La empresa Caminos de las Sierras S.A. presentó una denuncia penal contra distintos gremios por la obstrucción de la circulación vehicular durante una protesta realizada este lunes en una estación de peaje de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba (RAC), en el tramo Córdoba–Villa Carlos Paz, en rechazo a la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno provincial que encabeza Martín Llaryora.

Según consta en la presentación judicial, el hecho ocurrió este lunes 12 de enero, entre las 10 y las 11.30, cuando una manifestación integrada por entre 350 y 400 personas bloqueó carriles en sentido hacia Villa Carlos Paz. La medida provocó un importante caos vehicular, con filas de automóviles que alcanzaron hasta cuatro kilómetros y maniobras riesgosas de conductores que intentaban avanzar por la traza.

Desde la concesionaria indicaron que la protesta se desarrolló en un sector destinado a la desaceleración y detención de los vehículos, lo que incrementó de manera significativa el riesgo de siniestros viales. La situación, señalaron, afectó tanto a los usuarios de la ruta como al personal que presta servicios en la estación de peaje.

En la denuncia se consignó que durante la manifestación se identificó la presencia de distintos gremios, cuyos integrantes portaban banderas, pancartas y vestimenta identificatoria.

“El corte de vías de acceso durante dos horas fue caótico para el turismo y para la gente que transitaba, pero también para los peajistas y los trabajadores de la empresa”, expresó el abogado de Caminos de las Sierras, Benjamín Sonzini Astudillo, en declaraciones a La Voz En Vivo.

“Nunca en la historia de la empresa, en la cual yo hace 26 años que trabajo, pasó una situación como esta”, agregó el letrado. Además, remarcó que se trató de una acción sorpresiva: “Fueron cuatro kilómetros de cola de autos, un caos total, y han anunciado que lo van a seguir haciendo”.

De acuerdo con lo expuesto por la empresa, voceros sindicales habrían manifestado públicamente que se trató de una “acción sorpresiva” y no descartaron la posibilidad de repetir la modalidad en otras estaciones o sectores de la RAC en los próximos días.

Caminos de las Sierras sostuvo que los hechos podrían encuadrarse en el artículo 194 del Código Penal, que sanciona a quienes impidan, estorben o entorpezcan el normal funcionamiento del transporte terrestre. En ese marco, solicitó a la Fiscalía que impulse la investigación correspondiente y pidió la habilitación de la feria judicial, al considerar que se trata de una situación de gravedad y urgencia.

Asimismo, la empresa requirió ser admitida como querellante particular con el objetivo de colaborar con la investigación y prevenir la reiteración de episodios que, según advirtió, ponen en riesgo la seguridad vial y la integridad de quienes circulan por los corredores concesionados.

El año se encamina a su cierre con un escenario inesperado para los estatales cordobeses. La reforma previsional reavivó el conflicto con los gremios, que volverán a las calles el próximo lunes en lo que será la última protesta callejera de 2025 contra las medidas adoptadas por el Gobierno provincial.

Para rechazar los cambios en el sistema previsional, los sindicatos se movilizarán al mediodía por el centro de la ciudad de Córdoba. Será una nueva demostración de fuerza en un conflicto que lejos está de apagarse.

La modalidad será la misma de las últimas protestas. Cada gremio partirá con sus columnas desde las sedes sindicales, se concentrarán en la esquina de Colón y General Paz y, desde allí, avanzarán hacia la Legislatura provincial.

Justamente, el próximo lunes el Parlamento cordobés celebrará su última sesión del año. Sin embargo, el operativo de seguridad dispuesto por la Policía de Córdoba volverá a impedir que las columnas gremiales lleguen hasta el edificio legislativo.

Por ese motivo, el acto central –donde tomarán la palabra los principales referentes sindicales– se realizará nuevamente en la esquina de avenida Olmos y Santiago del Estero, tal como ocurrió en las movilizaciones anteriores.

Aunque se tratará de la última protesta del año, los estatales advierten que no será la última contra la reforma previsional que Llaryora logró aprobar por ley. El conflicto, aseguran, continuará en 2026.

De hecho, durante la primera semana de enero los principales gremios volverán a reunirse para definir los próximos pasos. Entre las alternativas que analizan aparece la realización de “protestas informativas” en los principales festivales del interior provincial, especialmente en aquellos a los que asista el gobernador.

“El gobernador se equivoca si piensa que nos vamos a quedar quietos, mientras nos mete la mano en el bolsillo. Iremos a hacer sentir nuestro reclamo a cualquier lugar donde vaya Llaryora, durante todo el verano”, advirtió el titular del Suoem, Rubén Daniele, durante las protestas de la semana pasada, cuando la Legislatura aprobó la reforma previsional cuestionada por gran parte de los estatales.

En paralelo, los gremios también evalúan avanzar con una presentación judicial conjunta contra la reforma previsional.

No obstante, el consejo jurídico que recibieron apunta a esperar la aplicación concreta de los cambios impulsados por el Gobierno provincial, sobre todo en el caso de los jubilados, algo que recién se reflejaría en los haberes de febrero o marzo.

Desde el Centro Cívico, en tanto, buscan llevar tranquilidad. “Si bien la reforma se aplicará a activos y pasivos con los haberes de diciembre, nadie cobrará menos que en noviembre”, aseguró el presidente de la Caja de Jubilaciones, Adrián Daniele.

Según explicó el funcionario llaryorista, los jubilados provinciales que perciban haberes superiores a los 3,5 millones de pesos sufrirán descuentos, aunque estos serán “a cuenta de futuros aumentos”.

Es decir, no habrá un recorte directo del haber actual, sino que los descuentos se aplicarán sobre los incrementos futuros que reciban los activos y que también impactan en el sector pasivo.

En medio del conflicto con los estatales, el Gobierno provincial confirmó el pago de un bono no remunerativo para los docentes que perciban salarios inferiores a los 2,8 millones de pesos.

La medida alcanzará a casi el 90% del sector docente, cuyos ingresos se encuentran por debajo de ese monto.

El bono había sido reclamado desde hace varios meses por la conducción provincial de la UEPC que conduce Roberto Cristalli, aunque recién ahora la gestión llaryorista aceptó abonarlo.

Cabe recordar que el pasado 15 de diciembre, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) ya había recibido un beneficio similar, acordado en la última negociación paritaria.

A partir de ese antecedente, la UEPC intensificó las gestiones para obtener el mismo reconocimiento salarial.

En el arco gremial no dudan en vincular este anuncio con el conflicto previsional. El bono –que también alcanza al personal de las fuerzas de seguridad provinciales– aparece como parte de una estrategia política del gobernador para dividir el frente sindical y evitar que docentes y afiliados al SEP se sumen a las protestas callejeras.

Hasta ahora, la UEPC participó de todas las movilizaciones con una columna numerosa.

La estrategia oficial apunta a concentrar la pulseada con los gremios de salarios más altos y, según el propio oficialismo, de menor reconocimiento social, como el Suoem, los bancarios, Luz y Fuerza y los judiciales.

Estos cuatro sindicatos serán los más perjudicados por los cambios previsionales, con una suba de los aportes de los activos, y un recorte para los pasivos que cobren haberes de más de 3,5 millones de pesos.

En el Centro Cívico consideran que, con la aprobación legislativa de la reforma previsional y el desgaste de las protestas callejeras, lograron inclinar la balanza a su favor.

Sin embargo, la disputa promete trasladarse ahora a los tribunales. Tras la feria judicial de enero, los gremios estatales presentarán demandas para que la Justicia determine si los cambios impulsados por Llaryora afectan o no derechos adquiridos.

El camino judicial aparece como la última carta de los sindicatos. Desde febrero, además, el conflicto previsional se entrelazará con la discusión paritaria de 2026.

La UEPC será el primer gremio estatal en sentarse a negociar salarios el año próximo, en una mesa que también estará atravesada por la reforma previsional.

Todo esto ocurre en un contexto en el que, además del ajuste para los activos y pasivos de mayores ingresos y del bono no remunerativo para quienes cobran menos de 1,3 millones de pesos, el gobernador decidió aumentar en un punto los descuentos destinados a Apross, la obra social provincial, que –al igual que la Caja de Jubilaciones– arrastra un fuerte déficit financiero.

El descuento para la Apross preocupa a los gremios con afiliados con menores ingresos, como el SEP, por ejemplo. Este tema también está presente en la mesa de negociación paritaria.

Tras una sesión maratónica y en medio de fuertes protestas, la Legislatura de Córdoba aprobó esta semana una reforma del sistema previsional provincial, impulsada por el oficialismo, que incluye la creación de un adicional no remunerativo para acercar los haberes jubilatorios al 82 %, la facultad del Ejecutivo para aumentar los aportes de los trabajadores activos hasta el 8 % y la declaración de la emergencia de la Caja de Jubilaciones por cinco años.

La iniciativa fue sancionada junto con el Presupuesto provincial 2026, con los votos del bloque justicialista y aliados, mientras que la oposición votó en contra y cuestionó el alcance real de los cambios. Desde el Gobierno defendieron la norma como una herramienta necesaria para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional, que arrastra un déficit estructural, mientras que los gremios estatales rechazaron la reforma por considerar que no restituye el 82 % móvil y traslada el costo del desequilibrio financiero a los trabajadores.

El nuevo esquema no incorpora el 82 % móvil al haber jubilatorio de manera permanente, sino que lo establece a través de un adicional sujeto a reglamentación. Además, habilita incrementos en los aportes personales de los activos, sin definir aún escalas ni bandas concretas, y mantiene artículos que generan controversia, como la posibilidad de transferir subsistemas previsionales a entidades gremiales y la facultad de adecuar el régimen provincial a eventuales reformas nacionales.

En ese contexto, referentes sindicales de distintos sectores expresaron su rechazo y advirtieron sobre el impacto de la ley en los salarios actuales y futuros.

Uno de los pronunciamientos más duros fue el de Víctor Lescano, dirigente del Suoem San Francisco y Zona, quien calificó la reforma como una “confiscación” de los ingresos de los empleados públicos.

“Esto es meterle nuevamente la mano en el bolsillo a todos los trabajadores estatales, tengan sueldos altos o bajos, para cubrir una deuda que está dibujada como insostenible”, afirmó. En ese sentido, cuestionó que el Gobierno provincial avance con mayores descuentos a los activos mientras —según sostuvo— evita reclamar con la misma firmeza los fondos que la Nación adeuda a la Caja de Jubilaciones.

Lescano también puso en duda la promesa de restitución del 82 %. “Primero hablaron de un 4 %, el día de la sesión lo llevaron hasta un 8 % y todavía no está reglamentado. El famoso 82 % es una mentira”, señaló, y advirtió que los empleados públicos “terminan siendo siempre el pato de la boda”.

Como alternativa, planteó que la Provincia debería exigir a los municipios el blanqueo de trabajadores en negro para mejorar el financiamiento del sistema previsional. “Hace 30 años que la Caja está intervenida por funcionarios provinciales y ahora pretenden que la sociedad sostenga un déficit que no generamos los trabajadores”, remarcó.

Desde el sector bancario, Marcos Quaglino, secretario general de la seccional San Francisco de La Bancaria, coincidió en que los trabajadores no son responsables del déficit previsional y apuntó al incumplimiento del Estado nacional.

“Los trabajadores no somos responsables del manejo de la Caja de Jubilaciones. La deuda que la Nación tiene con la provincia es una deuda con cada uno de los trabajadores que aportaron durante toda su vida activa”, afirmó.

En ese marco, consideró que el Gobierno de Córdoba debería profundizar el reclamo ante la Corte Suprema y sumar formalmente a las entidades gremiales. “Las medidas adoptadas en las últimas horas son un paliativo que no resuelve de fondo el problema de la Caja”, sostuvo.

Por su parte, Roberto Cristalli, secretario general de la UEPC, advirtió que la reforma deja múltiples interrogantes abiertos y genera incertidumbre entre los trabajadores docentes.

“No está claro cómo se va a garantizar el 82 %, para quiénes, desde qué monto y tomando como parámetro qué salario”, señaló, y cuestionó la falta de definiciones sobre la aplicación de aportes de entre el 2 y el 8 %.

Cristalli alertó que, si esos descuentos impactan en el cálculo del haber jubilatorio, podrían reducir significativamente las futuras jubilaciones. “Hoy el cálculo para los docentes es el 82 del líquido, que es el 82 del 89. Si esto cambia, podríamos terminar con jubilaciones calculadas sobre el 85, el 84 o incluso menos”, explicó.

También expresó preocupación por otros artículos de la ley, como la posibilidad de aumentar aportes a APROSS, la falta de precisión sobre el tope para la aplicación del artículo 58 y la habilitación para transferir la administración de jubilaciones a sindicatos, lo que —según advirtió— “abre la puerta a una fragmentación del sistema o a una futura adecuación automática al régimen nacional”.

Los gremios coincidieron en que la reforma no garantiza el 82 % móvil y consolida nuevas quitas y aportes sobre los salarios, tanto de trabajadores activos como de futuros jubilados. En ese marco, anticiparon que el tema seguirá siendo eje de conflicto y formará parte de las discusiones paritarias. “Hay muchas dudas, pocas certezas y un denominador común: el ajuste vuelve a recaer sobre los trabajadores”, resumió Cristalli.

Representantes y trabajadores vinculados con gremios estatales se manifestaron en San Francisco rechazo de la reciente aprobación del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo provincial que establece un incremento de aportes jubilatorios y de la obra social Apross.

Los empleados públicos marcharon en respuesta a la reciente aprobación de la ley que establece un aumento obligatorio del 2% en los aportes del personal activo provincial sobre el total de las remuneraciones brutas. La medida busca preservar la integridad financiera de la Caja de Jubilaciones y el Apross.

Al mismo tiempo los manifestantes se pronunciaron en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia enviado por el Gobierno de la Nación que tiende a desregular la economía de nuestro país.

Entre las organizaciones sindicales presentes en la marcha en nuestra ciudad se encontraba la seccional San Francisco de la CGT, Uepc delegación San Justo, Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), Sindicato de Empleados Públicos y Asociación Bancaria, entre otros.

Además de la concentración en la plaza cívica, los manifestantes luego se ubicaron frente a la sede local del Gobierno de la provincia de Córdoba para hacer conocer a la comunidad su rechazo a la ley sancionada por la Unicameral.

Durante el desarrollo de la protesta, la cosecretaria general de CGT San Francisco, Paula Cabrera, dijo a LA VOZ DE SAN JUSTO que “este proyecto golpea de forma unánime al bolsillo de los trabajadores activos y pasivos de los gremios estatales. Es muy importante poder movilizarnos acá para acompañar la masiva protesta que se está llevando a cabo en la capital provincial. Acá estamos para darle a conocer al gobernador Martín Llaryora  nuestro descontento y rechazo al proyecto de ley que es un terrible ajuste a todos los trabajadores estatales”.

La titular de la delegación San Francisco del Sindicato de Empleados Púbilcos (SEP), Verónica Paz, resaltó que “la unión que alcanzamos hoy ha sido maravillosa, peleando desde el interior del interior en contra de esta ley que si bien se había pactado que no se iba a llevar a cabo, terminó aprobándose y eso significa que aumenta un 2% en los aportes del Apross y un 2 % en los aportes jubilatorios afectando no solo a los activos sino a los pasivos mientras que los aportantes al Apross también se suman en un porcentaje aún mayor”.

Señaló que el alcance de esta cuestionada normativa “afecta mucho los bolsillos de los trabajadores, sumado a que el gobernador Llaryora desconoce los acuerdos salariales pactados con el xgobernador Juan Schiaretti. Lo único que reconoció fue el 12,9 % de aumento para diciembre y no se llevó a cabo porque lo vamos a recibir en planilla aparte más el porcentaje de aguinaldo y al ser un recibo aparte se hacen todos los descuentos”.

Rolando Aiassa, de Uepc San Justo, renovó las quejas de las organizaciones gremiales señalando entre otras cosas que “esta medida implica un cercenamiento de nuestro salario en un contexto económico y financiero muy complicado que se vive en todo el país. Ha sido una ley aprobada entre gallos y medianoche generando un nuevo recorte a nuestro bolsillo en medio de las consecuencias de la motosierra de Javier Milei”.

El representante de los docentes dijo que “nos espera un verano de mucha lucha y asamblea para hacer frente a estos gobiernos que no están siendo lo que hemos votado, afectando la mesa de los trabajadores en este diciembre tan complejo”.

El gobierno de la provincia de Córdoba informó a través de un comunicado que la ley aprobada recientemente en la Legislatura por la que se crea un aporte de dos puntos porcentuales sobre los haberes de los empleados públicos activos, “no afecta los salarios que perciben los jubilados provinciales”.

“La modificación, que se efectúa solamente sobre el sueldo bruto del empleado público activo, está destinada a solventar el déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba a los fines de mantener el salario que perciben los actuales y futuros jubilados de la provincia”, agregó el anunciado.

De esta manera, con esta decisión el gobierno provincial sostiene que “puede extender el diferimiento en el cálculo del haber jubilatorio que vence el 31 de diciembre. Estas modificaciones persiguen cuidar y proteger a los jubilados provinciales frente al panorama de crisis que vive la Argentina”.

Por último, el gobierno de Córdoba reiteró que “bajo ningún motivo, sus decisiones afectarán a los jubilados de la provincia. En un momento de crisis, los trabajadores estatales activos también debemos hacer un esfuerzo para superarla”.