintas jurisdicciones, lo que intensifica la preocupación de aerolíneas, operadores turísticos y sectores ligados a la actividad.

Las fechas de vacaciones varían según la provincia. Del 7 al 18 de julio descansan los alumnos de Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán. Del 14 al 25 será el receso en Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Finalmente, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero tendrán vacaciones entre el 21 de julio y el 1 de agosto.

Durante los paros, no se autorizarán movimientos en pista ni operaciones de aeronaves. Tampoco se recibirán ni transmitirán planes de vuelo, lo que genera un alto riesgo de cancelaciones, demoras prolongadas y reprogramaciones masivas.

Las fuentes señalaron que, si bien hay expectativas de poder llegar a un acuerdo el jueves y lograr que se levante el paro, en EANA ya se están analizando variables a los fines de asegurar la mayor prestación de servicios posible.

Hoy la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (Jurca), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) emitieron un comunicado conjunto en el que adviertieron sobre el fuerte impacto de las medidas, señalando que, por la alta demanda, será prácticamente imposible reacomodar a todos los pasajeros afectados o reprogramar vuelos en tiempo y forma.

Las entidades criticaron la elección del calendario de protestas por considerarla “innecesariamente oportunista”, dado que se superpone con el período de mayor circulación de pasajeros. Además, alertaron sobre perjuicios millonarios no solo para las aerolíneas, sino también para el turismo, el comercio y la economía en general.

Desde el sector turístico también se encendieron las alarmas. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad de Buenos Aires (AHRCC) expresó su “profunda preocupación” por el impacto directo de los paros en la llegada de visitantes a la capital durante el receso invernal.

En el mismo sentido se expresaron operadores teatrales, organizadores de eventos y empresarios del entretenimiento, quienes habían proyectado un repunte en la actividad durante las vacaciones. Ahora, ese escenario quedó bajo amenaza.

El encuentro previsto para este jueves será clave para definir si el conflicto escala o si se logra una salida negociada. Desde la Secretaría de Trabajo buscan actuar como mediadores para evitar un colapso en el sistema aerocomercial justo en una de las pocas oportunidades del año en que se reactiva el consumo turístico a nivel nacional.

Mientras tanto, las aerolíneas recomiendan a los pasajeros consultar de forma anticipada el estado de sus vuelos y mantenerse atentos a los canales oficiales de cada compañía ante posibles modificaciones en los cronogramas.

Dirigentes sindicales de distintos sectores advirtieron este domingo sobre la posibilidad de concretar un paro nacional en caso de que la Corte Suprema de Justicia ratifique el fallo a 6 años de prisión contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, al advertir sobre un supuesto "atentado contra la democracia".

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, sostuvo que no se desestima "ninguna medida de fuerza desde el movimiento obrero por estas intenciones de la Justicia, que hoy sigue profundizando la persecución política sobre Cristina".

Furlán consideró "grave lo que está sucediendo con el intento de la persecución política" porque, dijo, la Justicia está "atentando contra la democracia".

"Estamos convocados para este lunes en el PJ a las 15 para tratar de hacer un análisis pormenorizado del estado de situación. Vamos a movilizar a los compañeros para tratar de estar advertidos de una situación que es gravísima. Está en riesgo la democracia y aquellos compañeros que bajo las convicciones están liderando la representación de las masas populares”, afirmó en declaraciones radiales.

Por su parte, el secretario adjunto de Smata, Mario “Paco” Manrique, afirmó que "parece que hay gente que quiere acelerar los tiempos y lo que no pueden sostener en las urnas lo va a querer traccionar desde la Justicia".

“Eso nos tiene que poner en alerta a todos los argentinos y argentinas que se sientan identificados con Cristina y con el modelo que ella representa", afirmó el también diputado en declaraciones radiales, al advertir "no podemos dejar que la voluntad popular se proscriba por una Justicia totalmente cuestionada y que no puede fundamentar sus decisiones en cuestiones lógicas y jurídicamente sostenibles".

EL PJ ingresará este lunes en una semana clave ante la expectiva por un posible fallo de la Corte Suprema que ratifique la condena contra la ex presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

La Mesa Nacional de Transporte, que agrupa a los sindicatos del transporte de la CATT y la UGATT, ratificó el plenario de mañana en el que definirán si avanzarán o no con la convocatoria a un paro total del sector a nivel nacional.

Como lo habían adelantando en su último plenario del jueves 26 de septiembre, los sindicatos del sector se volverán a reunir este martes a las 10 en el Complejo Deportivo de la Federación de Peones de Taxis, ubicado en la calle Quintino Bocayuva al 1.200, "donde tratarán la realidad del sector y la coyuntura nacional", se informó.

No obstante, la atención estará centrada en si definirán o no un posible paro total del transporte para el 17 de este mes, fecha que coincide con el Día de la Lealtad Peronista.

El plenario será cerrado a los medios de comunicación, pero a las 12 está prevista una conferencia de prensa, informaron los organizadores.

La mayoría de los sindicatos de la actividad (todos los de la CATT) están alineados con el moyanismo, es decir al ala más "dura" de la CGT, pero el sector más "dialoguista" acaba de reactivar el diálogo con la gestión de Javier Milei, por lo que no estaba claro qué definición tomarán.

En ese marco, el influyente gremio de los colectiveros de la UTA, que integra la UGATT, tomó distancia de la chance de ir a un paro y su no adhesión le quitaría algo de fuerza a una huelga que podrían impulsar los gremios de la CATT en su afán de confrontar con el gobierno libertario. 

Se espera que al plenario concurran los secretarios generales Pablo Moyano (Camioneros); Juan Pablo Brey (Aeronavegantes); Omar Maturano (La Fraternidad); Mario Caligari (UTA); Juan Carlos Schmid (FeMPINRA); Pablo Biró (APLA); Emiliano Gramajo (AOITA); Javier López (Seamara) y Raúl Durdos (SOMU), entre otros.

La Mesa Nacional del Transporte fue creada semanas atrás y en la reunión fundacional los gremios habían sostenido: "Estamos unidos por sobre nuestras centrales de transporte porque así lo demanda la situación política que atravesamos".

"Nuestro eje es la defensa de la soberanía del país que está representada en las rutas nacionales, en los ferrocarriles, mares, ríos y cielos, frente al atropello cotidiano que vemos implementa el gobierno de Javier Milei en cada modo", se habían quejado.

Gremios de la Alimentación ratificaron hoy el plan de lucha y anunciaron bloqueos de fábricas por 48 horas a partir de este jueves, en demanda de actualización salarial.

La medida podría generar desabastecimiento de productos claves como los lácteos.

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) decidió incrementar sus protestas luego de fracasar la paritaria.

Frente a las diferencias entre las partes, la organización gremial dispuso otra etapa del plan de lucha, con bloqueos que impedirán la salida de camiones con productos.

En abril, el gremio consiguió un aumento del 16 por ciento en dos tramos, entre marzo (9 por ciento) y abril (7 por ciento), alcanzando un acumulado del 304 por ciento entre mayo 2023 y abril 2024 (los 12 meses que dura la paritaria).

El secretario General de la Federación, Héctor Morcillo, afirmó que "tratamos de buscar una salida a nuestros reclamos, sosteniendo el diálogo con los empresarios", pero remarcó que "no recibimos una respuesta satisfactoria, por lo que dimos paso a las medidas de fuerza que había sido aprobadas por un plenario de secretarios Generales, donde se le otorgó el mandato al Consejo Directivo para decidir las protestas que crea convenientes y necesarias".

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires respaldó los paros por turno, en tanto que su secretario General, Rodolfo Daer, advirtió: "Estamos viviendo la peor etapa de la vida democrática de nuestro país y creo que tenemos que mostrar las uñas, los dientes".

"Vamos a perder derechos si no nos ponemos de pie y damos batalla", alertó.

Los ceses de actividades afectarán la producción de todas las fábricas de alimentos del país que, de continuar, comenzará a golpear en la cadena de distribución (hipermercados, súper y comercios de cercanía, entre otros).

En el marco del plan de lucha, no se descarta que la Federación convoque a una movilización a la puerta de la sede de la cámara COPAL, para visualizar las demandas y presionar para que se cierre el aumento salarial correspondiente a mayo.